9, 10 y 11 de mayo de 2002
Hotel Tequendama,
Bogotá
PONENCIA
CONFLICTO AGRARIO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CULTIVOS TIPIFICADOS
COMO “ILÍCITOS”
Consideraciones y síntesis de propuestas del Taller sobre tema agrario
y cultivos de uso ilícito de las Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz, Bogotá
5 de abril de 2002*
Documento presentado en el Seminario “ Mesas
Ciudadanas para la agenda de paz, situación y perspectivas”. Bogotá, Abril 17
de 2002
El Taller de Mesas Ciudadanas para la Agenda de Paz sobre “Temas Agrario y Cultivos tipificados como Ilícitos”, se realizó en un nuevo contexto: a) ruptura de negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) declarada por el presidente Andrés Pastrana el 20 de febrero, b) incremento de las acciones bélicas como consecuencia de esa ruptura, c) reanudación casi simultánea de las conversaciones sobre tregua y disminución del conflicto entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y d) elecciones para Congreso y Presidencia de la República donde se afianzan no solo las opciones de corte autoritario sino también las que se oponen a la guerra y persisten en la negociación política como la única vía para solucionar el conflicto armado colombiano.
Ante la
necesidad de comprender las nuevas condiciones políticas en que debe
desenvolverse el movimiento de paz, y a la vez ampliar
la reflexión sobre el problema agrario hacia los temas desarrollados por el movimiento campesino mundial, se incorporaron tres puntos
fundamentales: a) Economía
indígena y campesina en un contexto de guerra; b) Globalización,
soberanía y seguridad alimentarias, y c) Modelo
de desarrollo agrario y cultivos de uso ilícito.
A.
CONSIDERACIONES GENERALES
I. Colombia
se inserta hoy de manera subordinada en un mundo global, donde poderosos
intereses transnacionales se empeñan en controlar la producción, los circuitos
comerciales, los recursos naturales, las fuentes de energía y la diversidad
biológica de los países periféricos, a costa de la
soberanía y el bienestar de los pueblos.
Este es un proceso en marcha, aparentemente inexorable: recordemos como el gobierno de Samper Pizano flexibilizó en el Decreto 1320 de 1998
los requisitos para otorgar licencias de explotación de recursos naturales en
territorios indígenas, y como el
presidente Pastrana Arango en su visita de noviembre de 1999 a Texas ofreció
condiciones ventajosas al capital norteamericano, especialmente petrolero, para
sus operaciones
en Colombia.
Compromisos de este tipo nunca llegan solos. Además
de condiciones jurídicas y económicas, se exige seguridad militar y si es
necesario el desalojo de territorios para hacer viable la inversión en regiones ahora apetecidas, donde se planean o ejecutan megaproyectos
hidráulicos, mineros o de comunicación. Las
estrategias del “Plan Colombia: Plan para
la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado” sintetizan en lo
económico, fiscal, institucional, militar y territorial, las coordenadas de la
inserción periférica de nuestro país en el nuevo orden mundial.
II.
En la Colombia del siglo XX, la historia del campo
señala una dinámica capitalista de “tu desmontas y yo
ocupo y acaparo”. En gran medida, desde mediados del siglo XX las guerras
se han desatado en este país para expulsar a los campesinos, concentrar mayores
unidades de producción en pocas manos y potenciar un modelo de desarrollo rural
centrado en la ganadería extensiva. El acaparamiento de la propiedad rural no
ha dejado de crecer: trescientos latifundistas con extensiones superiores a
2.000 hectáreas incrementaron sus propiedades con 31 millones de hectáreas
adicionales entre 1984 y 1997, mientras que en ese mismo período medio millón
de campesinos solamente pudieron incrementar sus propiedades en 238.000
hectáreas, equivalentes a media hectárea promedio por familia[1].
El problema no se restringe a la grosera concentración del suelo, sino que abarca los fines improductivos a los que se dedica, con una contabilidad de 40 millones de hectáreas convertidas en pastizales, muchas de ellas en manos de narcotraficantes, y tan solo 4.4 millones con cultivos comerciales y tradicionales. Colombia llegó a este límite de insostenibilidad económica y social agraria, porque el valor de la tierra no se define ya por sus fines agropecuarios, sino en especial por su proximidad a los grandes proyectos de inversión petrolera, minera, vial o hidroeléctrica. Así, mientras los propietarios con más de 500 hectáreas tienen únicamente el 1.3% de su área sembrada, las fincas menores a 20 hectáreas cultivan el 43,3% de su superficie, según datos oficiales del DANE, correspondientes a 1996. Cifras que desmienten a quienes afirman que el campesinado está destinado a desaparecer porque no cumple ninguna función económica importante, cuando en realidad es el soporte de la producción de los alimentos básicos para el pueblo colombiano y en especial para los estratos urbanos de menores ingresos.
Pero además, la “apertura económica” globalizó el problema agrario. El campesinado ya no enfrenta sólo ni principalmente a la “vía terrateniente” sino en especial al capital transnacional y su modelo de acumulación, que necesita “limpiar” el territorio de la gente que considera ineficiente y poco competitiva. No sólo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados[2].
III. A las tendencias estructurales de concentración de la tierra y de la riqueza, se sumó una política económica que golpea al sector rural en su conjunto y vulnera las bases de la economía campesina. Un puñado de transnacionales productoras de semillas y de insumos concentra todo el poder sobre la agricultura mundial; las transnacionales Dreyfus de Francia, Cargill y Bunge de USA y Mitsui/Cook de Japón, dominan el 84% del comercio de los granos básicos; bajo la orientación del Banco Mundial, el Consultive Group for International Agricultural Research controla veinte cultivos de mayor comercialización a nivel mundial e impone su consumo a sociedades diversas, a expensas de sus culturas, sus necesidades, sus gustos y sus propios potenciales productivos[3].
Resultado de la política de “apertura económica” y del ingreso a la Organización Mundial de Comercio[4], Colombia aumentó ocho veces la importación de alimentos en la década del noventa, lo que vulnera su soberanía y su seguridad alimentarias.
Ese poder de las élites globalizadoras, que obligan a comprar sus alimentos y sus
semillas transgénicas, sólo puede ser neutralizado
por los 1.500 millones de agricultores en el ámbito mundial, particularmente en
los terrenos de la biodiversidad y de la producción de semillas naturales. La seguridad alimentaria debe ser concebida
como un derecho humano fundamental; la desnutrición y el hambre son causados fundamentalmente por las estructuras políticas que
hacen del alimento simplemente una mercancía. Por su parte, la soberanía alimentaria, independencia del
país con respecto a los abastos necesarios y suficientes, se vincula con el
proyecto político de soberanía nacional.
A lo largo de la historia Colombiana el
campesinado libre ha probado su eficacia en la
producción de alimentos.
Por ello ese proyecto de independencia exige recomponer y proteger la economía
campesina.
IV. La concentración
de la propiedad de la tierra, las políticas
de desestímulo a la producción
agrícola, la expulsión de grandes contingentes de
campesinos sin tierra hacia la frontera
de la colonización, el desempleo
rural y urbano, generaron
las condiciones sociales y económicas para la expansión de los cultivos de uso
ilícito, hoy en 270 municipios y 25 departamentos
de Colombia según
información del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo
del año 2001.
La política de erradicación
realizada por el gobierno nacional mediante la
fumigación aérea con herbicidas químicos, solo ha
agravado el problema. Con el argumento de combatir la
oferta de drogas ilegales y golpear las finanzas de mafias y grupos irregulares
no solo se coloca a la
población civil como
objetivo militar, sino que se afectan los cultivos de
alimentos, el medio ambiente,
la salud humana y la integridad
de las comunidades. La acción gubernamental vulnera así los derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
Esta estrategia ha demostrado con creces su ineficacia. Al mantener altos
los precios de la materia prima en los mercados locales como efecto
de la represión, contribuye a la
expansión de las siembras
por todo el territorio colombiano. En el año 2001, cuando se fumigaron 95.594 hectáreas de coca con agrotóxicos, una cifra
jamás alcanzada por gobiernos anteriores, los cultivos
ascendieron a 144.600 hectáreas. A
pesar de los resultados, los gobiernos de Colombia y Estados
Unidos no admiten que el fracaso radica en la política
de erradicación forzosa que actúa contra la voluntad de los cultivadores, sin
ofertas creíbles y sostenibles de sustitución. Es por ello
que no obstante la manifiesta oposición
de círculos académicos y políticos
norteamericanos, la administración Bush busca
incrementar la fumigación química a 120 mil hectáreas en el 2002, y si es
posible reintentar la utilización de armas biológicas contra la
coca y la amapola en consonancia con su negativa
a aprobar el Protocolo para la verificación de la Convención internacional sobre armas
biológicas y toxínicas de 1972.
V.
En un escenario
de confrontación bélica y guerra química contra la población cultivadora, de
políticas económicas regresivas y de desmonte de la estructura institucional
agraria, algunos tecnócratas del campo sostienen que la elevación de la
productividad por la vía de las cadenas monoproductivas
con aparcería campesina es la
única y mejor solución. Quienes sostenemos que el problema mayor radica en el
proceso de concentración de recursos territoriales y del poder político,
creemos que es necesaria una verdadera reforma agraria entendida, no como la
simple distribución de tierras para generar “pobres con tierra”, sino como un
modelo de desarrollo rural que democratice el campo.
En
este sentido, es necesario que las propuestas atiendan factores estructurales y
coyunturales. Esto exige superar el paradigma neoliberal, que importa los
productos que producimos y le niega espacio económico a las poblaciones rurales
que viven del abastecimiento de productos agrícolas para el mercado interno. Requiere, además, fortalecer las
organizaciones campesinas e indígenas y garantizar que sean ellas mismas de
manera autónoma quienes definan la orientación de su producción, decidan qué
comercializar en los niveles nacional e internacional y sepan con qué otros
sectores sociales, políticos y económicos construyen
una sociedad más incluyente
y democrática.
En
esta perspectiva, es indispensable avanzar en Colombia hacia la constitución de un movimiento campesinista al
estilo de Vía Campesina, del Movimiento Chikpo de la India,
del Movimiento Sem Terra de Brasil,
de la Coordination Paysanne Europeenne
y similares. La vía democrática
campesina, la globalización solidaria y la resistencia rural soportada en la
autosuficiencia alimentaria, son caminos de unión y acción política frente a
los proyectos autoritarios y neoconservadores que hoy se imponen a Colombia.
1. Programa nacional de reforma agraria
-
Colombia
requiere un Programa Nacional de Reforma Agraria que replantee el modelo de desarrollo en el
país, redistribuya
democráticamente la propiedad agraria entre los
campesinos, y elimine en un plazo de cinco años la acumulación improductiva e ilícita de las tierras
mediante la eficaz aplicación de la extinción de dominio y la expropiación por vía administrativa. Una acción prioritaria será la restitución
inmediata de los predios apropiados
o “comprados” por terceros con instrumentos de coacción
económica o terror,
como medida de reparación y justicia con los campesinos
desplazados por la
violencia.
-
Fortalecer y ampliar la política de Zonas de Reserva
Campesina sobre suelos agrícolas en el
interior de la frontera, sin limitarlas a los denominados
“baldíos nacionales” y zonas de colonización.
-
Desarrollar
procesos participativos de ordenamiento territorial, ambiental y poblacional,
que delimiten áreas ocupadas y áreas protegidas, sustraigan los territorios de
colonización situados sobre ecosistemas frágiles o sin perspectivas para una
reconversión productiva sostenible. Los programas de reubicación de población
que de allí se deriven deben ser voluntarios y graduales, con garantías para
una vida digna y segura en los sitios de llegada.
-
Construir y
consolidar instancias y mecanismos para la participación
de las organizaciones sociales del sector
rural, especialmente de pequeños
y medianos productores, en la definición y
ejecución de la política rural y de reforma agraria, de tal manera que se garantice su carácter democrático, su eficacia y su
transparencia.
- Proteger y reconocer la territorialidad y el control colectivo de los recursos naturales a los pueblos indígenas y tribales, mediante el cumplimiento cabal del Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991), y garantizar este mismo derecho a las comunidades afrocolombianas. Proteger de la biopiratería los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre la biodiversidad y sus conocimientos colectivos.
-
Sustituir el modelo agrario de “revolución verde”, de
contaminación química y biológica, por tecnologías alternativas en armonía con
la naturaleza y con la salud.
- Crear un marco macroeconómico y sectorial favorable a la producción agrícola campesina. Con el fin de mejorar la disponibilidad local de alimentos y revertir los factores negativos que arruinan a los campesinos, es indispensable revisar las políticas agrarias, agrícolas y comerciales impulsadas en nuestro país, especialmente las relacionadas con la vinculación irrestricta a los mercados de libre comercio impulsados por los Estados Unidos (ALCA), que imponen la importación sin control de los alimentos básicos tradicionalmente producidos en nuestro país.
2. Soberanía y seguridad alimentarias
- Construir una política nacional de soberanía alimentaria e instrumentos municipales y locales de seguridad alimentaria, que garanticen el suministro nutricional necesario para toda la población. En cada municipio, el conjunto de organizaciones sociales estructurará un sistema responsable de garantizar la seguridad alimentaria, con subsidios gubernamentales y la participación de las entidades públicas encargadas de la política agraria, el crédito rural, la reforma agraria, la comercialización agropecuaria y la asistencia técnica, entre otras.
- El abasto de alimentos sanos al alcance de todos será una política prioritaria en defensa del consumidor y de los productores; el acceso de todos a tales alimentos implica una política de oposición nacional, tanto de los consumidores como de las autoridades, frente a la biotecnología de los transgénicos, la nanotecnología, la genómica y la agricultura de precisión.
- Ante la carencia de certeza científica sobre los posibles daños ambientales y en la salud humana, y frente a la ausencia de un marco de regulación y de una política ampliamente consultada con toda la sociedad, es necesario apelar al Principio de Precaución para detener la siembra y movilización en el territorio nacional de semillas transgénicas así como los ensayos de campo con organismos transgénicos. Se debe prohibir el uso de tecnologías “Terminator” y el diseño genético de plantas para producir semillas estériles, por constituir una amenaza a la cultura campesina y a la seguridad alimentaria de los pueblos.
- La ausencia de certidumbre frente a los efectos de los procedimientos técnicos y científicos derivados de la biotecnología y de la química no deben demorar ni impedir la adopción de medidas efectivas y proporcionadas que busquen prevenir cualquier riesgo sobre daños graves o irreversibles al medio ambiente y las comunidades locales. En este sentido se debe desarrollar, un Régimen de Responsabilidades para quienes omiten la toma de decisiones y procedimientos necesarios para detectar o eliminar el riego sobre el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la salud de los colombianos. En el contexto nacional, el Principio de Precaución se debe interpretar con sentido amplio, democrático y soberano.
-
Es preciso desarrollar un sistema de privilegios a
quien conserve formas de vida y cree
modelos de producción
basados en la biodiversidad;
a quien reviva y proteja manantiales;
a quien reconstruya tierras agotadas, trabaje
con semillas primarias y evite el
uso de organismos genéticamente
modificados; a quien perpetúe
producciones artesanales, desarrolle industrias familiares rurales y produzca alimentos sanos para todos; a quien decida regresar al campo, y estime la vida por encima del
mercado y el falso cientificismo; a quien practique el
conocimiento popular, y confronte
el patentamiento de formas de vida y la biopiratería, a quien rechace los negocios
transnacionales de participación y trabaje por los
derechos del agricultor y de las comunidades.
3. Resistencia de los pueblos indígenas y comunidades campesinas desde
la seguridad alimentaria
- En el actual contexto de guerra en el país, adquiere mayor vigencia y sentido el planteamiento de Resistencia Indígena Comunitaria como parte fundamental de la defensa de la Autonomía de los Pueblos Indígenas. Elemento central de esta resistencia es el fortalecimiento de sistemas de producción basados en la seguridad alimentaria familiar, comunitaria y local, que hace parte de los valores esenciales de sus Planes de Vida. “SEMBRAR COMIDA. Si la guerra se prolonga ¿Qué vamos a comer? Hay que sembrar alimentos para poder resistir”, indica la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
-
Las
familias campesinas deben, por su
parte, producir todo lo que se comen. Para ello es
necesario rescatar las tradiciones que
enriquecen la solidaridad de la comunidad, como la minga, la mano prestada y el intercambio o trueque de productos y semillas, hasta convertir la agricultura y la ganadería campesinas autosuficientes
en una forma de resistencia pacífica y
solidaria contra la
guerra.
4. Alternativas frente a la “guerra antidrogas”
- Cese inmediato de las fumigaciones contra los campesinos, colonos e indígenas en la medida en que se afecta la integridad de las comunidades y las familias, la salud, la seguridad alimentaria y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Mantener la vigilancia sobre el uso de armas biológicas para erradicar este tipo de cultivos, en tanto constituye una deliberada difusión de plagas y enfermedades por parte de uno o varios Estados.
- Incorporar los impactos de la política de erradicación forzosa ejecutada por el Estado colombiano, como parte del monitoreo del cumplimiento a las normas del Derecho Internacional Humanitario y de la situación de los derechos humanos.
- Iniciar un diálogo justo con los productores de la materia prima de uso ilícito, considerándolos interlocutores sociales válidos en la búsqueda de soluciones pacíficas, graduales y concertadas. Para lograr su no incriminación, impulsar en el Congreso de la República la modificación del Estatuto Nacional de Estupefacientes, Ley 30 de 1986, y el nuevo Código Penal.
- Reconocer plenamente a los pueblos indígenas los usos tradicionales de la hoja de coca, y levantar la prohibición del cultivo para usos medicinales, alimenticios e industriales lícitos.
- Indemnizar a las poblaciones campesinas e indígenas por los daños causados por la fumigación, aplicando mecanismos de verificación justos y expeditos, con veeduría ciudadana y respeto al principio de buena fe del demandante.
- Dado que no son justas ni viables las propuestas de erradicación manual nacidas del peso disuasivo de las fumigaciones, o de la incriminación de los cultivadores campesinos, se requiere soluciones estructurales de largo aliento que nada tienen que ver con los plazos perentorios de 10 meses fijados por el gobierno en los llamados pactos sociales de erradicación voluntaria. La pregunta es: ¿en el desarrollo alternativo, quien tiene que demostrar eficacia?; ¿el campesino, con todos los factores económicos adversos, o el Estado propiciador de la inequidad rural y el descalabro económico del agro?
- Concentrar la “represión legítima” -Law Enforcement- en los eslabones de la cadena financiera de los ilícitos, de suministro de insumos y de narcotráfico, eliminando las facilidades jurídicas y fiscales para repatriar y legalizar las ganancias ilícitas, con base en acuerdos internacionales de corresponsabilidad.
- Propender por la aplicación de un nuevo concepto de responsabilidad internacional compartida, que repare no solo los efectos negativos que la demanda de drogas tiene sobre los países productores, sino también los que se generan por las políticas punitivas que se imponen para su control. En este sentido, la corresponsabilidad no puede consistir en el envío de "ayuda" militar para la "lucha antinarcóticos", ni en recursos exiguos para un ‘desarrollo alternativo’ complementario de la erradicación forzada, sino en la promoción de soluciones pacíficas y reformas estructurales con los aportes suficientes de los países que consumen, proveen los insumos químicos y/o encubren los capitales producto del narcotráfico.
- Insistir en la conformación de una Comisión Mundial de Alto nivel de carácter independiente, “para que se pronuncie sobre la evaluación de veinte años de ‘guerra antidrogas’ y sobre las opciones de despenalización y legalización” planteadas tanto a nivel nacional como internacional, propuesta en el Encuentro Internacional de Costa Rica de octubre de 2000.
- Reiterar que uno de los presupuestos esenciales para la solución del problema de los cultivos de uso ilícito es la negociación política del conflicto armado. En tal escenario deseado, el II Encuentro de Mesas Ciudadanas sugirió: Crear un Fondo Estatal de Promoción de la Paz de Colombia, coordinado por el Gobierno nacional, la insurgencia y las organizaciones sociales, para estimular proyectos de desarrollo social con recursos de cooperación internacional y del actual Fondo de Inversión para la Paz; establecer“Laboratorios de desarrollo alternativo, paz y protección ambiental”, con base en acuerdos tripartitos, tregua armada multilateral, sustitución de cultivos en áreas delimitadas; una Comisión Internacional de Veeduría y Verificación para acompañar dicho proceso.
MEMORANDOS
PARA EL TALLER DEL 5 DE ABRIL DE 2002
- Mario Mejía, “Globalización, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria”, marzo 2002.
- Héctor Mondragón, “La economía rural y la guerra”, 5 de abril de 2002
- Elsa Nivia, “Plaguicidas, globalización y pérdida de la soberanía alimentaria”, marzo 2002.
- Martha Duque, “Modelo de desarrollo agrario y cultivos de uso ilícito”, abril 2002.
- “Pactos sociales del sur: ¿excusa para la guerra?” - Actualidad Colombiana. Año XIII No 325, Noviembre 2001.
- Alejandro Galeano C, “Globalización, soberanía y seguridad alimentaria”. Marzo 2002.
- Catalina Toro, “El Principio de Precaución: Un principio político en un contexto de incertidumbre”, abril 2002.
Ponencias para los talleres del 5 de abril y de marzo de 2001 disponibles en: www.mamacoca.org; otros documentos en: www.ceudes.org, www.tni.org/drugs, www.viaalterna.com.co
Participantes Taller 5 de abril de 2002: Mario Mejía – Investigador, Héctor Mondragón - CNC, Rafael Orduz – Senador, Henry Salgado – Cinep, Darío González – Indepaz, Omaira Alvarez - Fed. Mujeres Campesinas, Ma. Clemencia Ramírez – Icanh, Milton Rengifo – Asesor Representante G. Petro, David Curtidor - Resguardo Calderas, José Galvis - CUT, Tomás León Sicard - U Nacional Instituto de Estudios Ambientales, Jesús Aníbal Suárez - ILSA, Margarita Florez – ILSA, Angélica Díaz – Asesora Senador Orduz, Ana María Barajas - Codhes, María Tonelli - ECOP, Eliana Álvarez - Ecopetrol, Alexandra Schoone Wolffr - Dirección Nal. Estupefacientes, Catalina Toro – Centro Debate, Adriana Arévalo - U. Distrital, Astrid Puentes R. - Abogada, ambientalista, Rocío Claros - U Nal, Alirio Duque - Somos 99.1 FM, Paola García, Tatiana Montaña - Indepaz, Eduardo Naranjo - Indepaz, Martha Alicia Duque - Indepaz, Pedro Arenas - Juventud por el Guaviare, Zoraida Guevara - Asocars, Héctor Torres - Revista Utopías, Lina María Sánchez, Axel Castillo T. - U. Javeriana, Gustavo Amado L. - Bioamazonia, Sandra Bermúdez - Radio Comunitaria, Yolanda Parra - Siempreviva.
Participantes Taller marzo de 2001: CINEP, Observatorio de Drogas, Unidad Legislativa Senador Rafael Orduz, Unidad Legislativa Representante Gustavo Petro, ILSA, Centro Debate, INDEPAZ, CEUDES, ANDAS, Corporación Telar de Agua, Crisoles, ICANH, Resguardo Calderas, CIDER, Fundepublico, Conferencia Episcopal, USO, Siempreviva, Red de Cultivos Ilícitos de la U de los Andes, Semilla Mejorana e investigadores independientes.
Coordinación:
Darío González Posso – INDEPAZ dariogonz@andinet.com
Henry Salgado Ruiz – CINEP hsalgador@hotmail.com
* El presente documento se basa en las ponencias y memorandos para el Taller de abril 5 de 2002, sus discusiones y relatorías, y en las conclusiones del II Encuentro de Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz, marzo de 2001.
[1] “Distribución de la propiedad rural”, CEGA, 1984. IGAC, 1997.
[2] Héctor Mondragón, “La economía rural y la guerra”, 5 de abril de 2002.
[3] Mario Mejía G., “Globalización, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria”, marzo 2002.
[4] H. Mondragón, Op. Cit.