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NOTA: Cuando este artículo fue elaborado, noviembre de 2001, no se tenía noticia aun de las nuevas fumigaciones con herbicidas químicos sobre amplias zonas del Departamento del Putumayo, en el sur de Colombia, con presencia de cultivos de coca. Las comunidades de esta región habían establecido con el gobierno “pactos sociales” para la erradicación manual de estos cultivos, pactos cuya naturaleza es caracterizada de manera precisa en este escrito como resultados de presiones y amenazas, pero que los campesinos suponían que los dejaría a salvo de la fumigación química. Pero esto no fue así, pues las fumigaciones se reanudaron a pesar de los “pactos”, agregando así un componente más a la perfidia de la política estatal contra la población amazónica (Nota de Mama Coca, diciembre de 2001).
Actualidad Colombiana. Año XIII No 325, Noviembre 14 a 28 de 2001, Bogotá D.C.

Pactos sociales del Sur: ¿excusa para la guerra?

Henry Salgado Ruíz

Las poblaciones amazónicas han sido el blanco primero de las acciones militaristas del Plan Colombia. Esta vez sirven como chivos expiatorios de una estrategia geopolítica y militar de los Estados Unidos y del gobierno colombiano. Las primeras repercusiones de esta amenaza ya se empiezan a sentir en la región y de manera particular en el departamento del Putumayo. En la actualidad las cifras de quienes han sido expulsados de sus tierras y de su país por las fumigaciones y la dinámica del conflicto armado que se desarrolla en el área, alcanzan niveles alarmantes.

Las dimensiones de la crisis humanitaria

Según los datos suministrados por CODHES (Consultoría sobre los Derechos Humanos y el Desplazamiento), durante el año 2000 se desplazaron del Putumayo hacia el Ecuador 9.698 personas y según la Red de Solidaridad Social para el periodo comprendido entre finales de 1999 y septiembre de 2001, han emigrado forzadamente hacia el departamento de Nariño 7.443 personas y se han asistido, dentro del programa de atención a población afectada por la erradicación forzada, 38.038 personas (hasta agosto de 2001). Si bien estas cifras sirven como indicador de la grave crisis humanitaria que enfrenta el Putumayo, es necesario anotar que éstas, por una parte, solamente reportan la población que es "reconocida" por la Red como desplazada y, por otra parte, que no toda la población desplazada se registra, es decir, que estas cifras no son más que una significativa muestra del problema socio-político, económico y militar que enfrenta la región.

En la actualidad la conflagración armada se ha incrementado y el paramilitarismo se ha extendido velozmente desde el bajo hasta el alto Putumayo. Las cabeceras municipales, en donde hace fuerte presencia el Ejército Nacional y la Policía Nacional, están dominadas por las AUC (“Autodefensa Unidas de Colombia”, paramilitares) y el resto del departamento está en poder de las FARC. Esto ha provocado un fuerte deterioro de las normas de convivencia y agravado la situación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La única acción de guerra que hasta la fecha se ha logrado detener es la guerra química que el gobierno le ha declarado a los campesinos e indígenas de la región, a través de las fumigaciones aéreas. Estas se han suspendido momentáneamente con los pactos sociales firmados entre las comunidades y el gobierno nacional.

Pactos firmados bajo presión

Se trata de un proceso de concertación por medio del cual el gobierno nacional se comprometió a entregar a cada familia con tierra dos millones de pesos ($2.000.000) en especies, por cada cinco familias sin tierra 50 gallinas ponedoras (por vereda) y a vincular a los raspachines (recolectores asalariados de hoja de coca) a los proyectos de infraestructura que se adelantan en la zona. Y por su parte, las comunidades se comprometieron a erradicar manualmente los cultivos de uso ilícito en el plazo de un año, contado a partir de la firma del pacto. Se espera que los campesinos en este periodo y con esos exiguos recursos sustituyan la economía ilícita y consoliden su economía campesina.

Estos pactos sociales se firmaron en el marco de una fuerte presión gubernamental. Se trató en esencia de un pacto social obligado por la presión de las fumigaciones aéreas. En sólo dos meses y medio –de diciembre 19 de 2000 a febrero 1 de 2001- en el departamento del Putumayo se fumigaron 28.287 hectáreas, es decir, el 48.4% del total de producción de hoja de coca del Putumayo, estimado por la Policía Nacional, en 58.353 Hectáreas.

Para las comunidades del Putumayo estos pactos sociales, si bien han logrado detener la guerra química y sus graves efectos sobre su economía, su salud y el medio ambiente, carecen de integralidad, sostenibilidad y participación.

Carecen de integralidad en la medida en que no están ni articulados a los planes de desarrollo departamental y municipales, ni recogen las múltiples y detalladas propuestas de desarrollo ambiental sostenible que entidades como la Corporación para el Desarrollo del Sur de la Amazonia -Corporamazonia- y las mismas comunidades han formulado desde años anteriores; carecen de sostenibilidad por que, por una parte, no contemplan estrategias productivas rentables y que logren articular de manera efectiva la economía de la región con la economía nacional. Las propuestas de seguridad alimentaria propuestas por el gobierno nacional no superan en nada a la economía de sobrevivencia y miseria que tenían los campesinos amazónicos en los primeros años de su arribo a la región (años cincuenta, sesenta y setenta) y, por otra parte, no se está implementando en la región una propuesta de Desarrollo que al tiempo que contemple sus características ecosistemicas proponga estrategias productivas ambientalmente sostenibles y económicamente viables. Y carecen de participación ya que se trata de un pacto social cruzado por la presión de las fumigaciones y además diseñado por el gobierno central sin la participación ni de las comunidades ni de las autoridades locales y regionales. Como dicen los líderes de la región: "no existió un tiempo y un espacio para la inducción y socialización con las comunidades sobre el significado, compromisos y alcances de los pactos, ni se han promovido reflexiones comunitarias sobre la importancia de trabajar con base en sistemas asociativos. Existen familias que no conocen los contenidos del documento firmado. Las comunidades firmaron pensando que era el medio para detener una nueva fumigación con sus letales consecuencias".

Pretexto para medidas más agresivas

La población amazónica del Putumayo es consciente de las falencias y limitaciones que tienen estos pactos sociales. Saben perfectamente que ellos no son la solución a los problemas económicos y políticos que se han ido acumulando por más de veinte años. Sin embargo, no tenían otra opción. Frente al dilema de fumigación o pacto, obviamente la gente escogió el pacto social. Pero a la base de las preocupaciones de la población está la pregunta por el futuro de la región, máximo ahora que se acerca la culminación del primer pacto social firmado en el corregimiento de Santana (Puerto Asís) el 2 de diciembre de 2000. ¿Si se sabe que se está frente a unos pactos sociales condenados al fracaso, que sucederá cuando estos cumplan su término de un año y no se hayan sustituido los cultivos de uso ilícito? ¿Son éstos y su inevitable fracaso, la plataforma de lanzamiento de medidas más agresivas contra las poblaciones amazónicas? ¿Quienes están ejecutando el Plan Colombia realmente conocen y quieren resolver los problemas de la región amazónica o son sólo ventrílocuos de políticas internacionales que buscan aniquilar militarmente cualquier tipo de movilización social en el área, todo en nombre de la extracción de los recursos amazónicos y de la neoliberalización de la región andino-amazónica?

En la medida en que en la región amazónica se continúen implementando proyectos desarticulados y aislados, no se le dará solución a los problemas socio-económicos y políticos que están a la base de la problemática de los cultivos de uso ilícito. Flaco favor se le hace a la región amazónica y a Colombia en su conjunto, si se considera que es a través del pensamiento militarista de Barry McCaffrey, plasmado en el Plan Colombia, que podemos interpretar y solucionar nuestros problemas. Por el contrario, con esta forma de pensar se agudiza el conflicto armado en la región, se alimentan a los actores armados y se subsumen las iniciativas ciudadanas que desde tiempo atrás vienen planteando las comunidades campesinas e indígenas del área.

A la región amazónica tenemos que buscarle salidas integrales, sostenibles y participativas. Pero para ello es menester empezar a reconocer que la mayoría de los problemas que enfrenta actualmente la región han tenido su origen por fuera de ella. El imaginario que ve a la Amazonia como un espacio de extracción de recursos y el lugar donde inevitablemente llegan los expulsados por el desarrollo agrario capitalista, es en buena parte el causante de los complejos problemas que se han ido gestando en esta región. Con este tipo de imaginarios lo que se hace es desconocer las características socio-históricas de la Amazonia, ignorar sus condiciones geológicas, climáticas, edafológicas y ecológicas, descalificar y silenciar el saber milenario de los hombres y mujeres nativos de este territorio y continuar implementando en ella lógicas productivas adversas a sus características ecosistémicas, es decir, seguir reproduciendo prácticas socio-productivas antiamazónicas que, orientadas por la lógica de la ganancia, están destruyendo de manera sistemática una de las regiones con mayor diversidad cultural y biológica del mundo.

*Sociólogo, Maestro en Estudios Amazónicos; miembro de la Corporación Interdisciplinaria de Estudios Andinos –CIESA, investigador CINEP.

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