LA PROHIBICION ES EL CRIMEN

José M. Borrero Navia

Capítulo del libro en prensa EL RETORNO DE LA JUSTICIA

“La cruzada contra las drogas ha tenido y tiene el mismo efecto que la cruzada contra las brujas: exacerbar hasta extremos inauditos un supuesto mal, justificando el sádico exterminio y el expolio de innumerables personas, así como el enriquecimiento de inquisidores corruptos y un próspero mercado negro de lo prohibido, que en el siglo XVI era de ungüentos brujeriles y hoy es de heroína o cocaína.”     

Antonio Escohotado

OCASO DE LAS DERECHAS Y CREPÚSCULO DE LAS IZQUIERDAS

Desde mediados de la década de los cincuenta se venía anunciando el fin de la era de la ideología – extendida a todo lo largo del siglo XIX hasta la primera mitad del XX -..Daniel  Bell publicó en 1960   El Fin de las Ideologías^[1] y por esa misma época  Raymond Aron redujo a caricatura la oposición entre la izquierda y la derecha francesas diciendo que su ubicación en lados opuestos del parlamento, de donde cada fracción había tomado su denominador ideológico, era la causa de sus diferencias.  Sentada o no al lado derecho del parlamento francés, a nuestros ojos la derecha era un nombre  para representar los privilegios del viejo régimen, la reacción contra los valores democráticos de la revolución política, la aversión a todo aquello que llevase la impronta del interés colectivo, el desprecio por las minorías y el horror a las diferencias. Legatarias de la barbarie inquisitorial,  las fuerzas reaccionarias de derecha llegaron hasta los excesos inexpiables de Auschwitz y,  cuarenta años después de la anunciada muerte de las ideologías, persisten en su encono xenofóbico contra los inmigrantes, mantienen ejércitos de mercenarios paramilitares perpetrando genocidios^[2] y orquestan el ecocidio más siniestro destruyendo una extensión de la selva amazónica equivalente a cuatro veces el tamaño de Portugal.^[3]

La verdad es que la devastación de la selva amazónica superviviente en el  Brasil es liderada por fuerzas ‘progresistas’ que no cesan en sus propósitos de ‘desarrollar’ la jungla, “la cual no puede convertirse en un santuario intocable” según advierte el gobierno brasilero, al que no le basta la destrucción realizada hasta la fecha con autopistas, grandes represas y ampliación de la frontera agropecuaria. En cuanto a destrucción ambiental se refiere,  izquierda y derecha han marchado cabeza a cabeza en la carrera de imbecilidad progresista,  que por un momento parecía ganar la izquierda cuando tomó la delantera durante su hegemonía en el régimen burocrático de la antigua Unión Soviética y los países de su órbita. Las semejanzas entre capitalismo y los extintos regímenes comunistas son mayores que sus diferencias: Ambos idolatran el crecimiento industrial, la expansión de los medios de producción y la intervención tecnológica sin cortapisas, al tiempo que promueven una mentalidad consumista como el mejor medio de satisfacer las necesidades de la gente. Partiendo de un estrecho racionalismo científico, ambos insisten en que el planeta está ahí para ser conquistado, que lo grande es evidentemente bello, y que lo que no se puede medir no tiene importancia, mientras se apoyan en una centralización y un control y coordinación burocráticos a gran escala.^[4] Tres décadas atrás el pensamiento ecológico era vapuleado con idéntica saña por la izquierda y la derecha. Los zurdos neardenthalenses no podían menos que colmar de anatemas al ideario ambiental^[5], mientras la derecha, habiendo olfateado desde un principio la amenaza que para el statu quo entrañaban estas nuevas ideas, no dudo en   condenarlas como “terrorismo ecológico” contra la odisea del desarrollo. Este o semejantes estigmas fueron acuñados no solo hace treinta años por ultraderechistas recalcitrantes, industriales contaminadores o políticos corruptos,  sino  por 264 científicos, incluyendo 52 premios Nobel, en la década pasada, quienes suscribieron el Llamamiento de Heidelberg con motivo de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, denunciando a la ecología como  “una ideología irracional que se opone al progreso científico e industrial”

No es difícil imaginar los aprietos conceptuales que debieron sortear estos científicos para descartar las tragedias provocadas por accidentes ambientales tan graves como los de Three Miles Island (200.000 personas evacuadas), de Seveso, (37.000 personas contaminadas), de Bhopal (2.800 muertos, 20.000 heridos), de Chernobil (300 muertos, 50.000 irradiados), de Guadalajara (200 muertos, 20.000 sin casa); o bien para no tener en cuenta los millones de hectáreas de bosques destruidos, ni la erosión genética, ni las miles de especies perdidas para siempre, ni los océanos de hidrocarburos derramados en los cientos de accidentes marítimos, ni otros océanos quemados que envenenan la atmósfera, nuestra sangre y la tierra entera.  Quienes suscribieron el Llamamiento de Heilderberg debían ser partícipes de la carismática comunidad científica, distinguida por su universalismo y desinterés ideológico,  que describió Daniel Bell en su  Sociedad Postindustrial (1973), donde finalmente reinarían la información y el conocimiento bajo  la creciente influencia  de élites formadas en la <nueva tecnología intelectual> para la toma de decisiones.  Una sociedad jerárquica, alérgica al colectivismo y a la democracia participativa,  dirigida por un Estado centralizado,  con la preeminencia de la susodicha comunidad científica. . Me temo que esta sociedad  exenta de ideología  apuntaba a la sociedad de pensamiento único, el  pensamiento cero,  como le llama Saramago,  que atraganta por igual a políticos de  izquierda y derecha con embuchados de mercadotecnia, mundialización, librecambio sin fronteras, competitividad, privatización e indiferencia ante los impactos ambientales.  Este catecismo del pensamiento cero se repite sin cesar en todas las latitudes, por todos los medios, precipitando un nuevo oscurantismo fuera de cuyos dogmas no hay salvación, especialmente económica. Salvación del capitalismo y de las rentas del capital, por supuesto, en detrimento de los millones de excluidos y desempleados de todo el planeta. “Hasta podría llegarse a considerar, dice Ignacio Ramonet^[6],  que los 20 millones de parados europeos, el desastre urbano, la precarización general, los suburbios en llamas, el saqueo ecológico, el retorno de los racismos y la oleada de excluidos son simples espejismos, alucinaciones culpables, fuertemente discordantes en el mejor de los mundos que edifica, para nuestras  conciencias  anestesiadas, el pensamiento único.”

La indiferencia llegó después.  Primero vino una gran sopa ecléctica servida a manteles para exorcizar reservas morales y aliviar viejos sentimientos de culpa, que tomaron a diestra y siniestra, con más apetito los comensales de la izquierda, quienes llegando al postre habían expelido sus sueños de cambiar el mundo  para soñar de nuevo como es debido en cambiar de carro, de vecindario y de pareja. Los comensales de la derecha, en buena parte anfitriones de la velada, con unas cuantas cucharadas tuvieron para sentirse a gusto y no teniendo nada que expeler pasaron directamente a declarar subsumida toda diferencia, procediendo de plano al nuevo alinderamiento de los poderes. Después siguieron los brindis por el futuro de la sociedad única del pensamiento cero que al compás del ‘desarrollo sostenible’ traería mayores beneficios para todos. En esta como en anteriores oportunidades ‘todos’ quería decir ‘todos los comensales’ y en modo alguno el resto. Quedaban por fuera  los excluidos de siempre, los millones de desempleados, los otros millones que disfrazan su desempleo con coimas, prostitución y  delincuencia callejera, los refugiados de todas las latitudes,  los desesperados de todos los continentes que sueñan con sobrevivir lavando pisos y retretes en Europa y Estados Unidos, los otros desesperados que se quedaron porque se hicieron viejos  soñando que algún día abandonarían su miseria, también los artistas del hambre y  muchos poetas. Estaba claro que este nuevo alinderamiento era por sobre todo un asunto de dinero, un negocio para establecer las reglas del mercado global, respecto a cuya ubicuidad no hubo diferencias, como queda dicho. También se dijo que los costos ambientales de la globalización no venían al caso muy a pesar de los sombríos pronósticos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y de los estudios no menos alarmantes sobre la impronta ecológica de los grandes centros urbanos. No habiendo lugar en la sociedad única del capitalismo mundial para diferencias ideológicas,  las  diferencias serían solamente económicas para hacer a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres  y numerosos^[7]. 

Tan pronto declararon agotadas las utopías sociales ante el estruendoso colapso del socialismo burocrático, los comensales del pensamiento cero, que no tenían en mente romper con los esquemas maniqueos, ni menos aun dar paso a medias tintas con los enemigos malos, se dieron a la tarea de rescatar a la moral del caos en que la había postrado el descubrimiento del inconsciente, acontecimiento advertido pero no reprimido a tiempo que derrumbó la frontera impuesta entre las pulsiones ciegas del deseo y la razón, como también  la omnipotencia de esta última.. Teniendo a  buena parte de los excomunistas como nuevos socios del capitalismo y habiendo coronado el fin de las luchas ideológicas con la conquista de la Plaza Roja de Moscú por Mc Donald y CocaCola,  estaban abocados a prefigurar en el corto plazo una  representación contemporánea del mal para llenar el vacío dejado por la desbandada comunista. Una figura del mal era esencial tanto para devolverle a la moral su firmeza y trascendencia en los asuntos humanos, como para asegurar la buena marcha de la política internacional y de los negocios.  La falta de un enemigo malo podía ser fatal para la justicia criminal,  las fuerzas especiales de la policía, el FBI, el sistema financiero,  la industria de armamentos, los estrategas militares, los predicadores y,  en particular,  para  la industria cinematográfica que habría sucumbido sin un enemigo malo bien definido contra quien dirigir toda la furia de sus héroes de celuloide.  Los primeros malos que recuerdo fueron los indios de Norteamérica, aniquilados por colonos blancos, rubios y apuestos al comando de John Wayne, héroe de los Western que veíamos cada domingo en matinée. Entonces no sabíamos que esa tramoya peliculera aludía al etnocidio de que habían sido víctimas los pueblos indígenas, despojados a sangre y fuego de sus territorios ancestrales por colonizadores puritanos.  De segundos vinieron los japoneses que realmente lucían muy malos,  a pesar de ser bajitos y enjutos.  Afortunadamente siempre eran vencidos por nuestros héroes rubios bajo las órdenes de Gary Cooper, Burt Lancanster o Robert Mitchum, quienes después comenzaron a enamorarse  de lindas japonesitas que todavía siguen esperando su regreso. De todos los malos los alemanes fueron los peores porque también eran blancos, altos,  bien armados y estaban aliados con los japoneses.  Mi idea de los valores morales sufrió una fuerte sacudida viendo una película - quizás leyendo un libro - sobre Venusdorf, el campo de amor donde los nazis más corajudos encontraban el reposo del guerrero en brazos de las más bellas mujeres de la raza aria. Que los malos recibieran semejante gratificación, que  la maldad fuese recompensada, resultaba inaceptable para mi inocencia – entonces no había leído a Bernard Shaw ni tampoco Justine del Marqués de Sade –.  Después vinieron los comunistas, unos malos que ya estaban en la radio antes de llegar al cine, humillados en cada entrega radiofónica por el invencible Capitán Ojo de Águila, adalid de la libertad y la democracia no visto sino imaginado por la fiereza de sus acciones y su vozarrón de machote.  Los comunistas eran gordos y no parecían tan malos porque en lugar de matar se la pasaban espiando para robarse mapas e  inventos militares de la ciencia occidental que siempre recuperaba James Bond, el agente 007 con licencia para matar, de quien recibieron las últimas palizas antes de aparecer en escena Gorbachov compartiendo roles estelares junto a  Ronald Reagan.

A finales de los setenta los malos salieron de las películas para andar sueltos por las calles de mi ciudad, solo que esta vez no lo hicieron a caballo sino en flamantes camperos y ostentosas camionetas, - narcotoyotas les llamaba la gente -.  Como tantos otros sucesos no percibidos que estaban cambiando nuestras vidas, el narcotráfico venía generando desde tiempo atrás dinámicas económicas y sociales sin precedentes en la historia de nuestra ciudad, con montones de dinero “sucio” rodando en los negocios, pagando mejor que nunca servicios profesionales e invirtiendo a manos llenas en toda clase de industrias. Era una época de vacas gordas para abogados, arquitectos, artistas, especialmente pintores - porque  los capos compraban cuadros por metros -, decoradores, por supuesto,  peluqueros, modistas y políticos. A esta lista,  incompleta por cierto, de oficios favorecidos, es preciso sumar los incontables puestos de trabajo creados por el narcotráfico para testaferros, sicarios, matones,  aviadores, expendedores, “cocineros”,  “campaneros” y “lavaperros”^[8], amén de químicos, biólogos y otros investigadores aplicados a la invención de  sistemas para camuflar los cargamentos en bananos, madera o flores, despistar a los perros policías y lavar las utilidades. Amén de nuevos cargos en el aparato judicial y nuevos  efectivos para la policía, siempre insuficientes, más los expertos en control al  lavado de activos y las legiones de informantes. Nunca un solo negocio había redituado tanto, ni dado tanto trabajo a tanta gente.

Cada capo era un rey Midas, a quien todos querían conocer para ofrecerle sus servicios, presentarle un proyecto o plantearle algún negocio. Porque,  según se decía, los grandes capos eran “muy buenos”, verdaderos “señores” a carta cabal. La bondad de estos tipos malos nunca estuvo en duda, ni siquiera en los peores momentos. Cuando empezaron a presentarse episodios que ponían al desnudo la emergente subcultura de la violencia impuesta por la mafia, verbigracia, el asesinato a plena luz del día del desprevenido conductor que al bajarse de su automóvil para dar o pedir una explicación, había sido acribillado a balazos sin mediar palabra, para “que aprendiera a respetar”, o del  temerario que en algún centro nocturno intentó oponer resistencia al requerimiento de ceder su mujer, su hermana o su novia al  “patrón que quiere bailar con ella”, la gente nunca atribuyó los crímenes a los grandes capos, sino a segundones o  “traquetos”^[9] vulgares. Nunca los señores de Cali, quienes eran “muy buenos y decentes”, porque no perpetraban atentados terroristas, ni pretendían figurar en política, ni menos aún querían usurpar su lugar a los políticos, como lo había hecho Pablo Escobar. Sus métodos eran más eficientes, menos ruidosos. Sin mucha alharaca habían asegurado el control casi absoluto,  no solo de la ciudad, sino del país, en particular del país político. Todo el mundo sabía que buena parte de la policía trabajaba para ellos, que sus legiones de abogados manipulaban con destreza al aparato judicial, que controlaban medios de comunicación, que su dinero circulaba en los bancos y cooperativas, algunos de los cuales habían comprado, que lavaban montones de dinero en la industria de la construcción y la inversión en bienes raíces, gracias a ellos en su mejor momento con precios a la par de New York, Paris o Ámsterdam, y, en fin, que los políticos  se derretían por contarse entre sus amigos y recibir su apoyo en las campañas electorales. Todos lo sabían y todos lo callaban, aunque en todas partes solo se hablase sobre las hazañas de estos nuevos héroes del capitalismo salvaje.  MI ciudad parecía estar dispuesta a sacrificar el valor social de la confianza debida, la buena fe y  el esfuerzo personal por  montones de dinero, que, a la postre, los mafiosos y sus áulicos guardaban en sus bolsillos, permitiendo de paso a la corrupción convertirse en estilo de vida y al crimen erigirse en la suprema ley sobre las ruinas de la convivencia cotidiana, vilipendiando la dignidad y el respeto a la vida humana.

Si la justicia se quebranta, como piensa Walzer^[10],  cuando el poder de una esfera de la actividad humana avasalla otra u otras esferas anulando su autonomía relativa, entonces el ilimitado poder del dinero había postrado a mi ciudad en la más abyecta injusticia. También a mi país. Es cierto que siempre fue improbable, casi iluso,  trazar límites al poder del  dinero. Quizás nunca los toleró, al menos en la edad moderna, desde que los banqueros Fugger  tuvieron bajo su puño a las grandes monarquías europeas.  El poder del dinero, semejante aquí y allá,  se ejerce en todas partes con mayor o menor  violencia, dependiendo de su grado de maduración e imbricación en el tejido social. La diferencia con el poder de los narcotraficantes no estaba solo en el salvajismo de sus batallas por movilidad social para acceder a los privilegios de las clases altas, sino en el cinismo descarnado con que invadieron todas las esferas,  dando al traste con las normas del reconocimiento intelectual, el trabajo individual, la responsabilidad cívica y  el liderazgo ganado en franca lid, y también, por supuesto,  con los patrones tradicionales de clasificación elitista y jerarquizaron social. Desde estrados judiciales, pasando por equipos de fútbol, profesiones liberales y partidos políticos, hasta centros de estudio y universidades^[11],  todos los espacios sociales fueron malogrados  por su dinero,  sometidos a la lógica monoteísta de su poder,  demostrando así, una vez más, que el becerro de oro jamás había abandonado su sitio en el vulnerable corazón humano.  El narcotráfico no estaba mancillando una sociedad de recios principios distinguida por su respeto de la justicia en las esferas del mérito intelectual basado en la voluntad, la inteligencia o la creatividad personales, del liderazgo fundado en atributos, del reconocimiento social por virtudes cívicas. Los narcotraficantes no fueron los primeros en quebrantar las reglas de la justicia usurpando los espacios de otras esferas con el poder de su dinero, ni inauguraron en el país la corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias y las genuflexiones ante el dinero de los poderosos que hicieron ricos y famosos a  los más invertebrados. Por el contrario, el tráfico de influencias siempre había sido indispensable para conseguir la atención de cualquier asunto, por grande o insignificante que fuera. Si alguien quería conseguir un empleo,  un cupo en una escuela,  o una línea telefónica, primero que todo debía tener a mano la recomendación y “palanca” de un político, so pena de exponerse  a cínicas dilaciones una y otra vez hasta  hacerle comprender que la prestación de servicios públicos no era un asunto de derechos ciudadanos, sino un botín reservado a los políticos de turno para que dispensaran prebendas a discreción. En un terreno abonado por resabios premodernos, el narcotráfico no hizo nada distinto que reforzarlos.

Los colombianos no habíamos experimentado en varias generaciones un proceso semejante de acumulación de riqueza, tan acelerado, tan sanguinario. Teníamos noticia de la violencia  - no menos cruenta - que había sacudido al país, especialmente al eje cafetero, cuando los altos precios del café colombiano en los mercados externos contribuyeron a empollar atrocidades  contra los campesinos de la región para despojarles de sus tierras. También es cierto que el tejido social estuvo congelado por varias generaciones configurando un país  de castas  reacio al más leve cambio en las relaciones de poder, con sus canales de movilidad social taponados por la soberbia de los poderosos, tan atrincherados en sus privilegios excluyendo pobres y disidentes. Al darle poder a los de abajo, a personas de la base social, el dinero del narcotráfico destapó abruptamente los canales de la movilidad social, precipitando una revolución social sui generis, no fundada en ideologías justicialistas sino exclusivamente en  el poder del dinero. Cuando zambos, mulatos y otros pobretones llegaron para quedarse en los barrios más exclusivos haciendo estruendo con mariachis y metrallas,  la “gente bien” no tuvo más remedio que tragar grueso y unirse en grupos de oración para rogarle al Señor de los Milagros, en Buga,  que les hiciera el milagrito y “sacara toda esa gentuza.” Muchos vieron derrumbarse su fe cuando descubrieron en Buga a sus nuevos vecinos,  también pidiéndole al Señor de Los Milagros que  les hiciera el milagrote protegiendo de una caída su último embarque.  La “gentuza endiosada por el dinero” había sacudido con furia el rígido cuerpo de relaciones sociales congeladas. Nada igual se había visto en Cali desde los años de la fiesta liberal. Con la diferencia de que en ese episodio el pueblo no llegó para quedarse, sino para hacer una revuelta y después largarse. 

Con el delito erigido en vía privilegiada para generar riqueza, y por ende,  poder social, colgábamos como nunca del relativismo moral, a merced de valores tambaleantes.. La justicia estaba en el limbo, avasallada por la ley del más fuerte que había regresado con nuevos bríos para reinar sobre todo el cuerpo social, sometiendo a su violencia sin límites no solo las mismas operaciones del narcotráfico sino todas las relaciones sociales y, en consecuencia, el tratamiento de conflictos. Cansados de hacer venias a la puerta de los despachos judiciales, quienes demandaban justicia  habían decidido abandonar los tribunales, dejándoles a su suerte de coleccionables de la iconografía republicana, abrumados como siempre por enormes pilas de procesos sin resolver.  En lugar de prolongar la espera por providencias judiciales que nunca llegaban, optaron por los métodos rápidos y efectivos de la justicia privada para hacer cumplir obligaciones civiles o dirimir conflictos de toda especie, cambiando los servicios de abogados y oficinas de cobranzas por las vías de hecho contra el deudor moroso, a quien se amenazaba con ponerle en manos de sicarios^[12].  Es cierto que el  narcotráfico no fue el único responsable por la bancarrota de la justicia ordinaria, desprestigiada desde siempre, interpretada por las mayorías analfabetas como un asunto de élites letradas, exiliada  en una franja fronteriza donde el Derecho se reconoce como ley, pero también como poder para burlar la ley  y hacer prevalecer las injusticias. En el imaginario popular la justicia ha sido durante mucho tiempo un asunto de Dios o de la vindicta personal, no del Derecho. Resabios premodernos habían  contagiado nuestros sistemas jurídicos desde los inicios de la vida republicana favoreciendo una representación del Derecho como negocio del poder y sus intermediarios^[13].  Con la ley del más fuerte haciendo de las suyas sin rodeos, sin esguinces leguleyos, mostrando con cínica transparencia su poder, la tramoya judiciaria se vino abajo y con ella también cayeron sus oropeles, su utilería desvencijada,  sus tortuosas ritualidades, tan viejas en el oficio de enredar la justicia.

Después llegó la escalada terrorista porque los capos no transigían - Pablo Escobar, especialmente, - con la extradición exigida sin ambages desde Washington, donde estaba en entredicho la capacidad de la justicia colombiana para eliminar judicialmente a los narcotraficantes. La verdad es que los gringos no querían otra cosa que exhibir su poder de tipos buenos cerrando todas las vías de escape para atrapar a los capos - merced a la   extraterritorialidad indisputable de la ley norteamericana -  y darles el golpe de gracia en sus cortes y prisiones. Las atrocidades terroristas sumieron al país en la zozobra y el pánico, cobraron miles de víctimas completamente ajenas a esa guerra y arruinaron la vida a miles de colombianos.  El terrorismo retrocedió con la entrega de Pablo Escobar y su detención en la Catedral - un búnker financiado y construido por él -,  de donde decidió fugarse para seguir huyendo hasta que fue abaleado en una acción combinada de las fuerzas especiales de la policía,  la DEA y los “Pepes^[14].”  Lo que siguió es historia reciente. Al perder  las elecciones en 1994  Andrés Pastrana reveló la existencia de unas grabaciones de las cuales podía inferirse que los señores de Cali  habían contribuido con exorbitantes sumas a la campaña del presidente Ernesto Samper.  Bajo la presión de Washington se inició una investigación  que puso en prisión a los  directores de la campaña Samper, así como a un buen número de  parlamentarios, gobernadores, alcaldes, funcionarios y políticos,   haciendo público lo que ya era vox populi: la militancia de parlamentarios y funcionarios de  alto rango en las filas del narcotráfico. Alegando que “todo se había hecho a sus espaldas”,  el presidente Samper se salvó, contra toda evidencia en su contra,  de ser destituido por el Congreso de la República, gracias a la complicidad y apoyo irrestricto de sus copartidarios. 

Este episodio de la guerra contra el narcotráfico concluyó felizmente con  el triunfo de los tipos buenos y la derrota de los malos: los hermanos Rodríguez terminaron en prisión, Pepe Santacruz y Pacho Herrera asesinados, sus organizaciones desmanteladas y sus testaferros identificados y enjuiciados.    Como era de prever  los hechos trastocaron la moraleja porque tras la victoria  de los buenos aumentó la producción de cocaína y heroína en Colombia, más bosques y ecosistemas frágiles se han devastado para sembrar coca y amapola^[15], la cocaína es ahora mejor y más barata que nunca en las calles de New York o Chicago, el negocio del narcotráfico va viento en popa  y los colombianos seguimos siendo los apestados del planeta. En aras de esta guerra hemos inmolado a  miles de ciudadanos, jueces, periodistas, magistrados, líderes políticos, candidatos presidenciales,  ministros, procuradores; arruinado nuestro excepcional patrimonio ambiental con talas y biocidas; y en fin, hemos visto al crimen coronarse de éxito en la política, los negocios, las relaciones sociales y la mentalidad colectiva.  A pesar de toda nuestra tragedia, de todo nuestro dolor,  continuamos siendo parias, despreciados en las fronteras internacionales y humillados dentro de las nuestras; sufrimos  condiciones cada vez más graves de injusticia social, desigualdad de oportunidades,  inseguridad,  desempleo^[16], además de  conflictos armados.  Dos millones de desplazados por la violencia buscan refugio en campos y ciudades mientras una gran mayoría de nuestros conciudadanos  no puede ir más allá de los límites que traza diariamente la confusión y el miedo.

Nuestro drama, aunque excepcionalmente doloroso, no es único en el mundo contemporáneo. Los conflictos armados y las guerras intestinas abruman la vida de las gentes en muchos países. Asaltos, masacres, secuestros masivos, voladuras de puentes u oleoductos  y otros abominables actos de violencia son perpetrados cada día por bandas ilegales o cuerpos armados contra inermes ciudadanos, mujeres y niños en otras latitudes  de la tierra.^[17] Hay, sin embargo,  un sesgo único en nuestra tragedia: ha sido provocada por la banda de inquisidores que decidió prohibir el consumo de  substancias psicoactivas, secundados por legiones de fanáticos y matones en su cruzada prohibicionista. Es verdad que llevamos siglos siendo lacerados por atrocidades  enraizadas en los odios y resentimientos que engendra la exclusión social.  En una misma galería de iniquidades exhibimos las pústulas del bandidaje y la ingobernabilidad  que capitanean corruptos e ignaros ungidos con poderes públicos; la ignominia de intolerables islas del privilegio erguidas entre océanos de miseria; la infamia de los atropellos cometidos cada día contra la dignidad humana;  el aborrecible servilismo ante los poderosos y los ricos, que a la postre son el mismo maridaje del poder que quita y pone a los corruptos e ignaros de turno; y, en fin, la ingrávida indiferencia para calmar el terror y aliviar un poco la vergüenza. Todo ello es cierto. No es menos cierto que todas estas calamidades han sido exacerbadas por la prohibición vertiendo sus crímenes en los flujos de corrupción, clientelismo, inequidad, exclusión, intolerancia y abuso de poder preexistentes. La prohibición es el crimen: un cepo que aprieta donde más duele; un bestiario que mata sin compasión  a diestra y siniestra, que arrasa bosques y páramos, que  marchita todas las flores, inclusive las de la esperanza; un engendro impío que clausura los atajos misteriosos del entendimiento y            que pone en la jeta de perros rabiosos colgajos del corazón humano.  Este bestiario, este engendro impío ha envilecido al país  exuberante, biodiverso por excelencia y multicultural que es Colombia; ha maltrecho nuestras vidas con sevicia. Los cómplices criollos que  servilmente lamen el trasero de este engendro han hecho trizas nuestra dignidad nacional. Solo nos resta seguir bregando cada día contra la adversidad para salvar los retazos de  dignidad que nos dejaron los serviles,  trazando un mapa de tolerancia que nos ayude a alcanzar el sentido de la justicia.

EL DERECHO SOBERANO A DISPONER DE SÍ MISMO

Consumir o no substancias psicoactivas es una decisión que debe dejarse a la libre elección personal. Todo ser humano es soberano para disponer de sí mismo y de su cuerpo como lo crea más ajustado a la lógica de sus deseos, valores o creencias. Este es el verdadero sentido de la libertad y no propiamente el derecho a votar por un candidato, por cierto, no tan “libremente’ como lo proclaman los mentores de la democracia representativa. Aunque a menudo no  tengamos en cuenta la connotación jurídica de nuestras decisiones cotidianas, diariamente ejercemos el derecho a disponer libremente de nuestro cuerpo cuando, por ejemplo,  comemos alimentos con altos contenidos de grasas saturadas y glucosa o decidimos abstenernos de ellos, cuando hacemos ejercicio físico u optamos por el sedentarismo, cuando bebemos o no licores hasta intoxicarnos los viernes en la noche, cuando fumamos o preferimos no hacerlo. Elegimos algunas de estas opciones muchas veces a sabiendas de los daños^[18] que podemos causar a nuestro organismo, induciendo colestericemia, arteriosclerosis, infarto coronario, cirrosis, hipoglucemia, diabetes y otras enfermedades, sin mencionar las disfunciones familiares, laborales o económicas y los altos costos para la salud pública y la sociedad en su conjunto. Sabemos que la ingesta de dietas con exceso de grasas saturadas y glucosa provoca mayores costos sociales que los eventualmente asociados al consumo de marihuana, cocaína o heroína. La ley, sin embargo,  no dice nada al respecto  porque la sociedad ha decidido asumir esos costos como lo viene haciendo con el alcohol y el tabaco. En algunas culturas operan restricciones religiosas al consumo de ciertos alimentos y en el mundo occidental, donde  se pretende persuadir a las personas con información, muchas hacen caso omiso de la misma y prefieren continuar con dietas poco saludables porque, según declaran,  “no quieren morir sanos.”  No obstante, la ley  no les obliga a abandonar las grasas saturadas  ni les penaliza por comerlas. No tenemos noticia de iniciativas legislativas al respecto ni de una “guerra contra la grasa” iniciada por el gobierno de Estados Unidos para reducir su alto índice de enfermedades coronarias, quizás él más alto del mundo, inducido por la dieta de sus habitantes.

En el campo de los biocidas (herbicidas, pesticidas, funguicidas) la ley tampoco hace  cuanto debiera. Son conocidos los efectos carcinogénicos y mutagénicos de las trazas de biocidas en la salud humana y los estragos que ocasionan a la biodiversidad, contaminando alimentos, aguas y suelos. Lejos de prohibir radicalmente su aplicación, la legislación propicia una política de control blando permitiendo que millones de seres humanos en todo el mundo consuman “libremente” alimentos contaminados con  biocidas. La manufactura de estos venenos no esta tipificada como delito, sus empresarios no están en la cárcel ni sus laboratorios han sido incendiados para escarmiento público. Allí donde la ley debiera ser dura, paradójicamente es blanda. O llega tarde, cuando ya no hay remedio ni hace falta. Baudrillard piensa que el Derecho siempre llega tarde^[19]. Solo cuando los bienes maravillosos de la vida y la naturaleza han desaparecido o están a punto de extinguirse, el derecho aparece para sancionar su desaparición.

Occidente decidió - contra todo argumento racional -  prohibir ciertas substancias psicoactivas y  entregar su control a la máquina penal, a sabiendas de que ésta siempre fracasa en sus propósitos declarados para disuadir a los delincuentes, rehabilitarlos, administrar "justicia" o proteger a los ciudadanos^[20]. Aunque tenga mejor suerte con sus propósitos no declarados para eliminar desviaciones y reprimir disidencias, en cualquier caso sus fracasos mantienen en movimiento a la parafernalia policivo-judicial-carcelaria e inspiran retóricas reformistas de cuando en cuando para alentar el círculo vicioso de más fracasos provocando nuevas reformas. Digamos que la prohibición celebra su fracaso con una orgía de calamidades  que dan vida a la máquina penal..

Las substancias psicoactivas siempre estuvieron entre nosotros, como dice Antonio Escohotado, siguen y van a continuar estándolo, porque no se   descubrieron “para hundir al ser humano, esclavizándole y mutilando su dotación orgánica, sino para ayudarle a sobrellevar desafíos vitales, mejorando su autocontrol y, en definitiva, su libertad y su dignidad personal^[21].” Algunas de ellas posiblemente favorecen formas de conocimiento no toleradas debido a su incidencia erosiva - no previsible ni sujeta a control – en el principio de realidad hegemónico. No es gratuito que la guerra contra las drogas adopte los procedimientos inquisitoriales de una auténtica “cacería de brujas”,  porque quizás hoy como ayer se trata de perseguir conocimientos e interpretaciones reñidos con los paradigmas dominantes. Ayer,  para excluir conocimientos herbolarios de las mujeres; hoy,  para clausurar caminos inexplorados de la percepción.

Un oscuro engranaje de resentimientos y miedos terminó haciendo de estas substancias la configuración contemporánea del mal. Miedo al placer, pavor sería más preciso,  en una sociedad que reprime y dosifica el dolor, para lo cual le asiste una destreza singular, disponiendo a manos llenas de represión, carencias y  sueños truncos; que no puede tolerar una invasión de placer autoinducido, tan lejano a los cánones del goce lícito, tan ajeno a las vías indicadas en el mapa oficial de la percepción y el conocimiento. Miedo a perder el control sobre millones de seres humanos que decidieron ejercer su  derecho a disponer libremente de su cuerpo, declarando con su gesto que la prohibición de consumir substancias psicoactivas es otro ardid de la barbarie para mantener confinado al espíritu humano en campos de concentración.  ¿Porque,  al final de cuentas,  dónde está el mal de las substancias psicoactivas? Que la droga sea la expresión contemporánea del mal, como bien dice Francisco Garrido Peña, le hace mala “porque es mala, es decir porque así ha sido definida. Su maldad no es ontológica, ni moral (al menos en el sentido en que moralidad implica cierto grado de acuerdo, de diálogo, de alteridad reconocida) sino performativa. Al ser símbolo del mal, éste no le es ni ajeno ni exterior, ni causado ni concedido, ni infectado ni participado; le es de suyo «natural», le es inmanente. No requiere pues demostración, porque la droga es el fundamento de toda demostración del mal.”

UN BUEN NEGOCIO

El negocio del narcotráfico surgió en Colombia en medio de la vorágine de sus conflictos sociales, con su economía al garete de intolerables desequilibrios en los términos del intercambio comercial, de incontrolables caídas en los precios de sus materias primas de exportación y de una impagable deuda externa. Colombia estaba abocada, como otros países de América Latina,  a vender el triple de sus productos para conseguir una suma igual de divisas a la que obtenía por unidad veinte años atrás. La exportación de materias primas no generaba la plusvalía suficiente para cumplir con urgentes requerimientos de inversión social. El único excedente que se obtenía en el proceso productivo,  a la postre usufructuado por los compradores en otros países, provenía de las sumas que ahorraban los productores pagando salarios injustos a los trabajadores colombianos. Ninguno de los productos tradicionales de exportación arrojaba utilidades en el comercio internacional - inclusive bajo esas condiciones de explotación del trabajo asalariado – en grado tal que asegurase una rápida y dinámica acumulación de capital.  Excepcionalmente, las substancias psicoactivas obtenidas de la flora americana, especialmente la cocaína,  se convirtieron en los únicos productos en la historia latinoamericana – como alguna vez lo dijo Alan García -  con capacidad para generar plusvalía en el comercio internacional, precipitando una vertiginosa acumulación de capital.

La cocaína es un producto tropical prohibido como en su momento lo fueron el café, el tabaco, inclusive los tomates, o el licor en otras latitudes. Un producto que la prohibición convirtió en un negocio millonario. El valor del comercio mundial de las drogas ilícitas se estima entre 200 y 400 mil millones de dólares equivalentes al 8 por ciento del comercio mundial.  Los mafiosos operan este rentable negocio ilícito aprovechando,  como lo hace cualquier negocio legítimo,  la tecnología de punta  y las oportunidades que ofrece la nueva economía. Son actores económicos eficientes que reducen costos y asignan recursos con precisión, para mejorar la productividad de los cultivos, hacer control de calidad, aumentar la pureza de las sustancias y reducir la cantidad de insumos químicos, incluyendo técnicas de reciclaje de solventes.

Las ganancias de este negocio son en buena parte para los narcotraficantes, de los cuales puede decirse que tienen todos los vicios del capitalismo pero ninguna de sus virtudes. Aunque su dinero se lava en negocios lícitos, en estricto sentido no existe apropiación social de las utilidades, que controlan exclusivamente los capos ufanándose de su mentalidad capitalista. A este respecto son elocuentes las palabras del extinto Pablo Escobar Gavíria "que me acusen de ser narcotraficante, vaya y venga, pues estoy acostumbrado a que lo hagan y nada prueben. Pero que pretendan presentarme como socio de la guerrilla, eso si que no lo acepto, pues lesiona mi dignidad personal .. Yo soy un hombre de inversiones y por ello no puedo estar de acuerdo con las guerrillas que luchan contra la propiedad.^[22]."   Los narcotraficantes operan en un imaginario plagado de ambiciones y fantasías de poder que les ubican, ideológicamente al menos,  al lado de los grupos  dominantes. Los grandes capos y sus segundones  adquirieron 2.5 millones de hectáreas de las mejores tierras colombianas, invirtiendo cinco mil quinientos millones de dólares en propiedad raíz^[23],   solo en la década del ochenta. Convertidos en latifundistas los narcotraficantes se estimaban a sí mismos "pilares" del establecimiento y de su orden social y económico^[24]", porque más que propiedades estaban comprando influencia política y respetabilidad social. Aunque nunca tuvieron identidad política, tan pronto se transformaron en terratenientes vieron a los grupos campesinos  como enemigos de sus intereses, muchos de los cuales masacraron durante sus operaciones de "limpieza" social en los campos del Magdalena Medio, el Meta, Antioquia y Córdoba.  Los terratenientes tradicionales de estas zonas, fastidiados con las actividades de grupos de oposición, dieron una "cálida bienvenida" a los nuevos narcorrancheros celebrando con regocijo sus siniestras operaciones de "limpieza".^[25].

LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS.

La "ofensiva total contra las drogas" declarada por Richard Nixon en 1971 adquirió las dimensiones de una "guerra" desde la administración Reagan-Bush, con una estrategia concentrada en la erradicación de cultivos en Latinoamérica; en el desmantelamiento de redes y laboratorios; y finalmente, en el aniquilamiento de los traficantes, física o judicialmente.  Los gobiernos de Estados Unidos han comprometido inclusive a sus propias fuerzas militares en operaciones policivas^[26] y conseguido la colaboración del Congreso y la Corte Suprema en una santa cruzada para proteger, según su retórica moralista,  a los ciudadanos norteamericanos contra el crimen organizado y el "narcocomunismo”.

La fumigación se inició con paraquat hacia  finales del gobierno Turbay Ayala (1978-1982),  generalizándose  durante el gobierno Belisario Betancur (1982-1986) mediante la aplicación de glifosato para la marihuana y de garlon-4 para la coca, que continuó en la administración de Virgilio Barco (1986-1990) El presidente Gaviria (1990-1994) reforzó la fumigación de marihuana y coca e inició la destrucción con glifosato de la amapola hasta que el país batió todas las marcas nacionales e internacionales en  materia de erradicación química y manual de cultivos ilícitos durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), ensayando herbicidas más tóxicos como el imazapyr y el tebuthiuron. Sólo en 1998, Samper (hasta agosto) y Pastrana (1998-2002) fumigaron 66.083 hectáreas de coca y 2.931 hectáreas de amapola, y destruyeron de modo manual 3.126 hectáreas de coca, 181 hectáreas de amapola y 18 hectáreas de marihuana. El actual gobierno destruyó aproximadamente 90.000 hectáreas de coca entre 1999 y 2000. Finalmente, desde 2000 Washington ha venido presionando para que el gobierno de Colombia autorice una guerra de exterminio biológico  con hongos del tipo fusarium oxysporum en la erradicación forzada de plantaciones^[27].

En cumplimiento del siniestro Plan Colombia aviones de los Estados Unidos han estado fumigando recientemente con herbicidas una extensión de más de 55.000 acres de plantaciones de coca,  durante las primeras ocho semanas de un plan que pretende reducir a la mitad las operaciones de narcotráfico de cocaína para el año 2005. Las plantaciones de coca fumigadas en Putumayo con el herbicida glifosato desde el 12 de diciembre del 2000 representan una sexta parte de los 334.280 acres oficialmente estimados de Colombia; aunque otras estimaciones llegan hasta los 500.000 acres.  Entretanto, los campesinos se lamentan porque la fumigación indiscriminada también acaba con sus cultivos de alimentos, como plátanos, maíz y yuca, amenazando con provocar una situación de hambruna general. Nadie escucha sus quejas, no solo respecto a la destrucción de sus cosechas sino sobre la falta de precios justos y mercados para sus productos^[28].

Estados Unidos presiona por la aplicación de herbicidas que superen la capacidad de destrucción del glifosato,  como el Imazapyr, Hexaxinona y Tebuthiuron, distinguidos por su alta persistencia en zonas de intensa precipitación pluvial Estos herbicidas se aplican, legal o ilegalmente, contrariando normas técnicas de control que han sido establecidas para minimizar los riesgos contra la salud humana y el ambiente. El glifosato, por ejemplo,  se fumiga desde alturas superiores a los diez metros prescritos, en dosis de 13,47 litros por hectárea sobrepasando la dosis mínima fijada de 2, 5 litros por hectárea. En esta forma los biocidas alcanzan viviendas de campesinos, cultivos de pancoger – muchos de los cuales se han establecido en el marco de programas de sustitución de plantaciones de coca -, así como fuentes de agua, pastos y semovientes^[29]. Las fumigaciones también se practican sobre bosques andinos ubicados entre los 1.000. y los  4.000 msnm, donde se encuentran bosques de niebla y páramos invaluables, de tiempo atrás afectados por tala asociada a colonización y cultivos de amapola, ecosistemas que podrían padecer aun mayores impactos provocados por una guerra biológica^[30] contra las plantaciones de amapola..  En donde se realizan operaciones conjuntas contra la guerrilla y antinarcóticos hay lugar a desplazamientos de la población civil que conducen a mayores traumatismos sociales, económicos y culturales tanto en las ciudades y zonas pobladas como en el campo donde buscan refugio los desplazados. En consecuencia, los daños a la población civil y los impactos ambientales han aumentado considerablemente. 

El Plan Colombia acordado en septiembre 1999 entre los presidentes Clinton y Pastrana incrementará el enfrentamiento interno y aumentará las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Las propuestas de este Plan reinciden en la misma estrategia de estrangulamiento económico y prohibicionismo^[31]: más endeudamiento, más privatizaciones,  más militarización, más lesiones contra el patrimonio ecológico de la mano de más erradicación forzosa de cultivos, más violaciones a los derechos humanos, más injerencia norteamericana, más conflictos en nombre de la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado^[32].  Las medidas económicas propuestas se inscriben en el esquema de los ajustes estructurales que desde hace más de una década vienen sumiendo a los países de América Latina en una crisis económica sostenida y un conflicto social permanente. Gran parte de los recursos aprobados por el Congreso Norteamericano se destinarán a endurecer la guerra contra las drogas y contra todo aquello que,  como la insurgencia guerrillera,  Washington decida vincular al narcotráfico, metiendo en un mismo saco las expresiones extremas del conflicto social en Colombia y la actividad delictiva prohijada por la prohibición de las substancias psicoactivas, haciendo cada vez más difícil la negociación con los grupos alzados en armas y más lejana la paz para los colombianos.

Otros países de América Latina también han sido arruinados por los efectos de la guerra prohibicionista. Bolivia está sumida en una devastadora crisis a consecuencia de las continuas operaciones para erradicar el  90 por ciento de las plantaciones de coca, con intervención directa  de los Estados Unidos. Las protestas callejeras de unos 35.000 cocaleros bolivianos, a los que se sumaron otros gremios, han paralizado al país en varias oportunidades. El gobierno boliviano admite que han perdido unos $ 700 millones en los últimos dos años en ingresos de exportaciones de coca^[33].

LAS BATALLAS PERDIDAS

En 1987 el investigador S. Wisotsky^[34] estimaba que 265.000 libras de cocaína eran introducidas anualmente a los Estados Unidos provenientes desde Sur América,  augurando un número cada vez mayor de adictos o de personas probando cocaína y un mercado callejero en expansión con mayores cantidades de cocaína,  cada vez más pura y más barata. Las previsiones de Wisotsky se cumplieron al pie de la letra.  En 1981, el gramo de cocaína costaba 191 dólares con un grado de  pureza del 40%, a cambio de 44 dólares y pureza del 70% en 1999. En 1981, el gramo de heroína tenía un costo de 1.200 con pureza del 5%, contra 318 dólares  y pureza de 25% en 1999. En 2000 se vendieron en Estados Unidos más drogas, de mejor calidad y a menor precio. El republicano Tom Campbell dice^[35] que habiendo gastado un cuarto de trillón de dólares desde 1980, la  guerra contra las drogas es un fracaso: desde 1980 el número de muertes por sobredosis se incrementó en un 540%, el encarcelamiento por delitos relacionados con la droga aumentó diez veces^[36], y la heroína de las calles ha cuadruplicado su pureza. 

En términos de demanda, en 1980 los norteamericanos consumieron dos veces mas cocaína per cápita que la consumida durante la época de mercado y consumo libre de drogas prevaleciente antes de la promulgación del Harrison Narcotics Act^[37] en 1914 y actualmente hay casi 14 millones de consumidores. La tasa de crecimiento de los consumidores jóvenes de cocaína muestra un aumento alarmante desde 1997. Y el consumo de marihuana entre los jóvenes, que descendió a finales de los 80, se ha incrementado entre 1992-95.

Esta "batalla contra el crimen y la maldad" asociados al narcotráfico no es más que una truculenta caricatura de la película Reefer Madness^[38]. En lugar de  prevenir o controlar el tráfico de substancias psicoactivas no-licitas, o reducir las conductas asociadas al itinerario criminal de su cultivo, producción, tráfico y mercadeo, el balance de esta guerra muestra que mientras Colombia ha fumigado su territorio con sustancias nocivas para la salud de su población y  su patrimonio ambiental, la demanda sigue en auge en Estados Unidos. No obstante las fabulosas sumas gastadas en controles policivos, paramilitares y judiciales, la producción va en aumento^[39]. Más operaciones de erradicación química serán más de lo mismo: violencia, crímenes, desarraigo cultural, depresión económica, desplazamientos, devastación ecológica, guerras intestinas y corrupción abrumando la vida de los colombianos, mientras las ganancias de las multinacionales del narcotráfico irán a engrosar los bolsones de mafiosos y testaferros, previo lavado, a pesar de todos los controles, en los sistemas financieros de Estados Unidos, El Caribe, Suiza, Brasil y Colombia, entre otros.

La prohibición penalizada de consumir substancias psicoactivas es una matriz criminogénica de delitos e ilegalismos que en sí misma procrea una cultura criminal en torno al narcotráfico. La prohibición incrementa ene veces los costos económicos, culturales y humanos que eventualmente debería asumir la sociedad por el consumo de las substancias prohibidas. Mas grave aún. El énfasis en la guerra prohibicionista desvía la atención de la política criminal hacia conductas que podrían ser manejadas con alternativas médicas o socializadoras, más que con penalización, mientras actividades realmente graves contra el patrimonio cultural, económico y ecológico de la sociedad – las violaciones de los derechos humanos, las actividades criminales de corporaciones, los crímenes contra el ambiente y los derechos ambientales – no son objeto de una estrategia coherente de control social.

“Estados Unidos están moralmente obligados a violar la Ley"

En el siglo XVII Bacon sugería a los ingleses que las guerras eran métodos "lucrativos y restaurativos" para asegurar la hegemonía política y la concentración de riqueza. Sin lugar a dudas Bacon estaba en lo cierto. La guerra contra las drogas ha sido un lucrativo instrumento para seguir “justificando” la intervención militar y política de los Estados Unidos en los asuntos internos de América Latina y El Caribe, un hábito inveterado de la política exterior norteamericana.  El presidente Wilson envió a "Black Jack" Pershing a perseguir a Pancho Villa en México y a los Marines a bombardear Veracruz. Harding y Coolidge enviaron los Marines a Latinoamérica para "patrullar" y "vigilar" rebeliones. Las fuerzas armadas norteamericanas han entrado y salido continuamente de Haití y República Dominicana.. Los asesinatos de Sandino, Jacobo Arbens y Salvador Allende, para citar solo algunos,  ilustran la agenda criminal  de Estados Unidos en América Latina

La "guerra contra las drogas" ha sido un verdadero éxito para los maniobras intervencionistas de los gobiernos estadounidenses.  La manipulación hábil del maniqueísmo moral implicado en la lucha contra el “mal” de las substancias psicoactivas,  consiguió el apoyo de la “opinión” norteamericana para la "mano dura" en la estrategia antinarcóticos.  Lejos de ser omnipotente,  la manipulación encuentra límites trazados por los propios fracasos de la cruzada prohibicionista, por estudios académicos  y en las declaraciones de algunos políticos. Una muestra de esos límites es quizás la película Tráfico que, a pesar de su ambigüedad e insistencia en los “daños” causados por las substancias psicoactivas a la juventud norteamericana, describe la crisis de la mentalidad prohibicionista y el fracaso de la “guerra contra las drogas”.  Haciendo caso omiso de fracasos, críticas académicas y exorbitantes costos sociales, un segmento dominante del público norteamericano sigue  favoreciendo la violación de convenios y leyes internacionales cuando de perseguir narcotraficantes se trata. Irving Kriston, co-editor de The Public Interest sugería en un articulo publicado por el Washington Post (3/28/88) que los Estados Unidos debería seguir la política aplicada por Inglaterra en el siglo XIX a fin de frenar el tráfico de drogas, deteniendo y allanando buques en aguas internacionales de alta mar, e incluso persiguiéndoles y capturándoles en puertos extranjeros. Mr. Kriston recomendaba al gobierno norteamericano emplear fuerzas militares para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos porque en su criterio era imperativo hacer caso omiso de leyes internacionales, ya que los Estados Unidos están "moralmente obligados a violar la Ley" con operaciones militares para ganar la “guerra contra las drogas”^[40].

La "guerra contra las drogas” sirvió de excusa al gobierno Reagan-Bush para invadir  Panamá, humillar al pueblo panameño y capturar como vulgar narcotraficante al mismo General Noriega que había estado en la nómina de la CIA durante 12 años, recibiendo doscientos mil dólares anuales por su cooperación. Este compadrazgo acabó en 1985 cuando  Estados Unidos pretendió usar a Panamá como garrote de su política en Centro América comprometiendo al gobierno de Noriega en acciones militares contra Nicaragua y los Sandinistas. Ante la negativa de Noriega y los militares panameños para participar en actos terroristas contra Nicaragua,  la administración Reagan-Bush acusó al general Noriega de narco-actividades dando curso al boycott contra el pueblo panameño^[41] que concluyó con la posterior invasión y captura de Noriega

Los ecocidios provocados al erradicar plantaciones de cultivos ilícitos con herbicidas, propiciaron de paso un mercado sin competencia para la producción doméstica de marihuana: la National Organization for the Reform of Marijuana Laws estima que en la década de los ochenta la marihuana era el tercer producto agrícola más importante en los Estados Unidos, con un producto neto aproximado de 14 billones de dólares por año^[42]. Si los gobiernos norteamericanos estuvieran realmente comprometidos como proclaman en una batalla contra la producción y trafico de substancias no permitidas, deberían haber fumigado con glifosato los cultivos de marihuana en el Mendocino County,  como lo han hecho en los invaluables territorios colombianos de la Sierra Nevada, los páramos andinos y la selva amazónica.  Por que no han enviado los marines a "erradicar" los cultivos en el Estado de Georgia con la misma violencia de las operaciones realizadas en Bolivia?

Estados Unidos emplazó medidas inquisitoriales en su sistema de justicia penal,  tales como pesquisas y allanamientos arbitrarios,  pruebas obtenidas ilícitamente por la policía o cuerpos especiales, restricción de derechos civiles, castigos más drásticos incluyendo pena de muerte para ilícitos relacionados con la droga; expansión del sistema carcelario; y mayor participación del sector privado en la justicia penal^[43].  El Congreso de los Estados Unidos restringió las garantías procesales del acusado haciendo de la mera sospecha condición suficiente para justificar interrogatorios, detenciones y autorizó las pesquisas sin previa orden judicial en automóviles y campos abiertos, vulnerando así las garantías consagradas por la Cuarta Enmienda de la Constitución. El gobierno colombiano no se queda atrás coartando libertades fundamentales en su cruzada prohibicionista criolla: ha anunciado que presentará al Congreso de un proyecto para restringir la figura de Habeas Corpus, crear zonas especiales de orden público y dar facultades especiales a las Fuerzas Militares para que realicen allanamientos, detenciones e intercepten teléfonos^[44].

Los republicanos Tom Campbell y Gary Johnson,  se pronunciaron el año pasado contra el prohibicionismo y la política norteamericana sobre las substancias psicoactivas^[45]. Tom Campbell, quien es partidario de cambiar el énfasis de la prevención criminal por el tratamiento médico de los adictos,  exhortó a sus conciudadanos a  examinar  la “guerra contra las drogas” por los pasados veinte años y a evaluar sus resultados con base en la disponibilidad de heroína y cocaína, cuyo precio callejero es actualmente cuatro veces más bajo que hace 20 años.

 

"La prohibición no soluciona ni disminuye los problemas de la drogadicción^[46]. No es el consumo de drogas la causa del derrumbe espiritual de Norteamérica,  sino la prohibición.” 450,000 norteamericanos murieron por enfermedades asociadas al consumo de tabaco en 1999, 150,000 por alcohol y 100,000 por drogas prescritas lícitamente, mientras  el número de personas que murió por causa de la marihuana fue mínimo y se registraron cinco mil muertes asociadas con la heroína y la cocaína, muchas de ellas provocadas por las circunstancias delictivas e insalubres que genera la prohibición. El gobierno y sus expertos no dicen una palabra sobre los cuantiosos costos humanos y sociales asociados al consumo de substancias  "licitas", ni  explican por qué su consumo es permitido mientras son prohibidas aquellas que representan costos mínimos para la sociedad. El control al consumo del tabaco podría salvar muchos más seres humanos de agentes carcinogénicos y mayor numero de vidas que aquellos eventualmente salvados con la prohibición de la marihuana.

“Legalicemos la marihuana, propone Tom Campbell, y controlemos su consumo con estrategias similares a las empleadas para las drogas permitidas.. “Si usted es un adicto a la heroína, usted necesita una prescripción médica para obtenerla y atención en  una clínica para tomarla. La sociedad en su conjunto ganaría cambiando la criminalización por el tratamiento médico. En primer lugar, la heroína formulada costaría diez veces menos que en la calle y de paso eliminaríamos la conducta delictiva de comprarla a los traficantes callejeros; reduciríamos el riesgo de enfermedades como la hepatitis C, el sida, las sobredosis, las jeringas contaminadas; acabaríamos con el proselitismo de los adictos a la heroína induciendo a otros a usarla. Dígame, no sería esto mucho mejor que miles de adictos despertándose cada mañana con una sola idea en sus mentes?”

"No creo en el poder mágico de una ley prohibitiva,  absolutamente ineficaz para erradicar el mal, porque  es como si se quisiera prohibir por ley el cáncer, o el sida”    

Gervasio Guillot, Corte Suprema de Uruguay

En Uruguay,  un país donde el consumo personal de "sustancias capaces de producir dependencia psíquica o física" está despenalizado, el presidente  Jorge Batlle inició una campaña nacional e internacional en favor de la despenalización del comercio de substancias psicoactivas al tiempo que propone informar más a la gente sobre el tema como  estrategia para enfrentar el narcotráfico^[47]. "Liberalización y educación", es el lema de Batlle, quien ha recibido apoyo para su campaña de médicos especialistas y del magistrado de la Corte Suprema Gervasio Guillot, sobresaliente figura del derecho y la jurisprudencia uruguaya, quien sobre el tema ha declarado:  " No creo en el poder mágico de una ley prohibitiva,  absolutamente ineficaz para erradicar el mal, porque  es como si se quisiera prohibir por ley el cáncer, o el sida; hoy los menores consumen droga abiertamente; valdría la pena un ensayo de despenalización",

A la objeción respecto al daño que puede acarrear la legalización porque la “gente va a tomar libremente drogas”, Battle replica con una pregunta "¿Y ahora, no la están tomando libremente prácticamente igual?, añadiendo  que en “los países donde persiste la penalización en los últimos 30 años ha crecido el consumo, cada día hay más problemas y más violencia".

“La prohibición de la  marihuana es una locura.”

Giovanni Veronese, Exministro de Salud de Italia

El premio Nobel italiano Dario Fo  elogió el coraje del exministro de salud italiano Giovanni Veronesi por su pronunciamiento contra la prohibición de la marihuana, llamándole ministro de una nueva especie,  porque piensa! El premio Nobel señala que la marihuana es una sustancia con efectos menos fuertes y mucho menos nocivos que el alcohol, el cual causa millones de muertes anualmente por daños al organismo y buena parte de los accidentes de tránsito. Por el contrario,  la marihuana no causa ninguno, porque, entre otras razones, mientras existe una dosis límite de alcohol que el organismo humano puede tolerar, es decir, una dosis mortal, no existe esa dosis de marihuana, porque antes de que el fumador pueda alcanzar  tal umbral estará dormido.  Los consumidores de licor pueden ser agresivos y violentos mientras los de marihuana sonríen angelicalmente y no reaccionan ni siquiera cuando los insultan con referencias a una conducta sexual equívoca  de sus progenitoras.^[48]

ALGUNAS ALTERNATIVAS

Holanda

En representación del Ministerio de Salud, Bienestar Social y Asuntos Culturales de Holanda,  Eddy Engelsman, intervino en una Conferencia Internacional sobre Drogas celebrada en Washington^[49] (10/22/88),  para decir que la política de su país sobre uso o abuso de  substancias psicoactivas era coherente con su historia y su cultura. Holanda es un país circundado por el  mar y los holandeses han aprendido a controlar el mar, más no a conquistarle. Respecto a las substancias psicoactivas aplican una estrategia semejante de tolerancia y control, a partir de  su política de "normalización", término medio entre los extremos de la "guerra contra las drogas" y la legalización. De acuerdo con esta política los problemas inherentes al uso o abuso de estas substancias no se encuentran bajo jurisdicción de la policía o la justicia penal. Por el contrario, son asuntos del bienestar social de la comunidad. Holanda practica una política de tolerancia hacia el uso personal de substancias psicoactivas, en tanto que la decisión individual de consumo no ocasione daños a los otros ciudadanos o perturbe sus legítimos derechos. Al permitir la venta libre en restaurantes y cafés de hachís y otros estimulantes, se limita su mercado negro o ilegal..

Efectivamente, en Holanda, donde el consumo está legalizado desde hace 30 años, el número de toxicómanos es inferior a la media europea.. A través de tratamiento medico, la adición es controlada. El índice de homicidios es de 1.8 por 100.000 habitantes, ninguno de los cuales podría calificarse como relacionado con narcotráfico.

Suiza

En un artículo reciente^[50] Anne Levy describe la política de los suizos respecto a las substancias psicoactivas. Desechando ideas preconcebidas y buscando mejorar la cooperación entre las distintas partes implicadas, los suizos han adoptado una política basada en cuatro pilares, a saber: prevención, a fin de reducir el número de nuevos adictos; tratamiento, para mejorar el promedio de rehabilitados; prevención del riesgo y ayuda de supervivencia, para disminuir los daños en la salud de los adictos y combatir la exclusión social de los consumidores; y represión, protegiendo a la sociedad del crimen organizado inherente al narcotráfico. Su política no hace distinción entre substancias permitidas y prohibidas, asumiendo que las razones para su consumo son idénticas; persigue fortalecer la confianza de los consumidores en sí mismos alentándoles para que adopten un estilo de vida que no destruya su salud; ofrece servicio médico a los adictos teniendo en cuenta que, en promedio, un tratamiento puede tardar hasta 10 años antes de lograr que el adicto cambie sus hábitos. En este sentido Suiza ofrece un amplio rango de opciones, desde clínicas de rehabilitación y tratamientos médicos hasta prescripción de metadona, así como  provisión de vivienda, trabajo y capacitación. También se prescribe heroína a los adictos, sobre la base de que suministrarla sea un método válido de tratamiento, así como una ayuda para su supervivencia. Desde 1994 la heroína es suministrada por prescripción, decisión que sigue siendo reconocida como un elemento vital de la política oficial.

La Organización Mundial de la Salud,  en un informe bastante crítico,  concluye afirmando que el tratamiento con heroína a la manera suiza puede funcionar. El informe resalta las mejorías obtenidas en la salud de los pacientes, así como el incremento en su reintegración social y el descenso en la actividad delictiva y el consumo de heroína obtenida ilícitamente. El perfil más importante de  la política suiza es haber desplazado el consumo de substancias psicoactivas hacia campos distintos de la penalización, quitándolo de las manos de la policía y del aparato judicial. Es, en casos de adicción, materia de rehabilitación clínica, tratamiento médico y ayuda social.

Colombia

Los participantes en la mesa de trabajo sobre cultivos Ilícitos y agenda de paz realizada en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz, celebrado en marzo del presente año en Bogotá, presentaron una propuesta de  soluciones pacíficas alternativas a la ‘guerra a las drogas^[51], instando a suspender de inmediato  las fumigaciones contra los campesinos, colonos e indígenas en defensa de los derechos humanos, la integridad de las comunidades y las familias, la salud, la seguridad alimentaria y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. En este sentido es prioritario establecer mecanismos ágiles, eficaces e imparciales para la tramitación de demandas de reparación económica por daños causados a campesinos e indígenas por las ‘operaciones antinarcóticos.’ En la propuesta se pide descartar cualquier proyecto de investigación o uso de armas biológicas para erradicar cultivos de coca, amapola o marihuana, en el marco de una evaluación sobre la ‘política antidrogas’ auspiciada por los Estados Unidos que está acrecentando peligrosamente los niveles de ingobernabilidad interna, la militarización de la región y la internacionalización del conflicto colombiano. Otra medida recomendada en el documento es considerar a los campesinos cultivadores  interlocutores sociales válidos en la búsqueda de soluciones pacíficas, graduales y concertadas,  como condición mínima para iniciar un diálogo justo,  reconociendo también a los pueblos indígenas los usos tradicionales de la hoja de coca y levantando la prohibición del cultivo para usos medicinales, alimenticios e industriales lícitos. En este sentido se deberá impulsar en el Congreso de la República la modificación del Estatuto Nacional de Estupefacientes o Ley 30 de 1986.

Los autores de la propuesta recomiendan aplicar un nuevo concepto de responsabilidad internacional compartida, que repare no solo los efectos negativos que la demanda de drogas tiene sobre los países productores, sino también los que se generan por las políticas punitivas que se imponen para su control. En este sentido, opinan que una práctica justa de la corresponsabilidad no puede consistir en el envío de "ayuda" militar para la "lucha antinarcóticos" en los países de la oferta, ni en recursos exiguos para un ‘desarrollo alternativo’ entendido como complemento de las acciones de fuerza contra los campesinos, sino en la promoción de soluciones pacíficas y reformas estructurales con los aportes suficientes de los países que consumen, proveen los insumos químicos y/o encubren los capitales producto del narcotráfico.

En uno de sus apartados el documento critica la pretensión de sustituir cultivos declarados ‘ilícitos’ por cultivos lícitos en ecosistemas frágiles, porque no es una reconversión productiva sostenible. Allí donde la vocación de los suelos lo permita, en lugar cultivos sustitutivos es recomendable derivar hacia complejos de actividades en competencia con la economía agrícola de los narcóticos, que sin buscar necesariamente recursos iguales logre la autosuficiencia alimentaria regional y el bienestar de la población. Se propone para ello el mejoramiento de las explotaciones agrícolas y pecuarias mediante prácticas sostenibles como el potrero arborizado, la ganadería estabulada, la silvicultura, la acuicultura, la zoocría controlada, la agroforestería y otros modelos agrícolas alternativos y biodiversos.

En otro apartado se recomienda estimular una cultura de educación y autorregulación social entre la juventud y tratar la drogodependencia como asunto de salud pública, tal y  como sucede con el alcohol y el tabaco. Los países de la demanda deben tener en cuenta que la despenalización del consumo es una política incompleta si se mantiene la guerra en el polo de la ‘oferta’.  Una recomendación muy importante se refiere a la  protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afroamericanas; de conformidad con su derecho consuetudinario y con los instrumentos del derecho internacional, respetando sus derechos territoriales. Con este fin, es necesaria una moratoria sobre la bioprospección mientras la herencia cultural de los pueblos y comunidades no esté protegida a cabalidad por leyes nacionales e internacionales.

Entendiendo que el drama colombiano es por sobretodo un conflicto que compromete medidas radicales de justicia social, el documento insta por una ampliación de las oportunidades para los más pobres. Esto incluye reforma agraria, que en un período no mayor de cinco años democratice la tenencia de la tierra en los suelos de vocación agrícola, y una política de recomposición de la economía campesina que fortalezca la soberanía alimentaria del país, estabilice los procesos de colonización, revierta los flujos migratorios y contribuya a superar el desplazamiento forzado en el país.