El propósito de este trabajo es examinar el alcance e impacto de la oleada de crimen transnacional organizado ruso de la pos Guerra Fría en una región del sistema global: América Latina y el Caribe. Aunque las evidencias actualmente disponibles en el dominio público son primordialmente de orden periodístico y con frecuencia anecdóticas, y pese a estas limitaciones, esta información basta para respaldar la conclusión que asevera que los vínculos o “alianzas estratégicas” entre varios grupos rusos de crimen organizado y las grandes organizaciones criminales transnacionales de América Latina y el Caribe eran, ya para el año 2001, considerables y estaban en rápida expansión. Más aun, se suscita el espectro que, por lo menos en algunos países clave de la región (Vg. Colombia, Méjico y Brasil), las alianza entre las organizaciones criminales rusas “caseras” pueden servir de puerta de acceso a los grupos criminales y/o guerrilleros domésticos para los mercados ilícitos internacionales, servicios de lavado de dineros, y fuentes ilegales de armas que podrían convertirlos en los principales impedimentos al crecimiento económico y en una seria amenaza para la consolidación democrática y estabilidad doméstica a largo plazo.

El crimen organizado florece mejor en aquellos contextos provistos de Estados débiles. En los rezagos del colapso total del imperio soviético en 1991, el recién establecido Estado ruso que asumió el poder en Moscú fue desde sus inicios un Estado débil y esta debilidad institucional llevó a Rusia, junto con la mayoría de los otros 14 Estados independientes que surgieron de la ex Unión Soviética, (Vg. Ucrania, Belarus, Georgia, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Azerbaiján, Tayikistán y Kazajstán), a convertirse en un nido del crimen organizado durante la década de 1990.

La endémica debilidad institucional de la mayoría de los Estados de América Latina y del Caribe, aunada a la existencia de un tráfico subterráneo de drogas inmensamente lucrativo en el hemisferio occidental, marca a los países de este rincón del mundo como blanco preferencial para las empresas transnacionales rusas del crimen. La falta de transparencia y de monitoreo efectivo por parte de muchos Estados latinoamericanos y del Caribe sobre sus sistemas bancarios generó la debilidad que permitió la penetración del lavado de dineros rusos. La corrupción e ineficacia de las instituciones encargadas de aplicar la ley (law enforcement), y de sus sistemas judiciales, permitió a los grupos criminales rusos operar al margen de la ley dentro de una impunidad absoluta.. Efectivamente, la práctica dudosa de varios de los Estados más pequeños de la región (Vg. Dominica, Panamá, Uruguay y Paraguay) que consiste en la “venta” de ciudadanía sirvió literalmente de invitación abierta a los grupos criminales rusos para que se estableciesen en el hemisferio. Como lo hace notar Tom Farer, cuando los Estados son débiles pero actúan como si fuesen fuertes, “...escupiendo leyes y regulaciones con la pretensión de reglamentar, inhibir y gravar la actividad privada...” sin disponer de la voluntad ni la capacidad para aplicar la ley, inevitablemente terminan por generar espacios o “zonas francas” entre la realidad y la legalidad que son explotables y efectivamente explotados por el crimen organizado.

El proceso de globalización en curso indudablemente facilitó las actividades de la mafia transnacional rusa durante la década de los años 90. A grandes trazos, la globalización hace referencia al “encogimiento” de las distancia a nivel global a través del surgimiento y el entramaje de “redes de conexiones” económicas, tecnológicas, sociales, políticas y ambientales. Naturalmente, como lo hacen notar muchos escépticos, estas transformaciones recientes en el sistema mundial no son algo completamente nuevo. Lo que sí es novedoso en el momento actual es su intensidad, velocidad e impacto sobre los Estados y sociedades a lo largo y ancho del planeta. Las organizaciones rusas del crimen transnacional (al igual que otras redes criminales y terroristas internacionales) han podido explotar la facilidad del desplazamiento internacional, la liberalización de las políticas de emigración, la expansión del comercio internacional, la difusión de la tecnología de la comunicación y la subregulación de las redes financieras internacionales (por medio de sofisticadas técnicas de lavado de dineros) para expandir sus empresas criminales más allá de las fronteras de sus propios países.

Dada la debilidad histórica de los países de América Latina y del Caribe, su inserción acelerada en la economía global en las últimas décadas, particularmente intensa en la era de la pos Guerra Fría, ha requerido por lo general de medidas de austeridad fiscal de parte de los gobiernos nacionales y una marcada reducción del tamaño del Estado. Bajo las banderas del “Consenso de Washington” y de reformas neoliberales de mercado, las capacidades estatales de penetración, extracción y regulación (ya de por sí carentes) se han visto seriamente erosionadas entre las secuelas de la crisis regional de la deuda en 1982. En consecuencia, las autoridades estatales de los 90s con frecuencia carecen de los recursos financieros e institucionales requeridos para combatir el surgimiento y expansión en sus territorios de las actividades del crimen organizado transnacional. La fuerzas latinoamericanas y caribeñas a las que compete aplicar la ley (law enforcement) no dejan de ser tristemente inadecuadas, subfinanciadas y corruptas. Las instancias judiciales y cárceles son vetustas y se encuentran postradas. Entretanto, la corrupción a nivel elite continua y hasta se empeora en muchos casos a pesar del credo neoliberal según el cual, una vez hecha la transición, la liberalización “... reduciría el alcance de las oportunidades ilícitas y de enriquecimiento encubierto del que disponen quienes detentan el poder”. Inadecuadamente preparadas en el pasado para enfrentar dos décadas de crimen organizados transnacional, hoy en día, luego de dos décadas de reformas neoliberales, los Estados de la región se encuentran aun menos capacitados.

La tendencia de la reformas neoliberales a ensanchar la brecha ente ricos y pobres en muchos países latinoamericanos y caribeños, y de agudizar la pobreza de las clases subordinadas que no están efectivamente vinculadas al sector exportador ¾los principales “perdedores” del proceso de globalización¾ ha predeciblemdmente suscitado una creciente resistencia a la globalización entre los desposeídos e intensificado las exigencias populares porque se reformen las políticas y se democratice la región. Sin embargo, dentro de un contexto de globalización, el alcance de una acción estatal autónoma en la mayoría de los países del Sur es bastante restringido y con frecuencia las políticas de mejoramiento son percibidas como insuficientes e inaceptables. Enfrentados al desbordante poder de la producción globalizada y de las finanzas internacionales, sumado a una deuda apabullante, gran parte de las elites políticas se ven reducidas a negociar desde una posición de debilidad los términos de su integración gradual al sistema capitalista global. Incapaces de oponerse a fuerzas transnacionales mucho más poderosas, y carentes de la voluntad de adoptar sistemas de representación democrática más flexibles diseñadas para modernizar y legitimar al Estado, la elites gubernamentales y partidistas han por lo general buscado la manera de preservar las estructuras fundamentales de poder y dominación a discreción ¾mediante la cooptación (para restringir la oposición creciente) y una coerción sistémica del Estado (para reprimir las explosiones protestarías y pretorianas)¾ mientras oponen resistencia a las presiones de base en pos de la implantación de una mayor igualdad socio-económica y de la democracia.

En gran parte del Latino América y el Caribe, la dinámica de globalización a lo largo de las últimas dos décadas ha generado las condiciones óptimas para la penetración veloz y la expansión del crimen transnacional organizado. Por un lado, la pobreza que atañe a cientos de millones de personas ¾subremuneradas o desempleadas¾ es un hervidero en el que se incuba y reproduce la criminalidad de todo tipo. Efectivamente, la participación en actividades criminales, incluso formas de crimen organizado, de parte de muchos de los desposeídos de la región, puede considerarse como una estrategia racional de rebusque frente a lo que de otra manera sería una vida privada de oportunidades. Por otra parte, con la debilidad, corrupción y con frecuencia ilegitimidad que tipifica a muchos de los Estados de la región, estos han demostrado sistemáticamente su incapacidad para enfocar de manera adecuada las necesidades desesperadas de estos segmentos “marginalizados” de sus gentes, y para impedir el contagio de la delincuencia común. Se han mostrado aún menos capaces para impedir la ascensión y expansión de altamente sofisticado y tecnológicamente apto crimen transnacional organizado.