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Sophie DAVIAUD[*]
A comienzos de los años 80, con el fin de la Guerra Fría; la extensión del modelo capitalista; y la aceleración de los fenómenos de mundialización; el discurso sobre los DDHH parece lograr un surgimiento espectacular. La afirmación de un derecho de injerencia humanitaria[1] [Bettati, 1996]; el proyecto de creación de una Corte Penal Internacional (CPI); y el juicio contra el ex-dictador Pinochet por crímenes contra la humanidad de parte de los Lores ingleses, son algunos de los hechos que sugieren el surgimiento de un espacio internacional de DDHH, en función del cual "los derechos fundamentales de cada uno tienden poco a poco a convertirse en incumbencia de todos". [Badie, 1999]. Ya no se conciben como un arma contra el campo opuesto sino que se convierten en el instrumento para construir un nuevo orden internacional. Algunos analistas incluso interpretan "lo sagrado de los DDHH" que rige actualmente como "el principal acontecimiento ideológico y político de los últimos años". [Gauchet, 1999].
Sin embargo, este nuevo impulso de los DDHH no deja de suscitar una serie de contradicciones y cuestionamientos. Nos invita a cuestionarnos sobre lo que puede suceder cuando estos se convierten en nuevos fundamentos de la política. Considerando que la difusión del discurso sobre los DDHH parece ir de la mano con una creciente ambigüedad del concepto, es conveniente precisar la forma en que nosotros utilizaremos esta expresión. Para los fines de este artículo, los DDHH serán considerados bajo su dimensión jurídica y ética, como "puntos de encuentro entre la moral y el derecho". [Papacchini, 1997]. ¿Será que el advenimiento de esta nueva "religión" de los DDHH señala la dimisión de lo político? Este cuestionamiento que ya ha dado pie a virulentos debates académicos parece, hoy más que nunca, de gran relevancia. Para Claude Lefort, los DDHH pueden representar una herramienta de renovación democrática en la medida en que sus carácter meramente declarativo y ficticio los lleva a escapar de cualquier poder susceptible de apropiarse de ellos. Marcel Gauchet, por el contrario, hace hincapié en los riesgos que implica para la política el que los DDHH se conviertan en una norma de la acción pública. Llamados a llenar el vacío de los actuales discursos políticos y sociales, los DDHH parecen paradójicamente acrecentarlo ya que "hacen coincidir la instalación de la democracia en lo incontestable en cuanto a sus fundamentos con una proyección hacia la incertidumbre radical en lo que se refiere a su funcionamiento" [Gauchet, 1999]. Dado que se limitan a enunciar una política de intenciones e imágenes, ellos serían "la tumba de la política" al reducirla a "un cascarón vacío, a un puro teatro de sombras" [Gauchet, 1999].
El ejemplo de Colombia no puede sino incitar aún más a la circunspección y a la prudencia frente a lo que algunos denominan "la nueva ideología de los derechos homnistas" [De Maillard, 1995].Colombia nos permite analizar lo que sucede con los DDHH en una situación supremamente compleja y alarmante. Se trata, en efecto, de uno de los países del mundo en el que más se violan los DDHH. Es el país en el que se lleva a cabo el mayor número de secuestros. Adicionalmente, entre 1985 y 1999, un millón ocho cientos cuarenta y tres mil colombianos fueron desplazados por la violencia.[2] En fin, frente a la constante degradación del conflicto, ninguno de los actores ha dado prueba de su voluntad de respetar los principios de base del Derecho Humanitario y de no involucrar a la población civil.
Si bien el derecho ha ocupado tradicionalmente un lugar preponderante en la sociedad colombiana, la avanzada del discurso sobre los DDHH parece un fenómeno relativamente reciente. La agravación del conflicto y la generalización de la violencia se han visto acompañadas de una difusión notable del lenguaje sobre los DDHH en la sociedad colombiana; no existe un campesino en Colombia que no apele a los derechos fundamentales. Los informes sobre la situación de los DDHH, las organizaciones que se dedican al problema y las divulgaciones formativas sobre el tema se multiplican.
Por otra parte, mientras que el país atraviesa una crisis mayor, los DDHH se convierten en la referencia ineludible del discurso político y el eje de todos los debates.[3] Sin embargo, los “ efectos de repercusión ” de dichos discursos a nivel interno parecen limitados. Los DDHH acaban con frecuencia convertidos por los protagonistas del conflicto en instrumentos estratégicos, y la guerra se prolonga igualmente en este terreno. En lo que se refiere a la comunidad internacional, aunque ésta expresa una creciente preocupación, no existe un consenso sobre el tipo de apoyo que se debe brindar a Colombia. ¿Por qué en el contexto colombiano, a diferencia de otros países latinoamericanos, hay tanta dificultad para aplicar los DDHH? Esto es, seguramente, en parte debido a que la violencia colombiana es difícil de aprehender por medio de esquemas simplistas. El conflicto no es una guerra civil clásica sino más bien el resultado de interacciones entre múltiples actores enfrascados en una lucha por el control de los recursos territoriales y económicos; la mayor parte de la población colombiana continúa rechazando la violencia.
En este artículo, deseamos analizar la situación de DDHH en circunscribiéndonos a un contexto particular. Estudiaremos el campo de los DDHH en Colombia vinculando la evolución de sus diferentes configuraciones con la de "las violencias" centrando nuestro interés en sus incesantes metamorfosis. Efectivamente, al igual que la violencia que no cesa de asumir nuevas formas, el lenguaje sobre los DDHH también se modifica constantemente. Las Organizaciones No Gubernamentales colombianas de defensa de los DDHH figurarán como referente central de nuestro análisis; son ellas quienes primero introdujeron el tema en el espacio político colombiano a comienzos de los años 70. Puede ser interesante estudiar el uso dado a los DDHH por aquellas organizaciones que se definen oficialmente como neutras. ¿Logran ellas construir un espacio de reflexión y de acción alrededor de los DDHH escapando así realmente a la dinámica del conflicto?
Con el fin de responder a estos interrogantes, enfocaremos primero la configuración del campo de los DDHH en sus inicios, periodo en el cual las primeras ONG introducen su accionar en medio de un contexto de violencia política en el que desempeñan, junto con el Estado y los grupos guerrilleros, un papel protagónico. Mostraremos enseguida como esta situación inicial se ve trastornada debido a la generalización progresiva de la violencia. Nuevos protagonistas surgen para apropiarse del discurso de los DDHH con sus propios fines estratégicos. Así el campo de acción de las ONG se ve cada vez más concurrido y disputado, y ellas se ve abocadas a redefinir los fundamentos de su intervención. Finalmente, deseamos recalcar lo limites impuestos a la acción de las ONG a pesar de cambios recientes en sus estrategias y de sus intentos por adoptar un discurso más neutro. La creciente frecuencia con la que los actores armados recurren a la creación de un clima permanente de terror y de amenaza naturalmente coloca a quienes actúan a favor de los DDHH en una situación bastante delicada. La naturaleza atípica y convulsiva de la situación colombiana invita, sin embargo, a reflexionar con prudencia cuál podría ser el nuevo enfoque a desarrollar sobre los DDHH a manera de darles una carácter operacional.
“ La violence est consubstantielle à l’exercice d’une démocratie qui, loin de se référer à l’homogénéité des citoyens repose sur la préservation des différences naturelles, les adhésions collectives et les réseaux privés de contrôle social... ” [Pécaut, 1987].De esta manera, en Colombia, diferentes oleadas de violencia se suceden la una a la otra. El nacimiento de las ONG se inscribe en un contexto en el que predomina una violencia socio-política, cuyo aspecto más visible es la expansión de la guerrilla. Este periodo de la historia colombiana con frecuencia ha sido asemejado a condiciones en los países del Cono Sur mostrando como la lucha armada era la única respuesta posible para una población sometida a una dictadura. Sin embargo, si bien el Frente Nacional sí recurrió a medidas de excepción, (4) no podría éste compararse de ninguna manera, a una dictadura. Durante los años setenta se presenta un desgaste del sistema Frente Nacional ante su incapacidad para asumir las transformaciones de la sociedad colombiana. Aunque el regimen promulga una serie de medidas represivas, “no deja de ser muy civilista” [Pécaut, 1989] “ largement implanté dans la société colombienne ” et “ capable de se transformer ”. De tal manera, las experiencias de oposición política como la Alianza Nacional Popular (ANAPO) o el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) surgen al seno de los partidos tradicionales sin que en ningún momento se llegue a abrogar la democracia. Se puede más bien hablar de una “democracia restringida” en cuyo seno la sociedad no está totalmente bajo el control del Estado sino que, al contrario, se ve abocada a un Estado semejante en sus características a los Estados del s. XIX. El régimen no es, por lo tanto, irreprochable sino más bien poco respetuoso de los derechos fundamentales.
Las organizaciones de defensa de los DDHH se consolidan en particular bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1970-1974) para protestar contra las medidas de excepción, el ejercicio de la tortura, y un número creciente de prisioneros políticos en Colombia en ese momento. Las cifras ponen en evidencia el claro aumento de los fenómenos de violación de los DDHH durante este periodo: más precisamente en el número de detenidos (5), asesinados (6) y desaparecidos (7).
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos nace como la primera organización de defensa de los DDHH creada en Colombia en 1973. Al comienzo surge como una organización de lucha popular más que como una ONG. Sus vínculos con diversos partidos de izquierda y con los sindicatos es bastante fuerte, en particular con la Unión Social Obrera (USO) (8). Diversos intelectuales participan en la creación del la organización; entre otros, el famoso escritor, Gabriel García Márquez.
Otros grupos de abogados constituyen asimismo organizaciones para la defensa de los prisioneros políticos, principalmente, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo dedicado a la defensa de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), el M19, y de dirigentes populares. El Primer foro para la defensa de los DDHH (1979), da origen al Comité permanente para la defensa de los presos políticos. Algunos sectores de la Iglesia Católica, bajo la influencia de la Teología de la Liberación, comienzan a trabajar directamente en le campo de los DDHH. Este es el caso del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y de la Corporación para la Promoción Popular. En fin, acomienjzos de los años 1980 se crea la Asociación de Familiares detenidos y desaparecidos (ASFADDES) a fin de responder ante el surgimiento de esta nueva modalidad de represión.
En curso de traducción por María Mercedes Moreno
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