En el marco de la concertación con el gobierno nacional, se debe promover una reconversión de la economía, que contemple el manejo apropiado de los suelos, diversificación del sistema productivo y la explotación racional de la oferta ambiental incluyendo el bosque.

Complementariamente el gobierno nacional debe apoyar la mejora de la infraestructura de comunicación (aeropuertos, vías terrestres y fluviales) como quiera que la región se encuentra muy distante de los centros de comercialización.

De igual manera el gobierno junto con las comunidades organizadas, deben desarrollar una propuesta de comercialización de doble vía (tanto para la venta de productos de la región, como para adquirir bienes que no se generan en la zona).

Se debe reconocer que en la zona ya existe una infraestructura productiva que debe ser reactivada y apoyada tanto para garantizar la seguridad alimentaria, como para generar excedentes de alimentos que pueden ser comercializados, así mismo para proyectos productivos de mediano y largo plazo.

Justamente el desarrollo de las fumigaciones indiscriminadas puede golpear a esta infraestructura y a la misma población civil, llevando a la bancarrota años de esfuerzos adelantados durante décadas, los cuales han buscado crear condiciones para lograr alternativas a la monoproducción de hoja de coca.

Somos concientes que la construcción de un futuro mejor para nuestra comunidad pasa por crear alternativas a la economía cocalera.

Teniendo en cuenta las difíciles condiciones de orden público en que se deben adelantar estas actividades, se debería contemplar el análisis y apoyo de esta propuesta en el marco de los diálogos regionales que impulsan algunos gobernadores, principalmente del sur de Colombia. Esto en razón a que se necesitan condiciones mínimas que aseguren la vida de nuestras comunidades y evite una gran crisis humanitaria (muertes violentas, desplazamiento forzoso, hambre y miseria generalizada, etc.) teniendo en cuenta los enfrentamientos armados que sostienen los grupos insurgentes con el Estado y las fuerzas paramilitares, escenario en el cual la población civil ha resultado secularmente golpeada en sus vidas y derechos fundamentales.

Para el buen desarrollo de la propuesta, deben ser reconocidas las organizaciones gremiales ya constituidas en la región, como las Juntas de Acción Comunal, Comités Gremiales, etc., lo cual facilitaría la legitimidad e implementación de cualquier programa de desarrollo que quiera impulsarse en nuestra región.

Así mismo debe asumirse el desarrollo de políticas especiales para el tratamiento adecuado de la población infantil, buscando una formación acorde con la protección del medio ambiente y un crecimiento que les garantice seguridad en salud y educación.

Nuestra comunidad estará atenta a la respuesta que emane del alto gobierno y del apoyo que pueda dar la comunidad internacional a nuestro deseo de cambio y reconversión económica, pero con condiciones mínimas de seguridad para nuestras vidas y la de nuestras familias.

Remolino del Caguán, septiembre 7 de 2002
 

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