El sistema de alertas tempranas

como mecanismo de guerra


Iván David Ortiz Palacios*

Este escrito se desarrolla en tres momentos. El primero, a manera de introducción, busca que el lector tenga un panorama general de los elementos tratados; encontrará entonces la referencia de los temas correlacionados a lo largo del escrito: conflicto armado, desplazamiento forzado, alertas tempranas, desastres naturales, “desastres sociales” y Plan Colombia. En un segundo momento, se profundizará –de manera más detallada– en la conceptualización de estos temas; finalmente, se encontrará con algunos puntos reflexivos a manera de conclusión.

 

 Introducción

Día es de alerta, día
De plena vigilancia en plena guerra
Todo día del año. ¡Ay del dormido,
Del que cierra los ojos, del que ciega!
No basta despertar cuando amanece:
Hay que mirar al horizonte. ¡Alerta!...
(Antonio Machado, Alerta, 1938)
En Colombia, desde hace cinco décadas se viene hablando de un “período”  de violencia1 [Codhes, 2000:7], como resultado de la confrontación política. A lo largo de este período la violencia colombiana ha pasado por varios matices y cobrado diversidad de gamas; lo cierto es que cada vez cobra muchas vidas. Una de sus múltiples manifestaciones es el desplazamiento forzado, que según el estudio realizado por el sector salud, es un fenómeno que proviene de las estrategias bélicas de las partes en conflicto2 [Minsalud, 1998:4].

Este fenómeno social ha despertado la preocupación de organismos gubernamentales y no gubernamentales de orden nacional e internacional; unos y otros se han dedicado a implantar un plan de contingencia para tratar el desplazamiento forzado, y por ello nos encontramos con proyectos y planes orientados a elaborar diagnósticos, desarrollar metodologías, realizar lecturas cualitativas y cuantitativas sobre esta “calamidad nacional”. El Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la Mujer Rural, el Ministerio de Educación, el Instituto de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, la Red de Solidaridad Social, el Centro de Investigación para la Educación Popular, entre otros organismos nacionales, se han dado a esta tarea [Codhes, 2000].

En su esfuerzo han recurrido a programas de prevención y asistencia establecidos para atender desastres naturales, con el fin de asimilarlos y orientarlos al fenómeno del desplazamiento forzado. En este momento es pertinente dejar en claro que desde esta concepción y querer de homologación, en nuestro parecer existe un equívoco mayúsculo, pues por definición un desastre natural se refiere a un infortunio que causa daño y sufrimiento ampliamente extendidos, y cuando su origen es natural, estas condiciones se acentúan por cuanto éste se produce por cambios rápidos, incontrolables y destructivos, muchas veces irrefrenables [World Health Organization, 1995:4]. Aunque un fenómeno social como el desplazamiento forzado, sin lugar a dudas también es un infortunio que causa daño y sufrimiento ampliamente extendidos, su manifestación no es de naturaleza incontrolable, ni irrefrenable; tampoco espontánea; por el contrario, es la consecuencia de unas estrategias de belicosidad, concebidas con tiempo, que requieren preparación, ejecución y resultados a largo plazo.

En los planes de prevención de desastres naturales, una de las estrategias utilizadas para informar a las poblaciones, zonas y colectividades afectadas son las llamadas “alertas tempranas”, las cuales se orientan a avisar y evaluar el riesgo y el peligro del desastre, y así mismo a ejecutar planes de contingencia para evitar la pérdida de vidas humanas y, en la medida de lo posible, minimizar los estragos causados antes, durante y después del desastre.

No obstante esta distinción, el Estado colombiano ha presentado como urgencia el concretar su plan de alertas tempranas para contrarrestar el desplazamiento forzado, y ha encontrado en el Plan Colombia el mecenas óptimo para llevar a buen término este propósito. Recordemos que este Plan fue concebido en 1999 cuando el Comité de Relaciones Exteriores lo presentó como proyecto de ley S-1758, ante el Congreso estadounidense; su fundamento principal es prestar a Colombia cooperación militar, para que desde los ámbitos de seguridad, justicia y proceso de paz se restablezca el “orden nacional” [Conpes, Documento 3057, 1999]3.
 

Conceptualización

¿Buscáis acción? ¿No es toda vuestra historia
tragedia de tragedias inauditas...
¡Ah! Olvidad medio siglo. En sus anales
por una que honre, hay diez que ruborizan...
(Rafael Pombo, El contrabando de la charla)
Luego de hacer esta breve introducción al tema, es ahora pertinente profundizar más en la interrelación de cada elemento, para comprender que en el supuesto afán de contrarrestar un fenómeno como el desplazamiento forzado, se esconde una estrategia militar pretendidamente legitimada para que sea eficaz ante desastres naturales, pero que resulta contraproducente al ser implantada en otros avatares y para fenómenos que proceden del conflicto armado interno, donde los intereses de una de las partes en conflicto llegan a convertir la estrategia en su mejor arma, de tal suerte que “la cura resulta más mala que la enfermedad”. Por lo mismo, pensamos que no se puede esconder este mecanismo militar de control poblacional, si de ello depende la vida de miles de personas, que lo único que desean es dejar de ser errantes del dolor y el sufrimiento.

El Derecho Internacional Humanitario, pese a ser un tema cotidiano y una reclamación de las partes en conflicto, no se cumple; por consiguiente, las manifestaciones de infracciones graves al DIH, se incrementan bajo la mirada cómplice del Estado. La impunidad campea por toda la nación y, a pesar de los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano, estas infracciones se evidencian de mil y una formas. Concretamente, son 50 años consecutivos en que colectividades enteras han sido expulsadas forzada y reiterativamente, sin que por ello se haya judicializado o penalizado a los responsables.

Las condiciones, espacios, temporalidades y especificidades en que se presenta el desplazamiento forzado permiten afirmar, sin que sea una exageración, que todo el territorio nacional se ha convertido en escenario del devenir transeúnte de población civil, en sus huidas y llegadas [Codhes, 2000]4; en sus espaldas muchas víctimas que han sobrevivido al acoso de la muerte, cargan equipajes llenos de cansancio, zozobra, miedo, enfermedades, recuerdos, melancolías. Pero esos mismos equipajes aún tienen espacios vacíos, porque dejaron muchos ritos funerarios sin celebrar, muchos de sus muertos sin enterrar, sus animales y cultivos sin cuidar.

Con la pretensión de solucionar un fenómeno que ha hecho historia en nuestro país [Codhes-Unicef Colombia, 1999:13]5, varios estudiosos del tema sostienen en consenso que la mejor manera de abordar este fenómeno social es materializando un programa de alertas tempranas, entendidas éstas como el traslape directo de metodologías y planes de prevención de desastres naturales a dinámicas sociales provocadas por contextos de conflicto armado. Sin desconocer que en América Latina, y el mundo en general, estos programas de alertas tempranas han contribuido grandemente para que se mengüen los desastres naturales y sus consecuencias, gracias a que los miembros de los comités técnicos –mediante su monitoreo permanente– anticipan la severidad y la frecuencia de los desastres6, no se puede pretender que esos mismos sistemas de monitoreo, planes de emergencia, alertas, manejo de información de víctimas, tengan los mismos resultados cuando se trata de asumir una problemática social como el desplazamiento forzado.

La observación hecha no es mera testarudez; el sistema de alertas tempranas pensado para prevenir el desplazamiento forzado, pretende observar las situaciones de riesgo y lograr la categorización de las acciones amenazantes, anunciando pasos a seguir de acuerdo con las alarmas utilizadas, así: evolución de riesgo, recursos disponibles, características poblacionales que permitan su fácil localización, acceso y previsión del evento. En casos tan graves como el desplazamiento forzado, si el sistema de alertas tempranas está tan bien concebido como para reconocer el evento antes de que suceda, quiere decir que este evento sí es previsible y controlable; es decir, su génesis es totalmente diferente a la de un desastre natural.

Otro aspecto por tener en cuenta es el siguiente; no es mera desconfianza, pero recordemos cuando en 1988 el Estado colombiano, con el mismo interés de protección, instauró el carné de orden público para la población civil de Urabá7, y con miras a recuperar el control estatal en esta zona se asentó la Jefatura Militar; hoy en día, luego de 12 años, las noticias, los informes de Derechos Humanos y la propia realidad demuestran que tal protección no funciona; la sistematización de información, el control de la población, el censo completo de actividades, entradas y salidas de la zona son inútiles para impedir masacres, asesinatos, atentados, desapariciones y desplazamientos forzados. Lo que sí han proporcionado son datos exactos para ubicar mejor a las víctimas (obreros, sindicalistas, líderes políticos, campesinos y en general población civil), que han tenido que padecer estos vejámenes. Otro caso ejemplificante es lo ocurrido en Puerto Boyacá8; también aquí los propósitos estatales para proteger a la población de los diferentes desmanes cometidos por los actores en conflicto se concretaron en la instauración de métodos de control de residencia y circulación; la carnetización clasificó a los ciudadanos; se estableció el control de mercancías y comerciantes; los resultados de estos métodos de protección fueron las extralimitaciones de funciones de la fuerza pública y el encrudecimiento de la represión [Ortiz, 1988:33-35]9.

Pese a estos ejemplos, hoy en el nuevo siglo, el Plan Colombia, concebido principalmente para militarizar la sociedad colombiana, propone diez estrategias: económica, fiscal y financiera, de paz, defensa nacional, judicial y derechos humanos, antinarcóticos, desarrollo alternativo, participación social, desarrollo humano y orientación internacional; no sólo avala, sino que impulsa y destina en el paquete de política económica dos millones de dólares10 para la ejecución de métodos de prevención de fenómenos sociales lesivos como el desplazamiento forzado11. Particularmente financia el sistema de alertas tempranas12 orientado a cumplir con fases de advertencia en el ámbito regional, municipal y veredal13. En cuanto a vulneración de derechos humanos, en lo relacionado con la democratización y desarrollo social, el Plan Colombia explicita que “en las áreas de conflicto, el Gobierno Nacional estructurará un sistema de alerta temprana para detectar amenazas inminentes de violencia, permitiendo de este modo que se pueda actuar a tiempo. Si no es posible prevenir el desplazamiento, el Gobierno Nacional proveerá lo necesario para satisfacer las necesidades locales”.

Los primeros visos de implantación de este sistema de alertas tempranas se materializan en la adopción de un formulario único para desplazado; se trata de un dossier en donde se recoge la mayor cantidad de información de las víctimas, entre otras, su procedencia, su identificación, su historia familiar, social y colectiva, con el fin de poseer todo el compendio en la red de información. Esta reseña también fue utilizada en los casos de “control” ya mencionados, y aquí nuevamente son las víctimas las “identificadas”, las controladas y también las vulneradas, mientras los victimarios siguen siendo monitoreados como fuerzas irrefrenables e inoponibles por el Estado, tanto así que a pesar del establecimiento de las alertas tempranas, el gobierno se declara imposibilitado para detener el desplazamiento y prefiere anunciar su disposición de satisfacer las necesidades de las víctimas.

Sus impulsores proponen que para que las alertas tempranas funcionen, se deben ejecutar varias tareas que consisten básicamente en recolectar la mayor información posible sobre la población en las zonas donde se desarrolla la guerra; esto es, los lugares susceptibles a que acontezca desplazamiento forzado; se necesita entonces todo un programa para levantar mapas topográficos y temáticos que den cuenta de vías de acceso, población, medios de transporte, etc. Con la codificación y análisis de variables, teniendo en cuenta los datos geográficos, estadísticos, humanos y económicos, se posibilita la alimentación de la red de información, el cruce de datos y la lectura de fuentes recogidas en campo. Con el sistema de alertas tempranas esta recolección de datos y la contextualización de los mismos hacen lectura de las masacres, del desplazamiento forzado y de las extensiones de las zonas más vulnerables a éstos (Urabá, Magdalena Medio, Catatumbo, centrooriente y suroccidente del país); es decir, el largo y ancho del territorio colombiano. También el sistema de alertas tempranas permite con dichos datos –supuestamente– prever incursiones, movimientos, avanzadas, retornos y métodos de asistencia. No se entiende entonces por qué con ello no se evita el “desastre”; igual cabe preguntarse por qué figuran sitios en donde ya se han aplicado métodos de protección basados en el control total de la población.
 

Puntos de reflexión

Un porvenir de polvo se avecina,
Se avecina un suceso
En que no quedará ninguna cosa:
Ni piedra sobre piedra ni hueso sobre hueso...
(Miguel Hernández, Recoged esta voz)
La primera mirada crítica al sistema de alertas tempranas aplicado a eventos sociales14 radica precisamente en su propia concepción, como lo hemos señalado: intentar una homologación de desastre natural con una situación de crisis humanitaria y de derechos humanos, es impropio y equívoco. El desplazamiento forzado no puede entenderse como un evento irrefrenable, incontrolable y mucho menos inevitable; entenderlo así, es aceptar que siga ocurriendo y al mismo tiempo permitir que el Estado siga evadiendo su responsabilidad como garante de los derechos de todos sus súbditos.

En segundo lugar, es importante preguntarse por qué si el Estado puede recaudar toda la información necesaria sobre la guerra, monitorearla, “mapearla”, divisarla, no puede evitar que la población civil se convierta en víctima constante de ella. ¿Se necesita tanta información para “prevenir” alertando a los pobladores susceptibles de padecer el desplazamiento forzado, cuando ya el Estado colombiano cuenta con muy buena información sobre las partes en conflicto, las zonas de mayor influencia de los grupos insurgentes armados y de los paramilitares, cuando ya existen mapas sobre la influencia del narcotráfico en la violencia territorial, cuando el Estado incluso lleva el récord de los desplazamientos y repoblamientos de las zonas en donde se recrudece el conflicto armado? Nuevamente la pregunta es: ¿Por qué toda la estrategia de alertas tempranas tiene como uno de sus componentes la reseña de las víctimas del desplazamiento?

¿El Estado cumple sus funciones de respetar y hacer respetar el régimen de protección de derechos consagrado en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, en el Derecho Internacional Humanitario y en la Constitución Política, solamente avisando tempranamente a las víctimas potenciales de que van a ser víctimas reales? La realidad del país demuestra que la estrategia de alertas tempranas no opera para la prevención ni para la supuesta asistencia de los desplazados; el primer enunciado lo confirman las cifras crecientes y diarias de población desplazada forzadamente, y el segundo queda igualmente desvirtuado con eventos como el propiciado por los campesinos desplazados que se tomaron las instalaciones del CICR en la ciudad de Bogotá15, por los indígenas desplazados que, a pesar de contar con una legislación que los protege, deambulan en las ciudades de Bogotá y Cali mendigando, o los negros desplazados que se han trasladado a ciudades capitales para convertirse en los vendedores ambulantes de comestibles, sin que hasta ahora se haga nada para reubicarlos, retornarlos a sus lugares de origen o brindarles la menor atención.

Un tercer punto por señalar es que al hacer el traslape de diseños de programas de desastres naturales a consecuencias de la guerra que vive nuestro país, la función del Estado parece se agotará en el aviso temprano del desastre social a las víctimas, mas no en su erradicación16, desconociendo que incluso en el tratamiento de desastres naturales ya hay resultados de inevitabilidad del mismo.

No se entiende por qué el Estado, teniendo claro que el derecho internacional público, tanto de derechos humanos como humanitario, prohíbe el desplazamiento arbitrario, ha hecho caso omiso de ello. Por el contrario, con su aquiescencia o gestión en algunos casos (fumigaciones indiscriminadas en zonas rurales y resguardos indígenas, bombardeos también indiscriminados, combates en donde la población civil no es respetada) provocan los desplazamientos. Tampoco se ha visto que cumpla con las disposiciones internacionales en cuanto a “suministrar viviendas decentes, condiciones de higiene adecuadas, información suficiente respecto de los procedimientos de indemnización así como de los recursos útiles”17 a las personas víctimas de desplazamiento forzado, y ahora sí demanda recursos para implantar el plan de alertas tempranas, con el fin de conocer los datos de las víctimas que siguen enfermas, sin educación, sin un techo donde albergarse y con su temor a cuestas.

Finalmente, lo que se podría concluir es que el sistema de alertas tempranas es concebido como una estrategia para dar un tratamiento de guerra a los desplazados, pues los propósitos para los cuales supuestamente es creado no significan en modo alguno que el fenómeno del desplazamiento forzado se extinga; tampoco que la población víctima de éste se recupere a mediano y a largo plazo, sino, y en el mejor de los casos, que sobreviva inmediatamente después de haber sido desalojada y vulnerados sus derechos.

Siendo la Red Nacional de Información un módulo del sistema de alertas tempranas que se encuentra diseñado para la recolección de información, el manejo de información y análisis de la misma, su ejecución total lograría realizar una biografía muy completa no sólo de las víctimas individuales sino colectivas del desplazamiento forzado; como ya se señaló en su momento, se recaudará una completa información en el ámbito social, familiar, económico, geográfico y hasta físico de la población vulnerada; cabe entonces preguntarse: ¿Para prevenir el desplazamiento, es necesario saber tantos detalles?

Podría pensarse, por supuesto, que quizás el verdadero objetivo de alimentar la Red con esa cantidad de datos, es satisfacer las necesidades de las víctimas, desarrollar programas de restitución y reparación en el ámbito social y psicológico, brindar protección estatal a las zonas en donde este fenómeno se acentúa, aplicar justicia a quienes hayan sido los perpetradores y determinadores de dichos desplazamientos; a más de éstos, se pudieran plantear más objetivos. Pero si la recolección de información no apunta, como ya hemos manifestado, a evitar la catástrofe social que provoca el desplazamiento forzado, entonces a mediano y largo plazo esta información podría servir para plantearse otros objetivos de acuerdo con intereses específicos del Estado y sus planes de guerra.

No se nos debe olvidar el impacto desastroso de las listas negras en Colombia, que provocan masacres, desapariciones forzadas, exterminio, genocidio y todas las atrocidades que constituyen en gran medida la historia nacional. De igual manera debemos recordar que el Estado hasta el momento no ha instaurado un programa completo de identificación civil de personas; de ahí que en esta sociedad sea tan fácil ser desaparecido forzadamente sin dejar huella. Para alimentar una red con lineamientos meramente preventivos, sí se requiere y se puede diseñar un mecanismo de recolección de información; pero no debemos olvidar la imponente sistematización informativa con que contaron dictaduras militares como la argentina, la chilena y la haitiana, entre otras, en donde se necesitaba únicamente consultar un sistema para saber qué personas le eran impropias al régimen político imperante.

Lo que constituye una alarma completa para la población colombiana es lo relativo a la seguridad y confidencialidad del sistema de información que alimenta una Red Nacional como ésta; cómo se garantizará confidencialidad; cómo se evitará la fuga de información; igualmente, cómo se garantizará la fiabilidad de la misma. Estas preguntas en un estado de guerra necesariamente se resuelven con lógicas de guerra, en donde el terrorismo de Estado se erige como práctica de control social. Posterior a estas reflexiones, cabe nuevamente el interrogarnos: ¿En la elaboración del sistema de prevención de los desplazados forzados, cuál es la verdadera intensión de su accionar? Lo que se percibe en un primer plano es un objetivo militar de información.

El llamado nacional e internacional, radica entonces, en que nos mantengamos atentos a estos signos de alerta naranja, para que podamos evitar que el rojo de la alarma sea el río de sangre de miles de colombianos inmersos en una guerra que el Estado escala con la financiación del Plan Colombia.
 

Bibliografía


Comisión Colombiana de Juristas. El Monitor de derechos humanos, 1998, No. 41-42.

Consultoría para el desplazamiento forzado y los derechos humanos [Codhes]. Esta guerra no es nuestra. Niños y desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, Colombia, 2000.

Defensoría del Pueblo-PNUD Proyecto Cooperación Técnica Internacional. Alertas Tempranas, diciembre de 1998.

Desde abajo, Suplemento especial, “Plan Colombia”, Texto completo y traducido al español, Colombia, noviembre de 1999.

Ministerio de Salud y otros. El sector salud frente al desplazamiento forzado por la violencia en Colombia, Encuentros Interinstitucionales, Colombia, 1998.

Ortiz Palacios, Iván David, “El carné de orden público en Urabá”, Revista Sindicatos, Instituto Nacional de Educación Obrera, Inedo, Colombia, diciembre de 1988.

Red de Solidaridad, Compendio de políticas y normas: atención a población desplazada por el conflicto armado, Presidencia de la República, 1999.


*  Profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia.
1. En diferentes momentos de su historia, Colombia ha vivido procesos de conflicto armado con sus consecuentes impactos políticos y sociodemográficos. El actual proceso de confrontación tiene su origen en la violencia de los años cincuenta y se reproduce por una doble dinámica: de un lado, la continuidad y la supervivencia de una serie de conflictos y desajustes sociales nunca resueltos, asociados con la tenencia de la tierra, la cuestión social, la exclusión política y el autoritarismo del régimen; y de otro lado, la emergencia de nuevas formas de confrontación política extrainstitucional de carácter insurgente que se mantienen durante las últimas cuatro décadas.
2.  “Considerando las causas y la naturaleza de los desplazados: el desplazamiento en Colombia es un resultado de violencia política. Las partes conflictivas raramente se enfrentan directamente la una contra la otra. Sin embargo, involucran a la población civil, forzándola deliberadamente a abandonar sus hogares”.
3. Este documento, es supuestamente un plan de acción para mejorar los mecanismos e instrumentos para la prevención, la protección, la atención humanitaria, el retorno, la reubicación y la estabilización socioeconómica de la población desplazada por la violencia. Propone fortalecer los sistemas de información sobre desplazamiento forzado en el país. Este plan de acción es parte de la estrategia de Democratización y Desarrollo Social del Plan Colombia y, en particular, desarrolla el objetivo de establecer un régimen de corresponsabilidad entre el Estado y las víctimas, en relación con la promoción y el respeto por los derechos y la dignidad humanos. En conjunto, estos elementos apuntan a la conformación de un esquema institucional de corresponsabilidad que incentive la participación para sustentar dicha corresponsabilidad.
4. Los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Tolima, Santander, Caquetá, Meta, Cesar, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare cada día reportan expulsión de hogares completos de su territorio. Y los lugares en donde tratan de refugiarse estos hogares desplazados son las ciudades capitales, ciudades región y cabeceras municipales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Montería, Barrancabermeja, Cúcuta, Sincelejo, Villavicencio; Soacha, Bello, Girón, Malambo, Soledad, Tierralta y Apartadó también reportan un alto índice de población desplazada.
5. Han sido, pues, la violencia, el desplazamiento forzado y el despojo, manifestaciones constantes de nuestro conflicto armado interno. Así, los desplazados de comienzos de siglo por la “guerra de los mil días”, los desplazados de mediados de siglo por la “violencia” liberal-conservadora y los desplazados del fin del siglo por el actual conflicto armado, han sido y son protagonistas anónimos de unas guerras que no siempre sienten como propias, pero que cambiaron abruptamente sus condiciones de vida y sus referentes sociales y culturales.
6. El decenio para la reducción de los desastres naturales, DIRDN.
7. Zona del norte colombiano que comprende territorios de los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba. En esta región se congrega gran cantidad de riqueza (agricultura, madera, ganado); por lo mismo ha sido escenario constante de confrontación armada entre grupos que antagonizan por poseer el control.
8. Se halla en el departamento de Boyacá en el límite con Antioquia, y su ubicación se enmarca en el Magdalena Medio, zona de gran confrontación armada; históricamente muchas partes del conflicto se han disputado su control (militares, Estado, guerrilla, paramilitares, narcotráfico).
9. Los nítidos casos de extralimitación de funciones y represión en cuanto:
a) A los ciudadanos carnetizados encontrados en lugar distinto al del carné. b) A los comerciantes que vendían sin autorización al por mayor en determinados barrios y veredas. c) A los consumidores que compran provisiones que, según el criterio de la jefatura militar, servían para proveer a los insurgentes. d) Constantes decomisos de bienes que pueden llegar a manos distintas “de los consumidores carnetizados”. En Sindicatos, publicación trimestral del Instituto Nacional de Educación Obrera, Inedo, diciembre de 1988, p. 35.
10. Plan Colombia. Posibles elementos en el paquete de recursos de Colombia. Costo de los programas y planificación central de los recursos, millones de dólares. Política económica. Presupuesto anotado para la extensión ATPA, o incremento CBI.
11. En la publicación Desde abajo, órgano de difusión de estudiantes y trabajadores, en su suplemento de noviembre de 1999, se plantea que el Plan Colombia mientras augura la paz, esconde en realidad el propósito de enfrentar amplios sectores de la población campesina y urbana, desconociendo las raíces sociales del conflicto colombiano. Bajo estas premisas los recursos del Plan Colombia están discriminados de acuerdo con los requerimientos de paz: cooperación en seguridad y justicia (US$4.810.0 millones), democratización y desarrollo social (US$1.637.31 millones), Plan de política económica (US$1.056.75 millones) y finalmente para el proceso de paz (US$54.04 millones).
12.  La Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres desarrolla una metodología del módulo de atención emergente, en donde presenta la importancia de la Red de información como respuesta a la Ley 387 de 1997 “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazamientos internos por la violencia de la República de Colombia”. Defensoría del Pueblo, diciembre de 1998.
13.  El Plan de Prevención basado en el sistema de alertas tempranas comprende una fase de monitoreo y alerta, para observar situaciones de riesgo. Este sistema debe ser reforzado en momentos de emergencia; la observancia apunta a las evoluciones de situaciones de riesgo, la localización y la extensión de la zona interesada, la previsión de un fenómeno, la finalización del evento; otra fase corresponde al sistema comunitario, esto a nivel local, distrital, comunal, contando con la red de monitoreo para conocer y controlar los cambios que puedan representar peligro. Red de Solidaridad, Presidencia de la República, 1999.
14. De acuerdo con lo planteado por la Red de Solidaridad, Presidencia de la República, 1999, en el diseño del proyecto en su cuarto acápite así lo confirma: “Estrategias del proyecto y arreglos institucionales. El Proyecto pretende el afianzamiento del diseño preliminar del Sistema de alertas tempranas elaborado durante el período de la asistencia preparatoria y que tomó como punto de partida la prevención de emergencias y catástrofes provocadas por fenómenos naturales”.
15.  Hace más de un año que personas desplazadas forzadamente se tomaron las instalaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, para llamar la atención sobre su problemática y la absoluta desprotección por parte del Estado; a pesar de que con fallos de tutela se ha exigido que el Estado atienda las demandas de esta población y solucione su situación como desplazados, ya que no lo hizo para que no lo fueran, aún hoy no han sido atendidos.
16. De acuerdo con el análisis realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, con respecto al tema del conflicto, paz y cooperación para el desarrollo en el umbral del siglo XXI, se plantea que es difícil lograr la atención hacia las señales de alerta mucho antes de que estalle un conflicto en potencia, cuando se vincula la aplicación de alertas tempranas a fenómenos sociales. Cuando el conflicto es más inminente, a menudo lo difícil es ponerse de acuerdo en las acciones necesarias. Hasta ahora los esfuerzos internacionales encaminados a crear y utilizar alertas tempranas (especialmente en cuestiones a largo plazo) ha tenido una eficacia limitada. En parte, esto se debe a la falta de adecuación de la calidad, de la accesibilidad y de la oportunidad de la información facilitada por medio de la previsión y el análisis. Sin duda, la ausencia de una capacidad de análisis suficiente y de un marco analítico con el que pueda sopesarse la información, que incluya un análisis integrado de los factores políticos, sociales y económicos, crea cuellos de botella críticos a este respecto. También existe cierta tendencia a vigilar la situación a medida que va evolucionando, en lugar de observar los factores estructurales a largo plazo, que son más difíciles de analizar. Un excesivo énfasis sobre los factores desencadenantes que precipitan una intensificación de la tensión que desemboca en la violencia podría distraer la atención de un enfoque preventivo a largo plazo más eficaz.
17. Comisión Colombiana de Juristas, El monitor de los Derecho Humanos, No. 41-42, 1998, p. 35.