PREPAREMONOS A DEFENDER LAS LIBERTADES PÚBLICAS Y LOS DERECHOS CIUDADANOS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA - ANDAS
Es indudable que con el advenimiento del nuevo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un nuevo escenario político y de confrontación ideológica nos veremos abocados a transitar y a enfrentar. De la claridad que tengamos en relación con esa nueva correlación de fuerzas y de nuestro esfuerzo unitario en esta etapa, dependerá en gran medida el papel de las ONGs, defensoras de Derechos Humanos en el fortalecimiento de una alternativa democrática que se oponga junto con el movimiento social y popular, al curso negativo a que con toda seguridad el país tendrá que verse abocado en el próximo futuro.
Se discute entonces por estos días, sobre los alcances y contenidos del modelo autoritario que se pretende implementar, así como sobre las verdaderas medidas que tal proyecto estaría en condiciones de llevar a cabo. Al respecto, es oportuno tener en cuenta la caracterización que de Uribe Vélez, ha hecho Jaime Caycedo, indicando que es un connotado representante orgánico de la nueva burguesía colombiana, un ejemplo de las capas medias altas enriquecidas por el narcotráfico y estrechamente ligadas al paramilitarismo, empeñadas como ningún otro sector de la sociedad, en hacerse funcionales al proyecto del gran capital trasnacional. Destacando como Uribe Vélez, no es un vocero de los sectores clásicos de la oligarquía: industrial, comercial, exportador, financiero, terrateniente, sino más bien, el representante de una fracción distinta, en proceso de ganar hegemonía en la clase dominante, que recoge lo peor de la vieja derecha colombiana, su sentido violento y autoritario, junto con la visión neoconservadora de la globalización imperialista y su sumisión patológica a los dictados del imperio.
En el escenario actual, es igualmente observable como existen condiciones internacionales propicias al logro de un proyecto neoconservador en Colombia. Se hace por tanto insoslayable, no peder de vista el curso presente de la política norteamericana del presidente Bush, particularmente la aplicación de la llamada Iniciativa Regional Andina, y el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA. Estas dos estrategias seguramente concentran la política reaccionaria e ingerencista de la actual administración norteamericana hacía el continente y en particular hacia nuestro país. Su aplicación y avance determinará en parte, el desenlace posterior de la situación política colombiana.
De otra parte, la ruptura de los procesos de dialogo y negociación entre la insurgencia y el gobierno nacional, significaron un retroceso político general y el fortalecimiento de concepciones que propugnan por una alternativa de solución militar que engañosamente alimenta en la opinión pública la tesis de la victoria militar sobre la guerrilla y la militarización a ultranza de la vida del país, como el único camino posible para encontrar solución a todos los males de la patria. Es precisamente en este medio ambiente político enrarecido, en el cual los sectores más reaccionarios de la oligarquía colombiana pretenden encontrar terreno propicio para sus predicas antidemocráticas y revanchistas.
Resulta probable que en algunos aspectos el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, continúe una política continuista en relación con su antecesor, profundizando desde luego, rasgos autoritarios propios de su diseño de Estado y de gobierno, sobre la base de conculcar derechos y libertades ciudadanas. Así por ejemplo, Los anuncios en relación con la política impuesta por el FMI, no vislumbran cambios fundamentales, no obstante el descalabro de tales políticas en el conjunto de los países del continente, particularmente en Argentina, donde la respuesta popular ha enfrentado combativamente la imposición a ultranza del modelo neoliberal que arrasa y destruye la soberanía de nuestros países, arruinando y empobreciendo de paso a millones de personas.
En otros ámbitos como la privatización de empresas del Estado, las reformas en curso al sistema pensional, la flexibilización laboral etc., los cambios que se proponen, no signifiquen en esencia modificaciones de fondo al modelo neoliberal en curso, aunque si puedan constituir a largo plazo, peores condiciones de ingreso y de trabajo para amplios sectores sociales, hoy de por sí, bastante golpeados con la crisis económica y social propiciada por las políticas erráticas del gobierno de Pastrana.
En este punto entonces, cabe la reflexión en torno a la experiencia reciente de algunos países latinoamericanos, en particular de Argentina en donde de una otra manera la implementación del modelo neoliberal y las políticas de ajuste del FMI, contó con el consenso o la permisión de amplios sectores medios urbanos, ilusionados con la perspectiva de alcanzar a futuro un mejor nivel de vida. Sin embargo, la realidad económica les enseño abruptamente otra cosa: de la noche a la mañana el capital trasnacional les arrebató sus sueños y sus ahorros dejando en la miseria a millones de ciudadanos. Roto el consenso que tras de sí había logrado la oligarquía dominante, a los sectores medios no les ha quedado otro remedio que salir a protestar en la calle junto con los piqueteros, los desempleados y los pobres que con sus cordones de miseria rodean al gran Buenos Aires.
A Álvaro Uribe Vélez, tan dispuesto a aplicar a ultranza la misma receta, a mediano plazo no le podría suceder lo mismo, guardadas desde luego las proporciones entre la situación Argentina y Colombiana. Desde esta perspectiva, se abriría la posibilidad cierta del desencadenamiento de un formidable movimiento popular urbano capaz de modificar en profundidad el curso actual de la confrontación socio-política.
Sin lugar a dudas, el aspecto más regresivo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el futuro inmediato y de acuerdo con los anuncios de sus acuciosos ministros, lo constituirá el conjunto de medidas que en la práctica van a significar una contra reforma constitucional y el rediseño de un Estado de corte autoritario y antidemocrático, que conculque las libertades fundamentales básicas y retrotraiga al país al ejercicio ilegítimo del sempiterno estado de sitio, con sus secuelas de desquiciamiento del orden constitucional y legal.
No resulta extraño por demás, que los sectores históricamente dominantes ante la defensa irrestricta de sus privilegios, terminen contradiciendo, recortando y envileciendo su propio ordenamiento jurídico, aquel que dicen defender y respetar como principio fundante del Estado social y democrático de derecho. Con todo, y a pesar de la visión crítica que se tenga de la Constitución Política de 1.991, de sus limitaciones y vacíos, en la actual coyuntura deberemos los defensores de Derechos Humanos, elaborar una lectura conjunta y una visión hasta donde podamos común, que nos permita abordar una política realista e inclusiva de los más amplios sectores sociales, de cara a defender las libertades públicas y ciudadanas como conquista histórica colectiva de las mayorías nacionales.
El lenguaraz ministro Fernando Londoño Hoyos, seriamente cuestionado desde el punto de vista ético, y político, representando sectores reaccionarios del establecimiento, viene anunciando lo que en esencia será el contenido de la contrarreforma constitucional: recorte de los llamados derechos fundamentales, limitación al máximo de los derechos económicos, sociales y culturales, desmonte de las acciones populares, en especial de la acción de tutela, desmonte de la jurisdicción constitucional y en particular de la guarda de la integridad y supremacía de la constitución asignada a la Corte Constitucional, modificación de los estados de excepción con el ánimo de retrotraerlos a la vieja figura del estado de sitio de la constitución de 1.886, entre otros aspectos regresivos. Todo ello, en la perspectiva de revivir la ley de seguridad nacional declarada inexequible por la Corte Constitucional, y de aprobar un estatuto antiterrorista con el pretexto de combatir más eficazmente a la guerrilla.
En síntesis se trata de modificar en un sentido restringido y reaccionario los principios fundamentales contenidos en la Carta de 1.991, especialmente el concepto de Estado social de derecho, basado en la participación democrática, participativa y pluralista de la sociedad, dentro de un marco jurídico que garantice un orden político económico y social justo, según conceptos esenciales contenidos en la Constitución Política que nos rige.
No se trata como nos pretenden hacer creer, que es una simple modificación de los estados de excepción reglamentados por los artículos 213° y 214°, de la Constitución actual. Por el contrario, se trata de una contrarreforma a fondo de la Constitución y sus contenidos esenciales, sin que ello desde luego, signifique una modificación de los factores reales de poder, los cuales siguen siendo determinados por el bloque hegemónico actuante y presente en nuestra realidad sociopolítica.
En otras palabras, en la vida actual colombiana, el grupo protagónico de las clases dominantes, pretende nuclear tras de sí a sectores importantes de la sociedad, en la idea de hacerles creer que la Constitución que ellos mismos diseñaron en 1.991, no resulta eficaz para brindarles seguridad y para llevar a cabo el combate final contra la subversión y el terrorismo. De acuerdo con esta particular forma de ver las cosas, se necesita entonces, desquiciar el orden constitucional y legal existente, tirar por la borda las escasas libertades democráticas y las garantías constitucionales aún existentes. En conclusión, diseñar un régimen autoritario, basado en las teorías de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, para de paso, estar acorde con la visión norteamericana sobre la lucha frontal contra el terrorismo.
La formula que se nos pretende vender como novedosa ha sido aplicada casi de manera ininterrumpida durante toda la mitad del siglo XX, sin éxito alguno, creando por el contrario, un régimen de democracia restringida bajo el cual se ha hecho recurrente el ejercicio abusivo del poder, la formación del grupos paramilitares y el terrorismo de Estado, como ejercicio hegemónico del poder oligárquico, al margen y en contravía de las reales necesidades y aspiraciones de las mayorías nacionales. Absurda lógica la de aquellos que piensan que limitando las libertades públicas y ciudadanas, recortando los derechos fundamentales, y reduciendo los derechos económicos y sociales, los colombianos resolveremos la profunda crisis social y política por la que atraviesa el país.
Si algo ha impedido el avance y desarrollo del país, ello ha sido la falta de una real y efectiva democracia, que garantice a la mayoría de los colombianos, el ejercicio de la propiedad con sentido social, el acceso a empleo digno, a salud, a educación, a vivienda, etc. Para que en Colombia se produzcan cambios de fondo que permitan superar la crisis, se debe en primer lugar, democratizar toda la estructura jurídica y política, dándole participación efectiva a los ciudadanos a través de sus organizaciones, permitiendo fortalecer las mismas, produciendo una profunda reforma política, que supere el clientelismo, la corrupción y el bipartidismo oligárquico, que reforme las caducas estructuras del Estado, hoy al servicio de pequeñas empresas electoreras. Todo ello en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente, pluralista y representativa de los más amplios sectores de la sociedad.
El panorama inmediato de nuestras acciones nos permite visualizar la urgencia de diseñar una estrategia común encaminada a la protección del conjunto del movimiento social y específicamente de las organizaciones que nos dedicamos a la defensa de los Derechos Humanos.
En el último período se ha observado, un recrudecimiento del accionar paramilitar contra los defensores de Derechos Humanos, y un intento de los organismos del Estado por judicializar la actividad de los dirigentes y de las ONGs. El trabajo realizado con la comunidad internacional en la búsqueda de sensibilizar a los gobiernos y a la opinión publica internacional sobre la situación de violación de Derechos Humanos en Colombia y la importancia de la solución política negociada al conflicto social y armado, seguramente va a ser blanco de ataques y cuestionamientos que pretenderán restarle legitimidad y consenso a nuestra labor en este campo.
El reto para las organizaciones que nos reclamamos del campo popular y democrático es inmenso ya que debemos superar limitaciones en cuanto a nuestro vinculo real con amplios sectores de la sociedad, en cuanto a la envergadura de nuestros propósitos y la superación de perjuicios y visiones sectarias que no nos posibiliten avanzar en el fortalecimiento de una respuesta democrática al curso regresivo que se intenta entronizar en Colombia.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA - ANDAS
Bogotá D.C., Julio 22 de 2002.
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