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Un telón de fondo para el conflicto colombiano
Bernardo Pérez Salazar
“En Colombia no existen condiciones para una solución política negociada del conflicto interno. La creciente contracción de la autoridad del gobierno en áreas cada vez más densamente pobladas del territorio colombiano, puede desembocar en un escenario de «Estado fallido». Ésta no es una tendencia irreversible, pero en la actualidad la política del gobierno no responde adecuadamente al análisis de la crisis.”
Éstas son algunas afirmaciones controvertidas expresadas en el documento Laberinto colombiano, recientemente preparado por RAND CORPORATION para el Departamento de Defensa de los EE.UU., que motivaron la convocatoria del coloquio realizado el pasado 26 de julio en la Universidad Externado de Colombia para confrontar diversas visiones del conflicto colombiano y su manejo público. Entre los panelistas invitados hubo representantes destacados de las Fuerzas Militares, el Consejo Nacional de Paz, académicos colombianos y estadounidenses así como dirigentes políticos y gremiales del país. Al cierre Angel RABASA, coautor del documento, refirió sus percepciones acerca de las intervenciones del día.
RABASA reiteró la posición sostenida en su documento que el conflicto colombiano aún no presenta las condiciones de madurez requeridas para una solución política negociada exitosa. Señaló que cuando esas condiciones estén presentes, habrá un papel importante para los buenos oficios de terceras partes. Sin embargo sostuvo que como sucedió en Centroamérica, particularmente en el caso de El Salvador, hasta tanto las Fuerzas Militares no desarrollen una doctrina para retomar la iniciativa táctica y operativa, no se modificará la percepción de la insurgencia acerca de sus posibilidades reales de tomarse el poder por las armas, ni habrá condiciones para una negociación exitosa.
En torno al asunto de las "condiciones de madurez del conflicto" para la negociación exitosa, hubo posiciones notoriamente divergentes con la apreciación de RABASA. Susan BURGERMAN, de la Universidad de Columbia en Nueva York y María Teresa AYA del Externado de Colombia criticaron el sesgo armamentista del documento por la ausencia total de consideración del papel que pueden llegar a jugar los buenos oficios de terceras partes ayudando a abrir oportunidades para encontrar visiones integradoras y concertar reformas, al igual que para instrumentar y operar las instancias de verificación y sistemas de garantías de seguridad confiables y creíbles que eventualmente permitan el desarme de los insurgentes. Coincidieron además con prácticamente todos los demás panelistas, entre ellos el General Henry MEDINA, director de la Escuela Superior de Guerra, el senador Juan Manuel OSPINA y los profesores y dirigentes Cesar GONZáLEZ y Jorge Humberto BOTERO, en la necesidad de estructurar una respuesta integral dirigida a ganar el apoyo de la población para el Estado colombiano, mediante reformas urgentes e inversiones que permitan superar la marginalidad en que se encuentran particularmente las comunidades rurales del país.
Sin apartarse de la anterior consideración general, Camilo ECHANDíA, profesor del Externado de Colombia, señaló los resultados insatisfactorios de la acción que han adelantado tanto los gobiernos como la sociedad civil organizada durante los últimos lustros para afectar la intensidad del conflicto armado, el cual ha pasado por diversas fases y mutaciones pero no en una dirección que conduzca a la reducción de su intensidad o controlar su degradación, ni a modificar o desentrabar sus condiciones iniciales. Destacó la necesidad de reflexionar acerca de cómo mejorar la eficacia en el manejo del conflicto para incidir en la voluntad de paz de las partes, explorando qué es lo que se espera de la confrontación, cómo se valora lo conseguido hasta ahora, y cómo contribuir a modificar las expectativas que cada uno tiene sobre la confrontación.
La carencia de una agenda política coherente que trace orientaciones para un proyecto estratégico nacional mediante el cual se transforme el conflicto y se inciten condiciones propicias para la negociación exitosa de su solución política, se destacó con mayor relevancia al abordar los asuntos relacionados con la estrategia y doctrina militar. El general MEDINA señaló que aun con la asistencia militar de EE.UU. contemplada en el Plan Colombia y un incremento sostenido del gasto militar, será difícil asegurar avances en el manejo de la crisis colombiana, si el cuerpo social no define los intereses nacionales que deben residir en el "centro de gravedad" de un proyecto estratégico para terminar el conflicto. Aseguró que sin esa definición no es posible el desarrollo de una doctrina operacional distinta a la de responder a los requerimientos operativos formulados de manera sistemática por los diversos órganos de control y judiciales.
Carlos FRANCO, exintegrante del Estado Mayor del EPL y hoy miembro del Consejo Nacional de Paz, coincidió plenamente con el General MEDINA y señaló que la discusión del incremento del gasto militar a un nivel del 5-6% del PIB colombiano, sugerido en el documento de RAND CORPORATION, sólo podrá considerarse debidamente en cuanto exista una estrategia nacional integral concebida para transformar el conflicto armado en un proceso de negociación política que ponga fin a las hostilidades y establezca las relaciones futuras entre las partes. De lo contrario es improbable que el incremento del gasto militar contribuya a algo distinto que al escalamiento y degradación del conflicto y sus actores. Advirtió con preocupación que el comportamiento actual de las Fuerzas Militares está inscrito en una doctrina de "ejército de ocupación" que sólo se preocupa por la seguridad de sus fuerzas y de la misión militar, frente a una población y un territorio que en la práctica son tratados como una retaguardia profunda controlada por "el enemigo".
Ricardo ESQUIVEL, profesor del Externado de Colombia, también coincidió en considerar impostergable la formulación de una estrategia nacional integral para hacer frente a la crisis colombiana. Señaló que la ausencia de un núcleo bien definido de intereses nacionales ha conducido a Colombia a desplegar sus Fuerzas Militares para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional establecidas como tal por los intereses nacionales de EE.UU – narcotráfico e insurgencia –, en detrimento de la propia seguridad nacional e integridad territorial de Colombia. Esta debilidad estructural ha conducido a desnaturalizar a las Fuerzas Militares, obligándolas a cumplir funciones distintas a la defensa externa del país, exponiendo así al país a amenazas que provienen de sus vecinos, y al desgaste de las Fuerzas Militares ante la población, al intervenir en el conflicto interno y en la lucha antinarcóticos. Funciones que en estricto rigor no le competen a las Fuerzas Militares.
La discusión suscitada por los planteamientos acerca de la estrategia y la doctrina militar contenidos en el Laberinto colombiano, condujeron al cuestionamiento generalizado de la premisa central del Plan Colombia según la cual el vínculo entre insurgencia y cultivos ilícitos está en el "centro de gravedad" de la insurgencia. Andelfo GARCíA, ex-diplomático y académico, destacó que el apoyo financiero y asistencia militar de EE.UU. para Colombia es un asunto de competencia principalmente del Congreso de ese país, y que los resultados insatisfactorios obtenidos con los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico mediante el combate de la oferta han conducido a los congresistas de ese país a endurecer las exigencias de respeto a los derechos humanos y cercenar por completo los vínculos entre FF.MM. y paramilitares.
En relación con este aspecto del conflicto hubo consenso generalizado en que la política antinarcóticos del gobierno ha fracasado fundamentalmente por la carencia de una estrategia eficaz de inversión social y la reconversión económica en las zonas que dependen exclusivamente de cultivos ilícitos para sus ingresos. Juan Manuel OSPINA, Jorge Humberto BOTERO y César GONZáLEZ coincidieron en que la lucha antinarcóticos ha permitido al gobierno abrir espacios a la comunidad internacional para mediar en el conflicto colombiano, pero también para alimentar el paramilitarismo y desgastar inútilmente la institucionalidad pública y militar colombiana. Rechazaron firmemente la sugerencia del documento RAND de institucionalizar a grupos rurales de autodefensa. El senador OSPINA señaló que esta experiencia en el departamento de Antioquia es uno de los factores que hacen hoy de ese departamento el principal escenario de la agudización del conflicto armado en el país. Finalmente se reclamó una revisión de fondo de la estrategia antinarcóticos, y se recomendó reorientar el tratamiento actual eminentemente policivo por uno centrado en el desarrollo social y de la salud pública.
Naturalmente hubo aportes, divergencias y vacíos que quedaron sin resolver en el marco del evento, en relación con aspectos centrales del manejo del conflicto y la creación de condiciones propicias para la solución política negociada. Entre ellos, los canales para la participación de la sociedad civil en procesos "constitucionales políticamente relevantes", los modelos alternativos de gobierno local y los diferentes sistemas de partidos políticos para administrar las reformas acordadas, la construcción de garantías para facilitar la negociación, y la clarificación de las demandas sociales de reforma política que produzcan resultados que se beneficien de la inercia de una negociación política exitosa. Sin embargo el coloquio puso de relieve asuntos de peso relacionados con el conflicto como lo son la necesidad de construir una estrategia nacional integral para construir la paz , de precisar un marco y los elementos para valorar las "condiciones de madurez del conflicto", y para fortalecer la eficacia de la institucionalidad pública democrática para producir resultados en beneficio del interés general. Con base en estos núcleos temáticos y los vacíos que también se hicieron manifiestos en el evento, queda tendido un "telón de fondo" para encajar y ordenar los distintos eventos que ocurren en el proceso. La perspectiva del manejo del conflicto que este telón ofrece es la que el Observatorio del Manejo del Conflicto –organizador del coloquio – se propone alimentar difundir y poner al servicio para contribuir a crear condiciones de madurez para la solución política negociada del conflicto.
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