Balance sobre el Componente Social del Plan Colombia

María Clemencia Ramírez^*

 

A partir de julio de 2000, el Putumayo se convierte en epicentro del Plan Colombia por contener el 54% del área cultivada en coca de Colombia (60.000 hectáreas), 30.000 pequeños productores de una a cinco hectáreas y una población flotante de 50.000 personas relacionadas con el cultivo y comercialización de la misma (ANUC Putumayo, Agosto 2001). Por otra parte este departamento con presencia guerrillera de larga data ve la llegada de los paramilitares a partir de 1998 y con ellos la competencia entre estos grupos por territorio, regulación del mercado de la coca, y por lo tanto, por los impuestos o gramaje que paga la población que allí habita. El departamento del Putumayo, llena entonces los requisitos de la Misión central del Plan Colombia: “asegurar el orden, la estabilidad y el cumplimiento de la ley; garantizar la soberanía nacional sobre el territorio; proteger al Estado y a la población civil de las amenazas provenientes de los grupos alzados en armas y de las organizaciones criminales; romper los lazos existentes entre estos grupos y la industria de la droga que los apoya.” (Contraloría General de la República, Agosto de 2001). Se proyectó a dos años la acción del Plan Colombia en este departamento, tiempo que se cumple este año. A continuación trataré de evaluar la acción social del Plan Colombia en el departamento del Putumayo^[1].

Componentes del Plan Colombia

Cuatro son los componentes centrales del Plan Colombia:

1) Solución política negociada al conflicto

2) Recuperación económica y social

3) Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social

4) Iniciativa contra el narcotráfico

Son el segundo y tercer programas los que conforman el componente social del Plan Colombia, financiados a través del Fondo de Inversión para la Paz (FIP). El programa de recuperación económica y social, concebido como de corto plazo, ha invertido un total de 1.8 billones de pesos en los programas de Empleo en Acción, Familias en Acción y Jóvenes en Acción en todo el país. En el programa de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social de mediano y largo plazo, se han invertido $4.2 billones de pesos, tanto en programas específicos para la paz en Putumayo, Sur de Bolívar y Caquetá, como en el país en general a través de los programas Vías para la Paz, Campo en acción, Gestión Comunitaria, Atención Humanitaria, Transparencia y Convivencia, Derechos Humanos y DIH. (http://www.plancolombia.gov.co/contenido/avances_consolidados/avances.html )

El programa Obras para la Paz que consiste en vías rurales, puentes, vías urbanas, saneamiento básico, electrificación y salud, en zonas en conflicto, se ha venido desarrollando principalmente en el Putumayo, en el Sur de Bolívar y finalmente en el Caquetá. Mientras que en el Putumayo hasta septiembre de 2002 se habían invertido $32.400 millones con 340.000  beneficiarios en los 13 municipios a través de 49 proyectos en ejecución, en el Caquetá, sólo se habían invertido $859 millones con 28.000 beneficiarios  y con una cobertura de un solo municipio, San Vicente del Caguán, con proyectos centrados en vivienda y vías. En el Sur de Bolívar se habían invertido hasta la misma fecha $6.700 millones, en 4 municipios (San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa y Simití) con 105.000 beneficiarios y 24 proyectos en ejecución, en infraestructura, educación  así como en líneas de trabajo de Atención Humanitaria, Derechos Humanos y DIH, Transparencia y Convivencia, en el marco de la cual se llevan a cabo titulación de tierras y prevención de la violencia y el delito. En el Putumayo también se han invertido dineros en todas estas líneas de trabajo, pero la inversión central ha sido en el desarrollo de los Pactos Sociales de Erradicación Voluntaria como se analizará más adelante.

Los tres instrumentos principales del Plan Colombia para la financiación han sido: el Fondo de Programas Especiales para la Paz, creado mediante la Ley 368 de 1997 como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), cuyo objeto es la financiación de programas de Paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas y fue el que se utilizó para llevar a cabo las negociaciones durante el gobierno de Pastrana  por un monto cercano a los  $20.000 millones de pesos.

El Fondo de Inversión para la Paz (FIP) creado por la ley 487 de 1998 y reglamentado por el decreto 1813 de 2000, como un fondo cuenta del mismo Dapre. Según el Acuerdo No. 03 de 2000 se adoptan los lineamientos del Componente de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social del Plan  Colombia, cuya misión es contribuir a generar condiciones para la construcción de la paz impulsando proyectos coordinados de desarrollo alternativo regional, construcción de capital social, protección del capital humano y el medio ambiente que permitan un desarrollo integral (económico, social, cultural y político) equitativo, democrático y participativo. Los dineros del Fondo FIP provienen de los siguientes recursos: Bonos de paz, creados por la Ley 487 de 1998,  aportes del Presupuesto General de la Nación, Donaciones públicas o privadas, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación, recursos del crédito que contrate el Gobierno Nacional, Aportes provenientes de la cooperación internacional, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación.

El  tercer fondo es el Plante o Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –PNDA, creado mediante el Decreto 472 de 1996, como un fondo cuenta del mismo Dapre  y que ha estado encargado de desarrollar proyectos alternativos a los cultivos de uso ilícito en el país. El Plante ha venido trabajando con recursos del Presupuesto Nacional así como con presupuesto proveniente de donación y cooperación internacional independientes de los dineros asignados al Plan Colombia. Para inversión en el Putumayo de proyectos productivos y de fortalecimiento institucional de mediano y largo plazo en el 2002 se apropiaron $602.2 millones de pesos de recursos del presupuesto nacional Plante-BID. De los dineros de USAID se apropiaron $11.812.5 millones de pesos para Proyectos de Mediano y Largo Plazo no comprometidos con el Programa de Iniciativas Locales para el Desarrollo Alternativo y la Erradicación Temprana -PILDAET, que se analizará más adelante.

En Agosto de 2001 la Contraloría reporta que: el 15% del Plan Colombia se financia con recursos internos; del total del Plan Colombia, el 58% corresponde a endeudamiento de la Nación y la ayuda de los Estados Unidos representa el 41.9%, de la cual en un 75% se destina directamente contra el narcotráfico. Esta ayuda de Estados Unidos se ejecuta directamente por agencias norteamericanas. El Putumayo absorbe el 20% del total, mientras que los gastos a escala nacional alcanzaron el 80%. Para la Contraloría no resulta muy coherente que la participación del gasto se encuentre concentrada en el nivel nacional cuando los puntos neurálgicos están claramente determinados en 5 departamentos: Putumayo, Guaviare, Norte de Santander, Caquetá y Bolívar. Este señalamiento se vuelve a hacer en el balance que presenta la Contraloría en julio de este año, en cuanto a las acciones de orden social y económica realizadas: se insiste en que los programas no han tenido una equitativa distribución regional y concluyen diciendo que “resulta curioso, por decir lo menos, que las acciones sociales se adelantan en las grandes ciudades y departamentos que en las regiones donde el conflicto armado y la presencia de cultivos ilícitos son más agudos” (Contraloría General de la República, Julio de 2002) y se reitera que según los objetivos básicos del Plan Colombia los recursos deben destinarse a aquellos lugares donde el narcotráfico y la violencia sean los problemas principales

El Plan Putumayo y los Pactos Sociales de erradicación manual de los cultivos de coca

Desde las marchas de 1996, se hizo evidente la voluntad de erradicación manual y gradual de la coca manifestada por los colonos en la mesa de negociación, posición que se ha sostenido hasta el presente a pesar de la negativa del gobierno a negociar la gradualidad de la erradicación. Como condición para erradicar se insiste en que el Estado se comprometa con ellos a plantear proyectos productivos sustentables a largo y mediano plazo. Es en este contexto y en respuesta a la política de fumigación aerea promovida por Estados Unidos en el marco de la guerra contra las drogas y que se retoma con intensidad a fines del año 2000^[2],  que los habitantes del Putumayo proponen los pactos sociales de erradicación manual de los cultivos de coca. Esta  iniciativa de pactos parte del Consejo Municipal de Desarrollo Social de Puerto Asís, contando con la participación de líderes de los municipios, funcionarios de instituciones gubernamentales, alcalde y el gobernador entre otros. Es una propuesta que presentan los habitantes de la región como respuesta al Plan Colombia y  es entregada al gobierno el 25 de Julio de 2000 en Puerto Asís, cuando representantes del gobierno central (directora del Plante y otros 23 funcionarios) viajan a plantear en la región las implicaciones del Plan Colombia. En palabras del Alcalde de Puerto Asís “ahí les presentamos un documento en el que se decía que queríamos un Putumayo sin coca, no a la fumigación y si a la erradicación manual” Es así como el 2 de diciembre de 2000 se inició la firma de pactos de erradicación manual en Puerto Asís con las veredas pertenecientes al Corregimiento de Santa Ana, y el 15 de Enero con las inspecciones de Caña Brava, Danubio y Puerto Asís.

El primer “Pacto de Erradicación Voluntaria y Desarrollo Alternativo firmado en Santa Ana y que se convierte en esquema para los demás pactos, incluye acuerdos en: 1) Proyectos de Seguridad Alimentaria y Comercialización. 2)Proyectos de Mediano y Largo Plazo 3) Proyectos Veredales Complementarios [tales como construcción de vías, acueductos,etc., que aun cuando no forman parte integral de los pactos se presupone se van a realizar paralelamente como parte de los dineros de inversión del presupuesto nacional y municipal] 4) Capacitación y Asistencia Técnica [esta es una demanda reiterativa al Estado, por cuanto se insiste en que se requiere del acompañamiento de los técnicos de la UMATA en todos los procesos productivos que se instauren] 5) Administración y Manejo de los Recursos 6) Control social, veeduría, seguimiento y verificación y 7) Tiempos de erradicación (Pacto Social de Desarrollo Alternativo y Erradicación Voluntaria del Corregimiento de Santa Ana. Acta de Compromiso, Puerto Asís, Diciembre 2 de 2000)

Los recursos destinados para los pactos por el gobierno nacional son manejados por las siguientes ONGs que ganaron el concurso convocado para tal fin por el FIP: Fundaempresa (Puerto Asís y Puerto Leguízamo); Codesarrollo (Valle del Guamuéz); Vida y Futuro (Orito y San Miguel); Fundación Restrepo y Barco (Puerto Caicedo y Villagrarzón) y Fundacomercio (Mocoa, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo). En la región se siente mucho malestar por la adjudicación de contratos por fuera de la región, desconociendo el capital social de la misma, como son los técnicos que han salido a estudiar y regresan a trabajar. A través de los pactos sociales de erradicación voluntaria los campesinos e indígenas se comprometen a erradicar sus cultivos de coca en el término de un año contado a partir del primer desembolso de los primeros recursos por parte del Estado, consistentes en $2.000.000 para seguridad alimentaria representados en semovientes, insumos, herramientas, etc. Aun cuando los pactos surgen  de la gente en la región su propuesta inicial es replanteada por el gobierno de acuerdo con la urgencia de erradicación que está en el centro de la política de Estados Unidos de guerra contra las drogas. Es así como los campesinos proponían tal como lo habían hecho durante las mesas de negociación de 1996, un tiempo de erradicación gradual entre dos y cinco años, con un valor mayor para seguridad alimentaria que debería ser entregado en efectivo y no en especie, considerando que ellos podían decidir en qué invertirlos y sobre todo proponen la creación de un Fondo Rotatorio o algún mecanismo que asegurara la compra de los cultivos alternativos. Sin embargo el gobierno insistió en entregar en especie la seguridad alimentaria para evitar una destinación desviada del dinero. Los representantes del gobierno encargados de firmar los pactos, insisten en que sus términos son innegociables y señalan además que al hablar de pactos está implícito que son acuerdos a los que se ha llegado previamente y por lo tanto, en ningún momento se puede plantear negociación. Además si no se firman se les amenaza con la fumigación, política que impone Estados Unidos.. 

Como resultado, se firmaron 31 pactos sociales de erradicación con campesinos cobijando 800 veredas y aproximadamente 25.000 familias y dos pactos sociales con el sector indígena: un acuerdo mutuo llamado “Raíz por Raíz” que cobijó a 128 cabildos representantes de 12 pueblos indígenas, 7.186 familias y uno especial con el pueblo Kofán, que incluye 1.134 familias. Estos dos acuerdos indígenas se firmaron en julio de 2001 y a diferencia de los pactos campesinos que han sido financiados por el FIP estos han recibido sus dineros directamente de USAID a través de Chemonics International Inc – una ONG operadora de Estados Unidos- que a su vez contrata ONGs nacionales y locales como Cecoin (Puerto Guzmán, Mocoa y Villa Garzón), Vida y Futuro (Orito y Puerto Caicedo), Fundaempresa (Puerto Asís y Puerto Leguízamo) y Fundación ZIO-AI (Valle del Guamués, San Miguel) esta última para el caso del Acuerdo del pueblo Kofán, contratadas por Chemonics. El Acuerdo Raíz por Raíz se firmó por un monto de 38.090 millones de pesos y el del pueblo Kofán por 1.134 millones de pesos.

La población objeto de los pactos se encuentra en nueve municipios del departamento del Putumayo: Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y cabildos indígenas. Los pactos sociales de erradicación han sido financiado por recursos FIP y el Plante se ha  encargado, a partir del último trimestre del año 2000, de acompañar técnicamente esta estrategia liderada por el Consejero Presidencial para la Convivencia Ciudadana, Gonzalo de Francisco. Un total de 61.986 millones de pesos en proyectos y recursos fueron girados a diciembre de 2001 para la Seguridad Alimentaria de los pactos, de la siguiente forma:

Area de intervención	Total en millones de pesos
Villa Garzón-Puerto Caicedo	9.560
Valle del Guamuéz	10.166
Orito y San Miguel	14.080
Mocoa, Puerto Guzmán, Pto. Leguizamo	14.080
Puerto Asís, Puerto Leguízamo (río Putumayo)	14.080
Total	61.986

A finales de Julio de 2002 el gobierno saliente dio por terminado de forma arbitraria el programa de Pactos de erradicación manual, cuando todavía no se había terminado con la distribución total de la seguridad alimentaria. A julio 29 de 2002 se habían atendido 19.400 familias de un total de 25.400 familias campesinas que habían firmado pactos de erradicación y los recursos de Seguridad Alimentarias la fecha se habían entregado en un 63% (un total de 31, 289,947.125 millones de pesos ) sin que se hubieran iniciado proyectos de inversión de largo y corto plazo, tal como se había pactado inicialmente.

La entrada de la agencia norteamericana USAID

USAID, principal fuente de financiamiento para proyectos alternativos en el Putumayo, a partir de las lecciones de Bolivia y Peru sostiene que “las demandas de desarrollo alternativo son efectivas siempre y cuando el gobierno  muestre un fuerte compromiso con  las  medidas contranarcóticas integrales y con la asistencia por largo tiempo de los Estados Unidos” (para el caso de Perú y Bolivia enfatiza dos décadas de ayuda financiera). Se afirma así que sin interdicción y erradicación los campesinos no abandonarán el cultivo de coca, un cultivo fácil y con mayores beneficios en comparación con otros cultivos menos lucrativos y más difíciles de cultivar, y mucho menos iniciarán la búsqueda de un empleo legal (General Accounting Office Report, Drug Control, Febrero 2002).

Se insiste también en la coordinación del desarrollo alternativo con las labores de  interdicción y erradicación y en que se debe monitorear la ejecución de los acuerdos de erradicación voluntaria. Sin embargo, USAID señala en primer lugar, que el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo no tiene capacidad para este monitoreo por tratarse de una entidad débil y su financiamiento para proyectos de desarrollo alternativo no esta asegurada, además de que los sitios de desarrollo de los proyectos se caracterizan por pobreza de suelos y pobre infraestructura^[3]. En segundo lugar,  parte de que no hay control y  seguridad del gobierno colombiano en áreas donde se desarrollan proyectos productivos, lo cual limita su habilidad  para llevar a cabo las operaciones de interdicción sostenidas así como su habilidad para coordinar efectivamente las actividades de erradicación y desarrollo alternativo. Son estas consideraciones centrales las que van a explicar la estrategia de acción que USAID implementa en el Putumayo.

Después de la aprobación en Julio de 2000 de la financiación del Plan Colombia, USAID empezó a proponer desarrollo alternativo en áreas de cultivo de coca con el fin de complementar los planes de erradicación e interdicción del Plan Colombia. USAID ya estaba trabajando en lugares con cultivo de amapola y con el objeto de erradicar 3,000 hectáreas de amapola para el final del 2002, había realizado un contrato a Chemonics International Inc.-una ONG operadora de Estados Unidos-, en Junio del 2000 por un valor de $10 millones de dólares. Chemonics debía asistir al PNDA en Cauca, Huila, Tolima y Nariño, pues a partir de su balance, USAID tiene como objetivo fortalecer el PNDA en cuanto a tecnología de información, responsabilidad financiera, telecomunicaciones y relaciones públicas. USAID entra al Putumayo y Caquetá y destina $1 millón de los $10 millones de Chemonics.

En Abril de 2001 usando fondos del Plan Colombia, USAID destinó $87.5 millones, un contrato a 5 años con Chemonics para supervisar, administrar y llevar a cabo actividades de desarrollo alternativo en las áreas de cultivo de coca en el Putumayo y Caquetá. A la fecha Chemonics ha programdo $42.5 de esta cifra. De estos $42.5 millones programados de fondos del Plan Colombia, hasta ahora solo se ha gastado $4.4 millones o sea el 10%. Combinados se han gastado $5.6 millones, alrededor de 11% de los 52.5 millones del total de los fondos disponibles. Los funcionarios de USAID prometieron acelerar el gasto en el 2002 para  lograr a finales del 2002 haber invertido $31.8 millones, correspondientes a los proyectos de mediano y largo plazo propuestos por las 5.000 familias firmantes del Programa de Iniciativas locales para el Desarrollo Alternativo y la Erradicación Temprana –PILDAET en el Putumayo. Hasta Julio de 2002, se habían comprometido$17.696 millones de pesos en este programa. 

En el Putumayo, los recursos de USAID de 39.800 millones de pesos correspondientes al programa PILDAET, se invierten a través de Chemonics, que contrata ONGs locales como Huairasachac (Orito), Comfamiliar (Valle del Guamuez). Maloca (Mocoa, Puerto Guzmán) y otras que ya están realizando trabajo en la zona como Fundaempresa (Puerto Asís y Puerto Leguízamo), Restrepo Barco (Puerto Caicedo y Villa Garzón) y Vida y Futuro (San Miguel) para administrar los recursos y llevar a cabo los proyectos en el sector campesino. En este caso se busca subsanar en cierta medida la queja de los profesionales de la región en cuanto a no tenerlos en cuenta como recurso humano calificado capaz de administrar recursos y además conocer la región, y se contratan tres ONGs locales: Huairasachac, Comfamiliar y Maloca. Como se anotó, algunas de estas y otras diferentes se contratan para  trabajar con el sector indígena^[4].

Programa de Iniciativas locales para el desarrollo alternativo y la erradicación temprana PILDAET-

Este programa surge en el contexto de los Pactos de Erradicación Manual, como respuesta a  la falta de promoción de proyectos productivos alternativos de mediano y largo plazo, Aunque en los pactos se contempla la elaboración durante el año de dichos proyectos, la entrega de los recursos de seguridad alimentaria copó mas del año contemplado como plazo para la erradicación.. Dice al respecto el funcionario del Plante en Puerto Asís, que fue un error político enfatizar tanto los recursos de seguridad alimentaria, pues los proyectos pructivos quedaron subsumidos a estos, aun cuando figuran en todos los pactos sociales como prioritarios. Por otra parte los proyectos de infraestructura no quedaron contemplados como parte de los dineros invertidos en los pactos pero el gobierno insiste en que estos están siendo financiados paralelamente, a través de recursos del programa Obras para la Paz y de los proyectos complementarios que financia el Plante. En proyectos complementarios en el Putumayo se han invertido hasta la fecha $29.710 millones de pesos correspondientes a recursos AID-FIP-BID.

Los Acuerdos de Erradicación temprana son en principio promovidos por el Gobernador del Departamento a través de la Secretaría de Agricultura; la Gobernación invierte 5.000 millones de pesos para empezar (Entrevista a funcionario del Plante Septiembre 2002), buscando acelerar el proceso de erradicación manual con miras a satisfacer a Estados Unidos, cuando se empieza a poner en duda el compromiso real de los campesinos con la erradicación manual y sobre todo para evitar las fumigaciones indiscriminadas y masivas. Según un funcionario local entrevistado, el gobernador y los alcaldes inician este programa en Orito y Valle del Guamués, donde se había presentado una segunda fumigación a  principios del 2002, cuando todavía no se había cumplido un año de la firma de los pactos en estos municipios.

Se crean entonces los Fondos Municipales de Desarrollo Alternativo con dineros aportados por la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, USAID. A partir de las consideraciones anotadas por USAID en cuanto a la fragilidad del Plante y su imposibilidad de monitorear la erradicación exigida en los pactos, sumado a la idea de la alta corrupción y lentitud en la ejecución de los recursos por parte de la burocracia del Estado, USAID financia directamente los proyectos a través de ONGs operadoras, sin que los recursos entren a los Fondos del Gobierno, tales como el FIP o el PLANTE. Esta financiación directa, puede atentar contra la soberanía en cuanto a la toma de decisiones autónomas frente a Estados Unidos en cuanto al manejo del problema de los cultivos de uso ilícito y la política antidrogas. Para lograr alguna supervisión de los fondos y proyectos en ejecución, se constituyen Consejos Municipales de Desarrollo Alternativo –CMDA, conformados por el Alcalde Municipal, El Coordinador Regional del PNDA, un representante por cada pacto social firmado en el municipio, un representante del Gobierno Departamental, un representante de la ONG operadora y de cualquier otra ONG que pueda ser diferente a ésta pero que sea operadora de pactos y el Personero Municipal como veedor. Aunque se exige que no se puede prescindir del  representante del PNDA y del Alcalde Municipal en las sesiones, los dineros son de USAID manejados por ONGs particulares, de manera que se han presentado problemas en cuanto al cumplimiento de esta supervisión del PNDA.

En la práctica USAID a través de las ONG contratantes es autónoma para desarrollar proyectos, tal como lo muestran las quejas de los funcionarios del PNDA, por cuanto no pueden cumplir su función como responsables de hacer el seguimiento al proceso previo de ejecución de los proyectos garantizando el cumplimiento de los lineamientos trazados por el Fondo Local de Desarrollo Alternativo. En cuanto a los Comités de Veeduría que se deben conformar por parte de la Comunidad, en situaciones de conflicto ha sido difícil que permanezcan. Aún mas, se reportan proyectos retirados por problemas de orden público. Finalmente cabe señalar que el CMDA tiene plena autonomía para aprobar proyectos de hasta $200 millones de pesos, y para montos entre $200 y $500 millones de pesos, requiere para su aprobación de funcionarios del Plante y de Chemonics del nivel central.

Pueden hacer uso del Fondo tanto los campesinos firmantes de los Pactos anteriores y aquellos que aunque no hallan firmado antes “se agrupen en torno a una iniciativa local de erradicación inmediata” (Documento Plante, 2001).  Desde la perspectiva de los campesinos, significa la pérdida de cualquier posibilidad de negociar la gradualidad de la erradicación, uno de sus puntos centrales de negociación desde 1996, coherente con la posibilidad real de afianzar un plan integral alternativo que tomaría por lo menos cinco años de trabajo. Aunque se supone que la iniciativa de erradicación temprana debe surgir de la comunidad, se exige que una vereda o corregimiento se comprometan a erradicar el 100% de la coca para recibir el desembolso de los recursos para financiar los proyecto. No se aceptan firmantes individuales y además la erradicación debe hacerse en “áreas representativas  y verificables” (Documento Plante, 2001), para lo cual se constituye un Comité de Verificación conformado por: un delegado de la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Policía Antinarcóticos, un representante del Gobierno Nacional, un representante de la comunidad y una ONG internacional. Es recurrente la queja de que debido al conflicto armado hay lugares donde no se ha podido llevar a cabo la verificación, lo cual ha legitimado que la Dirección Nacional de Estupefacientes continúe con la fumigación indiscriminada, argumentando que sin verificación no se puede certificar la disminución del número de hectáreas cultivadas y por ende, se debe continuar fumigando. Según el Plante en Puerto Asís,  para Julio 28 de 2002 y como resultado de este programa de Erradicación Temprana se contabilizaban 5,117 hectáreas erradicadas de un total de 10.522.5 hectáreas pactadas en el Consejo Municipal de Desarrollo Alternativo, aun cuando todas no habían podido ser verificadas.

Como condición para que los proyectos sean financiados, deben obedecer a propuestas alternativas viables que beneficien a los habitantes de la vereda, estar enmarcados en los planes municipales de desarrollo o los planes de Ordenamiento Territorial El programa exige proyectos asociativos, calculando cinco millones de pesos por familia,  pero en la práctica por la premura del tiempo no se han  podido planear proyectos asociativos a largo plazo. Además los campesinos han solicitado ganado y los funcionarios han decidido apoyar esta iniciativa por ser la más rápida y sencilla de ejecutar. Sin embargo, el resultado ha sido la  inversión de los recursos en un 98% en ganadería, sin haberse hecho estudios de impacto; sin embargo también resulta conveniente para el campesino, quien termina recibiendo ganado individualmente o por  familia, el cual representa efectivo, en cuanto se puede vender en cualquier momento, en caso de tener que salir de la región por agudización del conflicto armado. Son dos años lo que se calcula de tiempo de trabajo de las ONGs para poner en funcionamiento los proyectos productivos asociativos, pero al semestre se les pide resultados. Existe una fuerte presión de Estados Unidos para ver resultados concretos que se puedan medir en cuanto al número de hectáreas erradicadas y en cuanto a la rapidez en la ejecución del dinero asignado, tal como se señaló, y se sigue amenazando con la fumigación si no se cumplen los objetivos. Estas presiones no han permitido desarrollar un trabajo integral y consistente a largo plazo que permita a los campesinos sustituir definitivamente los cultivos de coca. Desde el 28 de Julio se inició  una intensa fumigación en los municipios de Valle del Guamués,  Puerto Caicedo y Orito^[5] que afectó proyectos alternativos productivos tanto en territorios indígenas como campesinos. A la fecha, los indígenas habían erradicado manualmente 3.000 hectáreas de coca, de manera que el gobierno al fumigar estaba violando los acuerdos firmados con el Plan de Desarrrollo Alternativo de la Presidencia de la República (PNDA), tal como lo denunciaron ante la Defensoría del Pueblo. En el caso de los cultivadores de Palmito, les fumigaron 100 hectáreas de palmito entre mediano y crecido, lo cual significa una pérdida para el campesino de 25 millones de pesos, si se tiene en cuenta que son cuatro cortes al año en predios con una extensión promedio de 2 a 3 hectáreas por familia. Una hectárea representa 1500 cogollos y 3 hectáreas 3.600. Este proyecto es uno de los que el Plante considera como ejemplo en cuanto a la aplicación del Instrumento de Apoyo a Grupos Asociativos y Comunitarios IAGAC: se trata de un proyecto iniciado en 1994 en el municipio de Puerto Asís con la construcción de la planta procesadora de palmito, la cual se puso en funcionamiento en mayo de este año con una inversión de Chemonics para adecuación de planta y equipos. Esta planta representa una inversión acumulada de $2.500 millones y tiene una cpacidad de procesamiento de 18.000 palmitos diarios con un solo turno.El proyecto lo ejecutan cinco asociaciones que conforman Agroamazonia y agrupa a 400 familias campesinas que hasta el momento han sembrado 111 hectáreas. Frente a estos hechos, vale la pena preguntarse como lo hacen las comunidades indígenas: “cuál gobierno es el que manda en nuestro país? El de la Policía Antinarcóticas o el de la Presidencia de la República? … qué sentido tiene que la Presidencia concerte con los Pueblos Indígenas un proceso de sustitución de ilícitos y se realice una cuantiosa inversión, para que después con el mismo recurso de la Presidencia se fumigue esa inversión? (Comunicado de la Organización Zonal Indígena del Putumayo , septiembre 21 de 2002).