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“DESARROLLO ALTERNATIVO”: REFLEXIONES DESDE EL PERÚ PARA UNA PROPUESTA COMUN ANDINA

 

Hugo Cabieses Cubas[1]
Bogotá, 24 de mayo del 2001

 "Para nosotros el desarrollo alternativo es que solicitamos sal para hacer charqui y nos entregan detergente con el que no sabemos lavar ropa, pedimos semillas y crédito para plantar y nos plantan cemento y piedras para inaugurar, deseamos asistencia técnica y capacitación agropecuaria y nos dan talleres participativos para sacarnos información, pedimos información sobre los fondos internacionales y nos dicen que no se puede porque es secreto”
(Dante Deza, agricultor del Alto Inambari en la selva de Puno, dirigente de la CONAPA, Perú)

Comienzo agradeciendo a los Senadores Juan Manuel Ospina y Rafael Orduz por haberme invitado a comentar sobre las experiencias del “desarrollo alternativo” en el Perú, en este recinto de la democracia colombiana. Asimismo, agradezco a la Fundación Hanns Seidel y al UNDCP por haber apoyado la feliz iniciativa del Senado de Colombia para discutir una temática compleja y fascinante: cómo luchar contra el tráfico y el consumo de drogas, la violencia y la pobreza en los Andes construyendo desarrollo humano en las zonas agro ecológicas de cultivos con fines ilícitos y sus entornos socio culturales.

Quiero compartir con ustedes reflexiones en torno cuatro puntos en los que tengo acuerdos pero también discrepancias con mis amigos José Corbera, Jefe de Desarrollo Alternativo de Contradrogas y Nils Ericsson, Presidente del Directorio de la Empresa Nacional de la Coca ENACO S.A. que han expuesto aquí en representación del Gobierno del Perú. Los puntos son:
 

  1. algunas lecciones aprendidas de la experiencia en el impulso de los programas y proyectos llamados de “desarrollo alternativo”;
  2. los caracteres y dicotomías de la hoja de coca para los productores y consumidores de los países andinos, pero particularmente de Perú y Bolivia;
  3. la experiencia de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y los agricultores cocaleros en el Perú; y
  4. algunas propuestas comunes andinas, que vienen de abajo y adentro, buscando respetar las diferencias socio culturales, agro ecológicas y económico comerciales de nuestros países.

I. Once lecciones

He querido comenzar estas reflexiones con el sabio diagnóstico de mi amigo Dante Deza, productor campesino del Alto Inambari, quien compartió su frustración conmigo en un “taller participativo” organizado por el proyecto AIDIA-GTZ[2] en julio de 1999, del que yo mismo fui coordinador entre 1996 y 1999. Definitivamente, el método ZOPP, el marco lógico, los análisis FODA y este tipo de talleres no es algo que a los campesinos les sirva mucho para su guerra cotidiana y simultánea contra la pobreza, la marginación y los cultivos con fines ilícitos.

No quiero aburrirlos con más cifras sobre lo invertido en “desarrollo alternativo” en el Perú desde 1995, pero déjenme informarles que fueron no menos de US$ 200 millones, de los que la mitad provino de la cooperación internacional – US$ 72 millones de Estados Unidos - y el resto fue aporte del Tesoro Público. Nadie ha hecho un balance serio y global de la “eficiencia” de este dinero invertido en términos de los objetivos buscados: desarrollar integralmente las zonas para reducir la pobreza y los cultivos con fines ilícitos. No obstante, aunque con un precio un poco alto, ha habido experiencias importantes desde 1995 y las principales lecciones que algunos extraemos las resumo en once puntos:
 

  1. No se puede hacer desarrollo integral con erradicación compulsiva de cultivos con fines ilícitos, menos aún con políticas de fumigación. La reducción de extensiones de cultivo debe ser una consecuencia del desarrollo y no una precondición para ello.
  2. No puede haber desarrollo sin la participación voluntaria de las organizaciones sociales de base. Se debe partir de las demandas de los productores y orientar el desarrollo hacia el mercado adoptando metodologías participativas, con perspectiva de género, respeto a las diferencias y valoración de las culturas locales y nativas.
  3. No se debe crear asociaciones productivas y sociales nuevas sino fortalecer las instancias organizativas naturales existentes en cada zona. El desarrollo debe ser con ellos y ellas, nunca sin ellos (as) y menos aún contra ellos (as).
  4. No se puede hacer "desarrollo alternativo" con políticas macro-económicas y rurales neoliberales que apuntan a desproteger las actividades económicas rentables, sobre explotar los recursos naturales no renovables y excluir a las fuerzas sociales y productivas de las zonas cocaleras o de otras drogas.
  5. No se debe insistir en proyectos de sustitución de cultivos porque estos llevan al círculo vicioso de cultivar más coca para beneficiarse del "desarrollo alternativo". La economía de la coca no es un problema exclusivo de producción agrícola, sino de economía y cultura rural integral.
  6. No debe haber dispersión de proyectos y zonas de influencia en el diseño e impulso del desarrollo y tampoco excesiva prioridad en proyectos de infraestructura social y productiva. La focalización de recursos financieros, institucionales y humanos permite evaluar metas, fiscalizar programas y corregir errores. La siembra de actividades productivas sostenibles en el tiempo – incluyendo capacitación y asistencia técnica – se debe priorizar sobre la “siembra” de cemento, piedras y fierro de construcción que son “inaugurables” electoralmente pero no sostenibles.
  7. No se debe priorizar la recuperación de cultivos tradicionales de exportación y el monocultivo, sino buscar una diversificación productiva inspirada en la ancestral articulación de diversos pisos ecológicos y en el manejo sostenible de la biodiversidad andino-amazónica. El problema de la coca no es sólo que con ella se produce cocaína sino que además, durante el "boom" de este complejo productivo, se ha cultivado como mono-producción.
  8. No se debe orientar los proyectos solamente al mercado internacional, sino a los mercados locales, regionales y nacionales. El orden de prioridad debe ser justamente al revés de lo que hasta ahora se está haciendo: mercado local, regional y nacional, sin excluir el mercado internacional. En suma, el “desarrollo alternativo” debe apoyar la construcción de mercados locales.
  9. No se debe priorizar nuevas especies sin consulta con los agricultores y las comunidades nativas porque suelen ser impropias para la agro-ecología, historia agrícola y cultura local. Es indispensable la consulta y coordinación permanente con las comunidades para aprovechar su sabiduría y corregir errores.
  10. No se debe generar competencias indeseables y conflictos inter-institucionales innecesarios, sino establecer instancias democráticas de concertación para impulsar Programas Integrales de Desarrollo articulando las iniciativas de las diversas instituciones, gobiernos locales y organizaciones sociales y productivas de base.
  11. No debe demorarse la implementación de los planes, programas y proyectos y, en todo caso, debe buscarse “proyectos puente” hasta que los recursos nacionales y/o internacionales estén disponibles. Hay que evitar despertar expectativas en relación con los recursos internos y/o externos destinados al desarrollo integral.

II. Dicotomías, dimensiones y caracteres de la coca

Sostengo que para una correcta, justa y eficaz política de drogas en el Perú, es indispensable distinguir claramente tres dicotomías de la hoja de coca:
  La comprensión de éstas tres dicotomías eran parte de una política de Estado en el Perú hasta 1996, pero fueron olvidadas por la política del Gobierno mafioso de Fujimori/Montesinos. La nueva política que incluía la erradicación forzosa de cultivos, incluyendo fumigación biológica y química, - aunque esto no es reconocido oficialmente y no existen pruebas de ello, sino indicios y testimonios campesinos -, comenzó a imponerse desde ese año, debido a los compromisos financieros con los Estados Unidos. Pero además, las estrategias y leyes sobre este tema se diseñaban y dictaban desde las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y no desde el cerebro de las personas y organizaciones que verdaderamente querían combatir un mal – el tráfico de drogas y no la coca o sus cultivadores - que a todos nos compromete y daña.

Al lado de estas dicotomías, en este tema es necesario entender lo que denominamos las tres dimensiones del problema: producción, productores y consumidores de hoja de coca. Estas dimensiones deberían concretarse en una Ley General de Bases sobre la Hoja de Coca, diferenciada de una necesaria Ley General de Prevención y Control de Drogas. La primera Ley, la de coca, no se ha promulgado, ni siquiera discutido seriamente, pese a haber sido una propuesta explícita de los agricultores de las cuencas cocaleras desde hace muchos años, existiendo incluso un proyecto de Ley al respecto que fue elaborado desde el Ministerio de Agricultura en 1995. Pero la otra ley, la de drogas, tampoco ha sido promulgada, existiendo el absurdo de que nos rige una ley - la 22095 -, que lleva más de 22 años cuando el complejo y la problemática de las drogas a nivel nacional e internacional era mucho más pequeño y este fenómeno ha cambiado sustancialmente.

En la primera dimensión, la de la producción, se trata de un producto agrícola, la hoja de coca en sus diferentes variedades, que constituye un recurso natural que es necesario defender, revalorizar y aprovechar en el ámbito nacional e internacional. Esta planta es integral, tiene varias decenas de componentes - minerales, vitaminas y alcaloides - y, en más de 6,000 años de producción y consumo benéfico, a los andinos no se les ocurrió aislar ninguno de éstos. El aislamiento de la cocaína, que es uno de sus 14 a 19 alcaloides – aún los científicos no se ponen de acuerdo al respecto -, fue realizado por la cultura occidental en 1860, en concreto por el médico austriaco/alemán Albert Niemann.

La hoja de coca pues, no es sólo cocaína y, como ha sido sustentado varias veces anteriormente, tiene un triple carácter:
 


En sus luchas y propuestas los productores de coca buscan afirmar los dos primeros caracteres de la hoja de coca y desearían que el tercero no existiera. La gran mayoría de estos productores no son ni quieren ser traficantes, aunque son conscientes que una buena parte de su producción de coca alimenta la industria y el comercio de la cocaína.

En la segunda dimensión, la de los productores, se trata de miles de campesinos que cultivan hoja de coca porque lo han hecho desde siempre como un cultivo más. En el caso de los cultivadores tradicionales, éstos son aproximadamente 40 mil en el Perú, ubicados principalmente en los valles de La Convención, Sandia, Monzón, La Libertad y en partes reducidas de los valles del Apurímac/Ene, Ucayali, Marañón y Huallaga.

Otros cultivadores, no tradicionales, son colonos campesinos que cultivan y producen coca como consecuencia de la crisis agrícola y las políticas macroeconómicas que no les proporcionan alternativas de sobrevivencia viables. Estos son aproximadamente 100 mil cultivadores ubicados en los cuatro últimos valles mencionados.

En la tercera dimensión, la de consumidores, es necesario informar que en el Perú por lo menos 1.7 millones de campesinos, indígenas, trabajadores agrícolas, pastores, mineros, pescadores y obreros de la construcción del campo y la ciudad consumen coca de manera regular y existe un mercado en expansión de consumidores de infusiones de coca en bolsitas filtrantes, principalmente en las ciudades.

Sin embargo, no se conoce con certeza las dimensiones y dinámica de estos mercados, lo que hace indispensable realizar una Encuesta Nacional que nos dé luces sobre ello. La última vez que se hizo una encuesta en el Perú con respecto a este tema fue en 1964. Los resultados parciales de la encuesta fueron publicados en 1968 y, desde esa fecha, debido a la satanización que existe en el plano nacional e internacional contra la hoja de coca no se ha vuelto a estudiar seriamente sobre su importancia.

Contradrogas sostiene que en el año 2000 realizó un estudio al respecto, pero aún no da a conocer los resultados porque "los estamos corrigiendo", según sostuvo el Secretario Ejecutivo en la Mesa de Diálogo con los agricultores cocaleros. Por nuestro lado, hemos presentado un proyecto para realizar un estudio y encuesta nacional sobre producción, comercio y consumo de hoja de coca, en el que se plantea una metodología participativa con un enfoque integral del problema. El proyecto ha sido entregado a la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI) que forma parte del Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano (PROMUDEH). Este proyecto será presentado al Directorio de Contradrogas para que disponga su financiamiento.
 

La Mesa de Diálogo Gobierno/Cocaleros

Estoy convencido que una mejor forma de encarar el problema que nos convoca, es decir el “desarrollo alternativo”, es promoviendo la realización de Mesas de Diálogo y Concertación en las que los que vienen de abajo y adentro de nuestros países sean los que lleven la batuta. Como promotores del desarrollo humano y la búsqueda de la eficiencia en un mundo globalizado y de mercado, creo que no encontraremos caminos justos y eficaces en nuestro empeño si continuamos confiando más en lo que nos dicen e imponen los arriba y afuera. Lamentablemente, la falta de participación ha sido la experiencia de casi todos los proyectos y programas impulsados en los últimos años en nuestros países.

Por ello quiero compartir con ustedes lo que ha sido una reciente experiencia del Perú que, creo, trata de remar en sentido contrario. Me refiero a la instalación y funcionamiento de una Mesa de Diálogo con los agricultores cocaleros. El 26 de abril se reunió por séptima vez la Mesa de Diálogo con el Gobierno conquistada por los agricultores del Alto Huallaga luego de un paro que hicieran en noviembre del año pasado. Esta Mesa fue reconocida oficialmente por el nuevo Gobierno mediante un Decreto Supremo (Nro. 009-SA) del 14 de marzo del 2001, en el que se considera a los productores campesinos como interlocutores válidos. No obstante, los resultados concretos de la mencionada mesa hasta ahora son sentidos en los valles cocaleros como "mecidas” propagandísticas del Gobierno, tanto del actual como sobre todo el anterior. Luego de una huelga de nueve días de los agricultores de la cuenca del Aguaytía en protesta por la erradicación forzosa, se ha vuelto a reunir entre el 24 y 25 de mayo en la ciudad de Tingo María para discutir y aprobar un Plan de Acción para la reducción gradual, manual y concertada de los cultivos de coca, pero no tengo información precisa sobre los resultados.

Hasta el momento y luego de ocho sesiones, cinco de ellas con el actual Gobierno, no se ha concretado ninguno de los cinco puntos centrales que los agricultores han planteado desde el año pasado y que son los siguientes:
 

  1. Cese de la erradicación forzosa de cultivos de coca por ser una política injusta e ineficaz, lo que implica un dispositivo legal específico, pese a que se ha presentado un documento con argumentos sustentatorios, pero que el Gobierno no ha respondido.
  2. Realizar una investigación seria y con participación de los agricultores sobre el uso de los fondos de la cooperación internacional y del Tesoro Público durante 1995-2000 para el "desarrollo alternativo" ya que existen denuncias y evidencias concretas sobre errores técnicos garrafales, malversación de fondos para la reelección fujimontesinista y simplemente “desaparición” de fondos.
  3. Participación real y no virtual de los agricultores y sus organizaciones representativas en el diseño, impulso y fiscalización del programa de desarrollo alternativo 2001-2005 ya que hasta ahora los supuestos beneficiarios del desarrollo alternativo siguen siendo “convidados de piedra”.
  4. Promover la discusión y promulgación de una ley de coca diferenciada de una de drogas, que impulse la libre comercialización regulada y fiscalizada de este bien ancestral para su uso tradicional e industrial benéfico, lo que implique una reestructuración de la ENACO S.A.


No obstante, el primer y principal punto que se ha planteado desde el principio en la Mesa de Diálogo es el cese de la erradicación forzosa de cultivos, acción que en el Perú es ilegal, ilegítima, inconstitucional, injusta, inhumana, ineficaz y, finalmente, inútil tal como ha sido sustentado debidamente en el documento entregado a las autoridades titulado “Argumentos en contra de la continuidad de la erradicación forzosa de cultivos de coca, como parte de las políticas de control de drogas en el Perú” (Ricardo Soberón y CONAPA-Perú, Lima, marzo del 2001).

En plena Mesa de Diálogo, la erradicación forzosa continuó en los distritos de Curimaná e Irazola en la provincia de Padre Abad del departamento de Ucayali, que cubren las cuencas de los ríos Aguaytía y San Alejandro. La Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) - organismo del Ministerio del Interior que ordena y coordina éstas acciones - sostiene que erradica porque los cultivos están en un bosque protegido - el Bosque Nacional Von Humbolt - y que por lo tanto está aplicando la ley porque no debería haber ningún tipo de cultivo. No obstante, en este mismo bosque Contradrogas, la AID y el UNDCP impulsan proyectos agrícolas de "desarrollo alternativo" y hay una empresa extractora de gas natural que provoca tanto o más daño ecológico que los cultivos de coca.

Es por ello que, después de dar un plazo de 48 horas y luego de una semana para cesar estas acciones, como continuaban erradicando los agricultores realizaron una huelga con bloqueo de carreteras entre el 7 y 15 de mayo. Junto con la huelga, nombraron una delegación de representantes que viajó a Lima para dialogar con el Gobierno.

La huelga, advertida varias veces e informada con días de anticipación por los dirigentes a las más altas autoridades del Gobierno, sobre todo a Contradrogas y al Ministro del Interior, contó con el apoyo de los agricultores de Tingo María, Monzón, Aucayacu, Uchiza y Puerto Pizana que acordaron plegarse a la huelga a partir del martes 15 de mayo en caso que el Gobierno continuara impulsando la erradicación forzosa ordenada por Estados Unidos.

La huelga, que había paralizado las actividades económico-comerciales durante 10 días afectando la selva central del país, fue suspendida el martes 15 de mayo luego de varias reuniones con las más altas autoridades del Gobierno, incluyendo Ministros de Estado, funcionarios de Contradrogas y Policías del Ministerio del Interior encargados de la erradicación forzosa. No se ha llegado a acuerdo alguno, salvo el de continuar dialogando y el compromiso escrito por parte del Gobierno de no erradicar cultivos de coca en zonas cercanas a poblados rurales y predios campesinos legales mientras se discute y aprueba en la Mesa de Diálogo el Plan de Acción mencionado.

Con esta mesa de los cocaleros del Alto Huallaga - cada vez con menos coca ya que los han erradicado intensamente desde 1996 y el Fusarium Oxysporum ha arrasado con más de 50 mil hectáreas en esa zona – así como con otras mesas que está instalando el Gobierno – contra la pobreza, por democracia y desarrollo, educativa, laboral, anticorrupción, de la verdad, etc. –, todas ellas creadas por la exigencia y la lucha de las organizaciones sociales de base, en el Perú se está entrando a un proceso lento pero seguro de fortalecer la democracia. Se trata de una democracia directa fundada en fuerzas nuevas que brotan desde abajo hacia arriba, y desde adentro hacia fuera. Esta democracia directa contra la autoritaria y centralista es por la que luchó el pueblo del Perú en calles, plazas, caminos y valles durante los últimos años, la misma por la que se hizo la Marcha de los Cuatro Suyos en julio del 2000, para echarse abajo a la dictadura fujimontesinista en noviembre del año pasado, poniendo al descubierto su entraña mafiosa, autoritaria, mentirosa y corrupta.

Para concluir este punto, creo oportuno compartir con ustedes la reflexión de Eduardo Galeano respecto a este fenómeno: "En América Latina, son una peligrosa especie en expansión: las organizaciones de los sin tierra y los sin techo, los sin trabajo, los sin; los grupos que trabajan por los derechos humanos; los pañuelos blancos de las madres y las abuelas enemigas de la impunidad del poder; los movimientos que agrupan a los vecinos de los barrios; los frentes ciudadanos que pelean por precios justos y productos sanos; los que luchan contra la discriminación social y sexual, contra el machismo y contra la explotación de los niños; los ecologistas; los pacifistas; los promotores de salud y los educadores populares; los que desencadenan la creación colectiva y los que rescatan la memoria colectiva; las cooperativas que practican la agricultura orgánica; las radios y la televisiones comunitarias; y muchas otras voces de la participación popular, que no son ruedas auxiliares de los partidos ni capillas sometidas a ningún Vaticano" (Patas arriba: la escuela del mundo al revés", 1998).

IV. Propuestas comunes andinas desde abajo y adentro

La heterogeneidad es la característica común de los países andinos en lo que se refiere a la producción, tráfico y consumo de drogas, así como respecto a las políticas y estrategias para encarar esta problemática. Sin embargo, tomando en cuenta las enormes diferencias estructurales y de políticas que han sido expuestas en este seminario, es obvio preguntarse si son posibles propuestas comunes en los países andinos. Sostengo que no sólo es posible sino indispensable establecerlas entre Estados y Sociedad Civil con respecto a por lo menos los siguientes ocho puntos:
 
  1. Reducción de cultivos.- Dado que las acciones adoptadas hasta ahora para erradicar los cultivos mediante la fumigación aérea en Colombia y corte manual en Bolivia - en los tres casos de manera forzosa y afectando a los pequeños productores - han provocado el efecto globo y mercurio ya que han trasladado y dispersado los cultivos, es necesario adoptar una estrategia común y concertada entre pueblos y gobiernos andinos que signifique la reducción voluntaria, gradual, manual, ecológicamente sostenible, sustentableen el tiempo y concertada con las comunidades de estos cultivos con fines ilícitos. Las fumigaciones bien sea química o biológica deben prohibirse.
  2. Evaluación técnica y participativa.- Realizar evaluaciones técnicas comunes de los resultados obtenidos con las diversas estrategias que se han adoptado para reducir los cultivos tales como: i) erradicación forzosa, manual o por fumigación; ii) sustitución de cultivos vía compensación directa o creación de incentivos económicos; y, iii) desarrollo alternativo. En esta evaluación deben participar los Estados, las sociedades civiles – en particular los representantes de los productores agropecuarios y las autoridades locales - y la cooperación internacional que ha tenido una gran responsabilidad con los fracasos que se pueden verificar.
  3. Evaluación Multilateral.- En el marco del principio de la corresponsabilidad, es necesario diseñar un mecanismo multilateral propio y adecuado que aborde integralmente una evaluación de los compromisos de los países andinos en su lucha contra el consumo, tráfico y producción de drogas con fines ilícitos, rechazando mecanismos unilaterales como el de la certificación del gobierno de Estados Unidos y corrigiendo el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) ideado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en el que deben participar representantes de la sociedad civil y organizaciones de base afectadas por el fenómeno.
  4. Concordancia conceptual.- Es necesario concordar con un concepto de “desarrollo alternativo” que signifique impulsar un desarrollo rural integral sustentable (DRIS) centrado en el impulso de actividades lícitas generadoras de ingresos y en el mejoramiento general de la calidad de vida de la población local, proporcionándole educación, salud, infraestructura y servicios sociales. La reducción y/o eliminación de cultivos debe ser una consecuencia de lo anterior, de carácter gradual, manual y de manera concertada con las poblaciones locales. Cualquier erradicación forzosa – manual, química o biológica - estará condenada al fracaso.
  5. Política comercial y salvaguardas en la OMC.- Debe adoptarse políticas comerciales comunes con respecto a los productos agropecuarios alternativos – aceite de palma, palmito, café, cacao, banano, ajonjolí, soya, algodón nativo, arroz, frijoles, barbasco, carnes, peces, etc. – a fin de evitar competencias inadecuadas y “guerra de precios” que provoquen el colapso de las agroindustrias que se impulsen. Asimismo, debe aprovecharse los mecanismos de salvaguarda - en particular políticas de subsidios que contemplan los acuerdos del GATT y la Organización Mundial del Comercio (OMC) - en países con cultivos ilícitos (Título 6to.). Del mismo modo, proponer conjuntamente que la libertad de comercio internacional sea aplicada sin los condicionamientos actuales ante los organismos multilaterales de desarrollo, como Banco Mundial, BID, etc., que se imponen a los países que intentan proteger sus producciones internas, en particular las que provienen o van hacia las zonas de cultivos con fines ilícitos. La política de subsidios a los productores agrícolas no debe ser considerada una herejía en un mundo globalizado en el que Estados Unidos, Europa y Japón favorecen a sus productores con enormes subsidios y protecciones.
  6. Financiamiento multilateral y estrategia común en "Mesas de Donantes".- Se debe construir un mecanismo eficiente de financiamiento multilateral, creando un Fondo Andino de Desarrollo Alternativo (FADA) - o, mejor, de DRIS -, formado con recursos financieros diversos: tesoro público, valorización de bienes incautados al tráfico de drogas, cambios de deuda por desarrollo, endeudamiento con organismos multilaterales, fondos de contravalor, donaciones internacionales, etc. En este aspecto, los Gobiernos Andinos deben concordar políticas, estrategias, acciones, programas y proyectos comunes para presentar en las "Mesas de Donantes" y/o "Grupos Consultivos" y no que cada país presente sus propuestas a los mismos donantes o financiadores compitiendo por recursos.
  7. Investigación Agraria Andino/Amazónica.- Crear un mecanismo multilateral de investigación agropecuaria andino-amazónica, de evaluación de los recursos biogenéticos de esa región, de monitoreo de impactos ambientales de las políticas públicas anti-drogas y de medición de extensiones y evaluación socio-económica de los cultivos con fines ilícitos y su transformación. Este mecanismo debe trabajar con criterios y metodologías propias, participativas, adecuadas a la realidad de cada país y a la de la zona agroecológica, económica y socio-cultural.
  8. Investigaciones sobre la hoja de coca.- Para el caso de Bolivia y el Perú, ambos países deben retomar el compromiso firmado en el Puerto de Ilo en 1994 respecto a la hoja de coca, que dice a la letra: “(Ambos mandatarios) acordaron constituir una comisión binacional del más alto nivel, coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores para elaborar y ejecutar una estrategia conjunta de revalorización de la hoja de coca, cuyo principal objetivo será el retiro de este recurso natural de la Lista I de Estupefacientes de la ONU”[3]. La revalorización nacional e internacional de la hoja de coca es un elemento fundamental en la estrategia de “desarrollo alternativo” en los países andinos, debido a su significado étnico cultural para los pueblos andino-amazónicos y a los tres caracteres y las tres dicotomías de la coca que hemos descrito.


Con respecto a esta última propuesta, solicito que este seminario apoye la iniciativa de la Coordinadora Nacional de Productores Agropecuarios (CONAPA-Perú) de las cuencas cocaleros para realizar una conferencia internacional sobre el uso tradicional, cultural y natural de la hoja de coca a llevarse a cabo en la ciudad de Popayán en el mes de septiembre.

La conferencia, es la continuación de esfuerzos anteriores realizados en los países andinos, en Europa e incluso en los Estados Unidos y está orientada a conformar un Grupo Técnico Internacional, integrado por científicos, académicos y representantes de comunidades de base y gobiernos locales que deslinde ambigüedades en los tratados internacionales, presente pruebas y evidencias científicas – antropológicas, farmacológicas, fisiológicas, médico sanitarias y jurídicas – y promueva la revalorización nacional, andino-amazónica e internacional de la hoja de coca, su cultivo, comercio y producción.

El evento cuenta hasta ahora con el auspicio del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, la Gobernación del Cauca y el Proyecto Planeta Paz. En el Perú apoyan la iniciativa el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano (PROMUDEH), la Empresa Nacional de la Coca (ENACO S.A.),la Asociación Civil Desarrollo Rural Integral Sustentable (DRIS) y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). En el ámbito internacional se ha encontrado el apoyo de agencias de desarrollo solidarias como la Consejería de Proyectos, el Comité Andino de Servicios y Lutheran World Relief y se está buscando el apoyo de la UNESCO – hemos tenido una primera respuesta positiva – el PNUD, la GTZ de Alemania, el DFID de Inglaterra, el gobierno de Noruega y la Unión Europea.

Estoy convencido que la problemática de las drogas y el llamado “narcotráfico” está siendo encarada de manera inadecuada, pero la experiencia adquirida en estos años, aunque altamente costosa en recursos financieros y humanos, puede llevarnos a aprender de los errores.

En este aprendizaje creo que la única salida en el tema de los cultivos para la producción de drogas con fines ilícitos es una estrategia basada en tres pilares: la descriminalización de los cultivos y los cultivadores; el desarrollo rural integral sustentable como precondición para la disminución de los cultivos; y, la revalorización de la hoja de coca nacional e internacionalmente.

En el “desarrollo alternativo” y en la política de drogas, en el Perú hemos cometido muchos errores, horrores y mentiras en los últimos años. En varios casos, estos errores y sobre todo las mentiras, han sido alentadas y promovidas por la mafia fujimontesinista que estuvo en el poder hasta el 22 de noviembre del año pasado.

La estrategia peruana antidrogas fue felicitada año a año por la administración norteamericana del primer George Bush y del presidente Bill Clinton que, lamentablemente, fueron cómplices por acción u omisión de muchos de los estropicios que causó a nuestro país un informante asalariado y aliado incondicional de la CIA, la DEA y el NAS: Vladimiro Montesinos Torres.

Es por ello que sostengo que Estados Unidos no tiene autoridad moral para pedirle cuentas a los agricultores cocaleros del Perú por seguir cultivando coca, un bien ancestral, cultural, medio de pago, caja chica campesina y materia prima indeseable para la producción de cocaína.

En lugar de seguir exigiendo al Perú y al Gobierno Democrático y honrado del Dr. Valentín Paniagua que continúe con la ilegal e ineficaz política de erradicación de cultivos, Estados Unidos debería entregar información que conoce y contribuir con la Policía Nacional del Perú y la Interpol para ubicar y apresar al delincuente internacional Montesinos.

Dicho sea de paso y antes que sea demasiado tarde, Estados Unidos debería también entregar información y apoyar la necesaria investigación sobre cómo se ha utilizado los fondos destinados a la lucha antidrogas en el Perú entre 1990 y el 2000. Estoy seguro que los contribuyentes norteamericanos se encontrarán con muchas sorpresas ......

Termino con una reflexión de nuestro más importante historiador republicano, señalando que en este y en muchos otros aspectos en el Perú debemos rectificar rumbos y decir con el maestro Jorge Basadre: “ ... que el Perú escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos” (“Algunas reconsideraciones cuarentisiete años después”; Perú, Problema y Posibilidad; 5ta. Edición; 1987). Basadre dice que los tres grandes enemigos del Perú como promesa son los podridos que hacen de nuestro país una charca, los congelados que lo ven como un páramo y los incendiados que desean ver un gigantesco incendio.

No me apunto en ninguna de estas tres categorías, sino entre los que buscan impedir que la impunidad prospere bajo el paraguas del pragmatismo pasando por agua tibia a los cómplices de los corruptos e impulsar desde abajo y adentro una democracia auténtica con Estado de Derecho, respeto a las instituciones, comisión de la verdad, comisión manos limpias, una economía solidaria que ponga al ser humano por delante y un país sin charcas, páramos e incendios de ningún signo ....

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[1] Economista peruano, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y asesor de La Coordinadora Nacional de Productores Agropecuarios (CONAPA-Perú) de las cuencas cocaleras. Ponencia para el Foro “Desarrollo Alternativo en países Andinos” (Bogotá 24 y 25 de mayo del 2001) organizado por el Senado de la República de Colombia con el auspicio de la Fundación Hanns Seidel y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP).[2] Proyecto Piloto de Asesoría e Investigación para el Desarrollo Integral Andino-Amazónico (AIDIA) de la Cooperación Técnica de Alemania (GTZ) con el Gobierno del Perú. Comenzó a operar en junio de 1996 y la contraparte fue la Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas (Contradrogas), asesorándola en el diseño de políticas y estrategias sobre “desarrollo alternativo”. El proyecto concluyó en agosto de 1999.[3] Punto 19 de la Declaración firmada por los Presidentes Alberto Fujimori y Gonzalo Sánchez de Lozada , 27 de julio de 1994.
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