Elementos de economía política

 
 

No cabe duda. La Nación es conducida a su peor episodio. Los causantes de la crisis social y del empobrecimiento de miles de colombianos suman ahora su peor felonía: cubrirse bajo el manto de la intervención extranjera para conservar sus intereses y preservar el modelo económico político de explotación, la miseria, la exclusión y el aniquilamiento.
Tal acción no puede pasar ni puede quedar impune¹.

Introducción

Durante el año 2001, el llamado Plan Colombia entrará en la fase de aplicación plena. Si se trata de aceptar las versiones del gobierno colombiano, se está en presencia de un plan integral para enfrentar la base del negocio de las drogas mediante la erradicación de los cultivos de coca y la generación de condiciones de desarrollo alternativo, primero en el sur y luego en otras regiones de Colombia; proyecto sustentado aparentemente en un fuerte componente social de atención a la población campesina que habita esas regiones del país. En ese contexto, el Plan sería igualmente expresivo de una suerte de acción multilateral de la comunidad internacional para “ayudar” a Colombia a combatir el flagelo de las drogas ilícitas, con una decidido apoyo inicial de Estados Unidos y luego de los países de la Unión Europea.
 

Una vez conocidos el contenido del Plan, el trámite de la “ayuda militar” estadounidense en el Congreso y las definiciones precisas de política de las agencias del gobierno de Estados Unidos, así como los ingentes esfuerzos desplegados por el ejecutivo de Colombia para lograr un apoyo internacional a la iniciativa, han quedado al descubierto los propósitos esenciales que persigue realmente el Plan Colombia².

El presente trabajo se desarrolla en dos planos: en el primero, de carácter descriptivo, se hará una presentación sistemática del Plan Colombia de acuerdo con la versión gubernamental, con lo cual se busca simplemente ilustrar acerca de su contenido; se mostrarán los principales rasgos de la “ayuda estadounidense” y de los apoyos internacionales, que son comprendidos por sus gestores como uno de los estandartes de la financiación del Plan. En el segundo, se elaborará un análisis de economía política, mediante el cual se mostrará que el Plan Colombia puede ser leído como un componente más de la fase actual del capital, en tanto pretensión de consolidar la hegemonía y la dominación del imperio estadounidense en la región, y en cuanto profundización de las transformaciones neoliberales emprendidas en Colombia durante la década de los noventa.
 

Los supuestos del Plan Colombia

El proceso de preparación del Plan Colombia, hoy ampliamente conocido por la opinión pública colombiana y por sectores de la comunidad internacional, muestra con claridad que un documento “elaborado” por el gobierno colombiano en 1999³ sirvió de base para la presentación de un proyecto de ley en octubre 30 de 1999 en el Congreso de Estados Unidos (Alianza Act⁴) y su posterior aprobación –luego del trámite correspondiente de acuerdo con los procedimientos de la legislación norteamericana– en la forma de un “paquete de ayuda” que fue sancionado por el presidente Clinton el 13 julio de 2000.

En la definición del Departamento de Estado de Estados Unidos el Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, es una estrategia integral para enfrentar los principales desafíos de la Colombia actual: la promoción del proceso de paz, la lucha contra el narcotráfico, la reactivación de la economía y el fortalecimiento de los pilares democráticos de la sociedad colombiana. Su costo estimado es de US$7.558.1 millones, de los cuales, US$3.525.22 deben provenir de la “ayuda internacional” y el resto ha de ser provisto por el gobierno colombiano⁵.

En el documento de presentación del Plan se parte de que Colombia enfrenta el reto de la recuperación y de la consolidación de las responsabilidades del Estado: “La promoción de la democracia, el monopolio de la aplicación de la justicia, la integridad territorial, la generación de condiciones para el empleo, el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, y la conservación del orden público (...) agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del narcotráfico”⁶. En dichas fuerzas se quiere explicar el origen de la corrupción económica y política, la violencia y la intensificación del conflicto armado⁷ que atraviesa la geografía colombiana, y –por inferencia– los graves problemas económicos y sociales que afectan el país.

Dados los “éxitos notables (logrados) en la lucha contra los carteles de la droga y el narcoterrorismo”, de una parte, y la capacidad especialmente limitada del gobierno para resolver el problema, en razón sobre todo de la “peor crisis económica de la historia”, sería necesario un plan de acción sustentado en las siguientes diez estrategias⁸:

1. “Una estrategia económica que genere empleo, que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico(...)”.

2. “Una estrategia fiscal y financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste con el fin de fomentar la actividad económica, y de recuperar el prestigio tradicional de Colombia en los mercados financieros internacionales(...)”.

3. “Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla..., que además deban fortalecer el Estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico(...)”.

4. “Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las Fuerzas Armadas y la Policía, para que éstos recuperen el Estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional(...)”.

5. “Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el Estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos(...)”.

6. “Una estrategia antinarcóticos, en asocio con los demás países involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena..., para combatir todos los componentes del ciclo de drogas ilícitas, y para impedir el flujo de los productos de dicho tráfico que alimenta la violencia hacia la guerrilla y otras organizaciones armadas(...)”.

7. “Una estrategia de desarrollo alternativo..., que contempla actividades de protección ambiental... para conservar las áreas selváticas y poner fin a la expansión peligrosa de cultivos ilícitos sobre la Cuenca Amazónica y sobre los vastos parques naturales, que son a la vez áreas de una biodiversidad inmensa y de importancia vital para la comunidad internacional(...)”.

8. “Una estrategia de participación social que apunte a una concientización colectiva(...)”.

9. “Una estrategia de desarrollo humano que garantice servicios de salud y educación adecuados para todos los grupos vulnerables(...)”.

10. “Una estrategia de orientación internacional que conforme los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga(...)”.

Tales estrategias son explicadas a lo largo de cinco capítulos que conforman la columna vertebral del documento⁹. De su lectura, se pueden colegir propósitos más concretos en los diferentes campos y las intenciones más profundas del Plan Colombia.

De la presentación del panorama económico, se pueden considerar tres aspectos principalmente: primero, que en la visión del gobierno de Pastrana se contempla una estrecha relación entre los propósitos del Plan y la estabilización de la economía y el regreso al equilibrio fiscal¹⁰; segundo, que el gobierno colombiano requiere asistencia financiera internacional para “consolidar sus reformas económicas y al mismo tiempo aumentar el flujo de recursos para financiar el esfuerzo militar y satisfacer necesidades sociales”(...) “para reducir al mínimo el impacto negativo de la consolidación fiscal”¹¹; tercero, que el Plan contribuiría a estimular la inversión privada requerida para la recuperación y la generación de empleo, al devolver la confianza en los inversionistas; permitiría un marco más adecuado para el mejoramiento de las condiciones para atraer la inversión extranjera y promover la expansión del comercio (el cumplimiento de las obligaciones de la Ronda Uruguay de la OMC incluidas) e implicaría el compromiso de Colombia de “trabajar en conjunto con la comunidad internacional para negociar acuerdos bilaterales de comercio (BIT) como mecanismo para proteger las inversiones extranjeras”, entre otros¹².

En suma, el Plan Colombia debe ser comprendido como un componente de la actual estrategia de acumulación y como condición para avanzar en la profundización de la “segunda ola de reformas económicas” de corte neoliberal que adelanta la administración Pastrana¹³.

En la estrategia antinarcóticos se devela otro gran componente del Plan, el militar¹⁴, expuesto particularmente en la Declaración de la misión, los objetivos estratégicos y los focos integrados del Plan¹⁵. Dice el Plan que la misión nacional consiste en: “Asegurar el orden, la estabilidad y el cumplimiento de la Ley; garantizar la soberanía nacional sobre el territorio; proteger el Estado y a la población civil de amenazas provenientes de los grupos alzados en armas y de las organizaciones criminales; romper los lazos entre estos grupos y la industria de la droga que los apoya”¹⁶. Los objetivos estratégicos parten de una meta de reducción de los cultivos de hoja de coca en un 50% durante los próximos seis años (actualmente estimados en cerca de 125.000 hectáreas) mediante esfuerzos integrales de las Fuerzas Armadas contra los cultivos ilícitos (especialmente en el Putumayo y el sur del país) y el establecimiento del control militar en dicha zona, acompañados de acciones de fortalecimiento del sistema judicial y contra la corrupción; de la neutralización del sistema financiero de los narcotraficantes y de esfuerzos anticontrabando; de operaciones de acopio de información e inteligencia, en cooperación con esfuerzos regionales e internacionales; y de planes de desarrollo alternativo¹⁷. El Plan concebido para seis años contempla tres fases de aplicación: en la fase uno el “esfuerzo judicial, policial y militar de rango bajo” se apuntará al Putumayo y al sur (1 año); en la fase dos, se dirige al sureste y las partes centrales del país (2 a 3 años); y en la fase tres, los “esfuerzos integrados” se extienden a lo largo de la geografía colombiana (3 a 6 años)¹⁸.

La estrategia antinarcóticos comprende acciones para “asegurar la protección de la democracia y los derechos humanos”, así como el desarrollo de operaciones aéreas, fluviales y marítimas y el aumento de la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas a través del “mayor uso de operaciones conjuntas con la Policía Antinarcóticos; fortalecer los esfuerzos conjuntos entre Colombia y Estados Unidos; mejorar la protección de nuestras propias fuerzas; integrar las fuerzas para la obtención y análisis de inteligencia; aumentar el número de tropas empleadas en operaciones; aumentar la movilidad en las selvas, con énfasis en operaciones aéreas y fluviales; mejorar las capacidad de las unidades para realizar operaciones conjuntas”. E incluye también “pruebas y desarrollo de agentes de control biológico ambientalmente seguros y confiables, con el fin de encontrar nuevas tecnologías de erradicación”¹⁹.

En resumen, la estrategia antinarcóticos devela que el Plan Colombia es además un plan esencialmente militar, que debe ser concebido como parte de una más amplia estrategia de dominación basada en el uso de la fuerza, que debe empezar en el sur de Colombia (territorio de control insurgente) y ha de extenderse en los próximos seis años a todo el país. La estrategia antinarcóticos se basa en gran medida en las lecturas que el Banco Mundial viene elaborando sobre los conflictos armados tras el derrumbe del socialismo soviético y de Europa del Este. Tras dichos conflictos, antes que propósitos altruistas de los rebeldes, estaría la configuración de industrias criminales altamente rentables²⁰. Se trata de la sustentación de la hipótesis de las agencias norteamericanas, por ejemplo, sobre la presunta “narcoguerrilla”.

Además de la faceta militar, el Plan Colombia posee otras caras: primera, una para enfrentar el cuestionamiento al ordenamiento jurídico y a las permanentes violaciones de los derechos humanos por parte del Estado colombiano en el marco del conflicto social y político armado. De ahí que en el Plan se hable de la necesaria consolidación del Estado de derecho, de la responsabilidad del sistema judicial (que es reducido prácticamente a la justicia penal), de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, de eliminar la corrupción, de privar a los delincuentes del producto de sus actividades, de combatir el contrabando y de fortalecer la interdicción de narcóticos²¹. Segunda, otra para asistir a las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado interno (incluso el que habrá de generar el Plan), mediante la democratización y el desarrollo social. Se trata del llamado “componente social” del Plan, que comprendería estrategias de desarrollo alternativo en la regiones afectadas por los cultivos ilícitos y el conflicto armado²².

En último lugar, el Plan se refiere al “proceso de negociación que busca lograr un acuerdo negociado con la guerrilla sobre la base de la integridad territorial, la democracia y los derechos humanos”. De tener éxito, “se fortalecería muy rápidamente el Estado de derecho, y la lucha contra el narcotráfico en todo el país”²³.

Estas otras caras del Plan buscan dotarlo de legitimidad ante la opinión pública nacional e internacional, relativizar su contenido y orientación fundamentales y mostrarlo como un verdadero plan integral en el que las consideraciones sociales, el fortalecimiento de las instituciones del Estado social de derecho y la salida política al conflicto armado adquirirían un lugar preponderante. Sobre estos aspectos se ha centrado la política gubernamental de difusión del Plan, sin mucho éxito por cierto.

En el cuadro 1 se aprecian los programas (resumidos) del Plan según posibles fuentes de financiación. Si se asume que el Plan se va a desarrollar en su totalidad, el 63,6% correspondería a seguridad y justicia (en sentido estricto, el llamado componente militar); el 21,6% correspondería a democratización y desarrollo social (el llamado componente social²⁴); el 14% para política económica; y el resto, un pírrico 0,8% para apoyo al proceso de paz. De acuerdo con las fuentes, se asume que el 46,6% del Plan debe tener una financiación internacional en la forma de “ayuda”. Como se verá más adelante, lo que está garantizado hasta el momento es esencialmente el llamado componente militar, pese a los esfuerzos del gobierno colombiano por mostrar que los programas sociales están en plena ejecución.

De lo descrito hasta ahora se puede entonces aseverar que el llamado carácter integral del Plan, en sentido estricto, no resulta de su autodefinición como un Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado. Más bien, en nombre de tales enunciados se está en presencia de una política antinarcóticos, que prolonga y profundiza la estrategia estadounidense en ese campo y, por esa vía, busca dividendos económicos, políticos, militares y sociales tendientes a consolidar una estrategia de acumulación de capital en marcha, acompañada de esperados cambios en el balance militar en la guerra contrainsurgente, de modificaciones en el ordenamiento jurídico existente y de un cierto componente social que posibilite la construcción de legalidad y de legitimidad. Todo ello, para desplegar un proyecto de dominación subregional estadounidense y de estabilización y reproducción del actual régimen político excluyente y antidemocrático del bloque dominante de poder en esa área.

Cuadro 1:  Resumen de programas del Plan Colombia* según posibles fuentes de financiación
(millones de dólares)

Concepto	Total	Estado	Crédito	Financiación externa
Política económica	1.056.75	225.92	8.13	822.70
Democratización y desarrollo social	1.637.31	690.66	72.16	874.49
Proceso de paz	54.04	6.00	0.00	48.04
Cooperación en seguridad y justicia	4.810.00	2.741.00	289.00	1.780.00
Total	7.558.10	3.663.60	369.28	3.525.22

*Según versión incial.
Fuente: "Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", en  Desde Abajo,
suplemento especial, Sanatafé de Bogotá, noviembre 1999, p. 36.
 

Esta formulación adquiere mayor sentido y sustentación cuando se considera lo que queda del Plan Colombia una vez aprobado el “paquete de ayuda” de los Estados Unidos en julio de 2000 y se analiza la financiación internacional del Plan.

El “paquete de ayuda” de Estados Unidos
y la financiación internacional del Plan Colombia

Dado que el Plan Colombia representa en principio un Plan de Estados Unidos para Colombia –pese a los reiterados intentos de los gobierno colombiano y estadounidense por hacerlo aparecer con un fuerte soporte internacional–, lo que está claro hasta ahora es que la fuente fundamental de financiación proviene de este centro del imperio²⁵. Dicha financiación ha asumido en la práctica la forma de una financiación de la guerra contrainsurgente y representa el escalamiento de la “ayuda militar” estadounidense y, por esa vía, de la creciente intervención en los asuntos internos del país. Sus últimos propósitos serán examinados más adelante.

Por ahora, se trata de constatar, primero, que Colombia se constituyó desde hace rato en el principal país receptor de la ayuda norteamericana en el hemisferio occidental y el tercero en el mundo después de Israel y Egipto. Como se aprecia en el cuadro 2, de 1997 a 1999 ya se había presentado un aumento de la “ayuda militar” en más de 3.5 veces, lo que sugiere que la cuestión colombiana venía siendo objeto de preocupación en Estados Unidos. De 1999 a 2000, la ayuda creció en más de US$400 millones adicionales.

Ese creciente interés, expresado en diversas ocasiones por altos funcionarios del gobierno y las agencias norteamericanas, fue explicitado por el entonces presidente Clinton en varias oportunidades. En la antesala de aprobación de la “ayuda” a Colombia, en su intervención en la 30 Conferencia del Consejo de las Américas en Washington en mayo 2 de 2000, Clinton afirmó: “No debemos apoyar ni permitir que una democracia elegida por su pueblo, defendida con gran valor por gente que ha dado su vida, sea minada y subvertida por aquellos que literalmente están dispuestos a hacer pedazos al país apartándolo para avanzar su propia agenda. Y no podemos cometer errores sobre esto; si la democracia más vieja de Suramérica puede ser derribada, entonces otras pueden serlo”.(...). “Los Estados Unidos quieren hacer su parte. Es de nuestro interés hacerlo. Nos hemos beneficiado más que cualquier otro país del mundo desde la última década, y necesitamos presentarnos aquí y colocar nuestro aporte para ser buenos vecinos, y para ayudar a otra gente a beneficiarse también. Pero necesitamos toda su ayuda, tenemos que ganar en Colombia. Tenemos que ganar la lucha por el área de libre comercio de las Américas. Tenemos que probar que libertad y mercado libre van de la mano”²⁶.

El mensaje resulta claro: la “ayuda” a Colombia ha de comprenderse como parte de un proyecto de contención de las “amenazas” a la democracia en la “otra América”, la del patio trasero, y de la consolidación del proyecto neoliberal de mercado libre para la región, encarnado hoy en el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Cuadro 2:  "Ayuda militar" de Estados Unidos a Colombia

	1997	1998	1999	2000
Ayuda militar (Fuerzas Armadas y Policía)	86.562.950	110.232.000	305.337.000	709.000.000

Fuente: International Policy Report, U.S. Security Assistance to the Western Hemisphere:
By country, Washington D.C., 1999. El dato del 2000 es tomado del periódico El Tiempo,
Santafé de Bogotá, 18.01.2001, sección 1, p. 11.
 

Dos meses después, Clinton sancionaría el “paquete de ayuda”, que a la postre resultó no ser exclusivamente para Colombia. De paso, nuevamente quedaría en evidencia el carácter supranacional (subregional) del Plan Colombia. En efecto, del total de la “ayuda” aprobada por el Congreso estadounidense, el 65% se destinará de manera exclusiva a Colombia. El 21% se destinará para financiar diferentes agencias estadounidenses comprometidas en la consolidación de la presencia de Estados Unidos en la región a nombre de la guerra antidrogas y, el resto, es decir 14%, será distribuido en “ayudas” a los países de la llamada línea frontal²⁷ (Véase cuadro 3).

Cuadro 3:  Composición del "paquete de ayuda" de Estados Unidos a Colombia (millones de dólares)

Paquete total de la ayuda	1.319.1
Apoyo a locaciones estadounidenses de avanzada en operación en ultramar (US$61.3 millones - Aeropuerto Eloy Alfaro, Manta, Ecuador; $10.3 millones - Aeropuerto Reina Beatriz, Aruba; US$43.9 millones - Aeropuerto Hato International, Curaçao; US$1.1 millones, planeación y diseño	-116.5
Departamento de Defensa - Región Andina - acopio de inteligencia	-7.0
Departamento de Defensa - Programa clasificado de inteligencia	- 55.3
Radares de apoyo a operaciones de USA-aviones P3	-68.0
Departamento del Tesoro - Programa de seguimiento del Zar antidrogas	-2.0
Departamento de Defensa - Aviones de reconocimiento	-30.0
Ayuda para Perú (27 millones para interdicción; US$5 millones para desarrollo alternativo)	-32.0
Ayuda para Bolivia (US$25 millones para interdicción; US$85 millones para desarrollo alternativo)	-110.0
Ayuda para Ecuador (US$12 millones para interdicción, US$8 millones para desarrollo alternativo)	-20.0
Ayuda para otros países (Panamá, Brasil)	- 18.0
Remanente de ayuda para Colombia*	860.3

Fuente: Center for International Policy, The Contents of the Colombian Aid Package, Washington D.C., 2000
* A estas cifras habría que adicionarle US$330 millones de "ayuda ordinaria".

De los US$3.525.22 demandados por Colombia a la “comunidad internacional”, US$860.3 millones son provistos por el “paquete de ayuda” norteamericana. Nótese que US$278.8 millones se destinarán para apuntalar la presencia militar de los Estados Unidos en la región.

¿A qué han de destinarse los mencionados US$860.3 millones? En el cuadro 4, se aprecia la composición de la “ayuda” según usos, aprobados por el Congreso norteamericano.

Cuadro 4:  Composición de la ayuda de los Estados Unidos a Colombia*
(millones de dólares)

Asistencia militar	519.2
Asistencia a la policía	123.1
Desarrollo alternativo	68.5
Desplazados	37.5
Derechos humanos	51.0
Reforma judicial	13.0
Estado de derecho/ Fiscalía	45.0
Paz	3.0
Total	860.3

Como se puede observar, el 74% se destinará para las Fuerzas Armadas y la Policía, y el resto (26%), para programas de desarrollo alternativo, administración de justicia, derechos humanos, desplazados y paz. ¡Mucho garrote y poca zanahoria!

La asistencia militar y policial

Como se ve en el cuadro 4, de los US$519 millones del total de la asistencia militar, el 80.3% (US$416.9 millones) serán destinados para el denominado “empuje al sur de Colombia” (Push into Southern Colombia). Se trata de una operación de las Fuerzas Armadas mediante la cual –con la conformación de tres batallones antinarcóticos, asentados en la base militar de Tres Esquinas y por constituirse a futuro en una brigada– se crearían condiciones seguras para las actividades antidrogas de la Policía en los departamentos del Putumayo y del Caquetá, en una región controlada por la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Los US$102.3 restantes se utilizarán para apoyar operaciones de las Fuerzas Armadas en las áreas de interdicción aérea, marítima y terrestre, y para el entrenamiento de militares en reforma judicial y derechos humanos²⁸.
 

De los US$642.3 millones de ayuda militar y policial, un poco más de la mitad (51%), es decir US$328 millones, se utilizarán en el envío de helicópteros, así:

• US$234 millones para 18 “Black Hawk” UH-60 (16 al Ejército, 2 a la Policía)
• US$120 millones para 42 “Super Huey” (30 al Ejército, 12 a la Policía)

La asistencia a la Policía Nacional comprende US$115.6 millones, que se adicionan a los más de US$100 millones que continuará recibiendo la unidad antinarcóticos por parte de la agencia de control internacional de narcóticos del Departamento de Estado (INC).

Desarrollo alternativo

La “ayuda” contiene una cifra ciertamente irrisoria (8% del total) para desarrollo alternativo y programas de sustitución de cultivos de hoja de coca . Éste incluye una asistencia de US$10 millones para los campesinos desplazados forzadamente en el marco de la operación “empuje al sur de Colombia”. Llama la atención que la cifra para desarrollo alternativo es inferior a la otorgada a Bolivia, que no sufrirá de manera directa y con la misma intensidad los efectos del Plan Colombia³⁰.

Asistencia para desplazamiento forzado interno

Además de los US$22.5 millones, incluidos en la sección de desarrollo alternativo, para la atención de más de 1.5 millones de desplazados en el marco del conflicto colombiano, el paquete de ayuda prevé US$15 millones adicionales de asistencia de emergencia para más de 30.000 desplazados con ocasión del “empuje al sur de Colombia”³¹.

Derechos humanos y otros

A manera de paradoja, o más bien como parte de la razón cínica que atraviesa el “paquete de ayuda“, está prevista una partida equivalente al 5,9% del total de los recursos para “proteger los derechos humanos”. Y por último, un 7,4% se destinará para apoyar la reforma al sistema judicial, combatir el lavado de dinero y la corrupción, y para las conversaciones de paz.

En resumen, el “paquete de ayuda” de Estados Unidos a Colombia es sin duda alguna, un paquete para propiciar la intervención militar, adornado cínicamente con la careta de la asistencia humanitaria y de la preocupación por lo social.

Como el Plan Colombia prevé una “ayuda internacional” de US$3.500 millones es perfectamente comprensible que los gobiernos colombiano y estadounidense hayan intentado apoyos de la “comunidad internacional”. Las razones, además de económicas, son también políticas. La perspectiva de un escalamiento de la confrontación militar, que obligará a la disposición creciente de recursos, debe contar con una mayor cofinanciación, pero sobre todo con un respaldo político, que haga aparecer el conflicto que se está desarrollando en Colombia como un asunto multilateral, propio de los problemas de la “globalización”.

La realidad, pese a tales esfuerzos, es que el Plan Colombia puede caracterizarse como una iniciativa de carácter bilateral, cuyo soporte fundamental proviene de los recursos dispuestos por el gobierno de Estados Unidos.

Sin duda las presiones de Washington han sido fuertes para lograr un apoyo expreso de los gobiernos europeos al Plan Colombia, que se traduzca en la destinación de los recursos correspondientes. En la lucha por la distribución económica y territorial del mundo, en el caso del Plan Colombia se expresa la pretensión norteamericana por involucrar a los gobiernos europeos dentro de sus planes de renovación y consolidación de la hegemonía estadounidense en lo que históricamente ha sido definido como su “patio trasero”. Aunque por el momento se aprecia una actitud relativamente prudente de la Unión Europea frente a la línea militarista (de fuerza), que se ha manifestado en la no disposición de recursos de manera directa para financiar el Plan Colombia, no es descartable un cambio de opinión a futuro³². No sería la primera vez que Europa se involucrase en aventuras intervencionistas. Ya está la experiencia de Kosovo, con la que se abrió paso la posibilidad de un nuevo intervencionismo europeo allende sus fronteras. Por lo pronto, la posición del Parlamento Europeo ha sido de rechazo al Plan Colombia. El 1o. de febrero de 2001 se votó una resolución en tal sentido, que aboga por mantener el apoyo al proceso de paz. El Parlamento consideró que el Plan “contiene aspectos contrarios a las estrategias de cooperación ya comprometidas por la Unión Europea (UE)”, por lo que ésta “deberá seguir una estrategia propia, no militarista”³³.

La forma como se presentaron los resultados de la Conferencia de Madrid³⁴ es una clara muestra de las pretensiones estadounidenses: mientras que las agencias internacionales de noticias informaron sobre un apoyo europeo al Plan Colombia de US$871 millones, en realidad, sólo se contó con US$100 millones del gobierno neoconservador español. El resto proviene de un aporte de Estados Unidos de US$250 millones, en todo caso ya contabilizado dentro del paquete de “ayuda” estadounidense, de un empréstito del BID por US$370 millones y de contribuciones de la ONU por US$131 millones y de Noruega por US$20 millones, cuyo destinación no necesariamente es para el Plan Colombia. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló incluso que la ayuda ascendería a US$1.800 millones, algo más de la mitad de los recursos externos previstos para la financiación del Plan. Como se ha visto, lo concreto son los US$860 millones del paquete de ayuda de los Estados Unidos y los US$100 millones de España.

En igual sentido deben reseñarse los aportes a Colombia del “Grupo de apoyo al proceso de paz” (entre US$180 y US$221 millones), integrado en su mayoría por países europeos, concertados en la reunión del 24 de octubre de 2000 en Santafé de Bogotá. Mientras que el Departamento de Estado, por intermedio de su vocero, William Brownfield, los definió como aportes para varios proyectos del Plan Colombia y “como un paso positivo de los gobiernos europeos, el vocero de la Unión Europea, Renaud Vignal, manifestó que esos recursos “no son para el Plan Colombia, el cual es totalmente diferente”, y al ser preguntado sobre el paquete de ayuda norteamericana, manifestó: “Ese es su patio trasero, no el nuestro”³⁵.

En resumen, el Plan Colombia es hasta el momento –en su primera fase– un plan para la intervención principalmente militar de Estados Unidos en Colombia, financiado por ese país, con apoyo del gobierno español y una posición todavía relativamente expectante de la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea. Dado que se trata de un plan concebido a seis años, debe preverse un creciente involucramiento estadounidense en el conflicto colombiano y no es del todo descartable a futuro una mayor intervención de los gobiernos europeos. Cómo se desenvuelvan los “apoyos internacionales” en el futuro próximo, dependerá en gran medida de los dispositivos que logren activar y potenciar los movimientos sociales y políticos en Colombia y en la opinión pública mundial para enfrentar la creciente intervención imperial y la perspectiva de una extensión y profundización de la guerra contrainsurgente.

La posición de los gobiernos latinoamericanos, en particular de los países de la llamada línea frontal ha sido de preocupación, distanciamiento y –en el caso del gobierno de Chávez en Venezuela– de crítica abierta al carácter militar del Plan Colombia. La perspectiva de un escalamiento del conflicto colombiano y de su indudable impacto en los países de la región es apreciada con temor, en doble sentido, tanto por los efectos políticos desestabilizadores –desde la perspectiva de las clases dominantes– que se puedan generar en una región azotada por las políticas neoliberales y la crisis de los regímenes políticos, como por la instrumentalización del Plan Colombia en función de políticas de contención del movimiento social y popular en ascenso en esos países.

Cuadro 5: Financiación Internacional del Plan Colombia* (millones de dólares)

Recursos para el Plan Colombia	Origen	960
Estados Unidos	Congreso de Estados Unidos, julio 13 de 2000	860
España	Conferencia de Madrid, julio 7 de 2000	100
Recursos que pueden destinarse o no al Plan Colombia		151
Naciones Unidas	Conferencia de Madrid, julio 7 de 2000	131
Noruega	Conferencia de Madrid, julio 7 de 2000	20
Recursos que no son específicamente para el Plan Colombia		180 - 221
Comisión Europea	Bogotá, octubre 20 de 2000	94
Países miembros de la Unión Europea	Conferencia octubre 24 de 2000, grupo de apoyo proceso de paz	86-127
Préstamos que deben ser pagados por el gobierno de Colombia		1.270
Banco Interamericano de Desarrollo Corporación Andina de Desarrollo	Conferencia de Madrid, julio 7 de 2000	300
Japón (crédito blando)	Conferencia de Madrid, julio 7 de 2000	70
Instituciones financieras internacionales - créditos para reducción de la pobreza		900

(Según datos hasta octubre 27 de 2000)
Fuente: Center for International Policy, Is Plan Colombia dead? The Truth Behind the Numbers, Washington D.C., octubre 27, 2000.

 La posición de los gobiernos latinoamericanos, en particular de los países de la llamada línea frontal ha sido de preocupación, distanciamiento y –en el caso del gobierno de Chávez en Venezuela– de crítica abierta al carácter militar del Plan Colombia. La perspectiva de un escalamiento del conflicto colombiano y de su indudable impacto en los países de la región es apreciada con temor, en doble sentido, tanto por los efectos políticos desestabilizadores –desde la perspectiva de las clases dominantes– que se puedan generar en una región azotada por las políticas neoliberales y la crisis de los regímenes políticos, como por la instrumentalización del Plan Colombia en función de políticas de contención del movimiento social y popular en ascenso en esos países.
 

Elementos de economía política del Plan Colombia

¿Cómo puede comprenderse el Plan Colombia –hasta ahora descrito en sus principales componentes– desde la perspectiva de un análisis de economía política? ¿Puede construirse alguna relación entre la tendencia actual de la reestructuración capitalista y el Plan Colombia?

Al intentar una respuesta a estas preguntas, deberían considerarse varios planos en el análisis: en primer lugar, la articulación del Plan Colombia con la estrategia de dominación y explotación de Estados Unidos en América Latina; en segundo lugar, la concatenación de tal estrategia con los propósitos del bloque dominante de poder en Colombia, en especial en cuanto proyecto de acumulación con evidentes contenidos neoliberales.

En cualquiera de esos planos aparece un elemento común, que desde la perspectiva del capital y de su política se constituye en un factor perturbador, con indudable capacidad desestructuradora: se trata del movimiento guerrillero. El desenvolvimiento de la lucha insurgente revolucionaria en Colombia y la tendencia a una prolongación de un conflicto social y político armado, que después de cerca de cuarenta años muestra la incapacidad de la clase dominante de resolverlo a su favor, representan una cuestión que, junto a otras experiencias recientes, “desentona” en el coro de pretensiones por imponer una sociedad basada en la libertad del mercado y el individualismo.

De ahí que el Plan Colombia posea un destinatario principal: la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). En desarrollo del Plan se tiene la pretensión de producir un cambio en el actual balance militar, que posibilite la creación de condiciones para asestar duros golpes de debilitamiento del accionar de esa fuerza guerrillera, y conduzca a un desmejoramiento de la capacidad de negociación insurgente, para inducir un proceso de paz similar al que ya se viviera en Colombia a finales de los ochenta y principios de los noventa con el Movimiento 19 de Abril, M-19, sectores mayoritarios del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Indígena Quintín Lame³⁶.

Este carácter del Plan intenta encubrirse de manera infructuosa en la llamada guerra contra las drogas. En efecto, la estrategia antinarcóticos se ha erigido como la columna vertebral del Plan Colombia; en función de tal estrategia se busca el mencionado cambio en el balance militar a favor de las fuerzas militares del Estado: nuevas tecnologías para el combate y la inteligencia, nuevos batallones con fuerzas elite (como se pudo apreciar en la descripción del “paquete de ayuda estadounidense”); todo ello, tras el manto del apoyo a las operaciones de la Policía antinarcóticos.

Si durante el proceso de discusión del Plan Colombia en Estados Unidos se pretendió mostrar que los recursos de la “ayuda” no se destinarían para combatir la insurgencia, entre otras cosas porque no sería del interés de Estados Unidos intervenir en el conflicto armado colombiano, una vez aprobados éstos y a medida que se acerca la ejecución plena del Plan se aprecia una precisión en el lenguaje y en la política del imperio y de sectores del Estado colombiano. De aseveraciones iniciales en las cuales se consideraba que las FARC-EP se beneficiaban mediante el cobro de impuestos del cultivo de hoja de coca y de la comercialización de pasta de coca, dado su control territorial en las zonas de mayor cultivo, se escuchan con mayor fuerza las voces de funcionarios de las agencias de gobierno estadounidenses y del Estado colombiano en el sentido de señalar a esa organización guerrillera como simple narcotraficante, empeñada en una empresa criminal de carácter multinacional³⁷. Y a renglón seguido, como corolario: que los recursos del Plan Colombia pueden destinarse para combatir a la guerrilla, dados sus vínculos con el narcotráfico.

Estudios de Ricardo Vargas muestran que, en sentido estricto, “el Plan Colombia carece de una estrategia antidrogas, no siendo otra cosa –frente al problema de los psicoactivos ilegales– que la repetición de esfuerzos cuyos resultados han tenido 25 años de fracasos. Un cuarto de siglo donde a la par de la aplicación de una política de ‘cero tolerancia’, el negocio de las drogas ha experimentado su mayor crecimiento y auge; es decir, donde las políticas para combatirlo han contribuido a hacer más rentable el jugoso circuito ilegal”³⁸. Así por ejemplo, durante los noventa se fumigaron más de 230.000 hectáreas de hoja de coca (más de 2.3 millones de litros del herbicida glifosato fueron utilizados) al tiempo que, en el mismo período, se triplicó la producción de hoja de coca. Hoy se estima en 122.500 hectáreas.

Si de beneficiarios del tráfico de drogas se trata, debe decirse que ni los campesinos productores, ni la insurgencia asentada en esos territorios, participan de manera significativa en el negocio. En el citado estudio, Vargas asevera: “Si un kilo de base de coca se cotiza hoy en US$1.000 y se vende al menudeo el kilo de cocaína en US$150.000, quiere decir que el aspecto nodal del negocio radica en la capacidad del crimen organizado de introducir estas sustancias en el interior de los mercados europeos y de E.U. Mientras tanto, el campesino participa –sin restar los costos de producción– del 0,67% de ese precio de venta”. En el caso de los beneficios que derivaría la insurgencia de este tipo de economía, en razón del impuesto que cobra a los cultivadores, (aceptando la hipótesis del ex Zar antidrogas, general McCaffrey de que serían del orden de US$500 millones anuales y suponiendo una exportación neta de 400 toneladas anuales de cocaína a un valor de US$50.000 millones), “la insurgencia estaría participando en el orden del 1% del volumen de capital” que se mueve anualmente en ese negocio³⁹.

En igual sentido resulta por lo menos traído de los cabellos considerar que al atacar los cultivos ilícitos con políticas de fumigación aérea masiva y reducirlos significativamente durante los próximos años, se estaría debilitando el sustento de la insurgencia. Puede que ello tenga cierta lógica en la perspectiva de los analistas del Banco Mundial –con seguidores en sectores de la intelectualidad colombiana– que consideran que los intereses económicos y el afán de lucro habrían desvirtuado la intención política altruista de la guerrilla, de lucha por una sociedad con democracia y justicia social, y por tanto la habrían corrompido. ¡De rebeldes políticos, a criminales! En el caso colombiano, el fenómeno insurgente –anterior en décadas al problema del narcotráfico– posee sus raíces en las profundas desigualdades e injusticias económicas, políticas y sociales, que caracterizan las relaciones sociales en el país. Su dinámica actual no es más que una expresión de las incesantes luchas sociales y de clase.

Los flujos de capital que genera el narcotráfico ocurren más bien en las economías del capitalismo central, en especial en el sector financiero. Es en Estados Unidos y Europa donde se produce el lavado y la inserción de por lo menos el 98,33% de los recursos que genera el negocio anualmente (cerca de US$46.650 millones, descontando los US$2.500 millones que se estima retornan a Colombia), y desde luego, alimentan también otros negocios legales e ilegales y se constituyen en financiadores de variadas formas de corrupción de funcionarios públicos y privados. La historia de las formas del capital y de la acumulación muestra al “negocio ilícito” como algo intrínseco a la forma mercantil. Sin duda, el narcotráfico se ha constituido en una de las formas esenciales de la acumulación en la fase actual del capital. Con razón señala Vargas que, dado el previsible incremento de los precios de la cocaína que ocasionará el Plan Colombia, el narcotráfico se apresta a gozar de “otro período económicamente interesante”. Al fin y al cabo los dineros de dicho Plan no van contra ese casi 99% que representa su negocio. “Para este sector no hay estrategia”⁴⁰.

Veamos ahora, ¿qué puede estar entonces en la trasescena del Plan Colombia y su “estrategia antinarcóticos”?, o ¿por qué resulta importante producir un cambio en el balance militar con la insurgencia? ¿En qué consiste, pues, la economía política del Plan Colombia?

El Plan Colombia es expresivo de una estrategia de dominación económica y política en la región por parte de Estados Unidos. Más allá de su incidencia sobre el curso del conflicto social y político armado, el Plan Colombia busca producir un cambio en la correlación regional de fuerzas en favor de Estados Unidos y de las clases dominantes locales, basado en el uso de la fuerza y la mayor presencia militar norteamericana. En efecto, las transformaciones políticas del gobierno nacionalista popular de Chávez en Venezuela, la avanzada del movimiento social en Ecuador, Perú y Bolivia, se acompaña de una persistente (en unos casos) o latente (en otros) inestabilidad política en esos países, que puede conducir a desenlaces inesperados y afectar los planes estratégicos de Estados Unidos para la región. De la misma forma que se consideran eventuales efectos dominó en cuanto a la propagación de conflictos, también lo es dable en cuanto a su contención⁴¹. La exposición de motivos del proyecto de ley que aprobaría el “paquete de ayuda” estadounidense es suficientemente ilustrativa al respecto: “El conflicto armado y la insubsistencia de la ley en Colombia representan un claro peligro para la seguridad de los países de la línea frontal, para los esfuerzos de las autoridades en impedir el flujo de cocaína y heroína, y como consecuencia para el bienestar del pueblo de los Estados Unidos”⁴².

El Plan Colombia es entonces un plan de control territorial sobre una región que puede considerarse estratégica para los intereses del imperio en la actual fase de acumulación. Aunque la tendencia mundial del capital muestra una tendencia a la deslocalización de la reproducción, la noción de control territorial aquí expuesta se refiere precisamente a la nueva espacialidad capitalista en proceso de constitución. Dicha espacialidad no implica la renuncia al territorio; contempla justamente una redefinición del concepto de territorio.

En el marco de estrategias de dominación, la geopolítica deviene en geopolítica de la economía. En ese sentido, son varios los aspectos que se pueden considerar con el Plan Colombia: en primer lugar, se trata de contribuir a garantizar unas condiciones marco favorables a la estrategia de Estados Unidos y de multinacionales estadounidenses en la región, que ha de concretarse o institucionalizarse en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) a partir del año 2005. Para ello, se requieren pasos previos, ya en marcha: superar la tendencia a la inestabilidad política en la región, avanzar en los propósitos de profundización de la liberalización de las economías y de homogeneización de las políticas económicas neoliberales y monetaristas, en lo posible por el camino de la “dolarización” de las economías; desactivar pretensiones subregionales de integración que puedan implicar un mejoramiento de la posición negociadora (en tanto negociación en bloque), como sería el caso de la consolidación de un proyecto andino de integración (a través de la Comunidad Andina de Naciones, CAN) o de una articulación de este proyecto con Mercosur. Todo ello, con el fin de acentuar la hegemonía del imperio norteamericano en la región, de estimular el “libre” flujo de capitales –en sus diversas formas– y de garantizar jugosas tasas de ganancia y de proveer seguridad a los derechos de propiedad de las multinacionales.

Por ello, la exposición de motivos para la “ayuda” del imperio destacó la importancia del mercado colombiano (el quinto más importante en la región con balanza comercial de US$11.000 millones) y la necesidad de “insistir (por parte de Estados Unidos) en que el gobierno de Colombia complete un grupo de medidas urgentes con el fin de permitir la inversión extranjera y el comercio extranjero, particularmente en la industria petrolera, como el camino hacia la recuperación económica y la autosuficiencia económica”⁴³.

En segundo lugar, aunque se puede afirmar que el Plan Colombia favorece los intereses de multinacionales en general, es conveniente precisar tales intereses⁴⁴. A primera vista, quedan dos sectores en evidencia; aquellos beneficiados de manera directa por el negocio de la guerra: la industria productora de material bélico convencional y la industria productora de químicos herbicidas, incluidos los herbicidas biológicos modificados genéticamente (“ambientalmente sostenibles”)⁴⁵. Como ya se señaló, más del 50% de la “ayuda” norteamericana corresponde a helicópteros producidos por multinacionales estadounidenses (esos US$328 millones jamás circularán siquiera en el circuito “criollo” del capital). En el caso de la industria productora de herbicidas utilizados en la erradicación de cultivos, el asunto ha resultado más complicado. Importantes y oportunas denuncias internacionales lograron detener transitoriamente el uso de herbicidas biológicos modificados genéticamente en el programa de fumigación del Plan Colombia, en razón de sus devastadores efectos sobre la vida humana y los ecosistemas. En particular, se trata del hongo fusarium oxysporum. No obstante, según Darío González P., “ahora se preparan las armas biológicas, cuyo uso el gobierno colombiano pretende enmascarar bajo la falacia del ‘control biológico’, para satisfacer las condiciones de ‘ayuda’ militar de Estados Unidos, en el marco del denominado Plan Colombia. Se trata de buscar ‘alternativas criollas’ presentes en la biodiversidad”⁴⁶.

A las mencionadas industrias, se suma el negocio de las multinacionales petroleras y la condición de Colombia como país abastecedor de petróleo de Estados Unidos. Como lo señala Klare al analizar el Plan Colombia: “Otro objetivo oculto (del Plan) es proteger el acceso al más extenso yacimiento petrolero del hemisferio occidental”. El consumo de Estados Unidos crecerá en los próximos 20 años, cinco millones de barriles por día; más de la mitad de ese petróleo deberá ser suministrado por fuentes extranjeras, entre ellas Venezuela (hoy el principal abastecedor de Estados Unidos en el hemisferio occidental) y Colombia, cuyo sensible incremento en la producción (78% de 1990 a 1999) se destina principalmente para Estados Unidos y lo ha convertido en el séptimo abastecedor del mercado gringo⁴⁷. Desde esa perspectiva, con el Plan Colombia se atiende la defensa de intereses llamados vitales para la seguridad del imperio. Desde luego, teniendo en cuenta que cuando se agregan “suministros de petróleo colombiano para una ecuación estratégica, está claro que estamos hablando de un hecho futuro lejano”⁴⁸. En otro sentido Vaicius asevera: “A través de los años, el conflicto armado no sólo ha entorpecido la expansión de la exploración de petróleo en Colombia, sino que la guerrilla continúa saboteando la infraestructura y capacidad de producción petrolera. Es por esa razón que el sector petrolero ejerció un gran nivel de presión hacia el gobierno norteamericano para que existiera un mayor nivel de involucramiento militar en Colombia“⁴⁹.

El Plan Colombia generará condiciones favorables para la proyección del negocio multinacional en torno a la biodiversidad. Es ampliamente conocido que la actual fase de acumulación se acompaña de una revolución en el campo de la biotecnología y la ingeniería genética. También que en la Amazonía se encuentran las más importantes reservas de la diversidad biológica del mundo y que Colombia ocupa un lugar por demás privilegiado en ese campo ⁵⁰. Con el Plan Colombia se busca garantizar el control del imperio sobre la Amazonía colombiana y por esa vía acceder al dominio de la cuenca del río Amazonas, que incluye además parte de Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam ⁵¹.

Al respecto afirma González Posso: “Falta ver lo que el Proyecto de las armas biológicas⁵² deja un tanto tácito. Es decir, los intereses económicos, las patentes y ‘derechos de propiedad’, la producción y comercialización, la bioprospección, que están en juego”. Tras las operaciones militares del Plan Colombia también se están gestando operaciones de biopiratería instrumentadas por los bioprospectores ⁵³. Por esa vía se impulsarán otras formas de expropiación de la riqueza y del conocimiento de las comunidades indígenas. “Las comunidades y pueblos indígenas son vulnerados en sus derechos, mediante patentes, inclusive sobre organismos vivos y hasta ‘colecciones biológicas’. A través de dudosas retribuciones económicas también son expropiados de derechos y conocimientos, que deberían ser respetados como inalienables”. El proyecto prevé el “estudio de sistemas de uso de recursos naturales del 70% de los grupos indígenas de la zona“⁵⁴. En este punto cabría la pregunta: ¿Qué relación existe entre la búsqueda de un agente biológico nativo –por ser utilizado en la erradicación de cultivos de coca– y los sistemas de uso de los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas? Sin duda, potenciales negocios de miles de millones de dólares.

En igual sentido, podría considerarse el estímulo a los llamados mercados verdes (o al biocomercio) –controlados por unas pocas multinacionales– y convertidos en la actualidad en negocios en continuo crecimiento con altos niveles de rentabilidad. “La riqueza de Colombia en materia de biodiversidad la posiciona en un lugar privilegiado para lograr la adecuada utilización de una amplia gama de sus productos naturales y servicios ambientales, tales como la protección de acuíferos, absorción de carbono, atractivos paisajísticos para el ecoturismo, productos derivados de la bioprospección, bioquímicos o de origen genético, productos intermedios como materiales para construcción, fibras, aceites esenciales, resinas y extractos medicinales, entre otros” ⁵⁵.

En tercer lugar, en asocio con el Plan Colombia se encuentran igualmente gigantescos proyectos de carácter infraestructural, que en la perspectiva de una creciente liberalización de los mercados –por ejemplo, en el marco del propósito ALCA– cobran la mayor importancia en el orden subregional. El control territorial, que se considera garantizará el Plan Colombia, permitiría la construcción de carreteras y el desarrollo de una amplia infraestructura fluvial⁵⁶. En ese aspecto, el Plan Colombia representa la intención de integrar mercados –infraestructuralmente– de manera violenta y puede conducir a una reorganización de la propiedad sobre la tierra en esa parte de la geografía colombiana.

A todo lo anterior, que podríamos denominar las dimensiones transnacionales de una lectura de economía política del Plan Colombia, se suma, en cuarto lugar, su estrecha concatenación con las transformaciones neoliberales que se adelantan en Colombia desde hace más de una década y que hacen parte de la consolidación de una nueva fase de acumulación de capital en el país.

El Plan Colombia representa la posibilidad de una transformación sustancial del escenario político a futuro. Junto a sectores importantes del movimiento social y sindical y a reductos democráticos y de izquierda legales⁵⁷, el movimiento insurgente colombiano representa una fuerza de oposición política y militar del mayor significado, en el sentido de la confrontación con las políticas neoliberales y de construcción de una sociedad alternativa a la injusticia social y a la desigualdad económica y política.

La posibilidad de un cambio en el balance militar a favor del Estado merced al Plan Colombia se asumiría, por tanto, por el bloque dominante de poder como una opción de debilitamiento estratégico de las fuerzas democráticas y de izquierda y como vía expedita para profundizar la reestructuración neoliberal, en todo caso ya estimulada por el Plan. En esa misma lógica, el Plan cumpliría además una función disuasiva de protesta social: en un escenario de profundización de la guerra, confrontar el Plan se propondría como una forma de apoyo a la insurgencia armada, lo cual colocaría a amplios sectores sociales y políticos como quintacolumnas de la guerrilla y, de paso, en objetivos de las fuerzas del paramilitarismo⁵⁸.

El Plan Colombia también permite al gobierno colombiano concentrar esfuerzos en su estrategia de reestructuración neoliberal, pues presume y comprende –como se ha visto– una fuerte financiación transnacional de la guerra, que debe comprenderse en doble sentido: si se obtiene “ayuda militar”, se desactiva la presión sobre la necesidad de expandir más aceleradamente el gasto militar; si se obtiene “ayuda para el componente social”, se pueden liberar recursos para incrementar el gasto militar.

De ahí que es por demás evidente el vínculo entre el Plan Colombia, el “acuerdo extendido del gobierno de Colombia con el Fondo Monetario Internacional”⁵⁹ y la llamada “segunda ola de reformas”⁶⁰ neoliberales. De hecho, la estrategia económica del Plan deja entrever que sin la “ayuda” (militar) no sería posible el ajuste fiscal⁶¹. Es obvio que una profundización de la guerra –que demanda recursos crecientes–, si se pretende acompañar de un drástico plan de ajuste al estilo FMI, sólo se puede llevar a cabo si hay intervención de terceros mediante la disposición de recursos (por ahora, de Estados Unidos). La guerra asume, entonces, dos caras: la militar y la económica, ambas con dramáticos impactos sociales.

¿En qué consiste el acuerdo con el FMI que ahora es facilitado y estimulado por el Plan Colombia? Se trata de un plan para avanzar en la consolidación de la tendencia a la homogeneización de las políticas económicas de corte neoliberal: estabilización macroeconómica (monetaria y cambiaria) mediante políticas de severa austeridad en el gasto (principalmente en inversión y funcionamiento) y de incremento de los ingresos (particularmente en la forma de tributación indirecta), acompañada de reformas estructurales que transforman estratégicamente la composición del gasto del Estado, liberan recursos para la guerra y el pago del servicio de la deuda pública (interna y externa) y proveen condiciones marco favorables para estimular el flujo de capitales en sus diversas modalidades, con atractivas tasas de ganancia⁶².

Durante el año 2000, se acentuó el proceso de ajuste fiscal, uno de los pilares del acuerdo extendido con el FMI. El soporte de dicho ajuste, favorecido por la mayor renta petrolera, descansó sobre una drástica reducción de la inversión pública y la pretensión de disminución de las remuneraciones reales de los servidores públicos, que a la postre fue derrotada por el conocido fallo de la Corte Constitucional que reivindicó la preservación del poder adquisitivo de los salarios. Pero más allá de la política coyuntural del gasto, el ajuste fiscal impuesto por el FMI está orientado a producir una profunda reforma de la finanzas públicas y en particular del régimen de la Constitución de 1991 en cuanto a financiación del gasto social, que hoy es considerado como rígido e inflexible. Mientras que se asume por parte del Gobierno, sin mayor discusión y con una posición definitivamente genuflexa, el pago del servicio de la deuda pública (interna y externa), se ha puesto en tela de juicio el régimen de transferencias (situado fiscal y participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la nación) para financiar la educación y la salud públicas. En marcha se encuentra un proyecto de acto legislativo, que allende los tecnicismos de la argumentación, significa ahorro fiscal en más de 1.5 billones de pesos al año (1 dólar = 2.240 pesos aproximadamente) y por tanto recorte de recursos para la educación y la salud de la mayoría de la población colombiana. Dicho proyecto, junto con la ya aprobada ley de saneamiento de las finanzas territoriales, que comprende la reproducción y continuación de las ya iniciadas políticas de ajuste fiscal en el orden regional y local, representa la muerte lenta del proceso de descentralización, que lustros atrás fuera presentado como ejemplo de democratización y panacea de los problemas fiscales.

A lo anterior se adiciona la séptima reforma tributaria de la última década, que como las anteriores, mantiene la línea de gravar con mayores impuestos indirectos (IVA) –por incremento de la tasa al 16% y de la cobertura– los bienes de consumo de la población trabajadora, y castiga, además, las transacciones financieras con el gravamen de tres por mil. Con dicha reforma se expropiará especialmente a la mayoría de la población en más de 3.8 billones de pesos y se le coloca en la situación, aparentemente paradójica, en que hoy paga más impuestos que en años anteriores pasado, y –al mismo tiempo– recibe menos servicios del Estado. Y no puede ser de otra manera, pues el ajuste fiscal (mayores impuestos, menos gasto en inversión y empleo públicos) está hecho en realidad con dos propósitos: De un lado, para garantizar el cubrimiento del creciente servicio de la deuda pública, que se ha incrementado de manera escandalosa durante el último quinquenio hasta absorber, un poco más del 40% del presupuesto del año 2001. Ahí radica el problema fundamental de las finanzas públicas, en el pago de más de 21.6 billones de pesos por concepto de servicio de una deuda que hoy supera los US$35.000 millones. Del otro, para generar una flexibilización que permita –ante la eventualidad de la profundización de la guerra– liberar recursos para atender su financiamiento.

La “segunda ola de reformas” no es más que la continuación de la agenda pactada con el FMI. Las discusiones sobre políticas estructurales de reforma que se ambientaron en el año 2000 tomarán cuerpo en el año 2001.

Primero, proseguirá el trámite del proyecto de acto legislativo para reformar el régimen de transferencias definido por la Constitución de 1991. La expectativa del Gobierno consiste en que tal reforma a la Constitución sea aprobada en la primera legislatura del presente año.

Segundo, se presentará el proyecto de reforma al régimen de pensiones establecido por la Ley 100 de 1993, con el cual se incrementará la edad de jubilación, el número de semanas a cotizar (a 1.300 probablemente), se aumentará la tasa de cotización y se modificará la base de cálculo de la pensión (posiblemente al promedio de toda la vida laboral). Es decir, se tendrá que trabajar más, se cotizará más y se recibirá menor pensión. Eso, si la flexibilidad del mercado laboral lo permite. La reforma al régimen de pensiones se acompañará de la continuación del cerco al Instituto de los Seguros Sociales y de las tendencias a su privatización.

Tercero, se ha anunciado la presentación de un nuevo proyecto de reforma tributaria, esta vez sobre impuestos territoriales. Con ello, se revive una vieja aspiración pendiente desde la administración Gaviria. Aunque probablemente se argumentará una necesaria racionalización de tales tributos, de considerarse esa iniciativa debe preverse que habrá mayores impuestos en ese nivel. Al fin y al cabo, departamentos y municipios están sometidos a las políticas de ajuste, que como es sabido comprenden reducción de gasto y aumento de impuestos.

Cuarto, no debe descartarse la profundización de la flexibilización laboral. La mayor flexibilización de hecho, ya existente (en cuanto a jornada, horas extras, recargo nocturno, festivos, dominicales), pretenderá ser acompañada de una reforma en derecho, como en los tiempos de la Ley 50 de 1990. La situación preocupante sobre el desempleo en aumento (cerca del 20% de la población económicamente activa), también como hace una década, es el argumento del capital para sustentar sus propósitos.

Quinto, continuará el drástico proceso de ajuste fiscal, que en 2001 tendrá los signos de la reducción de la inversión pública y sobre todo del empleo público, en el marco de las políticas de reestructuración de la planta de los servidores públicos.

En suma, la presión o la misma guerra contra las clases subalternas se adelantará en dos escenarios: en el escenario creado por el Plan Colombia (Estados Unidos) y en el escenario del Plan de ajuste económico del FMI.

Además de su relación con el Plan de ajuste y la “segunda ola de reformas”, el Plan Colombia implica la incorporación de una vasta región colombiana a los circuitos “legales” de la acumulación de capital, y reedita de alguna manera la violenta historia de la acumulación en el orden regional⁶³. Al parecer le ha llegado la hora a las familias campesinas del sur del país (especialmente del Putumayo y del Caquetá), muchas de ellas, hijas de la violencia capitalista en otras regiones del país. Con el desplazamiento forzado que ya provoca el Plan Colombia, además de asistirse en tendencia a una reorganización de la propiedad sobre la tierra a favor del latifundismo paramilitar, ha de modificarse la economía regional. En primer lugar, por los nuevos negocios que acompañan el Plan Colombia. En segundo, por las estrategias llamadas de desarrollo alternativo que, entre otras cosas, comprenden reubicación de población y concentración en las cabeceras urbanas; es decir, disputa por el territorio⁶⁴.

La gran paradoja del proceso político colombiano consiste en que a la par que está en marcha la más grande agresión y ofensiva política, económica, social y militar del capital en la historia reciente de Colombia (con el Plan Colombia y el Plan de ajuste del FMI), se encuentra en curso un proceso de diálogo y negociación con la insurgencia armada.

El futuro próximo se perfila entonces como de resistencia y confrontación en todos los niveles contra la estrategia capitalista de reestructuración en su actual fase. Ha ser uno de intensa lucha de clases por una salida política negociada al conflicto social y político armado y contra las políticas neoliberales.

Así como el Plan Colombia representa una esperanza para quienes pretenden una derrota de la insurgencia armada y del movimiento popular y social, para las fuerzas democráticas y revolucionarias propone una oportunidad para la unidad y la acción y la consolidación de nuevas formas de internacionalismo y solidaridad mundial. La felonía no puede pasar ni quedar impune.
 

Bibliografía

Banco de la República-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, Santafé de Bogotá, diciembre de 1999.

Center for International Policy, The Contents of the Colombia Aid Package, Washington D.C., 2000.

Center of International Policy, Is Plan Colombia dead? The truth behind the numbers, Washington D.C., octuber 27, 2000.

Collier, Paul, Economic causes of civil conflict and their implications for policy, World Bank, June 15, 2000.

Contraloría General de la República, “El Plan Colombia, lo bueno y lo malo”, Informe Especial, en Economía Colombiana y Coyuntura Política, No. 280, Santafé de Bogotá, octubre de 2000.

Contraloría General de la República. El Plan Colombia: ¿Un plan antinarcóticos o un plan de desarrollo?” Informe Especial, en Economía Colombiana y Coyuntura Política, No. 280, Santafé de Bogotá, octubre de 2000.

Departamento Nacional de Planeación, Presidencia de la República, Plan Colombia. Fortalecimiento institucional y desarrollo social, 2000-2002, Vols. I/II, Imprenta Nacional, Santafé de Bogotá, 2000.

Documentos oficiales sobre el trámite del Plan Colombia en Estados Unidos publicados en Desde abajo, Suplementos Especiales 1, 2, y 3, Santafé de Bogotá, noviembre de 1999, marzo y octubre de 2000.

González Posso, Darío, Bioprospección y guerra biológica. Documentos de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz. Santafé de Bogotá, 2000

González Posso, Darío, Guerra biológica en Colombia. Las falacias del “control biológico”. Documentos de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz. Santafé de Bogotá, 2000.

Isacson, Adam y Joy Olson, “Sólo los hechos: un recorrido rápido de la ayuda de Estados Unidos en materia de Defensa y Seguridad para América Latina y el Caribe”, en International Policy Report, Washington, February 1999.

Isacson, Adam, “Geeting in Deeper. The United States’ growing involvement in Colombia’s conflict”, en International Policy Report, February 2000, Washington.

Isacson, Adam, “The Colombian Dilema. After half century of fighting, can a fragile peace process succeded?”, en International Policy Report, February 2000, Washington

Klare, Michael, Detrás del petróleo colombiano: intenciones ocultas, Agencia Latinoamericana de Información. Equipo Niskor, 2000.

Leogrande M., William y Kenneth Sharpe, “Two wars or one? Drugs, Guerrillas, and Colombia’s new Violencia”, en World Policy Journal, 2000.

Petras, James, La geopolítica del Plan Colombia, New York, diciembre de 2000.

“Plan Colombia: Plan para la prosperidad, la paz y el fortalecimiento del Estado”, en Desde abajo. Suplemento especial, Santafé de Bogotá, noviembre de 1999.

Salgado Tamayo, Manuel, Falacias y verdades sobre el Plan Colombia, Quito, 2000.

Sarmiento Anzola, Libardo, “Economía política de la guerra”, en Desde abajo. Documentos, No. 3, Santafé de Bogotá, noviembre de 2000.

Stefan, Heinz Dietrich, Clinton inundó a Colombia, entrevista a Noam Chomsky, Equipo Niskor, 2000.

U.S. Departament of State, International Information Programs. United States support for Colombia, July 19, 2000

Vaicius, Ingrid, “El Plan Colombia. El debate en los Estados Unidos”, en International Policy Report, Washington, agosto de 2000.

Vargas Meza, Ricardo, “Plan Colombia: ¿Construcción de paz o sobredosis de guerra?”, en Desde abajo. Suplemento Especial No. 2, Santafé de Bogotá, marzo de 2000.

Vargas Velásquez, Alejo, El Plan Colombia. Sus efectos sobre la guerra y la paz, Santafé de Bogotá, 2000.