La espiral perversa de violencia y gasto militar no termina allí. La complejidad de las violencias en Colombia ha desarrollado numerosos ejércitos armados, por fuera del establecimiento, que responden al paramilitarismo, las autodefensas, la insurgencia, las empresas de vigilancia privada y la delincuencia común organizada. Existe también un ejercito de ciudadanos armados. Para 1995 se estimaba en un millón de armas de fuego en posesión legal de ciudadanos privados, fuera de las que tienen en su poder las fuerzas de seguridad. Las armas ilegales ascendían a 5 millones, muchas de las cuales son robadas u obtenidas mediante la corrupción de manos legales10. En Colombia existe una suerte de actitud «adictiva» por las armas, cuya demanda se inserta en una compleja matriz política, económica, militar, social y cultural en la que gran número de conflictos naturales que vive toda sociedad se lleva acabo aquí mediante el abuso de instrumentos mortales11.
De otra parte, el número de violaciones a los derechos humanos ha crecido durante los dos primeros años del gobierno Pastrana (1998-2002) en comparación con períodos anteriores, dejando un total de 1.583 casos, una cifra que arroja un volumen de 6.601 víctimas de las cuales 5.792 lo fueron por motivos de persecución política, 716 por abuso de autoridad y 93 por intolerancia social. Las modalidades más frecuentes de violación a los derechos fueron la ejecución extrajudicial con 2.602 víctimas, 1.231 amenazas, 614 desapariciones forzadas, 357 casos de tortura, 684 heridos y 1.037 detenciones arbitrarias. Entre los sectores sociales más afectados los campesinos sobresalen con 1.766 víctimas, seguidos de los obreros con 489, los empleados con 310 y los trabajadores independientes con 129. La permanencia de un volumen de actos en que cae la responsabilidad sobre los agentes estatales por acción u omisión activa pone de manifiesto la inoperancia de las instituciones para garantizar los derechos humanos, aspecto que hace del estado un violador sistemático de los derechos de los colombianos12. El número de personas secuestradas también se ha disparado: 3.000 en el año 2.000, mientras las muertes violentas se elevaron a 38.000 (la violencia social viene en crecimiento, las muertes por el conflicto político representan el 12% de estos homicidios y la impunidad es superior al 90%).
El conflicto entre clases sociales está sumiendo al país en la barbarie. Durante el año 2.000 se asesinó un dirigente sindical cada tres días, se registraron 10 asesinatos políticos cada día y una masacre (más de 5 víctimas en el hecho) cada dos días; diariamente 10 personas fueron secuestradas y una desaparecida forzosamente. Según Cinep y Justicia y Paz el 75,5% de los homicidios de los civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario –DIH- fue cometido por la fuerza pública y los grupos paramilitares y el 23% por la insurgencia.
El éxodo hace parte de esta tragedia. En el año 2.000 el número de población desplazada por la violencia alcanza una cifra cercana a los 380.000, sumando 2,5 millones de personas en los últimos quince años, de las cuales 70% son mujeres y niños. Los colombianos que viven fuera del país, huyendo a la miseria y la violencia, suman 4,2 millones, el 10% de la población. Actualmente, el 41% de los colombianos se quiere ir del país, mientras que el 60% tiene un amigo o familiar que ya se fue. La migración forzada está compuesta por perseguidos políticos, profesionales jóvenes, empresarios y rentistas, con la consecuente pérdida de capital humano, financiero y social.
El estado colombiano además de violento es pobre, una de las razones por la cual la guerra se privatiza e internacionaliza cada vez más. El proyecto del presupuesto General de la Nación 2001 profundiza la tendencia que vienen presentando las finanzas públicas desde hace una década: i) consolidación del modelo de acumulación especulativo con hegemonía del capital financiero, privatización de los activos públicos y expoliación de los recursos naturales; ii) exacción de los ingresos de los trabajadores y el capital productivo por parte de una tecnocracia parásita que ha convertido al Estado en un fin en sí mismo; y iii) desmesurado crecimiento de las instituciones militares y de justicia.
El presupuesto general de la Nación para el año 2001 tiene un valor de $57 billones13. El déficit presupuestal, esto es los ingresos estimados frente a los gastos programados, es del 54%. Para el año 2001 los gastos alcanzan al 30% del PIB, mientras los ingresos se estiman en menos del 15%. El saldo total de la deuda representa en el 2001 el 35% del PIB (se duplicó en menos de 5 años). El déficit se viene financiando con recursos de capital, crédito (interno y externo) y con la venta de activos de la nación. En el presupuesto del año 2001, 86% de los ingresos tributarios será absorbido por el servicio de la deuda. En 1999 ese porcentaje fue 79%. Esta situación se traduce en un endeudamiento creciente, el servicio de la deuda es superior a los recursos del crédito.
El conflicto social y político en su expresión armada consume un alto porcentaje de los recursos públicos. Como el presupuesto público es financiado significativamente con recursos de crédito se puede afirmar que esta es una economía de guerra al debe. Según el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2001, cerca del 70% de los gastos de personal se concentran en Defensa, Policía Nacional, Rama Judicial y Fiscalía. En los gastos generales estas cuatro entidades concentran el 72% de los recursos públicos14. De los cerca de 800.000 cargos de planta de la administración pública el 45% corresponde a los sectores de defensa y seguridad, justicia, fiscalía y fuerza pública, esto es, 360.000 cargos15.
El proceso de militarización de la sociedad colombiana se aceleró a partir de las dos últimas décadas del siglo XX. En los años noventa, según la Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, la difícil situación de orden público, unida al notable incremento de los salarios del personal activo y retirado, determinó que los gastos dedicados a Defensa y Seguridad crecieran a un ritmo promedio anual del 8,9% muy superior al del PIB. Entre 1985 y 1995, el personal vinculado al sector defensa y seguridad pasó de 165.000 personas a más de 303.00016 y para el 2001 el gobierno aspira que con la nueva reforma del Ejercito y el incremento de los recursos de financiamiento se cuente con unas fuerzas armadas cercanas a las 400.000 personas. En consecuencia, los gastos en defensa y seguridad aumentan su participación en el PIB: en 1990 representaron el 2,1%, en 1995 el 2,4% y en el año 2000 el 3,5%. En el año 2001 el gasto en defensa y seguridad de $6,3 billones representa el 3,2% del PIB; no obstante, al sumarle el 80% de los recursos norteamericanos del Plan Colombia en lo que respecta a la ayuda militar, $2,3 billones, el gasto total resultante es de $8,6 billones, esto es, 4,4% del PIB.
El gasto público social sigue siendo marginal en las finanzas del Estado. El pago de la deuda que beneficia al sector financiero y los recursos para la guerra y la justicia explican en parte del desbordado crecimiento de los gastos públicos, concentran más de la mitad del presupuesto general de gasto del año 2001 (15% del PIB). El gasto social representa solo 33.3% del presupuesto (9.6% del PIB).
Los gastos de guerra tendrán cada vez mayor prioridad dentro del presupuesto nacional. Con la ejecución del Plan Colombia, las partidas financieras comprometidas en la cofinanciación reducirán aun más el gasto público social. El plan de guerra tiene un costo de U.S.$7.558 millones, el 48,5% financiado con recursos del Estado colombiano, 46,6% de la comunidad internacional y 4,9% crédito. La tercera parte de los recursos se dirigen a los programas de «defensa nacional». Los recursos que se manejarán con cargo al Presupuesto Nacional son aquellos provenientes de los «Bonos de Paz», de la Red de Solidaridad y los que se incorporan en el Fondo de Inversiones para la Paz -FIP. En relación con el presupuesto general, las contrapartidas de la nación suman $8 billones lo que comparativamente representa una tercera parte de los ingresos corrientes y 14% del total del gasto presupuestado para el año 2001.
La gestión de estos recursos estará directamente a cargo de la Presidencia de la República y la interventoría, el seguimiento y evaluación a cargo del Departamento Nacional de Planeación. No es claro, entonces, el papel que cumplirá el Congreso de la República en la asignación y control de estos recursos. Los procedimientos democráticos se debilitan dentro de la economía política de la guerra.
El Plan Colombia se desarrolla como una estrategia integral de la administración Pastrana para combatir la insurgencia y la industria del narcotráfico, apalancar la recuperación de la economía y fortalecer el régimen político oligárquico. La administración Pastrana ha entregado el manejo de la economía al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores financieros, al igual que cedió el control político interno de Colombia al gobierno norteamericano. En efecto, El gobierno de los Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia a Colombia de US$1.300 millones de dólares, de los cuales el 80% es ayuda militar y policial (equipos, tecnología, entrenamiento y apoyo logístico y de inteligencia). Estos recursos son adicionales a los US$330 millones de ayuda militar que recibe el país anualmente. Otros cuatro rubros son incluidos dentro del programa de asistencia: operaciones antinarcóticos en el sur de Colombia, restricción del tráfico aéreo en todo el territorio, desarrollo económico alternativo y fortalecimiento de la capacidad de acción del gobierno.
De los nuevos recursos de asistencia de los Estados Unidos para el Plan Colombia se asignan US$15 millones de dólares para atender los desplazados de la primera fase de la intensificación de la guerra en el sur (donde se encuentran departamentos de población muy pobre pero de gran riqueza natural y de recursos: Cauca, Nariño, Putumayo y Caqueta), los que se estiman en 400.000 personas. El proceso de pacificación que esta previsto en un horizonte de guerra a diez años contempla una segunda fase en el centro del país y una tercera al resto de regiones.
La intensificación de la guerra se viene preparando desde antes: el gobierno de los Estados Unidos suministró en 1999 US$5,8 millones de dólares para las operaciones en el hemisferio occidental del Comité Internacional de la Cruz Roja, con destino a la ayuda para las personas desplazadas en los territorios nacionales, junto con US$3 millones de dólares adicionales de asignación específica para Colombia; aportó otros US$4,7 millones de dólares al Fondo General para el Hemisferio Occidental del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con destinación específica de un alto porcentaje para aumentar la capacidad de actuación institucional en Colombia (el país concentra la cuarta población de desplazados internos en el mundo).
En el Plan Colombia se han incluido otros cuatro programas dentro de la estrategia cívico-miltar que se financiarán con crédito y contrapartidas del nivel nacional y local: i) manos a la obra, encaminado a brindar trabajo a la población más pobre a través de los componentes proyectos comunitarios y vías para la paz, con un costo total de US$ 295 millones (Crédito externo BID y Banco Mundial US$ 200 millones, contrapartidas US$ 95 millones); ii) vías para la paz, mejoramiento de las redes viales, proyectos fluviales, recuperación de la vía férrea y la construcción de puentes, con el fin de articular y viabilizar las actividades productivas en las zonas críticas de conflicto armado, con un costo de US$ 206 millones de dólares (crédito externo CAF US$162 millones, contrapartidas US$44,5 millones); subsidios a las familias más pobres, mediante la entrega de un subsidio en efectivo, condicionado a la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los menores de 7 años, y a la asistencia al colegio de los niños entre 7 y 17 años, con un costo de US$336 millones de dólares (crédito externo Banco Mundial y BID US$ 230 millones, contrapartida US$106 millones); iv) capacitación laboral de jóvenes desempleados, entre los 18 y los 25 años, de los estratos más bajos (1 y 2), con un costo de US$70 millones (en su totalidad crédito del BID).
Estos cuatro programas que suman US$ 924,5 millones de dólares (74% crédito externo y 26% contrapartidas en el ámbito local y nacional, incluye US$20 millones para pago de burocracia por administración) están dirigidos a la cooptación popular y al amortiguamiento de los efectos de la intensificación de la guerra sobre la población, en las zonas críticas de conflicto armado.
Estos componentes del Plan Colombia se articulan en el Programa Red de Apoyo Social, a manera de complemento del actual sistema de protección social. El gasto adicional, US$925 millones de dólares, se distribuirá en un período de tres años. La ejecución de los recursos para la asistencia humanitaria y desarrollo económico alternativo se hará a través de la administración delegada en organismos no gubernamentales que han sido previamente seleccionados por su lealtad a las instituciones oficiales, identificados con la concepción neoliberal del Estado y cómo una manera de darle legitimidad civil al plan de guerra del establecimiento. Con este fin, cívico militar, se reeditarán experiencias recientes en Colombia de trabajo conjunto entre la banca multilateral de crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), el gobierno y organizaciones no gubernamentales en zonas de catástrofes y de conflicto armado, tales como el FOREC (Fondo de reconstrucción del eje cafetero) y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que lidera el CINEP.
No todos los recursos financieros de la asistencia norteamericana entrarán al país. Una alta proporción se queda en compra de material bélico a empresas norteamericanas y contratación de mercenarios que ya se encuentran combatiendo en Colombia. Como bien se sabe actualmente hay una presencia en el país de 250 militares y 100 empleados contratistas, pero el número puede subir hasta 500 soldados de los Estados Unidos y 300 civiles (exmilitares, en su mayoría) según los acuerdos entre los dos gobiernos.
De hecho, la ejecución de los US$1.300 millones de dólares aportados por los Estados Unidos al Plan Colombia ha desatado una carrera en las firmas norteamericanas proveedoras de material bélico y de servicios para poder quedarse con parte de los recursos financieros: Bell-Textro y United Technologies Sikorsky Aircraf han firmado contratos para enviar 18 nuevos helicópteros Blackhawks y 42 renovados Super Huey II y existe la solicitud de 14 más por parte del Ministerio de Defensa colombiano, garantizándole a los fabricantes de helicópteros un negocio redondo por más de US$600 millones de dólares; de otra parte, la compañía de asesores militares "Military Personnel Resources INC" ya se encuentra trabajando con las Fuerzas Armadas colombianas. La tendencia a condicionar la asistencia financiera a la compra de material bélico a empresas norteamericanas y a usar contratistas privados y asesinos a sueldo para adelantar la política exterior de los Estados Unidos no es nueva. Cada pirata, bandido –todos los que quieren hacer dinero en la guerra- están en Colombia, afirmó el asesor de un congresista en Washington17.
El Plan Colombia es un potente carburante para la violencia social, política, económica y militar. Dentro de la confrontación política la insurgencia cuenta actualmente con cerca de 25.000 combatientes y el paramilitarismo con otros 12.000, con cubrimiento de todo el territorio nacional. Si bien las guerras del siglo XX tuvieron como escenario principal el campo, las del siglo XXI toman un carácter más urbano y regional, ahora que se ha desdibujado en los procesos de globalización y descentralización las diferencias entre lo urbano y lo rural. Las milicias urbanas pueden multiplicar por dos estos ejércitos y empiezan a manifestarse en las guerras por el control territorial, social, político y económico en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cucuta, Sogamoso y Barrancabermeja y sus espacios de macroinflujo. Los ingresos anuales de cada uno de estos ejércitos se calculan en más de US$1000 millones de dólares extraídos de los circuitos económicos, legales e ilegales, del país. En resumen, teniendo en cuenta solo los tres ejércitos (aparato de defensa y seguridad del gobierno, insurgencia y paramilitarismo) incorporan de manera directa en la guerra el 3% de la población ocupada a escala nacional (la PO total es de 13,4 millones de personas) y consumen el 6,7% del PIB (asumiendo un gasto directo en la guerra de $13 billones).
El Plan Colombia implica una mayor internacionalización, un cambio tecnológico y una profundización de la guerra. Si bien la asistencia norteamericana desequilibra temporalmente las fuerzas en conflicto, en el mediano plazo se restablece el equilibrio a un mayor costo económico, social y humano y con mayor poder de destrucción y desestabilización, teniendo en cuenta: i) en un mercado neoliberal y globalizado el acceso a material bélico está al alcance de todos los grupos en conflicto; ii) el avance en la tecnología militar ha hecho indiferente la distinción entre armas livianas y pesadas en la capacidad de daño; iii) la oferta de armamentos es bastante elástica, las economías industriales dependen en un porcentaje importante de las fábricas de equipo para la guerra para la generación de empleo y obtener cambios tecnológicos e ingresos; iv) la oferta creciente de material bélico se ha traducido en una baja significativa de precios; v) los desarrollos tecnológicos y de estrategia militar han hecho irrelevantes las fronteras tradicionales entre guerras convencionales e irregulares, y la capacidad destructiva ya no depende del número de combatientes sino de la inteligencia, la información, las operaciones integrales, del despliegue y movilización rápida, y de la eficiencia y eficacia dada por el acceso y uso de tecnologías de punta; v) siguiendo la tradición de los conflictos bélicos modernos, la guerras se continuará librando contra la economía, infraestructura y la población civil; aunque la alta tecnología permite la selección de objetivos más precisos y discriminatorios, con lo cual se registrará una amplia combinación de tecnologías y estrategias destructivas, sangrientas y desoladoras de rasgos antiguos y novedosos; VI) el frente fiscal de los grupos en conflicto no tiene mayores problemas en el mediano plazo para generar ingresos dado el tamaño de la economía subterránea (una tercera parte del PIB oficial) y los ingresos que genera una economía de mediano desarrollo y la alta participación de las empresas transnacionales en la explotación de los recursos naturales y el financiamiento de las fuerzas en conflicto;18 VII) una mayor combinación de guerra privada y de guerra del gobierno, lo que generará zonas de profunda desintegración estatal.
Por último, es importante señalar que la línea divisoria entre conflicto interno y conflicto internacional ha desaparecido o tiende a desaparecer. Y eso quiere decir que la diferencia entre guerra y paz, estado de guerra y estado de paz, también se difuminan19.
En el sistema de los Estados Unidos siempre ha estado implícita la ambición de establecer un determinado modelo global, cuyos intereses hegemónicos, políticos, económicos e ideológicos son expresos20.
Por ello, la intervención norteamericana en el conflicto interno colombiano tampoco es nueva. Hacía mediados del siglo XIX, la política continental de Estados Unidos ya estaba caracterizada por la consolidación territorial a costa de los países latinoamericanos.
La Nueva Granada, nombre inicial de la república de Colombia, había firmado con Estados Unidos un tratado, el 12 de diciembre de 1846, en donde se especificaba nítidamente la autoridad colombiana sobre Panamá, pero paradójicamente se le constituía, en el artículo 35, en garante de lo que era positivamente un derecho soberano indiscutible.
El 17 de abril de 1854, a partir del golpe político-militar comandado por el general José María Melo, se instauró un gobierno de artesanos, militares y organizaciones democráticas, conocido como el primer gobierno plebeyo, algo nuevo e inédito en la historia de América Latina. Aquella revolución constituyó el primer gobierno y único en la historia de Colombia en que una clase distinta de la oligarquía retuvo por breve tiempo el poder. La reacción, integrada por los partidos políticos del establecimiento, militares de la burguesía, clero, terratenientes y comerciantes, representantes de los negocios de los Estados Unidos y de Inglaterra, no se hizo esperar, contando con el apoyo de la Legación americana.
En efecto, desde la Legación de los Estados Unidos en Bogotá se propició descaradamente la contrarrevolución, la guerrilla, el armamentismo de las tropas constitucionalistas, el encubrimiento a prestamistas y comerciantes solicitados por la justicia, la ocultación de capitales y la injerencia más pública sobre el desarrollo de la política interior del país, como tal vez no se efectuaría en otras épocas. El derrocamiento de la revolución ocurrió en diciembre de 1854. Los servicios prestados por el gobierno norteamericano y el apoyo de extranjeros a la contrarrevolución fueron retribuidos con actos explícitos de gratitud, espléndidas recompensas y otorgamiento de derechos sobre el comercio, el transporte y la explotación de recursos21.
Durante la segunda mitad del siglo XIX Estados Unidos desarrolló la "etapa bananera" aprovechando la debilidad de los países del sur, frecuentemente divididos en partidos que se enfrentaban en guerras civiles. La guerra de los "Mil días", a finales del siglo XIX y principios del XX terminó con un pacto de paz firmado en un buque norteamericano, y el gobierno de Estados Unidos como garante. Esta «ayuda» le costó a Colombia la pérdida de Panamá y el control absoluto de los Estados Unidos sobre el canal interoceánico. En la primera mitad del siglo XX, los Estados Unidos consolidaron su dominio financiero, tecnológico, empresarial e ideológico sobre el territorio colombiano. A partir de la postguerra, en el contexto de la "Guerra Fría" se adicionó la expansión militar.
A partir de los años sesenta en el siglo XX, durante la presidencia de John F. Kennedy, los Estados Unidos impulsaron las políticas de contrainsurgencia en el marco de seguridad en América Latina. La contrainsurrección son medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar cualquier levantamiento popular. De estas medidas hacen parte la acción cívico militar, la desarticulación de la infraestructura de apoyo a la insurgencia y la organización de la población para involucrarla en el esfuerzo bélico de las fuerzas militares (paramilitares y autodefensas). Siguiendo la Doctrina de Seguridad Nacional se desató una agresión contra el campesinado colombiano ubicado en Marquetalia (centro del país), mediante un operativo militar dirigido por el gobierno norteamericano, denominado "Plan LASO (Latin American Security Operation)".
En los años setenta y ochenta se impulsan las guerras de baja intensidad, con el objetivo de exterminar los líderes cívicos, campesinos, estudiantiles y sindicales, acabando con procesos de organización y movilización social que reivindicaban la satisfacción de necesidades fundamentales y apertura política democrática. En estos años la formación de los oficiales del ejército de llevo a cabo en la recientemente clausurada Escuela de las Américas, tristemente conocida por su involucramiento en la violación de los derechos humanos en América Latina. La persecución contra los sectores populares y democráticos se apoyó en la falsa acusación de su supuesto encubrimiento de los movimientos insurgentes.
En los años noventa se inició la financiación y apoyo de Estados Unidos a grupos paramilitares colombianos, con la anuencia del gobierno del presidente Gaviria. Estados Unidos financió generosamente una unidad de la policía colombiana que trabajó en equipo con el grupo paramilitar "Los Pepes", un escuadrón de la muerte responsable de cientos de asesinatos, encabezado por Fidel Castaño, hermano del jefe paramilitar Carlos Castaño. El propósito de las operaciones militares consistía en la búsqueda y eliminación del narcotraficante Pablo Escobar. Los operativos comenzaron bajo la administración Bush y continuaron bajo la de Clinton. Fueron dirigidos por el embajador estadounidense en Colombia y participaron agentes de la CIA, el FBI, la DEA y la Agencia Nacional de Seguridad. En un reciente reportaje público el líder paramilitar Carlos Castaño reconoce que existen operaciones de cooperación entre su agrupación armada y la DEA.
Durante la década de los noventa la ayuda militar norteamericana a Colombia representó la tercera en importancia en el mundo. Con el Plan Colombia, una estrategia de US$7.500 millones de dólares diseñada conjuntamente por funcionarios colombianos y estadounidenses y aprobada por el Congreso norteamericano, la ayuda militar (US$ 1.300 millones) constituye la segunda en la importancia en el mundo. El principal interés de los Estados Unidos es consolidar su hegemonía política, militar y comercial en la región, recuperando el dominio perdido en los últimos quince años ante la expansión política y comercial de los países de la Unión Europea y asiáticos.
El apoyo al Plan Colombia por parte de Estados Unidos, la mayor operación norteamericana desde la era Reagan, se materializa en la entrega de helicópteros, equipamientos de comunicación, entrenamiento de fuerzas especiales de combate, guerra psicológica, control de la opinión pública, acciones cívico-militares y fortalecimiento institucional. Eventualmente también se contempla una invasión directa del ejercito norteamericano. La ayuda e intervención se excusa en un supuesto fortalecimiento de la capacidad del estado colombiano para combatir a los traficantes de las drogas y a las guerrillas de izquierda, que según los gobiernos colombiano y norteamericano se encuentran articulados.
En el acuerdo firmado entre los dos países, la presencia de ejército norteamericano se limita a 500 efectivos. No obstante, si el presidente considera que se ve afectada la seguridad nacional de los Estados Unidos unilateralmente puede decidir la intervención abierta para combatir directamente a las organizaciones armadas de izquierda.
La expansión militar y política norteamericana en el área andina busca ocultar el hecho de que los movimientos populares emergentes son producto de la reacción contra las políticas neoliberales impuestas desde los organismos financieros internacionales y el Departamento de Estado. De esta forma se busca deslegitimar que la reacción popular es producto de la corrupción generalizada, la ausencia de espacios democráticos, la opresión y la exclusión, el hambre, la pobreza y el desempleo, otorgándole las causas a "agentes externos" que, en complicidad con dirigentes locales, intentan desestabilizar los regímenes "democráticos", con el apoyo de los narcotraficantes.
La paz hace parte de la economía política de la guerra. El discurso de la paz sirve también para la consecución de recursos financieros externos, obtener preferencias en los mercados internacionales, ganar solidaridades políticas y fortalecerse estratégicamente en el conflicto. Además, La intensificación de la guerra en Colombia se encuentra imbricada con la profundización del modelo neoliberal de desarrollo que se viene imponiendo en el país durante la última década.
Al finalizar la década de los ochenta, en el siglo XX, se iniciaron en Colombia los procesos de ajuste y reestructuración de la economía. Al principio de los noventa, con el Gobierno de Gaviria (1990-1994) se profundizaron las medidas de internacionalización y apertura de la economía. El gobierno afirmó que las políticas de desarrollo impulsadas en los años cincuenta y sesenta hicieron crisis en los setenta, cuando la estrategia de intervención selectiva, sin consideraciones de costo, comenzó a manifestar crecientes limitaciones22.
El programa de ajuste y cambio de la economía se orientó por el recetario neoliberal impuesto en América Latina. Diez elementos sirvieron de fundamento: i) apertura indiscriminada y baja de aranceles, ii) reducción del papel económico y social del Estado, privatización de activos públicos, iii) control monetario, ajuste fiscal y equilibrios macroeconómicos como objetivos centrales de la política económica, iv) recorte del gasto público y eliminación de subsidios, v) normativas favorables a la inversión extranjera, vi) fortalecimiento del capital financiero, vii) deslaboralización y flexibilización del mercado de trabajo, viii) apertura e impulso a la explotación de los recursos naturales, ix) predominio del ejecutivo sobre las demás ramas del poder público, x) represión del descontento social y laboral.
La administración Pastrana (1998-2002) expresó su intención de profundizar y acelerar las políticas neoliberales iniciadas a principios de los noventa23. Bajo la excusa de un endeudamiento público explosivo, la administración Pastrana entregó a finales de 1999 el manejo de la economía al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores financieros. El gobierno, como parte de los compromisos adquiridos con el FMI viene impulsando un paquete de reformas en materia económica, social y territorial: ajuste del déficit fiscal mediante la reducción de los salarios públicos, recortes en el gasto social y las transferencias a los municipios y departamentos; freno a la inversión pública; control a la evasión de impuestos y ampliación de la base de contribuyentes afectando principalmente a los trabajadores y los sectores populares; normas para reducir los costos y flexibilizar el régimen laboral; reforma a la seguridad social buscando elevar los montos y períodos de cotización por parte de los trabajadores; eliminación de la retroactividad de las cesantías de los trabajadores del sector público; y, la privatización total de los activos públicos.
El Plan del gobierno Pastrana descansa sobre la iniciativa privada y, en particular, sobre la inversión extranjera. De acuerdo con el Plan de Inversiones, el monto total de las inversiones a financiarse durante el período 1999-2002 con los recursos jalonados por el sector privado asciende a $33,6 billones. Esta cifra representa un crecimiento de 127% en términos reales con respecto al cuatrenio anterior. Las inversiones del sector privado individualmente constituyen la mayor fuente de financiación de las inversiones en obras y programas públicos del Plan.
Con relación al capital transnacional, el Plan afirma que "el capital extranjero jugará un papel de primer orden en la construcción de un aparato productivo moderno y enfocado hacia los mercados internacionales, dada la capacidad que tiene para transferir tecnología y conocimientos". El otro elemento central del modelo es la promoción de las exportaciones.
Durante la última década, la entrada de capital extranjero ha tenido un flujo continuo y creciente orientado a adquirir los activos públicos que tecnócratas y políticos ofrecen a una tercera parte de su valor real en el mercado (empresas públicas de servicios, fuentes generadoras de energía, entidades del sector financiero, hidrocarburos y minería) en operaciones fraudolentas que lesionan los intereses públicos; igualmente vienen monopolizando los sectores más dinámicos de la economía (financiero, comunicaciones, químico, energético, transporte, servicios) y apropiándose de los recursos naturales y la biodiversidad del país.
En los últimos diez años la legislación se ha adaptado para aumentar la tasa de ganancia de las transnacionales y el sector financiero, facilitar la salida de utilidades y cubrir los riesgos de la guerra. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea concentran más de la mitad de la inversión extranjera en Colombia24, de allí su interés en el desarrollo del conflicto interno (cuadro 6). El otro componente importante de la inversión extranjera proviene de los paraísos fiscales ubicados en islas del Caribe a través de los fondos privados.
En particular las transnacionales petroleras y mineras de origen norteamericano y Europeo controlan el negocio del sector, desde la producción hasta la comercialización. Éstas intervienen directamente en el conflicto colombiano a través del financiamiento de los grupos armados en conflicto. En particular, la empresa norteamericana Occidental Petroleum Company jugó un papel importante de lobby en el Congreso para la aprobación de la ayuda militar norteamericana al Plan Colombia.
Colombia representa enormes y crecientes ganancias a las compañías de petróleo de América. De acuerdo con el departamento de Energía el consumo de petróleo en Estados Unidos creció 15% entre 1990 y 1999, durante este mismo período la producción de petróleo en Colombia aumentó 78% y su destinó principal fue hacia Norteamérica. Actualmente Colombia es su séptimo proveedor más grande petróleo. Este hecho se une al ataque por parte de la insurgencia a los intereses petrolíferos de los Estados Unidos en Colombia, específicamente los oleoductos. En 1999, por ejemplo, el oleoducto Caño Limón, donde tienen su base la Occidental Petroleum Company y la Royal Dutch/Shell fue volado 79 veces. De allí el interés de las multinacionales en el financiamiento del Plan Colombia como una estrategia para combatir la insurgencia y proteger sus intereses económicos.
En general, en Colombia las dinámicas de ocupación y movilización territorial de la población han dependido de las relaciones de poder, del conocimiento y valoración de los recursos naturales, la pobreza y el agotamiento de los ecosistemas, el crecimiento demográfico y los ciclos de la economía según productos, regiones, demandas en los mercados internacionales y los flujos de inversión extranjera. Procesos acompañados de guerra y crónicos conflictos sociales y políticos que mediante la violencia han desplazado históricamente a la población rural para usurpar sus tierras ante las expectativas de la valorización de los activos.
Las zonas de mayor pobreza de la población, de alta biodiversidad y estratégicas en la expansión del desarrollo capitalista, coinciden con las áreas de mayor conflicto en Colombia, en términos de las confrontaciones armadas y el desplazamiento. Son hacia éstas regiones donde se expande el modelo de acumulación, esto es, son espacios que concentran los grandes macroproyectos del desarrollo forzado. La expansión parte de un modelo concentrado en el interior del país hacia la periferia en forma de herradura. La herradura es la transformación y expansión espacial del tradicional «triángulo de oro» (Bogotá, Cali, Medellín), núcleo de las relaciones modernas y de la acumulación capitalista durante el período de vigencia del modelo económico de sustitución de importaciones y proteccionismo, entre los años cuarenta y ochenta en el siglo XX. Con los cambios que caracterizan el capitalismo internacional (globalización, primacía de las multinacionales y el capital financiero, introducción de modernas tecnologías, flexibilización laboral y consolidación de los nuevos ejes estratégicos en el Pacífico), el Estado colombiano y las elites económicas se han visto abocadas, desde los años ochenta, a incorporar de manera forzada, violenta y excluyente extensas áreas del territorio nacional, claves para responder a estas dinámicas.
En las nuevas áreas incluidas confluyen los nudos gordianos de los conflictos de intereses nacionales, las estrategias de guerra, las acciones de una modernización excluyente y autoritaria de la economía y la infraestructura promovidas por multinacionales, por el Estado y las elites regionales. Globalización, proyectos de nación, modernización del aparato económico, petróleo y coca animan las dinámicas territoriales de la guerra y los portafolios de inversión.
En efecto, la herradura comienza en el piedemonte amazónico, sube por el Orinoco, cubre los valles interandinos del río Magdalena, las depresiones del Sinú, Bajo Cauca y Magdalena, extendiéndose hasta el Chocó biogeográfico. En este espacio confluyen los diversos intereses para controlar, además del poder político y territorial25, el petróleo y otros yacimientos minerales, la biodiversidad26, los cultivos ilícitos, la expansión agraria y ganadera, la privatización de los principales ríos, las autopistas y puertos multimodales, los aeropuertos y proyectos de comunicación, transporte e industria, las centrales energéticas y petroquímicas, la construcción del canal interoceánico y el tramo de la carretera panamericana y sus desarrollos sobre el tapón del Darién.
5. La guerra biológica
El Plan Colombia incluye la guerra biológica. Esta se desarrollará a través del hongo Fusarium oxysporum. El hongo fue obtenido en laboratorios de los Estados Unidos mediante el financiamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y la prevensión del delito (UNDCP). Este será utilizado por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para fumigar los cultivos de hoja de coca en el sur del país.
El Fusarium oxysporum es mutante, dispersándose de un lugar a otro, adopta formas y tamaños necesarios para su desplazamiento y expansión. Es uno de los más dañinos que existen. Provoca el marchitamiento de las hojas de las plantas, la putrefacción de las frutas de manera inmediata y por consiguiente la muerte del vegetal. No solo la planta de coca muere con este hongo, sino cualquier plantación que reciba el hongo transgénico. En consecuencia, ese champiñon estratégico puede sufrir mutaciones de consecuencias negativas e impredecibles sobre la vida humana y el medio ambiente.
Este hongo logra sobrevir en el suelo de 20 a 40 años, resistiendo a cualquier substancia química con la que se lo quiera combatir. Además el hongo puede estar vivo en las plantaciones afectadas al momento de su consumo humano. Por su larga duración, puede transportarse en la ropa de personas que resulten afectadas y propagar su contaminación. El efecto maligno del fusarium oxysporum impacta tanto los organismos vegetales, lícitos e ilícitos, como la vida humana.
Según el New York Times, el gobierno de Colombia aceptó, bajo la presión de Estados Unidos, probar la efectividad del hongo. Senadores republicanos afirmaron al gobierno de Pastrana que solo aprobarían la ayuda de los US$ 1300 millones al Plan Colombia si aceptaba experimentar con el herbicida. Actualmente el Fusarium Oxysporum se experimenta en la región amazonica de Ecuador, a 5 kilometros al norte de la población del Lago Agrio, zona que limita con el departamento colombiano de Putumayo, donde se concentran las primeras acciones militares del Plan Colombia en contra de la insurgencia y de los campesinos cocaleros.
Este hongo mortal constituye una nueva barbarie y genocidio que amenaza el ecosistema de la Amazonía, considerada como la reserva biológica y la fuente de oxígeno mas grande del mundo, al igual que la vida humana. Se une a los antiguos procesos de fumigación de cultivos ilícitos que de tiempo atrás vienen acabando con las economías se subsistencia de campesinos, indígenas y colonos, volviendo áridos los suelos, destruyendo boiodiversidad y culturas, desapareciendo ríos, sembrando enfermedad y muerte en la población.
Conclusión
El estilo de desarrollo colombiano se configura con mayor claridad: hegemonía del capital financiero, economía rentistica, estado parasitario y sin legitimidad, polarización y enfrentamientode clases sociales, privatización de la guerra, violación creciente de los derechos humanos y recorte de los derechos y libertades fundamentales, entrega de la soberanía nacional a las transnacionales y a los países hegemónicos, desarrollo forzado y excluyente, seudemocracia armada, aparato militarista creciente, amenaza de invasión del ejercito norteamericáno, control imperialista de la política interna, fragmentación socio política y armada del territorio, destrucción ambiental y empobrecimiento de la biodiversidad y la multiculturalidad.
2
Hobsbawm, Eric, (1996), Historia del siglo XX, Crítica, Grijalbo Mondadori, España, p. 23. 3
Renner, Michael, (1997), La transformación de la seguridad, en: La situación del mundo, un informe del Worlwatch Institute, Icaria editorial, Barcelona, p. 219. 4
Aguirre, Mariano, (1998), prólogo a la edición española de Desarrollo en estados de guerra, Oxfam-CIP, Barcelona, p.6; Semprún, Jorge y Longué, Olivier, (1999), Geopolítica del hambre, prólogo, Icaria editorial, Barcelona, p. 14. 5
Resultados de la Encuesta Semana-Invamer Gallup, con cubrimiento de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, escogencia aleatoria entre hombres y mujeres mayor de 18 años. Revista Semana, octubre 2-9 de 2000, edición 961, Bogotá.
6
Ver: Toklatian, Juan Gabriel y Ramírez José Luis, (1995), La Violencia de las Armas en Colombia, Fundación Alejandro Angel Escobar, Tercer Mundo, Bogotá. 7
Toklatian y Ramírez, Op. Cit., p. 325. 8
Garcia Peña, Daniel, (1995), Armas ligeras y conflictos internos en Colombia, En Toklatian y Ramírez, op. Cit, p. 207. 9
Boulding, Kenneth, (1993), Las tres caras del poder, Paidos, España, p. 59. 10
Garcia Peña, Daniel, Op. Cit. P. 204. 11
Toklatian y Ramírez, Op. Cit. P. 325. 12
Banco de datos de derechos humanos Cinep-Justicia y Paz, Revista Cien Días, volumen 10, número 47, septiembre-noviembre de 2000. 13
Un U.S $ dólar = $2.250 colombianos.
14
Ministerio de Hacienda y DNP, Op. Cit. P. 29-30. 15
Ibid, p. 67, cuadro 14. 16
Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, (1997), Informe Final, tomo I, Editoláser, Bogotá, pp. 99-100. 17
Investigación del diario Orlando Sentinel sobre la ejecución de la ayuda a Colombia, reproducido por El Espectador, martes 3 de octubre de 2000, p. 3ª. 18
Naylor, R,T, (1995), Estructura y operación del mercado negro de armas, en: Toklatian y Ramírez, editores, Op. Cit., p.p. 3-37. 19
Hobsbawm, Eric, (2.000), Entrevista sobre el siglo XXI, Editorial Crítica, Barcelona, p.p. 21-35. 20
Ibid, p. 67.
21
Vargas Martínez Gustavo, (1998), José María Melo, los artesanos y el socialismo, Editorial Planeta, Colombia, pp, 91-103. 22
Presidencia de la República, DNP, (1991), La Revolución Pacífica, Plan de Desarrollo Económico y Social, 1990-1994, p. 31-59.
23
Palabras del Presidente Andrés Pastrana en la instalación del Congreso de la República, Bogotá, 20 de julio de 1999. 24
El valor negativo de 1998 se explica por un traslado hacia el exterior de los fondos de inversión por parte de Estados Unidos. En los últimos años es importante también la salida de utilidades hacia el extranjero, en la medida en que maduran los proyectos o se descapitalizan las empresas que fueron anteriormente adquiridas al sector público. 25. La estrategia bélica de las fuerzas combinadas militares-paramilitares pretende dar solución de continuidad sobre esta espacialidad en forma de herradura. Uno de los extremos se inicia en el eje de producción petrolera (las dos vertientes de la cordillera Oriental) y del oleoducto que concluye en el golfo de Morrosquillo. Igualmente buscan controlar las zonas de cultivos ilícitos en las altillanuras del Orinoco, Magdalena Medio y departamentos del sur del país, y el territorio estratégico para la construcción del canal interoceánico. Lo anterior explica la alianza de las autodefensas de Córdoba y Urabá (controladas por los hermanos Castaño) y los paramilitares dirigidas por Víctor Carranza (controlan zonas de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Casanare), en la autodenominada organización Autodefensas Unidas de Colombia. De esta forma ejército y autodefensas hacen presencia y ejercen control en las zonas petroleras de Putumayo, Casanare, Meta y a lo largo del Magdalena. Los ejércitos de la insurgencia operan en estas áreas, por lo que el nivel del conflicto es más agudo en estas zonas.
26 Esta situación explica los procesos de privatización de las empresas del Estado, las medidas de desregulación económica y las nuevas leyes que entregan la soberanía del subsuelo y la biodiversidad a las transnacionales, violando los derechos de los colombianos establecidos en la Constitución (el caso que afecta la comunidad indígena U´wa es uno de los más ilustrativos).
El Plan Colombia, una guerra al debe
Imperialismo e intervencionismo norteamericano
Economía política de la guerra
Cuadro 6
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Economista y filósofo colombiano. Investigador y escritor independiente.