No. 31, Febrero de 2002

El despacho bimestral de ENCOD (European NGO Council on Drugs and Development)

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Editorial

En un país como Bolivia, uno que defiende el derecho de los pobres a vivir una vida digna, ya sabe que tarde o temprano terminará en la cárcel. Y si se trata del derecho de cultivar hojas de coca, materia prima de la cocaína pero sobre todo sustento de vida para decenas de miles de campesinos, la acusación bien puede llamarse narcotraficante. Es el riesgo que uno corre.

Al que se resiste a las operaciones de erradicación forzosa de la hoja coca que ejecuta el gobierno boliviano con financiación de los Estados Unidos, se le suele llamar ‘narcoguerrillero’. Los campesinos bolivianos también se han acostumbrado a eso. Pero seguramente se han asustado un poco al escuchar el término empleado para calificarles después del 11 de septiembre. Fue el embajador de los EEUU, por supuesto, que lo introdujo. Según el representante de « La Embajada », como suele llamarse el centro de la diplomacia norteamericana en La Paz, los que bloquean caminos en protesta contra la invasión de militares y policías en las regiones productores de coca bien podrían describirse como terroristas. Así de simple. Y aplaudió la política gubernamental de seguir erradicando, añadiendo de que la Casa Blanca seguiría apoyando al próximo gobierno también, siempre y cuando mantendría la misma línea dura contra la coca. Ahora, los bolivianos sabían por quien votar en las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en mayo de 2002.

Así que cuando el dirigente energético de los productores de coca bolivianos, Evo Morales Ayma, decidió fundar su propio partido político a fines de trasladar el escenario del combate de los campos de coca al edificio parlamentario en La Paz, cometió un grave error. Debería haberse dado cuenta en 1998, cuando fue elegido diputado con el mayor número de votos detrás de su nombre de todos los parlamentarios. Desafortunadamente, ese hecho lo interpretó como un apoyo popular a sus exigencias : la cese de la erradicación forzosa de la coca, y en cambio, una reducción gradual y concertada de hectáreas precedida por programas de desarrollo rural que ofrecerían una fuente de ingreso alternativa real.

Tampoco se enteró de la imprudencia en que estaba cayendo cuando llegó a ser figura nacional en los últimos años. Con él, la lucha por la coca y contra la política de erradicación forzosa llegó a ser una causa nacional, apoyada por la gran mayoría de los indígenas, que forman más de 65 % de la población boliviana. Cuando los campesinos cocaleros bloqueaban los caminos, los profesores, mineros y estudiantes se solidarizaban. Cuando emprendían marchas pacíficas a las ciudades, se juntaron miles de personas. Confiando en que vivía en una democracia, Morales siguió cometiendo errores graves. Desafió al gobierno y sobre todo a su actitud servíl a las exigencias de los Estados Unidos. Junto con otro dirigente campesino del Altiplano, Felipe Quispe, se postuló como candidato para el puesto más poderoso del país, en las próximas elecciones.

Así, el dirigente cocalero se convirtió en enemigo peligroso de la élite política y económica de Bolivia, como siempre precedente del 5 % de la población que es blanca, y que se ha formado en los Estados Unidos. Pero en una democracia, que Bolivia quiere ser después de decenas de años de dictaduras militares, a los diputados no les cierra la boca tan fácilmente. No se les detiene, peor se les hace desaparecer. Son figuras públicas, y tienen toda la libertad para aprovechar su propia habilidad para influir en el debate, y la opinión pública.

Entonces, para deshacerse de Morales, y con él, de la resistencia popular a la política de erradicación total de la hoja de coca, habría que sacarle la legitimidad de su causa. Habría que aumentar las presiones, radicalizar la confrontación, y esperar el momento para cambiar de discurso. Ello es lo que acaba de pasar en los últimos meses en Bolivia.

Desde septiembre, las operaciones de erradicación en el Chapare, la mayor región productora de coca de Bolivia, se intensificaron. Fueron ejecutadas gracias a la presencia de 11.000 efectivos uniformados, uno por cada 4 familias que viven en la región. Hasta el primero de enero de 2002, los enfrentamientos violentos habían causado decenas de heridos y 7 muertos entre los campesinos, algunos de ellos ejecutados a sangre fría con una bala en la espalda. Jamás ningún soldado fue procesado por estos hechos.

Al final, qué estaba en juego ? Los productores de coca bolivianos cultivan unas 18..000 hectáreas de coca. Se estima que la tercera parte va destinada al mercado ilegal, y el resto para la masticación y otros usos medicinales de esta hoja, que ya ha existido durante miles de años en la cultura andina. Solamente en Colombia, las áreas cultivadas con coca son diez veces más grandes. Y el esfuerzo fanático del gobierno boliviano de eliminar toda la coca del país parece aún más absurdo si uno toma en cuenta que en los países consumidores de cocaína, incluso los EEUU, la demanda no deja de crecer. Por qué tanto énfasis en eliminar el único sustento de tantas familias, que sin la hoja de coca se verían obligadas a migrar a la ciudad a mendigar ?

Así que Evo Morales negoció. Pasó días enteros reuniéndose con sus bases, con los ministros, con los mediadores de la Iglesia, y otra vez con sus bases. Llamó al consenso, y sus compañeros lo acusaron de traidor. Llamó a la defensa armada, y el gobierno, apoyado abiertamente con declaraciones del embajador norteamericano, lo acusó de terrorista. De Evo Morales, empezó a depender la suerte de miles de personas. Lo supo, y esperó que todo terminaría con un cese de hostilidades, por lo menos hasta las elecciones.

Pero el tiempo se quedaba corto. A principios de enero, el gobierno boliviano emitió un decreto que prohibía la comercialización de hojas de coca en el Chapare. Ya no era posible vender una sola hoja, ni para el mercado legal, y los campesinos se vieron forzados de abandonar su cultivo o resistir violentamente. El 17 de enero una multitud enfurecida intentó por la fuerza de reabrir el mercado de Sacaba, a 5 kilómetros de Cochabamba. El saldo fue de 7 muertos, tres campesinos y cuatro policías, que fueron sacados de una ambulancia y masacrados en la calle. En medio de la alarma pública sobre este último hecho, el gobierno no vaciló. Hizo detener a cien dirigentes campesinos, y acusó a Evo Morales de ‘autor intelectual’ del asesinato de los policías. Informó sobre una visita que Morales habría hecho a Colombia, y lo acusó de tener lazos con la guerrilla colombiana. Recordó que hace algunos años el dirigente campesino había recibido un premio del colonel Ghadafi de Libia, y lo calfició como muestra de que tenía nexos con grupos extremistos del Medio Oriente. Luego, todo fue fácil. El 24 de enero, la Comisión Etica del Congreso boliviano decidió sacarle la inmunidad parlamentaria. Ahora, Evo Morales corre el riesgo de una larga condena carcelaria. Y Bolivia está a punto de una guerra civil. Ya los campesinos del Chapare han anunciado un bloqueo total de caminos. Otros campesinos les seguirán. Al embajador norteamericano le dará igual. Para él, todos son terroristas.

Por: Joep Oomen

Análisis

De la guerra a las drogas a la reducción de daños en el Caribe: la influencia de la Comisión Europea, el PNUCID y la Comisión Ganja en Jamaica.

Marcus Day y Axel Klein

Los europeos imaginan a menudo al Caribe como un paraíso tropical de placeres sensuales, una noción exageradamente reforzada por los carteles de Bob Marley, los anuncios de Bacardi y los folletos de las agencias de viajes. Por debajo de la presentación de los nativos como amantes del placer, la hospitalidad y la dulce vida, está una gama de valores sociales que va entre la rebeldía de los fumadores de cannabis en busca de ‘reputation’ a la religiosidad de los consumidores de té, guardianes de la ‘respectabilidad’. Durante los últimos quince años, los partidarios de estos modelos éticos contrastantes han estado involucrados en una batalla política e intelectual sobre del estado de, y la respuesta social a, las sustancias controladas. La marijuana, importada por los jornaleros contratados de la India en la mitad del siglo 19, se ha establecido ampliamente entre las secciones de la población en casi todas las islas y costas del continente. Mucho más alarmante a las autoridades, sin embargo, ha sido la dramática dispersión de cocaína ‘crack’ a partir del fin de los años 1980, acompañada por guerras entre bandas, crímenes de propiedad, y, lo peor de todo para estos mini- y micro-estados, el poder de los carteles internacionales del narcotráfico.

Todos los informes coinciden que la región caribeña se ha arrastrado en el embrollo de las drogas por su ubicación geográfica. En medio de los productores sudamericanos y consumidores norteamericanos y europeos, las rutas del mar y el espacio aéreo de las Antillas son una de las grandes carreteras por el tráfico de cocaína. Diariamente, salen barcos rápidos de la delta del río Orinoco en Venezuela para pasar ocho millas de mar abierto y llegar a Trinidad. La cocaína se comercia por kilo en los andenes de Port of Spain, se vuelve a embalar y se envía para el norte. Los aviones y barcos saltan a lo largo de la cadena de islas estirándose en forma de arco para llegar a la costa de Florida. Cada isla puede servir como base de almacenamiento, o centro de embalaje, o para el transbordo a Europa. La colaboración de partenarios locales es esencial, tanto dentro y fuera el sistema de justicia criminal. El impacto del comercio de cocaína sobre el perfil del crimen, así como la integridad de las agencias de interdicción, por consiguiente ha sido considerable.

Los eventos que disturbaron el estado de la pequeña isla de St. Kitts y Nevis (población : 40.000) en 1994 son ilustrativos. El retorno de « Pequeña Nuez », un notorio narcotraficante y a la vez informante de la policía, de los EE.UU., produjo ocho asesinatos, una fuga masiva de la prisión, la elección de un nuevo gobierno, y disturbios que sólo podrían reprimirse con la intervención de tropas de islas vecinas. El hecho es que las agencias de interdicción son impotentes y están profundamente involucradas. Una investigación por funcionarios de Scotland Yard en la fuerza policíaca de Trinidad y Tobago concluyó que la involucración de oficiales en el narcotráfico era ‘extensa y penetrante’ (Scotland Yard). Y un estudio oficial de la Policía de Jamaica calificó el discurso de ‘unas manzanas podridas’ como totalmente inexacto, sugiriendo en cambio que toda la caja estaba pudriéndose.

Apoyo europeo para la burocracia

Al mismo tiempo, los más importantes donantes para el desarrollo de la región estaban incrementando sus presiones a los gobiernos de endurecer su régimen de control de drogas. Los EE.UU. estaban defendiendo la nueva doctrina de la ‘soberanía compartida’, a fines de permitir acceso a sus barcos policiales a las aguas territoriales, utilizando la certificación como palo. Europa, dirigida por el Reino Unido y Francia, estaban alarmándose por el crecimiento de cocaían canalizada a través de las regiones.

La necesidad de contestar a estas preocupaciones genuinas hizo reunir a los dirigentes caribeños en Barbados en 1995, para firmar a una estrategia de control de drogas regional, que produjo 87 recomendaciones y una serie de indicaciones políticas, en algo que desde entonces se conoce como el Plan de Acción de Barbados. El compromiso a la acción se realizó por la promesa de considerable asistencia financiera y técnica, y activó una ola de acuerdos inter- e intraregionales. El donante principal que surgió en esta iniciativa era la Comisión Europea y su totalmente nuevo « Desk Drogas », establecido dentro del Directorado General para el Desarrollo, VIII. Pero la plataforma para la nueva gama de programas y proyectos fue la oficina regional del PNUCID en Barbados. La relación entre las dos instituciones fue reforzada por el reclutamiento de un anterior empleado de PNUCID para que dirija la Oficina de Control de Drogas de la Comisión Europea que luego se abrió en Barbados. Dentro de poco tiempo el volumen de los fondos desembolsados por Europa para el control de drogas, 20 millones de EUROs, fueron canalizados a través del PNUCID. Para la oficina regional, y su ejecutivo principal, Sandro Calvani, éste fue un gran golpe. El impacto en la región, sin embargo, ha sido discutible.

Una de las cosas más llamativas sobre la oficina de Barbados, es que no empleaba a ningún experto extranjero con especialización profesional en aspectos de control de drogas - ningún criminólogo, epidemiólogo, sociólogo, o consultor. Los funcionarios eran sobre todo burócratas de la ONU, que confiaron en el sentido común y el entusiasmo voluntarista, con las siguientes consecuencias.

En primer lugar, la organización sólo podía administrar un programa, pero no implementarlo. Lo que significaba que después de haber cortado la cuota de 13 % de gastos de coordinación en cada uno de los programas acordados, debería contratar a otra organización que entonces haría la misma cosa. Si a ello se agrega el costo de viajes, más que un tercio de los fondos programados fueron gastados antes de que el proyecto empezara a ser operacional.

En segundo lugar, la identificación de proyectos fue dejada en gran parte a las predilecciones individuales del funcionario que estaba en cargo. Y por consecuencia, ellos tuvieron un enfoque represivo en control de drogas. Como resultado, los fondos, tomados del 9. Fondo Europeo de Desarrollo, se gastaron en cursos para oficiales de aduana, la creación de un sistema de datos para registrar a barcos de lujo, y ‘entrenamiento legal’ – incluyendo una excursión de fin de semana para fiscales y jueces de 16 países caribeños en un hotel de playa de cuatro estrellas en Barbados. En un momento en que la política de desarrollo de la CE se preocupaba por ‘la reducción de la pobreza’ y ‘la sostenibilidad’.

Efectos perversos

Sin embargo, el entrenamiento de policías, el endurecimiento de los regímenes de control de drogas, y las campañas de sensibilización cada vez más fuertes lanzadas por los consejos nacionales de drogas, han tenido varias consecuencias serias. Las drogas han entrado la agenda política, y se han convertido en un asunto de debate serio. Una de las razones ha sido discutida por un informe, pagado por un Banco norteamericano de Desarrollo, sobre el Sistema de Justicia Criminal en la región en el año 2000. En la mayor parte de los países de la región, el enorme crecimiento de las detenciones relacionadas con drogas ha llevado a una obstrucción de los tribunales y una sobrepoblación carcelaria dramática.

Es interesante notar que la mayor parte de los detenidos están por ofensos relacionados con la marijuana, normalmente por posesión o distribución a pequeña escala. Mientras han habido unas grandes capturas de cocaína, no han podido disminuir el flujo de drogas en el mercado principal consumidor, ni han tenido impacto alguno sobre los precios en el mercado local. En toda la región, el control está dirigido contra el pequeño consumidor. En Guyana, jóvenes han estado encarcelado durante dos años antes de ser juzgados por fumar un porro, mientras a traficantes que son capturados con kilos de cocaína, son liberados bajo fianza, para huir después. Existe un razonamiento detrás de ello, explicado por un policía de Anguilla. En 2001, una carga de cocaína fue confiscada, y se detuvo a cuatro hombres. Dos colombianos pusieron una fianza de medio millón de dólares, y se huyeron. El gobierno estaba satisfecho, había capturado la cocaína, el barco y el dinero. Por otro lado, los pequeños ofensores pocas veces tienen la oportunidad de pagar fianza, y muchas veces terminan pagando condenas carcelarias.

De acuerdo a estudios sobre el recidivismo, es más probable cometer un delito para una persona que ha entrado en una institución penal, en parte por el estigma atado a las convicciones en comunidades pequeñas. Uno de los resultados perversos del enfoque represivo de drogas es por ello un incremento en las estadísticas del crimen. Las mismas medidas puestas para proteger a la sociedad de un mal social – drogas -, está creando otro mal aue incluso está mayor, en la forma de una población creciente de criminales amargados, alienados, y ‘formados’. La oficina del PNUCID, bajo un nuevo director, busca ahora solucionar el problema con un programa de Reforma Penal de 1.3 millones de Euro. Pero con una política europea de drogas en pedazos, el proyecto todavía está esperando su aprobación seis años después de la primera aplicación.

Respuestas prometedoras

Por otro lado, el impacto serio de drogas, criminalidad y una mal aconsejada política de drogas, ha activado un número de respuestas prometedoras también. Una de ellas es la creciente aceptación de la reducción de daño en incluso algunos de los países más conservadores. En las Islas de Caimán, un territorio extranjero del Reino Unido, bajo fuerte influencia de los EE.UU., el Consejo Nacional de Drogas organizó una flota de autobuses para llevar a casa a festeros en la Noche Buena de 2001, reduciendo dramáticamente el número de accidentes de tráfico. No sin controversia, porque este esquema fue juzgado por algunos como ‘facilitar’ a las personas a beber y tomar drogas, cuando el enfoque del Consejo debería ser contener esa actitud. Pero la reducción de daño, la aceptación de drogas como una parte de la vida, está creciendo de importancia.

En Trinidad y Tobago, el Ministerio de Desarrollo Comunitario ha empezado a financiar ONGs que trabajan con personas sin techo, muchos de ellos siendo consumidores de drogas. Trabajando en la primera línea de servicios, estas ONGs tienen una agenda muy distinta al de la guerra a las drogas. Según “LT”, el gerente de proyectos de la organización ‘Nueva Vida’, una intervención exitosa es dar a alguien ‘una comida caliente, una cama para dormir, y un baño ‘. No se habla aquí de detoxificación, abstinencia e información que puede llevar a los grandes comerciantes. Los intereses del cliente son primordiales, los motivos detrás de la intervención son estrictamente humanitarios.

Estos sentimientos ahora están teniendo eco en los Ministerios y salas de conferencia a nivel regional y nacional. El año pasado, la Comunidad Económica Caribeña junto con la Oficina del Commonwealth británico, condujo su primera valoración de necesidades para la reducción de la demanda de drogas. En una conferencia regional de ministros de Asuntos sociales, de Salud y de Desarrollo en Guyana, fueron aceptadas las recomendaciones (COHSOD, octubre de 2002), incluyendo la tarea para buscar alternativas a las penas de cárcel para ofensores de leyes de drogas non-violentos.

La mayoría de los gobiernos, sin embargo, están moviendo cautelosamente. Muchas demandas diversas afectan presupuestos pequeños, y los donantes internacionales siguen exigiendo acciones más duras contra los traficantes, y desde el 11 - 9, contra el terrorismo. Es más, las agencias de interdicción que continúan absorbiendo el volumen de los fondos dedicados al control de drogas con demandas para nuevas lanchas, máquinas de rayos láser, y vigilancia electrónica, forman un lobby muy bien organizado y conectado.

Por ello, los practicantes de la reducción de la demanda están buscando nuevas maneras de dar voz a sus propias demandas. La Coalición Caribeña para la Reducción de Daño, fundada en 2000, ha incrementado su actividad en la formación de redes, intercambio de experiencias y difusión de información. Se dirige con muy poco dinero desde un centro de acogida en St. Lucía, y recientemente ha empezado a utilizar los instrumentos democráticos existentes. El gerente de programa organizó a varios de sus clientes, más que todo consumidores de crack que no tienen techo, que sobreviven con la prostitución y el trabajo en los hoteles en el área portuaria de Pastries, a que visiten la alcaldía y registren en la lista electoral, diciendo que « iban a forzar a los políticos de tomar en cuenta sus necesidades ».

Comisión Ganja

El esfuerzo mayor para cambiar el regimen de control de drogas, sin embargo, está emprendiéndose actualmente por el gobierno jamaicano. El año pasado la Comisión Ganja presentó sus resultados con la recomendación de decriminalizar la marijuana, sobre la base de una consulta muy amplia con expertos de todo tipo de contextos profesionales y sociales. La primera sugerencia para la Comisión Ganja vino del parlamentario Trevor Munroe, y luego se estableció por decisión del primer ministro, Patterson. Constituye el esfuerzo más significante a llegar a una solución interna para un problema complejo y global.

Dada la respuesta hostil por el gobierno americano - el embajador de turno saludó la publicación de los resultados con una carta furiosa al editor del mayor periódico – el gobierno jamaicano necesita urgentemente la solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional.

Al mismo tiempo las organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición de Caribeña de la Reducción de Daño, necesitan unirse con colegas y redes en Norte y Sur, para obtener experiencia, apoyo técnico e inspiración. Conteniendo los daños de la guerra a las drogas es una tarea internacional que afecta a todas las regiones, y donde la solidaridad y la cooperación es esencial.

Marcus Day es secretario de la Coalición Caribeña de la Reducción de Daño, y dirige un centro de acogida para los consumidores de crack en Castries, St. Lucía. Con Axel Klein, es coautor del informe de DrugScope-CARICOM sobre ‘ Valoración de Necesidades en Reducción de Demanda de Drogas en la Comunidad y el Mercado Caribeño, y ha escrito extensivamente sobre los problemas de drogas en la región.

Axel Klein es un investigador en el departamento de Política Internacional de la ONG británica DrugScope, y ha estado trabajando extensivamente en el Caribe, África y Europa. Sus publicaciones incluyen ‘Between the Death Penalty and Legalisation’, en la New West India Guide, vol 75, no. 3&4.

Noticias de ENCOD

Comisión de Estupefacientes de la ONU
ENCOD está preparando una intervención en la siguiente reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena (11 a 15 de Marzo). Será presentada una carta a nombre de la Coalición Internacional de ONGs por una Política Justa y Eficaz, con una evaluación crítica sobre el desarrollo alternativo, que es el tema crucial de esta reunión. Si las condiciones lo permiten, será presente un representante de los productores de coca de Sud-América en la reunión a fines de dar testimonio sobre el estado de cosas en la guerra a las drogas y el desarrollo alternativo en Sud-América.

Conferencia sobre política europea de drogas
ENCOD está involucrado en la planificación de una nueva Campaña sobre la política de drogas europea. El objetivo concreto de este proyecto es la organización de una Conferencia pública en los edificios del Parlamento Europeo en Bruselas, en la que xpertos de distintos terrenos de la política de drogas presentarán sus experiencias y propuestas a políticos europeos. El propósito es de convencer a los que toman las decisiones en la Unión Europea y sus Estados Miembros a desarrollar un enfoque común a la necesidad de reformar las Convenciones de la ONU, a fines de eliminar las tensiones entre la legislación y la práctica, y reducir los daños que la actual política de drogas no está capaz de reducir.

Centro Europeo de Recursos sobre la política de drogas
ENCOD está involucrado en la planificación de un Centro Europeo de Recursos sobre la política de drogas,que fundamentalmente consistirá de un sitio web en distintos idiomas, ofreciendo un alcance a la información importante sobre la política de drogas en Europa. El propósito general es de facilitar una apertura en el debate sobre la política de drogas en Europa presentando la amplia variedad de políticas alternativas a la comunidad global, y estimular el desarrollo de cambios políticos y alternativas existentes creando un foro para reforzar el movimiento de reforma de política de drogas.

Para más información sobre estos y otros proyectos de ENCOD, por favor contacte el secretariado.

DROGAS Y DESARROLLO es el despacho bimestral de ENCOD (European NGO Council on Drugs and Development - Consejo Europeo de ONGs sobre Drogas y Desarrollo). Actualmente, las siguientes organizaciones forman parte de ENCOD: ARSEC - España, ASK-Suiza, BCA - Bélgica, CYAH - España, CISS - Italia, E&D - Francia, GfbV - Austria, Gruppo Abele - Italia, GVC - Italia, ILA - Alemania, IFAA - Reino Unido, LA - Bélgica, MLAL - Italia, TNI - Holanda.

Para mayor información sobre las actividades de ENCOD, póngase en contacto con el secretariado. La responsabilidad de los artículos que se publican en este despacho es exclusivamente de los autores. El despacho también se consigue en inglés (contáctese con el secretariado o consulte nuestro sitio web: www.encod.org/)