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Bogotá, 17 de julio de 2001Señora
MARY ROBINSON
ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
E.S.D.
REF: Las fumigaciones aéreas contra los cultivos de uso ilícito son una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario porque atentan contra la seguridad alimentaria, la salud y el medio ambiente.- Organizaciones de derechos humanos, medio ambiente y paz piden a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos suspender la guerra química de glifosato + los coadyuvantes Cosmo Flux 411F y Cosmo In-D.
Apreciada Señora Robinson:Ante la gravedad de la situación generada por la fumigación de los cultivos de coca y amapola en Colombia, apelamos a Usted y por su conducto a las agencias de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos, de los refugiados y los desplazados, de la protección ambiental y de las armas químicas, para que se intervenga ante los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos con el propósito de que suspendan una política abiertamente lesiva de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Ahora, la amenaza de las fumigaciones indiscriminadas se dirige contra las comunidades indígenas y campesinas de los departamentos de Cauca y Nariño, precisamente la región sur cuyas autoridades y organizaciones sociales han propuesto alternativas pacíficas y concertadas frente a la "guerra contra las drogas".
Desde diciembre del 2000, con la primera fase del Plan Colombia, se han arrojado toneladas de agroquímicos sobre más de 50.000 hectáreas localizadas en Putumayo, Caquetá, Sur de Bolívar, Norte de Santander, Huila y Guaviare. Como informan la Defensoría del Pueblo, los Gobernadores, los Alcaldes, los Personeros Municipales y la población civil directamente afectada, buena parte de esas fumigaciones aéreas se hace sin consideración con los humanos, cultivos de alimentos, animales domésticos, bosques, fuentes de agua y áreas de gran importancia ecológica. .
Son verdaderos bombardeos contra la población civil. Con el argumento de combatir la oferta de drogas ilegales y golpear las finanzas de mafias y grupos irregulares, se están utilizando los herbicidas químicos como instrumentos de guerra. Estos operativos convierten a la POBLACION CIVIL EN OBJETIVO MILITAR. En el afán de dotarse de capacidad de respuesta en el conflicto armado interno, el Estado apela a practicas que violan los derechos humanos y que colocan a los altos mandos militares y al Gobierno en abierta violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario y además, de convenios internacionales como el 169 de la OIT de 1989 -Ley 21 de 1991 de Colombia- que obliga a consultar a los pueblos indígenas las acciones sobre sus territorios y a respetar su autonomía; en el Artículo 8 este Convenio establece que "Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario".
Por estas razones le solicitamos una acción urgente para detener esta locura.
Con la meta de destruir el 50% de los cultivos de coca y amapola en cinco años , la aspersión aérea se ha intensificado. Según recientes investigaciones y pronunciamientos , que confirman las quejas de los ciudadanos, la Policía Nacional Antinarcóticos está utilizando una mezcla altamente tóxica de Glifosato, Cosmo Flux 411F y Cosmo In-D. Se pasa incluso por encima de las instrucciones de uso y las advertencias de los fabricantes, contenidas en etiquetas y manuales técnicos .
El Defensor del Pueblo en carta al Ministro de Justicia (12 de julio) insiste en la necesidad de aplicar el principio de precaución y suspender las fumigaciones, frente a la ausencia del plan de manejo ambiental para la erradicación aérea y el desconocimiento sobre la sustancia que se emplea y sus efectos en la salud humana, en la fauna y la flora, y en los cuerpos de agua. Por su parte, la compañía inglesa ICI, cuando los investigadores colombianos mostraron las pruebas de la utilización de su producto, ordenó suspender el uso del Comos Flux en las mezclas utilizadas en la fumigación en Colombia.
Las consecuencias de las fumigaciones son devastadoras: se atenta contra la población civil; se pone en riesgo los cultivos y fuentes de alimentos; se contaminan los ríos y cuerpos de agua; se afectan los ecosistemas y se daña o eliminan animales y plantas; se produce el desplazamiento forzado de miles de familias y se genera zozobra y terror en la población afectando sus condiciones de vida. Por todo esto, el Estado viola disposiciones del Protocolo II de los Acuerdos de Ginebra, donde se señala expresamente que “la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”, “se prohíbe atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil tales como cosechas, ganados, las instalaciones de reserva de agua potable y las obras de riego” y se prohíbe "Forzar a personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto” .
La opinión mundial, los ciudadanos, las comunidades académicas, los constructores de opinión deben conocer de cerca esta realidad: se promueven en Colombia fumigaciones químicas que serían inadmisibles en el territorio de países como los Estados Unidos, según las leyes y las prácticas allá establecidas. Estamos seguros de que la conciencia democrática internacional se alarmaría al saber que, bajo el argumento de guerra antinarcóticos, en Colombia se agencian contra civiles prácticas que violan las normas mínimas de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Señora Robinson, requerimos su intervención ante esta situación que está directamente relacionada con las funciones de su oficina y de su delegación en Colombia. En repetidas ocasiones el Defensor del Pueblo ha pedido la suspensión de las mencionadas fumigaciones en aras de la protección de los derechos humanos; como señala en su comunicación del 12 de julio de 2001: “Continuar con el programa de fumigación de los cultivos con fines ilícitos, sin atender lo expuesto anteriormente, vulnera los derechos fundamentales – a la vida, a la integridad, a la salud y a la seguridad alimentaria – así como los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la salubridad y seguridad públicas, entre otros, de la población colombiana”.
Esperamos que el respaldo nacional e internacional, y el pronunciamiento de entidades internacionales a este SOS de personas y de organizaciones de paz, de medio ambiente y de Derechos Humanos consiga llamar la atención del gobierno colombiano sobre las implicaciones humanitarias de la actual práctica de fumigaciones que afectan a la población civil.
Con un atento saludo,
FIRMAN:
SIGUEN FIRMAS..
· Señor Kofi Annan, Secretario General de las Naciones
Unidas.
· Señor Klaus Nyholm, Representante UNDCP en Colombia,
undcp.col@undcp.org.co
· Señor Manuel Manrique, UNICEF, mmanrique@unicef.org
· Señora, María José de Oliveira Zimmermann,
Representante de la FAO en Colombia, FAO-COL@field.fao.org
· Señora Leyla Lima, Representante de ACNUR en Colombia,
fo.col@undcp.org
· Señor Lars Franklin, Representante PNUD en Colombia,
colbo@unher.ch
· Señora Cora Weiss, Presidenta del Grupo del Llamado
de la Haya por la Paz y los Derechos Humanos, cweiss@igc.org
· Secretario General del Consejo, Bélgica, Unión
Europea, public.relations@consilium.eu.int
· Señor Andrés Pastrana Arango, Presidente de
la República de Colombia, apastra@presidencia.gov.co
· Señor Gabriel Merchán, Director Nacional de
Estupefacientes, dneco101@colomsat.net.co
· Señora Sara Ordóñez, Ministra de Salud,
vpolo@minsalud.gov.co
· Señor Juan Mayr Maldonado, Ministro de Medio Ambiente,
jmayr@minambiente.gov.co, mcarvajal@minambiente.gov.co
· Señor Rómulo González, Ministro de Justicia,
ministro@minjusticia.gov.co
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