1.1 El Narcotráfico

Por los objetivos de la presente investigación, abordamos con una visión integral como académicos esta realidad en zonas específicas de cultivos ilícitos, pretendemos comprender el problema en su contexto económico, político y cultural desde los productores campesinos, colonos e indígenas. Son ellos quizá, la parte más indefensa de la larga cadena del narcotráfico, que se encuentra en el límite entre lo lícito/ilícito, y difícilmente podemos asociarlos con los sesgos de criminalidad, enriquecimiento y organización, de los llamados carteles de la droga.

El narcotráfico se mueve dentro de la existencia funcional de un mundo informal, que se relaciona con la producción, transporte, venta y consumo ilegal de sustancias sicoactivas de origen natural (coca, marihuana y amapola), destinadas al consumo, donde las reglas de juego se establecen sin la injerencia del Estado. Es un fenómeno internacional, que mueve entre el 20 y el 30% de la economía mundial[1], lo cual significa que detrás de él hay intereses de alto nivel que tienen que ver con la macroeconomía y la política. Después de la caída del muro de Berlín, para algunos analistas se ha convertido en el mayor peligro mundial[2] ya que tiene que ver no sólo con la droga, sino además con el comercio de armas, el lavado de dólares y los vínculos con los diferentes Estados. El valor monetario del tráfico de narcóticos, ha llegado a superar al comercio internacional del petróleo y sólo es inferior al mercado de armas.[3]

En este escenario, se da una división entre los países consumidores que generan la demanda de drogas: básicamente los países desarrollados como los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, siendo Estados Unidos el mayor consumidor, y países productores, asociados al subdesarrollo, la marginalidad y la exclusión.[4]

El narcotráfico es considerado por algunos autores, como un indicador de la descomposición del Estado: afirman que donde no hay presencia estatal, se hace posible el desarrollo del narcotráfico.[5] Es así como en los países productores, el narcotráfico llega a convertirse en catalizador de la crisis del régimen político y en potenciador de los factores económicos, políticos y sociales que debilitan al mismo[6].

Desde otra perspectiva, se dice que la demanda mantiene la oferta. Es decir, si los países consumidores tuvieran un mayor control sobre la demanda, sobre el ingreso y el consumo de drogas, los países productores reducirían su nivel de oferta. Sin embargo, el análisis va mucho más allá. Hay opiniones que ubican el problema principal en la causa del consumo de drogas en los países desarrollados, principales consumidores[7]. Desde este punto de vista, consideran que el alto consumo de drogas sicoactivas, lo que demuestra, es un estado de crisis mundial. Por lo mismo, la búsqueda de soluciones y diseño de políticas debe ser compartida. Se considera que en el mundo hay alrededor de 20 millones de consumidores de marihuana, entre 8 y 20 millones de consumidores de cocaína y unos 500000 de heroína.[8]

Sin embargo, Estados Unidos se ha reservado la autoridad para imponer las normas de control al narcotráfico a los países productores. Desde una posición bilateral de superioridad y poder en la que los países europeos no tienen participación, ha determinado medidas rígidas de política anti-drogas tales como: la participación directa de tropas norteamericanas en Panamá (1989) y Bolivia (1986), la guerra antibacteriana y la erradicación forzosa en Bolivia (abril de 1982), las fumigaciones y los tratados de extradición entre Colombia y Estados Unidos(1982), el endurecimiento de penas a los narcotraficantes y la extinción de sus bienes. Estas medidas vulneran la soberanía de los Estados y sujetan su cumplimiento a la certificación, sin la cual los países subdesarrollados no tendrían acceso a créditos con la Banca Internacional.

De esta manera, los países productores además de padecer sus conflictos internos, se encuentran en una situación de dependencia hacia Estados Unidos que los pone en la difícil disyuntiva de lograr un equilibrio entre el movimiento económico generado por el narcotráfico y el cumplimiento de las medidas de fuerza impuestas por el país del norte. Estas naciones se debaten entre la lucha simultánea contra la pobreza y el control del narcotráfico, y el consiguiente debilitamiento de sus instituciones.

El enfoque que hasta ahora ha dado Estados Unidos para debilitar la demanda, está orientado a acciones represivas tendientes a reducir la oferta, más que a controlar el consumo y a atacar los fundamentos del problema tanto de los países productores, como de los consumidores. Así, las mayores cuotas de sacrificio para enfrentar el problema del narcotráfico las asumen los países donde se genera la mayor producción y el tráfico de drogas, como son los casos de Bolivia, Perú y Colombia en lo que se refiere a la cocaína.

Las medidas represivas utilizadas hasta ahora, han conducido a una expansión creciente de la oferta, que en los países productores de coca significó un 75% entre 1980 y 1987,[9] sin reducirse notablemente el consumo. En tanto haya alicientes para producir sustancias sicoactivas naturales, difícilmente el problema mundial podrá solucionarse.

En el caso concreto de Colombia, el narcotráfico como fenómeno notorio aparece en la década de los 70, hasta llegar a consolidarse hoy como un grave problema nacional. La producción, tráfico y consumo de drogas sicoactivas controlada por el narcotráfico ha tenido una fuerte incidencia en la desestabilización social, política y económica del país, y ha contribuido a aumentar los índices de violencia. La ausencia de una política estatal coherente, y la incapacidad del Estado de hacer presencia en todo el territorio nacional, han facilitado la penetración del narcotráfico en todos los estamentos de la sociedad.

Por su relación de dependencia hacia los Estados Unidos, Colombia ha focalizado la acción hacia medidas represivas. En lugar de buscar soluciones estructurales al problema, se atacan sus manifestaciones con respuestas de tipo coyuntura, generando una ambivalencia entre la tolerancia y la represión.

1.2 Los cultivos de coca y amapola

El subsidio que los países desarrollados dan a la agricultura, y la ausencia de un desarrollo rural que facilite la generación de alternativas económicas que garanticen la sobrevivencia de los campesinos, los colonos y los indígenas, son dos factores que han favorecido la expansión de los cultivos ilícitos en la región andina y las selvas amazónicas de América Latina. Los campesinos de la selva andino-amazónica, no sólo fracasan por los malos precios de sus productos, sino también por los bajos rendimientos de sus cultivos y la baja productividad de su trabajo. Sin campesinos pobres en el Tercer Mundo no habría oferta de drogas naturales para responder la demanda internacional, afirma Ibán de Rementería[10].

Por tal motivo, estos cultivos, principalmente la coca con su carácter de cultivo permanente, ofrece a los cultivadores menores riesgos económicos y mayores posibilidades de un ingreso constante. Se puede esperar un tiempo cuando ésta no tiene precio en el mercado, mientras que en los cultivos transitorios, el hecho de no cosechar significa la pérdida del cultivo anual. Al mismo tiempo, tanto en el caso de la coca como en el de la amapola, las familias campesinas pueden manejar en promedio entre 1 y 3 hectáreas con el desarrollo de una tecnología que ya ha sido apropiada por todos. Ello significa una permanente generación de empleo durante todo el año para la familia. Estos factores, unidos a la facilidad para el transporte y el mercadeo, se constituyen entonces en una alternativa de subsistencia para los cultivadores.

Desde esta perspectiva, los productores de coca, marihuana y amapola, los campesinos y los indígenas rechazan que se les considere narcotraficantes. Para ellos, los cultivos significan una garantía de ingreso que les permite llevar una vida digna. En tanto para los narcotraficantes, los cultivos ilícitos forman parte de una gran cadena de acumulación de dinero, violencia, corrupción[11].

Hasta mediados de la década del noventa, Perú y Bolivia eran los mayores productores de hoja de coca con fines ilícitos. En la actualidad, la situación ha cambiado. Colombia, además de ser considerado el primer país procesador, por desarrollar una mejor tecnología para la producción de clorhidrato de cocaína, y una capacidad para evadir las normas y la movilización del excedente económico, registra en los últimos años un aumento en la producción superando a Perú y Bolivia[12]. (Ver Mapa No. 1.1- Cultivos de Coca en la Zona Andina)

1.3 El escenario colombiano

• La crisis de la agricultura enfrenta grandes problemas estructurales, que van a incidir notoriamente en el aumento de los niveles de pobreza, de migración y de violencia de la población campesina. La política de apertura, que auguraba el éxito de la producción, mejores precios, cantidad y calidad para competir en el nivel internacional, entra en el mercado de la competencia en una situación de desventaja frente a países con economías mucho más fuertes, con una agricultura subsidiada y un desarrollo tecnológico muy avanzado.
• Dentro de la políticas de Estado, la agricultura no es considerada como una fuente de desarrollo, generadora de divisas y de empleo. Por tanto, en la asignación de presupuesto, el desarrollo del agro no es prioritario. A su vez, la reforma agraria, núcleo de la política agraria social, difícilmente va a contribuir para la resolución del problema de la concentración de las tierra de primera calidad y hacer efectiva, de una vez por todas, la extinción de dominio en favor de los campesinos sin tierra .
• La violencia e inseguridad en el campo, el miedo y la extorsión, generados por la concentración de tierras, el paramilitarismo y la guerrilla, son las manifestaciones más dolorosas del cruce de estos factores estructurales. Los principales afectados, son los campesinos minifundistas del interior, los colonos tradicionalmente abandonados por el Estado, y los asalariados rurales vinculados a la economía del café, algodón y arroz.

Los datos acerca de la extensión de los cultivos de coca, marihuana y amapola difieren entre sí dependiendo de la fuente. Sin embargo, podemos apreciar que entre 1995 y 1998, éstos en lugar de disminuir han aumentado (Cuadro 1). A pesar de los programas de erradicación el cálculo de hectáreas cultivadas hasta 1998 es de 97000, lo que significa que las fumigaciones lejos de acabar con los cultivos, han generado su aumento entre 1984 y 1985 en un 383% (Cuadro 2). En el mismo período se han destruido un millón de hectáreas de bosque primario para la siembra de ilícitos.

CUADRO No. 1: EXTENSION DE LOS CULTIVOS ILICITOS EN COLOMBIA[13]

(...) Se puede decir que es fundamental crear un sistema de información que permita hacer un seguimiento a los cultivos ilícitos ya que en el mejor de los casos la información disponible es una aproximación al problema y está lejos de reflejar lo que bien podría ser la realidad. Los datos suministrados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos obedecen a consideraciones políticas que se enfocan hacia una reducción de la ayuda en la lucha mundial contra las drogas y es por esto que tienden a subestimar la magnitud del problema.[16]

Las marchas campesinas e indígenas de julio a septiembre de 1996, ponen en evidencia la magnitud de este problema, al movilizar centenares de miles de cultivadores en protesta por las fumigaciones. Lo que allí se manifiesta es la crisis nacional de la agricultura y la ausencia de una reforma agraria eficaz. Lo que se reivindica es tierra, trabajo y dignidad.