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Cultivos ilícitos y guerra biológica
Crónica de un debate no concluido contra proyectos de armas biológicas: En defensa de los derechos humanos y la biodiversidad
Darío
González
Posso[1]
Adriana
Rodríguez Salazar[2]
En este artículo se recapitula un debate sobre proyectos de guerra biológica relacionados con el ‘Plan Colombia’; se recuerda el rechazo al propósito de utilizar contra la coca el famoso hongo Fusarium oxysporum, variedad Erythroxylum; se reseña el origen de la llamada ‘alternativa criolla’ y la denuncia contra este proyecto de investigación de ‘controladores biológicos nativos’, pretendida contrapropuesta nacionalista, de muy mala fortuna, que surgió de manera clandestina y tuvo que ser suspendida por sus creadores; y se constata que los peligros persisten.
La intención de utilizar armas biológicas contra la coca en Colombia es evidente en la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de 1.300 millones de dólares, destinados al ‘Plan Colombia’. Este Plan establece, como uno de sus ejes de acción, la erradicación de cultivos tipificados como ilícitos existentes en el país en un plazo que va hasta el año 2005. Bajo el argumento de la ineficacia de los métodos químicos utilizados, propone el uso de agentes biológicos, ‘micoherbicidas’, más efectivos y baratos que la aspersión con químicos[3].
En el punto titulado ‘Erradicación de cultivos’ el ‘Plan Colombia’ traza como orientación: “Apoyar las nuevas estrategias del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en las pruebas y desarrollo de agentes de control biológico ambientalmente seguros y confiables, con el fin de encontrar nuevas tecnologías de erradicación”.
El Congreso norteamericano plantea la erradicación de los cultivos ilícitos, en especial de coca, “a través de una combinación de programas de desarrollo alternativo; erradicación manual; aspersión aérea de herbicidas químicos; pruebas de micoherbicidas ambientalmente seguros y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de narcóticos ilegales en territorio colombiano”[4].
Así, el Plan Colombia opta como nunca antes por la erradicación forzada de cultivos declarados ilícitos a través de medios que, además de proyectos para pruebas de ‘agentes biológicos’, incluyen fumigación química y ‘pactos’ de erradicación manual que los campesinos deberán aceptar bajo la amenaza de la fumigación con plazos perentorios para la “sustitución de cultivos”. Con tales estrategias este Plan expone al Estado a agudizar la violación de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente.
La primera discusión sobre la utilización de ‘micoherbicidas’ en la aplicación de la ‘estrategia antinarcóticos’ del Plan Colombia se relaciona con un proyecto del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP), dirigido a probar y usar agentes como el hongo Fusarium oxysporum, titulado “Pruebas Experimentales y Futuro Desarrollo de un Agente Controlador Biológico, Ambientalmente Seguro para la Erradicación de la coca”.
Con la participación de Naciones Unidas en este proyecto, dice la Defensoría del Pueblo, “Estados Unidos no sólo obtiene una cubierta política de sus intenciones, sino que de esta manera se hace más difícil la obtención de información sobre el proyecto. Las Naciones Unidas, al contrario de lo que sucede con el Gobierno norteamericano, no está obligada por la Ley de Libertad de Información, la cual garantizaría el acceso a documentos oficiales por parte de terceras personas”[5].
Se sabe que una investigación del gobierno de Estados Unidos iniciada en la década de 1960 identificó en la isla de Kauai (Hawai) una variedad de Fusarium denominada Erythroxylum, que en 1987 aíslaron sus componentes químicos y se confirmó su potencial como “micoherbicida"[6]. Además, aunque no hay información sobre los procedimientos desarrollados en laboratorio, muchos afirman que este microorganismo fue modificado genéticamente haciéndolo más agresivo[7].
A la gravedad de la situación causada por la fumigación química, se suma el peligro de la liberación de este microorganismo, cuyas toxinas son consideradas armas biológicas en la Convención sobre Armas Biológicas y Toxinas, que prohibe su desarrollo, producción, uso y almacenamiento para propósitos hostiles o en un conflicto armado.
Ante posibles ‘pruebas experimentales’ y la eventual utilización masiva de este hongo, surgió una oposición enérgica de sectores académicos, investigadores y algunas organizaciones sociales. En el debate se mencionó, además, que el Protocolo sobre Bioseguridad del Convenio de Diversidad Biológica reconoce que los organismos vivos modificados genéticamente -OVM, OGM- poseen potenciales impactos negativos sobre la biodiversidad y la salud humana, por lo cual su introducción a los países requiere una estructura reguladora diferenciada[8]. Por no existir certeza científica sobre las consecuencias que traería su aplicación, se recordó al gobierno colombiano el principio de precaución, señalado en el Convenio de Diversidad Biológica, en el Protocolo sobre Bioseguridad y en la legislación nacional, como un deber de quienes tienen que tomar determinaciones en lo ambiental.
En la discusión se aclaró que la utilización del Fusarium oxysporum variedad Erythroxylum no sería “control biológico”, sino dispersión de plagas y enfermedades con capacidad de atacar plantas, animales y seres humanos, que su aplicación afectaría la biodiversidad y la producción de alimentos, al tiempo que violaría los convenios internacionales antes mencionados ratificados por Colombia y la propia Constitución Nacional, cuyo artículo 81 prohíbe “la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares". La Constitución también establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, que el Estado debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas, que también serían afectados.
La ejecución de la “estrategia antinarcóticos” del Plan Colombia alarma a los países vecinos por el desplazamiento forzado de personas que llegan a estos en calidad de refugiados, y por la amenaza del uso de agentes biológicos sobre la selva húmeda tropical compartida.
Otro hecho que causa gran preocupación por el uso del Fusarium oxysporum es la negativa del Estado de la Florida en 1999 de ejecutar un programa de experimentación con este microorganismo para atacar cultivos de marihuana. Según los mismos norteamericanos, no existe certeza de que el hongo no cause daños graves al medio ambiente[9]. ¿Por qué, si Estados Unidos admite que el llamado ‘agente verde’ es un arma biológica y se niega a utilizarlo en su territorio, quiere aplicarlo en Colombia? ¿Por qué es aplicable el principio de precaución -carencia de certeza- en Estados Unidos, pero no en Colombia?
Con base en un juicioso análisis sobre los posibles impactos que generaría el uso del hongo Fusarium oxysporum, variedad Erythroxylum, sobre la biodiversidad y la salud humana y la posibilidad de vulnerar los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, la Defensoría del Pueblo en comunicado de prensa del 10 de julio de 2000, recomendó a las autoridades nacionales competentes no permitir el ingreso al país de este hongo, aun para ser utilizado en proyectos de simple experimentación.
En un escenario de oposición y de protestas nacionales e internacionales, el Ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr, no tuvo otra alternativa que rechazar públicamente el uso de este hongo por carecer de certeza sobre sus impactos en el medio ambiente y la salud humana. En declaración para la Revista CAMBIO, de la última semana de julio de 2000, el Ministro reconoció que “la polémica nace de una propuesta que presentó el Programa Antidrogas de Naciones Unidas (UNDCP) a consideración del gobierno colombiano para realizar ensayos controlados en Colombia de un hongo denominado Fusarium oxysporum C-4, desarrollado y probado en Hawai”[10].
No obstante, en la misma declaración a la Revista CAMBIO, el Ministro Mayr justificó un proyecto de investigación para identificar “a partir de la biodiversidad nativa, especies que puedan emplearse como controles biológicos para la erradicación de cultivos ilícitos, sin poner en riesgo el medio ambiente ni la salud humana”.
Con el calificativo de ‘alternativas criollas’ el Ministro se refirió, sin nombrarlo de manera explícita, al Proyecto titulado“Formas alternativas, integrales y productivas de protección de la biodiversidad en las zonas afectadas por cultivos de coca y su erradicación”, formulado por el Ministerio del Medio Ambiente con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt[11], como una manera de sortear la crisis y al mismo tiempo mantener los compromisos con Estados Unidos.
La iniciativa se presentó como una contrapropuesta para ser desarrollada por científicos e instituciones colombianas, con pruebas de campo en la Amazonia y con apoyo financiero de la comunidad internacional. Pero el Sinchi como entidad ejecutora –dice el proyecto- podría “subcontratar” con empresas nacionales o internacionales. El inicio del estudio estaba previsto para agosto del 2000, con una duración de 3 años y por un valor de 7 millones de dólares[12].
El debate sobre este proyecto no se debió a su presentación por las autoridades ambientales nacionales, sino gracias a la filtración a través de Internet de tres versiones desde febrero hasta julio del 2000. De las críticas al proyecto en mención se destacan las siguientes:
En primer término se recuerda que con base en principios éticos la investigación científica debe estar al servicio de la vida, la justicia social, la solidaridad, la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz.
Del 21 al 23 de septiembre de 2000, se cumplió en Paipa el “Seminario Taller Medio Ambiente, Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo”, convocado por el Ministerio del Medio Ambiente, con el objetivo general de “Contribuir a la búsqueda de soluciones ambientalmente sostenibles a la problemática de los cultivos ilícitos y su erradicación, a partir de los planteamientos, propuestas y experiencias que sobre el tema tengan el sector estatal, las organizaciones sociales, la academia y las Organizaciones no Gubernamentales”. Asistieron a este seminario alrededor de 80 personas, analistas vinculados al sector público, la Policía Antinarcóticos, funcionarios del sistema nacional ambiental, organizaciones sociales, representantes de la comunidad académica, de organizaciones no gubernamentales y expertos internacionales.
La mayoría de los participantes rechazó la amenaza de guerra biológica, oposición que desde hacía meses realizaban sectores significativos de la comunidad científica colombiana, organizaciones sociales e indígenas, organizaciones no gubernamentales, miembros del Congreso Nacional y la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente proponuso convocar “un grupo científico independiente del más alto nivel y representativo del saber colombiano”, con el fin de “examinar” la propuesta de estudio antes citada, “reafirmarla en caso que sea aceptable, o proponer alternativas”. Se abrió así un espacio para abandonar ese proyecto.
En todo este proceso cumplió un papel decisivo la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC, con un veto a dicho proyecto. La OPIAC, en la ponencia presentada en el seminario de Paipa por su presidenta, Emperatriz Cahuache, con base en la defensa de los “Planes de Vida” definidos por los pueblos indígenas, manifestó que “se opone, rechaza y veta” la investigación mencionada propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente. Si bien científicos, académicos, intelectuales, políticos y representantes de organizaciones no gubernamentales se opusieron al proyecto, el rechazo y el veto de la OPIAC representó a un amplio sector de las comunidades que serían afectadas directamente.
La OPIAC manifestó que tal proyecto de investigación era contrario al proceso de construcción de una “Agenda 21 Amazonia Colombiana”, promovida por el Ministerio del Medio Ambiente y liderada por el Instituto Sinchi con la participación de esta organización indígena. La OPIAC señaló que el diseño del proyecto de estudio de los “controladores biológicos” de la coca violaba por parte del Ministerio del Medio Ambiente y del Sinchi el “Acta de compromiso” firmada con la OPIAC para desarrollar el proceso participativo para la Agenda Amazónica. La OPIAC anunció que se retiraba del proceso de la Agenda mientras el gobierno no aclarara su posición a través del Ministerio del Medio Ambiente y del Sinchi.
Finalmente, la ponencia de la OPIAC presentó un conjunto de propuestas, discutidas y aprobadas por el Comité Directivo de la Organización. Entre ellas, “impulsar la erradicación manual de cultivos con fines ilícitos” acompañada de políticas que garanticen “la supervivencia y la seguridad alimentaria de los campesinos cultivadores”; rechazar toda erradicación forzada contra campesinos o indígenas, así como la fumigación química y el mal llamado “control biológico” contra los cultivos de coca. Propuso además la realización de “una reunión regional amazónica” en la cual participaran las autoridades tradicionales indígenas, los gobernadores indígenas, los curacas, con el Ministerio del Medio Ambiente y otros organismos del gobierno, para establecer compromisos en relación con estos puntos.
Como culminación del proceso de construcción de la Agenda 21 para la Amazonia Colombiana, el Instituto Sinchi convocó a un Taller Nacional en Bogotá, del 19 al 20 de octubre de 2000. En este evento la OPIAC informó a los delegados sobre las contradicciones surgidas con el Sinchi como consecuencia del proyecto en mención, leyó la ponencia contra la guerra biológica presentada en el Seminario de Paipa y exigió que se anexara a las Memorias de este Taller amazónico.
En respuesta a la OPIAC, la Dirección del Sinchi aclaró que el proyecto no estaba en ejecución, no estaba financiado y no era objeto aún de convenios. A partir de una “autocrítica”, la Dirección del Sinchi expresó su disposición a retirar del proyecto el componente relacionado con la identificación de “controladores biológicos” de la coca. Aunque mantuvo los otros componentes, este fue otro paso hacia el retiro definitivo del proyecto.
El 20 de octubre de 2000, la OPIAC emitió una nueva declaración pública, mediante la cual exigió el retiro total del proyecto del Ministerio del Medio Ambiente y los Institutos Sinchi y Humboldt. Subscribieron esta declaración 26 representantes de los pueblos indígenas de la Amazonia y Orinoquia colombiana reunidos en el “Taller Nacional”.
En esta oportunidad, los representantes indígenas de la región ampliaron el rechazo de las comunidades al desarrollo de agentes biológicos contra la coca y, en general, al desarrollo de investigaciones que vulneren los derechos de los pueblos indígenas sobre el conocimiento ancestral y atenten contra su autonomía. La declaración de la OPIAC denuncia que el proyecto aludido desconoció la soberanía nacional y se somete a las presiones internacionales inherentes al “Plan Colombia” para la ejecución de políticas represivas para la erradicación de cultivos ilícitos, sin importar los altos costos sociales, el incremento de la guerra y el enfrentamiento interno en nuestro país; y exigió respeto hacia las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.
El “Taller Nacional de Agenda 21 Amazonia Colombiana”, con delegados de la región y la presencia de la Dirección del Sinchi, con el fin de determinar nada menos que “el contenido de la Agenda para la región, sus acciones y estrategias”, concluyó con un rechazo a la fumigación de cultivos con fines ilícitos. Como alternativa se propusieron procesos concertados y graduales con los campesinos, en un marco de transformación pacífica de los conflictos, así como la compensación a los campesinos e indígenas por los daños causados por las fumigaciones en sus cultivos de alimentos y en otros proyectos productivos lícitos.
Los participantes en este Taller se pronunciaron en defensa de los derechos y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas; por una moratoria de la bioprospección en los mismos términos del “Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad”, realizado en Nairobi, en mayo de 2000: “Nuestra preocupación por la violación, el saqueo y el robo de nuestra Madre Tierra exige que pidamos una moratoria a la bioprospección y al acceso y uso del conocimiento tradicional hasta que llegue el momento en que nuestra herencia cultural esté totalmente protegida por las leyes nacionales e internacionales”.
Pero permanecen sin respuesta algunas preguntas: Las conclusiones de este evento, concertadas por representantes de comunidades campesinas y pueblos indígenas con el SINCHI, ¿Serán cumplidas por el gobierno y el Ministerio del Medio Ambiente? ¿Tienen el carácter y la fuerza de auténticas "políticas públicas"? ¿Tienen fuerza como compromiso real del Estado? Resulta notorio que en el taller estuvieron ausentes tomadores de decisiones nacionales, como Ministerio del Medio Ambiente, Planeación Nacional, Presidencia y Vicepresidencia de la República.
Sin embargo, a través de la protesta ciudadana, de sectores del Congreso Nacional, de la comunidad científica, de pronunciamientos nacionales e internacionales, de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones de los pueblos indígenas, se produjeron derrotas a estos proyectos y lucrativos negocios de la guerra biológica.
Otro efecto de la oposición nacional e internacional fue la decisión del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP) de retirarse de estos proyectos de “controladores biológicos” de la coca en la región. En carta del 2 de noviembre de 2000, dirigida a organizaciones no gubernamentales, UNDCP confirmó que no estaba ejecutando, ni planeaba ejecutar, ni estaba discutiendo la posibilidad de ejecutar un proyecto de control biológico en Colombia ni en ningún otro lugar de los Andes[15].
Pero el Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas continúa apoyando un proyecto de investigación de un hongo para eliminar la amapola en Uzbekistán; retrocedió en el proyecto de la guerra biológica en Colombia, pero lo hace sin cuestionar su papel en el proyecto de Uzbekistán. Sin embargo, el retiro de UNDCP de proyectos de agentes biológicos contra cultivos declarados ilícitos en Suramérica es un hecho positivo, que puede ser utilizado como palanca para lograr una prohibición global de tales proyectos. Además, determina otro retroceso de las investigaciones diseñadas en Colombia con esos propósitos.
En carta del Ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado, dirigida al Senador Rafael Orduz el 4 de enero de 2001, se afirmó con un lenguaje deliberadamente ambiguo y confuso: “Hemos decidido no continuar con el análisis del proyecto”. ¿No continuar con el “análisis”, o con el proyecto? Cabe preguntar si esto significa que se cancelan las gestiones de financiamiento internacional y se marca un claro distanciamiento con las pretensiones aun no declinadas del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Como consecuencia de las protestas, debates y denuncias, el Ministerio del Medio Ambiente se vio obligado, primero, a rechazar la utilización del hongo Fusarium oxysporum variedad Erythroxylum. Y luego, de hecho, a cancelar el proyecto para la identificación de los llamados “controladores biológicos nativos” de la coca, siguiendo los pasos de la agencia antidrogas de Naciones Unidas, UNDCP, en el retiro de este tipo de proyectos para Colombia y la región andina, decisión que el Ministro en la carta citada manifestó que “comparte a cabalidad”.
En memorando del 22 de agosto de 2000, el presidente Bill Clinton admitió que el plan de Estados Unidos de usar agentes microbiológicos para erradicar cultivos ‘ilícitos’ puede tener impacto en la proliferación de armas biológicas y declaró que Estados Unidos no usará el ‘Agente Verde’ hasta tanto "una evaluación más amplia de seguridad nacional, que incluya consideraciones sobre el impacto potencial sobre proliferación de armas biológicas y terrorismo, proporcione una base sólida para concluir que el uso de esta herramienta en particular para el control de drogas está dentro de nuestro interés nacional"[16].
La agencia antidrogas de Naciones Unidas (UNDCP) se retiró de proyectos de “control biológico” contra cultivos declarados ilícitos en Colombia y la región andina y el Ministerio del Medio Ambiente decidió en enero de 2001 “no continuar con el análisis” de un proyecto de “controladores biológicos nativos”.
La Resolución del Parlamento Europeo, del 1 de febrero de 2001, sobre el Plan Colombia y en apoyo al proceso de paz colombiano, expresa que la Unión Europea “debe hacer lo necesario para que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la introducción de agentes biológicos como el Fusarium oxysporum, dados los riesgos que su uso entraña tanto para la salud como para el medio ambiente”. Esta decisión del Parlamento Europeo es otro golpe significativo contra estas políticas porque rechaza no sólo un agente biológico Fusarium oxysporum, sino la estrategia en su totalidad.
Sin embargo los peligros persisten. Hay programas activos de armas biológicas contra las drogas en Asia y Estados Unidos. El Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas UNDCP, con el auspicio de Estados Unidos y el Reino Unido, tiene el compromiso de desarrollar agentes biológicos contra cultivos declarados ilícitos.
En reportaje de la BBC de Londres al señor Rand Beers -‘Subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para asuntos internacionales y de narcotráfico’-, le preguntaron: si Colombia continúa negando el consentimiento informado para la prueba de campo del hongo Fusarium oxysporum, variedad Erythroxylum, ¿el juego se termina?. Él respondió: “Sería muy difícil recuperarse, pero no estoy dispuesto a admitir que se acabó”. El señor David Sands, científico y comerciante norteamericano, según el mismo reportaje “poseedor de los derechos sobre el hongo”, declaró de manera categórica: “entraremos sin permiso”[17].
La administración Bush ratificó al señor Beers en su cargo. El señor Sands, a diferencia de Rand Beers, no es un funcionario del gobierno, pero como menciona el mismo video reportaje de la BBC de Londres, tiene excelentes conexiones en el Congreso y en las esferas gubernamentales de los Estados Unidos. Estos hechos también hacen pensar que “el juego” aun no termina y que no ha concluido el debate sobre los proyectos de armas biológicas.
Por todo esto, es necesaria una prohibición global. No basta desmantelar los programas existentes de investigación, es indispensable una prohibición sobre cualquier trabajo, presente o futuro, en armas biológicas para erradicar cultivos. A la Comisión de Estupefacientes de la ONU y a la Conferencia de las Partes del Convenio de Armas Biológicas y Toxinas, se debe solicitar la prohibición global del uso de agentes biológicos contra cultivos, como la coca, la amapola o la marihuana.
En especial, es preciso continuar procesos pedagógicos en la sociedad y mantener una vigilancia nacional e internacional, sobre posibles proyectos de agentes biológicos contra cultivos. Esta cruzada contra la guerra biológica, que también es contra la fumigación química, es en primer término por la defensa de los derechos humanos, que son la base de una auténtica ética ambiental. La experiencia colombiana muestra la capacidad de la comunidad académica y científica, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones sociales, para oponerse a iniciativas que atentan contra los derechos humanos y la diversidad biológica.
El presente debate también enseña que es indispensable fortalecer alternativas pacíficas frente a varias décadas de una inútil ‘guerra a las drogas’ dirigida en especial contra los campesinos de las regiones con cultivos tipificados como ‘ilícitos’, sin que se logre reducir el consumo que en el mundo llega a más de 235 millones de personas y sólo en Estados Unidos casi a 14 millones. Cada día es más evidente que “el mal no son las sustancias, no son los productos o el elemento droga en sí mismo, sino las políticas que se desarrollan”[18].
Hace falta, en síntesis, redefinir la política frente a ‘las drogas’, aceptar que es imposible eliminarlas, que es necesario descriminalizar a los campesinos cultivadores, despenalizar y buscar el mínimo daño en la salud de los consumidores, y promover el debate internacional sobre estas alternativas[19].
Cultivos ilícitos y guerra biológica: Retorno al Índice
[1] Ex Consultor del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi. Ingeniero Agrónomo, Calificado en: Industrias. Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional.
[2] Ex Funcionaria del Sinchi y ex Coordinadora de “Agenda 21 Amazonia Colombiana”. Socióloga. Coordinadora Programa Colombia, Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos.
[3] “Plan Colombia. Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, Presidencia de la República, 1999.
[4] Ley HR4425, capítulo 2 sección 3201, condiciones de asistencia para Colombia, USA, Julio 13 de 2000.
[5] Defensoría del Pueblo, Los cultivos ilícitos, política mundial y realidad en Colombia, agosto de 2000.
[6] Defensoría del Pueblo, Op Cit, 2000.
[7] Según Gilles-Eric Séralini, “OGM Le vrai débat”, Flammarion, 2000 (hablando de la guerra biológica): "en conjunción con el gobierno, los científicos americanos han modificado agentes microbianos y otros hongos Fusarium (Fusarium oxysporum y Ploespora papaveraceae) para devastar las plantaciones de narcóticos". (p. 66).
[8] "La falta de certeza científica debida a la información y conocimiento científicos relevantes insuficientes en relación con la extensión del potencial de un organismo vivo modificado de causar efectos adversos en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en la Parte importadora, tenidos también en cuenta los riesgos para la salud humana, no puede impedir a esa Parte tomar una decisión, como fuera apropiado, en relación con la importación del OVM en cuestión... para evitar o minimizar esos efectos adversos potenciales".
[9] Jared Kotler, Colombia Against Using Fungus. Asociated Press Writer, Julio de 2000. Citado por Defensoría del Pueblo, Op Cit, 2000.
[10] “Por qué rechazamos el hongo”. Revista Cambio No.370, 24-31 de julio del 2.000, Bogotá.
[11] Véase Proyecto “Formas alternativas, integrales y productivas de protección de la biodiversidad en las zonas afectadas por cultivos de coca y su erradicación” en: www.sunshine-project.de/pr180700es.html, www.mycoherbicide.net/NEWS/lastcounterproposal.htm, www.ceudes.org
[12] La empresa comercial Live Systems Technology S.A., que tiene vínculos con la formulación de esta propuesta de estudio del “control biológico de la coca”, es mencionada en la versión de mayo del 2000 del proyecto, en la de julio del 2000 no aparece de manera explícita.
[13] Véase carta en www.sunshine-project.de
[14] Véase: 1. Darío González, Bioprospección y guerra biológica, agosto de 2000, www.viaalterna.com.co, www.ceudes.org. 2. OPIAC, “Los pueblos indígenas actores insustituibles”, septiembre 2000. www.mamacoca.org
[15] Véase: Comunicado de prensa conjunto de Acción Andina (Bogotá), Sunshine Project (US/Alemania), Transnational Institute (Amsterdam), en www.sunshine-project.org/pr131100.html
[16] Memorando de Justificación para Determinación Presidencial 2000-28. www.sunshine-project.org/indexesp.html
[17] BBC de Londres, reportaje vídeo “La secreta guerra británica contra las drogas”. 2000.
[18] Juan Manuel López Caballero, “Colombia: víctima de la política antidrogas”, en: Cultivos ilícitos en Colombia, Memorias del foro realizado el 17 y 18 de agosto de 2000. Universidad de los Andes, Bogotá, enero de 2001.
[19] Véase: Soluciones pacíficas alternativas a la ‘guerra a las drogas’. Mesa ‘Cultivos ilícitos’, II Encuentro Nacional de Mesas Ciudadana para una Agenda de Paz, Bogotá, marzo de 2001. www.mamacoca.org
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