Sobre situación de bases militares en el Perú
Ricardo Soberón Garrido*
Recientes declaraciones del Embajador norteamericano en Lima, parecían concluir con el debate aparecido en los medios, en relación a si el presidente Bush planteó -durante su visita a Lima- sobre la instalación de una bases militar en la selva, particularmente en la zona del Putumayo peruano. El señor Embajador John Hamilton respondió recientemente en relación a estos hechos. Creo que hay que leer entre líneas sus declaraciones, para poder conocer lo que realmente se produjo y acordó en esas reuniones. Es decir lo que dijo explícitamente el Embajador. También las autoridades peruanas han manifestado su negativa a cualquier presencia militar fija, pero tampoco han aclarado cual ha sido el verdadero sentido de las conversaciones en materia de seguridad militar entre Perú y EEUU..
Un primer elemento a considerar, es que las intenciones de los EE.UU por involucrar a las FFAA latinoamericanas en la lucha antidrogas, no son nuevas. Así como ocurre en Bolivia (Chapare), en Ecuador (Manta), en Paraguay (Provincia Juan Caballero) Argentina (Salta) y por supuesto, Colombia (Tres Esquinas, Apiay, Melgar). Incluso países de América Central disponen de algunas instalaciones como en El Salvador y Honduras donde es posible reconstruir una presencia militar que llegado el momento puede efectivizarse y hacerse plenamente operativa.
El otro factor preocupante es la manera como ha comenzado a filtrarse la idea sobre la presencia de las FARC en territorio peruano. Primero empezó la Revista Newsweek (enero 21). Luego, vinieron algunas declaraciones de analistas, funcionarios del Departamento de Estado, incluyendo las de algunas autoridades peruanas (la propia Fiscal de la Nación). Se habló de la captura de un ex miembro de las FARC en Chiclayo, la presencia de células de Hizbollah y Al Queida en la frontera tripartita (Ecuador, Perú, Colombia)
El juego de la política internacional, el uso de los medios de comunicación masiva, los trascendidos políticos y periodísticos y las hipótesis de los analistas parcializados, tienen un solo objetivo: generar las condiciones para que se permitan la expansión de los medios y autorizaciones de las que actualmente dispone el Departamento de Defensa norteamericano en el territorio peruano. De eso no me cabe ninguna duda en la manera como se disponen las fichas en el ajedrez estratégico hemisférico en momentos de esta cruzada antidrogas y anti terror (ahora si son lo mismo).
Como tales posiblemente no existen bases militares norteamericanas en la región, y particularmente en territorio peruano; ni la intención sea precisamente esa. Tampoco la cantidad de asesores, oficiales, agentes DEA, agentes CIA va a llegar siquiera a los que se dice existen en Colombia 350 militares y 350 civiles (entre contratistas). Pero ello no quita que tener un perfecto monitoreo de lo que ocurre a lo largo de la ribera del Putumayo sea de fundamental importancia para el Departamento de Defensa y el de Estado.
Lo que si existen son elementos antinarcóticos, policiales e incluso asesores militares estacionados en diferentes lugares del país. El hecho que en el Perú se hayan presentado nuevamente trazas de aumento de cultivos, de tráfico de drogas como en otras épocas deja entrever que desde una mirada antidrogas Perú vuelve a ocupar la atención de las agencias de interdicción: cargas que llegan a Europa, Sudáfrica, a los países fronterizos.
Efectivamente es seguro que lo currido en Uchiza/Tocache y que fuera debidamente denunciado por el analista Roger Rumrrill se refiera exclusivamente a ejercicios de carácter cívico social. Lamentablemente no es la primera vez que mediante esta cualidad se realizan operaciones y ejercicios que van mas allá de lo estrictamente cívico social. Reconocimiento de terreno, ubicación del entorno social, creación de condiciones para posteriores intervenciones, todas estas son facetas de las acciones psico sociales
Es cierto, en ninguna instalación militar norteamericana en el mundo las permanencias son permanentes, pues existen rotaciones periódicas de personal. Mas aun cuando se trata de zonas convulsionadas o en donde se teme que puedan haber enfrentamientos, como es el caso de Colombia o la región andina. Desde la época de Santa Lucía en el Alto Huallaga (San Martín), allá por los años 89/90, hasta Pucallpa (Ucayali), Palmapampa (Apurímac) en los 90 y Nauta, Caballococha (Loreto) desde 1998 al 2002. Todas estas instalaciones tienen el carácter de instalaciones antinarcóticos, con presencia eventual, temporal de personal policial y/o militar norteamericano. Sin embargo, nadie puede dudar que esas instalaciones pueden ser multipropósitos: tener un uso policial con posibilidad de reconvertirlas en instalaciones militares
En primer lugar hay que tomar en cuenta los antecedentes. Los requerimientos militares de EE.UU post entrega del canal de Panamá en el 2000, requerían una adecuación de la arquitectura militar en el hemisferio occidental: se empezó con el traslado del Comando Sur a Miami y la posterior instalación de las Forward Operational Locations (Aruba, Manta y Curazao). Por ello, desde la época del Anexo III en Bolivia allá por 1991, hasta la suscripción del convenio con el Ecuador para la modernización y re utilización de la Base Aérea de Manta en 1999, hemos visto diversos gestos político diplomáticos y castrenses, desde el Departamento de Defensa, para realizar operaciones conjuntas, tener uso compartido, disponer de equipos de adiestramiento y entrega de material con los diversos países andinos: radares, pistas de aterrizaje, suministros, información por satélite, hasta los instrumentos más operativos como los que representan el Plan Colombia.
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