Foro “Desarrollo alternativo en Países Andinos”

Pronunciamiento firmado por un conjunto de participantes.

Bogotá, 25 de mayo de 2001

En primer término, es preciso saludar eventos como este Foro convocado por iniciativa de los Senadores Rafael Orduz y Juan Manuel Ospina.

De lo planteado aquí se destacan dos puntos mínimos:

• Es indispensable abolir las fumigaciones químicas y todo método de erradicación forzada contra los campesinos, colonos e indígenas de las áreas con cultivos tipificados como “ilícitos”.
• Los campesinos relacionados con tales cultivos deben ser descriminalizados.

Con base en la Ley 30 de 1986 y en la legislación posterior, el Gobierno colombiano realiza la fumigación bajo el supuesto de que la siembra de coca, amapola o marihuana es un delito asimilable al narcotráfico y que los campesinos cultivadores merecen ser tratados igual que los jefes de las grandes organizaciones de la mafia.

El inicio del Plan Colombia, con la fumigación química en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Bolívar entre enero 1 y marzo 8 de 2001, marca una preocupante tendencia hacia el incremento de la fumigación química, con las consecuencias negativas que le siguen en términos ambientales, socioeconómicos y políticos.

Las comunidades campesinas e indígenas afectadas, las organizaciones de derechos humanos y el movimiento por la paz han alertado a la opinión pública nacional e internacional sobre las graves consecuencias que la erradicación forzosa combinada con operativos militares está acarreando sobre los productores, cosecheros y la población rural en su conjunto. La destrucción de los cultivos de pancoger y de los cultivos ilícitos de pequeña escala convierte a la fumigación en una arma de la guerra de baja intensidad que atenta contra derechos fundamentales, socava la seguridad alimentaria y erige al Estado en un agente más de desplazamiento forzado de la población.

Ante el cúmulo de evidencias recogidas por observadores internacionales y nacionales, el gobierno de los Estados Unidos - principal soporte político, militar y financiero del Plan Colombia - se vio obligado a reconocer errores en las fumigaciones efectuadas en el departamento del Putumayo, y a anunciar la contratación de estudios especializados sobre los efectos negativos que el Glifosato puede estar causando a los ecosistemas y a la salud humana. Pero ningún piloto, por experimentado que sea, puede evitar la fumigación indiscriminada, cuando aplica mezclas químicas altamente tóxicas desde un avión sobre cultivos, áreas selváticas y zonas habitadas.

Las fumigaciones aéreas de herbicidas sobre zonas con cultivos declarados ilícitos que se están realizando en Colombia no tienen precedentes en ningún país del mundo. Algunos datos de estudios técnicos son los siguientes:

• En las zonas con cultivos ilícitos en Colombia, se está aplicando por vía aérea la mezcla Roundup Ultra, que contiene el herbicida Glifosato, el surfactante poliexietil amina, conocido como POEA, más otro surfactante denominado Cosmo-Flux 411F, el Glifosato en la mezcla puede estar en concentraciones 26 veces mayores a las recomendadas en los Estados Unidos, y el Cosmo-Flux 411F puede cuadruplicar su acción biológica, incrementando de manera dramática los efectos tóxicos agudos de contacto y también la penetración y acción sistémica del Glifosato.
• A los efectos negativos de las fumigaciones aéreas se suman los que genera el uso agrícola tradicional de plaguicidas basado en el modelo de producción agrícola conocido como la “revolución verde”.
• Tal es la capacidad destructiva de la dosis de la mezcla utilizada en Colombia que, según estudios, puede intoxicar y hasta matar rumiantes. A esto se añade algo más perverso: las avionetas pasan 6 o hasta 12 veces fumigando el mismo campo, según denuncias de la Defensoría del Pueblo.

En diversos eventos, foros y mesas ciudadanas, se ha planteado que parar las fumigaciones contra los campesinos, colonos e indígenas constituye hoy una prioridad en defensa de los derechos humanos, la integridad de las comunidades y las familias, la salud, la seguridad alimentaria y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, vulnerados por las políticas represivas contra los llamados cultivos con fines ilícitos.

Otra condición mínima para iniciar un diálogo justo con los productores de la materia prima de uso ilícito es el considerarlos interlocutores sociales válidos en la búsqueda de soluciones pacíficas, graduales y concertadas. Para lograr su descriminalización se debe impulsar en el Congreso de la República la modificación del Estatuto Nacional de Estupefacientes o Ley 30/86.

Además, es necesario establecer mecanismos ágiles, eficaces e imparciales para la tramitación de demandas de reparación económica por daños causados a campesinos e indígenas por las “operaciones antinarcóticos”.

Asimismo, para fortalecer el proceso de paz y las soluciones pacíficas, se requiere apoyar activamente procesos políticos de integración regional alternativos como la Alianza de los Gobernadores del sur del país. Otro aspecto esencial, que puede hacer parte de las acciones comunes en los países andinos, es una política regional para excluir toda forma de erradicación forzada –química, manual o biológica- contra los campesinos, colonos e indígenas y en su lugar desarrollar mecanismos de participación y concertación verdadera con las comunidades.

Firmado por:

• Elsa Nivia, Rapalmira.
• Darío González Posso, Moderador “Mesa ‘cultivos ilícitos’ y Agenda de Paz” (Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas de Agenda de paz).
• Catalina Toro Pérez, Centro de Debate y Acción Ambiental.
• David Curtidor A. Asesor Resguardo Indígena Calderas.
• Fabiola Piñacué, Representante del Proyecto Coca en el Resguardo de Calderas Cauca.
• Sebastián Toro, Estudiante Uniandes.
• María Margarita Florez – ILSA, Grupo Ad Hoc sobre Diversidad Biológica Colombia.
• Astrid Puntes, Fundepublico, Abogada Ambientalista.
• Javier Múmera, CEUDES
• Henry Salgado – CINEP
• Rafael Orduz, Senador.
• Hugo Cabieses, Asesor CONAPA, Perú.
• Carlos Gustavo Cano.
• Plinio, OPIAC.
• Pablo J. Castañeda, Aguaviva.