En 1997 la comunidad indígena Guambiana asentada en el municipio de Silvia (Cauca), en el sur occidente Colombiano, invitó a funcionarios del Plante para incorporar, en el plan de desarrollo del resguardo, las estrategias de sustitución de cultivos ilícitos promulgadas por el gobierno.

En Octubre de 1997 fuí convidado por el entonces director del Plan de Desarrollo Alternativo (Plante), un programa adscrito a la presidencia de la República de Colombia y diseñado para implementar programas de sustitución de cultivos ilícitos, para explorar el proceso de erradicación voluntaria que venía consolidándose en un resguardo indígena Guambiano, al sur del país. Durante los tres meses consecutivos y tras una serie de entrevistas con funcionarios locales y regionales del Plante al igual que con miembros de la comunidad indígena, se empezó a tejer un esfuerzo por entender cúales habían sido los motivos que habían llevado a esta comunidad a iniciar dicho proceso. Era acaso fruto de las campañas publicitarias del Plante que enfatizaban en el costo moral de la siembra de amapola y coca, o era mas bien resultado de pugnas locales que se articulaban tanto en el terreno político como en el cultural?

Desde los primeros meses de 1997 el caso Guambiano ya era de conocimiento público. Para la burocracia de Bogotá la experiencia Guambiana era una muestra más de los logros de los funcionarios públicos en sus esfuerzos por implementar las estrategias del Plante bajo el marco de políticas de descentralización administrativa y financiera que desde 1988 el Departamento Nacional de Planeación estaba impulsando. La erradicación voluntaria en el resguardo indígena se presentaba como resultado del poder de negociación de funcionarios públicos locales y regionales quienes, en diálogo activo con las autoridades indígenas, habían logrado convencer a éstas últimas de los beneficios económicos que resultarían por la sustitución de cultivos (apertura de líneas de crédito blandas, adquisición de tierras, asistencia técnica contínua, etc.).

Paralela a esta explicación circulaba la de un antropólogo, consultor independiente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien había asesorado a la comunidad indígena en la elaboración de su plan de desarrollo, y para quien el proceso de erradicación voluntaria iniciado por los Guambianos era realmente muestra de la propia autonomía cultural indígena. Lo que los Guambianos estarían haciendo sería reafirmando su capital cultural a través de la invocación de su cosmogonía, como matriz interpretativa por medio de la cual el cultivo y negocio efectarían el equilibrio entre los elementos mansos y bravos que componen el mundo. El cultivo y comercio de coca y amapola generaban más elementos bravos afectando, de esta forma, el equilibrio entre naturaleza y convivencia social.

Estas dos explicaciones llevaron al entonces director del Plante a explorar las posibilidades para crear una estrategia nacional que incentivara a los cultivadores de coca y amapola a comprometerse con procesos de erradicación voluntaria. La preocupación en Bogotá giraba en torno a una pregunta eje: ¿qué tipo de incentivos diseñar para poder replicar procesos de erradicación voluntaria a lo largo del país? ¿Bastaría con incentivar el diálogo entre comunidades locales y funcionarios estatales bajo un marco de respecto por los valores culturales de cada comunidad? Si bien es cierto que la labor entre funcionarios públicos locales y autoridades indígenas era importante, al igual que los valores culturales de estos últimos, estas dos explicaciones no daban cuentan de procesos más críticos que estaban movilizando a la comunidad a enfrentar las consecuencias de una erradicación voluntaria. La confluencia de factores que llevaron a la comunidad Guambiana a erradicar de sus tierras los cultivos de coca y amapola no respondían a lógicas "replicables" en otras comunidades, sino por el contrario a procesos locales particulares.

Pocos meses después el Cabildo Indígena (máxima autoridad del resguardo) sellaba su compromiso con la publicación del Plan de Vida Guambiano, un detallado plan de desarrollo de la comunidad para los próximos diez años que recopila proyectos sectoriales bajo la metodología del Departamento Nacional de Planeación. Con la apropiación de este plan como instrumento de ordenamiento interno del resguardo el Cabildo pretendía solidificar su posición en dos planos diferentes. Por un lado, quería mostrarse ante el gobierno Colombiano como un espacio autónomo y maduro con capacidad técnica y política para asumir el desarrollo integral de su comunidad, mientras que por otro lado, quería ratificar su posición dentro del resguardo como único espacio de autoridad legítima. Esta última intención era de especial importancia ya que considerables extensiones de tierras del resguardo (varias de uso comunitario) estaban siendo utilizadas para el cultivo de coca y amapola.