En esta presentación queremos resaltar dos aspectos: por una parte, la composición de la población del Putumayo, su tradición organizativa y sus propuestas alternativas al cultivo de coca, y por otra, la consolidación de espacios de participación ciudadana como una alternativa al conflicto armado. La firma de los pactos en Puerto Asis, para la erradicación voluntaria sólo se pueden entender si se tiene en cuenta la historia de organización de los campesinos del Putumayo durante las últimas tres décadas.

Composición de la población de campesinos colonos en el Putumayo

Es ya un lugar común suponer que el cultivo, procesamiento y comercio de la coca genera violencia, promueve el individualismo, la búsqueda dinero fácil (narco-mentalidad ), la pérdida de valores, etc. Desde esta perspectiva se hace una lectura homogeneizante de los efectos de la economía de la coca en los pobladores de las regiones productoras quienes a su vez son descritos como buscadores de fortuna, gente sin arraigo, y aún más gente violenta que actúa fuera de la ley e impone sus propias reglas de juego. De esta manera, no se toma en cuenta la larga historia de colonización de la Amazonia y por lo tanto, se deja por fuera sectores de la población que se encontraban allí antes de la llegada de la coca.[1]

Una encuesta realizada por el INCORA en departamento del Putumayo 1991, arrojó los siguientes datos:

Dos aspectos deben resaltarse a partir de las cifras que presenta esta muestra. En primer lugar, la predominancia de colonización nariñense en el Putumayo, lo cual va a incidir tanto en los procesos organizativos de la población como en su percepción del Estado. Se trata de campesinos minifundistas que buscan hacerse a un pedazo de tierra propio y mantienen por lo tanto, su condición como pequeños cultivadores. En segundo lugar, aunque el porcentaje mayor de llegada a la región se presenta durante el el boom de la coca (37.60%), debe señalarse que durante el período de La Violencia, otro alto porcentaje llega a la zona, porcentaje que sumado a aquella población que llega como producto de la explotación petrolera, representa el 42.40% de la muestra, de manera que la economía de la coca no es la única razón para la migración de población a la Amazonia.

Como resultado de este proceso de colonización, existen tres generaciones que han residido en el Putumayo: una de migrantes tempranos, con hijos nacidos fuera del departamento pero criados en la zona, una segunda de hijos de los colonos antiguos nacidos en la zona, que quieren trabajar por su región y manifiestan un arraigo a la misma y una tercera de nietos de los primeros migrantes. Dentro de la segunda generación se pueden diferenciar profesionales que después de haberse educado por fuera regresan a la zona. Esta generación es más consciente de la especificidad de la región amazónica que los viejos colonos y propone proyectos productivos adaptados al medio ambiente Amazónico para substituir el cultivo de la coca a través de la creación de empresas cooperativas

Esta diferenciación entre generaciones de colonos también debe incidir en la reflexión sobre la conservación del bosque amazónico y la consecuente reubicación de los campesinos. Existen pobladores antiguos en la Amazonia que no estarían dispuestos a ser reubicados mientras que los colonos más recientes si lo podrían estar. Volvemos a insistir en la importancia de reconocer la larga historia de colonización de la Amazonia y sobre todo, tener en cuenta a la población para cualquier decisión que se tome. Existe un sector de la población que ha hecho su vida en la región, que vió llegar la coca estando en la zona, está dispuesto a sustituir y no a trasladarse. Insistir en la conservación de la Amazonia reubicando a la población aunque no se quiera es desconocer una población con arraigo en la zona y es apoyar o dar elementos para mantener la representación que se ha hecho de los habitantes de la Amazonia como migrantes (sino delincuentes), discurso que ha legitimado las acciones militares y la persecución de los campesinos cocaleros en la zona.

Esta distinción entre colonos antiguos y colonos recientes debe tenerse en cuenta para cualquier proyecto productivo alternativo que se promueva. Es reconocido en la región que colonos antiguos poseedores de tierras cultivan coca además de otros productos e invierten sus ganancias en mejorar su vivienda y en diversificar la producción a través del establecimiento de otros renglones tales como la ganadería. Estos colonos utilizan la mano de obra familiar para cosechar la coca y procesarla y generalmente no contratan mano de obra foránea. En contraste, otros, generalmente los recientes pobladores atraídos por la coca, se dedican exclusivamente a su cultivo en más de 3 hectáreas y requieren contratar trabajadores para la cosecha. Sin embargo, en el Putumayo el cultivo de coca es llevado a cabo principalmente por pequeños cultivadores.[2] Para 1996, el 77% de los cultivos de coca estaban en manos de pequeños y medianos productores en Puerto Asís y un 82% en el Valle del Guamués.

Puntos a considerar para la promoción de proyectos alternativos

A continuación queremos señalar algunos puntos que se deben tener presentes para la discusión de proyectos alternativos para el Putumayo, partiendo de la experiencia con las organizaciones comunitarias de la región.

En la zona se encuentran ejemplos de organizaciones comunitarias que ponen en entredicho el individualismo que se insiste promueve el cultivo de la coca. Además, los funcionarios de la Red de Solidaridad Social señalan cómo a pesar de la violencia y de los altos índices de cultivo de coca presentes en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamués (La Hormiga) y San Miguel (La Dorada) es impresionante la agilidad de los proyectos que impulsa esta institución: "en La Hormiga, Puerto Asís y San Miguel, sus habitantes trabajan hombro a hombro con los funcionarios oficiales locales para lograr mejorar su nivel de vida", es el comentario que hace una funcionaria de la Red entrevistada.

Por otra parte los funcionarios locales reiteran la necesidad de diferenciar no sólo entre dos generaciones (los viejos y los jóvenes) para el éxito de los proyectos productivos, sino que además llaman la atención sobre la distinción que se establece entre las formas de producción individual o comunitaria. Mientras algunos colonos antiguos muestran algunas potencialidades de reactivación de economías lícitas a nivel de finca pero con tendencia individual (Red de Solidaridad-IICA 1998), otros campesinos insisten en que " si queremos insertarnos en la economía del país, tenemos que hacerlo con calidad. Un campesino pequeñito no lo puede hacer, la única manera que lo haga es asociándose a través de la organización cooperativa. Esa cooperativa es la que logra hacer la agroindustria" (Intervención en la mesa de negociación, Orito, 1996).La organización a través de cooperativas o de empresas agrícolas coincide con la propuesta del Plante.[3]

Cabe señalar aquí, un punto de discusión importante sobre esta propuesta de crear empresas: se trata del señalamiento que hacen algunos funcionarios locales sobre el interés de algunos campesinos en sustituir pero con tendencia individual. Creemos importante determinar cuales son los sectores de la población que estarían d ispuestos a crear y mantener empresas agrícolas y cuáles no están inclinados a hacerlo, lo cual estamos convencidas tiene mucho que ver con el tipo de colono con el cual se trabaje. Se trata de capas de población que deben diferenciarse y tal vez si esta diferenciación se tiene en cuenta se pueden delinear proyectos que respondan a las expectativas de los grupos con los cuales se trabaje. Discutir si se deben impulsar trabajos en grupo (organizaciones empresariales) o individuales nos parece un tema fundamental de análisis que debe llevarse a cabo con participación de los interesados.

Otro punto que se debe discutir es el referente a la promoción o no de monocultivos, sobre lo cual hay varias posiciones. Algunos estudiosos del medio ambiente amazónico sostienen que debe impulsarse una real diversificación productiva, sin priorizar la recuperación de cultivos tradicionales de exportación y/o monocultivos (Cabieses 2000). Al respecto vale la pena insistir en que los colonos antiguos no sólo cultivan coca en sus fincas y es importante recuperar el conocimiento local sobre el manejo de la Amazonia que ellos tienen. El Plante ha entendido que el campesino, o por lo menos ciertos campesinos no son sólo cultivadores de coca y en su finca tienen otros renglones productivos. Es así como el Plante se ha propuesto entender que papel juega la coca dentro del modelo productivo campesino y así poder proponer su sustitución relacionada con estos otros renglones productivos que se tienen en la finca, según lo manifestó un funcionario entrevistado en 1999.

Propuestas integrales para la sustitución: mesa de negociación marchas de 1996

Queremos también insistir en las discusiones que se llevaron a cabo durante la negociación de las marchas de 1996, donde se hicieron propuestas concretas que se deben retomar. Se insistió en dos puntos centrales: en primer lugar, que "el campesino cultivador involucrado en el proceso de erradicación voluntaria sea considerado como un actor social e interlocutor válido en la búsqueda de soluciones" .Los dirigentes del movimiento siempre manifestaron su interés de trabajar de la mano del gobierno. En palabras de un vocero de los campesinos:

si encontramos que el Estado está cumpliendo, y en eso estén ustedes seguros que de la misma forma como nosotros somos voceros de las comunidades para defender la tesis que acabamos de mencionar, así mismo seremos también voceros del compromiso, no del gobierno, sino del compromiso que hemos adquirido aquí para irnos nuevamente a donde la gente a decirles cumplamos porque nos están cumpliendo"(Intervención de vocero de las comunidades durante mesa de negociación, Orito 1996.

En segundo lugar, se insistió en que la sustitución debe ser gradual y en la primera discusión que se tiene sobre la erradicación voluntaria después de las marchas de 1996, en Octubre de ese año propusieron la estrategia que transcribo a continuación:

Se calcula que el crédito estará dirigido a una población de 40.000 familias pequeños y medianos propietarios, vinculados o no con cultivos ilicitos en el departamento del Putumayo. Se propone una tasa de interés del 15% anual con un período muerto de dos años para capital e intereses y deberá cubrir el costo total del proyecto de inversión el cual estará sujeto a la planificación de la finca. Para asegurar dineros para el crédito, se propone la constitución de un Fondo de Emergancia Agropecuaria de carácter transitorio por un período de seis años, que se constituiría con recursos del presupuesto nacional y otras fuentes existentes por un valor que sea suficiente y necesario para financiar las líneas de crédito subsidiado, seguro de cosecha, compra al contado de la producción con precios de sustentación, e implementación de un sistema de subsidio de transporte consistente en la definición de dos estrategias, que tienen que ver, una, con el pago del costo total (flete) de transporte de los productos desde el sitio de producción hasta los sitios de Mercadeo Mayorista de Nariño, Cauca y Huila. Además, el crédito deberá tener un componente de asistencia técnica otorgada por los organismos institucionales del sector agropecuario del nivel municipal, regional, nacional e internacional, que no afecte el valor del mismo. También se propone propender por el establecimiento de Unidades Agrícolas Familiares (UAF) de acuerdo con la ley 160 de 1994, teniendo en cuenta las características del territorio Amazónico, para lo cual se propone una UAF no inferior a 30 hectáreas.

Se distinguen además dos tipos de proyectos productivos: los cultivos tradicionales o colonizadores y los proyectos de producción sostenible. Se aclara que los proyectos productivos con cultivos colonizadores para la sustitución voluntaria de coca se ejecutarán a partir de la implementación de una estrategia de contingencia con base en la declaratoria de emergencia económica y social en el departamento del Putumayo La declaratoria de emergencia les permitía inscribir los proyectos en el Banco Nacional de Proyectos de Planeación Nacional sin ser sometidos a los trámites y vigencias ordinarias. En cuanto a los proyectos de producción sostenible, se conciben como "la puesta en marcha de empresas cooperativas de productores agroforestales y agrosilvopastoriles apoyadas con recursos provenientes del presupuesto nacional y la cooperación internacional". Estos proyectos se identificarían y se formularían con participación de la comunidad y el concurso de personal técnico y profesional vinculado al desarrollo del departamento. Finalmente se previó la conformación de una Comisión permanente de evaluación, veeduría, control y seguimiento de comunidad, con miembros definidos por la Comisión Negociadora del Paro Cívico (Documento de primera discusión, Comisión 1, Agosto 14 de 1996).

La Red de Solidaridad propuso en esta mesa de negociación de las marchas de 1996 la posibilidad de erradicar manualmente. El Programa de erradicación que inicialmente proponía a los cultivadores la modalidad de pago de jornales para sustituir los cultivos de coca dependiendo del número de hectáreas que el campesino tuviera en coca. Se partió de un mínimo de una hectárea y un máximo de 3 hectáreas. Por una hectárea se le pagaban 37.5 jornales, a razón de $10.000 cada uno, lo cual daba un total de $375.000 por hectárea erradicada.[4] El campesino que erradicara dos hectáreas se le pagaban 75 jornales, es decir $750.000 y al que erradicara tres 112 jornales, equivalente a $1.120.000. Una vez se inicia la erradicación de la coca se debía contactar al técnico de la UMATA para entrar en el programa de erradicación el hacía una visita e iniciaba el proceso de adquisición del crédito. Se entraba así a la fase denominada "de aprestamiento" que comprendería el periodo de tiempo entre la erradicación y la aprobación del crédito para iniciar un proyecto productivo, calculado en dos meses, teniendo el campesino derecho a un subsidio de $750.000 para sostenerse mientras se procesaba el crédito o se preparaba la tierra para seguir produciendo. A quien tuviera tres hectáreas se le entregarían $1.875.000. Para los campesinos la erogación del crédito a los dos meses es demasiado largo, sumado a que consideraban que con $750.000 no se sostenía una familia durante dos meses, a razón de $375.000 mensuales.

A pesar de estas salvedades, entre los meses de abril a julio de 1997 la Red de Solidaridad recibió propuestas de erradicación voluntaria de cultivos de coca por parte de campesinos de los municipios de Puerto Asís, Orito, San Miguel, y Valle del Guamués.[5] Como experiencia concreta, en el Predio Putumayo y Predio Caucayá en el municipio de Leguízamo, se adelantaron proyectos piloto de erradicación manual que consideramos deberían evaluarse en cuanto a su proceso, ahora que se están firmando pactos para la erradicación voluntaria. En el Predio Putumayo, en el Parque La Paya el proyecto fue iniciado en 1997, con la participación de la Red de Solidaridad Social, el Ministerio del Medio Ambiente (funcionarios del parque La Paya), el INCORA, el Plante del nivel central y la Alcaldía-UMATA-Personería Municipal. En el Parque la Paya se llevó a cabo con proceso de saneamiento del resguardo indígena.

En el Predio Putumayo se trabajó con 51 familias entre colonos e indígenas y en septiembre de 1998 se había lograod erradicar 186.5 hectáreas de coca. Se consiguieron recursos para erradicación, saneamiento, aprestamiento y apoyo a las familias que abandonaron el área para establecerse en la cabecera municipal de Puerto Leguízamo a través de recursos para vivienda de interés social. "En el proceso de saneamiento Incora trabajó con 64 familias por un valor de $476.210.000; en la erradicación manual la Red trabajó con 51 familias por valor de $140.800.000; como aprestamiento la coordinación Plante-Red trabajó con 51 familias por valor de $57.375.000; así mismo la Red con el programa de vivienda focalizó a 16 familias para entrega posterior del subisidio por valor de $41.600.000. Si hacemos la relación de los diferentes recursos invertidos por las instituciones sin tener en cuenta el costo logístico, diseños y proyectos, la inversión realizada en la región para el caso Predio Putumayo tiene un costo promedio de $13.926.565 por familia y/o predio saneado de coca y un promedio de $3.816.000 por hectárea de coca erradicada."(Red de Solidaridad-IICA, 1998 Enfasis mío).

En 1998, la Red informa que en el predio Caucayá se llevó a cabo el mismo proceso con algunas familias y se habían identificado aproximadamente otras 14 familias que faltarían por entrar en ese proceso con quienes se estaba verificando la existencia de cultivos de coca para después entrar a diseñar proyectos alternativos (Red-IICA, 1998).

Promoción de espacios de participación ciudadana en medio de la violencia:

el caso del CMDR de Puerto Asís

Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), se han convertido en el Putumayo en espacios para el trabajo entre las instituciones oficiales y los campesinos para entrar a diseñar programas para el municipio más acordes con los intereses de la población tanto urbana como rural. Estos Consejos fueron creados según la Ley 101 de 1993 para servir como instancia superior de concertación entre autoridades locales, comunidades rurales y entidades públicas en materia de desarrollo rural. A finales de 1998 y principios de 1999 se consolidan los CMDR en el Putumayo pero en especial en el Municipio de Puerto Asís. En este proceso es determinante la ANUC quien lidera en el departamento el impulso de estos instrumentos de planeación y participación.

A través de la Asociación de Municipios del Putumayo (fundada en 1998), a principios de 1999 se presenta la propuesta del Observatorio Social Participativo (OSP) para los municipios del Putumayo, la cual es impulsada por el municipio de Puerto Asis. Los objetivos del proyecto presentado fueron contribuir a elevar la capacidad de gestión de la administración de Puerto Asís (Putumayo) y a generar poder en las organizaciones populares ampliando los espacios de participación democrática, a través de un sistema de indicadores sociales que facilitaran la elevación de la conciencia social, focalizaran demográfica y socialmente la inversión social y permitieran el seguimiento de la gestión gubernamental en cuanto a proyectos para las poblaciones socialmente vulnerables.

El OSP en asocio con el CMDR logra los mejores resultados e inicia un proceso de sensibilización y capacitación, con talleres de organización, planeación, proyectos y participación comunitaria, a través de los 12 grupos del CMDR que conforman los cinco (5) corregimientos y siete (7) inspecciones. Esta etapa se comienza en el mes de marzo y termina a finales de noviembre de 1999, con una cobertura de setenta y dos (72) reuniones y talleres, con más de dos mil ochocientos ochenta (2880) personas participantes de manera continua entre dirigentes y comunidad.

Este proceso ayudó a sensibilizar y concientizar a la Administración Local, las instituciones locales, departamentales, nacionales y especialmente a las comunidades que habitan en las veredas, sobre la importancia de la herramienta en la elaboración de propuestas con miras a la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.

A continuación presentamos algunas propuestas hechas por las comunidades en este proceso:

• Aportar en la búsqueda de soluciones para la paz y la convivencia iniciando un proceso de reflexión con las mujeres y jóvenes de Puerto Asís, en la búsqueda de soluciones pacíficas a través de talleres que permitan un diagnóstico concreto y real.

• Acompañar y fortalecer el trabajo de la Agenda de Convivencia propuesta en el Plan de Desarrollo Departamental "Plan Piloto Territorial de Convivencia" presentado para el período 1998-2000.

• Restablecer los contactos y relaciones correspondientes con nuestra hermana República del Ecuador, a partir del II Foro Binacional Humanitario realizado en Lago Agrio el 12 y 13 de Octubre de 1999.

• Retomar la propuesta de la Asamblea Permanente por la Paz, de realizar una convocatoria de asamblea en Puerto Asís.

• Realizar una encuesta anual de las necesidades de todos los hogares de Puerto Asís. Esta debe permitir elaborar los programas de los candidatos en las elecciones siguientes.

• Proyecto para el montaje de la Escuela de Liderazgo

• Organizar un encuentro de las experiencias comunitarias con el Observatorio Social Participativo.


 

Desde 1998 surge con mucha fuerza la idea de proyectar una Zona de Reserva Campesina en Puerto Asís, se elabora la propuesta durante 1999 y 2000 y es aprobada mediante Resolución del Incora a finales del 2000. Esta Reserva se encuentra ubicada en el Centro-Sur del municipio de Puerto Asís, con una extensión aproximada de 22,000 hectáreas y población estimada de 4,700 habitantes, distribuidos en 22 veredas. Densidad de 1 habitante cada 5 hectáreas. Abarca la Inspección del Bajo Cuembí y del Comandante, con 12.000 y 10.000 has respectivamente. El diagnóstico para proponer la constitución de la Zona de Reserva Campesina se realizó a través del CMDR donde participaron activamente los líderes campesinos recogiendo información veredal de población, proyectos productivos, etc. La constitución de una ZRC supone la existencia de una comunidad organizada que se presenta como tal ante el Estado para que sus miembros sean reconocidos como interlocutores para el proceso de estabilización de la frontera agrícola; para los colonos de estas veredas, la ZRC se convirtió en una de las mejores alternativas para por considerarla también como un instrumento indispensable en el diseño y ejecución de planes de desarrollo y políticas de manera integral. En esta perspectiva se inscribe la propuesta de ZRC como un ejercicio de planeación, de abajo hacia arriba, con la directa participación de la comunidad organizada, la cual produce su propio diagnostico participativo y el Plan de Desarrollo Sostenible concertado con la administración municipal y demás entidades estatales que hacen presencia en la zona. Es así como en el diagnóstico se presentan perfiles de proyectos como son:

• Manejo Sostenible del Bosque Natural y Plantado

• Seguridad Alimentaria para la Zona de Reserva Campesina

• Agroindustria de Plantas Aromáticas y Medicinales

• Fortalecimiento de la Ganadería

• Alternativa de Desarrollo a la Practica de Cultivos Ilícitos y la Degradación de los Suelos.

Esta propuesta se dá al mismo tiempo que se inicia el Plan Colombia, lo cual implica la intensificación de las fumigaciones en el Putumayo, las cuales comienzan en el municipio de Puerto Guzman a comienzos del año y en Valle del Guamuez, San Miguel y Orito a finales de 2000. Además toma lugar el incremento del paramilitarismo en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuez y San Miguel), el desplazamiento de aproximadamente 3000 familias hacia el Ecuador, Mocoa y Alto Sibundoy) y el paro armado que comienza a mediados de septiembre el cual dura casi tres meses y lleva a sus habitantes a pasar por las penurias sociales y económicas más graves.

Las amenazas, desapariciones y asesinatos selectivos de lideres en especial en el Municipio de Puerto Asís hacen que el miedo se apodere de sus habitantes hasta el punto de inmovilizar el CMDR, pero a pesar de esta grave situación los lideres campesinos y colonos logran a través de las elecciones en Octubre y de forma democrática llegar al Concejo Municipal y a la Asamblea Departamental como una opción cívica. Mientras tanto la respuesta del Estado es por un lado ayuda humanitaria a través de la promoción de proyectos alternativos productivos y por otro, intensificación de la presencia militar con más de 4.500 hombres. También llegan al Putumayo instituciones internacionales que crean expectativas sobre posible inversión social. El resultado es la confusión de los pobladores de la región, por cuanto se habla de programas de ayuda internacional y nacional para sustitución de cultivos de coca y a la vez, se vive la intensificación del conflicto en la región.

En este proceso es necesario aclarar que el alcalde de Puerto Asís, las ONG de Derechos Humanos y algunas personalidades internacionales han asumido una posición muy clara frente a la problemática buscando salidas de este circulo del narcotráfico con propuestas sociales y productivas dignas para los putumayenses. Sin embargo consideramos que son las comunidades organizadas de Puerto Asís las que tienen la última palabra en cuanto a la forma de llevar a cabo la sustitución de los cultivos de coca y es necesario no hacer caso omiso tanto de propuestas como de experiencias anteriores en el Putumayo para la erradicación de cultivos ilícitos.

Bibliografía

Acta de Acuerdo entre la Comisión Negociadora del Gobierno Nacional y la Comisión Negociadora del Paro Cívico del Departamento del Putumayo. "Por un Putumayo sin coca y sustentado en una economía solidaria. Plan de Desarrollo Integral de Emergencia. Orito, 19 de Agosto de 1996.

Alomía Eduardo, et. al. 1997. Al. Estudio de Impacto Socioambiental generado por el cultivo y proceso de la hoja de coca Erytroxilon coca Lam., en los municipios de Puerto Asís y el Valle del Guamués, Departamento del Putumayo. Monografía para optar al título de Especialista en Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo. Universidad Incca de Colombia. Bogotá.

Ariza, Eduardo, María Clemencia Ramírez y Leonardo Vega. 1998. Atlas Cultural de la Amazonia Colombiana: la construcción del territorio en el siglo XX. Ministerio de Cultura-Instituto Colombiano de Antropología, Corpes Orinoquia, Corpes Amazonia, Bogotá.

Cabieses Hugo. Cultivos Ilícitos y "Desarrollo Alternativo": Lecciones de la Experiencia y Algunas Propuestas Andinas. Octubre del 2000, Lima. Documento presentado para la discusión al Debate Virtual Cultivos Ilicitos en Colombia, Universidad de los Andes.

Documento de primera discusión, Comisión Primera de Definición Plan de Sustitución y Erradicaión Voluntaria de Cultivos Ilícitos. Acuerdo de Orito, Agosto 14 de 1996.

Municipio de Puerto Asís. Zona de Reserva Campesina "La Perla Amazónica". Departamento del Putumayo. Noviembre del 2000, Puerto Asís.

Red de Solidaridad Social e IICA-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. "Informe de Labores Julio-Septiembre de 1998". Mocoa, Putumayo

[1] La colonización del Putumayo y en general de la región de la Amazonia Occidental se inicia desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Podemos diferenciar los siguientes períodos de colonización: 1900-1946: Se inicia la construcción de carreteras por parte de la Misión Capuchina en 1906 que son terminadas a raíz del Conflicto Colombo-Peruano (i.e.Pasto-Mocoa y Neiva-Florencia). En 1912 se funda Puerto Asís y en 1924 se convirtió en base militar. En 1922 se funda San Antonio del Guamués, producto de la colonización nariñense. La colonización continua como resultado del conflicto Colombo-Peruano (1930) cuando los militares inician esfuerzos para colonizar esta parte de la Amazonia con el fin de ejercer su soberanía sobre esta área de frontera.1946-1962: la colonización de la violencia: disolución de resguardos en Nariño e inicio de la explotación maderera en 1950. En la década de los 60 se instaura comercialización de pieles.1963-1976: toma lugar la llamada "la fiebre petrolera". Se descubren en 1963 zonas petroleras en Orito, La Hormiga, Acaé y San Miguel en el Valle del Guamués. En 1964- se inicia el Proyecto Putumayo 1 del INCORA (alto Putumayo), como proyecto de colonización dirigida. 1977-1987: Se inicia el cultivo de coca que rápidamente se expande presentándose el primer boom en 1981 y sosteniéndose hasta 1987.En 1987 llega a la región Rodríguez Gacha como resultado de represión en el Magdalena Medio y es expulsado en 1991 por la población de Puerto Asís en asocio con las FARC.1988-presente: colonización reciente, alrededor del petróleo y la coca. Entre 1988 y 1990 decaen los precios de la coca, se intensifica lucha contra el narcotráfico y matan al candidato presidencial Luis Carlos Galán. Desaparece en 1990 la variedad de coca inicial conocida como caucana debido a las plagas y se inicia el cultivo de tingo maría, variedad del Perú y la variedad Boliviana, aumentándose y estabilizándose la producción. Considerable número de personas llegan a la región hasta 1994 (provenientes de los departamentos del Huila, Cauca, Valle, Nariño, así como de la región cafetera y del Ecuador). Desde entonces la migración de población atraída por las oportunidades de la economía de la coca ha continuado de una manera menos intensiva .

[2] En 1996, de las 11.884 hectáreas con coca existentes en Puerto Asis, 2733 (23%) estaban en manos de los grandes cultivadores, con un promedio de 18 hectáreas por finca, 4.15 (35%) en manos de medianos productores, con un promedio de siete 7 hectáreas por finca y las 4.992 (42%) restantes estaban en manos de pequeños cultivadores con un promedio de 2.3 hectáreas por finca. Para el Valle del Guamés y San Miguel se encontró que de las 11.112 hectáreas existentes, 2.000 (18%) estaban en manos de grandes cultivadores, con un promedio de 16 hectáreas por finca; 3.334 (30%) estaban en manos de medianos productores, con un promedio de 5.6 hectáreas por finca y las 5.778 (52%) estaban en manos de pequeños productores, con un promedio de 2.6 hectáreas por finca (Alomía et.al. 1997:52).

[3] La organización a través de cooperativas coincide con la propuesta del Plante:

Que el Estado pueda invertir en unas empresas que creamos, que organizamos para que esa empresa le dé los servicios tecnológicos y de acompañamiento necesarios a este campesino para que produzca en las condiciones que el mercado esté exigiendo, entonces en esta empresa intermediaria tiene que estar el Estado, el sector privado y la comunidad, ese tipo de cosas no se hacen en uno o dos años. (Entrevista a funcionario del Plante, 1999).

[4] En la primera discusión que se realiza el 14 de Agosto al interior de la Comisión 1, se cuantifica el valor de la hectárea de coca a través del siguiente cálculo: la cosecha de una hectárea de coca produce 140 arrobas de hoja, al año se realizan 4 cosechas para un total de producción de 560 arrobas anuales. Cada arroba tiene un precio de $7.000. De lo que se deduce que el valor real de la producción anual de una hectárea de hoja de coca equivale a $3.920.000. Por lo cual se establece un ingreso mensual de $326.666 pesos por hectárea. Con base en esto se propone el pago de 18 meses por hectárea sustituida y erradicada voluntariamente tiempo en el cual se llevará a cabo el establecimiento del cultivo transitorio y la gestión del crédito para el cultivo permanente. Se propone también iniciar el proceso de sustitución y erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos en las áreas de protección equivalentes a parques naturales, reservas y en los teritorios indígenas con problemas de saneamiento y tenencia de tierras. La población beneficiaria deberá ser reubicada o relocalizada pora lo cual se formulará un Plan de Ordenamiento Territorial que permita establecer las áreas de reserva campesina dentro y fuera del departamento del Putumayo. Se diferencia entonces entre áreas de protección, de manejo especial y áreas de producción o de vocación productiva. (Documento de Primera Discusión Comisión 1, Agosto 14 de 1996).

[5] Se registraron formalmente ante la Red los siguientes proyectos:

La Asociación de Productores Agropecuarios del Valle del Guamués-San Miguel (ASOPRAVG), 55 interesados para la erradicación de 68.3 hectáreas de coca. Con esta asociación de un proyecto para crear una planta de concentrado y materias primas se reformuló uno nuevo consistente en el establecimiento y sostenimiento de 100 hectáreas de chontaduro para producción de palmito. El costo total del proyecto se calculó en $339.694.600 y su financiación se dividió entre productores $161.147.465, la Red $73.380.000 y el Plante $343.686.208. Con estos mismos productores y en coordinación con otras instituciones como el Plante, Fondo Amazónico, Secretaría de Agricultura, la Alcaldía del Valle del Guamués-Umata y la Red de Solidaridad Social, han buscado desarrollar el proyecto Planta Agroindustrial para Producción de Concentrados, la cual se encontraba en 1998 en ejecución física inicial.

La Organización de productores para la recuperación y conservación del medio ambiente de la inspección Lucitania en el municipio de Orito, propusieron erradicar 40.5 hectáreas de coca, 16 interesados para establecer fincas integrales con sistemas agrícolas y pecuarios; a este proyecto se le realizó la actualización de costos y anexos respectivos. El costo total es de $139.778.000, su financiación se dividió entre productores, $13.046.000, la Red $20.700.000 y el Plante 106.032.000.

12 productores en el municipio de Puerto Asis del corregimiento de Santa Ana propusieron erradicar 19.5 hectáreas y establecer fincas integrales con sistemas agrícolas y pecuarios. A este proyecto se le realizó actualización de costos y documentos anexos. El costo total de proyecto es de $98.741.073 y su financiación se divide entre productores $12.223.665, la Red $11.700.000 y el Plante $74.817.408.

Aunque estos proyectos son pequeños y poco representativos en cuanto a potencialidad de hectáreas erradicadas, nos parece importante señalarlos porque muestra el deseo de la gente de buscar alternativas a la coca, además de interés en asociarse para generar empresas productivas. En 1998 se encontraban en evaluación y para búsqueda de cofinanciación en las oficinas del Plante en Bogotá. Para los funcionarios locales de la Red, estos proyectos requerían de voluntad política del gobierno para trabajar en coordinación interinsitucional y así garantizar que una vez se hiciera la erradicación, entraran a trabajar con los campesinos instituciones como el Incora, el Plante y el Ministerio de Agricultura principalmente y así asegurar el éxito del proceso de erradicación.