II ENCUENTRO NACIONAL DE MESAS CIUDADANAS PARA UNA AGENDA DE PAZ
Mesa: Cultivos ‘Ilícitos’ y Agenda de Paz[1]
SOLUCIONES PACÍFICAS ALTERNATIVAS A LA ‘GUERRA A LAS DROGAS’
Bogotá, Marzo de 2001
Con el inicio del Plan Colombia, el tema de los cultivos de uso
ilícito comenzó a ocupar el centro de la política
colombiana. Así será durante los próximos años.
Si el futuro de la paz y de la guerra depende de las determinaciones que
se tomen al respecto, resulta imperioso para la sociedad civil proponer
alternativas pacíficas orientadas a promover el desarrollo sostenible,
la justicia social y el respeto de los derechos individuales y colectivos
de la población asentada en las regiones productoras de plantas
de coca, amapola o marihuana. Para los amigos de la paz es una obligación
política y moral impedir que a nombre de la “guerra contra el narcotráfico
y la violencia” se desate una ofensiva militar contra el campesinado colombiano,
mientras la mafia de las drogas mantiene su poder de amparo internacional
y acrecienta sus ganancias a merced de los precios altos, la violencia
y la corrupción que acompañan el prohibicionismo.
A la sociedad civil colombiana, a sus partidos políticos, a la
insurgencia, al gobierno colombiano y a la comunidad internacional presentamos
las siguientes propuestas programáticas sobre la relación
"Cultivos ilícitos - Agenda de Paz".
I. ¡Cese inmediato a las fumigaciones!
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Parar las fumigaciones contra los campesinos, colonos e indígenas
constituye hoy una prioridad en defensa de los derechos humanos, la integridad
de las comunidades y las familias, la salud, la seguridad alimentaria y
la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, vulnerados
por las políticas represivas contra los llamados cultivos con fines
ilícitos.
-
Un caso reciente es la fumigación aérea intensiva contra
los cultivos de coca en el departamento del Putumayo. Según la Defensoría
del Pueblo, se fumigaron incluso proyectos de Desarrollo Alternativo y
de cooperación internacional y hasta cultivos lícitos de
comunidades indígenas y campesinas que ya habían firmado
“cartas de intención o de compromiso” para la erradicación
manual voluntaria. La aspersión del herbicida ‘glifosato’ –señala
el informe oficial- aumentó la deforestación del piedemonte
amazónico, destruyó cultivos de alimentos y plantas medicinales,
afectó estanques piscícolas, incrementó migraciones
de animales silvestres, produjo daños sobre los cuerpos de agua,
redujo la seguridad alimentaria, incrementó el costo de la vida
y produjo desplazamiento forzoso de la población hacia otros departamentos
y hacia el Ecuador[2].
-
Se debe descartar también cualquier proyecto de investigación
o uso de armas biológicas para erradicar cultivos de coca,
amapola o marihuana. Con este fin se solicitará a la Comisión
de Estupefacientes de la ONU y a la Conferencia de las Partes del Convenio
de Armas Biológicas y Tóxicas, la prohibición global
del uso de agentes biológicos contra cultivos.
II. Nuevo enfoque de corresponsabilidad internacional
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Es urgente un nuevo concepto de responsabilidad internacional compartida,
que repare no solo los efectos negativos que la demanda de drogas tiene
sobre los países productores, sino también los que se generan
por las políticas punitivas que se imponen para su control.
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Una práctica justa de la corresponsabilidad no puede consistir,
entonces, en el envío de "ayuda" militar para la "lucha antinarcóticos"
en los países de la oferta, ni en recursos exiguos para un ‘desarrollo
alternativo’ entendido como complemento de las acciones de fuerza contra
los campesinos, sino en la promoción de soluciones pacíficas
y reformas estructurales con los aportes suficientes de los países
que consumen, proveen los insumos químicos y/o encubren los capitales
producto del narcotráfico.
III. Evaluar la ‘política antidrogas’
-
Las leyes antidroga y el prohibicionismo crearon el problema que padecen
países productores como Colombia. Por ello, conocidos intelectuales
promueven el debate internacional sobre la legalización
de la droga, argumentan sobre la despenalización e insisten
en que las organizaciones criminales que actúan alrededor del fenómeno
de las drogas sólo serán derrotadas cuando se desvertebre
su estructura financiera, edificada sobre los inmensos rendimientos que
produce el prohibicionismo[3].
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Además de ineficaz, la ‘política antidrogas’ auspiciada por
los Estados Unidos está acrecentando peligrosamente los niveles
de ingobernabilidad interna, la militarización de la región
y la internacionalización del conflicto colombiano.
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La sociedad civil colombiana puede cumplir un papel importante si hace
oír su voz en los escenarios internacionales sobre la experiencia
acumulada en décadas de aplicación de la ‘política
antidrogas’. De allí que sea necesario impulsar la conformación
de una Comisión mundial de alto nivel sobre el tema de las drogas
“para que se pronuncie sobre la evaluación de veinte años
de ‘guerra antidrogas’ y sobre las opciones de despenalización y
legalización”, presentada en el Encuentro Internacional de Costa
Rica realizado en octubre de 2000.
IV. Descriminalizar y despenalizar: los mínimos de la concertación
-
Además de parar las fumigaciones, otra condición mínima
para iniciar un diálogo justo con los productores de la materia
prima de uso ilícito es el considerarlos interlocutores sociales
válidos en la búsqueda de soluciones pacíficas, graduales
y concertadas. Para lograr su descriminalización, la sociedad civil
debe impulsar en el Congreso de la República la modificación
del Estatuto Nacional de Estupefacientes o Ley 30 de 1986.
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Es necesario establecer mecanismos ágiles, eficaces e imparciales
para la tramitación de demandas de reparación económica
por daños causados a campesinos e indígenas por las ‘operaciones
antinarcóticos’.
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Se requiere reconocer plenamente a los pueblos indígenas los usos
tradicionales de la hoja de coca, y levantar la prohibición del
cultivo para usos medicinales, alimenticios e industriales lícitos.
Para que no llegue a manos de la mafia narcotraficante, el Estado y la
comunidad internacional podría comprar a los campesinos la producción
de coca, marihuana y látex de amapola, mientras se consolidan los
proyectos de desarrollo regional y sustitución de cultivos de mediano
y largo plazo.
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Aceptando que es imposible eliminar las drogas, se debe incentivar una
cultura de educación y autoregulación social entre la juventud,
y tratar la drogodependencia como asunto de salud pública, tal y
como sucede con el alcohol y el tabaco. Los países de la demanda
deben tener en cuenta que la despenalización del consumo
es una política incompleta si se mantiene la guerra en el polo de
la ‘oferta’.
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Concentrar la “represión legítima” -Law Enforcement-
en los eslabones de la cadena financiera de los ilícitos, de suministro
de insumos y de narcotráfico, eliminando las facilidades jurídicas
y fiscales para repatriar y legalizar las ganancias ilícitas, con
base en acuerdos internacionales de corresponsabilidad.
V. Gradualidad, concertación y equidad
-
Según el tipo de cultivo con fin ilícito se aplicarán
estrategias diferenciadas por parte del Estado y la Comunidad Internacional:
sustitución concertada, gradual, manual, limpia y compensada económicamente
para los cultivos campesinos, y erradicación sin compensación
y por medios manuales o mecánicos no contaminantes para las grandes
extensiones comerciales. Ello implica la abolición de los artículos
3 y 4 de la Resolución 005 de agosto 11 del 2000, donde
se autoriza por el Consejo Nacional de Estupefacientes las fumigaciones
sobre cultivos ‘ilícitos’ fraccionados y/o cultivos ilícitos
mezclados, cualquiera sea su extensión.
-
La experiencia demuestra que los campesinos no pueden esperar mucho de
los subsidios que ofrezca el Estado. Dentro de una concepción global
de gradualidad, la menor importancia de la economía ilícita,
incluido el número de hectáreas sembradas, debe considerarse
un resultado del desarrollo y no un prerrequisito forzoso para la inversión
social.
-
Por ello no son justas ni viables las propuestas de erradicación
manual, que nacidas de las comunidades o impuestas por el Estado, son consecuencia
directa del peso disuasivo de las fumigaciones, la pérdida de la
seguridad alimentaria o la amenaza de la guerra. Los problemas estructurales
del campo colombiano requieren soluciones de largo aliento que nada tienen
que ver con los plazos perentorios de 10 meses fijados por el gobierno.
La pregunta es: ¿en el desarrollo alternativo, quien tiene que demostrar
eficacia?; ¿el campesino, con todos los factores económicos
adversos, o el Estado propiciador de la inequidad rural y el descalabro
económico del agro?
-
Un pacto es un acto de voluntad entre partes que en condiciones de igualdad
definen contenidos, procesos y resultados. La sociedad civil debe propugnar
porque los pactos de erradicación manual hagan honor a su nombre,
impidiendo que acciones de fuerza debiliten la capacidad de campesinos,
indígenas y colonos para una real concertación con el Estado.
Dentro de la óptica de la defensa de los derechos humanos, debe
vigilarse para que los actores más fuertes de la política
antidrogas no violenten los derechos de la población más
vulnerable.
VI. ¿Políticas de ‘sustitución’ o de competencia?
-
Sustituir cultivos declarados ‘ilícitos’ por cultivos lícitos
en ecosistemas frágiles, no constituye una reconversión productiva
sostenible. Allí donde la vocación de los suelos lo permita,
en lugar cultivos sustitutivos es recomendable derivar hacia complejos
de actividades en competencia con la economía agrícola
de los narcóticos, que sin buscar necesariamente recursos iguales
logre la autosuficiencia alimentaria regional y el bienestar de la población.
Se propone para ello el mejoramiento de las explotaciones agrícolas
y pecuarias mediante prácticas sostenibles como el potrero arborizado,
la ganadería estabulada, la silvicultura, la acuicultura, la zoocría
controlada, la agroforestería y otros modelos agrícolas alternativos
y biodiversos.
-
La sustitución, no de la planta, sino del uso, para destinarla
a la alimentación, la medicina y otros fines, es otra propuesta
viable en lo social, económico y ambiental.
VII. Autogestión, solidaridad y sostenibilidad ambiental
-
Son condiciones esenciales para la implementación de modelos sociales
sostenibles y competitivos, el desarrollo del poder local, la democracia
participativa y la autogestión de las comunidades.
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Este enfoque redundará en el fortalecimiento de la solidaridad veredal
y la convivencia entre vecinos, además de una relación más
armónica con el entorno natural. Las experiencias de los pueblos
indígenas, comunidades campesinas y afroamericanas sobre sistemas
productivos exitosos, tradiciones organizativas y planes de vida deben
incorporarse en las políticas y planes de desarrollo local y regional
que se formulen.
VIII. Reforma Agraria, Ordenamiento Territorial y Empleo
-
Es necesario un nuevo modelo de desarrollo que amplíe las
oportunidades a los más pobres. Esto incluye reforma
agraria, que en un período no mayor de cinco años democratice
la tenencia de la tierra en los suelos de vocación agrícola,
y una política de recomposición de la economía campesina
que fortalezca la soberanía alimentaria del país, estabilice
los procesos de colonización, revierta los flujos migratorios y
contribuya a superar el desplazamiento forzado en el país.
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Estimular procesos de ordenamiento ambiental territorial quedelimite
áreas ocupadas y áreas protegidas, sustraiga los territorios
de colonización situados sobre ecosistemas frágiles o sin
perspectivas para una reconversión productiva sostenible. Los programas
de reubicación de población que de allí se
deriven deben ser voluntarios y graduales, con garantías para una
vida digna y segura en los sitios de llegada.
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La política de redistribución de la propiedad territorial
se puede iniciar con la extinción de dominio a las propiedades rurales
de los narcotraficantes[4],
la expropiación de tierras privadas subutilizadas y el desarrollo
de la figura de Zonas de Reserva Campesina en áreas de vocación
agrícola y no solo de colonización.
-
Es necesario diseñar políticas de desarrollo social, reactivación
económica, empleo y capacitación de carácter preventivo,
que desestimulen la migración de los jóvenes de las barriadas
urbanas más pobres hacia el trabajo de siembra, cosecha o provisión
de servicios varios en las regiones productoras de hoja de coca o amapola.
IX. Reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas
-
La defensa de la diversidad biológica y cultural también
requiere un régimen especial de protección de los
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos
indígenas, comunidades campesinas y afroamericanas; de conformidad
con su derecho consuetudinario y con los instrumentos del derecho internacional
como el Convenio 169 de la OIT, la ley 21 de 1991, y el Convenio sobre
Diversidad Biológica.
-
Es indispensable reconocer y respetar la autonomía de los
pueblos indígenas, sus derechos territoriales y el carácter
colectivo de los conocimientos tradicionales. Con este fin, es necesaria
una moratoria sobre la bioprospección mientras la
herencia cultural de los pueblos y comunidades no esté protegida
a cabalidad por leyes nacionales e internacionales[5].
X. Acciones desde las mesas de diálogo y negociación
-
Cese multilateral del fuego y defensa de una solución política
negociada al conflicto armado en Colombia, con el fin de ambientar los
diálogos y las negociaciones con la participación de la sociedad
civil y el apoyo de la comunidad internacional.
-
Fondo Estatal de Promoción de la Paz de Colombia, coordinado
por el Gobierno nacional, la insurgencia y las organizaciones sociales,
para estimular proyectos de desarrollo social con recursos de cooperación
internacional y los del actual Fondo de Inversión para la Paz.
-
“Laboratorios de desarrollo alternativo, paz y protección ambiental”,
con base en acuerdos tripartitos, entre el gobierno, la insurgencia y las
comunidades, con tregua armada multilateral, compensación
de los recursos económicos para el sostenimiento de la fuerza insurgente
y sustitución de cultivos en áreas delimitadas. UnaComisión
Internacional de Veeduría y Verificación
acompañara
dicho proceso.
-
Comisión Latinoamericana de Paz que evalúe los impactos
del Plan Colombia sobre la región andino amazónica, apoye
el proceso de paz y busque alternativas a la fumigación química
y contra las amenazas de guerra biológica por parte de gobiernos
extranjeros u organismos multilaterales.
XI. Movilización social, apoyo a procesos regionales y veedurías
-
Para fortalecer el proceso de paz y las soluciones pacíficas a los
cultivos de uso ilícito, urge una movilización nacional e
internacional contra la política de fumigación con herbicidas,
por el respeto a la soberanía nacional y en defensa de los derechos
fundamentales de la población colombiana a la vida, la seguridad
alimentaria, la salud y el medio ambiente sano.
-
Asimismo, se requiere apoyar activamente procesos políticos de
integración regional alternativos al Plan Colombia, como la Alianza
de los Gobernadores del sur del país, e impulsar veedurías
locales, regionales, nacionales e internacional sobre los impactos de la
política de fumigaciones contra los cultivos de uso ilícito,
y para ejercer control y seguimiento a los pactos de erradicación
manual que se suscriban con el gobierno.
[1]
Este resumen de propuestas es resultado de un proceso de discusión
en diversos eventos realizados en el último año. Entre los
días 22, 29 y 30 de marzo de 2001 participaron en esta Mesa representantes
de: CINEP, Observatorio de Drogas, Unidad Legislativa Senador Rafael Orduz,
Unidad Legislativa Representante Gustavo Petro, ILSA, Centro Debate, INDEPAZ,
CEUDES, ANDAS, Corporación Telar de Agua, Crisoles, ICANH, Resguardo
Calderas, CIDER, Fundepublico, Conferencia Episcopal, USO, Siempreviva,
Red de Cultivos Ilícitos de la Universidad de los Andes, Semilla
Mejorana e investigadores independientes. Para ampliar y continuar el debate
se propone organizar Mesas regionales y grupos de discusión.
[2]
Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial # 1, 9 feb/01; Resolución
# 4, 12 feb/01. www.defensoria.org.co
[3]
“La
coca, que solía masticar una minoría indígena en nuestras
montañas aisladas, se convirtió en un artículo de
lujo gracias a la política del gobierno norteamericano. Poco tuvimos
que ver con ella, ni en sus orígenes, ni en sus fatales resultados.
Pero ahora somos ‘The Colombian Connection’”, dijo Alberto Lleras Camargo
(EL TIEMPO, Bogotá febrero de 1979).
[4]
Ley 333 de 1996
[5]
La bioprospección busca acortar el camino y los costos en
la identificación de recursos genéticos, o de principios
activos en los organismos vivos para transformarlos, por ejemplo, en fármacos.
Para ello utiliza el conocimiento colectivo de las comunidades locales
y pueblos indígenas. El problema surge cuando estos conocimientos
y recursos genéticos, que deberían ser respetados como inalienables,
son expropiados mediante patentes, inclusive sobre organismos vivos, y
dudosas “retribuciones económicas”, transformándose la bioprospección
en piratería.