I. Un plan "confuso"

En su última visita a nuestro país, el Subsecretario para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Thomas Pickering, se mostró sorprendido por la confusión existente en torno a los verdaderos propósitos del "Plan Colombia". Sin duda, el enredo no es fruto de la torpeza mental de los funcionarios y periodistas con los que se entrevistó, sino de las señales equívocas emitidas por el gobierno de "La Gran Alianza por el Cambio" desde la primera presentación pública de la política, en las cálidas tierras de Puerto Wilches.

La realidad es que sobran los motivos para declararse confuso. El "Plan Colombia" cuenta con múltiples disfraces - paloma, halcón, fumigador, pacifista y ecologista- que se muestran a conveniencia para obtener recursos y beneplácitos externos, sin que importe mucho lo que se diga u opine internamente. Lo cierto es que la confección de máscaras y ropajes quedó a cargo de tres personalidades del alto gobierno – embajador Alberto Moreno, consejero Jaime Ruiz y director Mauricio Cárdenas -, más un puñado de asesores norteamericanos que llegaron, en el último momento, a poner el toque de realismo que le faltaba.

En la formulación del documento se eludió la participación ciudadana, y ni siquiera se incluyó, así fuera de manera protocolaria, a la burocracia oficial, quien hoy se ve a calzas prietas para ajustar el discurso a los nuevos contenidos de la política. La información a la mano es mínima. Ni el establecimiento político, ni los grupos económicos, ni el ciudadano común conocen más de lo que a cuenta gotas se le ha dejado saber por los medios de comunicación o gracias a las filtraciones del Senado u Ong's americanas, mejor documentados que los supuestos "beneficiarios" de los recursos. Los voceros de Washington están, por el contrario, completamente ciertos en sus propósitos. Una vez rechazaron por incoherente e imprecisa la primera versión del Plan, según severa advertencia al Presidente Pastrana, elaboraron la segunda en inglés, como para que no quedara duda de su autoría. Conocen a la perfección las metas antinarcóticos y contrainsurgentes por cumplir y no dudan de cuales intereses saldrán favorecidos si se implementa; de allí el celo con que defienden, ante demócratas y republicanos, la "ayuda" de US $1.574 millones para Colombia, la tercera más alta después de Israel y Egipto en el oriente medio.

II . La paloma criolla

A tono con el optimismo post-electoral, el inicio de la zona de distensión y la instalación de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y las FARC - EP, el primer Plan Colombia se proclamó como el "eje central de la política de paz", el 22 de Octubre de 1998.

Dentro de la estrategia dirigida a la reducción de la oferta de drogas, el primer "Plan Colombia" se interesaba solo por la oferta de la materia prima natural para el procesamiento de heroína y clorhidrato de cocaína. Los componentes represivos de la política antidrogas - interdicción, persecución a las mafias y al lavado de activos, extinción de dominio etc. -, continuarían bajo la responsabilidad de la Policía Antinarcóticos, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Estupefacientes. La reducción del consumo, por su parte, se delegaba al Programa "Rumbos", creado con rango presidencial por la administración Pastrana.

En el segundo semestre de 1999, la paloma criolla se transformó en un agresivo halcón americano. A tono con un proceso de paz lleno de tropiezos y controversias, el presidente Pastrana aceptó reformular las estrategias, los campos de intervención y el presupuesto del Plan, condición inapelable de la Casa Blanca para tramitar el aporte de US$1.600 millones ante el Congreso de los Estados Unidos.

En menos de noventa días, el embajador Moreno y los asesores del Departamento de Estado elaboraron una política a la medida de los intereses norteamericanos, al que denominaron "Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado". Del viejo documento no quedó casi nada. Apenas algunas escasas alusiones a un proceso de diálogo con la subversión armada que de resultar exitoso "fortalecería muy rápidamente el estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico en todo el país". En la medida en que se ratifica la necesidad de romper por la vía militar la confabulación de narcotraficantes y subversivos para desestabilizar el Estado y atentar contra la seguridad continental, la búsqueda de una salida negociada que no presuponga la derrota guerrillera pierde todo sustento.

Mister Pickering se encargaría de eliminar cualquier escarceo con la insurgencia en el título del nuevo Plan Colombia, y en cada una de sus páginas.

Plan Colombia Versión 1999

Plan

Recuperación económica

Narcotráfico 

Desarrollo Social

Seguridad y Justicia

Proceso de Paz

El diagnostico

El nuevo Plan Colombia exculpa de toda responsabilidad al Estado y a la clase dirigente. El país esta mal y continuará peor por culpa de cuatro enemigos interesados en socavar los cimientos de la institucionalidad, la concordia y el crecimiento económico: el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia común. Como si fuera poco, la más grave crisis financiera, económica y fiscal de los últimos setenta años, con sus secuelas de desempleo y pobreza, alimenta el conflicto interno y el atractivo de los negocios ilícitos, en especial la producción y tráfico de narcóticos.

Las soluciones van acorde con el diagnóstico. Ya no se trata de eliminar causas estructurales de la violencia, expuestas una y otra vez en la versión de Puerto Wilches, sino garantizar la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Taxativos llamados al fortalecimiento de las instituciones y la modernización de las Fuerzas Armadas reemplazan el anterior llamado a superar la inequidad social y política de los colombianos:

Para alcanzar "la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado" se diseñaron cinco estrategias fundamentales:

Con un costo aproximado de US $ 7.500 millones, el Plan Colombia espera financiarse, hipotéticamente, con recursos del presupuesto nacional, la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos y la Banca Multilateral. Con excepción del paquete norteamericano por US$1.600 millones, que ya salvó con muchas dificultades el primer escollo en el Congreso, más US $ 700 millones de crédito externo y escasos US$200 millones por concepto de los Bonos de Paz, sobre los US$5.000 millones restantes sólo existe incertidumbre.

Europa, que ya aplazó la Mesa de Donantes convocada para Octubre de 1999, se explaya en apoyos genéricos al proceso de paz pero se muestra cautelosa frente al Plan Colombia como la aplicación más adecuada del principio de corresponsabilidad en el tema de las drogas. Ante la disyuntiva de no incomodar a la administración Clinton con una oposición abierta y no involucrarse al mismo tiempo en una estrategia agresiva en un área que está fuera de su influencia geopolítica, la CEE proporcionará algunos recursos para proyectos sociales, humanitarios y ambientales pero sin llegar a los US$1200 millones planteados por Colombia.

Con los bolsillos rotos, el gobierno colombiano apenas puede sortear el déficit del 49.6% en su presupuesto nacional. Ante un escenario macroeconómico poco halagüeño – el PIB crecerá un 2% y el recaudo de impuestos será bajo -, los US$4.000 millones prometidos quedan reducidos a casi nada, sino se echa mano de más crédito externo. En San Vicente del Caguán, Mauricio Cárdenas, director del DNP, no tuvo más remedio que reconocer que la mitad de los recursos del Plan Colombia no son frescos, porque corresponden a inversiones previstas en el ejercicio anual del gobierno.

Las versiones en español y en inglés del Plan Colombia son en apariencia idénticas, con apenas una ligera modificación en el orden del capítulo sobre el proceso de paz: capítulo I para Colombia y Europa, capítulo V para los Estados Unidos. Una lectura más juiciosa nos depara, sin embargo, enormes sorpresas: los párrafos que fueron suprimidos en el texto en castellano corresponden al plan de intervención militar, judicial y social que se desarrollará secuencialmente en el Putumayo, la Amazonia, la zona andina y al final en todo el país, entre los años 2000 y 2006.