ESCENARIO AMAPOLERO EN EL SUR DEL TOLIMA

En un sentido amplio, la región del Sur del Tolima está compuesta por los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco, los cuales conforman la cuenca Atá-Saldaña; los municipios de Ortega, San Antonio, Rovira y Roncesvalles, que constituyen la zona del Cucuana, ambas cuencas consideradas dentro de la estrategia de regionalización del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PDA-PLANTE) como sus zonas de intervención en el Departamento; región a la cual se agregan los municipios de Coyaima y Natagaima.

En la región habitan cerca de 22 pueblos indígenas de Coyaimas- Natagaimas y Paeces, localizados en los municipios de Ortega, San Antonio, Chaparral, Planadas y Rioblanco En su conjunto los 10 municipios suman una población de 263.268 habitantes (aproximadamente el 20% del total de la población del departamento) y un área aproximada de 10354 km. cuadrados, correspondiente al 44% del área del departamento.^[1]

Como se mostrará adelante, el proceso histórico de configuración de esta vasta región tolimense ha estado asociado, desde su proceso de poblamiento y colonización, a múltiples conflictos étnicos, agrarios, a la violencia bipartidista y a la guerra insurgente y contrainsurgente, que perdura hasta hoy.

En un sentido mas restringido y para las consideraciones de este estudio, la subregión sur del Tolima comprende los municipios de Ataco, Planadas, Rioblanco, Chaparral, los cuales conforman, de acuerdo con la subregionalización contenida en el Plan de Desarrollo Departamental, la Asociación de Municipios del Sur del Tolima (AMUSURT).^[2] Los cuatro municipios abarcan una extensión aproximada de 5.935 kilómetros cuadrados, lo cual representa un 25% del territorio del departamento y una población estimada de 129.814 habitantes, que representa aproximadamente el 10% de la población del Departamento. (Cuadro Datos Generales)

El Parque Natural Nevado del Huila tiene reconocimiento oficial desde 1977 (resolución 13, de mayo 2 de 1977). En aquella época la cota de colonización no sobrepasaba los 1.500 msnm.; a finales de la década de los ochenta se ubicaba en 1.800 y, con posterioridad al surgimiento de la amapola, hacia 1992, se registra actividad colonizadora a más de 3.500 metros, sobrepasando el límite establecido del Parque, admitido en 2.600 msnm..

El proceso de producción de amapola ha contribuido a la destrucción de por lo menos 20.000 hectáreas de los bosques del parque, sin contar cerca de 15.000 hectáreas de bosque, entre los 1.700 y 2.500 msnm., en sólo los municipios de Planadas y Rioblanco.

A manera de ilustración sobre la problemática ambiental y social del sur del Tolima, en el municipio de Planadas había en el año 70 cerca de 140.000 hectáreas de bosque, 1.000 en ganadería y 50 en cultivos ilícitos. Hacia 1992, momento de auge de la amapola, se registraban poco más de 120.000 hectáreas de bosques naturales, 3.000 en ganadería y 2.000 de cultivos ilícitos, especialmente amapola^[5]. Para Rioblanco, las cifras en proporción son bastante similares.

En síntesis, a partir de 1990, y luego de la irrupción de la amapola, la colonización aumentó drásticamente, con promedios anuales de tala de bosques y rastrojos de hasta 2.000 hectáreas año. Esta situación se mantiene más o menos hasta 1996, momento de crisis de la amapola ocasionado por las recurrentes fumigaciones aéreas y por la tendencia declinante del precio del látex.

Si para 1994, los cálculos oficiales sobre el área de cultivos de amapola en la región surtolimense ascendía a 5.124 has., correspondiente al 25.4% del total nacional, en 1998, aunque se redujo sensiblemente el área de siembra por efectos de la fumigación, a cerca de 3.000 has., aumentó el porcentaje de participación al 38.5% del total nacional^[6].

La situación económica precaria en que se encuentra el campesinado hoy, es la mejor motivación para que de nuevo la superficie de cultivos ilícitos crezca como en el pasado reciente. Para el caso de Planadas, por ejemplo, si en el año 1998, la crisis de la amapola permitía registrar no más de 600 hectáreas activas de amapola, hoy la preocupación es que nuevamente se alcancen cifras significativas de cultivo, como parecen revelarlo las encuestas, en vista de la carencia de salidas productivas viables para el campesinado, contando con el referente de las cerca de 2.000 hectáreas que llegaron a cultivarse en la época del boom amapolero, referente que forma parte del imaginario y de lo posible en el sentir del campesinado.

En la macroregión surtolimense, compuesta por 10 municipios, Planadas y Rioblanco, lugares de asentamiento, a partir de 1985, del cultivo de la amapola, presentan los mayores índices de crecimiento poblacional, y los mayores porcentajes de migración intrarregional e interregional, pero también, según los registros de Pastoral Social, a raíz del conflicto armado agudizado en la región presenta los mayores porcentajes de población desplazada hacia la ciudad de Ibagué. Así, desde enero de 1998 a junio del 2000, Rioblanco registraba 209 familias desplazadas correspondiente al 67% del total de la población desplazada del departamento, Ataco 49 familias desplazadas correspondiente al 15,9% del total de las familias desplazadas del departamento, San Antonio y Rovira 7 familias cada uno, Chaparral 6 familias y Planadas 4 familias desplazadas de un total de 310 familias desplazadas en el departamento.

Como puede observarse en el cuadro sobre evolución de la población, entre 1973 y 1999, Planadas, centro donde se localizó el estudio, presenta un constante crecimiento de la población durante el periodo. Así entre 1973 y 1985, presentó un crecimiento del 24,9%, mientras que en el periodo 1985-1993, creció en un 19,2%, y según la proyección con base en el censo DANE de 1993, su crecimiento alcanzó el 27,6%, promedios de crecimiento para cada periodo muy destacados con respecto al crecimiento de la población del total de los municipios del sur del Tolima y del total del crecimiento departamental.

El periodo de crecimiento 1973-999 de Planadas correspondió a un 89,95% muy por encima del crecimiento de los municipios del sur del Tolima y sólo superado por Rioblanco con el 121% y por Roncesvalles con el 93,47%. El porcentaje de crecimiento del municipio, durante el periodo 1985-1999, periodo de instalación y desarrollo del cultivo de la amapola, correspondió al 52,1%

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SUR DEL TOLIMA 1973 - 1999

El municipio de Planadas constituye el núcleo poblacional mas importante del área. De acuerdo a las proyecciones del censo del 93, para 1999, contaría con 32.660 habitantes, 8.660 de los cuales, cerca del 25% del total, se concentran en su cabecera municipal y el resto, 24.000 habitantes, aproximadamente el 75%, se encuentran en el área rural del municipio.

El municipio cuenta con un total de 80 veredas, un corregimiento, el de Gaitania, con aproximadamente 2.000 habitantes en su cabecera, una inspección de policía, la de Bilbao, con 1.000 habitantes, y en su área se localiza el resguardo indígena Paéz de Gaitania, con 2.000 pobladores. Adicionalmente, dentro del área de influencia del estudio, en relación con el cultivo de la amapola, se encuentra el núcleo poblacional de Herrera, con 1.500 Habitantes, perteneciente al municipio de Rioblanco.

En correspondencia con la distribución de estos grupos poblacionales se encuentran algunos epicentros que cubren las diferentes subcuencas del área de estudio. Así, sobre la cuenca de Siquila se encuentran los epicentros de Santa Rosa y Siquila, y sobre la cuenca del San Miguel, se localizan los epicentros de San Miguel, Puerto Tolima, Puerto Limón, Villanueva y el Resguardo Indígena Páez, epicentros que en un sentido amplio son considerados como pertenecientes a la subregión denominada como Marquetalia.

Los actuales pobladores de la zona de estudio proceden fundamentalmente del mismo departamento del Tolima, de la subregión surtolimense y especialmente, del mismo municipio de Planadas. En efecto, los resultados de la encuesta muestran que el 70% de las actuales familias proceden del departamento del Tolima, y de éste, el 70% procede de municipios como Planadas, tanto de la parte urbana como del ámbito rural de los corregimientos de Gaitania y Bilbao, Rioblanco, Ataco, Chaparral, Coyaima e Ibagué, entre los principales. Le siguen en importancia, pero desde muy lejos, los departamentos vecinos de Huila, con el 5,9%, Cundinamarca y Boyacá con el 4,9%, Cauca con el 4,5% y Valle con el 3,5%. (Véase Tabla de Procedencia y Tabla de Municipios expulsores de población..)

Fuente: Fundación Atá-Saldaña, equipo de investigación, con base en resultados de la encuesta. Julio de 2000.

En este sentido, se destaca una predominancia del fenómeno de las migraciones intrarregionales sobre las migraciones interregionales, que primaron hasta la década del sesenta, lo cual se explica en primer lugar, por el surgimiento de la amapola como renglón productivo rentable, dentro de una estructura productiva subrregional en crisis y poco viable hacia mediados de los ochentas y, en segundo lugar, por la ausencia de alternativas productivas lícitas en el sur del Tolima.

En este punto también importante resaltar cómo la mayoría de los migrantes interregionales, es decir aquellos que procedían de los departamentos diferentes al Tolima, como los procedentes del Guaviare, Caquetá, Meta, Risaralda, Quindío y Antioquia, quienes fueron los que introdujeron las prácticas de cultivo de la amapola y la comercialización del látex, abandonaron la subregión durante los periodos 1993-1996, como lo señalan las entrevistas realizadas en la zona: "los de aquí, los que cultivamos, campesinos e indígenas, no hicimos plata, los que hicieron plata fueron los de afuera, los compradores. Ellos se fueron."^[7]

Llama la atención el hecho de que tratándose de asentamientos que comenzaron a formarse en la década de los sesentas, producto de procesos de colonización empujados fundamentalmente por la violencia bipartidista, el porcentaje de la población de más de 15 años de permanencia en la zona sólo sea en promedio de 37% y que más de la mitad de la población esté viviendo en la zona desde hace sólo diez años. (Véase cuadro de permanencia). Estos resultados podrían estar indicando que los ciclos de poblamiento están muy relacionados con factores de atracción de población, tales como las bonanzas de cultivos ilícitos, en este caso de amapola, lo cual es consistente con el hecho mencionado de que más de la mitad de la población tenga una permanencia menor a los 10 años.

Los primeros colonos, los fundadores, emigraron de la zona después de cumplido un ciclo de tumba de monte, civilización de los suelos e implantación de pasturas y que, desde luego, no alcanzaron a vivenciar el fenómeno de la amapola.

A este respecto, y analizada la información por veredas, se destacan los casos de Villanueva (Villanueva, Guayabos, Peña Rica y Marquetalia) y Siquila, como asentamientos “jóvenes”, en los cuales el 80% y el 84% de la población, respectivamente, tienen una permanencia menor de diez años en la zona. (Véase cuadro de permanencia No. ). Por el contrario, Pto. Limón, Pto. Tolima, Santa Rosa y la población indígena del resguardo, muestran la más alta proporción de población con permanencia mayor a 15 años en sus respectivas veredas.

Si bien el municipio, ha venido introduciendo reformas de en su estructura administrativa, en procura de asumir y responder a su nuevo rol dentro del esquema de descentralización, son notorias también las dificultades con que cuenta para asumir esas nuevas responsabilidades. Al igual que en otros muchos municipios del país, la debilidad de su propia estructura institucional ahonda el abismo entre la normatividad y su aplicación, entre el curso legal y su proceso de legitimación, fenómeno explicado en parte por la misma precariedad de la administración pública local, la ausencia de una cultura de la gestión pública, y la insuficiencia de programas de apoyo y asesoría al desarrollo institucional local, pero en gran parte debido también a los bajísimos niveles de articulación de las estructuras decisionales locales con la propia comunidad.

De hecho, además de la todavía precaria estructura institucional local y de los problemas que ello arrastra en cuanto a la gestión pública, en términos de su eficacia y eficiencia, los mayores tropiezos se presentan al observar la poca capacidad de la institucionalidad local, para organizar e integrar a su propia comunidad en torno a los procesos de construcción colectiva del municipio.

La oficina de planeación es débil precisamente porque no cuenta con los recursos técnicos humanos y financieros que le permitan ejercer un rol más protagónico dentro de la estructura decisional del municipio, y sobre todo, no puede con su poca capacidad instalada darle coherencia a las diversas acciones de gobierno locales, incorporando en ellas a las instancias de participación definidas en la normatividad vigente.

No existe un Consejo Municipal de Desarrollo Rural, para la elaboración de una agenda de trabajo, que le permita consolidarse como instrumento de participación, concertación y planeación del sector rural, y que tenga claro su nivel de interlocución con la estructura decisional del municipio respecto a sus recursos técnicos y financieros, y frente a las labores de seguimiento, control y veeduría pertinentes. Esta instancia de planificación es esencial para el desarrollo de programas y planes de sustitución de cultivos, de reconversión productiva zonal o regional que eventualmente se puedan aplicar.

El apoyo de las entidades de crédito y de asistencia técnica es débil. La cartera del Banco Agrario muestra un indicador de alta morosidad y la Umata, encargada de la atención a los pequeños productores no tiene una real capacidad para atender a más de 1.000 familias; ello, por su estructura institucional y la carencia de planes y programas efectivos que lleguen al campesinado. Particularmente la no existencia de un plan agropecuario municipal (PAM), dificulta enormemente las posibilidades de un programa de reconversión productiva zonal y subregional.

La red vial que comunica con la cabecera municipal de Planadas, sus epicentros principales, es insuficiente y se encuentra en precarias condiciones. De hecho, la subregión sur del Tolima y, en especial, Planadas tiene que sufrir recurrentemente la interrupción de su comunicación terrestre debido al taponamiento de sus únicas vías de acceso: la vía Ibagué- Ataco- Chaparral Planadas; la vía Neiva- San Luis- Gaitania- Planadas; la vía Neiva- Santa Rita- Planadas y la vía Neiva- Pto. Limón Planadas. De acuerdo con el último Plan de Desarrollo municipal, el total de la red vial del municipio es de 300 kilómetros, de los cuales el 97% se hayan destapadas, en mal estado y tan sólo el 3%, a la salida del municipio, está pavimentado. El traslado a la cabecera municipal, desde otros sectores rurales y centros urbanos por vía terrestre, de pasajeros y carga se realiza por las empresas de transporte Coomotor, Cootranshuila, Cointrasur y Cootransplanadas, de las cuáles esta última cubre las rutas interveredales.

Por vía aérea la conexión con la cabecera municipal se hace a través de la empresa SADI, la cuál realiza vuelos más o menos regulares, entre Ibagué- Planadas- Neiva; Chaparral- Planadas, de acuerdo con la demanda existente.

No obstante que Planadas muestra una sensible deficiencia en servicios públicos (véase servicios públicos), su indicador de NBI compuesto es menos crítico, respecto al conjunto de diez municipios de la subregión sur. En efecto, el 65.6% de las personas tiene NBI, frente a una situación de mayor pobreza estructural en municipios como Ataco, Coyaima y Rioblanco. En relación con el promedio departamental (37.5%), sin embargo, todos los municipios sur del Tolima están muy por encima en condiciones de pobreza. El indicador de miseria es consistente con el de NBI, correspondiendole a Planadas un 36.5%, superado por los municipios de Ortega (37%), Ataco (44.5%) y Coyaima con el 55.4%. Pero también, al igual que lo que sucede con el NBI, todos los municipios del sur, frente al promedio departamental (14.7%), están muy por encima.

FUENTE: DANE - Cámara de Comercio. Tolima en cifras, 1998-1999. Proyecto:    

Respecto a los indicadores de condiciones de vida, la incidencia de pobreza por zona, Planadas presenta un valor de 46.7%, sólo superado por Coyaima y Ataco y ligeramente por Rioblanco. Frente al promedio departamental, determinado en 66.9%, quienes están mejor son Chaparral y Natagaima. (Véase cuadro Indicadores de Condiciones de Vida).

FUENTE: DANE - Cámara de Comercio. Tolima en cifras, 1998-1999. Proyecto:

Planadas cuenta con 2.068 suscriptores de energía y su cobertura de acueducto urbano es de 87.7%, de aseo del 79%, de alcantarillado del 66.4% y cuenta con 1.060 líneas telefónicas. Estas coberturas son inferiores en relación con la mayoría de los diez municipios de la subregión, lo cual denota un sensible déficit, de acuerdo con sus tendencias de crecimiento poblacional, en infraestructura hidráulica, sanitaria y de redes telefónicas. (Véase cuadro Servicios públicos).

En el ámbito rural la cobertura de servicios es considerablemente menor. Tan sólo el corregimiento de Gaitania y la inspección de Bilbao, cuentan parcialmente con servicios de agua, alcantarillado aseo y energía. No poseen servicio de reciclaje y eliminación de basuras.

FUENTE: DANE - Cámara de Comercio. Tolima en cifras, 1998-1999. Proyecto:

Según fuentes consultadas (y contrastadas), Planadas cuenta con 5.021 viviendas, de las cuáles 1.173 en la cabecera y 3.848 en el área rural. La densidad ocupacional es del orden de 6.5 personas por vivienda, por encima de la presentada por el conjunto de municipios del sur de Tolima, la cual es de 5.32. Esto es consistente con el mayor crecimiento poblacional de Planadas respecto de los demás municipios de la subregión sur y sugiere un proceso de relativo hacinamiento, y la presentación de ciertos rasgos de segregación urbana, como lo indica la existencia de barrios subnormales, tales como "el bajo Osorio" (50 viviendas).

Según el último plan de desarrollo municipal, sólo el 35% de las viviendas posee los servicios de energía, acueducto y alcantarillado; mientras el 46% no posee ninguno de los servicios y el 19% tiene por lo menos un servicio. En el sector rural se cuenta apenas con un 25% de cobertura de servicios, y el 58% de familias no posee ningún servicio.

FUENTE: DANE - Cámara de Comercio. Tolima en cifras, 1998-1999. Proyecto:

Este estudio toma como referente para sus inferencias de cobertura y uso productivo del territorio un área de 10.083 hectáreas, cifra que resulta de la suma de todas las áreas productivas de 20 veredas encuestadas. Esa superficie, representa poco más del 7% de la extensión del municipio de Planadas, lo cual tipifica una muestra muy representativa. Además, las veredas referenciadas constituyen lo más representativo del fenómeno amapolero, por lo cual, las inferencias y el análisis constituyen un estudio de caso.

La cobertura de uso actual del suelo muestra una significativa proporción en bosques y rastrojos, lo cual permite inferir que el modelo de aprovechamiento –como se comentó más atrás- fue el de una colonización campesina, tendida a la agricultura y no hacia la “ganaderización”, con efectos, por lo tanto, menos predatorios sobre el ambiente y con mayores potencialidades de desarrollo sostenible hacia el futuro mediato. En efecto, el 68% de la cobertura corresponde a bosques y rastrojos, el 20% a pastos el 3.2% a cultivos agrícolas de pancoger y comercalizables y el 4.1% a cultivos de amapola. (Véase cuadro de Cobertura y uso productivo del Suelo)

Esta estructura de uso, permite tipificar una economía campesina con procesos de colonización no consolidados, o mejor, con posibilidades de ampliación de su frontera productiva en términos de mayor sostenibilidad ambiental y socioeconómica, apoyada en su riqueza de bosques y en las posibilidades de uso de rastrojos para implementar modelos agroforestales y agrosilvopastoriles.

La cobertura de amapola es hoy, mínima, de sólo 413.25 hectáreas, un tanto superior a los cultivos legales (322.5 hectáreas), las que sin embargo, hacia 1992 alcanzaron cerca de las 2.000 hectáreas.

Fuente: Elaborado por investigadores, con base en encuesta aplicada.

En la década de los noventa, la reconversión del paisaje motivada por la amapola, se expresa en la sustitución del bosque en 1.257 hectáreas (el 60%), de rastrojos en 706 hectáreas (el 34%) y de cultivos agrícolas en 143 hectáreas (el 7%); un total de 2.106 hectáreas sustituidas^[8], con un costo importante sobre el bosque y los rastrojos. En relación con el área agrícola sustituida, es decir 143 hectáreas, su magnitud no es desdeñable, por cuanto la actual frontera agrícola es de aproximadamente 322 hectáreas; esto significa que la sustitución de alimentos representa en una perspectiva presente algo así como el 44% de la actual frontera agrícola. Tal proporción es la medida de la reducción en la producción local de alimentos que en su momento fue compensada con importaciones de los mismos desde otras localidades y regiones. (Cuadro Sustitución del paisaje por amapola)

Las veredas más representativas de la zona de estudio, en cuanto al fenómeno amapolero que nos ocupa, presentan una gran dificultad de comunicación con los cascos urbanos y, en general, con los poblados, debido al mal estado de las vías y a una inadecuada o inexistente infraestructura vial y de apoyo a la producción. Al respecto, el 47% de los encuestados manifiestan esa dificultad. Preguntadas las comunidades sobre el tiempo^[9] que gastan en entrar y salir de sus fincas hacia los poblados o cabeceras, los resultados muestran tiempos de entre 1 y 4 horas, lo cual revierte especialmente en la comercialización de sus productos, en la comunicación interveredal con sus vecinos y en la recepción de servicios ofrecidos por el Estado.

Para efectos de este análisis socioeconómico, se considera, metodológicamente, que al hablar de economía campesina se hace referencia a unidades de producción y consumo en las que es preponderante el uso de mano de obra familiar, con un tipo de producción de pancoger y la realización de excedentes comercializables con base en algunos pocos productos; además, son unidades básicamente de subsistencia, con bajos niveles de acumulación de capital y con tamaños de propiedad que no superan las dos unidades agrícolas familiares (UAF). A este respecto, y según las condiciones de la zona, se estimó una Uaf promedio de 20 a 25 hectáreas (en condiciones ideales de no producción de amapola). Con esta Uaf de referencia, se habla de un campesinado “pequeño” o “pobre”, o de “subsistencia” cuando sus propiedades no superan las dos Uaf. ^[10]

En cuanto a la estructura social de la zona de estudio, puede afirmarse que se trata de una zona predominantemente de economía campesina, volcada a un tipo de producción de subsistencia, con bajos niveles de acumulación en condiciones normales, cuyos excedentes más importantes son explicados por la producción de lulo, fríjol, maíz, arveja y, en menor medida, maderas y café. Esta agricultura se complementa con una ganadería de leche no tecnificada.

Los tamaños de las unidades productivas se concentran en el rango de 0 hasta 20 hectáreas, condición muy característica de las economías campesinas de pequeños productores. La estructura predial de la zona de estudio, con base en las encuestas aplicadas, muestra que el 52% de los poseedores de tierras, se ubican en ese rango; además, si se toma en cuenta el rango hasta 50 hectáreas, se puede apreciar qué más del 80% de los poseedores de tierra, son campesinado de pequeña propiedad ó “campesinado en condiciones de subsistencia” (Cuadro de Estructura Predial..).

La historia de ocupación y aprovechamiento del territorio, muestra cómo aquellos colonos de los cincuentas y los sesentas llegaron en busca de tierras y atraídos por las maderas finas. Casi ninguno de los asistentes a los talleres ubica a la violencia como factor de desplazamiento hacia el sur del Tolima. (ver anexo: cuadros de talleres). La razón de esto último es quizá que los actuales ocupantes son en su mayoría recientes en la zona y que se ha perdido la memoria o se han olvidado las historias de los viejos.

De todas maneras, el aprovechamiento del territorio comenzó por la extracción de las maderas; se sacaban las maderas finas^[12] y se tumbaba bosque para hacer pasturas o dedicar los abiertos a la agricultura de pancoger. En términos generales y recurrentes, los pobladores cuentan que una vez tumbada la montaña se sembraba frijol, maíz, arveja, lulo, y en menor medida papa en las partes altas y maíz, fríjol, café, plátano y yuca en las partes medias y cálidas. En pocos casos la tumba de bosques continuó con una agresiva instalación de pastos, como ocurrió con el patrón dominante de colonización de otras partes, tales como la Orinoquia, la Amazonia y el Magdalena Medio. En los casos en que se sembró pastos después de la tala manual del bosque, fue para pasturas de ganadería de leche en pequeña escala.

En este tipo de aprovechamiento del suelo, la tendencia desde un principio fue a la agricultura de pancoger y algunos productos comercializables, y no se dio un fenómeno de “ganaderización”, característico en amplias zonas de colonización, como las ya comentadas.

Hacia los setentas y hasta la primera mitad de los ochentas, la estructura productiva característica se mantuvo: fríjol, maíz, arveja, café, yuca, plátano, lulo, frutales en general y una ganadería lechera de pequeña escala; productos de climas fríos y medios de economía campesina. Los productos que generaban excedentes comerciales eran el lulo, el fríjol, el tomate de árbol, el café, el plátano, la papa y la leche, como los principales.

A mediados de los ochentas la relativamente estable estructura productiva marca un período de crisis. El lulo, es atacado por un hongo que a la postre sería una epidemia para todos los productores; el café es diezmado por la broca y por los precios internacionales; los precios del fríjol caen y los demás productos no compensan el creciente deterioro de los ingresos ocasionados por esas causas. Sumado a esto, el contexto en que se desenvuelve la zona no es el más favorable: insuficiencia de vías de comunicación y estado deteriorado de las existentes; débil asistencia técnica institucional; insuficiencia del crédito de fomento; carencia de sistemas eficientes de comercialización, en particular, inexistencia de centros de acopio y almacenamiento; debilidad organizativa de las comunidades, expresada en la casi nula presencia de organizaciones gremiales de los productores y la evidencia de casos de corrupción y mal manejo de entidades asociativas o cooperativas. (Véase anexo: cuadros de talleres).

Este cuadro de causas permite afirmar que la economía campesina se encontraba en una situación de crisis, muy propicia para la llegada de la amapola a la zona y su posterior arraigo. Queda claro que jugaron muchos aspectos como determinantes y que el café fue sólo uno de ellos, tratándose de una zona marginal cafetera y siendo sus actores principales pequeños productores de la economía campesina.

La situación del café, en términos macroeconómicos, se tornó desfavorable para el país desde 1987 hasta 1993, lo cual coadyuvó al surgimiento de la amapola -sin ser un factor exclusivo y determinante- y afectó a la subregión del sur del Tolima, la cual representaba, según el Censo Nacional Cafetero, cerca del 28% del área plantada en todo el departamento. La caída de precios en el mercado internacional y la amenaza de la broca, sobre todo crítica en 1993, contribuyeron al avance de la economía amapolera. El café, que alcanzó un precio de hasta US $2 la libra en 1986, registró un precio de US $ 0.55 en 1993, en los mercados internacionales.^[13] De otra parte, el desempleo sufrido por la crisis cafetera, implicó que en tan sólo durante los años 92 y 93, el país perdiera cerca de 72.000 empleos en la actividad.^[14] Esta evidente disminución de ingresos, fue suplida parcialmente por los buenos precios de la amapola en ese mismo momento, los cuales llegaban a $1.500 por kilo de látex. (Ver anexo de Entrevistas).

Para la subregión sur del Tolima, la crisis del café resentiría la economía campesina en su conjunto, pues se trataba -y se trata- de una actividad productiva en manos de pequeños propietarios con tecnologías tradicionales de producción, en la preparación de suelos, manejo cultural del cultivo y procesamiento del grano. Tales pequeños propietarios se enfrentaron, entonces, a la ausencia de mecanismos de compensación estatal o corporativa y se vieron así inducidos a la búsqueda de alternativas productivas expeditas, como la amapola, que en esos momentos mostraba un cierto auge, particularmente en territorios del sur del Tolima y en Huila. Sumado a ello, la liberación de importaciones de alimentos e insumos agrícolas profundizaría la crisis y la quiebra de los pequeños y medianos propietarios dedicados a la siembra del café, caña panelera, maíz, fríjol, frutales y cacao. ^[15]

En cuanto a otras condiciones sociales preexistentes al momento de entrada de la amapola -y que no se resuelven con la producción de ese cultivo a pesar de sus importantes excedentes, sino que, por el contrario, se profundizan- tenemos:

Una economía predominantemente campesina, con peso de unidades de producción de tipo minifundista, ubicadas en zonas de ladera que forman parte de las subcuencas de los ríos Atá y Saldaña; un modelo productivo no viable, en razón de que los cultivos que sustentaban excedentes comerciales entraron en crisis, como es el caso del lulo, del fríjol, del maíz y del café, entre los principales; una inadecuada infraestructura de vías y de comercialización; una precaria posesión de tierras; una insuficiencia de apoyo crediticio y de asistencia técnica por parte del Estado; un manifiesto deterioro del medio ambiente y una débil organización de los pequeños productores, a nivel gremial y político, constituyen aspectos centrales que explican el surgimiento y arraigo de la amapola en el sur del Tolima, con una consecuencia clara en el panorama actual, cual es el abandono de la economía legal y tradicional del campesinado y la desarticulación de su tejido social, en muchos aspectos de su vivencia cotidiana. Una situación muy crítica y paradójica, por cuanto hoy no sólo la amapola entró en crisis, sino que profundizó la crisis misma de la economía campesina. De hecho, si bien se disminuyó sustancialmente el área sembrada en amapola, particularmente en el período 1992-1998, con posterioridad a esta fecha el cultivo tendió a estabilizarse alrededor de las 600 hectáreas, manteniéndose como opción de subsistencia al lado de los otros cultivos legales.

Si bien frente a la crisis de la economía campesina y cafetera, el cultivo de la amapola suplió la caída de ingresos, y contribuyó en el período coyuntural de bonanza a la reactivación comercial de la subregión, tales excedentes fueron sobre todo orientados hacia consumos externos a la subregión o internos, pero en renglones que, como la cerveza y la diversión, y los bienes suntuarios, no generan o no asientan el valor agregado local y regional (sus puntos de producción y distribución están por fuera de la subregión). En consecuencia los excedentes se dirigieron a epicentros extraregionales como Ibagué, Pereira, Neiva, lugares de procedencia de los bienes de consumo aludidos y sitios de origen de las redes de promoción del negocio amapolero.

Excepcionalmente, como lo indican las encuestas realizadas y las entrevistas a pobladores, algún capital fue reinvertido en negocios de comercio urbano en Planadas y en el mejoramiento de viviendas y fincas. (Véase textos resumen de entrevistas).

En este contexto Planadas mantuvo, a pesar de la crisis, su importancia como centro comercial subregional, con activos vínculos con los demás epicentros subregionales y regionales, tales como Chaparral, Neiva, Ibagué y Bogotá, en relación con la producción y comercialización de café, e incipientemente con la de frutales y hortícolas.

Actualmente, según el plan de desarrollo municipal, Planadas cuenta con cerca de 900 empresas comerciales, 650 de las cuales están en el casco urbano de Planadas, 250 en Gaitania y 50 en Bilbao, dedicadas principalmente a la comercialización de víveres y abarrotes, café, hortalizas, legumbres, ropa, calzado y variados artículos de consumo, así como a la prestación de servicios de transporte, hospedajes, salud, reparaciones eléctricas, mecánicas y centros de diversión.

Las fumigaciones sucesivas desde 1992 que, en el decir de las gentes de la zona han sido más de ocho de gran despliegue, condujeron a la reducción del área sembrada, de manera intermitente. Vale la pena señalar cuál fue la dinámica que se generó con las fumigaciones: después de cada una de ellas, la respuesta de los cultivadores fue dispersar más sus cultivos de amapola, es decir, cultivar lotes más pequeños y menos concentrados, más alejados de los sitios de producción de alimentos y buscando ubicarlos en sitios de mayor pendiente, para hacer menos efectiva la fumigación. De ahí que la reducción del área sembrada se muestre intermitente y poco efectiva, si se tiene en cuenta que es un proceso de casi una década.

De otra parte, si bien las fumigaciones han coadyuvado a la reducción del área sembrada, bien por el daño de los cultivos o bien por disuasión, el fenómeno económico aparejado de disminución de los precios al productor fue también un elemento desestimulante sobre la actividad amapolera. Curiosamente la disminución del área sembrada no condujo al aumento de precios, como es de esperarse en cualquier cultivo normal; por el contrario, paralelamente a la disminución de áreas, el precio para el productor cayó: pasó de $1.800.000 el kilo en 1992, a $ 1.500.000 en 1994, hasta alcanzar desde 1998 hasta el presente, precios de $ 600.000, $ 400.000 y aún de $ 200.000. ^[17]La explicación de este fenómeno está en la posición monopólica (en rigor monopsónica) que tiene el comprador, respecto al productor, para imponer el precio. Las dificultades de acceso a la zona, por las fumigaciones y los mismos operativos contra el narcotráfico, terminaron capitalizadas por los intermediarios compradores; en términos económicos sucedió que, los puntos de valor agregado que perdió el productor fueron ganados por la cadena de intermediación, dado que los precios al consumo se han mantenido o, incluso, han aumentado.

Frente a la crisis de la economía campesina, la amapola entró a suplir la caída de los ingresos derivados de productos como el lulo, el fríjol y el café, entre otros. En los mejores momentos de la amapola, hacia 1991-92, cuando el precio del kilo de latex era de $ 1800.000 o de $ 1.500.000, la rentabilidad frente a cualquier cultivo no tenía parangón. Con rendimientos de la amapola no muy altos, comparados con los de zonas amapoleras de otras partes, como Huila y Cauca, se obtenía una relación beneficio-costo extraordinaria. Tales rendimientos oscilan entre 4.1 kilos por hectárea y 9.13 kg/ha, registrando un promedio ponderado de 6.98 kg/há. (Cuadro No. ). Estos rendimientos son bajos, entre otras razones, porque se trata de variedades de semilla de ciclo muy corto, conocidas en la zona como “tresmesuna” que produce muy rápido, a los tres meses o cuatro y que les permite a los cultivadores mayor liquidez; también les brinda la posibilidad de capotear el riesgo de las eventuales fumigaciones; si éstas se presentan las pérdidas son menores. Los altos rendimientos de otras zonas corresponden a variedades de ciclo más largo con las cuales se obtienen hasta 20 kg/há.

Un cálculo de la rentabilidad actual de la amapola, en condiciones de bajos precios, los cuales no superan los $600.000 por kilo de látex, permite apreciar el inmenso beneficio económico que en el pasado y aún en el presente representa esa actividad. Tomando como referente los rendimientos de cada epicentro y asumiendo un precio bajo de $600.000 por kilo de látex, la relación beneficio costo presenta un indicador que va desde 2.56 hasta 13.47 (Cuadro No. ), lo cual significa que por cada peso invertido, el beneficio bruto oscila entre 156% y 1247%; esta relación beneficio costo es extraordinaria; no se presenta en ningún otro cultivo. Si se la compara con cultivos propios de la economía campesina, tales como maíz, fríjol, caña panelera, la comparación se hace más sorprendente: en estos cultivos campesinos, la relación beneficio-costo no supera el indicador de 1.47; el mínimo es de 1.16 (Véase cuadro citado). Esto quiere decir que, la rentabilidad de productos campesinos es “normal”, entre un modesto 16% y un “muy buen” 47% .

Notas: Se utiliza el promedio de rendimiento de la amapola, en cada epicentro
Se asume un precio de $ 600.000 kilo de látex; precio de los 3 últimos años, considerado bajo por los cultivadores.
1/ se trata de frijol, en condiciones de economía campesina
2/ se trata de caña panelera, en condiciones de economía campesina
3/ se trata de maíz en asocio en condiciones de economía campesina;
4/ se trata de maíz en condiciones de economía campesina sin ninguna tecnificación

La amapola significó un importante uso de jornales, a tal punto que la demanda de trabajo por ese concepto logró incorporar a los jornaleros cesantes del café y de las actividades de ciclo corto (maíz, frijol), además del flujo de gentes llegadas de otras partes. Esa demanda contaba con la ventaja del precio, pues se llegó a pagar 2.5 veces del valor pagado en la actividad cafetera: las actividades lícitas pagaban en 1993 un jornal de $ 2.500, mientras que en la actividad amapolera su promedio era de $ 6.500 ^[18] Los diferenciales en el precio del jornal permitían "jalar" trabajadores de las actividades legales hacia las ilegales. Aunque actualmente la proporción del precio del jornal de las actividades ilegales frente a las legales ha disminuido, registrándose una relación de 1.5 a 2.0, sigue siendo cooptada la mano de obra a favor de aquellas.

Tomando como referente el total de las 20 veredas encuestadas -que como se dijo representan aproximadamente un 70% del total de amapola en Planadas- el uso total de jornales asciende en la actualidad a 27.783; estos representarían cerca de 93 empleos permanentes por año (homologándolos a empleos de tipo urbano), en solo 413 hectáreas cultivadas de amapola. Además, esos jornales indican un promedio de utilización de 67 jornales por hectárea. Cabe destacar, adicionalmente, que los jornales familiares pesan el 58% el total de jornales utilizados, en tanto que los externos lo hacen en el 42% (Cuadro No.).

Frente a tales indicadores, y con el hecho de la crisis de la economía campesina, es obvio el porqué de la entrada y posterior arraigo de la amapola. Obsérvese, finalmente, que aún hoy con precios bajos la rentabilidad de la amapola es insuperable.

Lo paradójico es que con tales niveles de ingreso, las condiciones de las fincas actuales y de sus pobladores sean tan precarias. Si bien los altos ingresos de la amapola beneficiaron al campesinado, tal beneficio estrictamente económico e individual no contribuyó a la construcción de un proyecto regional, no sólo en términos de una estructura económica viable, sino también social y ambientalmente sostenible. La acumulación de capital, por otra parte, no se tradujo en el fortalecimiento de la economía campesina en crisis, que se expresara en el mejoramiento de las fincas a nivel, por ejemplo, de la creación de sistemas de comercialización o de avances tecnológicos que aprovecharan el potencial de renglones como los frutales; únicamente como iniciativas individuales se mejoraron algunos cafetales y se sostuvieron cultivos comercializables como el fríjol y la arveja.

El comportamiento general de los cultivadores de amapola fue gastar los excedentes de la amapola en consumos que no acrecentaban el valor agregado de la zona, tales como, cerveza, mujeres y diversión. La mayor parte de quienes "hicieron dinero" abandonaron la región (testimonios de entrevistados y opiniones en los talleres veredales con la comunidad).

Es claro, entonces, que los altos ingresos individuales se hicieron a costa del ambiente, un indicador de lo cual es la sustitución de más de 1.800 hectáreas, entre bosques y rastrojo; la desintegración social ocasionada por las disputas y homicidios originados por la bonanza en curso ^[19] y precedidos por un concepto cultural "del dinero fácil", que trasciende en todas las esferas de la vida pública.

En las encuestas cuando a las personas se les preguntó por el impacto personal o familiar ocasionado por la amapola, el 89% respondió que si hubo tal impacto, por algunos considerado como muy crítico (el 4.7%) y por otros como no crítico (el 84%); ese impacto lo reafirmaron las comunidades en salud, deserción escolar de los hijos, gasto del dinero en vicios, violencia intrafamiliar, violencia entre vecinos y otros. (Cuadro No. ).

Con respecto a los impactos sociales y ambientales de la amapola cabe señalar que, aparte de la desestructuración social con manifestaciones de descomposición, la tala indiscriminada de bosques y la no superación de las condiciones locales y regionales de pobreza preexistentes, la fumigación entra a jugar un papel inconveniente, por cuanto agrega un factor adicional de menoscabo a la estructura socioeconómica y ambiental vigentes, al profundizar el deterioro ambiental por contaminación de suelos aguas y vegetación, afectar la disminuida cobertura de cultivos agrícolas campesinos, generar enfermedades nuevas y ocasionar una situación de incertidumbre frente al futuro inmediato de la subregión. Si bien permitió la reducción del área sembrada, ello fue con un alto costo social y ambiental y faltaría hacer el balance si tales costos representan algún beneficio para la subregión y las localidades.

El deterioro del medio ambiente, como resultado de la profundización de la práctica cultural de tumba y quema de bosques y rastrojos para preparar los terrenos para los abiertos de amapola, el cual, como cultivo limpio, reafirma el proceso de deterioro preexistente y vulnera mucho más la capacidad de sustentación misma de la economía campesina.

El 87% de los encuestados, cultivadores y no cultivadores, responde que las fumigaciones los afectaron de manera importante, para algunos de manera grave, para otros menos crítica: les fueron fumigados cultivos alimenticios y perdieron sus cosechas; aparecieron enfermedades en las personas, que antes no se conocían tales como, alergias y brotes (especialmente en los niños); se enfermaron los animales; se les contaminó sus aguas y se les "envenenó" sus suelos ^[20]

La reacción de las comunidades frente a las fumigaciones, ha sido variada y muy diciente en algunos aspectos. El 26% no asume alguna reacción especial o no responde en la encuesta; el 37% manifiesta haber dejado de cultivar amapola; el 27% dice haber dejado de cultivar alimentos; el 16% ha utilizado sustancias protectoras a la amapola; el 53% ha cambiado la manera de cultivar y sólo el 5% se ha quejado ante las autoridades. Obsérvese, a partir del peso de las opiniones de la gente, que la credibilidad en las autoridades o la creencia en su efectividad para solucionarles problemas a las comunidades es mínima, muy consistente quizá con su posición de ilegales. Pero, si es muy destacable el hecho de que más de la mitad de los afectados haya cambiado su manera de cultivar, lo cual se expresa en atomizar los cultivos de amapola, alejar la producción de alimentos de los sitios amapoleros, disminuir el tamaño de los lotes amapoleros, entre otros. Asimismo, es significativo el dato de 27% que han dejado de cultivar alimentos por presión de las fumigaciones, bien por el daño a los suelos o bien por la incapacidad técnica y financiera de emprender nuevas siembras con altos riesgos. (Cuadro Reacción frente a las fumigaciones).

Fuente: Cálculos de investigadores con base en encuesta aplicada.

En el anterior contexto, las perspectivas de la amapola en la subregión, y su impacto, dependen de la resolución de los problemas que facilitaron su inserción, pero especialmente de la continuidad o no de la actual política de erradicación forzosa del cultivo, pues como se ha señalado, ésta va en contravía de las posibilidades de recomposición campesina y de reconversión productiva en condiciones de sostenibilidad ambiental y socioeconómica. De mantenerse la actual política "erradicacionista", el área de producción de amapola se mantendría, aún en niveles de subsistencia, a pesar de las fumigaciones (como lo evidencia esta década), con un creciente costo social y ambiental, expresado en el desplazamiento de productores hacia nuevas áreas de bosque, la disminución de la seguridad alimentaria regional y local (y su impacto transregional), el desplazamiento forzado y la profundización del conflicto social y armado.

Los resultados de la encuesta aplicada y el diagnóstico comunitario de los talleres, revelan una disposición inmediata de los campesinos cultivadores de amapola a la sustitución por cultivos lícitos, cuyo primer paso sería, como lo señalaron, parar las fumigaciones con glifosato y, en segundo lugar, introducir planes de sustitución manual y voluntaria, al tiempo que se produzcan estímulos y apoyos técnicos y financieros para el impulso de programas que se basen en las potencialidades propias de la región y recuperen la vocación agropecuaria y campesina, tales como -en el lenguaje de ellos- la agroindustria de frutas, de lácteos, la implementación de infraestructura de comercialización que logre estabilizar los precios agropecuarios y el desenvolvimiento de programas de recuperación y mantenimiento de cuencas.

Indígenas, colonos, arrendatarios, campesinos pobres, concesionarios de tierras, y terratenientes, constituyen la base social del proceso histórico de configuración regional surtolimense. Ya desde las primeras décadas del siglo pasado, el proceso de poblamiento y colonización del territorio generó innumerables y variados conflictos y violencias, derivados de la lucha por la apropiación del espacio y la explotación de sus recursos. Las últimas dos décadas revelan en gran parte una reedición de estos conflictos originarios, aún no resueltos, y la manifestación de otros, asociados principalmente al acentuamiento de la confrontación insurgencia - contrainsurgencia, a la crisis creciente de la economía campesina, a la instalación de los cultivos ilícitos de amapola en la región y a la lucha por el control territorial y poblacional por parte del Estado, los paramilitares y las guerrillas de las FARC, principalmente.

Si bien, desde tiempos coloniales los indígenas del sur del Tolima tenían demarcado su territorio por reconocimiento de la Real Corona española^[21], derechos que fueron ratificados por la Ley 89 de 1890, éstos venían siendo presionados a abandonar sus tierras por parte de los hacendados de la región quienes a través de varios mecanismos expulsivos, que iban desde la amenaza hasta el desalojo violento, terminaban usurpándoles la tierra, lo cual, a su vez, desencadenó los primeros movimientos de recuperación de las tierras de resguardo por parte de los indígenas y comuneros.

Esta situación de disputa coincidía con la que vivían los indígenas del Cauca que estaban siendo desplazados hacia las partes altas de la cordillera, hacia el noroccidente huilense y el alto sur del Tolima, por los grandes hacendados y terratenientes caucanos. Este es el origen del actual asentamiento de indígenas paeces localizado en Gaitania, municipio de Planadas, al cual llegaron después de la guerra civil de los Mil Días, cuando "algunas familias se dispersaron en busca de nuevos horizontes para sobrevivir. ... El negro Tomás Valencia emprendió la expedición acompañado por los hermanos indígenas Lorenzo Paya, su hijo Corpus Paya y Juan Paya. Estos hermanos emigraron del Cauca atravesando la cordillera central hasta llegar al sitio donde hoy comprende la vereda Palomas, donde habitaron por primera vez."^[22]

En correspondencia con el proceso de poblamiento, colonización y aprovechamiento de los recursos, la región sur tolimense ha pasado por diferentes momentos de acuerdo a su dinámica migratoria, de ocupación productiva del territorio, sociodemográfica, y la propia consolidación de los asentamientos humanos y su construcción social regional, dentro de la cual, sobresale el conflicto como configuración de nuevos escenarios.

Partiendo de los distintos procesos y actores de la configuración espacial, descontando por supuesto los escenarios ancestrales indígenas, podemos para efectos del presente estudio señalar los siguientes 5 periodos de constitución de nuevos escenarios, como también desaparición o recomposición de viejos escenarios:

El desarrollo de los cultivos de la amapola en el sur del Tolima, en particular, fue posible por las condiciones biodiversas del territorio, por las estructuras sociales existentes, por la intercomunicación con otras zonas productoras de ilícitos y por la crisis de la economía campesina. Algunos autores señalan, en una mirada regional, que la crisis del café fue un factor determinante. ^[23] Sin embargo, este estudio matiza ese argumento, al indicar que más que la crisis del café, el aspecto determinante fue la crisis de la economía campesina, sobre todo desde una perspectiva de análisis que mira cómo se inscribe lo local dentro de un contexto regional más amplio.

En efecto, para la zona de estudio, en particular para Planadas, la crisis del café afectó al campesinado de las zonas marginales cafeteras, altas y bajas y -a diferencia de Chaparral, en donde el campesinado cafetero predominante era mediano y grande- se trataba de un campesinado pequeño, en muchos casos minifundista, volcado a un tipo de producción de subsistencia, cuyos excedentes más importantes eran explicados por la producción de lulo, fríjol, maíz, arveja y, en menor medida, maderas y café.

En términos socioeconómicos el sur del Tolima y, en particular la zona de estudio, es una región de economía campesina, con productos de agricultura tradicional, tales como, papa, maiz, frijol, lulo, arveja, al lado de la producción de café y una ganadería no tecnificada. Esta estructura económica, mantuvo una relativa estabilidad desde los setentas, hasta mediados de los ochentas. Durante este período es posible constatar que los mayores excedentes o ganancias generados por el campesinado son atribuibles a productos como el lulo y la papa, en las partes altas y, el café, el fríjol y el maíz, en las zonas medias; también el ganado contribuía con los ingresos líquidos de los campesinos -sin ser una zona rigurosamente especializada como ganadera- En menor medida se destacan las maderas, cuyo período de prosperidad corresponde más a las décadas de los cincuentas y sesentas y parte de los setentas. No obstante, la crisis de la economía campesina se evidencia hacia mediados de los ochentas, con "la plaga" que acaba con el lulo, la caída de los precios del fríjol y del maíz y la crisis cafetera. (testimonios de entrevistados y diagnóstico comunitario en los talleres veredales. Véase cuadros de talleres).

La amapola se empezó a cultivar sobre todo en las partes altas, arriba de los 2000 metros, como en las zonas marginales cafeteras.

Según las encuestas realizadas y la información recogida en los talleres con las comunidades, además de entrevistas a productores, la amapola hace su aparición, de manera dispersa, entre los años 1984 y 1989. Luego, entre 1990 y 1995 se convierte en un fenómeno generalizado que involucra a más de 20 veredas de Planadas de manera
significativa. Sobre estas veredas agrupadas en epicentros elaboró este estudio su indagación de campo. ^[24]

En efecto, el 68% de los productores de amapola iniciaron este cultivo en el período 90-95, destacándose dentro de éste, un subperíodo sostenido y de auge entre los años 1990 y 1992 (Véase Gráfica y cuadro de cultivos de amapola).

FUENTE: Encuesta aplicada; proceso y cálculo de investigadores.

A partir de 1993 y hasta hoy, se presenta un período de crisis y estabilización del cultivo. De aproximadamente 2000 hectáreas de amapola existentes en 1992, se llega a cerca de 600 en 1998, cifra que se mantiene estable en ese nivel, según estimativos propios de esta investigación ^[25]. La tendencia decreciente de la producción de amapola, desde 1993, se debe fundamentalmente a las sucesivas fumigaciones y a la caída del precio al productor, correlacionado con la menor presencia de compradores en la zona.

A partir de los datos suministrados por la encuesta, las entrevistas y talleres comunitarios, el actual cultivador amapolero es de procedencia de la misma subregión, cuya edad promedio es de 25 años, soltero o recién iniciando su ciclo familiar, muchos de los cuales cuentan con alguna experiencia previa en las faenas agropecuarias, por provenir del mismo entorno socioeconómico, y en algunos casos ser los descendientes de los colonos y campesinos fundadores o antiguos, pero otros, la minoría, iniciaron su aprendizaje como cultivadores del opiáceo, con la esperanza de acumular algún dinero y emigrar a los centros urbanos de procedencia. El contexto de oportunidades y las expectativas para unos y otros presenta considerables diferencias. Mientras para los primeros el cultivo ilícito se es visto como una consecuencia inevitable de la crisis de la economía campesina y la única alternativa viable para la generación de ingresos que permitan su sobrevivencia y reproducción social, y en algunos casos su recomposición social como campesinos, para los segundos, principalmente significa una oportunidad de acumulación de pequeños excedentes reinvertibles en sus lugares de origen.

Desde luego, la presencia de este nuevo actor social introdujo variaciones en el entorno sociocultural de los habitantes del sur del Tolima antes y después de la llegada de la amapola. El inicio del consumo suntuario, asociado a la emergencia de nuevos valores, las posibilidades de éxito rápido, los nuevos patrones de competencia, basados en la condición de ilegalidad del cultivo, alteraron el régimen de convivencia y relacionamiento entre los lugareños.

Los procesos de migración e inmigración, ligados a las coyunturas de auge o crisis del cultivo ilícito, introdujeron también variaciones en el comportamiento demográfico del municipio y alteraron considerablemente las redes de sociabilidad, acabando o deteriorando algunas y dando origen a otras de menor sentido comunitario y de pertenencia, lo que desde luego afectó la contextura misma del tejido social y de la organización comunitaria, generando a su vez nuevas fuentes de conflicto, principalmente, los que se asociaron con el proceso de producción, distribución y control del negocio del opiáceo.

En efecto, según las fuentes citadas, durante algunos momentos aparecieron en la localidad grupos y redes de narcotraficantes que buscaron imponer su ley con el fin de proteger sus transacciones comerciales. La actividad desbordada de algunos de estos grupos, algunos de los cuales también estaban asociados a bandas de justicia privada, provocó la intervención de las guerrillas de las FARC, con el fin de ordenar y regular las relaciones de la comunidad y vigilar la suerte de las transacciones. La presencia de las FARC en la región, que se dio desde mucho antes de la aparición del cultivo, facilitó a pedido de los pobladores el que estos asumieran esta actividad reguladora.

A juicio de los mismos habitantes, la intervención de las guerrillas, particularmente, la del Joselo Losada, estabilizó el clima social y político de la región. Ellos permitieron reconstruir parte del tejido social desintegrado por los múltiples conflictos inter grupales, inter redes e intra comunitarios que se presentaron por la disputa de los excedentes producidos por el cultivo de la amapola, envueltos en un pseudocultura hedonista, de la ley del mas fuerte o del mas astuto. La presencia de las guerrillas de las FARC, también contribuyó notoriamente a generar un clima de tranquilidad y seguridad en la zona que estaba seriamente amenazado por la penetración de 1996 de núcleos de paramilitares que desde Ataco, Chaparral y Rioblanco, sobre los caseríos de Santiago Pérez y Puerto Saldaña, buscaban incursionar en la zona, creando zozobra e intranquilidad en sus pobladores.

Dentro de la región, la subregión surtolimense, no sólo ofrece sensibles desequilibrios intra regionales, siendo una de las mas segregadas del departamento, con altos niveles de marginación económica, social y política, como quiera que tiene bajos niveles de representación y una de las estructuras organizacionales mas débiles comparativamente frente a las otras subregiones del departamento del Tolima.

Para el Estado, desde tiempo atrás, la región ha sido considerada como "zona roja" objeto de campañas y operaciones militares, y últimamente paramilitares, bajo la divisa de controlar el territorio. Esta es una de las razones por la cual en la localidad el Estado sufre un proceso de deslegitimación creciente, siendo la institucionalidad poco creíble para la percepción de la mayoría de sus pobladores. Escepticismo y desconfianza marcan las pautas de relacionamiento de la comunidad con el Estado.

En concurrencia con el grado de marginación y desequilibrio en que se mantiene la subregión, las inversiones del Estado limitadas casi exclusivamente a las transferencias de los recursos a las municipalidades, no permiten una mayor proyección de la subregión. Las instituciones del orden nacional muy excepcionalmente logran colocar algunos de sus recursos en el municipio, no obstante, existir algunos proyectos y propuestas de inversión dentro de este. Instituciones como el Plante, Red de Solidaridad Social y otras muy segmentariamente han tenido algún influjo dentro del desarrollo municipal.

No obstante, no se observa en la localidad fuertes nexos de cohesión social ni tendencias de empoderamiento comunitario autónomo. Las Juntas de Acción Comunal en los distintos niveles, que constituyen el soporte de la acción comunitaria, todavía se circunscriben a acciones muy rutinarias y convencionales. Aunque es de destacar, que bajo el impulso de procesos políticos locales, muy imbricados con el proyecto político insurgente, éstas tienden a desarrollar una actividad más reguladora, veedora y fiscalizadora de lo comúnmente acostumbrado.

Existen comparativamente muy pocas organizaciones sociales y comunitarias, actividad que queda reducida al ámbito de algunas organizaciones gremiales y de productores o grupos de interés con limitados alcances sociales y comunitarios.

A nivel municipal, la oficina encargada de los asuntos comunitarios, requiere de una orientación a nivel programático y funcional que le permita convertirse en promotora e impulsora de la organización comunitaria y de fortalecimiento de su tejido social, observándose claramente ostensibles dificultades en su proyección y alcances respecto a la misma participación comunitaria y por supuesto al papel que debe desempeñar en el proceso de construcción social local.

De hecho no cuenta con una estrategia definida, que permita cualificar el propio proceso de participación comunitario, fortaleciendo su capacidad decisional y generando procesos de empoderamiento de los mismos, inicialmente aumentando su capacidad de representación y representatividad dentro de la propia estructura decisional del Municipio, principalmente del sector rural.

En este sentido, al igual que en otros Municipios, la estructura político administrativa de Planadas está encaminada, dadas las precarias condiciones de la vida material del Municipio, a subsanar más los déficits materiales, de infraestructura y de servicios, que a resolver los igualmente preocupantes déficits cualitativos de formación, organización y participación ciudadana, prerrequisitos, de la vida democrática del Municipio.

Uno de los problemas que resultan de este esfuerzo centrado preferencialmente en la superación de los déficits cuantitativos, es el que se corra el riego de aplazar indefinidamente la tarea de impulso formación y promoción de la participación ciudadana, la búsqueda e identificación y fortalecimiento de los nuevos actores sociales que favorezcan procesos de democratización de la vida y el gobierno Municipales, en suma, que permitan construir un proyecto local de cultura y convivencia democrática, mediante la legitimación sucesiva de cada uno de los actos de gobierno, como requisito y garantía de gobernabilidad.

Si bien, el análisis actual permite registrar avances, algunos considerables, en la prestación de servicios públicos, infraestructura vial, urbano rural, equipamento Municipal en salud, en educación, menos en el sector agropecuario, es notorio el rezago en la parte de formación y participación ciudadana, no sólo en la formulación, planeación y ejecución de las acciones de gobierno, sino, como anotábamos antes, en la toma de decisiones. De acuerdo con el esquema tradicional vigente, son insuficientes, y en algunos casos nulos los mecanismos y estrategias de gobierno que permitan incorporar las demandas y prioridades de los distintos actores de la comunidad dentro de los sucesivos Planes de Desarrollo Municipal, los cuales por demás, son ostensiblemente precarios.

En este sentido es preciso activar mecanismos que posibiliten el ejercicio de gobierno dentro de una estrategia más participativa y democrática e introducir cambios que permitan apuntar a los déficits cualitativos observados en lo social, lo cultural y lo político.

No es suficiente en este caso, que el programa de gobierno se comprometa a orientar la inversión pública para atender prioritariamente las necesidades y derechos de la población, sino que debe garantizar efectivamente, tanto en las decisiones de gobierno, como en el control y fiscalización de la acción gubernamental, la puesta en marcha de un conjunto de prácticas participativas diversas y diferenciadas, en razón del grado de vulnerabilidad de los distintos sectores de la población, con el fin de superar la baja visibilidad de los mismos, observada dentro del proceso, y explicada bien por los déficits de las estrategias de información y comunicación, bien por la propia ausencia de escenarios permanentes de participación dentro de la precaria estructura institucional.

En este sentido, resulta apremiante, un programa de Fortalecimiento Institucional, no sólo orientado a la organización y funcionamiento administrativo, en la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia, sino principalmente al logro de mayores niveles de descentralización y participación, de modo que permita combatir las desigualdades y desequilibrios socio-espaciales lo mismo que cumplir las condiciones de participación ciudadana, como factores centrales de la democratización de la vida Municipal y garantía de gobernabilidad.

Con base en la encuesta socioeconómica aplicada a las 20 veredas de Planadas más representativas del fenómeno amapolero, agrupadas en 7 epicentros, los resultados de la misma muestran que el 90% de los entrevistados, es decir, 254 unidades productivas campesinas son o han sido cultivadores de amapola desde que comenzó su aparición -aún de manera dispersa, hacia el año 1984-89-. (Véase acápite titulado “la amapola”, en este documento).

Llama la atención el hecho de que una población similar, según la misma encuesta, esté dispuesta a sustituir el cultivo de la amapola, obviamente, siempre y cuando cuente con el apoyo decidido del Estado. En efecto, el 84% de cultivadores, esto es, 239 unidades campesinas así lo manifestaron. Sólo 43 respondieron negativamente a la pregunta de “si está de acuerdo con la sustitución”, aduciendo, en su gran mayoría, que “no hay otra alternativa” (opción número 2 de la encuesta, sobre la pregunta “si no está de acuerdo, justifique su respuesta”).

Quienes están por la sustitución, con apoyo del Estado, a través de acciones de fomento y no por la vía de la fumigación, se inclinan por opciones tales como: fortalecimiento de los productos tradicionales comercializables (papa, caña, café, arveja, fríjol, tomate) (el 9.2%); impulso de los frutales comercializables y productos tradicionales comercializables (el 11.8%); frutales comercializables (el 9.6%); mejoramiento de pastos y ganadería bovina (el 7.4%); fortalecimiento del pancoger y de los tradicionales comercializables (el 6.6%); y una proporción importante de todos los encuestados, optan por una combinación de todas las anteriores posibilidades. (Véase tabla adjunta).

Unidades productivas de acuerdo con la sustitución

Fuente: Encuesta aplicada. Cálculos investigadores.

Fuente: Encuesta aplicada. Cálculos propios de los investigadores.

Con base en los siete (7) talleres realizados con las comunidades de la zona más directamente afectada por el fenómeno amapolero^[26], y a partir de una metodología de Diagnóstico rápido participativo (DRP), se presenta una visión sistémica de la problemática alrededor de la amapola, como fenómeno socioeconómico inscrito dentro de una estructura de economía campesina.

Los registros de los talleres se organizan dentro de un discurso que racionaliza las evidencias prácticas, los datos y las experiencias contadas por las comunidades. En este tipo de análisis, se parte de la identificación de un problema central y un conjunto de problemas subordinados, los cuales están ligados por relaciones causales (causa- efecto). De esta manera, puede establecerse un árbol de problemas, en donde se muestra el problema central, los problemas subordinados, las causas y los efectos.

El problema central es la existencia de una economía campesina no viable, que dio surgimiento al cultivo de la amapola, como salida de supervivencia y el cual no logró, o no permitió, la superación de ese sistema de producción no viable, como tampoco el mejoramiento sostenible de las condiciones de vida del campesinado. Por el contrario, generó nuevas situaciones problemáticas y profundizó las tendencias de descomposición del campesinado, ratificando en la actualidad su carácter precario.

Entre los problemas subordinados, por el lado de las causas, se encuentran: la recurrente falta de crédito con bajos intereses o, por lo menos, con tasas acordes a la situación de una economía campesina, básicamente de pequeños propietarios y de subsistencia. La carencia de políticas de diversificación productiva, manifiesta en que sólo algunos pocos productos mostraban (y muestran) posibilidades de generar excedentes acumulables (lulo, fríjol, arveja, papa, café, incluidos todos los pisos térmicos). La inexistencia de centros de acopio e infraestructura de comercialización, empezando por el mal estado de las vías, que impide la realización económica de los productos y no posibilita alguna regulación de precios y cosechas. (Véase cuadros adjuntos de talleres).

Otros problemas subordinados, por el lado de los efectos, son el surgimiento mismo de la amapola, con sus consecuencias indeseables sobre la ruptura del tejido social, empezando por el individuo y la familia y golpeando especialmente a los jóvenes, quienes fueron los más ilusionados con el espejismo de la amapola en la última década. La ausencia, o insuficiencia, de una política estatal de fomento al agro y, en consecuencia, la escasa diversificación de la estructura productiva con renglones capaces de sustentar un proceso sostenido de acumulación, se traduce en desempleo, especialmente rural, según lo expresado en todos los talleres, en los cuales las comunidades manifestaron que “no hay fuentes de empleo”. La carencia de canales e infraestructura de comercialización, con vías y caminos en permanente mal estado, explica en parte la inestabilidad de los precios agrícolas e “ingresos adecuados a partir de precios justos”.

En relación con los aspectos ambientales, cabe decir que, la zona de estudio no siguió un patrón de tumba y quema indiscriminada del bosque como requisito para la implementación de sus sistemas de producción. Es decir que, a diferencia de otras regiones del país, como las áreas de colonización del Caquetá o Guaviare, por ejemplo, no se avanzó en un proceso de ganaderización o praderización extensivos sino que se implementó un sistema de producción mas que todo agrícola y de ganadería en pequeña escala. El relativo mantenimiento de los bosques y la cobertura importante de rastrojos -a pesar de la predación implicada en la siembra de amapola en la década de los noventas- constituyen un aspecto positivo de las potencialidades de la subregión para reorientar un proceso productivo en condiciones de sostenibilidad relativa.

Los problemas ambientales, entonces, se deben más que todo a la fumigación emprendida por el Estado contra los cultivos de amapola, afectando de paso a los demás cultivos y actividades agropecuarias de las que derivan sus ingresos los campesinos. Las comunidades son claras en manifestar que una causa explícita del deterioro ambiental es la fumigación, acaecida desde 1991-92. Sus efectos, de impacto inmediato, han sido la extinción de animales de monte, el deterioro del ganado vacuno, la aparición de enfermedades, especialmente brotes de piel en los niños, y la contaminación de las aguas y los suelos. Sobre este último la gente habla de “el envenenamiento de los suelos” que los hace infértiles. Los efectos menos inmediatos son el debilitamiento de la oferta de recursos naturales y, por ende, de la estructura productiva campesina, con impactos sociales y ambientales aún no previstos.

Quizá el único problema ambiental que las comunidades perciben directamente asociado al cultivo de la amapola es la acción de tumba, tala y quema del bosque para el montaje del cultivo. Sin embargo, este fenómeno es calificado por aquellas en un nivel igual de predación al que ocurre con los demás cultivos agrícolas.

Los problemas derivados de la organización social, en un sentido amplio, que retroalimentan la condición de economía campesina no viable, anotada más arriba son, entre otros, la debilidad en la organización comunitaria, que en las últimas décadas se expresa en una vida efímera de las organizaciones de tipo cooperativo y en la ausencia de asociaciones gremiales duraderas. Asimismo, en el surgimiento de formas organizativas para acciones puntuales o coyunturales, como es el caso de los comités pro-carreteras. Dicha debilidad organizativa trae como efecto una baja capacidad de negociación gremial y política, frente al Estado y al sector privado, tanto en el mundo de los negocios como en el de la exigencia de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las comunidades. Ejemplos de ello son las carencias manifiestas de los servicios básicos, las insuficientes dotaciones de los centros educativos y de salud y el permanente estado precario de las vías.

Ligado a la debilidad organizativa de las comunidades -como el polo opuesto de una misma dinámica- está la débil o nula presencia del Estado, en términos de prestación de servicios básicos a las comunidades, como asistencia técnica, servicios públicos y servicios sociales. La presencia del Estado ha sido más de tipo militar, en una zona con tradición de lucha armada bipartidista y actualmente insurgente. (Véase capítulo sobre aspectos socioculturales).

El “orden público” no sobresale con relevancia en el diagnóstico que elaboran las comunidades. Si bien se menciona, su frecuencia de aparición en los distintos talleres es mínima. El conflicto armado es reconocido por las comunidades como un elemento de contexto, condicionante de las relaciones sociales, cuya razón de ser es quizá histórica y debido a las condiciones de abandono de la zona por parte del Estado y a la circunstancia de tratarse de zonas campesinas, pobres, que no pesan en el ámbito nacional. (Véase cuadros adjuntos de talleres).

Las comunidades, con base en su propio diagnóstico, plantean como salida a la crisis de la economía campesina subregional una reconversión del sistema productivo, comenzando por la sustitución del cultivo de la amapola, siempre y cuando exista un decidido apoyo del Estado. Al respecto, y como parte del ejercicio realizado en los talleres sobre las potencialidades con que cuentan, expresan las siguientes propuestas y expectativas:

En este campo, las propuestas se reducen a una sola de carácter integral. Las comunidades proponen la formulación e implementación de un Plan de recuperación y manejo de cuencas hidrográficas. Ello, acompañado de una capacitación y del apoyo económico necesario para la concreción de acciones que se derivarían del proyecto, en particular la ejecución de programas y proyectos localizados de reforestación.

También proponen las comunidades que, dada la existencia de una importante cobertura de bosque y de rastrojos viejos, cabría considerar la posibilidad de crear una zona de parque natural o de reserva natural. Esta iniciativa, de otra parte, no se contradice con la relativa a la implementación de un plan de manejo de cuencas.

En este campo las comunidades no manifiestan una destacada voluntad de organización autónoma. Sus propuestas se inclinan a demandar del Estado el apoyo para fortalecer variados aspectos del capital social, expresados en la dotación de los centros educativos y de salud, en la oferta de asistencia técnica y capacitación para distintos objetos, tales como el fortalecimiento agrícola, el manejo de desastres naturales y, en general, “para el bienestar común”.

Se destaca el énfasis que las comunidades expresan sobre el sector agropecuario, en el sentido de implementar, con el apoyo del Estado, programas y técnicas para el mejoramiento de cultivos como el lulo y el café, dos de los renglones comercializables de la subregión.

No obstante la debilidad de las propuestas de fortalecimiento organizativo autónomo, los campesinos señalan la necesidad de la organización para la comercialización de productos agrícolas y la creación de cooperativas para el mismo efecto.

También proponen, de manera particular, la transformación de los contenidos educativos, hacia la construcción de un establecimiento escolar agrícola e industrial.

^[1] Población estimada a junio de 1999, a partir de la población censada en 1993. Tolima en Cifras 1998-1999. Cámara de Comercio, Gobernación el Tolima.

^[2] Otras subregiones considerads son: Asocucuana (San Antonio, Roncesvalles, Ortega, Rovira, y Valle de San Juan); Asocentro (Espinal, Coello, Flandes, Guamo, San Luis, Suarez y Saldaña); Asonevados (Herveo, Casabianca, Líbano, Murillo, y Villahermosa); Valle del magdalena (Honda, Mariquita, Falan, Armero- Guayabal, Palocabildo, Fresno Y Ambalema); Asomusot (Alpujarra, Prado, Dolores, Purificación, Natagaima y Coyaima) ; Asoriente (Cunday, Villarrica, Carmen de Apicalá e Icononzo); Amunort(Alvarado, Venadillo, Anzoategui, Santa Isabel, Lérida, Cajamarca y Piedras). En: El Tolima Progresa, Plan de Desarrollo 1998-2000 Gobernación del Tolima, Secretaría de Planeación

^[3] Lozano Restrepo Jaime F. La Dimensión ambiental del Tolima, desde una perspectiva regional de desarrollo, en “Iguaima el futuro posible”. Edit. Cooperamos- Grijalbo, Ibagué, marzo de 1996, pag. 99-100. Al lado de estas dos subregiones, se consideran para el Tolima las siguientes subregiones: centro sur, conformada por Ortega, Chaparral, Natagaima, Saldaña y Coyaima; la subregión del Sumapaz, comprendida por Icononzo, Villarrica, Carmen de Apicala y Cunday; la subregión Llanural del alto magdalena, conformada por Ambalema, Honda, Mariquita, Armero-Guayabal, Venadillo, Alvarado, Ibagué, Valle de San Juan, San Luis, Carmen de Apicala, Melgar, Soares, Flandes, Guamo, Purificación y Prado; y la subregión subandina a la cual pertenencen los municipios de San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Ibagué, Cajamarca, Anzoategui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca, Herveo y Falan.

^[4] El Parque Nacional Nevado del Huila, tiene una extensión aproximada de 1.580 kilómetros cuadrados e incluye los departamentos de Huila, Tolima y Cauca.

^[5] Fuente: Fundación Atá- Saldaña/Umata Planadas, 1998. Sin embargo, el dato de cultivos ilícitos que presenta esta fuente, de 12.000 hectáreas, es bastante exagerado. Una revisión de diversas fuentes permite estimar su número en cerca de 2.000 hectáreas, como máximo, cifra que asume este estudio. Fuentes como la de Policía Antinarcóticos estima sólo 360 hectáreas de cultivos ilícitos en Planadas, para 1992, dato que, según nuestras indagaciones, es bastante subvaluado.

^[6] Dirección Nacional de Estupefacientes. Diagnóstico de la relación cultivos ilícitos-conflicto armado en la región amapolera del Huila y Tolima. Aura María Puyana. Asesora Externa. Bogotá, 1999.

^[7] Entrevista con indígenas Resguardo Páez. Mayo 27 de 2000.

^[8] La superficie de 2.106 hectáreas, es muy consistente con la estimación de 2.000 hectáreas de amapola existentes en el año 1992, según nuestras fuentes; el dato corrobora las observaciones preliminares.

^[9] El tiempo tomado en el procesamiento de la encuesta es el "tiempo óptimo", es decir, se tomó el menor tiempo registrado, con el fin de evidenciar las dificultades de accesibilidad.

^[10] La Uaf es aquella unidad de producción que, dada una cierta tecnología y unas determinadas calidades de suelos, le permite al productor obtener un promedio de hasta tres salarios mínimos mensuales. Desde luego que, metodológicamente, la uaf se calcula en condiciones de no producción de amapola, con el fin de tener un referente en condiciones ideales y “normales”. Este referente permite aproximarse a una tipología del campesinado de la zona.

^[11] Machado Absalón, Briceño M. Luis H.; Diagnóstico agropecuario y rural del magdalena medio; Bogotá, mayo de 1995.

^[12] Maderas, tales como: cedro, canelo, arenillo, roble, cámbulo, chaquiro, arrayán, higueró, amarilo.

^[13] Idem, op.cit.

^[14] CEGA. Coyuntura agropecuaria, # 38 de 1993.

^[15] Esta interpretación, que retoma a Vargas R. et,al., pero que es más amplia en cuanto pone como centro a la economía campesina se encuentra en un Memorando de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Puyana, Aura María (Asesora externa). Diagnóstico de la relación cultivos ilícitos, conflicto armado en la región amapolera de Huila y Tolima; página 2; s.f.

^[16] Este subtítulo, según los alcances de este estudio, debería ser "efectos económicos de la amapola en la región". Sin embargo, tal como aparece se debe al cumplimiento al que obligan los términos de referencia formales. (comentario de los investigadores)

^[17] Información con base en entrevistas a productores y talleres.

^[18] Datos citados por Vargas R., Barragán J., Amapola en Colombia: economía ilegal, violencias e impacto regional, en Drogas, poder y región en Colombia, CINEP 1994.

^[19] La presencia cotidiana de muertes alrededor de la amapola, fue muy recurrente hasta 1995, según lo testimonian las comunidades en los talleres y en las entrevistas. No obstante no contar con registros sistemáticos, las genntes comentan que semanalmente en el casco urbano de Planadas (especialmente los fines de semana) se "levantaban" ocho o diez o quince cadáveres. Anecdóticamente, la malicia popular bautizó un bar como "el descuento" porque decían que "entraban dos y salía uno".

^[20] Una expresión muy recurrente de los campesinos asistentes a los talleres o entrevistados es "el envenenamiento de los suelos"; se envenenaron por las fumigaciones de las avionetas y ya no da el maíz, sólo capachos"

^[21] Por ejemplo, pese a que un fallo de la Corona española fechado el 3 de octubre de 1654, reconocía la parcialidad indígena de Yaguara como perteneciente a los indígenas de Chaparal y Ortega, desde 1845, el General Domingo Caicedo B y uno de los grandes terratenientes de la región, venía pretendiendo la propiedad sobre las tierras que habían sido tomadas inicialmente en arriendo. Posteriormente, algunos de sus sucesores, quisieron aprovechar las perturbaciones creadas por la Guerra de los Mil Dias, para acentuar sus demandas para la enajenación de los predios indígenas. Véase: Dario Fajardo. Violencia y Desarrollo. Fondo Editorial Suramericana, Bogotá, 1979, pág.50-51.

^[22] Resguardo Indígena Paez de Gaitania Tolima. Plan de Vida, 27 de agosto de 1999

^[23] Vargas, M. Ricardo, Barragán R., Jackeline. Amapola en Colombia, economía ilegal, violencias e impacto regional; en “Drogas, Poder y Región en Colombia”, CINEP 1994. De este estudio compartimos, en términos generales, el enfoque en cuanto a las condiciones de contexto que posibilitaron el surgimiento de la amapola en el sur del Tolima; sin embargo, relativizamos el peso de la crisis del café.

^[24] Epicentro San Miguel: San Miguel, La Hacienda; P. Tolima: P Tolima, Rioclaro, Jerusalem. P.Limón: P.Limón, Altosano. Villanueva: Villanueva, Peña Rica, Guayabos, Marquetalia. S. Rosa: Santa Rosa. Siquila: Siquila. Resguardo: Palomas, La Bella, Canoas, Palmera, Agua Blanca, San Pedro, Altamira.

^[25] La muestra de las encuestas realizadas, representa un 70% del total de la zona productora de amapola en Planadas. Los resultados muestran que el área sembrada actual es de 413 hectáreas, lo cual permite estimar un total de 600 hectáreas aproximadamente en Planadas.

^[26] Se tomaron 7 zonas representativas del fenómeno amapolero, cada una de las cuáles con referencia a un epicentro, es decir, una vereda o un punto de confluencia de varias de ellas. Tales epicentros son: Villanueva; San Miguel; Puerto Tolima; Puerto Limón; Santa Rosa; Siquila y Zona del resguardo indígena.