Este documento, preparado por Carlos César Preafán, está basado en el informe final de los estudios realizados como preparación del Proyecto de Desarrollo Alternativo (PLANTE). Se basa en estudios que fueron realizados como parte de la preparación del Proyecto de Desarrollo Alternativo (préstamo 984/OC-CO). Los primeros estudios fueron financiados por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). Una versión preliminar de este estudio fue presentado en el seminario que se llevó a cabo en la sede del Banco en Washington D.C., el día 17 de noviembre del 1997.

La presente publicación es el resumen de un estudio sobre el impacto de los cultivos ilícitos entre las comunidades indígenas de Colombia, tema que merece especial atención porque ilustra, dentro de un contexto muy particular, la realidad de la gran mayoría de los pueblos indígenas, que están integrándose a la sociedad del mercado, pero, que a la vez, mantienen formas de organización y valores propios.

El trabajo de Carlos Perafán analiza la realidad de los indígenas de Colombia, que se encuentran en una encrucijada entre la extrema pobreza y el cultivo de los narcóticos. A diferencia de Perú y Bolivia, la coca no es un cultivo comercial tradicional y no desempeña un rol importante en la cultura de la mayoría de los pueblos indígenas de Colombia. Por lo tanto, el cultivo comercial de la coca y de la marihuana y, desde el año 1990 de la amapola, es algo relativamente nuevo, que surje como consecuencia del empobrecimiento y de las fuertes presiones externas que sufren estas comunidades. En este contexto, entender no sólo las razones económicas, sino también la racionalidad cultural, puede ofrecer pautas para la búsqueda de alternativas económicamente viables y culturalmente aceptables.

Este trabajo describe la forma en que la cultura tradicional indígena, su visión del mundo y la lucha por mantener su identidad, sugieren una estrategia para eliminar esos cultivos sin recurrir a medidas extremas o a costosos programas como la sustitución de cultivos o las compensaciones monetarias.

Desde el punto de vista metodológico, el presente estudio ofrece un modelo innovador y replicable de investigación antropológica aplicada para la preparación de proyectos de desarrollo socioeconómico, integrales y ambientalmente sostenibles. En este sentido, presentamos el resultado de la consultoría como un ejemplo de buenas prácticas. El profundo conocimiento de las características socioculturales de los diferentes pueblos indígenas de Colombia permite entender los motivos y las modalidades de “afectación” e “involucramiento” de los indígenas en los cultivos ilícitos, y a la vez, ofrece la clave para romper el círculo vicioso de las relaciones de dependencia. Al mismo tiempo, la metodología de investigación participativa y proactiva ha sentado las bases para una nueva relación de diálogo constructivo entre actores con larga historia de hostilidad, desconfianza y falta de comprensión.

Se estima que 17% de los cultivos ilícitos en Colombia se encuentran en reservas indígenas legalmente establecidas. Una porción mayor, pero no tan bien medida, crece en áreas indígenas que no han sido reconocidas legalmente. A diferencia de lo que ocurre en Bolivia y en Perú, el cultivo de hojas de coca (el ingrediente básico de la cocaína) no es parte de la herencia cultural de la mayoría de los indígenas de Colombia. En realidad, en muchas áreas, los cultivos ilícitos no son plantados por las comunidades indígenas sino por colonos que entran en sus territorios, alterando la economía y el sistema de autoridad política tradicionales. En total se calcula que 41% de los 638.600 indígenas colombianos, o casi dos terceras partes de las comunidades indígenas, son afectadas en alguna medida por cultivos ilícitos.

Al formular programas de erradicación, es importante entender que los indígenas en muchos casos ven vínculos entre eventos en términos de un marco lógico metonímico, según el cual los acontecimientos actuales son asociados con hechos acaecidos en el pasado sin necesidad de una relación causal. Si se cambiaran los eventos previos, a los que el antropólogo denomina “nodos”, se facilitaría mucho convencer a los nativos de erradicar los cultivos ilícitos. Su trabajo de campo descubrió algunos de esos nodos que tienen inferencia para la formulación de futuros proyectos. Uno fue la eliminación en 1990 de un programa de crédito blando para la producción de cultivos comerciales. Cuando terminó ese financiamiento barato, muchas comunidades habían acumulado deudas que no podían pagar, abriendo un espacio para que los traficantes de drogas ofrecieran financiar cultivos ilícitos. Basado en este análisis, el estudio formuló recomendaciones para que el proyecto PLANTE apoyara programas prioritarios para fortalecer las economías comunitarias tradicionales. Otras iniciativas protegerían la integridad territorial de las tierras indígenas, mediante la demarcación y la defensa de límites, o mudando a los colonos a otras partes. Otro proyecto subsidiaría el transporte fluvial, porque las ganancias que dejan los cultivos comerciales son insuficientes para comprar motores y combustible.

Las nuevas actividades no necesitan igualar el producido del cultivo de drogas, en la medida en que los nuevos ingresos se destinen al ahorro y la inversión, específicamente con el propósito de desarrollar la economía e identidad de las comunidades indígenas en vez de contribuir a socavarla. El excedente económico se plantea más bien como un problema para los indígenas: el individualismo que el dinero tiende a generar atenta contra la solidaridad social y la alternativa de gastar en fiestas y bebidas, lleva al alcoholismo, a la violencia y al homicidio.

El presente estudio ofrece una herramienta metodológica innovadora que, en el caso de Colombia, ha demostrado su éxito. Tal como consta en los acuerdos logrados entre los indígenas y el gobierno en febrero de 1992 (Acuerdo de Jambaló), los indígenas han planteado abandonar el cultivo de los narcóticos a cambio de programas que puedan satisfacer sus necesidades de alimentación, de servicios básicos y de fuentes de trabajo dignos y han ofrecido, así, una luz al final del túnel. Sin embargo, al considerar el potencial de replicabilidad de esta experiencia, se presentan desafíos adicionales para las agencias internacionales y los gobiernos: ¿Cómo superar la desconfianza y entablar un verdadero diálogo con las comunidades indígenas? ¿Cómo asegurar que los programas prometidos lleguen de manera efectiva? ¿Cómo asegurar que las familias indígenas también cumplan su parte del acuerdo?