Con el objeto de aportar a esta mesa que convoca a la sociedad civil y sus organizaciones a reflexionar en torno al tema de los cultivos ilícitos, haré referencia específica al asunto de la corresponsabilidad internacional en el contexto de la coyuntura actual, provocada por los últimos acontecimientos que han generado un debate en torno a la política antidrogas y que, dejan ver que Colombia cuenta en este momento una oportunidad única para abrir el debate sobre la política antidrogas mundial.

En primer lugar, la falta de coherencia del gobierno frente a su estrategia antidrogas deja pequeños espacios a una crítica certera y puntual a la política misma. La concepción del Plan Colombia parece depender del vocero de gobierno que la exponga y su énfasis pasa así del componente militar a la estrategia de erradicación de cultivos, a su vez dividida en los pactos y las fumigaciones. Adicionalmente, la descoordinación que existe, y que comprobó la Defensoría recientemente (12-02), en la ejecución misma del Plan, provoca efectos no deseados como fumigación de zonas en las que se desarrollan programas de sustitución de cultivos o se han firmado acuerdos previos y pactos de erradicación voluntaria.

En segundo término, se ha abierto una interesante discusión en los Estados Unidos, sobre la efectividad misma de la política, paradójicamente gracias en gran parte a Hollywood, por el impacto sobre la opinión pública de la película "Tráfico". Bien que mal, esto ha generado el desarrollo de un importante argumento que cuestiona la eficacia de la política de criminalización doméstica y reducción de la oferta en los países productores, en términos de costos económicos. De acuerdo con ese argumento, las cifras denuncian el fracaso de la guerra contra las drogas. Así, entre 1980 y el 2001, el gasto del presupuesto nacional norteamericano dirigido a la guerra contra las drogas, paso de 2 billones a 20 billones de dólares. De una población carcelaria de casi 2 millones, una cuarta parte, es decir, quinientas mil personas se encuentran privadas de su libertad por violación a las normas sobre las drogas, principalmente por posesión, situación que ha producido un aumento del gasto en cárceles del 30%, en detrimento del gasto en educación el cual ha disminuido en un 18.7%, entre 1987 y 1998. Mientras tanto, en las calles el costo de las drogas es hoy más bajo que hace 10 años y su pureza más alta. En conclusión, los contribuyentes norteamericanos han comenzado a cuestionar la eficacia del gasto en de la lucha contra las drogas y se preguntan si no sería mejor reconducir la política doméstica hacia el campo de la salud pública.

Al respecto, si bien es cierto que el cambio en la concepción doméstica de la política en Estados Unidos, no redunda necesariamente en uno hacia la estrategia internacional, la actual coyuntura abre el camino a una política de reducción de la demanda y así mismo enfrenta la estrategia de reducción de la oferta en términos de costos económicos vs. eficacia. En este sentido, sería importante valorar si no sería más eficiente, en términos de reducción de la oferta, invertir el dinero que gasta en erradicación forzosa, en programas de erradicación manual y desarrollo de procesos productivos lícitos.

Es importante entonces, para la sociedad civil colombiana y sus organizaciones, reconocer esta oportunidad y comenzar a actuar más claramente a nivel internacional y especialmente, frente a los estamentos públicos y privados en los Estados Unidos que se muestran receptivos a escuchar y discutir acerca de los perjuicios y limitaciones de la actual política, y la eventualidad de introducir cambios en el Plan Colombia, pues el Gobierno Nacional y sus diplomáticos han guardado en este escenario hasta el momento, un silencio con el que pasa desapercibida nuestra propia crítica a la política antidrogas y el papel que jugamos en la definición de asuntos tan importantes para el proceso de paz y el futuro del país.