LA DOSIS MÁXIMA DE GLIFOSATO, UNA POLÍTICA DE DAÑOS

María Mercedes Moreno 

La coca es justamente lo opuesto de la cocaína. La Coca es la planta sagrada de los Incas, de muchos pueblos indígenas y campesinos de la Región Andino Amazónico. Es un arbusto perene del genus Erythroxylum y existen 25 especies de coca silvestre y cultivada.   La mata de coca es un arbusto ornamental cuyas hojas tienen un alto contenido en hierro, fibra y muchos más elementos además de sus 14 alcaloides. Bebida en infusión, tiene el poder de relajación. Ha sido utilizada para contrarrestar el síndrome de abstinencia en casos de dependencia química (Sigmund Freud y en tratamientos posteriores). La coca mascada con un poco de cal es un gran energizante natural. Preparada con la fórmula Coca-Sek, simbiosis  del mundo indígena y el gusto occidental, es una refrescante y deliciosa bebida. La coca ha sido tradicionalmente, y sigue siendo, uno de los más apreciados complementos dietéticos de la región. Es un bien cultural cuyo deseo de desaparición forzada ha sido, y seguirá siendo, fuente de discordia entre la Región Andino Amazónica y la Comunidad Internacional.  

La Prohibición de las plantas alóctonas a los países promotores de la proscripción se inició con la Convención del Opio de 1912 y se consolidó con la Convención Única de Estupefacientes de 1961. [Moreno, 2001] Ésta incluyó a la coca en la lista 1 de sustancias controladas. Posteriormente se suscriben otras convenciones cuya obligatoriedad acaba abarcando hasta los países no firmantes. La lista de "sustancias" prohibidas se extiende día a día y no sólo prepotentemente abarca plantas "alucinógenas" sino hasta animales. Esta dinámica prohibicionista ha llegado a  convertirse en un sistema de economía de guerra y las cifras revelan que estas convenciones no han hecho mella en el cultivo de marihuana, amapola y coca ni en el consumo de las sustancias químicas que de ellas se derivan; objetivo con el cual fueron promulgadas las convenciones. Dentro de esta óptica prohibicionista, la primera fumigación en Colombia, efectuada de manera experimental con el hoy prohibido Paraquat, se llevó a cabo a finales de 1978 en la Sierra Nevada de Santa Marta bajo la Administración de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982). [Carta 19 de junio de 1978, Carrizosa Umaña, Gerente Inderena]. El objetivo era erradicar 25,000  hectáreas (62,000 acres) de marihuana.   

En la segunda mitad de los años 1980, desafortunadamente para  Colombia, la política asumió que la fumigación química podría llevar la coca a la extinción y que ésta era la respuesta al abuso de  drogas.  Ni lo uno ni lo otro se revelan cierto 24 años después. A finales de 1985, el Gobierno de Belisario Betancurt Cuartas (1982-1986) cede y permite la experimentación química para la erradicación de la coca. Se fumigan 1,000 hectáreas con el peligrosísimo Garlon-4 [Tokatlian]. Un año después, en 1986, se reportan 25,000 hectáreas de coca en Colombia.  Fuerza es de constatar que los cultivos de coca para cocaína no han hecho más que aumentar. En 1962, según un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, INCB en sus siglas en inglés), había 767 hectáreas de coca sembradas en Colombia y una hectárea rendía unas 3,500 matas´. [INCB]  En su informe de 1989, la JIFE  señala que, para 1981, Colombia tenía sembradas 2,500 hectáreas de coca [INCB 1989]. La misma fuente señala estimativos de 5,000 hectáreas de coca en 1982; 12,800 en 1983; 16,000 en 1984; 17,600 en 1985. 

En un informe conjunto del 2001 emitido por el Departamento de Estado (DoS) ye la Dirección Nacional de Estupefacientes (Cultivos_Sif), en 1987, Colombia cultivaba 25,600 hectáreas de coca; 34,000 en 1988; 42,400 en 1989; 40,100 en 1990; 37,500 en 1991; 37,100 en 1992; 39,700 en 1993; 45,000 en 1994; 50,900 en 1995; 67,200 en 1996; 79,500 en 1997;  entre 92,00 y 101,800 en 1998; 160,119 en 1999; 163,289 en el 2000;  144,800 en el 2001; 102,100 en el 2002; 86,300 en el 2003; 114,000 en el 2004. La discrepancia reina en las cifras.[cuadro]   En el 2006,  los informes de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Washington, International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) —cálculos CIA, reporte Departamento de Estado /DoS y ONDCP— como lo aprecia WOLA, las cifras miden intervalos de confianza. La ONDCP reporta que, en un intervalo de confianza del 90%,  para el 2005, habría entre 127,800 y 160,800 hectáreas de coca en Colombia. Entretanto, las cifras de terreno de las autoridades colombianas y Comunidad Internacional SIMCI/UNODC/DNE es de 86,000 hectáreas. Ninguno de los dos cálculos documenta las cientos de miles de hectáreas fumigadas y la absoluta imprecisión sobre "erradicación". Cuando una discrepancia de 1 hectárea equivale a pasar por alto prácticamente 5 kilos de cocaína, no entiende uno.  Esto sólo confirma la importancia de trazar la trayectoria de las fumigaciones en Colombia. Inicialmente, reportándonos a sus orígenes.  

Al principio fue la marihuana. Los primeros reportes de prensa sobre el cultivo y uso de la marihuana en Colombia datan de los años 1940. Anthony Henmann relata que los cosechadores de caña del Valle del Cauca la utilizaban para mejorar su concentración y rendimiento. Se utilizaba asimismo, entre otras, para aliviar la artritis en emplastos de hojas de cannabis maceradas en alcohol. La marihuana también se usaba en la Sierra Nevada de Santa Marta y el uso que se le daba era tradicional y sano aunque, para esa época, la persecución ya obligaba a la clandestinidad. Henmann señala como la expansión del uso de la marihuana a los centros urbanos nace con la Violencia de mediados del siglo XX. Ya para 1974, se comienza a ver la expansión del cultivo de huertas a plantaciones para su exportación. [Antonil: 1978] Una revisión de la documentación sobre la historia de las "drogas" revela como las guerras han estado al origen de la expansión del consumo de todas las plantas y sustancias alteradoras de consciencia. En Colombia, la expansión del cultivo de marihuana para usos comerciales y de exportación coincide con la dinámica de las fumigaciones con Paraquat de los cultivos de marihuana en Méjico y Jamaica (1974-1978). Podría afirmarse que esas fumigaciones contribuyeron al traslado masivo de los cultivos de marihuana hacia Colombia, inicialmente a la Sierra Nevada de Santa Marta. No obstante la constatación del efecto globo, la política estadounidense se obstinó en presionar para que se fumigara en Colombia. La resistencia colombiana nada pudo y, en junio de 1978, el Ministro de Defensa hace saber por la prensa la intención del gobierno colombiano de fumigar. [Tokatlian, 2002]

En julio de 1978, antes de que se efectuara la primera fumigación, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Inderena) y los representantes políticos y habitantes de la Sierra manifestaron su desacuerdo, su temor. El Inderena advirtió al gobierno del Presidente Turbay [1978-1982] sobre la obligación del Estado de cumplir “la exigencia prevista por el artículo 28 del Código nacional de los recursos naturales renovables y de protección del medio ambiente, de realizar un estudio ecológico ambiental previo de las áreas sobre las cuales se proyecta llevar a cabo la fumigación para tomar toda las previsiones "necesarias para que no pueda posteriormente imputarse a falta de previsión del Estado, la ocurrencia de alteraciones o deterioros ambientales que puedan producirse en perjuicio, bien para la salud humana o para recursos básicos de toda actividad económica como son el aire, el agua, los suelos y la fauna”. [Carta  Inderena 1978]  

Desoyendo esta advertencia, el Presidente Julio Cesar Turbay, seguramente intimidado por acusaciones de lazos con el narcotráfico y la promesa de fondos, permitió la experimentación de erradicación con Paraquat. Se violan así las normas nacionales vigentes y la Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u Otros Fines Hostiles (ENMOD) , que proscribe el uso del medio ambiente como arma en los conflictos.[Darío González Posso, 2002].  El Estado colombiano hace asimismo caso omiso de la alternativa nacional y descarta de tajo la propuesta económica planteada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), presidida por Ernesto Samper Pizano, para ejercer un control legal sobre la expansión de la producción y comercialización de la marihuana en Colombia.[Anif. 1979] La incapacidad de la clase dirigente colombiana de defender abiertamente una posición coherente frente los complejos nexos del narcotráfico con la política, economía y nación acabó por convertir a miles de campesinos colombianos en víctimas del Estado y condenó a Colombia a una desgarradora guerra que se caracteriza por el uso de químicos para derrotar al enemigo. No se puede alegar ignorancia. Para los años 1960, la Revolución Verde había mostrado sus daños. Tarde, como es la razón oficial, pero al fin, en 1980, un informe del Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señala que, “ La aplicación de biocidas (en este caso, herbicidas, pesticidas o fungicidas) es siempre dañina para el medioambiente, en mayor o menor grado”. Las convenciones de la época ya enmarcaban el control de las sustancias químicas y, siendo los Estados Unidos un país de leyes y controles (y Colombia mucho menos) y siguiendo la lógica prohibicionista, hubiese sido más fácil privilegiar el control de la oferta, pero de exportación de precursores y agroquímicos, para así impedir la expansión del cultivo, del procesamiento químico de la coca, y del narcotráfico.

Todo lo contrario, se niega lo que se afirma –el carácter religioso, tradicional, medicinal y natural de la coca -y se abona la guerra y la coca a punto de agroquímicos. De hecho, es la industria químico farmacéutica la que inicia el impulso al cultivo y comercialización de la de la coca, en hoja y/o pasta de sulfato de cocaína. Es así que, de la importación de 500 kilos de hoja de coca en 1884, la Merck, para 1903 ya estaba importando 6,000 kilos, ya no de hoja de coca sino de pasta de cocaína pura. De tal forma que, para la época, ya se producían 15 toneladas métricas de cocaína pura y la Merck consolidaba el primer cartel de la cocaína. [Gootenberg] Este fabricante de precursores para pesticidas, como suele suceder [Aventis, Bayer, Dow, Monsanto, Basf.....], fabrica asimismo los remedios para los cánceres y otros daños a la salud que ocasionan los agroquímicos.  Los químicos para aumentar la productividad de la coca, como el Glifosato que se utiliza como herbicida en la coca para cocaína,  son legales. Precursores, como el permanganato  de potasio, también lo son, son exportados por países como los Estados Unidos. La primera medida real para controlar los precursores, que es el  Chemical Diversion and Trafficking Act (CDTA) de la DEA no se da sino hasta 1988  pues, según afirma La Ley de Sustancias Controladas de 1970, “los controles aplicados a los químicos son mucho menos rigurosos pues estos tienen aplicaciones industriales legítimas”. Se preguntaría uno si el uso médico (tradicional y, posteriormente, occidental) de la cocaína es ilegítimo y si la hoja de coca es ilegítima y más nociva que el químico Glifosato.   No sobra tampoco recordar que mientras el gobierno estadounidense lleva al Estado colombiano a un enfrentamiento desgarrador con el narcotráfico en territorio colombiano, el Fiscal General estadounidense y el Director de la CIA firman un Memorando de Entendimiento (MOU) que encubre, entre 1982-1995, las operaciones y enriquecimiento del narcotráfico en Estados Unidos. 

Ni las incongruencias de la lucha antidrogas; la cómoda o forzosa convivencia que mantenía Colombia con el narcotráfico; ni siquiera el peligro inminente lograron despertar el instinto de conservación nacional. Más aún, la clase dirigente colombiana ha preferido sacrificar los intereses de la nación antes que construir una base social incluyente que le permita proponer (y liderar), desde la experiencia colombiana, alternativas viables y de paz. Entregó el país a más guerra y se acobardó ante la posibilidad de aportar elementos de juicio a la Comunidad Internacional para diseñar políticas que permitiesen realmente controlar el fenómeno de las drogas, que tantos muertos y destrozos ha ocasionado, por la razón que sea: prohibición, consumo y/o dinámica capitalista. A golpe de insidiosas acusaciones de narcotráfico en contra de la clase política colombiana y de empréstitos para la lucha en su contra, se va imponiendo la corrupción, la sumisión nacional, el narcotráfico y la escalada química de esta política de daños.  La dinámica de guerra se va consolidando a punto de legislación doméstica estadounidense con alcance transnacional. La enmienda de 1984 a la Ley Posse Comitatus autoriza el uso de recursos militares en la persecución del narcotráfico, lo que corrobora que el narcotráfico es un objetivo militar y las medidas son de guerra. Las  experimentaciones con Paraquat en Colombia cuentan desde el principio con la participación del ejército. [Tokatlian] En el verano de 1983, Ronald Reagan trata de trancar el efecto globo de la marihuana en Estados Unidos fumigando con Paraquat. Bajo la consideración de que Estados Unidos utilizaba el Paraquat en 4.3 millones de hectáreas de la agricultura doméstica, la Administración Reagan insistía en que Colombia adoptara la política de “Paraquat venteado”.
 

Colombia seguía resistiéndose a aplicar la fumigación masiva. Incluso en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) había una marcada oposición y, según Tokatlian, el CNE afirma nunca haber aprobado la fumigación masiva. Esto se vería confirmado por la carta del Inderena en la que se recalca la oposición del CNE a la medida.  Se hicieron intentos por buscar salidas más acordes con la realidad nacional. Sin embargo, en abril, cae asesinado el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y le sigue una larga lista de figuras públicas colombianas asesinadas por el narcotráfico colombiano. La violencia que sigue arraiga, de una vez por todas, el síndrome de narcotraficante en el imaginario colectivo colombiano y seguramente facilita la imposición de la medida y razona el daño al campesinado. En mayo de 1984, mientras López Michelsen se encontraba reunido con Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa redactando un memorando para la desarticulación de la redes del narcotráfico; entrega de laboratorios; erradicación de cultivos; y repatriación de sus capitales, el gobierno aprueba las fumigaciones masivas. Sin otro soporte que las presiones y fondos estadounidenses, el Estado colombiano adopta la medida de fumigación masiva con Glifosato como política y, el 1º de junio de 1984, el Ministro de Justicia, Enrique Parejo, ordena que se fumigue la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá. Colombia se resigna al flaco favor de aplicar Glifosato en lugar de Paraquat. La medida se aplica sin el seguimiento y control que exige la ley y que reclaman las instituciones. En oficio de agosto 8 de 1984 al General Víctor Delgado Mallarino (el Director General de la Policía Nacional), el Inderena reitera sus reparos, y recalca lo dispuesto por el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, código recursos naturales de Colombia, en sus artículos 27 y 23. Señala asimismo la oposición en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes al uso del Paraquat para la destrucción de cualquier cultivo ilegal dentro y fuera de los Par­ques Nacionales Naturales así como la ausencia del INDERENA en el proceso de decisión sobre el uso del Glifosato y de su forma de aplicación. Recalca además la falta de respuesta a sus oficios anteriores y a la exigencia de que se presente un estudio ecológico y ambiental previo a la acción de fumigación aérea con glifosato en cualquier zona del país. [Margarita Marino de Botero, 1984]

La impotencia frente a la violencia sin tregua a la que se abocó el Gobierno de Belisario Betancur seguramente facilitó la imposición oficial de las fumigaciones y, entre 1984 y 1985, se regaron 11.418 galones de glifosato sobre 5.446 hectáreas de marihuana. En 1986, se cubren con Glifosato otras  12.000 has. del Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Inicialmente, esto impulsa las siembras comerciales de marihuana en el Cauca. Sin embargo, poco a poco la erradicación de los cultivos de marihuana en Colombia llevó a su sustitución por cultivos de coca para el narcotráfico. Las intensas campañas de erradicación manual y programas desarrollo alternativo en Perú y Bolivia redujeron los cultivos de coca en esos países y, la ley del mercado; la ya bien consolidada participación de Colombia en el narcotráfico (exportación de marihuana, procesamiento de pasta de coca y distribución de cocaína); las pobres condiciones socio-políticas y económicas de la nación colombiana —la nunca realizada reforma agraria, una rutas de contrabando de larga data, la falta de envergadura nacional y nacionalista de la clase política, entre otras— propiciaron el efecto globo en Colombia. En la época en la que se instigó a la medida de fumigación, la coca cultivada en Colombia no era parte del problema.  La fijación de los Estados Unidos de atacar la coca colombiana sí representaba un problema. Ella conlleva, en 1985, al Estado colombiano a experimentar la fumigación de 1.000 hectáreas de su territorio nacional con el peligrosísimo Garlon-4, tan peligroso que “la compañía fabricante del herbicida, la Dow Chemical Corporation, se rehusó a proveerlo a Colombia por temer que se demandara su utilización". [Tokatlian, 2000].

El 31 de julio de 1986, dos años después de que se adoptara oficialmente la medida de fumigaciones, en oficio número 07364 enviado por la gerencia del Inderena a consideración del Consejo Nacional de Estupefacientes, la entidad reitera que ha visto con preocupación durante los últimos ocho años las noticias sobre la fumigación en la Sierra Nevada de Santa Marta y constata los daños. Respondiendo a la solicitud de la Procuraduría de la Nación y la Policía Nacional, el INDERENA comisiona a dos funcionarios para que sobrevuelen las áreas de la Sierra Nevada de Santa Marta que han sido sometidos a la fumigación aérea. Los funcionarios señalan realidades de deterioro ambiental muy preocupantes en las Vertientes Norte de la Sierra Nevada en áreas que forman parte del Parque Natural Nacional como son los valles del río Guachaca, Burítaca, Río Molino, Don Diego. Palomino, Río Ancho y Río Jerez”.  En consecuencia, el Inderena, en reuniones sostenidas con Jesús Idrobo y la Subgerencia de Medio Ambiente del INDERENA, propone el Estudio socioeconómico de la fumigación con Glifosato en la Sierra Nevada de Santa. Plantea la necesidad de realizar una serie de estudios a corto y mediano plazo que permitan confirmar o rechazar las hipótesis de daño y plantear medidas de manejo ambiental y decisión sobre las alternativas de control a los cultivos ilegales. Para tal efecto, el INDERENA consulta al ICA, al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud y a la División de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura para la propuesta de Investigaciones y estudios ambientales y de salud. En marzo de 1986, funcionarios de la Sección Toxicológica del Ministerio de Salud visitan las zonas fumigadas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En su informe de visita, el Ministerio de Salud señala que la devastación de la Sierra es un hecho cumplido, que la aspersión de herbicidas es un factor contribuyente y que se requiere la aplicación urgente de soluciones. Precisa que, dado el riesgo potencial para la salud de las personas que ofrece la exposición a éstas sustancias, es imperativo vigilar estrechamente la población en riesgo. Aclara que, teniendo en cuenta que el daño observado en la Sierra Nevada de Santa Marta y la perspectiva de su incremento afectará directa o indirectamente la salud de las personas, considera urgente establecer los mecanismos para evitar que este daño se siga incrementando. Todos los informes conminan al Estado a apoyarse en los recursos institucionales existentes (entre otros, el ICA, IGAG, INCORA, INAS …la Universidad Tecnológica del Magdalena y otros que podrían contribuir a la evaluación del impacto de las fumigaciones.

Desconociendo estos llamados de atención, su propia normatividad, los conocimientos científicos de la época y su deber de proteger el presente y proyectar el futuro de la nación, el Estado colombiano procede a fumigar otras 760 has de coca con Glifosato en 1986, bajo el mandato de la Administración Barco. Ya para 1988, bajo el impulso del glifosato, la coca cubre 25,000 has. del territorio nacional y Colombia surte el 11% de la coca de los cultivos comprados por el narcotráfico. Contra lo cual, el Estado colombiano de inmdiato aplica glifosato a otras 230 has. A golpe de agroquímicos y, según dice el Departamento de Estado,  hoy Colombia suministra el 70% de la cocaína del mercado mundial y el 50% de todos los estupefacientes. En 1988, los cultivos de marihuana resurgieron transitoriamente en Colombia. Las fumigaciones y la codicia, que llevó a muchos narcotraficantes a descuidar la calidad (entre otras, rindiéndola con boñiga), y el desarrollo en Estados Unidos del cultivo de invernadero y de la famosa “sin semilla”, determinó definitivamente  el traslado del control del mercado de la marihuana hacia Estados Unidos que, para 1997 producía aproximadamente, según cifras oficiales, entre 2,000 y 7,000 toneladas. Se calcula que actualmente la producción estadounidense de marihuana sobrepasa las 10,000 toneladas anuales. Estados Unidos, hoy por hoy, se constituye en el 2ndo productor mundial con un mercado anual de cerca de 36 mil millones de dólares [Gettman 2006]. Aún así no alcanza a abastecer totalmente su mercado interno de 29 millones de consumidores domésticos e importa yerba de Méjico y Canadá. Gettman afirma que la marihuana es  el primer cultivo comercial de ese país y que genera el equivalente de la suma del maíz y la soya.  En el 2006, USA tenía 56.4 millones de plantas de marihuana cultivadas al aire libre con un valor de $31.7 mil millones  y 11.7 millones de plantas cultivadas en invernaderos cuyo valor se estima en $4.1 mil millones de dólares. [Gettman, John 2006].    

La marihuana, al igual que la coca, ha sido por milenios un vehículo de comunicación y de sanación.  Actualmente, la marihuana es, en muchísimos países, legal de facto y, en Estados Unidos, bajo el impulso y reconocimiento de sus usos medicinales, ha ido ganando aceptación nacional. Como señala Ethan Nadelman, posiblemente, por los menos para los Estados Unidos, el modelo de marihuana medicinal sea lo que permita reducir los costos y daños de la Prohibición sin que se dé pie a incrementos significativos de casos de abusos reales.  [Nadelmann 2007]. El mercado de la marihuana es, por otra parte, un negocio que alimenta las arcas del Estado estadounidense y, a medida que se legisla para que las multas suplan el vacío que deja la no imposición, los dineros que se recaudan ganan en transparencia y los usuarios de marihuana, medicinal por ahora, sufren menos la vulnerabilidad y riesgos a los que el abandono de la ley somete a ususarios de sustancias químicas.  En el mercado, se comercia un THC sintético llamado Dronabinol, el nabilone (Cesamet), el atomizador  Sativex y dosis personales que se consiguen en máquinas dispensadoras concebidas explícitamente para este fin. La vistosidad de las tiendas de accesorios da fé de que lo  más oculto del fenómeno de las “drogas” son los dineros que, gracias a la Prohibición, contribuyen a la corrupción política y alimentan el mercado y tráfico de armas.   Segûn las cifras oficiales que se manejan, el mercado mundial de la cocaína mueve unos USD $71.000.0000 mientras que el mercado de la hoja de coca colombiana representa aproximadamente unos USD $843 millones, el equivalente al 6% del PIB del sector agropecuario colombiano. En Colombia, según un estudio del 2005 de la DNE y ONDCP, en Colombia, existen 340,000 personas dedicadas al cultivo de hoja de coca. Estas 68,000 familias facilitarían los 244,000 toneladas métricas de hoja seca para la producción de las 640 toneladas de cocaína que exporta Colombia que, según los mismos organismos, representa el 70% de lo que consumen los 13,000 de consumidores de cocaína a nivel mundial. El estudio estima los ingresos anuales de estos cultivadores a US $2,700, un poco por encima del promedio nacional de US $2,500.   

Todos los informes de la JIFE confirman la tradición milenaria de la coca en la región, incluso en Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil. El artículo del galeno Jorge Bejarano "Further Considerations on the Coca Habit in Colombia" publicado en el informe de 1952 de INCB, que por demás consolidó la negación de la coca tradicional colombiana, señala que la coca en Colombia antecede al Imperio Inca y que su expansión se da con la Conquista española. En esa época, los terratenientes pagaban parte del sueldo a los labriegos con hoja de coca. Relata Bejarano que los médicos aún la prescribían (ya con extensas formalidades oficiales) y que se cultivaba libremente y conseguía fácilmente en cualquier plaza de mercado del país. En 1962, Bejarano añade que, "la profesión médica aún recuerda que, en las épocas coloniales y republicanas, la coca servía como remedio. [Bejarano, JIFE 1962]. Tradicionalmente, la coca cultivada en Colombia servía a los fines religiosos de los Pueblos Indígenas y, allí donde indígenas con tradición cocalera y campesinos compartían el territorio, era común su consumo por parte del campesinado como remedio y como tónico. Consumir coca era como consumir manzanilla, hierbabuena y tantas otras de las hierbas sanadoras que enriquecen la tierra. También se tenía como planta ornamental y era común ver arbustos de coca adornando los jardines de las casas en muchos lugares de Colombia. El té de coca era una bebida corriente en las zonas de cultivo. La tomaban los adultos y servía para calmar el dolor de estomago, de dientes y otros malestares. Se preparaba en ungüentos para reumas y problemas musculares. De ella, se fabrican jabones, crema de dientes y cremas analgésicas. Actualmente, en Puno, unos campesinos están fabricando, en forma artesanal y en pequeñas cantidades, harina de hoja y tallo de la coca. En Colombia, el empeño del Pueblo Nasa por salvar sus costumbres ancestrales e impedir la incursión del narcotráfico en su comunidad ha logrado resucitar la costumbre de la coca sana en Colombia con novedosas fórmulas (entre otras, la bebida energizante natural Koka-Sek, deliciosísima por cierto). Alternativas hay. Lo que ha faltado, y no le haría nada mal a la política colombiana, es una demostración de dignidad, bravura y criterio propios en el escenario internacional. En 2005, la JIFE recuerda a Colombia que ella, a diferencia de Bolivia y Perú, no hizo salvedades a la Convención Única que, por lo tanto, los alimentos de coca (netamenente indígenas Nasa Esh's y Kokasana) quedan prohibidos. Esto no sólo constituye un atropello sino que además da cuenta de lo poco que se ha reflexionado sobre la brecha entre la teoría y la práctica de la Prohibición y la contradicción de prohibir un té benéfico en un un país cundido por el narcotráfico ¡¡¡¡ Este absurdo pone de manifiesto, una vez más, las violaciones de los DESC, Convenciones ambientales y obligaciones humanitarias que genera la aplicación a mansalva de las politizadas leyes antidrogas.  

Los funcionarios de la Cancillería y la Dirección Nacional de Estupefacientes se ven obligados a retirar del mercado la coca indígena,  con todas las repercusiones que implica este nuevo ataque a los pueblos originarios. Además de las implicaciones económicas y atropello del derecho a la divulgación cultural, esta visón conlleva a  Colombia a "reinterpretar" —coartar— las funciones jurisdiccionales de los Pueblos Indígenas al limitar la venta de los productos de coca a los territorios indígenas.  Se da así al traste con un exitoso proyecto económico y autónomo de los Pueblos Indígenas. Se desconoce que, gracias al amplio mercado que lograron crear estos Comuneros del Cabildo de Calderas (David Curtidor y Fabiola Piñacué) a través de la divulgación de sus costumbres de formas novedosas ajustadas a los gustos occidentales, los colombianos hemos podido recordar que venimos de la coca y que la cocaína es un gusto importado y no una fatalidad.

Colombia lleva treinta años de autodestrucción química sistemática. Tres décadas de envenenamiento sin tregua de  campesinos y sus niños, ríos, alimentos, ganado y tierras que tardarán años en sanar, si es que se recuperan. Hoy, en plena guerra por la coca,  nuestros socios comerciales no reparan en el índice del contenido químico de los productos agrícolas colombianos. Sin embargo, no podemos darnos el lujo de pretender esquivar el contragolpe a punto de discursos. De ahí, el reconocimiento que merece el propósito la actual Administración de erradicar manualmente 100,000 hectáreas de coca, aunque la fumigación manual posterior para evitar la resiembra no deja de ser lamentable. En previsión de cuestionamientos por parte de mercados cada vez más reglamentados, sería conveniente apuntalar este afortunado viraje en la política de erradicación promoviendo estudios serios a fin de diseñar planes de saneamiento tras los millones de litros de pesticidas vertidos indiscriminadamente a lo largo de 30 años.   El Índice de Rendimiento Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés), propuesto por la Universidad de Yale, acaba de asignar a Colombia un puntaje de 88.3/100, el séptimo puesto entre 149 países. Sin embargo, el EPI carece de datos sobre el uso e impactos de pesticidas por país. De tal suerte que la medición del rendimiento para este indicador ambiental se limita a una apreciación sobre lo alcances de su reglamentación ambiental de país. En el caso excepcional colombiano (por haber servido de laboratorio químico), lo que habría que tener en cuenta es el Índice Técnico Agrícola (ITA). Este índice determina los kg de fertilizantes empleados por hectárea con base en la media de los coeficientes de variación por país con respecto a la media del conjunto de países. La consideración de que el ITA colombiano debe ser desproporcionado debería por lo menos alertarnos sobre la urgencia de controlar la proliferación de agroquímicos en el país y agilizar modalidades alternativas de erradicación de los millones de arbustos de de coca sembradas actualmente en Colombia.