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La escandalosa declaración que acotó el pasado gobierno
al documento de ratificación de la Corte Penal Internacional muestra
el propósito sinuoso de boicotear su competencia frente a caso flagrantes
que involucran a oficiales generales en la complicidad con el paramilitarismo
y en graves violaciones de los derechos humanos.
El gobierno Uribe, que conocía dicha declaración, ha salido
en su defensa con el argumento de dejar abierta una posibilidad para futuros
procesos de paz. No existe ningún proceso de paz a la vista. Los
movimientos guerrilleros han reclamado, al igual que toda la opinión
democrática del país, como una condición para avanzar
al diálogo el cese de la impunidad que impera en Colombia.
Es una grosería desconocer durante los próximos 7 años,
que corresponden al período de vigencia del repudiado Plan Colombia,
el alcance de la CPI para los crímenes de guerra que se cometan
en territorio colombiano. La declaración de impunidad que respalda
ahora el gobierno de Uribe marcha al compás de la exigencia de Washington
de firmar una tratado bilateral que excluya al personal militar y a los
contratistas de guerra que actúan en Colombia de quedar cobijado
por la vigencia de la CPI. La declaración se anticipa, en un gesto
unilateral de entreguismo al tratado que Uribe piensa suscribir con motivo
de su viaje a Washington.
El Partido Comunista Colombiano reafirma su rechazo a la política
de guerra y la legitimación e impunidad de la intervención
militar extranjera orientada a actos de guerra contra ciudadanos colombianos.
Exige del Estado garantías para que la justicia civil colombiana
investigue y juzgue todos los delitos en que incurra personal militar extranjero
que actúa en el territorio nacional, sin excepciones de ninguna
clase.
Llama al pueblo colombiano y a la opinión internacional a proseguir
en la denuncia y la lucha en contra de la impunidad y tolerancia con los
criminales de guerra pero también contra quienes amparan, auspician
y promueven el terrorismo convertido en política oficial de Estado
a través de la compra de información y la cacería
de brujas con los dineros públicos que deberían socorrer
las graves necesidades de la mayoría de nuestros compatriotas.
Partido Comunista Colombia
Comité Ejecutivo
Bogotá, septiembre 4 de 2002
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