Las causas de la declaratoria de la guerra

El Plan Colombia hace parte de una estrategia integral, política, social, militar y económica de dominación imperialista en la zona andina, dada la crisis política que actualmente se evidencia en los países que la conforman¹. Esta estrategia utiliza, en el terreno diplomático, la justificación de la lucha en contra de la producción de narcóticos, uno de los temas que, en el universo del llamado “nuevo orden internacional”, permite desde controles policíacos preventivos hasta escalamientos bélicos regionales a nombre de “causas humanitarias”. Debe añadirse que esta invocación altruista-humanitaria presupone un ordenamiento jurídico internacional que ya no consulta la decisión de los Estados nacionales y que proclama su regulación a nombre de la defensa de la democracia de mercado, colocándola como fundamento ético-globalizante, como principio ordenador de las sociedades contemporáneas². La fuerza disciplinar de esta nueva versión del derecho internacional la garantiza el poder militar norteamericano; desde Irak-1991, hasta Kosovo-1999, los hechos lo han confirmado hasta el cansancio.

 Debe recordarse que este pretexto diplomático de la lucha antidrogas esconde la realidad del negocio de narcóticos, ya que tan sólo 2% de las ganancias queda en manos de los productores, mientras el grueso de las mismas ingresa a los flujos del sistema financiero desregulado; esconde las políticas de apertura comercial, las cuales están arruinando la agricultura interna de la región, debilitando la opción de cultivos alternativos y aumentando la pobreza de los pequeños agricultores radicados en zonas atrasadas en donde se requiere la subsistencia a cualquier costo. Igualmente esconde el hecho de que en varias oportunidades los colonos productores han manifestado públicamente la decisión de realizar la erradicación manual de cultivos en el marco de una política concertada con autoridades internacionales y nacionales.

La lógica imperial no sólo desconoció estos hechos sino que impuso sus condiciones. En el proceso de negociación, que terminó con la aprobación del Plan Colombia en el Congreso norteamericano, quedó la huella de las exigencias del gobierno Clinton. Efectivamente, la propuesta inicial del Plan Colombia fue presentada en los inicios del gobierno de Pastrana, por quien es actualmente ministro de Desarrollo Augusto Ramírez Ocampo, sobre la base de la experiencia de negociación en El Salvador, país al cual fue invitado en carácter de observador internacional de los acuerdos, dada su condición de ex canciller. Esta propuesta se basaba en la inversión focalizada de recursos para rehabilitar zonas afectadas por la guerra, zonas de cultivos ilícitos o de conflictos ambientales. Incluso, esta primera fórmula del Plan fue parte de los preacuerdos entre el gobierno de Pastrana y las FARC en el momento inmediatamente anterior a la instalación de las negociaciones en enero de 1999. Unos pocos meses después, Barry McCaffrey, zar antidrogas norteamericano, empezó a colocar en la agenda de su dependencia el asunto de la narcoguerrilla en Colombia, posición que fue compartida por algunos parlamentarios republicanos en el Congreso. La política pacificadora debería cambiar de énfasis; se requería el enfrentamiento directo a las guerrillas, lo cual exigía aumentar la ayuda militar a Colombia y desbloquear los recursos al Ejército, cuestionado internacionalmente por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, el subsecretario de Estado, Thomas Pickering, anunciando un acuerdo bipartidista sobre el tema, facilitó la intermediación entre el gobierno de Pastrana y Congreso norteamericano para que esta ayuda se oficializara en el propio Plan. Al acuerdo bipartidista se sumó la anuencia de las compañías multinacionales. El representante de la Oxxy presentó uno de los debates finales de trámite aprobatorio expresando los intereses de un bloque empresarial.

El documento que Clinton termina oficializando no deja dudas sobre las intenciones bélicas estadounidenses. Así, de los US$1.600 millones que aportará el gobierno norteamericano al Plan, US$1.043 serán gastos de defensa, aunque, en su gran mayoría, esos recursos no llegarán a Colombia: formarán parte del flujo de dinero de los circuitos de negocios de la industria privada de armas norteamericana³. Aquí se constata que la privatización de las guerras es otro de los signos de la fase neoliberal del capital. Además, el énfasis bélico determina el conjunto del Plan; el monto total del mismo será de US$7.588 millones, de los cuales cerca de US$5.000 millones se destinarán a defensa⁴. Ello se acompañará de la consolidación de un cordón de seguridad aéreo para toda la zona⁵ y del reconocimiento de ayudas puntuales a otros países andinos⁶. Como si fuera poco, se adicionó al Plan la definición del asunto Colombia como problema de “orden público interno” abriendo paso a la posibilidad de la intervención directa en cualquier momento.

El comportamiento del gobierno Clinton confirma que para el capital en general y para el imperialismo norteamericano en particular, Colombia y los países andinos constituyen un punto prioritario de su agenda política inmediata, por la vía del escalamiento bélico. La guerra se hace necesaria por cuanto recuperaría, por la fuerza, la hegemonía política capitalista en una región en crisis. Pero este objetivo puntual de la guerra, es, al mismo tiempo, tan sólo un plano del proyecto imperial. Incluso, el propósito de solucionar la crisis regional aparece en lo inmediato como respuesta contrainsurgente a las guerrillas, en particular a las FARC, las cuales han logrado establecer poderes territoriales con control político y militar, en zonas de colonos agrícolas, en el sur del país, y, de hecho, parte del diseño del Plan Colombia pasa por la apuesta de derrotarlas militarmente⁷. Sin embargo, la guerra persigue objetivos de mayor envergadura, intenta adecuar la región a las exigencias de la globalización neoliberal, reorganizar la sociedad y la política conforme a las pautas de la misma. Para ello, el proyecto imperial ha diseñado un modelo de dominación colonial.

La crisis económica regional

Otra de las líneas transversales del Plan Colombia tiene relación con la economía, proyectando iniciar un proceso de anexión de la región al ALCA. Para el capital norteamericano éste es un tema estratégico de comercio internacional. El propio Clinton lo reconoció al instalar la XXX Conferencia del Consejo de las Américas en Washington⁸. El encontrar un mercado estable se convierte en prioridad debido al cuantioso déficit en la balanza cambiaria norteamericana con el “resto del mundo”, resultado, a su vez, del papel de principal comprador que Estados Unidos viene asumiendo en el comercio internacional durante los últimos años. Este papel es necesario en momentos en que se evidencia una sobreproducción de mercancías en dicho comercio, y asume la forma de una desregulación arancelaria mayor a la del promedio de los países desarrollados. Además, los exportadores estadounidenses se han beneficiado de manera considerable con las políticas de desregulación comercial, generalizadas por el FMI como “políticas de ajuste” desde los inicios de la década del noventa en Latinoamérica, triplicando sus ventas en el período 1990-1996; tan sólo en 1996 aumentaron dos veces más que el comercio norteamericano con el resto del mundo⁹.

Pero, en la geografía desigual del capital, las ganancias de unos llevan inexorablemente a las pérdidas de otros. Desde que se establecieron las políticas de “apertura económica”, la economía latinoamericana viene siendo llevada a una de sus peores crisis con agotamiento de los aparatos industriales, desempleo masivo, crisis agrícola y aumento notorio de la pobreza. El Departamento Nacional de Planeación, entidad técnico-estatal, ejecutora del modelo de apertura económica en Colombia, acaba de reconocer que desde 1998 el país ha perdido un millón de puestos de trabajo llegando a 20,5% de desempleo abierto, que el ingreso per cápita de los colombianos cayó de US$2.158 a US$2.043, que han quebrado 560 empresas y que el precio de las acciones medido en dólares bajó en 70%¹⁰.

La explicación a esta situación solamente puede encontrarse en las diferencias de productividad media. La desregulación arancelaria de los países periféricos castiga su rezago histórico productivo en el universo del capital, desestructurando la industria y la agricultura internas, al obligarlos a importar productos que anteriormente se producían dentro de sus fronteras. Estamos asistiendo a la inclusión de la región en una nueva forma de la división internacional del trabajo. El reordenamiento internacional del capitalismo, posterior a la crisis de 1973, confirmó las limitaciones del anterior modelo de sustitución de importaciones. En una apuesta como la neoliberal –en la cual, después de que el capital impuso una correlación internacional de fuerzas a su favor disciplinando trabajadores y poblaciones, y hasta el keynesianismo y el fordismo de los países desarrollados fueron abandonados por imponer “límites artificiales” a una nueva fase de acumulación capitalista por la vía de la intensificación productiva, resultado, a su vez, de la “revolución informática”–, el “fordismo dependiente” latinoamericano no tenía posibilidades de sostenerse¹¹.

La crisis de la deuda en los años ochenta fue la expresión en la superficie de la crisis estructural del modelo sustitutivo. Aquí se dibujó una curva en sentido contrario a lo que fue su origen. Mientras que en los años que siguieron a la crisis del treinta el colapso exportador obligó a las burguesías latinoamericanas a volcarse sobre los mercados internos, desarrollando una industria mediana y produciendo una modernización capitalista tardía, la caída de las exportaciones, resultado de la crisis internacional de los setenta, evidenció que ya no había posibilidades de que el modelo se siguiera soportando en los mercados internos. De hecho, el mayor endeudamiento se realizó en los países latinoamericanos más desarrollados (Argentina, Brasil y México) y por parte de empresarios ligados al sector externo, quienes renovaron sus equipos industriales, convencidos de que la bonanza exportadora del período 1968-1973 continuaría prolongándose en el tiempo. Entonces, la crisis de la deuda correspondió a un ciclo de reciclaje de créditos privados para intentar pagar créditos anteriores sin que las ventas mejoraran. Los planes de ajuste del FMI transformaron ese endeudamiento privado en público al comprometer a los Estados en el pago de los mismos, iniciándose el período de las llamadas “reformas estructurales”, bajo el pretexto de la crisis fiscal. La desregulación arancelaria que hizo parte de estas reformas condenó a la región a una desestructuración de la industria y la agricultura internas, y nos hizo convertirnos en compradores de los productos excedentes del capitalismo desarrollado.

Esto se acompañó de la desregulación de capitales. Las reformas-FMI significaron cambios institucionales que llevaron a la articulación de los mercados financieros nacionales, igualmente en condiciones de desigualdad, al sistema financiero internacional controlado por los grupos financieros transnacionales, sistema que surgió después del final de la paridad dólar. Para invertir en estos países, los operadores financieros internacionales diseñaron un esquema de inflaciones decrecientes y tasas de interés altas, obteniendo, efectivamente, durante la mayor parte de la década ganancias considerables. Ello seguía reduciendo de manera dramática la calidad de vida de la población, por cuanto la explicación de esas ganancias no es otra que la transferencia de valor al exterior, vía crédito, mediante la reducción de la demanda interna. Las elites económicas internas aceptaron este esquema porque les permitía, en lo financiero, intermediar en la circulación de divisas y en lo comercial compensar el déficit en las balanzas de cuenta corriente, resultado inevitable de la “apertura económica”, con el ingreso de estos capitales. Pero, más allá de sus intenciones, estaban actuando en los límites de la separación artificial entre economía dinero y economía real, resultado, a su vez, de la hegemonía internacional del capital financiero. Inflaron una “burbuja especulativa” que les explotó en la cara como crisis financiera de los países periféricos en octubre de 1997. A partir de ese instante, los operadores financieros internacionales entendieron que había que reducir al máximo las inversiones en los países dependientes. Naciones Unidas ha reconocido que la salida de capitales de estos países desde el inicio de la crisis hasta mediados de 1999 fue de cerca de 50%¹². Esta fuga de capitales presiona devaluaciones que aumentan las deudas externas tanto públicas como privadas en momentos en que la base productiva interna ha sido erosionada. Es casi seguro que en pocos años asistiremos a un segundo momento de la renegociación de la deuda externa en el continente. La crisis económica se agrava en espiral descendente.

El modelo económico y político de la anexión colonial

Por ello, el modelo económico de anexión al ALCA parte de supuestos diferentes a lo que fue el modelo de sustitución de importaciones. Éstos son:

• Unificación monetaria en torno al dólar: la anexión colonial exige la utilización de la moneda imperial como unidad monetaria del conjunto de la zona. La dolarización sigue avanzando, y en varios países latinoamericanos el dólar ya es moneda oficial. Este proceso, sin embargo, plantea contradicciones con algunas burguesías de la región. En la XIV Cumbre de gobiernos del grupo de Río, celebrada en Cartagena del 15 al 17 de junio de 2000, Roberto Guarnieri, presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR, institución de carácter financiero y monetario, integrada en la actualidad por los bancos centrales de los países de la Comunidad Andina y Costa Rica, propuso la creación de un fondo latinoamericano de estabilización monetaria como ampliación del Fondo Andino, con el propósito de ayudar a enfrentar los desequilibrios fiscales y monetarios futuros y prevenir nuevas crisis financieras, aunque aclarando que este fondo no llegaría a cumplir funciones de emisión primaria de dinero. Es indiscutible que el planteamiento implícito es el de resistir a las exigencias del FMI y el de transitar hacia la construcción de un banco central único y una moneda regional única. La burguesía brasileña, la más fuerte de la zona, ha declarado en varias oportunidades que está dispuesta a colocar su moneda nacional, el real, en esa perspectiva.
• Territorialización de la inversión: uno de los efectos de la globalización neoliberal, al desplazar al Estado-nación en la toma de decisiones, fue que posibilitó la apropiación intensiva de los espacios regionales periféricos, a la manera de “polos de desarrollo” extractivos, desconectados de los mercados internos nacionales. Concebidos bajo esta forma de territorialización, los proyectos del Plan Colombia incluyen la creación de un mayor número de zonas francas de maquilas, bajo las mismas condiciones que se vienen creando en el continente, zonas en donde las empresas multinacionales logran, con trabajo barato y a destajo, mayoritariamente femenino, el procesamiento final de sus productos. Aquí se constata una fragmentación territorial de la línea de montaje, una nueva versión de la espacialidad transnacional en donde las empresas aprovechan las desigualdades geográficas para reducir costos laborales y para acortar los tiempos entre producción y transporte. Por ello estas zonas, bajo el mismo formato tercer-mundista, constituirán puertos aéreos de carga y en puntos de acceso rápido a los océanos. Allí, además, los inversionistas internacionales carecerán de controles ambientales y de exigencias tributarias¹³.
• Apropiación de la biodiversidad: la apropiación imperial de los territorios incluye la biodiversidad, infraestructura productiva de uno de los negocios más promisorios para el capital en el siglo que se ha iniciado, la biotecnología. En el futuro inmediato, la alimentación en el planeta dependerá de la biotecnología, al igual que los procesos de reconversión energética. Colombia es un país estratégico en materia de biodiversidad. El Instituto Mundial de Recursos de Washington reconoció, en 1997, que es el segundo en el mundo, después de Brasil, con la más alta diversidad de especies por unidad de área. Unesco-1990 diagnosticó que en el país existen aproximadamente 55.000 especies de plantas, de las cuales una tercera parte son endémicas, y que Colombia se encuentra en el tercer lugar, en número de vertebrados, posee 8% de las especies de mamíferos, 18% de las aves y 10% de los insectos. Igualmente, la misma Unesco acepta que los océanos, los ecosistemas de arrecifes coralinos, las praderas submarinas y los manglares constituyen las áreas sumergidas de mayor biodiversidad y productividad del planeta.
• Apropiación de recursos naturales: el Plan Colombia plantea, para el caso de los recursos naturales no renovables (petróleo, carbón y demás), la continuidad de una política de inversión favorable al capital internacional, igualmente, mediante la ejecución de proyectos regionales. En particular, en el caso del Putumayo, departamento frontera con Ecuador, en donde existen reservas importantes de petróleo, la política de sustitución de cultivos ilícitos aparece asociada a este tipo de negocio. El diagnóstico de la apropiación de recursos naturales debe completarse con el tema del agua¹⁴. Colombia ocupa el cuarto lugar en disponibilidad de agua por unidad de superficie (59 lt/s/km²).

 

 
 
 

El control empresarial de los territorios obliga a un nuevo ordenamiento territorial, que afecta a las comunidades históricamente localizadas en los mismos, particularmente a las etnias indígenas y negras. La guerra sirve para desplazarlas. En Colombia ya superamos el millón y medio de desplazados y la cantidad, específicamente en las regiones ligadas con los “megaproyectos” de inversión externa, sigue en aumento. Incluso una parte considerable del componente denominado “social” en el Plan, servirá para pagar nuevos desplazamientos. La guerra sirve para disciplinarlas. La oferta transnacional para estas comunidades, cuando se mantienen en sus territorios, es la de que mediante una democracia participativa condicionada, mediante el “empoderamiento” local, ayuden a consolidar los sistemas de información, a actualizar los mapas de biodiversidad, recursos naturales y, adicionalmente, a conservarlos. Un ejemplo de ello es el plan de ordenamiento territorial propuesto por las autoridades locales a las comunidades negras del bajo Atrato, zona con presencia paramilitar y la de mayor biodiversidad promedio del planeta. En la parte pertinente de este plan se anota:

 
La potencialidad ambiental de la subregión del bajo Atrato, representada entre otros aspectos en el valor de su biodiversidad, la alta productividad de sus ecosistemas forestales, su posición estratégica en relación con la localización de megaproyectos de interés nacional e internacional hacen de este eje temático un elemento fundamental para estructurar el proceso de ordenamiento territorial y de planificación del uso y manejo de los recursos naturales allí presentes. Por ello, se privilegiarán acciones orientadas a: 1. Identificar y delimitar las áreas de alta fragilidad ecológica para reglamentar su uso y procurar el mantenimiento de los procesos esenciales que en ella ocurren. 2. Contribuir a la consolidación del Sistema Regional y Nacional de áreas protegidas. 3. Compatibilizar las formas tradicionales y otras alternativas sostenibles de producción agrícola y de uso del bosque con las potencialidades y limitaciones de los territorios colectivos. 4. Identificar y formular propuestas para promover la conservación de bosques y la biodiversidad a través de diferentes incentivos...¹⁵.


El imperio asocia vida animal y vegetal, suelos, subsuelos y medio ambiente con la memoria histórica de las comunidades, para potenciar la acumulación de capital, “subsunción real” del capital en movimiento.

Los nuevos escenarios de la respuesta social

El nuevo modelo de anexión colonial plantea los siguientes retos al movimiento social:

• Solución política al conflicto armado en la región, despenalización internacional del tráfico de narcóticos y aceptación de la propuesta de erradicación manual de cultivos. Desconocimiento del Plan Colombia y de su papel colonial en la región, bajo el supuesto de que cualquier ayuda internacional debe ser decidida de manera autónoma por los países. Desmonte del terrorismo de Estado. En el caso colombiano, esto pasa por la conformación de una comisión en contra de la impunidad, en la perspectiva de judicializarla, por el reconocimiento del derecho de rebelión a la insurgencia armada en la mira de que lleguen a convertirse en movimientos políticos legales con todas las garantías políticas para que operen como tales. Desmonte, judicialización y penalización del paramilitarismo negándole cualquier posibilidad de reconocimiento político a los mismos. Desmonte de la justicia penal militar y de los fueros especiales militares. En lo social se requiere organizar una gran resistencia con apoyo internacional para impedir que continúe la aplicación de los planes de ajuste-FMI y para revertir las desregulaciones arancelarias y de capitales. El punto del no pago de la deuda externa adquiere especial importancia en este contexto y posibilita la articulación con redes internacionales de resistencia.
• En los territorios: la disputa en contra de la apropiación empresarial de las regiones obliga a un planteamiento estratégico en procura de un ordenamiento territorial democráticamente decidido por las comunidades. Ello pasa por transformar las condiciones de trabajo en las zonas maquiladoras, lo cual, a su vez, exige un acompañamiento internacional, no solamente de los trabajadores, sino de cualquier persona con sensibilidad democrática¹⁶. Ello abre igualmente la discusión sobre las condiciones en que se está ejecutando el nuevo modelo exportador. El presupuesto implícito de la inversión maquilar es el desempleo generalizado y el hambre de las poblaciones. Una propuesta alternativa debe invertir las coordenadas, tal y como lo vienen presentando movimientos sociales locales en los cuatro puntos cardinales de la región. Antes de exportar debemos garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades, lo cual no puede resolverse por fuera de una reforma agraria democrática que, además del reparto democrático de la tierra, incluya créditos, ayudas técnicas, políticas arancelarias y hasta una redistribución espacial entre campo y ciudad. Un ordenamiento democrático debe contener el planteamiento del respeto a los derechos de las etnias, en el marco del derecho de los pueblos, derecho de la Convención de Argel de 1963, que, a pesar de no tener poder convocante entre los Estados, sigue siendo una carta anti-colonial a reivindicar por los pueblos oprimidos. Este mismo derecho debe servir para plantear la toma de decisiones de las comunidades sobre el uso de los recursos naturales y biodiversos que existen en sus territorios. Los puntos en contra de la exacción financiera de las localidades, caso deuda externa y compromisos de ajuste, tampoco pueden excluirse en una fórmula de territorialidad alternativa. La clave está en concebir las estrategias de respuesta en la región en la dinámica de articularlas a las luchas nacionales e internacionales y en mostrar que desde los territorios la agresión imperial ha terminado por unificar las reivindicaciones sociales, democráticas y antiimperialistas. Los gobiernos regionales de resistencia pueden potenciar enormemente la organización social, mostrando al tiempo los límites del poder local.