A algunos oficiales de las FF.AA. les ha molestado verlo vestido de camuflaje entre el verde del Chapare comandando el mayor despliegue militar conocido en el trópico. “El hábito no hace al monje”, dice el viceministro de Defensa Social, Oswaldo Antezana, en respuesta a los celosos del uniforme. De su mano y de la del Presidente, el Plan Dignidad —del cuál dice ser coautor— transcurre hacia un epílogo acelerado: un final de infarto entre picotas erradicadoras y anuncios de incendios.

Después del tobogán de cifras y de los errores satelitales ¿cómo podemos creer que quedan seis mil hectáreas de coca en el Chapare?

—Me gustaría conocer que quedan seis mil hectáreas, quisiera tener eso como un informe oficial.

¿No quedan seis mil hectáreas de coca en el trópico?

—No sabemos cuánto existe, antes se hacían las estimaciones a través imágenes satelitales que ahora no funcionan, las plantaciones están bajo el barbecho, los cultivos están dispersos en superficies no significativas, es muy difícil detectarlos en fotografías aéreas o mediante el satélite. Yo personalmente no creo que queden seis mil.

Sin embargo se ha dicho desde el gobierno que queda esa cantidad...

—Mmm... Creo que fue simplemente una... No sé si mala interpretación o mala expresión, pero lo que se quiso decir es que se habían erradicado seis mil hectáreas en el transcurso del año.

Podemos concluir que no sabemos cuánta coca queda...

—Sería irresponsable por mi parte decir una cantidad.

¿Esto no impide celebrar (por segunda vez, ahora en el gobierno de Tuto) la meta "coca cero"? Si no sabemos cuánta coca hay tampoco sabemos cuándo se cumple esa meta...

—Sabemos que hay por ahí gente que está sembrando. Hemos destruido también un poco más de 30 mil metros cuadrados de almácigos; con eso hemos evitado que se siembren alrededor de tres mil hectáreas adicionales. Este es un trabajo de muy larga gestión, yo no creo, definitivamente, que podamos a lo mejor decir, en julio del 2002, esta vez podermos asegurarles... Siempre va a haber un poquito por aquí un poquito por allá. Pretender hablar de coca cero... no creo en eso. Pero de todas formas es un éxito porque, ¿qué significación puede tener que queden 500 o mil hectáreas sobre 50 mil que teníamos antes?

Más de una década por los alrededores de la lucha antidrogas le dan al viceministro una ventajosa erudición. Es también realista, prudente y un tanto aguafiestas para aquellos que están descontando los días a la espera de volver a cantar el “coca-cero”. No está el trópico para música a cuatro días de un bloqueo planteado como la “madre de todas las batallas”; cato o muerte.

¿El cato hubiera sido posible en otro contexto? Por ejemplo en 1997, antes del avance de la erradicación, cuando con 40 mil hectáreas en el cato hubiera permitido bajar a seis mil de forma concertada...

—Podía haber sido distinto en sentido de ser un paso más como para poder lograr la erradicación definitiva. Pudo haber sido el año 97 bajo un acuerdo de decir: “muy bien bajamos todo, solamente nos quedamos con un cato”. Pudo haber sido. En estos momentos es innegociable, significaría volver a plantar coca.

Lo único negociable ahora es la oferta "contra-cato" que dejó "fuera de juego" a Evo Morales porque propuso algo novedoso en el desarrollo alternativo: pagar sueldos a los campesinos.

“Los cocaleros nos dijeron que con un cato tenían un ingreso anual de 720 dólares y nosotros inmediatamente hemos preparado una alternativa digna. Hemos propuesto cinco rubros —de cultivos alternativos— con los que podemos hacer que tripliquen sus ingresos el primer año. Por ejemplo, con una hectárea de maracuyá, que tiene una demanda laboral de 900 dólares al año [equivale a un salario mensual que el gobierno pagaría al campesino de 75 dólares], eso supera el ingreso de 720 dólares. Ellos trabajarían en su propia finca, se les daría el material y todo el asesoramiento técnico y podrían llegar a unos 2.400 dólares anuales”.

Qué le parece que muestren el Chapare como el único éxito en una guerra antidrogas que gasta 18 mil millones de dólares anuales...

—Nos llena de orgullo.

¿A usted o a los norteamericanos?

—A quienes hemos creido que el país se podía librar del estigma que nos perjudicó tanto.

Se cree que tras el Plan Dignidad vendrá la expulsión o el traslado de los cocaleros para evitar que vuelvan a plantar coca y para permitir que entre la agroindustria y el turismo...

—Bueno, claro, volviendo a racionalidad Plan Dignidad ahí estamos reconociendo que hay 500 mil hectáreas aptas para poder hacer un verdadero desarrollo agrícola y pecuario. Esto significa la quinta parte de lo que es todo el territorio del trópico de Cochabamba. Tenemos parque Isiboro que es un millón de hectáreas y el Carrasco que son 600 mil. Entonces, quedan 900 mil de las cuales 500 son aprovechables para hacer desarrollo agrícola y pecuario y las otras 400 mil son para hacer uso forestal.

O sea, en el Chapare no caben las 35 mil familias que está ahora...

—Exactamente. Si tenemos un promedio de 20 hectáreas por familia habrá capacidad de recepción de 25 mil familias; a 10 mil hay que comenzar a reubicarlas. Los que están produciendo coca no son agricultores, son ex-mineros, no tiene vocación productiva agropecuaria. Hay que comenzar a promover una educación masiva: capacitación en tornería, sastrería, zapatería, o sea en pequeños empresarios.

Un paraíso...

—Pero podría ser, todo depende voluntad.

Y en ese paraíso seguramente sería usted feliz si Evo Morales fuera gerente desarrollo alternativo...

—No sé cómo sería (risas).

¿Cree que esta es la última jugada del movimiento cocalero?

—Pienso que sí.

El “aculli”

—Es una cifra que es bastante interesante pero tiene otro tipo de connotaciones y ese es un tema que sería interesante poder discutirlo con las propias autoridades argentinas.

Qué interesante, ¿eso quiere decir que coca de Yungas no se toca?

—No se toca. Nosotros vamos a respetar estrictamente lo que dice la ley 1008, sabemos cuánto se puede producir, está bien delimitada el área tradicional, eso está sujeto a evaluación permanente. Es posible que haya una baja en la demanda lícita porque antes, hasta 1985, el principal comprador era el estado boliviano a través de la Comibol. Ya no existe una demanda de esa naturaleza en las minas, eso internamente, pero pueden haber otras actividades que demanden el uso lícito coca y es por eso que la ley contempla esa posibilidad incluida la industrialización. Se ha sabido siempre que ha habido consumo en el norte de la Argentina y que se ha ido transfiriendo la cultura de la masticación.

Ahora, hay que tener en cuenta el tratamiento en la Argentina. Como tienen gobiernos federales existe tolerancia en ciertas provincias. Lo que está prohibido en legislación (argentina) es el ingreso de la hoja de coca, entonces resulta paradójico: está prohibido el ingreso pero autorizado el consumo. Esa es una decisión soberana del estado argentino. Me imagino que después de la publicación que ustedes han hecho que lo deben estar estudiando profundamente, para dar una solución.

Se puede tratar en agenda bilateral que dos mil toneladas métricas en vez de entrar como entran: clandestinamente, con tropiezos, gendarmería de por medio, lo hagan legalmente...

—Pues desde el momento en que hubieran ciertas provincias que ya lo toleran, está demostrado fehacientemente en fotos que ustedes han publicado, alguien decía que es como un happy hour, entonces pues eso si es tan abierto por qué de una vez no se busca una solución. Obviamente nosotros saldríamos muy beneficiados si es que fuéramos los proveedores principales garantizando la calidad de la hoja de coca yungueña.