Fumigaciones inducen más siembras de cultivos ilícitos en Colombia

Elsa Nivia[1]

Las fumigaciones aéreas sobre cultivos de uso ilícito no se iniciaron en Colombia 10 años atrás sino hace más de 20 años. La producción de cultivos de uso ilícito se inició en Colombia en los años sesenta con la siembra de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta y allí se realizaron las primeras fumigaciones aéreas con paraquat, hacia finales de la década de 1970, con desastrosas consecuencias ambientales y sociales.

Estas fumigaciones fueron fuertemente rechazadas por la ciudadanía norteamericana, por las preocupaciones sobre la contaminación de la marihuana con residuos de paraquat, herbicida extremadamente tóxico que causa fibrosis pulmonar; probablemente por esta presión se suspendió en Colombia el uso de este herbicida en la erradicación de cultivos de uso ilícito, pero aparentemente continúa usándose sobre la marihuana en México. El cultivo de la marihuana perdió importancia en Colombia, no por las fumigaciones sino por el establecimiento de la producción en Estados Unidos, donde la marihuana se está sembrando en cantidades importantes sin que se aplique la estrategia de erradicación forzada con fumigaciones aéreas.

En Colombia la marihuana fue sustituida en gran parte por coca y amapola en las décadas de 1980 y 1990. La erradicación química autorizada legalmente se inició en 1984 con la aprobación del Roundup[2] (glifosato + POEA[3]). Posteriormente se han propuesto y realizado ensayos con otros herbicidas como tebuthiuron e imazapyr, incluso se propuso la dispersión del hongo patógeno Fusarium oxysporum, pero no han sido autorizados gracias a las fuertes acciones de la sociedad civil.

Colombia, único país americano donde se ha aceptado la estrategia de la erradicación forzada con fumigaciones aéreas de Roundup y otros surfactantes como CosmoFlux y CosmoInD, es  donde más han crecido las siembras, particularmente en 1999, año en que el presidente Pastrana anunció el Plan Colombia.

Aquí cabe una comparación con el mercado de los agrotóxicos, los cuales causan graves impactos en nuestra salud, ambiente y economía, pero cuentan con la licencia de todos los Estados bajo la racionalidad de la ganancia y sus fabricantes no son tratados como criminales.

Las fumigaciones inducen más siembras

Al analizar la dinámica de las hectáreas de cultivos de uso ilícito identificadas y las erradicadas durante el período 1992-2001, se concluye que bajo fumigaciones las siembras anuales son mayores, porque tarde o temprano el área erradicada ha sido sustituida  e incluso superada.

Para calcular las nuevas siembras anuales a través de una década se ha supuesto que cada año se inicia con las hectáreas netas del anterior (cultivadas menos erradicadas), a las cuales se suman las nuevas siembras que sustituyen las erradicadas y las adicionales necesarias para alcanzar el área identificada del año. La posible influencia de las fumigaciones sobre las nuevas siembras de coca se presenta en la Tabla y Gráfica siguientes:

Nuevas siembras anuales supuestas de coca bajo fumigaciones,y nuevas siembras teóricas sin erradicación

Año	Coca identificada (hectáreas)	Coca erradicada (hectáreas)	Pasan al año siguiente*	Nuevas siembras anuales con fumigaciones**	Nuevas siembras teóricas sin erradicación***
1992	37.100	944	36.156
1993	39.700	846	38.854	3.544	2.600
1994	45.000	4.904	40.096	6.146	5.300
1995	50.900	25.402	25.498	10.804	5.900
1996	67.200	23.025	44.175	41.702	16.300
1997	79.500	44.123	35.377	35.325	12.300
1998	78.200	66.289	11.911	42.823	-1.300
1999	160.119	43.111	117.008	148.208	81.919
2000	163.289	58.074	105.215	46.281	3.170
2001	144.807	94.152	50.655	39.592	-18.482

  *   Cultivadas menos erradicadas.

  **  Diferencia entre el total de hectáreas identificadas en el año y las que pasan del año anterior

  *** Diferencia entre las hectáreas identificadas de un año y el inmediatamente anterior.

 

La tendencia que se observa es que cada incremento en las fumigaciones en un año, coincide con incrementos en las áreas identificadas del año siguiente o los dos años siguientes, probablemente por el tiempo que se requiere para los desplazamientos, la búsqueda de nuevas tierras, la tala de selvas, la preparación de las nuevas siembras y el desarrollo inicial de las plantas para ser identificadas por los sistemas satelitales.

Si este análisis preliminar es acertado, sólo después de transcurridos los años 2002 y 2003, podrá evaluarse el impacto de las fumigaciones de 2000 y 2001 en las nuevas siembras de coca. Esto puede significar que si el nuevo gobierno no suspende fumigaciones para implementar urgentemente estrategias diferentes a las de los 20 años anteriores,  perderá su oportunidad de innovar en este viejo, doloroso y creciente problema, y no dispondrá del tiempo suficiente para llevar a cabo programas efectivos de desarrollo alternativo sostenible, los cuales no prosperan bajo fumigaciones y tampoco arrojan resultados en el corto plazo.

Con estas suposiciones se espera aportar elementos para que se inicie en el país un análisis más profundo y un debate amplio, sobre la real incidencia de la erradicación química contemplada en el Plan Colombia, sobre la expansión de los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico y la violencia, en Colombia y hacia los países vecinos.

Conceptos de la Contraloría y la Defensoría

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, evaluó el periodo 1992 – 2000 de la Política de Erradicación de Cultivos Ilícitos y el Plan Colombia, como respuesta a su creciente preocupación en torno a la efectividad de los programas y el elevado nivel de impacto sobre el medio ambiente y la salud de la población.  El informe se inició con un claro resumen de la problemática: “En Colombia los cultivos de usos no lícitos surgen bajo condiciones estructurales propicias para su desarrollo:  marginalidad y crisis permanente del sector agrario asociadas a factores de acceso, tenencia y uso de la tierra. Campesinos y colonos ubicados en regiones desprotegidas por el Estado, con bajos índices de calidad de vida, sin servicios públicos ni infraestructura para modelar su desarrollo y que, en su afán de subsistir y ante los bajos rendimientos que le ofrecen los cultivos de la agricultura tradicional, ven como opción esta actividad, para la cual no se deben preocupar por conseguir su mercado ni contar con infraestructura necesaria para su distribución, debido a que estas actividades son realizadas en otros eslabones de la cadena, jalonados todos por una constante demanda de narcóticos.”

Quejas presentadas ante las Personerías Municipales y otras entidades, que han sido canalizadas hacia la Defensoría del Pueblo en Bogotá, indican que las fumigaciones con glifosato con el objetivo formal  de eliminar las plantaciones de coca y amapola han sido destructivas para la población y su entorno. Miles de personas y decenas de miles de hectáreas de cultivos alimenticios han sido destruidas. La salud de miles de personas ha sido dañada. Al mismo tiempo, puede haber efectos impredecibles de largo plazo que ni siquiera conocemos.

Sobre el Plan Colombia, se afirma que los recursos destinados al desarrollo alternativo son ínfimos (8% del aporte norteamericano), de tal manera que los objetivos resultan retóricos y las acciones son en su mayoría de naturaleza asistencialista, poco autosostenibles, con sentido de auxilio y no de autogeneración de recursos. Además, hasta el presente la erradicación forzosa no ha desestimulado la expansión de los cultivos ilícitos sino todo lo contrario, los ha estimulado. En cuanto al componente ambiental en el Plan Colombia, la citada evaluación concluyó que "no está debidamente considerado".

Malversación de fondos para fumigaciones

En mayo del presente año 2002 el gobierno norteamericano comprobó el desvío de 2 millones de dólares de los dineros destinados a las fumigaciones. La investigación permitió identificar irregularidades como viajes sin autorización, supuestas empresas fachada, importación de raciones de campaña no justificadas, excesos en compra de repuestos, excesos en gastos de combustible, despilfarro, sobrecostos e ineficiencia en el uso de los recursos. Estas irregularidades fueron claramente explicadas por el jefe del Departamento de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, señor Chicola, en entrevista para el programa “La Noche” de RCN el 15 de agosto de 2002. El señor Chicola además se mostró tranquilo y confiado en que con algunos cambios administrativos los controles van a mejorar en el futuro. La suma de 2 millones de dólares incluso le pareció pequeña frente a la ayuda norteamericana, porque en un 80% a 90% está representada en equipos como helicópteros y otros que Estados Unidos compra directamente, y la parte de ayuda en términos de programas de asistencia social se maneja de manera estrecha entre Estados Unidos y las entidades.

Los dineros que se destinan a la inútil erradicación química y a la corrupción, aunque para el gobierno norteamericano no representen mayor cosa, sí serían mucho más útiles si se destinaran al desarrollo sostenible en el campo y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, con suspensión total de las fumigaciones.