30 de marzo de 2001
1. En el “Encuentro Internacional sobre Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia”, que se realizó en San José de Costa Rica los días 16, 17 y 18 de Octubre del 2000, convocado por la convergencia PAZ COLOMBIA, se propuso crear una COMISIÓN MUNDIAL DE ALTO NIVEL SOBRE EL TEMA DE LAS DROGAS para que “se pronuncie sobre la evaluación de veinte años de guerra antidrogas y sobre las opciones de despenalización y legalización”. Dicha comisión rendiría resultados ante la Asamblea de las Naciones Unidas, las entidades y organizaciones nacionales e internacionales participantes en el Encuentro de Costa Rica, el gobierno y la sociedad colombiana en su conjunto. Un grupo técnico integrado por expertos colombianos y extranjeros apoyaría a la Comisión en el desarrollo de sus labores.
2. En la relatoría final de la mesa No 2. “Implicaciones Sociales, Económicas, Políticas e Internacionales de la Lucha contra el Narcotráfico y la Corresponsabilidad Internacional”[1], se señaló “que es conveniente avanzar en la aplicación del principio de responsabilidad internacional compartida en la lucha contra el problema mundial de la droga, lo cual incluye ... el apoyo internacional por la paz, el desarrollo, la sustitución de cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico”.
1. El gobierno colombiano adoptó definitivamente la fumigación aérea como estrategia de erradicación de los cultivos con fines ilícitos en 1992, bajo el supuesto de que la siembra de coca, amapola o marihuana era un delito asimilable a narcotráfico y que los actores sociales inmersos en su producción merecían ser tratados igual que los jefes de las grandes organizaciones de la mafia[2]. Décadas atrás, la destrucción forzosa de las plantaciones de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta incluyeron operativos aéreos de aspersión con Paraquat que, sin alcanzar la intensidad actual, sentaron el precedente de una escasa sensibilidad social frente al problema y un acatamiento acrítico de las autoridades frente a las exigencias de los Estados Unidos.
2. Nueve años de fumigaciones intensivas arrojan un inocultable saldo negativo. En ese lapso, la Policía Nacional Antinarcóticos destruyó 338.613 hectáreas de coca y amapola, para enfrentarse con un crecimiento sostenido de 56.572 a 143.200 hectáreas entre 1992 y 2000, lo cual equivale al 153% más de área cultivada en esas dos variedades naturales. Ese desalentador resultados no solo cuestiona la eficacia de la política, sino que llama la atención sobre dos aspectos que la aspersión de herbicidas jamás resolverá: la demanda sostenida de drogas en los países consumidores, y la situación de inequidad y vulnerabilidad en que se encuentra la población rural colombiana.
3. La tardía incorporación del desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos al marco general de la política antidrogas en 1994[3], tampoco ha mostrado resultados impactantes. Al condicionar su filosofía, objetivos y metas a la reducción del número de hectáreas erradicadas, y subordinarse a la estrategia de erradicación con fumigaciones, el programa pierde legitimidad en sus propuestas, restringe sus espacios para una verdadera concertación con las comunidades y reduce su eficacia como promotor del desarrollo rural integral. Al carecer de articulación con la política agraria y comercial, no ha logrado garantizar, por la vía de la sostenibilidad económica de los proyectos productivos, el no retorno a la siembra “ilícita” y mucho menos la no incorporación de nuevas familias y regiones a este tipo de economía.
4. El “Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad económica y el fortalecimiento institucional” se propone la reducción en seis años del 50% del cultivo, procesamiento y tráfico de drogas de uso ilícito, pero enfatiza como prioridad la destrucción de los cultivos de coca y amapola mediante fumigación química y “pruebas y desarrollo de agentes de control biológico, ambientalmente seguros y confiables, con el fin de encontrar nuevas tecnologías de erradicación”[4].
Al
convertir al campesino cultivador en el principal objetivo de la represión
antidrogas, y a las plantas de coca, cannabis o amapola en la causa primera de
la empresa narcotraficante, el Plan Colombia equivoca tanto el diagnóstico del
problema como las acciones para solucionarlo. Precisamente por ello, la
destrucción de 28.945 hectáreas de coca en los departamentos de Putumayo,
Caquetá y Bolívar entre enero 1 y marzo 8 de 2001 – equivalentes al 50% del
total erradicado en el año 2000 - marca una preocupante tendencia hacia el
incremento de la fumigación agroquímica, con las secuelas negativas que ello
acarrea en términos medioambientales, socioeconómicos y políticos.
5. Resultado de diversas deliberaciones y pronunciamientos de gobiernos y representantes de sectores sociales y políticos, el 1 de febrero del 2001 el Parlamento Europeo aprobó con 474 votos a favor, 1 en contra y 32 abstenciones una resolución sobre Colombia donde de manera contundente se afirma que:
“En materia de lucha contra los cultivos ilícitos ilegales se debe dar preferencia a las soluciones negociadas y concertadas, la reforma agraria y los cultivos de sustitución, así como las acciones penales contra los traficantes y blanqueadores de capitales, en detrimento de las campañas de fumigación; opina, en este sentido, que la Unión debe hacer lo necesario para que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la introducción de agentes biológicos como el Fusarium oxysporum, dados los riesgos que su uso entraña tanto para la salud humana como para el medio ambiente”
6. Conocidas y verificadas las denuncias presentadas por las comunidades campesinas, los pueblos indígenas Cofán, Awa, Paez, Siona y Pastos, así como los reportes de las agencias estatales yo de cooperación internacional sobre los impactos de la fumigación en el departamento del Putumayo, la Defensoría del Pueblo profirió la Resolución No. 4 de Febrero 12 del 2001 recomendando al Consejo Nacional de Estupefacientes “la suspensión inmediata de las fumigaciones de cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo y en cualquier otro lugar del país” hasta tanto no se precisen las áreas de exclusión objeto de programas de desarrollo alternativo y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales de la población.
La
Defensoría del Pueblo califica la fumigación de sitios donde se habían suscrito
actas de intención o compromiso para la erradicación manual voluntaria como una
“conducta arbitraria” del Estado, que sacrifica la palabra empeñada y atenta
contra la seguridad alimentaria y la dignidad de las comunidades. “Generada la
violación de los derechos humanos de la población afectada, no debe el Estado
ahorrar ningún esfuerzo para reparar material e integralmente el daño causado
con su proceder”, concluye el organismo de control [5].
7. Las comunidades campesinas e indígenas
afectadas, las organizaciones de derechos humanos y el movimiento por la paz
han alertado a la opinión pública nacional e internacional sobre las graves
consecuencias que la erradicación forzosa combinada con operativos militares
está acarreando sobre los productores, cosecheros y las población rural en su
conjunto. La destrucción de los cultivos de pancoger y de los cultivos ilícitos
de pequeña escala convierte a la fumigación en una arma de la guerra de baja
intensidad que atenta contra derechos fundamentales, socava la seguridad
alimentaria y erige al Estado en un agente más de desplazamiento forzoso de la
población.
8. Los gobernadores de Putumayo, Nariño,
Cauca, Caquetá, Huila y Tolima han insistido en la necesidad de suspender la
política de erradicación agroquímica por considerar que no responde a la
etiología del problema y genera más inconvenientes de los que pretende
resolver: pobreza rural por la abrupta eliminación de una fuente de
subsistencia; mayor tensión social, ingobernabilidad y conflicto armado por
ahondamiento de distancias entre el Estado y los ciudadanos; tasas de
deforestación más altas por el desplazamiento de los cultivos que ocasiona la
fumigación, y en el trasfondo la capacidad redoblada del narcotráfico para
adecuarse a un negocio riesgoso pero altamente rentable.
En su reciente gira a los Estados Unidos,
ese bloque de mandatarios regionales propuso reorientar los esfuerzos del
gobierno colombiano y de la comunidad internacional hacia la promoción del
desarrollo regional, la concertación con las comunidades y el proceso de paz
como el único camino que permitirá solucionar tanto el problema de la
producción de materia prima de uso ilícito, como el conflicto armado interno
que vive el país desde hace más de cuarenta años. Ello no significa la inacción
o la inmovilidad complaciente con el narcotráfico. Acciones enérgicas
coordinadas deberán adelantarse contra las organizaciones criminales vinculadas
al tráfico de narcóticos, precursores químicos, armas o divisas ilegales,
cualquiera sea su origen o nacionalidad.
9.
Ante
el cúmulo de evidencias recogidas por observadores internacionales y
nacionales, el gobierno de los Estados Unidos - principal soporte político,
militar y financiero del Plan Colombia - se vio obligado a reconocer errores en
las fumigaciones efectuadas en el departamento del Putumayo, y a anunciar la
contratación de estudios especializados sobre los efectos negativos que el
Glifosato puede estar causando a los ecosistemas y a la salud humana. La
presión de importantes sectores de la opinión pública y los interrogantes que
grupos de parlamentarios comienzan a plantear sobre la eficacia de los recursos
orientados a la erradicación, indican que también en los Estados Unidos existen
dudas fundamentadas sobre una política de reducción de la oferta que en 25 años
no tiene resultados positivos que mostrar.
III. Objetivos de la Comisión
Internacional
1. Evaluar 25 años de aplicación de la política sobre drogas ilícitas en Colombia, con énfasis en la estrategia de reducción de la oferta de la materia prima, basada en la declaratoria de ilegalidad del cultivo, la judicialización del productor agrícola y la destrucción física de las plantas mediante fumigación aérea del herbicida químico Glifosato.
2. Analizar las distintas visiones, políticas y estrategias que sobre las drogas tipificadas como ilícitas existen en el mundo y las implicaciones que de ellas se derivarían para el tratamiento tanto de la materia prima vegetal, como de las comunidades rurales vinculadas a su producción.
3. Acorde con la construcción de un nuevo orden internacional, proponer un concepto de responsabilidad compartida que atienda a los principios de integralidad, equilibrio, transparencia, cooperación, respeto a los derechos humanos y autodeterminación nacional.
4. Pronunciarse sobre opciones de solución que se inscriban en el marco de la construcción de la paz y tengan como fundamento la diferenciación de los componentes socioeconómicos, culturales, de salud pública y criminales inmersos en el fenómeno de la droga.
5. Diseñar un mecanismo de verificación internacional a la política de erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito, por las implicaciones negativas que causa sobre poblaciones rurales vulnerables y ecosistemas de importancia ambiental mundial.
IV.
Características de la Comisión
y el Grupo Técnico.
1. La Comisión tendrá un carácter autónomo e independiente de los gobiernos y de las entidades nacionales e internacionales encargadas de la formulación y/o aplicación de políticas sobre drogas ilícitas.
2. De acuerdo con lo anterior estará integrada por personalidades y/o expertos de reconocido prestigio internacional sin vinculación contractual directa o indirecta con organismos nacionales, bilaterales o multilaterales relacionados con política antidrogas.
3. En un número no menor de 5 ni mayor de 10, sus integrantes serán definidos así: un parte por consenso, y partes equilibradas por cada uno de los sectores convocantes: Organizaciones civiles que intervinieron en el Encuentro Internacional de Costa Rica (octubre de 2000), Gobierno de Colombia, comunidad internacional.
4. La Comisión Internacional contará con una Secretaría Técnica Operativa y un Grupo Técnico multidisciplinario responsable de preparar la información básica, las consultas y los eventos que se requieran para el desarrollo de su trabajo
5. Los gobiernos que apoyen la iniciativa propenderán por el acceso libre y amplio a la información, y facilitarán las consultas, entrevistas y visitas a sitios con cultivos ilícitos solicitados por la Comisión..
1. El país sede será Costa Rica y sesionará al menos tres veces en plenaria desde su instalación hasta la presentación de los resultados.
2. La Comisión Internacional tendrá una duración de seis meses aproximadamente.
Como parte del trabajo de la Comisión
serán realizados foros y audiencias regionales en Colombia y un foro
internacional para la presentación y discusión de los resultados.
1. Una evaluación escrita sobre la política antidrogas aplicada en Colombia en las últimas tres décadas y un pronunciamiento sobre opciones alternativas y pacíficas para el manejo del tema de drogas en general, y de los cultivos de uso ilícito en particular. Con destinatarios claros, las recomendaciones que se emitan contribuirán a redefinir las políticas de Estado, las agendas de negociaciones de paz y los acuerdos entre la sociedad civil y el gobierno.
2. Memorias escritas y fílmicas sobre las consultas, audiencias y foros regionales que se realicen durante el trabajo de la Comisión.
3. Memorias escrita y fílmica de un Foro Internacional para la presentación de conclusiones y recomendaciones.
[1] Elaborada por los Señores Klaus Nyholm (UNDCP), Manuel Conde Orellana (Universidad de La PAz) y Diego Iturralde (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
[2] Ley 30 de 1986 y legislación posterior.
[3] En 1994 se creo como Programa de la Presidencia de la república, el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo, PLANTE.
[4] “Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, Bogotá, 1999, Imprenta Nacional, pag33.
[5] Ver: Informe y resolución Defensorial sobre “Fumigaciones y proyectos de desarrollo alternativo en el Putumayo”, Febrero 9 y 12 de 2001, fotocopia.