Intervención del senador Rafael Orduz Medina
en sesión plenaria del Senado de la República de Colombia el día 14 de agosto de 2001

Introducción

Para comenzar quiero decir que este debate es la expresión particular, colombiana, de la discusión mundial sobre la política contra las drogas. Una política que se inició hace 40 años, a partir de la Convención de 1961 de las Naciones Unidas, en la que se fijó la meta de acabar con el problema de las drogas en el mundo en 25 años. Sin embargo, a pesar del creciente aumento de los recursos mundiales dedicados a la política antidrogas, especialmente europeos y estadounidenses, el negocio de la droga sigue creciendo, y por ello se ha comenzado a hablar del fracaso de la “Guerra contra las Drogas”.

De acuerdo con lo anterior, la citación de un debate a la política no implica de manera alguna estar a favor del narcotráfico o tener la intención de favorecer sus intereses. Este debate parte del reconocimiento de todo lo que el narcotráfico le ha costado al país, causando la pérdida de vidas humanas, asesinatos políticos, crímenes selectivos de personalidades, afectación de los valores sociales, corrupción, distorsión de la economía y deforestación de nuestros bosques. Pero también quiere hacer relevante el costo de la política de erradicación forzosa mediante aspersión aérea para el país, señalar que parece ser que el remedio aplicado es peor que la enfermedad, pues existe evidencia de que afecta la salud humana, causa daños ambientales y desplazamiento. Son esas las razones por las cuales algunos nos oponemos a las fumigaciones como remedio.

Nuestra posición, reitero, no representa intereses ni de los actores armados al margen de la ley, ni del narcotráfico. En ese sentido creo que hemos sido difamados por defender este punto de vista sin que hayan sido considerados seriamente los argumentos que lo sustentan. Por eso me parece importante recordar que a lo largo del debate a esta política, que lleva ya más de veinte años en Colombia, otros colombianos han argumentado como nosotros: Así, en febrero de 1992 cuando fueron aprobadas las fumigaciones con glifosato para la erradicación de amapola, el expresidente Misael Pastrana Borrero se opuso radicalmente a esa medida e interpuso la primera acción de tutela en contra de las fumigaciones ante el Consejo de Estado[1]. De igual manera, en 1998 durante la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas (UNGASS), convocada para tratar el tema del control de las drogas, fue presentada una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan, en la que los firmantes manifestaban su preocupación por la amenaza de las drogas a sus sociedades pero igualmente porque el daño ocasionado por la política antidrogas de “guerra contra las drogas”, resultaba ser cada vez más nocivo para estas mismas sociedades, calificaban esa política como cada vez más represiva y también más costosa. Personajes colombianos como Augusto Ramírez Ocampo y Juan Manuel Santos, firmaron esta comunicación[2]. Hasta el mismo Presidente Andrés Pastrana afirmó durante su campaña a la presidencia en 1998 que “...íntimamente ligado al problema social y a la violencia está el asunto de los narcocultivos. Pienso que éstos no se erradicarán ni con fumigaciones ni con actos de fuerza. El narcocultivo, más que un problema judicial, es un problema social, derivado de la miseria de los miles de campesinos dedicados a esta actividad, arruinados por las equivocadas políticas agrarias de este gobierno”[3].

De manera que, para terminar esta introducción, quiero dejar claro que el propósito de este debate es cumplir con nuestro deber como congresistas, ser la expresión local de un debate de nivel mundial; ser constructivos, serios y propositivos porque creemos que es una discusión que también debemos hacer los colombianos y hacerla con argumentos serios. Por los mismos motivos hace un año promoví la discusión necesaria al uso de micoherbicidas, específicamente del Fusarium Oxysporum, para la erradicación de cultivos ilícitos y se ganó con argumentos. De eso se trata en esta oportunidad.

Los aspectos del problema de las drogas a los que haré referencia son cuatro: en primer lugar, explicaré en que consiste el debate mundial sobre las drogas; en segundo lugar, me referiré a la improductividad o ineficiencia de la política de fumigaciones; en tercer lugar, hablaré de los riesgos ambientales y para la salud humana; y por último, trataré el tema de los derechos humanos.

Primer punto: El debate mundial sobre la política antidrogas

La Convención Única de 1961 de las Naciones Unidas, fija el derrotero de la política antidrogas mundial, en ella se aseguraba que en 25 años la humanidad habría sido librada de las drogas. En los años siguientes en otras instancias y reuniones de las Naciones Unidas se ratificó esta política. Simultáneamente, Estados Unidos, país que con menos del 5% de la población mundial consume aproximadamente el 50% de las sustancias psicoactivas producidas en el mundo, declaró desde 1971, bajo el gobierno de Nixon la “Guerra contra las Drogas”. La estrategia global contra las drogas así consolidada, hace énfasis en la criminalización del consumo y la erradicación de la producción. De esta manera, el cultivo y la cosecha se convierten en blancos principales de la política antinarcóticos con el argumento de que la disminución de la oferta elevará los precios de las drogas y esto a su vez, desestimulará el consumo. El anterior es un razonamiento económicamente válido si se cumpliera la premisa de que la erradicación local o nacional implica disminución del área global de los cultivos. Los resultados de la política, en estos términos son bastante pobres, y a eso se debe el actual debate mundial.

La contradicción en las cifras sobre el valor del negocio, es decir sobre las ventas netas de esta multinacional del crimen, son una expresión del debate. Las Naciones Unidas hace dos años calcularon que el negocio asciende a 400 mil millones de dólares[4]. La revista “The Economist” en su último informe sobre el tema, establece que las ventas netas son de 150 mil millones de dólares[5]. No obstante la notable diferencia, cualquiera de las dos cifras evidencia que esta industria es una de las más prósperas a nivel multinacional, y lo que realmente comprueba es que hasta ahora la hipótesis de la erradicación como mecanismo de aumento de los precios no se cumple. En 1981, hablando de precios al por mayor, un gramo de cocaína con el 40% de pureza costaba 151 dólares, hoy un gramo de cocaína con el 70% de pureza cuesta 44 dólares. Esto indica que la premisa no se cumplió, la pregunta es ¿por qué?. Existen varias respuestas.

Una de ellas señala que las redes de distribución y la retroalimentación entre eslabones de financiación y de distribución funciona sumamente bien. De acuerdo con esa idea una de las tesis que quiero exponer es que pretender atacar el negocio golpeando al pequeño productor es una estrategia condenada al fracaso.

Si recorremos los eslabones de la cadena de producción del negocio de las drogas, tenemos: la siembra, la cosecha, el proceso de refinamiento (que se inicia en las cocinas rurales y termina en los laboratorios urbanos), la exportación de drogas de contrabando, la venta al por mayor y al detal, el lavado de dólares y la especulación financiera. Ahora, es importante relacionar esta cadena con la estructura del valor agregado en el negocio. Un kilo de base de coca, que es lo que producen los cultivadores del Putumayo, se vende a US$860; ese kilo de base de coca, tras el proceso adicional del laboratorio urbano, se convierte en cocaína y así tiene un valor de US$1500; vendido al por mayor en Estados Unidos cuesta US$25.250; y adquirido al detal por los consumidores en Manhattan o en Chicago tiene un valor final de US$110.000[6]. Si hacemos la operación matemática, vamos a encontrar cómo se distribuyen exactamente la rentabilidad, las utilidades y los ingresos brutos en toda la cadena del negocio. Y nos preguntaremos ¿Cómo es qué vamos a resolver el problema de las drogas golpeando justamente a aquellos que reciben menos del 1% de los ingresos de toda la cadena?.

En los Estados Unidos existen centros de investigación republicanos que tienen interesantes hipótesis que explican desde la perspectiva de los países consumidores el fracaso de la política y sostienen que es errada. El New York Times afirma que hace 15 años los gastos del Gobierno Federal de los Estados Unidos para la política de interdicción y criminalización del consumo eran aproximadamente de US$2000 millones, y que actualmente ascienden a US$19.200 millones. La revista “The Economist” establece que el presupuesto total (el federal más el estatal) norteamericano destinado a la lucha contra las drogas oscila entre 35 mil y 40 mil millones de dólares. “The Economist” también estima que las ventas al por menor en ese país de drogas psicoactivas son de 60 mil millones de dólares. Comparemos entonces las cifras del costo de la política y las de la dimensión del negocio sólo para los Estados Unidos.

Pasemos ahora a quienes abusan de las drogas, es decir, los adictos. De acuerdo con el Informe de las Naciones Unidas del año 2000, el cual se basa en información de 1998, se estima que en el mundo hay un total de 180 millones de adictos, de ellos 144.1 millones son de cannabis, que comprende tanto la marihuana como el hachís; 28.7 millones son de estimulantes anfetamínicos y de tipo éxtasis; los adictos a la cocaína ascienden a 14 millones y a los opiáceos, incluyendo la heroína, a 92 millones. Sólo en los Estados Unidos la población de adictos se estima en 5.5 millones: 3.5 millones de cocaína, 1 millón a la heroína y 1 millón a sustancias anfetamínicas y éxtasis. Esta cifra es superior a la de hace 10 años, sobre todo en lo que respecta a las sustancias anfetamínicas y éxtasis.

A las anteriores cifras de adicción podemos enfrentar un dato muy interesante, que actualmente alimenta el debate entre los republicanos frente a esta política. Se habla de que el número de adictos tratados por cada mil es el siguiente: heroína 35/1000, crack (elaborado a base de coca) 119/1000, cocaína 58/1000 y anfetaminas 40/1000. Estas cifras han conducido a preguntarse que tan eficiente es, en términos de costo – beneficio, gastar el dinero de los contribuyentes en una política que no ha dado resultados y si tal vez no resulta más eficiente, como el mismo Presidente Bush lo sostuvo en su campaña electoral, invertir en la prevención y el tratamiento de las adicciones.

Se puede concluir este primer punto, ilustrando la discusión central a través de dos perspectivas: una que reafirma la actual política basada en la criminalización del consumo y de los eslabones primarios, entiéndase cultivo y cosecha; la otra, que busca una reevaluación de la política, es decir plantea el tratamiento de la adicción como un problema de salud pública y la sustitución de las alternativas de erradicación forzada por desarrollo alternativo, inversión pública nacional y programas de cooperación internacional en las zonas productoras, que generalmente coinciden con las más pobres de los países productores, y por supuesto, por una corresponsabilidad internacional que implique atacar la distribución y los eslabones financieros del negocio. De eso se trata la discusión que se está dando en Holanda, Suiza y los Estados Unidos de manera muy interesante. El mundo esta discutiendo esta política y Colombia y este Congreso también deben hacerlo permanentemente.

Segundo Punto: la improductividad o ineficiencia de la política de fumigaciones

Hace dos semanas tuve la oportunidad y el honor de acompañar al Gobernador del Cauca, Floro Tunubalá, y al Gobernador de Nariño, Parmenio Cuellar, a Washington conjuntamente con el representante Gustavo Petro.

Durante el viaje, en diversas reuniones, sostuvimos tres argumentos: uno, la estrategia de fumigaciones es improductiva en sus propios términos, dos, genera un alto riesgo ambiental incluyendo riesgo a la salud humana, y tres, existe un problema de derechos humanos asociado. Por supuesto, nos encontramos con la visión de Washington, la visión oficial, que en mi opinión, tiene un origen absolutamente legítimo, pues como ya mencioné con menos del 5% de la población mundial, casi 280 millones de habitantes, los estadounidenses están consumiendo el 50% de las drogas psicoactivas del mundo. De tal manera que nuestros colegas norteamericanos tienen que convencer a su electorado de que hay estrategias en marcha, y por eso no evalúan mucho lo que se ha hecho, necesitan es demostrar que se está haciendo algo.

De esa experiencia mi conclusión es que, en principio, en los Estados Unidos el bajo interés por los impactos ambientales y sobre los derechos humanos no se debe a una falta de preocupación por el tema sino sencillamente a que su interés central es que se esté haciendo algo contra el problema de las drogas. Pero existe un espacio totalmente abierto para plantear la oposición a las fumigaciones ante muchísimas organizaciones ambientales, políticas y religiosas de la sociedad civil norteamericana únicamente con base en las razones por las cuales un país desarrollado se opondría a las mismas. Porque en cualquier país desarrollado, con la décima parte del riesgo que estamos registrando, ya se habrían suspendido las fumigaciones.

El tema de las fumigaciones y la discusión sobre las mismas es un cuento viejo. Desde hace mucho se reconoce que existe una estrecha relación entre la fumigación y la aparición de cultivos en otros lugares. Por ejemplo, cuando comenzó la fumigación en Colombia, para la erradicación de la marihuana con paraquat en los años 80’s, se calificó como un gran éxito porque se logró reducir el área cultivada en el país. Pero en contrapartida, se multiplicó por seis el área cultivada de marihuana en los Estados Unidos, de manera que la oferta global de marihuana lejos de disminuir se incrementó. Así mismo, en la década pasada se fumigaron, de acuerdo con la Policía Antinarcóticos, más de 320.000 hectáreas de cultivos con fines ilícitos, usando más de 3 millones de litros de herbicidas. Esto se relaciona con un hecho increíble: la cuadruplicación del área cultivada.

Si nos ponemos en el lugar de los legisladores norteamericanos, a pensar en los contribuyentes, resulta desastroso decirles que sus impuestos utilizados en Colombia en la lucha contra las drogas se han materializado en un mayor número de hectáreas cultivadas. De manera que los “éxitos” de reducción del área en Bolivia y Perú, anunciados por los sucesivos zares antidrogas de los Estados Unidos, se han trasladado generosamente a Colombia, y en el país del Guaviare se han desplazado con creces al Putumayo.

Se puede explicar el efecto producido con la imagen de la gota de mercurio, es decir, si se tiene una gota de mercurio y se golpea con un martillo, el mercurio simplemente se esparce. Esa es la historia de la movilidad de los cultivos con fines ilícitos en la zona andina y en muchas otras del mundo hoy. Adicionalmente, existe una explicación económica del fenómeno muy sencilla. Dada una demanda boyante y en aumento, y unas políticas de erradicación forzada, las fumigaciones sólo producen el efecto de movilidad porque los recursos necesarios para la producción están ahí: tierra, selva y mano de obra.

Fue así como fracasó la idea de pretender que con el control a la oferta subieran los precios de los estupefacientes, por eso en el 2000 se consiguen en los Estados Unidos drogas de mayor calidad y a mejor precio. Algo está fallando. Pese a este fracaso creo que uno puede perfectamente ser amigo de los Estados Unidos proponiendo cambios en la política. Y creo que tenemos todo el derecho moral para hablar de ello. Pero hay que tener iniciativa.

Para terminar este punto quiero leer una cita que encontré en un estudio sobre el caso de la Sierra Nevada: “esta fumigación no sirvió para la erradicación definitiva de la marihuana, por el contrario contribuyó a intensificar el daño ambiental afectando la salud humana y sobre todo aumentó la distancia entre los sectores campesinos y el Estado con un considerable incremento del descontento social. Sin preverlo, el Estado ayudó a abonar el terreno para la presencia de diversos grupos armados”, el extracto es de un documento elaborado por una entidad llamada Prosierra y esta firmado por el actual Ministro del Medio Ambiente, señor Juan Mayr, quien por entonces era su director.

Tercer Punto: los riesgos ambientales y para la salud humana que generan las fumigaciones

Por falta de tiempo voy a dejar de lado la historia de las decisiones institucionales relacionada con el uso del glifosato, el imazapir y el tebutirón para hablar directamente del caso del glifosato.

En múltiples ocasiones he escuchado decir que el glifosato es menos dañino que la sal, el café o las vitaminas. Al respecto quiero recordar que cuando se hizo el debate sobre el Fusarium Oxysporum, el Doctor Sands, propietario de la técnica de aspersión del hongo, promovió su uso haciéndonos creer que se podía comer con Korn Flakes. Por eso es necesario puntualizar algunos aspectos respecto al glifosato, sus componentes y los otros agentes químicos con que es mezclado y sus condiciones de uso. Para esa labor me voy a basar en el trabajo de algunos científicos colombianos, como la Doctora Elsa Nivia, bióloga y química, directora de Rapalmira. Pero también me referiré a estudios sobre este herbicida realizados en otras partes del mundo o por organizaciones como la Red de Acción de Plagicidas y alternativas para América Latina.

Es cierto que el glifosato en sí mismo no es altamente tóxico. Pero ocurre que el glifosato en una de sus principales formulaciones, llamada Roundup, se encuentra mezclado con un surfactante llamado POEA, polioexietilamina, el cual es cinco veces más toxico. Entonces Roundup no es sinónimo de glifosato, es glifosato más unos aditivos, en este caso el POEA. Esta formulación sí puede resultar hasta 22 veces más tóxica para los seres humanos que para las ratas. Adicionalmente, resulta que en Colombia se emplea una formulación llamada Roundup Ultra que contiene una mayor concentración de glifosato y POEA, que el simple Roundup. Pero además al Roundup Ultra se le adiciona otro surfactante que puede cuadruplicar la acción biológica del tóxico, el Cosmoflux.

Solamente hasta hace muy poco la Defensoría descubrió que se estaba utilizando la formulación del Roundup Ultra, y la Policía lo reconoció cuando lo hizo el General Gilibert hace un mes. Antes el país desconocía qué se estaba usando, y por supuesto, así como no conocíamos la formulación tampoco conocemos hoy los estudios del Ministerio de Salud y del Medio Ambiente sobre la misma.

Y ¿cuál es el efecto del Roundup Ultra?, sin ser un experto trataré de explicarlo. Entiendo que los productos detergentes, son aquellos como el jabón y el shampoo, los cuales al aplicarse no penetran en la piel. En contraposición, los productos aditivos, como el POEA y el Cosmoflux, son no – detergentes, su función consiste en facilitar que el glifosato penetre en las hojas de las plantas. Estos surfactantes no – detergentes, al entrar en contacto químico o biológico con las superficies de los organismos causan un efecto corrosivo. En consecuencia si a mí me cae Roundup Ultra, puede entrar en mi organismo a través de la piel causando intoxicaciones y afecciones dérmicas, entre otros. Al respecto existe suficiente evidencia, y ya se ha identificado una sintomatología específica: fiebre, vómito, cefalea, irritación ocular, etc., que han padecido los habitantes de las zonas fumigadas, y de la cual pueden dar testimonio los indígenas del Cabildo de Aponte, Nariño, aquí presentes,; además de la muerte de animales domésticos que se dispara justo después de las fumigaciones. Mi pregunta es, ¿Cómo es posible que esto no le llame la atención o le preocupe al Ministerio de Salud?. Adicionalmente, el glifosato esta clasificado como de amplio espectro, lo que significa que es un herbicida no selectivo, es decir, ataca la yuca, el plátano, el maíz y todo tipo de plantas. Por eso es que ha causado tantos daños en los cultivos de pancoger de las comunidades fumigadas.

A continuación quiero exponer algunos datos casuísticos sobre el glifosato:

Para comenzar voy a relatar una anécdota. Durante una rueda de prensa en el viaje que ya mencioné a los Estados Unidos, una periodista del Washington Post intervino para decir que no entendía en que consistía el problema del uso del glifosato en las fumigaciones en Colombia, pues ella empleaba glifosato con cierta frecuencia en labores de jardinería en el patio de su casa. A manera de respuesta, el representante Gustavo Petro, le formuló las siguientes preguntas: ¿usted utiliza avioneta para aplicar glifosato en su patio?, y cuando lo emplea ¿mantiene los tanques de agua abiertos? Y ¿se encuentran niños o personas en el área?.

Para ampliar este punto quiero hacer referencia a un documento de la Monsanto. Se trata de las condiciones de uso que prescribe la industria agroquímica que fabrica el Roundup. Para la fumigación aérea establece los siguientes requisitos:

“Condiciones ambientales para aspersión aérea. Temperatura ambiental no mayor a 29ºC; humedad relativa mayor a 60%; velocidad del viento menor de 75 Km/h - 1.94m/seg; aplicar cuando se esté seguro de que no existen inversiones térmicas (diferentes temperaturas entre suelo y aire); Altura de vuelo: 2 metros sobre el cultivo. Algunas mayores favorecen el riesgo de deriva y aumentan la evaporación de la mezcla aplicada”.

Esto último quiere decir que si se fumiga cinco o diez metros por encima del cultivo el viento se lleva el Roundup y puede caer sobre zonas no deseadas o fuentes de agua.

“Condiciones Generales. Aplique con viento en calma. Evite el contacto con los ojos y la piel. Causa irritación. Al terminar cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón. No contamine las fuentes de agua. Durante la aplicación evite que el producto caiga sobre las hojas o partes verdes del tallo de los cultivos”.

¿Cómo pueden los pilotos volando a cinco o más metros de altura en el macizo Colombiano. distinguir las quebradas y los cultivos lícitos a esa velocidad?.

Continuando con el asunto de las condiciones de uso, de acuerdo con la Ley de Fander Jas, por cada 10ºC de aumento en la temperatura opera una duplicación de los efectos biológicos y metabólicos del herbicida. Esto quiere decir que para el caso de Colombia, en donde las fumigaciones se realizan en tierras ubicadas a menos de 1.500 m.s.n.m. donde predominan temperaturas tropicales que oscilan durante el día cerca de los 30ºC frente a los 20ºC del uso recomendado, el efecto del glifosato se duplica.

Quiero mencionar otros dos datos adicionales. Primero, el Fiscal General de Nueva York, decidió hace poco obligar a la Monsanto retirar de la etiqueta del Roundup dos términos: “biodegradable” y “ambientalmente seguro”. Y esto sucedió porque la Fiscalía de Nueva York comprobó que el glifosato no es ni “biodegradable” ni “ambientalmente amigable”. Segundo, de acuerdo con el señor Francisco Palacios, un colombiano PHD del International Center for Foreing Policy, sostiene que el glifosato puede ser elaborado con base ácido o con base en sales. La forma salina usada en Colombia, llamada sal de isopropilamina N – fosfonometil, la más tóxica.

Ahora quiero pasar a otro aspecto del tema que merece mención: los efectos del glifosato sobre la salud humana. Recientemente dos investigadores suecos, publicaron en el Jornal de la Sociedad Americana de Cáncer un estudio donde comprobaron los claros vínculos entre el glifosato y el Linfoma No – Hodgkin’s, una forma de cáncer. Su investigación refuerza las preocupaciones de ambientalistas y profesionales de la salud en el sentido de que los cultivos resistentes al glifosato y aquellos que son expuestos al mismo, pueden guardar residuos del herbicida que una vez absorbidos por los consumidores a través de los alimentos, pueden facilitar la adquisición del Linfoma No – Hodgkin’s.

Finalmente, quiero mencionar el caso de los indígenas de Aponte, quienes suscribieron con el Gobierno un acuerdo de erradicación manual voluntaria de los cultivos con fines ilícitos, pero ya han sido fumigados varias veces, la última hace una semana. Tengo en mi poder algunas solicitudes de remisión de pacientes atendidos después de esa fumigación en Aponte por la Asociación Mutual de La Cruz, una empresa solidaria de salud. Se trata del caso de cuatro niños menores de siete años, la sintomatología en general es: cefalea (dolor de cabeza), fiebre, dolor abdominal, inapetencia, vómito y diarrea, y hasta deshidratación. Y quiero relacionar estos casos con una referencia a un estudio realizado por una médica de Estados Unidos, “En 1990/91 se iniciaron las fumigaciones con Roundup en Hawai. Hasta ahora este es el único Estado de los Estados unidos en donde se ha aplicado en gran escala, la Doctora Patricia Bailli, médica de Hawai, encontró que entre los residentes locales de las áreas asperjadas, son muy comunes las afecciones de tipo gripal, náuseas, dolores de cabeza, diarrea y fatiga, así como las irritaciones oculares y respiratorias. Las quejas son estadísticamente significativas”[7].

Cuarto Punto: los Derechos Humanos.

Voy a comenzar con una reflexión sobre la decisión del Gobierno de fumigar los cultivos industriales pero no a los pequeños cultivadores para ver cómo está operando esto en la práctica.

De un lado, la Resolución 0005 del 11 de agosto de 2000 de la Dirección Nacional de Estupefacientes bajo el supuesto de que la estrategia de los empresarios del narcotráfico es la fraccionamiento de los cultivos autoriza la fumigación en terrenos menores a dos hectáreas. De esa manera sencillamente la fumigación de los pequeños cultivadores en la práctica está autorizada.

De otro lado, de acuerdo con los informes de la Defensoría uno llega a la conclusión de que la motricidad en la fumigación no puede ser fina. Esto es evidente porque varios proyectos de desarrollo alternativo como el Proyecto de Desarrollo Rural financiando por la GTZ, que es la agencia de cooperación alemana, y la Red de Solidaridad en la bota caucana fue fumigado a finales del 2000, proyectos financiados por el Plante con otros organismos nacionales e internacionales fueron fumigados a finales del 2000 e inicios de este año, proyectos de sustitución maderera con las comunidades del Río Cimitarra en el sur de Bolívar corrieron la misma suerte. Esto nos indica además la precariedad de la coordinación institucional y la falta de una política de desarrollo alternativo.

La conclusión es que la política de fumigaciones sí está afectando directamente a los pequeños cultivadores y al precario desarrollo alternativo que se les ofrece como opción. Pero en adición, actualmente el resultado concreto de esta política es el crecimiento de una de las más grandes tragedias humanitarias del país, al lado de otras como el secuestro, las masacres, las tomas de poblaciones inermes y las voladuras de torres, es decir, el desplazamiento forzado. El mismo Plan Colombia, versión Washington prevé este desplazamiento forzado en el presupuesto del año pasado, asumiendo que se tratará de unas 15.000 personas. En realidad el número de esos desplazados se estima en 40.000.

Por las razones ya mencionadas, las fumigaciones generan un efecto migratorio hacia las ciudades y hacia la expansión de la frontera agrícola y amazónica. De manera que aquí tenemos que romper este círculo vicioso: la fumigación produce contaminación y la destrucción del sustento, esta destrucción genera migración, la migración produce deforestación y nuevamente el surgimiento de los cultivos ilícitos y llegamos de nuevo a la fumigación. Ese es el círculo que tenemos que romper.

Lamentablemente, ese circuito esta inmerso dentro de otro: acción antidrogas mezclada con labor contrainsurgente, conduce a un incremento de la guerra, a una degradación del conflicto, a una degradación del Estado, que de hecho aparece muy poco en esas zonas. Los jóvenes, de acuerdo con lo que cuentan las madres de la zona, se van indistintamente a la guerrilla o al paramilitarismo, esa es toda su perspectiva; se extiende la guerra, las drogas alimentan la guerra y de nuevo viene la acción antidroga, antinsurgente.

Para concluir quiero leer una constancia que algunos colegas dejaron aquí en 1992 y dice lo siguiente:

“El Senado de la República recomienda al Gobierno Nacional revisar la decisión tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes el viernes 31 de enero, en la que se aprueba el uso de glifosato mediante la aplicación aérea para erradicar los cultivos ilícitos en nuestro país. Una decisión de tal naturaleza no puede tomarse sino con el correspondiente estudio de impacto ambiental y los efectos sobre la salud humana, la flora y la fauna, así lo recomendó esta Corporación mediante proposición aprobada por unanimidad el día 19 de diciembre de 1991.

Si tal decisión fue aprobada con el voto en blanco del Ministerio de Educación y el Procurador General de la Nación y también con el voto en blanco de Ministerio de Salud, merece ser estudiada con mayor detenimiento, analizando alternativas que no deterioren el ecosistema, ni afecten la paz social y ecológica”[8].

Firman los senadores Andrés Pastrana Arango, Pedro Bonett, Anatolio Quirá, Bernardo Zuluaga, Alberto Montoya Puyana, María Stella Sanín de Aldana, Aníbal Palacio, José Raimundo Sojo Zambrano, Regina Betancurt de Lizca, Jorge alberto Hernández, Ecuardo Chávez, Amilkar Acosta, Claudia Blum de Barbieri, Alvaro Pava, María Isabel Cruz, Carlos Corssi.