ESTADOS UNIDOS Y LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA : LOS TRÁGICOS EQUÍVOCOS DE
UNA FUMIGACIÓN FUTIL
A modo de
introducción
¿Sobre qué
base se apoya la política de Estados Unidos a favor de la fumigación de cultivos
ilícitos en Colombia? La fumigación con herbicidas responde a una racionalidad
sustentada en cinco presupuestos:
1.
Se asume un vínculo entre la demanda y la oferta en el que implícitamente se
rechaza la noción de que la demanda genera la oferta. Por lo tanto, se piensa
necesario situar el acento de la represión en los polos de cultivo, producción,
procesamiento, transporte y tráfico de narcóticos más que en los epicentros de
consumo y en los espacios de mayor ganancia para la empresa transnacional ilegal
de los narcóticos[1].
2.
Se asume que las estrategias punitivas diseñadas y aplicadas por los Estados en
los que se da la demanda y en aquellos donde se produce la oferta, son
pertinentes para atacar el fenómeno de las drogas ilícitas a pesar de que éste
surge y evoluciona en el ámbito no estatal;
como expresión mercantil de un negocio ilegal altamente lucrativo en
manos de grupos poderosos de la sociedad (mafias, criminalidad organizada,
etc.).
3.
Se
asume que un tratamiento fuertemente represivo en los centros de provisión de
drogas es más efectivo en términos de resultados (metas, logros, etc.) y de
recursos (asistencia, presupuesto, etc.). Esto implica que en el balance
costo-beneficio para Washington es más ventajoso concentrar los esfuerzos
antinarcóticos en los núcleos de oferta.
4.
Se asume que para los países consumidores los efectos de una mayor y mejor
erradicación de cultivos ilícitos, como uno de los pilares esenciales de la
lucha antidrogas en los epicentros de oferta, serían de tres tipos: menor
disponibilidad de sustancias psicoactivas, mayor precio de las mismas para los
que las usan y menos potencial de pureza; todo lo cual reduciría el consumo.
(Como consecuencia de este triple efecto, se supone, a su vez, que la
criminalidad urbana ligada al asunto de las drogas descendería).
5.
Se asume que para los países productores los efectos de una mayor y mejor
erradicación de cultivos ilícitos serían varios. Entre otros, se contemplan: la
reducción del precio del cultivo ilícito en las zonas de producción, la
disminución del poder de los traficantes, la contención de la violencia generada
por el narcotráfico sobre los sectores más vulnerables de la población ligados a
esos cultivos, y el decrecimiento de la degradación ambiental generada por los
plantíos ilegales en áreas frágiles y valiosas.
Con
base en estos supuestos, resulta entonces fundamental hacer un recorrido
histórico que describa y explique la política de fumigación que ha impuesto
Estados Unidos a Colombia como parte de la narcodiplomacia que ha caracterizado
las relaciones entre los dos países en los últimos cinco lustros.
Sin
duda, la fumigación ha sido uno de los temas más controvertidos en el proceso de
erradicar cultivos ilícitos en Colombia[2].
La toxicidad de los herbicidas utilizados y la importancia que adquirió en la
estrategia internacional de Estados Unidos contra las drogas, hicieron de éste
un tema esencialmente polémico. Durante el gobierno del Presidente Julio César
Turbay Ayala (1978-1982), Washington comenzó a presionar en forma reiterada para
que Bogotá utilizara químicos en la erradicación de los cultivos de marihuana,
particularmente en la Guajira[3].
Ya
en 1978, Colombia se había convertido en el primer productor y exportador de
marihuana a Estados Unidos. De las aproximadamente 10.000 toneladas introducidas
a ese país, entre el 60% el 65% provenía de los traficantes colombianos. Para la
época se calculaba que en Colombia había
Durante
la administración del Presidente Jimmy Carter (1976-1980), la interdicción y la
erradicación eran las dos piezas claves de la política internacional
antinarcóticos de Estados Unidos. El freno al contrabando de drogas tenía la
dimensión de problema fronterizo: evitar su ingreso a territorio estadounidense
y comprometer a los países productores y a aquéllos utilizados como punto de
tránsito en la tarea de mejorar los sistemas de control y represión de la salida
de narcóticos. Desde los setenta, el esfuerzo por erradicar manualmente las
plantaciones de marihuana ya no era percibido en Washington como suficiente y
positivo. La Casa Blanca y el Congreso comenzaron a coincidir en la necesidad de
utilizar herbicidas para terminar con los cultivos tanto de marihuana (en
particular en Colombia) como de opio (en particular en Turquía).
En
Latinoamérica, la erradicación con herbicidas se dio en México y en Jamaica. A
mediados de los años setenta, la "Operación Cóndor" en México, buscó la
destrucción de las plantaciones de marihuana y fue presentada como un éxito
resonante en la lucha contra las drogas. Los resultados iniciales parecieron muy
alentadores: se redujo el área cultivada, disminuyeron las exportaciones de
marihuana a Estados Unidos y se interrumpieron temporalmente los canales de
acceso a ese mercado. A finales de la década, la proporción de la oferta de
marihuana mexicana a Estados Unidos se había disminuido al 10% (aunque a
mediados de los ochenta volvió a representar el 35%). Un factor que ayudó a la
caída de las importaciones de marihuana mexicana hacia Estados Unidos fue el
rechazo del consumidor estadounidense por la marihuana rociada con
paraquat y el ascenso de la
producción marihuanera en Estados Unidos con una variedad más potente y menos
peligrosa[5].
La
"exitosa" experiencia mexicana y la de la "Operación Bucanero" en Jamaica
motivaron a Estados Unidos a persuadir a Colombia para seguir la misma táctica
para acabar con la producción nacional de marihuana. Todo parece indicar que
Washington le propuso al gobierno de Turbay la idea de emprender un programa de
erradicación con herbicidas en Colombia, pero éste prefirió lanzar una ofensiva
militar contra la producción y el contrabando de marihuana mediante el
despliegue de la "Operación Fulminante" contra el negocio de los narcóticos en
la Guajira. Esta decisión emanó de la presidencia y tuvo el estrecho apoyo del
Ministro de Defensa, General Luis Carlos Camacho Leyva, y la influencia de las
autoridades estadounidenses, que esperaban resultados eficaces mediante la
participación militar en la ofensiva contra las drogas. Así, a partir de octubre
(cuando se anuncia) y noviembre (cuando se comienza) de 1978, y mediante el
decreto 2144, aproximadamente 10.000 soldados de la Segunda Brigada son
destinados a un gran operativo con el fin de acabar con la producción y el
tráfico de marihuana en la costa Atlántica colombiana.
Con
esta Operación no se cuestionaba el ánimo de colaboración con Washington en la
lucha antinarcóticos ya que se adoptaba un mecanismo aún más contundente que la
erradicación química: se comprometía a los militares en el combate contra la
marihuana. Se transaba la erradicación, que no contaba con mucho respaldo de
algunos sectores del Estado y de la opinión pública, por la militarización que
gozaba, al menos, de cierto consenso en el ejecutivo colombiano. El debate
suscitado en el seno de la sociedad estadounidense por el uso del
paraquat y la polémica en torno al
costo de su utilización, contribuyeron a que Washington aceptara,
transitoriamente, la táctica escogida por Bogotá. Finalmente, hacia 1979‑1980
aún estaba en vigencia la Enmienda Percy que prohibía el uso de recursos
federales para aplicar en el extranjero herbicidas prohibidos domésticamente.
Sin
embargo, ni en el ejecutivo, ni en algunos sectores del legislativo de Estados
Unidos se abandonó la exigencia de que Colombia asumiera medidas más drásticas
para destruir la marihuana, es decir; para erradicar con defoliantes. En medio
de la "Operación Fulminante", los gestos para comprometer al gobierno colombiano
con un plan para erradicar químicamente la marihuana fueron más sutiles. El
Embajador de Estados Unidos en Bogotá, Diego Asencio, reiteraba, en público y en
privado, que el país recibiría más asistencia de Estados Unidos en su campaña
contra las drogas si optaba por fumigar. El Subcomité de Relaciones Hemisféricas
de la Cámara de Representantes en Washington aprobó en marzo de 1979 una
enmienda para aumentar la ayuda económica a Colombia para combatir el tráfico de
drogas. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Guillermo González
Charry, viajó a México en junio de 1979 con el fin de conocer los resultados de
las tareas de erradicación de cultivos de marihuana con
paraquat en ese país.
Al
mismo tiempo, en abril de 1979, visitaban Colombia seis congresistas
estadounidenses--tres de ellos del Comité de Abuso y Control de Narcóticos.
Según el informe producido por los legisladores, sus conversaciones con el
mandatario colombiano acerca de la erradicación química no avanzaron
positivamente. El presidente Turbay se mostró renuente a comenzar un programa de
fumigación con herbicidas por la controversia internacional alrededor del
paraquat y por las preocupaciones
ecológicas internas. No obstante, a pesar de esta posición, los miembros del
comité insistieron en sus recomendaciones en que debía desarrollarse un
"programa efectivo de erradicación" (lo cual suponía claramente el uso de
productos químicos) en territorio colombiano[6].
De
alguna manera Bogotá buscó una salida técnica para evitar un problema político
con Washington. En efecto, luego del viaje del Procurador a México, el gobierno
reunió una comisión de científicos para estudiar y evaluar la utilización de
fumigación con herbicidas para atacar la producción de marihuana. Esta comisión
se opuso a la erradicación con químicos. De allí la decisión pasó al Consejo
Nacional de Estupefacientes (CNE) creado por el Decreto 1188 de 1974. Este ente,
adscrito al Ministerio de Justicia, contaba con representación de ese
ministerio, además de los de Salud y Educación, de la Procuraduría General de la
Nación, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la Dirección
Nacional de Policía, de la Dirección de Aduanas y del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
La
amplia composición del CNE y su papel relativamente importante en el proceso de
adopción de decisiones en materia de drogas ilícitas, le otorgaban una voz
singularmente relevante en ciertos aspectos de la política antinarcóticos.
Siguiendo las conclusiones presentadas por los expertos, el Consejo determinó no
aplicar el procedimiento de erradicación de cultivos con herbicidas, aunque se
habían efectuado ensayos experimentales con
paraquat en la Sierra Nevada de Santa Marta con participación del ejército[7].
En
resumen, el gobierno colombiano se rehusaba a poner en marcha un programa masivo
de erradicación con paraquat, pese a
la insistencia de la administración del presidente Carter. Aunque en 1981 el
legislativo estadounidense derogó la Enmienda Percy y las presiones del gobierno
del Presidente Ronald Reagan (1980-1988) en materia de fumigación química
aumentaron, Colombia no cambió su conducta. El ejecutivo colombiano tenía muchos
elementos a su favor para probar su "mano dura" contra las drogas y demostrar su
estrecha colaboración con Washington en varios aspectos de la lucha
antinarcóticos: para 1981 ya se habían firmado con Estados Unidos los Tratados
de Extradición (1979) y de Asistencia Legal Mutua (1980).
A
su vez, Colombia poseía y usaba argumentos científico-técnicos para rechazar la
alternativa de la erradicación. Por el momento se dejaba de lado esta táctica en
la estrategia contra las drogas, sin que ello agrietara sensiblemente las
relaciones entre Bogotá y Washington.
Finalmente,
a comienzos de los ochenta, Bogotá aún poseía cierto margen de maniobra en
algunos aspectos de la lucha contra las drogas. La imagen externa del país aún
no estaba totalmente narcotizada y Colombia era percibida en medio de la Guerra
Fría como una aliada firme de Washington por su postura fuertemente
anticomunista.
Desde
el inicio del cuatrienio del Presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986),
el ejecutivo estadounidense volvió a reiterar su tesis sobre la erradicación con
químicos y comenzó a presionar a Colombia para su utilización[8].
Simultáneamente, en agosto de 1983, una misión de congresistas estadounidenses
estuvo en el país e intentó persuadir al mandatario conservador de promover y
llevar adelante la fumigación de la producción de marihuana; lo cual fue
rechazado[9].
El argumento de Betancur no difirió del que en su momento expresó Turbay. Sin
embargo, el gobierno conservador modificó su posición en 1984. Sin duda, el
asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue el motivo
subyacente para producir tal viraje; viraje que incluyó la aplicación de la
extradición de nacionales a Estados Unidos y una mayor militarización de la
lucha antidrogas en Colombia.
No
obstante las controversias públicas y disputas interburocráticas, se adoptó la
decisión de fumigar. Las escasas manifestaciones no gubernamentales contra la
erradicación química no pudieron configurar una coalición socio-política
gravitante en el país ni lograr adherentes influyentes en el exterior.
Con
los decretos de estado de sitio posteriores al crimen de Lara se consideró la
pertinencia de que las reuniones y decisiones del Consejo Nacional de
Estupefacientes tuvieran un carácter confidencial. Durante los primeros días de
mayo de 1984 se discutió la posible aplicación del
paraquat en la fumigación de cultivos
de marihuana, en especial aquellos ubicados en la costa Atlántica. Aunque las
discusiones internas de este organismo no trascendieron, fue evidente que el
consenso alcanzado fue precario y temporal. El 14 de mayo, el CNE aprobó la
realización de tareas de erradicación, pero dejó en el Consejo de Ministros la
decisión acerca de la aplicación de productos químicos.
El
22 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la erradicación con herbicidas. Para
evitar la polémica que había generado la eventual utilización del
paraquat,
se optó por el glifosato para iniciar
la fumigación de la producción de marihuana, es decir; se dio luz verde a esta
medida pero se le otorgó un carácter supuestamente autónomo a la decisión.
Washington, por su parte, rápidamente aprobó la elección del
glifosato, pues ello implicaba que la
erradicación química se imponía independiente del producto seleccionado para
rociar los cultivos ilícitos. En esencia, se adoptaba la sugerencia
estadounidense de erradicar, pero se contemplaba una opción colombiana de
fumigación vía otro defoliante; el cual, presuntamente, causaba menos daño.
El
1º de junio el Ministro de Justicia, Enrique Parejo, ordenó comenzar la
fumigación. Las protestas internas no se hicieron esperar[10].
Pobladores de la región Atlántica se movilizaron contra la medida y agitaron el
tema por los siguientes seis meses. Los medios de comunicación se convirtieron
en eco de quejas y críticas contra la utilización del
glifosato[11].
El Congreso citó al Ministro de Salud, Jaime Arias Ramírez, para que informara
sobre el asunto de la fumigación con herbicidas. Varios parlamentarios de la
costa se opusieron a la continuación del mecanismo de erradicación química de
cultivos[12].
Nada modificó, sin embargo, la posición del gobierno.
Los
relativamente bajos costos internos resultaban muy atenuados por el apoyo y la
felicitación que recibía la administración por parte del ejecutivo y del
legislativo estadounidenses. Este tercer componente--fumigación, más extradición
y militarización--de la nueva ofensiva colombiana contra las drogas motivó un
gran respaldo de las autoridades en Washington y generó promesas de mayor
asistencia.
A
finales de 1984, según fuentes estadounidenses, se habían erradicado 3.400
hectáreas de cultivos de marihuana (según estadísticas colombianas, el total
erradicado llegaba a 3.171 hectáreas), y para 1985, la erradicación alcanzaba
6.000 hectáreas (2.375 hectáreas según datos nacionales). La cobertura de
fumigación con herbicidas llegó a 12.000 hectáreas (9.700 hectáreas según
fuentes estadounidense) para 1986. Estas acciones condujeron a que el área de
marihuana cultivada se redujera y a que las exportaciones a Estados Unidos
descendieran. Colombia parecía seguir la "exitosa" experiencia mexicana. Los
comentarios elogiosos de las autoridades en Washington se multiplicaron[13].
En
1985, según estimaciones del Departamento de Estado en Washington en el país
sólo se habían cultivado 8.000 hectáreas de marihuana. La oferta de este
producto colombiano a Estados Unidos--que había alcanzado el 80% del total
ingresado a ese país-- disminuyó a menos del 25%. Al parecer había indicadores
elocuentes que parecían demostrar una verdadera victoria contra la marihuana
mediante el uso del glifosato. No
obstante, en 1988, Colombia se había convertido nuevamente en el principal
exportador de marihuana a Estados Unidos, con una producción cercana a las 8.000
toneladas métricas[14].
De
hecho, el éxito colombiano fue pírrico. La fumigación había dado resultados
parciales alentadores, pero la producción ya se movía de la costa Atlántica al
departamento del Cauca, donde el rendimiento por hectárea aumentaba de 1.1
toneladas métricas por hectárea a 3.5. Se redujeron las dimensiones de los
campos cultivados con marihuana pero no su producción total, camuflándola con
cultivos lícitos. La actitud del productor colombiano no fue muy diferente a la
del estadounidense. En efecto, luego de la ineficaz Operación Delta 9 de 1985
para erradicar la marihuana en Estados Unidos, la producción se desplazó a
pequeñas parcelas, parques nacionales, sótanos privados y cultivos hidropónicos.
Ahora
bien, si la fumigación química de marihuana en Colombia no arrojaba resultados
satisfactorios ni permanentes, en la erradicación de los cultivos de coca con
herbicidas las conclusiones no fueron más alentadoras. A partir de 1984, y con
el apoyo estadounidense, el gobierno colombiano buscó identificar un químico
efectivo y no dañino para terminar con la producción de coca en el país. En
diciembre de 1985, se decidió aplicar el herbicida
garlon‑4 para destruir
aproximadamente 1.000 hectáreas de ese cultivo. Sin embargo, hacia comienzos de
1986, se optó por abandonar esta práctica. El
garlon‑4 demostró ser altamente
peligroso y perjudicial. Además, la compañía fabricante del herbicida, la
Dow Chemical Corporation, se rehusó a
proveerlo a Colombia por temer que se demandara su utilización[15].
Se
inició así la política de fumigación contra la marihuana y la coca en el país.
Al aceptar la exigencia estadounidense para utilizar esta táctica, el gobierno
del presidente Betancur aceptaba el argumento de que el problema de los
narcóticos estaba localizado en los polos de producción; lo cual vulneraba la
concepción oficial acerca de la naturaleza multilateral e internacional del
asunto de las drogas. Paralelamente, comenzó a reducirse gradual, aunque de
manera notoria, el margen de maniobra del gobierno colombiano en cuanto a la
lucha antinarcóticos. La presión de Washington sobre Bogotá en el frente de las
drogas ilícitas fue cada vez más ostensible y difícil de responder mediante
estrategias autónomas de respuesta al fenómeno del narcotráfico.
En
1986, el gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) heredó una
situación más intrincada y preocupante que la de las dos administraciones
anteriores en cuanto al asunto de las drogas ilegales[16].
Los ingresos al país por concepto del negocio de la cocaína crecían sin ningún
tipo de control, mientras que los narcotraficantes incrementaban sus inversiones
rurales y urbanas. Se calculaba que el 80% de la cocaína y el 25% de la
marihuana consumida en Estados Unidos eran proveídos por traficantes colombianos
y los indicadores de la demanda estadounidense no mostraban un descenso del
consumo de drogas[17].
Socialmente
la penetración del narcotráfico era creciente; lo cual se evidenciaba tanto en
los sitios de producción y procesamiento, como en los lugares en los que
expandieron sus inversiones e influencia. Políticamente, por medio del soborno,
la intimidación, el uso directo de la fuerza y la cooptación, la presencia y la
proyección del negocio de las drogas se manifestaban en franco ascenso. Además,
la violencia generada por este fenómeno se multiplicó después de la aplicación
de la extradición en 1984 y se elevó visiblemente a través de sus organizaciones
paramilitares, con centros de operación en diferentes regiones del país; pero
con particular importancia para la época en el Magdalena Medio.
Como
se indicó, en mayo de 1984 el ejecutivo autorizó la fumigación de la producción
de marihuana en la zona de la costa atlántica colombiana; en especial en la
Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá. Entre 1984 y 1985, según
datos del gobierno nacional, se habían erradicado 5.446 hectáreas utilizando
11.418 galones de glifosato. Al año
siguiente, la labor de erradicación se incrementó de modo notable. En 1986, se
fumigaron 12.000 hectáreas de marihuana. Para el nuevo gobierno liberal era
primordial otorgarle mayor intensidad a las acciones antinarcóticos iniciadas en
la segunda mitad del mandato conservador. Barco, preocupado por las dimensiones
impresionantes que ya tenía el narcotráfico, creía necesario abordar el fenómeno
en todos sus aspectos. Se pensó que la erradicación química debía continuar para
la marihuana, mientras se impulsaba la erradicación manual de la coca. Aunque
las críticas a estos procedimientos eran constantes, no se había conformado una
coalición con capacidad de veto para frenar la fumigación con herbicidas de
cultivos ilícitos, en particular, y para evaluar la totalidad de la lucha contra
las drogas ilegales, en general.
Según
el CNE la fumigación masiva de marihuana nunca fue aprobada. Sin embargo, las
acciones prácticas parecían demostrar lo contrario, en especial durante 1986.
Desde el Inderena (Instituto Nacional de Recursos Nacionales Renovables y del
Ambiente), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, se denunció la
devastación de reservas ecológicas producida por el
glifosato en el Parque Nacional
Tayrona y áreas circundantes. No obstante, en 1987 se fumigaron con ese producto
10.368 hectáreas de marihuana.
En
1988, el total del área fumigada no superó las 4.400 hectáreas aproximadamente.
La erradicación de hectáreas de coca pasó de 2.000 en
Segundo,
los reclamos de la población en las regiones donde se llevaba a cabo la
erradicación se multiplicaron, no sólo por las consecuencias ecológicas de la
aplicación de herbicidas, sino también por la carencia de programas de
sustitución de envergadura que hicieran frente a la pérdida del cultivo de
productos ilícitos que resultaban más rentables. Tercero, parecía difícil llegar
a acuerdos prácticos al interior del CNE sobre los procedimientos y técnicas
para efectuar programas de fumigación con los menores costos ambientales
posibles. La resistencia de los pobladores locales; las dificultades para
emprender acciones de erradicación en áreas de producción que, a su vez,
contaban con presencia de grupos guerrilleros; y la falta de recursos, fueron
incidiendo para hacer difícil el logro de decisiones unánimes y concertadas.
Cuarto,
en 1988 la estrategia gubernamental para combatir el narcotráfico había variado
levemente. El ejecutivo promovía y respaldaba, otra vez, una mayor participación
de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas, pero deseaba evitar
algunos de los problemas derivados de su anterior compromiso directo en este
frente, por ejemplo: reclamos y críticas de campesinos por las tareas
emprendidas por los militares en el nivel regional; riesgos de mayor corrupción
por la realización de actividades que colocaban en un mismo escenario a
narcotraficantes y soldados; y dificultades para atacar simultáneamente todos
los puntos de la red del negocio interno de los narcóticos. Las áreas de
concentración pasaron a ser laboratorios urbanos y centros de procesamiento
rurales; campañas de arresto de bandas de sicarios en ciudades como Medellín;
labores de inteligencia militar; e intentos de captura a los líderes del
narcotráfico. De allí que se redujeran en intensidad y alcance las tareas de
erradicación química y manual[20].
Quinto,
había un alto grado de frustración de las autoridades nacionales respecto a los
resultados efectivos de la política de fumigación de marihuana. Estados Unidos
seguía siendo el mayor consumidor de marihuana colombiana y los traficantes
continuaban diseñando nuevos mecanismos para sacar su contrabando de narcóticos
hacia el exterior. El cultivo de marihuana se estabilizó en unas 10.000‑12.000
hectáreas durante 1988‑89 y la exportación no se detuvo. Hubo logros importantes
desde 1986 pero indudablemente el fenómeno persistía, al punto de que en 1988
Colombia fue, otra vez, el mayor productor de marihuana (seguido de México y
Estados Unidos).
Sexto,
en la segunda mitad de la administración Barco, los aspectos financieros y las
cambiantes prioridades de acción en cuanto a la política antinarcóticos ocuparon
los esfuerzos del gobierno. La ayuda estadounidense había descendido de US$
11.553.000 en
El
gobierno del Presidente Barco asumió unos costos internos gigantescos mediante
el uso sostenido de la extradición de nacionales a Estados Unidos entre agosto
de 1989 y agosto de 1990. Probablemente ello explique porqué Washington no
presionó más al país en términos de una política de erradicación más vehemente,
y porque Bogotá tuvo un margen de maniobra un poco mayor para definir algunos
aspectos internos de la estrategia antinarcóticos. El reconocimiento
internacional—en particular en Europa—del esfuerzo colombiano contra las drogas
le dio más espacio de maniobra al gobierno para dar más énfasis a uno u otro
instrumento punitivo en el combate contra las sustancias psicoactivas ilícitas;
con lo cual pudo amortiguar temporalmente ciertas exigencias de Estados Unidos
en esta materia.
La
administración del Presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994) heredó pobres
resultados de la política de erradicación[21].
Fumigación experimental durante el gobierno del Presidente Turbay, fumigación
masiva durante el mandato del Presidente Betancur y fumigación discontinua
durante la gestión del Presidente Barco. Todas igualmente ineficaces, torpes y
deplorables. El país había ensayado el
paraquat y el glifosato para
detener el avance de los cultivos de marihuana y el
garlon-4 para frenar las plantaciones
de coca. Mercancías ilícitas diferentes, herbicidas legales distintos,
consecuencias prohibicionistas semejantes: la narcocriminalidad organizada
colombiana diversificaba eficientemente la producción y el procesamiento de
drogas, mientras los gobiernos la combatían con acciones que no afectaban
seriamente ni el negocio ilícito ni el poder creciente de los traficantes
nacionales. Aunque estos antecedentes no podían pasar inadvertidos, las
experiencias de las administraciones previas no parecieron muy útiles a Gaviria.
En
efecto, repitió la táctica de la fumigación química, pero esta vez con respecto
a la amapola. También, como en situaciones anteriores, se reincidió en el debate
sobre la fumigación química con un tono de fuerte elitismo moral: por un lado,
los “duros-buenos-inteligentes” no contaminados por el narcotráfico y, por el
otro, los “blandos-malos-estúpidos” que expresa o inconscientemente le hacían el
juego a éste. Probablemente el comentario de un miembro del gabinete del
Presidente Gaviria resuma bien este último punto. En medio de la relativamente
escasa polémica sobre al erradicación química de la amapola, el 21 de febrero de
1992 el Ministro de Justicia, Fernando Carrillo, señaló que había “una especie
de manto de complicidad que se está tendiendo con argumentos ambientalistas
(contra la fumigación con herbicidas), haciéndole el jugo a los intereses del
narcotráfico”[22].
En
términos prácticos, en los últimos meses de la administración Barco se había
dejado de fumigar con químicos ya que desde 1989 el acento de la represión fue
colocado en otros terrenos: en especial en la aplicación de la extradición por
vía administrativa. En aquel momento, el asunto de la erradicación con
herbicidas no parecía incidir de modo significativo en las relaciones entre
Bogotá y Washington. Rutinariamente, los funcionarios encargados de la política
internacional antinarcóticos de Estados Unidos mencionaban el tema y sugerían
volver a las fumigaciones, pero no lo hacían ni con fuertes amenazas ni de
manera muy perentoria pues los costos que había asumido Barco eran
desproporcionados en comparación con cualquier otro país afectado por el
lucrativo emporio ilegal de los narcóticos.
En
realidad, la erradicación manual de coca continuaba. Ello, sumado a la
disminución de las hectáreas dedicadas al cultivo de marihuana hacía, por el
momento, innecesario situar el procedimiento de la fumigación en el centro de la
narcodiplomacia entre Estados Unidos y Colombia. No obstante, el descubrimiento
de que el país se estaba convirtiendo en un incipiente, aunque importante, punto
de plantación de amapola alteró esta situación.
En
efecto, los hallazgos iniciales de cultivo de amapola en el país se produjeron
en 1983 en el Departamento del Tolima. En 1984, se destruyeron pequeños plantíos
en los Departamentos del Tolima y del Meta. En 1986, continuaron las
incautaciones aunque siempre de escasa magnitud. En ese mismo año, se
decomisaron los primeros 2.297 gramos de heroína y en 1988, se descubrieron dos
laboratorios de base de morfina en Bogotá y Barranquilla[23].
En septiembre de 1991, la revista
Semana presentó una extensa nota
sobre la irrupción de la amapola en el país, señalando que, según fuentes
oficiales, se habían descubierto 2.000 hectáreas de lo que denominó la "flor
maldita"[24].
A
finales de 1991, el DAS indicó la existencia de 2.500 hectáreas de amapola
cultivadas en el país[25].
Sin una explicación acabada o una justificación pormenorizada de su
aparentemente sorpresivo desarrollo en el país, la Policía Antinarcóticos señaló
que durante ese año
"se presentó un incremento inusitado de cultivos de amapola a lo largo del
macizo colombiano en jurisdicción de los Departamentos de Huila, Tolima, Cauca,
Boyacá, Cundinamarca, Caquetá, Antioquia, Caldas, Meta, Nariño, Risaralda y
Santander, principalmente”[26].
Así
entre 1983 y 1991, el cultivo de amapola se había extendido a 12 departamentos
del país. El gobierno anunció entonces la erradicación manual de 1.406 hectáreas
de amapola, el decomiso de 17 kilos de morfina y 30 kilos de opio y la
destrucción de 5 laboratorios de base de morfina en Neiva[27].
Cabe mencionar que a partir de mayo de 1991 se comenzó a identificar y decomisar
heroína colombiana en Estados Unidos[28].
Por
lo tanto, se esperaba que habiéndose erradicado el 56% (1.406 de las 2.500
indicadas por el DAS) de las hectáreas descubiertas en 1991, la cuestión de la
amapola no adquiriera proporciones preocupantes; al menos si las cifras de las
plantaciones existentes eran acertadas y si la destrucción realizada era de tal
magnitud[29].
No obstante, en enero de 1992 el CNE autorizó la fumigación con
glifosato de 2.900 hectáreas de
amapola (de ser necesario, la autorización cubría otras hectáreas adicionales
que pudieran identificarse)[30].
En
marzo de 1992, el entonces director de la Policía Antinarcóticos, Brigadier
General Rosso José Serrano Cadena, indicó que la producción de amapola podía
llegar a las 10.000 hectáreas[31].
Un mes después, informes de prensa que se basaban en afirmaciones de
funcionarios gubernamentales, daban cuenta de la posible existencia de 20.000
hectáreas sembradas de amapola[32].
De acuerdo con un cuidadoso estudio auspiciado por la entonces recientemente
establecida Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional, los plantíos de
aproximadamente 20.000 hectáreas de amapola estaban ahora distribuidos en 17
departamentos en 113 localidades del país[33].
La
decisión del CNE en favor del 31 de enero de 1991 en favor de la fumigación
manual y por aspersión aérea controlada de los cultivos de amapola mediante el
uso de glifosato, se entiende si se
miran los siguientes aspectos:
En
primer lugar, la determinación no pareció obedecer a una presión inusual de
Washington sobre Bogotá ni a un condicionamiento ostensible de Estados Unidos
sobre Colombia respecto al futuro de la colaboración bilateral en materia de
drogas. La voluntad gubernamental de emprender la fumigación química de los
cultivos de amapola no parece haber sido una concesión a Estados Unidos. No
obstante existir razones en Bogotá para querer evitar reacciones negativas de
Washington al rechazo de U.S.$ 2,8 millones de dólares en ayuda oficial
estadounidense para crear una unidad antidrogas en el ejército, a semejanza de
la ya existente en la policía[34].
Además, Estados Unidos no podía exagerar su demanda en favor de la fumigación
química pues no podía demostrar, respecto a la amapola, una actitud consistente.
No se podía entender ni justificar un reclamo inusitado de Washington sobre
Bogotá cuando el país no era un productor siquiera medianamente significativo de
heroína y cuando de los 10 países con mayores plantaciones de este producto
ilícito, 5 aplicaban la erradicación aérea (Guatemala, India, México, Pakistán y
Tailandia), 1 utilizaba sólo erradicación manual (Burma), 1 no usaba ningún
procedimiento de erradicación (Afganistán), en 1 se desconocía si erradicaba o
no (Irán) y 2 apenas si lo hacían de manera mínima (Laos y Líbano)[35].
Indudablemente, funcionarios de la DEA y de la Embajada de Estados Unidos en
Bogotá promovieron la fumigación de la amapola y se sintieron complacidos con la
medida oficial de llevarla a cabo. Asimismo, aquellos contribuyeron a legitimar
el uso del glifosato mediante la
divulgación de opiniones de científicos de ese país y de estudios como el de la
firma Labat-Anderson de Arlington, Virginia, realizado para el Departamento de
Estado, y en el que se afirmaba la eficacia práctica y la ausencia de toxicidad
de ese herbicida en su aplicación en Guatemala[36].
Sin embargo, la decisión de rociar las plantaciones de amapola con ese químico
no parece haber sido forzada por Washington sobre Bogotá.
En segundo lugar, el uso del
glifosato parece haber sido una
determinación resuelta del gobierno del Presidente Gaviria por la sorpresa y la
preocupación que despertó en círculos oficiales la dimensión lograda por el
fenómeno de la amapola/heroína en el país. A partir de 1992, fue escaso el
esfuerzo colocado para erradicar la coca y la marihuana. Por ejemplo, en 1992 se
destruyeron 944 hectáreas de coca y 100 hectáreas de marihuana, mientras en 1993
fueron destruidas 846 hectáreas de coca y 138 hectáreas de marihuana[37].
Lo anterior respondía, en parte, a dos nociones que desde la administración
Betancur habían predominado entre los funcionarios y especialistas colombianos
en materia de drogas.
Por
un lado, que el país no era un productor importante, ni en términos de cantidad
ni de calidad, de coca, sino que Colombia era el escenario principal del
procesamiento de cocaína y del tráfico de ésta hacia los grandes mercados
consumidores. Por el otro, que Estados Unidos había logrado una muy eficaz
sustitución de importaciones mediante el desarrollo de su variedad nacional de
marihuana, la sin semilla, y que con
ella se abastecía la demanda doméstica en Estados Unidos; lo cual generaba una
caída en el cultivo colombiano de marihuana.
Si
bien estas interpretaciones eran correctas, sólo lo eran parcialmente. En la
década de los noventa, Colombia había concentrado un conjunto de ventajas
comparativas y competitivas en el negocio ilícito de los narcóticos que hacía
del territorio nacional un espacio privilegiado para la producción y
procesamiento de distintas sustancias psicoactivas ilegales. El cultivo de coca
persistió y se amplió, tanto en cantidad como en calidad. A su vez, las heladas
en Estados Unidos que afectaban ocasionalmente las plantaciones de marihuana y
el incremento episódico de la represión en el cultivo de marihuana en México,
produjeron, en distintos momentos, el resurgir de los cultivos de marihuana
colombiana. La infraestructura establecida le permitía a Colombia plantar más
coca y marihuana si existía un mercado atractivo y si ello le resulta rentable a
la narcocriminalidad organizada en el país.
En
consecuencia, suponer que el país carecía de una dificultad importante en cuanto
al cultivo de diferentes sustancias ilícitas era utópico. Por eso, en febrero de
1994, después de que, según estimaciones estadounidenses, las plantaciones de
coca llegaron a cubrir 39.700 hectáreas[38],
el gobierno autorizó la erradicación aérea de coca. A su vez, después de que en
1991 la superficie cultivada de marihuana se calculaba en 2.000 hectáreas, dos
años más tarde alcanzaba las 5.000 hectáreas[39].
Ante
el crecimiento de la producción de amapola, el gobierno pareció optar por no
perder tiempo y aplicar una táctica punitiva en términos de erradicación;
ensayando, nuevamente, la ya vieja política de fumigación química. Como en
épocas anteriores, surgieron voces críticas al uso de herbicidas. Pero también
como en otros momentos históricos, el gobierno las desestimó, fustigó a los
opositores y siguió adelante con su iniciativa de fuerza. No era tiempo de
debatir otras opciones ni de innovar.
El
negocio ilícito de la heroína en los ochenta y noventa parecía seguir un curso
similar al de la marihuana en los sesenta y setenta. Para el caso de la
marihuana, el triángulo de producción hemisférico lo constituían México, Jamaica
y Colombia. Se reprimía más en un país, en particular mediante el uso de
herbicidas, y el cultivo se movía al otro, aunque siempre regresaba al sitio
inicial de mayor cultivo. Y así sucesivamente. Un triángulo semejante se produjo
con la amapola entre México, Guatemala y Colombia. También, en este ejemplo se
utilizó la fumigación química para atacar el negocio, con resultados idénticos a
los de la marihuana. De hecho, ni se eliminó el problema original de los
cultivos ilícitos, ni se desmanteló la parafernalia que ha permitido que las
plantaciones ilegales continúen en todas esas naciones.
Como
ha sido evidente en el caso colombiano y en otros ejemplos internacionales,
atacar aislada y temporalmente un cultivo ilícito es orientar la política
pública antidrogas hacia el eslabón menos decisivo de la enorme y compleja red
de la empresa ilegal de las drogas, y situarla en el espacio con mayor impacto
social negativo sobre el campesinado y la población indígena y con menor
incidencia real sobre la narcocriminalidad organizada.
Sin
embargo, durante 1993 el boom de la
amapola siguió expandiéndose. Según un nuevo informe de la Consejería para la
Defensa y Seguridad Nacional, el negocio cubría ahora 18 departamentos:
“en 174 municipios colombianos que representan el 17 % del total de municipios
del país han sido descubiertos cultivos de amapola. Los municipios productores
de amapola se encuentran en los Departamentos de Huila (28), Cundinamarca (19),
Boyacá (19), Cauca (19), Nariño (18), Santander (12), Tolima (11), Valle (9),
Meta (7), Antioquia (6), Cesar (5), Norte de Santander (5), Risaralda (4),
Caquetá (3), Quindio (3), Caldas (3), Bolívar (2) y Putumayo (1)”[40].
En
1992, se habían destruido 12.864 hectáreas (9.561 con
glifosato) de amapola. Durante 1993,
se erradicaron 9.821 hectáreas pero en 1994 los cultivos de amapola seguían
proliferando. Durante 1994, se erradicaron 5.314 hectáreas (4.676 hectáreas
mediante fumigación aérea)[41].
Sin embargo, de acuerdo a estimaciones de las autoridades estadounidenses, en
ese año las plantaciones de amapola se mantuvieron en aproximadamente 20.000
hectáreas; dato que el gobierno colombiano nunca refutó[42].
La
administración Gaviria había decidido enfrentar el fenómeno de las drogas desde
una perspectiva distinta (con énfasis en la política de sometimiento) y con una
estratagema desagregada del mismo (separando el narcotráfico del
narcoterrorismo; para lo cual el presidente sostuvo que “si bien el
narcoterrorismo es nuestro problema, el narcotráfico es un fenómeno
internacional). No obstante, en el caso de la amapola repitió lo hecho por
gobiernos anteriores en el campo de la coca y la marihuana. Las victorias fueron
tan pobres y efímeras como en ocasiones previas. Un comportamiento gubernamental
basado sólo en sanciones y carente de incentivos, alimentado por la ilusión de
una fumigación técnicamente sana, terminaba por contribuir a un deterioro
ambiental y un descalabro social mayor en las áreas de cultivo.
El
gobierno no enfrentó suficientemente al narcoterrorismo ni al narcotráfico en el
campo material. En la lógica de la apertura económica de comienzos de los
noventa resultaba incongruente imponer más restricciones y mejores controles al
libre movimiento de capital. Como bien lo resumió un informe de 1993 de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas con sede en
Viena:
"La Junta recomienda que el blanqueo de capitales se considere un acto delictivo
en la legislación colombiana y que los reglamentos bancarios se hagan más
estrictos para permitir la cooperación multilateral...Colombia tiene una larga
historia de violencia y actividades antigubernamentales. De cualquier modo, el
tráfico de drogas se está infiltrando en la vida comercial legal..."[43]
Desde
la sociedad se escucharon expresiones aisladas y circunstanciales en contra de
la fumigación química. Nunca se logró conformar una instancia de presión
cohesiva, seria y afirmativa frente a esa determinación gubernamental. A pesar
de comentarios individuales y ocasionales que ponían en duda la efectividad a
largo plazo de la medida oficial, el ejecutivo no recibió críticas sustantivas
ni impedimentos a su accionar por parte del legislativo o del judicial. El
gobierno pudo llevar a cabo la política de erradicación con herbicidas pocas
restricciones internas. El resultado, sin embargo, no fue muy positivo: el
encumbramiento del emporio de la amapola en el país fue una demostración
adicional de los límites de la política pública antinarcóticos de Colombia y de
las dramáticas consecuencias del prohibicionismo acérrimo en Estados Unidos.
La
financiación del narcotráfico a su campaña presidencial fue el telón de fondo de
la gestión antinarcóticos de Ernesto
En ese contexto, la administración
Su
gobierno se anticipó incluso a las exigencias del ejecutivo y del legislativo de
Estados Unidos. Muchos meses antes de que circulara, y de que se hablara, del
infausto “Memorando Frechette”[47]
que hacía exigencias a Colombia para adoptar leyes, medidas y acciones
draconianas en materia de lucha antidrogas, el Presidente
La
firmeza en la política de erradicación sería evidente. Por ejemplo, en 1994
Colombia (los gobiernos de Gaviria y
Sin
embargo, la ilusión de acabar definitivamente con las plantaciones ilícitas
probó ser, otra vez, errónea. En 1996 el gobierno estadounidense calculaba que
las hectáreas dedicadas a la siembra de coca en Colombia llegaban a 53.800
(datos independientes en Colombia ubicaban la cifra de coca cultivada cercana a
80.000 hectáreas[51];
lo cual significaba superar a Bolivia quien era tradicionalmente el segundo
productor sudamericano de coca detrás de Perú), que Colombia tenía 4.133
hectáreas de marihuana (en 1992, las hectáreas de marihuana en el país
alcanzaban sólo a 1.650 hectáreas) y que se producían en Colombia 63 toneladas
métricas de heroína.
No obstante, la mayor sorpresa nacional en 1996 provino del hecho de las grandes
marchas campesinas en el sur del país; en especial en el Caquetá. En forma
tardía, pero no sin perplejidad, Colombia descubrió que había dejado de ser
procesador de sustancias psicoactivas y se había transformado en productor de
cultivos ilegales, que el Estado no existía en una porción estratégica del
territorio nacional y que el poder regional lo ejercían los grupos insurgentes
(en particular, las FARC) y que la violencia no podría resolver el entramado de
problemas sociales, políticos y económicos de fondo que se habían encubado por
décadas en ese espacio geográfico de la nación[52].
Resumiendo, la fumigación con herbicidas en 1996 en el sur de Colombia resultó
tan poco eficaz en términos del desmantelamiento efectivo negocio ilegal de las
drogas como la de años anteriores. La diferencia fue que en 1996 se aceleró la
presencia del paramilitarismo en el sur del país.
La
ceguera política de civiles, policías y militares en el gobierno y la
subordinación del ejecutivo colombiano ante Estados Unidos, permitieron que en
1997 se repitiera la fumigación indiscriminada con herbicidas (masivamente con
el glifosato y de modo experimental
con el imazapyr). En 1997, Colombia
fumigó 41.847 hectáreas de coca y 6.962 hectáreas de amapola. Manualmente se
erradicaron 22 hectáreas de coca, 25 hectáreas de amapola y 261 hectáreas de
marihuana.
A comienzos de 1998, la administración
Desde mediados de la década de los noventa hasta el presente se han batido todos
los récords históricos de fumigación en Colombia. Sin embargo, según las
estimaciones estadounidenses los datos sobre cultivos ilícitos en Colombia son
cada vez más negativos. Por ejemplo, en 1990 la producción de heroína era
insignificante y había 32.100 hectáreas cultivadas de coca y 1.500 hectáreas
cultivadas de marihuana, mientras en 1996 el país producía 63 toneladas métricas
de heroína, tenía 53.800 hectáreas cultivadas de coca y poseía 4.133 hectáreas
cultivadas de marihuana[54].
Mientras en 1998, la producción colombiana de cocaína fue de 435 toneladas
métrica, en 1999 la misma alcanzó a 520 toneladas métricas y en 2000 llegó a 580
toneladas métricas[55].
Según la Policía Antinarcóticos, el gobierno de Pastrana había destruido
aproximadamente 50.000 hectáreas de plantaciones de coca en 1999 (43.246 según
Washington) y de acuerdo al Departamento de Estado el total de hectáreas
erradicadas por Colombia en 2000 fue de 56.254 (47.000 de coca y 9.254 de
amapola)[56].
No obstante, según la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en
1999 el área cultivada de coca llegó a 120.000 hectáreas[57],
mientras que la misma se amplió a 136.200 en 2000 según el Departamento de
Estado. Esto significa que en sólo cuatro años, entre 1996 y 2000, la superficie
de tierra cultivada con coca se duplicó: las hectáreas totales pasaron de
A
este fracaso hay que agregar el hecho que en el mercado estadounidense la
cocaína y la heroína se tornaron más baratas y más puras. En 1981, el precio por
gramo de la cocaína era US$ 275,12 y la pureza de 47.53%, mientras en 1996 el
precio por gramo era US$ 94,52 y la pureza de 68.61%. En 1981, el precio por
gramo de heroína era US$ 3.3374.40 y la pureza de 6.73%, mientras en 1996 el
precio por gramo era US$ 1.126,57 y la pureza de 41.48%[58].
En 1999, el precio por gramo de la cocaína fue US$ 44 y la pureza de 70%,
mientras el precio por gramo de la heroína fue de US$ 318 y la pureza de 25%[59].
Cabe agregar que algo semejante sucede en Europa occidental donde el precio del
gramo de cocaína llegó a US$ 90 y
el del gramo de heroína a US$ 98 en 1999.
Así entonces, la racionalidad que justificaba una fuerte política de
erradicación química en los polos de oferta ha probado ser desacertada. En
efecto, se suponía que la destrucción masiva y forzada de drogas ilícitas en los
puntos de producción y procesamiento iba a generar menor disponibilidad de
narcóticos en los centros de demanda, una elevación en los precios de venta al
consumidor y una menor pureza de las sustancias psicoactivas. En 2000, se
consiguen en Estados Unidos, más drogas, de mejor calidad y a menor precio.
Además,
en términos de consumo de drogas ilegales y criminalidad vinculada a los
narcóticos, la situación estadounidense no ha mostrada avances substantivos. Por
ejemplo, en 1988 el número de consumidores ocasionales de heroína fue de 167.000
y en 1995 se elevó a 322.000, mientras el total de fuertes consumidores de
heroína pasó de 692.000 en
En forma concomitante, en 1990 el total de arrestos vinculados al fenómeno de
las drogas (consumo, venta, distribución, manufactura, etc.) fue de 1.089.500,
mientras que en 1996 trepó a 1.128.647. En 1990, el total de prisioneros
federales encarcelados por delitos ligados al fenómeno de los narcóticos fue de
53.5%, mientras en 1995 se elevó a 59.9%[62].
Finalmente, el costo ambiental para Colombia de la erradicación química no ha
sido suficientemente cuantificado. Se ha estimado que “por cada hectárea de
amapola se destruyen en promedio 2.5 hectáreas de bosque (y que) en los cultivos
de coca, la relación es de
A
pesar de que organizaciones como
Greenpeace y el Worldwide Fund for
Nature y la firma Dow Agrosciences
(que produce el tebuthiuron), se han
opuesto al uso de este herbicida, el gobierno de Estados Unidos ha insistido en
su pertinencia técnica debido a su carácter inofensivo. Más aún, en especial
durante la administración Pastrana Washington ha venido presionando a Bogotá
para aplicar un peligroso hongo, el
fusarium oxysporum, en el
proceso de erradicación forzosa en Colombia.
No
obstante, es evidente que más fumigación química en el país sólo crea
condiciones propicias adicionales para nuevos y mayores problemas internos.
Probablemente ese tipo de preocupación llevó al entonces candidato presidencial
Andrés Pastrana a proponer una estrategia diferente para combatir el fenómeno de
los cultivos ilícitos. Al respecto en su propuesta original de paz, el hoy
presidente señaló:
Sin
embargo, al cabo de 30 meses de gobierno, la administración no asumió el riesgo
de replantear el procedimiento de la erradicación química en la lucha nacional
contra las drogas[66].
Por el contrario, persistió en la política de fumigación intensiva e inapelable
desde agosto de 1998 en adelante. En esa dirección, el ejecutivo dio un salto
aún más elocuente que sus antecesores en el combate contra las drogas al aceptar
la creación de un Batallón Antinarcóticos dentro de las fuerzas armadas, tal
como venía solicitándolo Estados Unidos desde hacia varios años. En efecto, esta
unidad especial de 1.200 hombres, bajo el control del ejército colombiano, pero
“bajo la lupa de Washington”, pasó a reemplazar a la Policía Antinarcóticos en
las tareas más críticas contra los cultivos ilícitos[67]
en 1999. En
Ahora
bien, el peligro que corre Colombia con la aplicación obsesiva y obsecuente de
la fumigación es enorme. La insistencia en esta táctica inconveniente e
improductiva esta llevando al país más cerca de una catástrofe humana, ecológica
y política que a la superación efectiva del fenómeno de las drogas. La política
de erradicación química de cultivos ha tenido múltiples efectos nocivos: ha
contribuido a una mayor depredación del medio ambiente; ha reforzado el
contubernio entre el narcotráfico y el paramilitarismo y la dependencia entre el
negocio de las drogas y varios frente insurgentes; ha servido para incrementar
la corrupción en distintos niveles; ha generado una innecesaria subvención
gubernamental sin efectos reales sobre las manifestaciones más violentas del
emporio de las drogas; ha producido más desprotección y mayor vulnerabilidad
entre los sectores más débiles de la sociedad (campesinos, indígenas, pobres
rurales) y ha estigmatizado aún más negativamente a Colombia a pesar de que no
ha existido ningún otro país en el mundo que haya rociado sus plantaciones
ilícitas con más herbicidas. Sin embargo, nada parece alterar el curso de las
fumigaciones: en 2001 posiblemente asistiremos a otro gran esfuerzo inútil de
erradicación de cultivos ilegales.
En resumen, no obstante la intensa guerra en su contra, el problema de las
drogas continúa prosperando; difícil que fuera de otra forma si estamos hablando
de un negocio de tanta rentabilidad. En efecto, la pasta de coca deja Perú a US$
400, llega a Colombia, donde se procesa en cocaína, con un valor de US$ 1.200,
arriba a Miami a US$ 20.000 el kilo, se transporta hasta Chicago donde alcanza
un precio al por mayor de US$ 30.000 y se vende allí a un precio al por menor de
US$ 140.000. Las cifras son más fabulosas para la heroína que tiene una
rentabilidad de
*
Profesor de la Universidad de San
Andrés, Victoria, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
[1] La retórica oficial en Estados Unidos a finales de los noventa asumió, un poco bajo influencia europea y en parte por reclamos latinoamericanos, dos tesis: la de la importancia del consumo de drogas en el crecimiento del negocio de los narcóticos y la de la co-responsabilidad internacional para el tratamiento más simétrico de esta lucrativa empresa ilegal. Sin embargo, desde hace tres décadas, invariablemente los presupuestos federales, estatales y locales antidrogas en Estados Unidos se orientan en casi un 70% a combatir la oferta y en aproximadamente un 30% a reducir la demanda. En el contexto más amplio de la cooperación mundial en la superación del fenómeno de las drogas, Washington ha demostrado que ninguna política multilateral es sustituta de su política unilateral frente al tema y que la concertación global se hace sólo bajo sus parámetros represivos.
[2] Los problemas ecológicos y los efectos negativos sobre los derechos humanos derivados de la fumigación química de cultivos ilícitos en Latinoamérica en general se analizan en Rosa del Olmo, “Herbicidas y derechos humanos en América Latina”, en Rosa del Olmo, ¿Prohibir o domesticar? Políticas de drogas en América Latina, Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1992.
[3] Sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en materia de drogas ilícitas durante la administración del Presidente Turbay véase, Juan Gabriel Tokatlian, “La política exterior de Colombia hacia Estados Unidos, 1978-1990: El asunto de las drogas y su lugar en las relaciones entre Bogotá y Washington”, en Carlos G. Arrieta, Luis J. Orjuela, Eduardo Sarmiento y Juan G. Tokatlian, Narcotráfico en Colombia: Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales, Bogotá: Ediciones Uniandes/Tercer Mundo Editores, 1990.
[4] Véanse, U.S. Congress, Select Committee on Narcotics Abuse and Control, Fact Finding Mission to Colombia and Puerto Rico, Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1979 y Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Marihuana: Legalización o represión, Bogotá: Biblioteca ANIF, 1979.
[5]
Véase, President´s Commission on Organized Crime,
Report to the
President and the Attorney General. America´s Habit: Drug Abuse, Drug
Trafficking, and Organized Crime,
[6]
U.S. Congress, Select Committee on Narcotics Abuse and Control,
op.cit.,
p. 10.
[7] Ministerio Público, Informe del Procurador General de la Nación, Guillermo González Charry, al Congreso Nacional, Bogotá: Procuraduría General de la Nación, 1980, pp. 30-33.
[8] Sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en materia de drogas ilícitas durante la administración del Presidente Betancur véase, Juan Gabriel Tokatlian, op. cit.
[9]
Véase, U.S. Congress, Select Committee on Narcotics Abuse and Control,
International Narcotics Control Study Mission,
Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1984.
[10] Véase, El Espectador, 28 de Junio de 1984. Carta de autorización del Ministro de Justicia, Enrique Parejo González, al general Víctor Delgado Mallarino, Director General de la Policía Nacional, para fumigar los cultivos de marihuana con glifosato, Bogotá, D.M. No. 1048, Ministerio de Justicia, Despacho del Ministro, junio 1º, 1984. Según informe de la Procuraduría General de la Nación remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la fumigación en 1984 estuvo precedida de conceptos negativos por parte del Inderena, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Comisión Científica (creada por Lara Bonilla en diciembre de 1983). Aparentemente, el 4 de julio de 1984 el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó la fumigación experimental de dos hectáreas. Sin embargo, en julio y septiembre de ese año, según folios enviados a la Cámara de Representantes, comenzó un procedimiento de fumigación masiva. Según constancia del secretario del Consejo de Ministros, el tema de la fumigación masiva fue absuelto rápidamente en forma negativa, y el Ministro de Justicia, Enrique Parejo, autorizó la fumigación sin estar facultado para ello (aunque es improbable pensar que el ministro Parejo haya actuado con el desconocimiento del Presidente Betancur).
[11] Véase el pronunciamiento en contra de la fumigación con herbicidas de la Sociedad Colombiana de Ecología en El Mundo del 24 de Julio de 1984. Los indígenas Arhuacos, Koguis y Malayos iniciaron un éxodo casi masivo hacia Valledupar (Cesar) y otras localidades ante el anuncio sobre la utilización del glifosato. El representante legal de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta hizo, a su vez, entrega de un "Libro Rojo" contra la fumigación al Procurador General, Carlos Jiménez Gómez. En ese documento, los indígenas explicaban los efectos nocivos del herbicida. Asimismo, la Asociación de Agrónomos del Cesar hizo constar su enérgica protesta en particular si la aplicación del glifosato iba a hacerse mediante fumigación aérea. Véase, respecto a todo este proceso, El Espectador, del 6 y 24 de Julio de 1984.
[12] Véase, Anales del Congreso, No. 15, 1 de Julio de 1984.
[13]
Véase, U.S. Congress, Select Committee on Narcotics Abuse and Control,
Latin America Study Missions Concerning International Narcotics Problems,
Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1986.
[14]
Véase, U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics Matters,
International Narcotics Control Strategy Report,
Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1989.
[15]
Véanse, U.S. General Accounting Office,
Drug Control: U.S.-Supported Efforts in Colombia
and Bolivia,
Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1988 y Clifford D. May,
“US Secretly Grows Coca to Find Way to Destroy Cocaine´s Source”,
The New
York Times, 12 de Junio de 1988.
[16] Sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en materia de drogas ilícitas durante la administración del Presidente Barco véase, Juan Gabriel Tokatlian, op. cit.
[17]
Véase, Bruce M. Bagley, “Colombia and the War on Drugs”, en
Foreign
Affairs, No. 1, Vol. 67, 1988.
[18]
Véase, U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics Matters,
op.
cit.
[19] Véanse, El Espectador, 12 de Octubre de 1988; El Espectador, 24 de Octubre de 1988; El Espectador, 25 de Octubre de 1988; y El Espectador, 8 de Noviembre de 1988. Sobre los estudios en cuanto a la erradicación y sus efectos véanse, Firma Consultora Ecoforest Ltda., "Declaración de efecto ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos en zonas de jurisdicción de Corinto", Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de Estupefacientes, Septiembre, 1988; Corporación Autónoma Regional del Cauca, "Diagnóstico preliminar y agenda de tratamiento de emergencia para la erradicación de cultivos ilícitos en zonas de jurisdicción del municipio de Corinto", Cali, Informe Técnico No. SRN‑GGA‑032, Septiembre 19, 1988; Inderena, "Evaluación de la declaración de efecto ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos en zonas de jurisdicción de Corinto, Cauca‑Fase I", Bogotá, Concepto Técnico 115/88, Ministerio de Agricultura, Septiembre 26, 1988; Ministerio de Justicia, "Erradicación de cultivos en Corinto, Cauca", Comunicado de prensa, Septiembre 29, 1988 y Ministerio de Justicia. "Fumigación cultivos de marihuana ‑ zona de Corinto, Cauca", Acta No. 8 del 25 de Agosto de 1988 y Acta No. 9 del 15 de Septiembre de 1988.
[20]
En una línea similar de
replanteamiento del papel funcional de las fuerzas armadas en el combate
contra los narcóticos para lograr más efectividad y menos tensiones entre la
población civil local y los militares, se escuchaban pronunciamientos en
Estados Unidos. De acuerdo con la ley antinarcóticos estadounidense de 1986
y con un
Executive Order del
Presidente Reagan del 5 de mayo de 1987, se debía convocar una comisión que
preparara un informe para el primer mandatario en torno a cómo y con qué
instrumentos confrontar el fenómeno de las drogas. Se reunieron 127
individuos del sector público y privado, expertos en salud y justicia,
congresistas, banqueros, educadores, sindicalistas y deportistas, entre
otros. Este grupo, presidido por Lois Haight Herrington, organizó una serie
de conferencias que contó con cientos de participantes, evaluó distintas
iniciativas y finalmente produjo un informe. Una de sus recomendaciones
principales en el área de erradicación y respecto a la política
estadounidense frente a los países productores indicaba lo siguiente:
"Concentrar los recursos para erradicación en la destrucción de centros de
refinación y laboratorios de procesamiento en vez de la destrucción de
cultivos ilícitos". Y agregaba: "No apoyar la sustitución de cultivos o
programas de reemplazo de cultivos en el exterior con fondos de Estados
Unidos".
Véase
The White House Conference
for a Drug Free
[21] Sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en materia de drogas ilícitas durante la administración del Presidente Gaviria véase, Juan Gabriel Tokatlian, “Política pública internacional contra las drogas de la administración Gaviria y las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”, en Varios Autores, Drogas ilícitas en Colombia: Su impacto económico, político y social, Santafé de Bogotá.: Editorial Ariel/PNUD/DNE, 1997.
[22] El Tiempo, 21 de Febrero de 1992.
[23] Los primeros descubrimientos de amapola y la reacción inicial del gobierno de Colombia ante este nuevo cultivo ilícito se resumen en Virgilio Barco, La lucha contra el narcotráfico, Bogotá: Presidencia de la República, 1988 y Virgilio Barco, Informe del Presidente de la República, Virgilio Barco, al Congreso Nacional, Bogotá: Presidencia de la República, 1989.
[24] Semana, 10 de Septiembre de 1991.
[25] Véase, Departamento Administrativo de Seguridad, Dirección, “Aspectos de interés sobre el cultivo de amapola” (Mimeo, Santafé de Bogotá, Noviembre de 1991).
[26] Policía Antinarcóticos, Policía antinarcóticos. Balance actividades 1992, Santafé de Bogotá: Policía Nacional de Colombia, 1992, p. 18.
[27] Policía Antinarcóticos, Policía antinarcóticos. Balance actividades 1991, Santafé de Bogotá: Policía Nacional de Colombia, 1991, pp. 18-20.
[28]
Véase, Joseph B. Treaster, “Colombia´s Drug Lords Sending Heroin to US”,
The
New York Times, 14 de Enero de 1992.
[29]
Por ejemplo, México había erradicado en 1989 algo más de un tercio de sus
plantíos de amapola y en 1990 algo más del 45% de éstos. En efecto, México
destruyó 3.000 hectáreas de las 9.600 hectáreas cultivadas de amapola en
1989 y 4.650 de las 10.100 hectáreas cultivadas de amapola en 1990.
[30] Véase Policía Antinarcóticos, El glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, Santafé de Bogotá: Policía Nacional de Colombia, 1992.
[31] Esta afirmación la hizo el General Serrano Cadena en un seminario sobre el glifosato organizado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.
[32] Edgar Torres, “Amapola: Se disparan cifras”, El Tiempo, 19 de abril de 1992.
[33] Véase, Presidencia de la República, Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional, “La amapola en Colombia”, (Mimeo, Santafé de Bogotá, 1992).
[34] Véase El Espectador, 28 de Febrero de 1992.
[35]
Véase Michael Childress, “A System Descrption of the Heroin Trade”, en
RAND Note,
1994, p. 12.
[36] Véase U.S. Department of State, “Estudio conciso del medio ambiente para la erradicación de la amapola y la marihuana en Guatemala” (Mimeo, Washington, D.C., 1987). En Colombia, también durante los noventa, se publicaron trabajos de expertos nacionales que indicaban el presunto bajo daño ecológico de la fumigación aérea con glifosato. Al respecto, véase, entre otros, Luis Eduardo Parra Rodríguez, “Impacto ambiental de los cultivos ilícitos en Colombia”, en Coloquio, Año 5, No. 3, Marzo 1997.
[37] Véase, Ministerio de Justicia y del Derecho, Hacia un compromiso global frente al problema de la droga, Santafé de Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1994, p. 14. Los totales de destrucción de amapola fueron: 12.864 hectáreas en 1992 y 9.821 en 1993. Siendo un productor más importante que Colombia en términos de cantidad y calidad de heroína, México erradicó en esos mismo años 11.220 y 13.020 hectáreas, respectivamente. Véase, Mexican Government, Drug Control in México, National Program 1989/1994: Progress and Results, México D.F.: Procuraduría General de la República, 1994.
[38]
U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics Matters,
International Narcotics Control Strategy Report,
Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1995, p. 24.
[39] Ibid., p. 25.
[40] Presidencia de la República, Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional, “La amapola en la tradición colombiana: Producción para la especulación, auges regionales y violencia” (Mimeo, Santafé de Bogotá, 1993, p. 70).
[41] Véase, U.S. Department of State Bureau of International Narcotics Matters, International... (1995), op. cit.
[42] Ibid., p. 24.
[43] Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 1993, New York: Naciones Unidas, 1993, pp. 47-48.
[44] Sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia en materia de drogas ilícitas durante la administración del Presidente Samper véase, Juan Gabriel Tokatlian, En el límite: La (torpe) norteamericanización de la guerra contra las drogas, Santafé de Bogotá: CEREC/Editorial Norma, 1997.
[45] La “norteamericanización” de la “guerra contra las drogas” significa que la estrategia prohibicionista de Estados Unidos en el caso de los polos de producción, procesamiento y tráfico de narcóticos es asumida y adaptada totalmente por los centros de oferta de estupefacientes y sustancias psicoactivas. Dicha estrategia consiste en la aceptación y aplicación de varias tácticas punitivas para doblegar, hipotéticamente, al narcotráfico. En breve, “norteamericanizar” la “guerra contra las drogas” conduce a transferir los mayores costos de la misma a los países productores/procesadores/traficantes que son los que, en realidad, padecen las consecuencias más desfavorables de la demanda de estupefacientes en los epicentros de consumo como Estados Unidos y los países más industrializados. En esa dirección, Colombia durante el gobierno del Presidente Ernesto Samper se convirtió en el epítome de la “norteamericanización” de la lucha antinarcóticos. Es decir, Estados Unidos ha obtenido, en términos de conjunto de medidas y políticas punitivas, con su gobierno más de lo que había logrado con los cuatro previos mandatos; de quienes extrajo políticas puntuales altamente represivas pero nunca la casi totalidad de sus objetivos. El Presidente Samper ya no pudo sugerir la idea de legalizar los estupefacientes y aún si lo hubiese deseado no tuvo espacio ni capacidad para asegurar una lenta incorporación de los traficantes nacionales a la sociedad colombiana. Su administración emprendió la mayor y más fuerte erradicación química conocida en las últimas dos décadas utilizando. Además, la inclusión de las fuerzas armadas en el combate antinarcóticos se hizo evidente con la denominada Operación Conquista en el sur del país durante 1996; a lo cual se debe sumar el acuerdo marítimo con Estados Unidos logrado en 1997 y las señales positivas emitidas desde Bogotá para operativos aéreos más intensos en tareas de interdicción de acuerdo a los planes hemisféricos de Estados Unidos en ese frente. A su vez, Colombia aceptó en 1997 a través de un memorando bilateral el hecho de que la asistencia militar estadounidense estuviese condicionada al respeto de los derechos humanos de parte de las brigadas encargadas de realizar operativos antinarcóticos (La Enmienda Leahy de 1996 establece que la ayuda antidrogas estadounidense no puede ser “otorgada a unidad alguna de las fuerzas de seguridad de un país extranjero, si la Secretaría de Estado tiene evidencia digna que indique que tal unidad ha cometido graves violaciones a los derechos humanos”). Adicionalmente, la aprobación de las leyes de extinción de dominio (1996) y aumento de penas (1997) se ubicó en la perspectiva de una criminalización creciente de los distintos eslabones del negocio ilícito de las drogas. Por último, la extradición de nacionales, aunque sin retroactividad, se reinstauró. La administración Samper fue nacionalista en la retórica pero en los hechos aceptó casi completamente el diagnóstico estadounidense sobre las drogas. Aprovechando la debilidad interna y externa del presidente colombiano, el gobierno en Washington logró el American Dream: “norteamericanizar” en Colombia la “guerra contra las drogas”.
[46]
Sobre la “diplomacia del chantaje” (blackmail
diplomacy) véase, Alexander L. George, “Coercive
Diplomacy: Definition and Characteristics”, en Alexander L. George y William
E. Simons (ds.),
The Limits of Coercive Diplomacy,
Boulder: Westview Press, 1994.
[47] Myles R. R. Frechette fue el Embajador de Estados Unidos en Colombia durante gran parte de la administración Samper y se caracterizó por su actuación como un verdadero proconsul en materia de drogas y de otros temas políticos internos y externos.
[48] Ernesto Samper Pizano, “Palabras del Señor Presidente de la República, Ernesto Samper, en el acto de presentación de la política contra las drogas” (Mimeo, Santafé de Bogotá, 6 de Febrero de 1995).
[49] Presidencia de la República, Compromiso Colombia: Por un país libre de drogas, Santafé de Bogotá: Presidencia de la República, 1997, pp. 11-13.
[50] De acuerdo con el ejecutivo, la erradicación química de 1996 desarrollada a través de la Operación Conquista--”una de las mayores operaciónes militares en le historia de Colombia” según el gobierno--se enmarcaba en la “lucha contra los carteles y las narco-guerrillas”. Véase, Presidencia de la República, Colombia: La lucha contra las drogas ilícitas. 1996 Un año de grandes progresos, Santafé de Bogotá: Presidencia de la República, 1997, pp. 11 y 24.
[51] Véase, Varios Autores, Drogas...op. cit.
[52] Véanse, Varios Autores, Conflictos Regionales: Amazonia y Orinoquia, Santafé de Bogotá: IEPRI/FESCOL, 1998 y Graciela Uribe, “Caquetá: Contexto y dinámica de las marchas campesinas”, en Coloquio, Año 5, No. 3, Marzo 1997.
[53] Véase, Ministerio de Relaciones Exteriores, La lucha de Colombia contra las drogas ilícitas: Acciones y resultados en 1998, Santafé de Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1999.
[54]
Office of National Drug Control Policy,
The
National Drug Control Strategy, 1998,
Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1998.
[55] Lo ocurrido en Colombia no se debe circunscribirse sólo a este país. La política mundial de fumigación ha mostrado ser torpe y errada. Por ejemplo, a pesar de años de erradicación forzada y química de plantaciones el cultivo mundial de coca pasó de 240.000 hectáreas en 1987 a 270.000 en 1999 y el de amapola pasó de 211.000 en 1988 a 217.000 en 1999. Mientras tanto, durante los noventa, 120 países comunicaron la existencia de cultivos de cannabis en sus territorios. En 1999, la producción global de heroína llegó a 580 toneladas métricas, la de cocaína alcanzó a aproximadamente 1.000 toneladas métricas y la de marihuana fue cercana a las 30.000 toneladas métricas. Véase, Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen (UNODCCP), Global Illicit Drug Trends 2000, New York: ONU, 2000.
[56]
U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics Matters,
International Narcotics Control Strategy Report,
Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 2001.
[57] Las cifras colombianas y estadounidenses se pueden consultar en El Tiempo, 14 de Febrero de 2000.
[58]
Office of National Drug Control Policy,
op.cit.
[59]
Véase, Marsha Rosenbaum, “Are We
Really Winning the War on Drugs”,
San
Francisco Chronicle, 24 de Marzo de
2000.
[60]
Ibid.
[61]
Bruce M. Bagley, Bruce M. Bagley, “Drug Trafficking, Political Violence and
U.S. Policy in Colombia in the 1990s” (Mimeo, Coral Gables, University of
Miami, Febrero 2000).
[62]
Office of National Drug Control Policy,
op.cit.
[63] Ministerio de Justicia y del Derecho, op. cit., p.14.
[64]
Cabe subrayar que Naciones Unidas reconoce cada vez más el problema derivado
de la fumigación química de cultivos ilícitos. En efecto, en un estudio del
Programa de Naciones Unidas para el Control de Drogas se señala: “Finally,
the environmental impact of herbicides used to eradicate illicit drug
cultivation is also a cause of concern”.
United
Nations, International Drug Control Programme, “Economic and Social
Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking”, en
UNDCP
Technical Series, No. 6, 1997, p. 37.
[65] Andrés Pastrana, “Una política de paz para el cambio” (Mimeo, Santafé de Bogotá, 8 de Julio de 1998, pp. 16-17).
[66] En el tema de los cultivos ilícitos existía una coincidencia importante entre la propuesta de campaña de Pastrana y los reclamos del ELN y de las FARC. Véase el documento “La paz sobre la mesa” compilado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión de Conciliación Nacional la revista Cambio 16 (Mimeo, Santafé de Bogotá, Mayo 1998).
[67] Véase, Semana, 20 de Septiembre de 1999.
[68] El “Plan Colombia” de Estados Unidos tiene unos componentes precisos. El paquete total es de US$ 1.319 millones de dólares; el monto específico para Colombia llega a US$ 860,3 millones de dólares. De esa cuantía, la asistencia militar asciende a US$ 519,2 millones de dólares y la ayuda policial alcanza a US$ 123,1 millones de dólares. En ese sentido, se trata de fortalecer a las fuerzas armadas (tres nuevos batallones para operar en el sur del país; 16 helicópteros Blackhawk y 30 helicópteros UH-1H Huey; y mejores instrumentos de combate y comunicación) para que efectivamente asuman una postura más ofensiva en la guerra y de mejorar la capacidad de la policía en el combate contra las drogas (2 helicópteros Blackhawk y 12 helicópteros UH-1H Huey; entrenamiento para labores de fumigación; etc.). Otras categorías contempladas son: desarrollo alternativo (US$ 68,5 millones), ayuda a los desplazados (US$ 37,5 millones), derechos humanos (US$ 51 millones), reforma judicial (US$ 13 millones), aplicación de la ley (US$ 45 millones) y paz (US$ 3 millones). El resto del paquete de US$ 1.319,1 millones de dólares—es decir, US$ 458,8 millones de dólares—se desagrega en dos grandes categorías: ayuda a otros países vecinos de Colombia (US$ 180 millones) y recursos a ser usados directamente por autoridades estadounidenses (US$ 278,8 millones). Respecto a esta última categoría, US$ 276,8 millones de dólares son para el Departamento de Defensa (mejoramiento de las bases de Ecuador, Aruba y Curacao; programas de inteligencia rutinarios y clasificados; equipamiento de radares, entre otros). Si se descompone el total general del paquete en sus diversas piezas, destinatarios y propósitos se tiene que aproximadamente un 75% se orienta al fortalecimiento bélico en la ya longeva e ineficaz “guerra contra las drogas”; guerra que cada vez más toma el carácter de “lucha anti-narcoguerrillera” en la nomenclatura de Washington.