Fuente: CORPOMAZONIA, PLANTE y entrevistas personales realizadas por B.PÉREZ SALAZAR
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La experiencia tiene el valor de haber emergido como una iniciativa local, habiendo espacio y disponibilidad de la gente para participar en el proceso de análisis y formación de criterios en torno a las condiciones mínimas que debería contemplar un modelo de organización y gestión viable y sostenible para abandonar definitivamente la dependencia económica de la coca. Se inició con un esfuerzo concertado entre la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio y estas comunidades, con el cual se levantó información detallada para la planificación de fincas de cada predio en estas veredas.
A partir del procesamiento y análisis de esta información se discutió y estructuró conjuntamente una propuesta de organización comunitaria encargada de establecer una comercializadora de doble vía que provea insumos agropecuarios y bienes básicos a los campesinos y a la vez comercialice los productos agropecuarios obtenidos por los productores asociados al pacto. Se propuso además que esta organización inicialmente denominada Asociación Campesina, sea la encargada de recibir, distribuir y supervisar la inversión de los recursos fijados por el Gobierno para apoyar proyectos de seguridad alimentaria para las familias dispuestas a acogerse al pacto. También coordinaría la identificación, formulación y evaluación de proyectos productivos generadores de ingresos en el mediano y largo plazo, y sería la instancia a través de la cual se administrarían los recursos aportados por el Estado para financiación de estos proyectos.
Dentro de esta propuesta estos recursos no serían reembolsados al Estado, pero la comunidad se comprometería a acordar
« ...mecanismos y procedimientos de retorno de los recursos desde el productor a la Asociación Campesina, por considerarse favorable que se creen fondos rotatorios comunitarios que apoyen necesidades del conjunto de productores.»1.
Piedemonte Putumayense: Zona principal de cultivos Ilícitos,
áreas cobijadas por los primeros pactos sociales suscritos, y areas
de interés y conflicto militar de grupos alzados en armas
Fuente: CORPOMAZONIA, PLANTE y entrevistas personales
realizadas por B.PÉREZ SALAZAR
Adicionalmente la comunidad se comprometería a través de esta Asociación a organizar un proceso interno de priorización de proyectos viales, educativos, de salud, electrificación, saneamiento básico y medio ambiente a partir de iniciativas identificadas en cada vereda, para luego ser presentadas al Gobierno nacional para su financiación. Finalmente la propuesta fijó como "componente principal" para garantizar la viabilidad de esta visión el compromiso del Estado de prestar el servicio asistencia técnica y capacitación de forma permanente a la organización en aspectos como análisis, proyección y planificación de proyectos productivos y comerciales, la administración de la organización, el manejo de recursos, así como la veeduría, control, seguimiento y evaluación de los compromisos contemplados por el pacto.
Para la coordinación de la ejecución de los compromisos pactados se contempló constituir un Comité Coordinador integrado por representantes de la comunidad, representantes de la administración municipal, representantes del Gobierno nacional y representantes de la "entidad administradora de los recursos", el cual se reunirá cada dos meses para evaluar los avances del pacto. También definió realizar en fechas establecidas "asambleas de beneficiarios" para la verificación del cumplimiento de los compromisos de las partes y el avance en la ejecución de los proyectos. Finalmente se propuso el establecimiento de una veeduría en cada vereda que presentaría informes mensuales a una veeduría corregimental, y adicionalmente, la designación de un representante de la comunidad internacional que participe "como veedor del proceso, para lo cual presentará informes trimestrales sobre los resultados del mismo, para que sus resultados sean difundidos en el ámbito nacional.
En el mes de agosto, cuando se planteó la preparación de esta propuesta conjuntamente entre la administración municipal y las comunidades de Santana, el Gobierno nacional se mostró escéptico. Fijó un límite máximo de dos hectáreas de cultivo de coca para las familias que fueran admitidas dentro de estos pactos, un aporte máximo de Col $2 millones (US $ 880-950) por familia para financiar los proyectos de seguridad alimentaria de corto plazo, y un plazo máximo de un año para erradicar completamente los cultivos ilícitos del corregimiento. Finalmente dio un plazo de 2 meses para que la definición de los proyectos para la sustitución de cultivos. Mientras tanto continúo ventilando por los medios masivos el criterio que los habitantes del Putumayo son en un 60% delincuentes cultivadores de coca y el 40% restante cómplices que viven indirectamente del negocio ilícito. Dentro de este discurso, la fumigación aérea indiscriminada se justificaba como una medida de policía represiva necesaria para imponer el cumplimiento de disposiciones legales que penalizan la actividad de cultivos ilícitos.
Sin embargo, en Octubre después de la reunión internacional de Costa Rica y ante la debilidad exhibida por el Gobierno para atender el 'paro armado' impuesto por las FARC desde el mes de septiembre en Putumayo, hubo un cambio de actitud ante la propuesta de los 'pactos sociales'. El Gobierno nacional se percató que comenzar la ejecución del Plan Colombia fumigando el Putumayo no era conveniente para la campaña que adelantaba ante la Unión Europea para obtener financiación para los programas de desarrollo social del Plan. De repente los 'pactos sociales' se convirtieron en el mecanismo participativo que le estaba haciendo falta al Plan Colombia, y al menos en el discurso del Gobierno los pequeños cultivadores dejaron de ser delincuentes y se convirtieron en los principales aliados del Gobierno nacional en su cruzada contra el flagelo del narcotráfico y la violencia en el Putumayo.
A principios de diciembre en una ceremonia con gran cubrimiento y despliegue por los medios masivos, el Gobierno nacional, el Gobierno Municipal y representantes de las veredas del Corregimiento de Santana suscribieron un pacto reconociendo un documento con compromisos acordados en una reunión previa. Entre esos compromisos el Gobierno nacional no especificó las sumas que destinará al cumplimiento de aquellos que quedaron a su cargo, distinta a los Col $2 millones por familia para los proyectos de seguridad alimentaria, y tácitamente admitió al pacto familias hasta con tres hectáreas de coca. Se acordó un plazo máximo de 6 meses a partir del firma del pacto para el ajuste e inicio de la ejecución de los proyectos productivos generadores de ingreso en el mediano y largo plazo.
En cuanto al plazo para la erradicación total de los cultivos ilícitos se mantuvo el término de 12 meses a partir del desembolso de los recursos para los proyectos de seguridad alimentaria de corto plazo, con la siguiente salvedad:
« En la eventual existencia de dificultades en torno al normal desarrollo del procesos de ejecución de recursos y proyectos, la comunidad y el Estado podrán estudiar en su momento la ampliación del plazo de erradicación, en períodos iguales a los de dichas interrupciones.»2
El Gobierno nacional por su parte incluyó la siguiente precisión acerca de la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos:
« Si surtidos los procesos de financiación y acompañamiento
en que se compromete el estado, en los tiempos acordados con los pobladores,
no desaparece el cultivo ilícito, el gobierno determinará
la forma de erradicación de esta actividad. En los casos de veredas
en que la mayoría de los productores se vinculen al PACTO SOCIAL
POR EL DESARROLLLO ALTERNATIVO el gobierno buscará formas distintas
a la fumigación aérea para lograr el objetivo de erradicación
del cultivo de coca, con aquellos agricultores que no suscriban el presente
pacto o no cumplan con los compromisos de erradicación voluntaria
»3
Así las cosas, nadie puede extrañarse si ante las primeras dificultades que se presenten en el proceso, las comunidades que suscribieron pactos con el Gobierno Nacional llegan a conjeturar que una vez más han sido embaucada. Y más preocupante aún, de ser este el desenlace trágico de un nuevo intento de solucionar el problema, quedará como un hito más para reforzar la voluntad de lucha de los alzados en armas soportado en el discurso de resentimiento profundo contra la sociedad civil y sus instituciones. De este modo la experiencia puede convertirse en una justificación más para el argumento militarista que sostiene como única posibilidad de establecer un orden más justo y eficaz la de implantar una estructura de mando militar dictatorial, precisamente porque las estructuras institucionales civiles han demostrado con reitero su incapacidad para hacerlo.
En la medida en que este razonamiento cunda y se adueñe de la
percepción y la convicción del grueso de la población
en las zonas de cultivos ilícitos controladas por grupos alzados
en armas, la política del Plan Colombia habrá alcanzado su
propósito: alentar la ilusión generalizada, tanto entre los
actores armados como en la población civil, que la solución
definitiva al conflicto colombiano es militar, y así escenificar
condiciones para una guerra civil abierta y cruenta.
Por eso mientras persista la convicción en la efectividad de esta doctrina, no es recomendable crear expectativas entre la población directamente involucrada con los cultivos ilícitos que el problema sea susceptible de ser resuelto 'en medio del fuego y las hostilidades', por más que el Gobierno Nacional se empeñe en anunciar inversiones en infraestructura y proyectos productivos. Con franqueza debe reconocerse que para reconvertir una base económica exitosamente, el propósito de la conversión tiene que ser consistente con las condiciones imperantes que requieren ser atendidas por la nueva base productiva. Reconvertir una economía para luchar una guerra en tiempos de prosperidad general y paz imperturbada es tan improbable como reconvertir una economía para la prosperidad y la paz general en medio de un conflicto como el colombiano.
La conversión productiva de zonas de cultivos ilícitos controladas por grupos alzados en armas requiere de por lo menos las siguientes condiciones:
De todos es sabido que la primera de estas condiciones no está
dentro del resorte ni del Gobierno Nacional ni de las comunidades dispuestas
a suscribir los 'pactos sociales'. También es claro que mientras
el Gobierno Nacional mantenga la decisión de utilizar su política
para el manejo del problema de los cultivos ilícitos como un instrumento
táctico en su confrontación militar contra los grupos alzados
en armas, tanto la vida como el patrimonio de las personas que suscriban
los pactos sociales quedan gravemente amenazados de ser blanco de hostilidades
por parte de los grupos alzados en armas que operan en zonas contiguas
a las áreas cobijadas por los pactos sociales.
Por lo tanto, en reconocimiento franco y abierto de estas circunstancias particulares, los pactos sociales suscritos deben incorporar por lo menos las siguientes garantías para las comunidades que manifiesten su voluntad para dejar de manera definitiva de depender económicamente de los cultivos ilícitos:
1. Descriminalización de los productores que suscriban los 'pactos sociales'.
En las zonas donde están localizadas las comunidades dispuestas a suscribir 'pactos sociales' con el Gobierno Nacional, es improbable que puedan establecerse dispositivos de seguridad que garanticen la integridad física de las personas y su patrimonio, salvo su traslado físico a instalaciones protegidas con medidas de seguridad militar. Ante la eventualidad de amenazas graves de hostilidades por parte de los grupos alzados en armas, la población suscriptora de los 'pactos sociales' debe contar con la garantía de ser evacuada de la zona y tener acceso a los servicios y la atención establecida por la ley 387 de 1997 para victimas de desplazamiento forzoso. Sin embargo, esa misma ley excluye de la definición de desplazado a quienes sean forzados a esta condición como consecuencia de su vinculación a actividades delictivas.
En vista que la suscripción de los pactos por las familias que se comprometen a erradicar constituye un reconocimiento expreso de su condición de delincuente tal como lo califica la ley penal, los pactos sociales deben estar respaldados por una norma legal que descriminalice a los cultivadores de ilícitos que se acojan a ellos. Este será un gesto persuasivo de la voluntad del Gobierno Nacional de establecer relaciones de confianza con quienes suscriben los 'pactos sociales'.
2. Establecimiento de criterios e indicadores efectivos para verificar la conversión productiva de las áreas de cultivos ilícitos
Las reacciones de grupos alzados en armas observadas en el Putumayo desde cuando se anunció el inicio de operaciones del Plan Colombia han sido el escalonamiento en la intensidad del conflicto armado y la paralización de la actividad comercial en el Departamento, particularmente en zonas de donde hay presencia de cultivos ilícitos. No hay ninguna fuerza persuasiva tras las promesas de inversión del Gobierno en el cortísimo plazo ni su exigencia de que los suscriptores de los pactos abandonen su principal base ingresos monetarios en el mismo plazo, cuando se prevé que el fuego y las hostilidades se intensificarán en áreas físicamente contiguas a las zonas cobijadas por los pactos sociales. Por lo tanto los 'pactos sociales' deben crear y asignar recursos para la operación en el ámbito local y regional de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las condiciones del conflicto y su impacto sobre la actividad económica y el funcionamiento de los distintos mercados, para con base en su evolución armonizar las condiciones de los compromisos pactados por cada una de las partes.
No hay tampoco mucha fuerza persuasiva tras el modo con que el Gobierno Nacional asignó un monto de inversión pública para la conversión de la base de cultivos ilícitos de la economía del Putumayo, sin disponer de un análisis general de preinversión que sustente el monto mínimo crítico requerido para este propósito y una propuesta para su asignación prioritaria. Ese modo de proceder no rectifica de manera alguna el modelo que en el pasado ha gobernado la inversión pública en el Departamento, y que el mismo Gobierno Nacional criticó recientemente ante el Congreso de la República. Un insumo insustituible para garantizar la calidad y rentabilidad de la inversión pública que se pretende realizar en el Putumayo es el establecimiento y consolidación de un modelo de gestión institucional y social para la conversión productiva del Departamento, con base en el cual se organice y sistematice de manera eficiente tanto la información como los procesos e instancias de concertación y toma de decisiones con participación comunitaria en torno a la planificación estratégica y el manejo táctico de la inversión requerida para ello. Los 'pactos sociales' deben incluir recursos para la implantación y operación de un modelo de gestión de esta naturaleza, cuyo diseño conceptual ya se ha adelantado dentro de la ejecución del proyecto Organización de una iniciativa de desarrollo productivo para el Putumayo con base en la erradicación manual voluntaria y la sustitución gradual de cultivos ilícitos, al cual pertenece el presente documento. La decisión del Gobierno Nacional de acoger e implantar un modelo de gestión institucional y social innovador que rompa con los esquemas anteriores, sería otro gesto persuasivo de la intención del Gobierno Nacional de consolidar relaciones de confianza con las comunidades que suscriban 'pactos sociales'.
La incorporación de las condiciones anteriores a los términos de los 'pactos sociales' conducen de manera inevitable a contemplar una condición adicional en relación con el horizonte de tiempo fijado para la erradicación de los cultivos ilícitos por parte de las familias que suscriban los pactos. Si se reconoce con franqueza que en el escenario de intensificación del conflicto armado que vive el Putumayo los riesgos relacionados con nuevas inversiones de cualquier naturaleza son inmanejables, y que a su vez, se requiere de por lo menos un año para el proceso de aprestamiento, establecimiento y consolidación de un modelo innovador de gestión institucional y social para la conversión productiva del Departamento el cual pasa por la reorganización del proceso de planificación y ordenamiento territorial y ambiental en curso , entonces obligatoriamente es preciso flexibilizar los plazos acordados para la eliminación total y definitiva de los cultivos ilícitos de las familias que han suscrito los pactos, y que representan la base de sus ingresos monetarios.
Los compromisos adquiridos con las metas fijadas para la reducción de áreas de cultivo al 50% de su extensión actual establecen un horizonte de 5 años para lograrlo, por lo cual estos compromisos no son un motivo que impidan ampliar los términos de los pactos sociales hasta ese plazo si así lo requieren las circunstancias. La complementación de los 'pactos sociales' con los mecanismos de monitoreo y seguimiento y un modelo de gestión innovador como los aquí propuestos, de por sí generarán información específica y detallada que permitirá al Gobierno Nacional mantener control de cerca de los avances y retrocesos del proceso, lo cual a su vez reducirá la incertidumbre que en un principio pudo aconsejarle imponer el plazo de un año. Disponiendo el escenario para que el proceso opere en condiciones de plena información y transparencia en las decisiones, no hay por qué dudar que la incertidumbre se reducirá en la misma proporción en que se estrechen las relaciones de confianza entre Gobierno y comunidades suscriptoras de los pactos sociales.
3. Diseño y ejecución de una estrategia de comunicación positiva en torno a los objetivos de los 'pactos sociales'
Los 'pactos sociales' representan una oportunidad importante para que tanto el Gobierno como comunidades se demuestren que hay modos pacíficos y efectivos de consolidar relaciones de confianza entre ambos, y avanzar en la resolución organizada de problemas difíciles y recalcitrantes como lo es el de los cultivos ilícitos, aún en condiciones adversas del Putumayo de hoy. El compromiso de las partes con un clima de apertura y disposición franca para lograr este cometido, modificando los condicionantes que sean necesarios y reconociendo los errores y limitaciones que haya que corregir, es la principal garantía de que el proceso de los 'pactos sociales' logren llegar a este resultado.
Un proceso complejo y difícil como este requiere del estimulo y la retroalimentación continuos, a fin de generar un ambiente positivo y favorable para afianzar el sentido de pertenencia e identidad de todas las partes con los propósitos y resultados que se buscan alcanzar con su esfuerzo y compromiso. El refuerzo de estas actitudes entre quienes se involucren en el proceso requiere por lo tanto que los 'pactos sociales' creen y aporten recursos para operar mecanismos de divulgación e información acerca de los propósitos que animan a quienes participan en él, así como de los avances y retrocesos que registre, y las lecciones y aprendizajes prácticos que se deriven de su ejecución que son aplicables para su mejoramiento continuado.
Además con la incorporación de un mecanismo de esta naturaleza en su estructura operativa, los 'pactos sociales' disponen de un instrumento invaluable para fomentar condiciones de mayor estabilidad y seguridad para el proceso, y prevenir y neutralizar el arma de la propaganda y la desinformación manejada con propósitos militares por los actores armados a fin de atemorizar, confundir e inmovilizar a la población civil. La medida del éxito de los resultados de los 'pactos sociales' como experiencias innovadoras de integración institucional y social de resolución del complejo problema de los cultivos ilícitos, puede eventualmente abrir el camino para que los actores en armas lleguen a un cese de fuego y de hostilidades con el ánimo de dar la oportunidad para que se consoliden mecanismos como este para avanzar en la negociación de una solución pacifica del conflicto colombiano.
Mocoa, Diciembre de 2000
1Documento Pacto social por el desarrollo alternativo Corregimiento de Santana, Puerto Asís, Putumayo Diciembre 2 de 2000 pg. 4/13.
2Ibíd. pg. 11/13
4Ibíd.pg. 6/13
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