Mesas Ciudadanas para una Agenda de
Paz
Taller agrario y cultivos
“ilícitos” - 5 de abril de
2002
Ponencia
ENUNCIADOS SOBRE MODELO DE DESARROLLO AGRARIO Y CULTIVOS DE USO ILÍCITO
MARTHA ALICIA DUQUE G.[1]
Bogotá, Abril de 2002
La sociedad colombiana atraviesa por la crisis más profunda del último siglo de orden económico, social, político y cultural.
El origen del problema agrario, obedece primordialmente a problemas estructurales, agudizados con la aplicación del modelo neoliberal en el marco del proceso de globalización y hacen parte de las condiciones objetivas de violencia.
- El problema agrario recobra plena vigencia por la concentración improductiva de la tierra, acentuada por el narcotráfico, dentro y fuera de la frontera agrícola (índice Ginni de desigualdad de 0.85, según Banco mundial), acompañada de procesos violentos de desalojo y descomposición campesina y de migraciones hacia las zonas rurales de colonización, de explotación minera y hacia los grandes centros urbanos. Los cultivos para uso ilícito han surgido como la alternativa mas dinámica en las zonas colonización con suelos frágiles y baja productividad, afectando el patrimonio ambiental. Recientemente, el narcotráfico se ha expandido hacia zonas en crisis al interior de la frontera agrícola, especialmente cafeteras.
- La agudización de la violencia, ha conllevado al despojo de la tierra, el control territorial y el desplazamiento masivo de alrededor de 2 millones de personas, incrementándose el desempleo y la pobreza.
- En Colombia la Reforma Agraria ha sido marginal y han predominado unas políticas de tierras asociadas al saneamiento de la propiedad (titulación de baldíos, de resguardos indígenas y extinción de dominio), con el 96.3% de Has, y unas acciones marginales de reforma agraria, con el 3.7% de Has. (1996), en suelos de mala calidad, con precarios resultados para los usuarios.
- Las políticas tributarias y de renta presuntiva con miras a un uso eficiente del suelo y a crear un mercado de tierras, han fracasado debido al poder político de los terratenientes en el ámbito nacional y municipal; al igual que la Ley 160/94 que presupone la existencia de un mercado de tierras; situación agravada por la concentración y violencia generada por el narcotráfico con fines de lavado de dólares y de explotación extensiva, principalmente ganadera “praderización”.En la agricultura se usa el 24% (4.4 millones de Has, sobre un potencial de 18.4 millones de Has), en contraste, en pastos y malezas, se ocupa el 35%. (Machado, Gómez)
- La concentración improductiva de la tierra, se constituye en una barrera para el desarrollo económico y social en diversas regiones del País, pero a la vez se presenta como un inmenso potencial de equidad y de modernización e industrialización del sector rural, y como instrumento clave para la generación de empleo e ingresos con miras a la competitividad en el marco de la globalización; teniendo en cuenta el carácter oligopólico de la industria, en crisis, con baja capacidad de generar empleo y que la estrategia de generación masiva de empleo a través de la vivienda se agoto, por la baja demanda, ligada al desempleo.
De igual modo, la redistribución de la tierra al interior de la frontera agrícola, se convierte en un elemento vital para una política de reordenamiento territorial, ambiental y poblacional concertada, en la búsqueda de cultivos alternativos a los de uso ilícito que, además, permita preservar y desarrollar el patrimonio ambiental y la biodiversidad, y propender por un cierre de la frontera agrícola, con la conformación de zonas de reserva campesina.
- Proteccionismo, inequidad y competencia desleal: Los países hegemónicos a través de los organismos multilaterales, han impuesto a los países pobres, la liberación del comercio, mediante la reducción de aranceles hasta su eliminación y de las normas regulatorias, mientras asumen una política proteccionista agrícola, al interior de sus países, constituyéndose no solo en una política inequitativa, sino de competencia desleal para los países pobres.
- Importaciones masivas de origen agrícola y agroindustrial, del orden de 8 millones de toneladas de alimentos, provenientes de países desarrollados con altas tasas de protección (30% y 40%). Factor desencadenante del desplazamiento del aparato productivo, con problemas críticos de rentabilidad y derivados de la revolución verde.
- Incremento alarmante de la pobreza rural llegando al 80%, en términos de ingresos, con 7 millones de personas en extrema pobreza y en el ámbito nacional al 55% y un desempleo y subempleo del orden del 50%.
- En el plano geopolítico de la globalización, los recursos naturales renovables y no renovables, se han convertido en sectores estratégicos de Seguridad Nacional y para las multinacionales. En esta perspectiva Colombia y la región amazónica revisten un interés crucial. Al efecto, el país cuenta con las mayores reservas de petróleo sin explotar del hemisferio occidental, un inmenso potencial de agua dulce como alternativa, frente a la crisis de agua prevista para el 2030 (Castro C. German) y ocupa el 4 lugar en biodiversidad, en el planeta, asociada al acceso a los recursos genéticos para la producción transgénica de origen vegetal y animal y al desplazamiento de los aparatos productivos de los países pobres, afectando la seguridad alimentaria, con énfasis en los productores campesinos.
- Desmonte progresivo de las políticas, recursos e instituciones de desarrollo rural y reforma agraria y sustitución por las de corte asistencialista tipo Red de solidaridad, que atacan las manifestaciones de la pobreza y no sus causas (Acceso a activos productivos), concebidas en el modelo neoliberal, como medidas de alivio o de compensación a los pobres, mientras el crecimiento económico y el mercado resuelven el problema de los pobres.
- En este contexto, se hace imperiosa la revaloración de lo rural como una estrategia fundamental de desarrollo, desestimulando las migraciones hacia los grandes centros urbanos y tendiendo a la búsqueda de un equilibrio demográfico, que reduzca los elevados costos de la infraestructura de servicios y el deterioro ambiental. Revalorar lo rural, a partir de las experiencias de encadenamientos productivos en los cuales el sector agropecuario se liga a otros sectores tales como, comercialización de productos e insumos, transporte, financiero, agroindustrial e industrial, y tienden a desaparecer los límites entre lo rural y lo urbano, ha conducido a que se trascienda a una nueva concepción de economía rural ampliada, posibilitando desarrollar, de manera incipiente, las cadenas productivas ubicadas en espacios territoriales donde se expresan las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales y con el medio ambiente, configurando lo que actualmente se ha denominado “sociedades rurales locales”. Este proceso se ha reflejado en la denominada “recomposición del empleo rural”, en el cual el 45% del empleo rural se genera por fuera del predio.
La reforma agraria integral debe ser el eje fundamental de las estrategias de desarrollo rural para la economía campesina e inscrita dentro del proyecto nación.
- Generar empleo, e ingresos y combatir la pobreza. Requisitos:-Incremento del gasto social y redistribuir ingresos.
- Acceso y uso racional de activos productivos, de servicios de infraestructura física y social y ejercicio pleno de derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
- Reconocimiento de la heterogeneidad regional y por tipo de productores tales como sin tierra, productores campesinos y de economía rural ampliada y de sociedades rurales locales.
- Impulsar planes ecoregionales con programas de Reconversión y/o de reestructuración productiva (zonas de cultivos de uso ilícito y de economía campesina en crisis
-Seguridad alimentaria- con productos estratégicos, cadenas, competitividad, confluencia de la institucionalidad publica y privada);el Estado debe ser garante de los intereses de pequeños productores.
- Fortalecer la economía campesina en perspectiva de genero y como soporte fundamental de la seguridad alimentaria. La sustitución manual de cultivos de uso ilícito, debe garantizar la sostenibilidad ambiental y económica en áreas de economía campesina.
- Estructurar un plan de reforma agraria integral en zonas de concentración latifundista improductiva y de buena calidad, al interior de la frontera agrícola, con un plazo de 5 años.
- Intervención directa del Estado para la adquisición de tierras donde se combinen la compra directa y la expropiación por vía administrativa; la adquisición en el mercado de tierras deberá ser una opción marginal ya que en el País no existe o es incipiente el mercado de tierras, debido a los fenómenos de concentración improductiva de la tierra y a la violencia.
- Fijar parámetros sobre el avalúo catastral, para efectos de establecer el precio de adquisición de tierras por parte de estado.
- Hacer efectiva la extinción de dominio de propiedades provenientes del narcotráfico y evaluar la viabilidad agroecológica, económica y social para incorporarlas a programas de reforma agraria o, en su defecto, ofrecerlas en el mercado de tierras y con el producto de las ventas, financiar parcialmente la reforma agraria. La tierra debe adjudicarse sobre la base de fallos definitivos que dejen en firme la extinción de dominio.
- Limitar la extensión de la propiedad territorial, de acuerdo a las características regionales.
- Garantizar al máximo el retorno de la población desplazada para que recupere sus tierras. En casos de no ser posible el retorno de los campesinos, darles prioridad en el plan de reforma agraria y/o en las tierras objeto de extinción de dominio.
- Proteger las propiedades desalojadas a causa del desplazamiento forzoso mediante una Ley que congele las transacciones de venta y derechos de posesión (No pueden entrar al mercado de tierras), por un tiempo limitado (5 años).
- Ajustar el régimen tributario para la propiedad rural con criterio de equidad y de progresividad, (el que tenga más tierra, pague más ), con tarifas mínimas para los pequeños propietarios. Este régimen no es excluyente de la reforma agraria, sino complementario. Establecer tarifas diferenciales como estímulo para los propietarios que generen empleo.
- Formular una política de ordenamiento territorial y poblacional, articulada a la de reforma agraria y desarrollo rural, cuyo requisito básico es la definición del marco legal que contemple las competencias exclusivas y concurrentes de la nación, así como las de los entes subnacionales (Regiones, provincias, municipios), incluyendo las asociadas con los Artículos 64 y 65 de la Constitución Política (Acceso a la tierra y otros servicios como investigación y transferencia de tecnología).
- Acelerar la constitución y/o ampliación de resguardos indígenas y asegurar la adjudicación de tierras en los Parques Nacionales Naturales a las comunidades negras, dándoles un tratamiento similar al de las comunidades indígenas en lo concerniente al deslinde y adjudicación, contemplados en la ley 160/94 y el decreto reglamentario 2263/94; garantizando y apoyando su desarrollo autónomo
- Reformar y/o adecuar la institucionalidad nacional para el desarrollo rural, y la reforma agraria, asegurando la coordinación sectorial, multisectorial y con las políticas macroeconómicas, para viabilizar la integralidad y la canalización de los instrumentos e incentivos, tales como reforma agraria, crédito, ICR, Tecnología, en apoyo a los entes y programas regionales. Asimismo, se deben adecuar las instancias nacionales de coordinación regional agropecuaria, a los roles y actores en el marco de la descentralización y de las exigencias de la globalización y como espacios claves para la concertación de los planes y programas y la construcción democrática y de la gobernabilidad.
- Revisar las instancias y reglamentar los mecanismos de participación de la sociedad civil para la reforma agraria y el desarrollo rural, tales como, consejos Territorial de planeación, de desarrollo rural, Juntas de Acción comunal.
- Conformar equipos nacionales y regionales integrados por los diversos actores participantes en el proceso de paz (gobierno, representantes de la guerrilla, organizaciones campesinas, indígenas, de comunidades negras, técnicos de entidades nacionales y de entes territoriales locales y departamentales, ONG, academia, entre otros), con el objeto de que se elaboren las bases del plan de reforma agraria, para la economía campesina, para los grupos étnicos, el ordenamiento territorial, incluidos el proyecto de Ley y/o de reforma Constitucional, cuyos integrantes deben ser concertados.
- Revisar la Ley 101/93 para adecuar los instrumentos de política, estímulos e incentivos a las necesidades productivas de los beneficiarios de reforma agraria y desarrollo rural, con miras a su integralidad y garantizar su confluencia regional.
- Crear las bases para procesos de modernización, incorporando elementos de las cadenas productivas.
Crédito y capitalización.
Democratización, Reactivación y ajuste:
- En crédito: plazos adecuados a ciclos productivos, garantías personales, costo; reinsertar a los pequeños productores al sistema financiero.
- Adecuar y garantizar el acceso efectivo al ICR, CIF, Fondo de Garantías, Seguro de Cosecha, Fondos Parafiscales.
Generación y transferencia de tecnología.
- Sustituir el modelo de revolución verde por tecnologías limpias (Agroecológicas).
- Fortalecer la investigación y transferencia tecnológica, con enfoque agroecológico, como requisito esencial para subsistir en un mundo globalizado. Identificar productos estratégicos para el mercado interno (Seguridad alimentaria) y externo.
- Centralizar regional y nacionalmente y evaluar experiencias de biotecnologías tropicales.
- Propender por la supresión de las importaciones de alimentos vegetales y pecuarios transgénicos, fortaleciendo la capacidad tecnológica para medir su impacto sobre la salud humana, recopilando y difundiendo las evaluaciones internacionales en esta materia, en principio mediante convenios internacionales, con proyección a la creación de un Centro de investigación tecnológica latinoamericano.
- Valorar, desarrollar la biodiversidad y evaluar posibles estrategias de beneficio colectivo social, en materia de propiedad intelectual, patentes y regalías excluyendo los alimentos, en el marco de la autonomía y soberanía nacional.
- Diseñar e impulsar un plan masivo de reconversión del capital humano y social con enfoque de economía rural ampliada, y de sociedades rurales, concertado regionalmente.
Comercial internacional.
- Concertar un programa compensatorio a 10 años, con la OMC, FMI, Banco Mundial, Unión Europea de desmonte de la protección en EE.UU., Canadá y Europa a las exportaciones del país y de protección para los productos nacionales.
- Crear un Fondo de capitalización, con los recursos provenientes de la protección arancelaria, para el desarrollo rural.
- Fortalecer los servicios y la infraestructura física y social. Con base en las necesidades identificadas en los planes de reconversión Y/o reestructuración productiva (pequeña irrigación con subsidios para los campesinos, vías, electrificación, centros de acopio, de distribución y transformación, salud, educación, vivienda).
- Concertar el proyecto nación en el ámbito internacional, en tanto el país, en el marco de la globalización, no cuenta con autonomía para ejecutar un proyecto nación y, por los compromisos, asumidos con los organismos multilaterales internacionales, necesariamente requiere abordar un proceso de negociación, especialmente con el FMI, el Banco Mundial, la OMC, la Unión Europea y países tales como Estados Unidos y de Europa, en el cual deben participar además del gobierno, representantes del conjunto de actores participantes en la construcción del proyecto nación, previamente consagrado en una Asamblea Nacional Constituyente. Además, partiendo de la base que el gobierno no cuenta con recursos para emprender las reformas estructurales que se demandarían, a pesar de los esfuerzos internos, que se podrían hacer en materia de distribución de ingresos, habría que hacer una revisión y renegociación del crédito externo que incluya su reorientación. El tema de la deuda externa es crucial, es del orden del 40% del presupuesto nacional, esta asociado al déficit fiscal y a la reducción dramática de la inversión social y rural.
- Definir y concertar un plan de financiación, para la reconstrucción económica y social, como compensación histórica, atendiendo al exorbitante proceso de acumulación de riqueza e ingresos y de pauperización y desempleo para gran parte de la población, que colocan al país en condiciones de inviabilidad y teniendo en cuenta, que representantes de los conglomerados industriales y financieros, han manifestado a través del Presidente del Sindicato Antioqueño, su voluntad de discutir cambios en el modelo económico y políticas de redistribución de ingresos[2].
- Concertar una estrategia agresiva tendiente a la conformación de un bloque Latinoamericano, a partir de las experiencias del Grupo Andino, y Mercosur, superando los regionalismos localistas, con miras a elaborar una Agenda Común a presentar y negociar alternativas de solución a los problemas estructurales y los derivados de la aplicación del modelo neoliberal, tales como pauperización y desempleo concentración de la riqueza, ante los organismos multilaterales internacionales. Asimismo, se debe, ampliar la Agenda Común hacia el tercer mundo; propuestas que tendrán una proyección al mediano plazo.
- El desempleo y la pobreza se constituyen en el drama para la mayoría de la población mundial, pero la tragedia mas grave, ha sido la emergencia de la economía criminal, en el marco del modelo neoliberal, cuyo soporte fundamental es el narcotráfico, asociado al trafico de armas para la guerra, de precursores químicos, lavado de dinero y consolidación de “paraísos fiscales”, entre otros, desdibujándose las fronteras de la economía legal e ilegal, operación de siniestras organizaciones internacionales de mercenarios, privatizándose la Seguridad y el conflicto armado, proceso acompañado de la destrucción social y de los valores éticos que se habían proclamado como aportes de la modernidad, poniendo en cuestión la sostenibilidad del capitalismo.
A Colombia retorna del orden del 3%, del negocio de la cocaina, del cual le ingresan a la insurgencia el 1% (General Mc Caffrey; Vargas, Ricardo) y el 97% corresponde a la criminalidad internacional, vale decir, dentro de la cadena, la participación del país en el cultivo y producción de la coca es mínima, el inmenso negocio se ubica en la distribución mayorista y minorista controlada por organizaciones criminales de Estados unidos y Europa, que intervienen en los mas diversos los mercados criminales y legales. De ahí que las relaciones de corresponsalía deben partir de los países hegemónicos y es imperativo iniciar un plan mundial de lucha contra todas las formas de criminalidad, en el cual el PNUD, debe jugar un papel protagónico. Parte esencial de esta lucha contra la criminalidad, es la legalización de la droga, recogiendo además, las propuestas de connotados economistas, como Milton Friedman y Robert Barro, como se procedió en el pasado con el cigarrillo y el alcohol, acompañadas de campañas masivas al consumidor. El profesor Barro[3], revivió la propuesta, sugiriendo que la mejor ayuda refiriéndose al Plan Colombia, es legalizar la droga.
Los resultados de las políticas de fumigación aérea a cultivos para uso ilícito, dentro del Plan Colombia, han demostrado su fracaso rotundo: El área, la producción y destrucción del patrimonio ambiental, se han incrementado, corroborándose parte de las apreciaciones de Robert Barro. De otro lado, se tiene conocimiento del potencial de la coca y de la amapola, para uso de la industria farmacéutica y cosmética, que sería importante explorar.
[1] Parte de las propuestas se recogieron en : MESAS CIUDADANAS PARA LA AGENDA ECONÓMICA Y SOCIAL. Encuentro Nacional - Propuestas ciudadanas para la Agenda Económica y social. Hacia un Acuerdo Nacional de Paz. Segunda Edición; libros sobre conversaciones de Paz: Mandato Ciudadano y propuestas de la autora, contenidas parcialmente en dichos libros. Labor adelantada en coordinación con INDEPAZ.
[2] Ver: El Espectador, el Negocio de la Paz, Entrevista a Nicanor Restrepo S.P. 4 A, Santafé de Bogotá, 20 de Febrero, de 2000.
[3] Robert J. Barro, profesor Universidad de Harvard, La mejor ayuda: Legalizar la droga; en: El Tiempo, P. 4 A , Marzo 5 de 2000.