CONGRESO NACIONAL DE PAZ Y PAÍS
9, 10 y 11 de mayo de 2002
COMISIÓN: "CONFLICTO AGRARIO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CULTIVOS DE USO ILÍCITO"
Relatoría
En julio de 2001, el Presidente George Bush se refirió al futuro de la agricultura de su país en los siguientes términos: "Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional".
¿Porqué, preguntamos, lo que es prioritario para los Estados Unidos, no es válido para nosotros?. ¿Porque la producción de alimentos se considera allá un asunto de seguridad nacional, mientras acá es tan sólo un "problema" a resolver con importaciones masivas que vulneran nuestra soberanía y debilitan el sistema nacional de producción de alimentos?
La realidad es que Colombia se inserta de manera subordinada en un mundo global, donde poderosos intereses transnacionales se empeñan en controlar la producción, los circuitos comerciales, los recursos naturales, las fuentes de energía y la diversidad biológica de los países periféricos, a costa de la soberanía y el bienestar de los pueblos. Por ello el campesinado ya no enfrenta sólo ni principalmente a la "vía terrateniente" sino en especial al capital transnacional y su modelo de acumulación, que necesita "limpiar" el territorio de la gente que considera ineficiente y poco competitiva, para emprender megaproyectos petroleros, mineros, viales e hidroeléctricos que atentan contra la integridad cultural, social, económica y ambiental de las comunidades. No sólo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados.
En la Colombia del siglo XX, la historia del campo señala una dinámica capitalista de "tu desmontas y yo ocupo y acaparo". A las tendencias estructurales de concentración de la propiedad territorial en pocas manos, como un bien de renta más que como un bien de producción, se suman las políticas de desestimulo a la producción agropecuaria, que incrementan la descomposición de la economía campesina y fomentan la expansión de los cultivos vinculados a economías ilícitas, hoy presentes en 270 municipios de nuestro país.
Desde las esferas del poder político y económico, se sostiene que la reforma agraria con democratización de la tenencia de la tierra no constituye la salida a la crisis del agro y que lo básico es ajustar la producción a las condiciones de oferta y demanda en el mercado internacional. La Comisión concluyó, por el contrario, que para la reconstrucción democrática del campo y solución de los problemas del agro, se requiere: a) el reordenamiento social de la propiedad y del territorio que revierta los procesos migratorios hacia la frontera de la selva, b) el establecimiento de una política de soberanía y seguridad alimentarias, y c) soluciones autónomas, concertadas y pacíficas al problema de los cultivos tipificados como ilícitos. Se reiteró además que el escenario indispensable para concretar estos propósitos es la solución negociada del conflicto armado con la participación activa de todos los sectores de la sociedad colombiana.
Para la elaboración de una política nacional de paz y país, la Comisión acogió las ponencias presentadas y destacó las siguientes orientaciones básicas:
LÍNEAS ESTRATEGICAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DEL CAMPO Y LA FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA AGRARIO
A. Políticas macroeconómicas acordes con la democratización del campo
- Formular políticas macroeconómicas y sectoriales acordes con la política de reconstrucción democrática del campo, con el propósito de soberanía nacional y con los objetivos de seguridad y autosuficiencia alimentarias. En consecuencia, rechazar el "Proyecto de Ley General Rural" del Gobierno de Pastrana que subordina la producción agrícola nacional a "la dinámica de los mercados globalizados" y que abre paso al saqueo del patrimonio genético por los monopolios mundiales de la biotecnología.
-Cumplir de manera efectiva el precepto constitucional que establece que "la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado" (Art. 65); orientar la política exterior de Colombia hacia la integración latinoamericana y del Caribe (Art. 9 y 227); y basar las internacionalización de las relaciones económicas, políticas y ecológicas del país en la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (Art. 226).
- Revisar los tratados internacionales que lesionan la agricultura nacional y reparar el daño causado a los agricultores. En este sentido se requiere modificar las políticas agrarias, agrícolas y comerciales que propenden por la vinculación irrestricta al Área de libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por los Estados Unidos, cuya primera consecuencia sería la importación masiva de los alimentos que se producen en nuestro país.
- Convocar una moratoria de la deuda externa y establecer una política arancelaria como defensa de la producción nacional, de manera que se garantice la inversión en la reconstrucción democrática del campo.
B. Reforma agraria democrática en un plazo máximo de 5 años
- Reforma agraria integral y democrática que redistribuya la propiedad entre los campesinos, y elimine en un plazo máximo de cinco años la acumulación improductiva e ilícita de las tierras mediante la eficaz aplicación de la extinción de dominio y la expropiación por vía administrativa.
- Una acción prioritaria será la redistribución de 6 millones de hectáreas en manos de latifundistas, y la restitución inmediata de los predios apropiados o "comprados" por terceros con instrumentos de coacción económica o terror.
- Fortalecer y ampliar la política de Zonas de Reserva Campesina en el interior de la frontera agrícola, sin limitarlas a los denominados "baldíos nacionales" y zonas de colonización y completar el proceso de titulación colectiva de las comunidades indígenas y afrocolombianas, garantizando el respeto a sus Planes de Vida y la autonomía e inalienabilidad de sus territorios.
- Construir un marco de derechos fundamentales del campesinado, como sector especifico y fundamental de la sociedad colombiana, que reconozca su derecho a la tierra y su papel como proveedor básico de los alimentos que consumimos los colombianos.
- Incorporar a las mujeres al ejercicio pleno de la ciudadanía, con garantías de participación en todas las instancias decisorias en materia agraria. Las mujeres tendrán prioridad y pleno derecho en los programas de crédito, asignación de tierras, políticas para los desplazados y las demás del sector.
- Con la finalidad de estabilizar las poblaciones rurales exigimos al Estado eliminar los factores que generan su desplazamiento forzado y realizar un juicio de responsabilidades que castigue a quienes lo propician y ejecutan. El retorno debe realizarse sobre la base del cumplimiento y respeto pleno a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los desplazados.
- La reforma y la política agraria debe articularse a procesos de ordenamiento ambiental y territorial, orientados a proteger los recursos genéticos, los ecosistemas y el potencial ambiental de Colombia.
C. Seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentarias.
- Concebir la Seguridad y Soberanía alimentarias de la población como objetivos centrales de la nación y a la economía campesina como un componente estratégico de esta política.
- Construir una política nacional de soberanía alimentaria e instrumentos locales y regionales de seguridad alimentaria que abarquen los circuitos de producción, procesamiento, distribución y consumo, y garanticen el suministro nutricional necesario para toda la población.
- Sustituir el modelo agrario de contaminación química y biológica, propia de la "revolución erde", por tecnologías alternativas en armonía con la naturaleza y con la salud. Apelar al principio de precaución y a un régimen de responsabilidades de los servidores públicos, para detener la siembra, importación y movilización de transgénicos en todo el territorio nacional, por constituir una amenaza a la cultura campesina, al ecosistema, a la soberanía y la seguridad alimentaria de los pueblos.
- Construir sistemas de producción basados en la seguridad alimentaria familiar, comunitaria y local con intercambio de productos y semillas, como formas de resistencia pacífica y solidaria a la guerra.
D. Soluciones pacíficas y concertadas a los cultivos de uso ilícito
- Exigir la suspensión inmediata y definitiva de las fumigaciones con agrotóxicos para erradicar los cultivos de coca y amapola por sus efectos negativos en la salud, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos fundamentales de las comunidades. Mantener la alerta e impedir todo intento de investigación, experimentación y utilización de armas biológicas como complemento o sustituto de la fumigación química, como el gobierno norteamericano pretenda imponer en nuestro país.
- Despenalizar los pequeños cultivos de coca, amapola y marihuana, no incriminar al ampesino cultivador, y abrir la posibilidad de procesos de diversificación productiva para usos medicinales, industriales, científicos y alimenticios de estas materias primas, en una nueva ley sobre estupefacientes que derogue la Ley 30 de 1986.
- Incorporar los impactos de la política de erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito ejecutados por el Estado colombiano y los Estados Unidos, como parte del monitoreo de la situación de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH.
- Exigir, a los Estados Unidos y al Estado de Colombia la indemnización justa y oportuna a los campesinos cultivadores afectados por las fumigaciones, garantizando el pleno respeto al principio de buena fe del demandante.
- Formular y ejecutar una política integral, democrática y participativa de desarrollo agrario campesino que posibilite la sustitución manual, gradual y concertada de los llamados cultivos de uso ilícito, que atienda las características ecológicas, sociales y económicas de las regiones, y entregue a los campesinos, con plazos precisos y expeditos, tierras aptas para la producción, con canales de comercialización y distribución de sus productos.
- La comunidad internacional debe asumir su compromiso con la problemática social planteada por los cultivos "proscritos" por la legislación, pero también su enorme responsabilidad con los impactos humanitarios, económicos, socioculturales, sanitarios y ambientales que ocasiona su "guerra contra las drogas". La participación de la comunidad internacional no puede, por tanto, limitarse a dádivas mitigadoras, ni mucho menos a imposiciones que lesionen nuestra soberanía nacional.
- Por estas consideraciones, la comisión rechaza el Plan Colombia y demás políticas de intervención extranjera que agreden a la población rural a nombre de la "lucha contra el narcotráfico".
- Ratificar la propuesta presentada en el Encuentro Internacional de Paz de Costa Rica en octubre de 2000, en el sentido de conformar con urgencia una Comisión mundial independiente y de alto nivel para evaluar los 25 años de la política antidrogas en Colombia y América Latina, y para que se pronuncie sobre las opciones de despenalización y legalización.
CONVERGENCIA A FAVOR DEL CAMPO Y DE LOS CAMPESINOS
Estas líneas estratégicas deben comenzarse a construir desde ahora. La historia pasada y reciente de nuestro país nos enseña que si la sociedad en su conjunto no se compromete con la realización de un programa nacional agrario y campesino, no habrá en nuestro país la paz con justicia social y democracia que todos anhelamos. Por las anteriores razones:
- Llamamos a todos los colombianos, en la ciudad y en el campo, a apoyar y participar en la movilización campesina nacional programada para septiembre de 2002 y las demás acciones de los movimientos de afrocolombianos, raizales e indígenas de carácter local, regional y nacional que se realicen en el segundo semestre del 2002.
- Nos comprometemos a acompañar y apoyar la Campaña por el Derecho a la Tierra y a solidarizarnos con quienes se levanten contra el Proyecto de Ley General Rural preparada por el Gobierno y contra las políticas de importaciones masivas de los productos agrícolas y pecuarios que podemos producir internamente.
- En primer lugar, participaremos en las jornadas de protesta que prepara el gremio panelero del sur de Colombia en defensa de miles de pequeños cultivadores de caña y productores artesanales de la panela, cuyo futuro esta amenazado por el grupo "Desarrollos Empresariales Caucanos", que construye un ingenio panelero en Padilla (Cauca) y aspira monopolizar el mercado panelero nacional, en contradicción con la ley 40 de 1.990 que ratificó que la producción de panela en Colombia tiene carácter artesanal.
- Llamamos a generar alianzas con organizaciones campesinas y movimientos de otros países, opuestos a la globalización neoliberal y a políticas como el Área de Libre Comercio de las Américas ALCA, Iniciativa Regional Andina IRA, y Plan Colombia.
- Hacemos nuestra la consigna central del Foro Andino "Las organizaciones del campo ante el Área de Libre Comercio de las Américas", reunido en la ciudad de Quito en abril del 2002:
"¡¡ No queremos el ALCA, otra agricultura es posible ¡¡ ".
NO a la globalización neoliberal, sí a la solidaridad mundial de los pueblos!!!
Moderadores: Henry Salgado CINEP, Eberto Díaz Consejo Nacional Campesino CNC. Relatores: Germán Bedoya Coordinador Nacional Agrario, Catalina Toro Cenrtro Debates. Ponentes: Darío González Indepaz, Carlos A.Rico CNC, Héctor Mondragón CNC, Francisco De Roux Programa Paz Magdalena Medio, Jesús A. Suarez ILSA, Alfredo Molano Investigador, Darío Fajardo FAO, Juan M. Ospina Senador, Martha Duque Indepaz. Intervenciones: 57. Participantes: 125, en su mayoría representantes de organizaciones sociales del campo.