Amazonia Colombiana:

Problema agrario y cultivos ilícitos

POR UNA CULTURA DE LA VIDA

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Darío González Posso

 

 

Es frecuente escuchar análisis basados de manera exclusiva en las leyes de la oferta y la demanda para explicar el incremento y el volumen de los cultivos ilícitos en Colombia, así como la producción y comercialización hacia el exterior de productos como la cocaína. Es cierto que existe una gran demanda en los EE.UU., en Europa y en otras regiones del mundo y que este hecho hace parte de las dimensiones internacionales del problema. Ya en 1940, Don Emilio Robledo en sus Lecciones de Botánica indicaba que la marihuana "comienza a ser una amenaza social en Estados Unidos"[1]. Es necesario reconocer que existe ese gran consumo, que en la época actual no es sólo de marihuana, sino también de cocaína y otras sustancias. Sin embargo, para no quedarnos en los lugares comunes de la mayoría de los análisis y con el fin de enriquecer la discusión de las alternativas, es indispensable incorporar otros componentes.

 

 

ALGUNOS ELEMENTOS DEL PROBLEMA

 

Violencia y expulsión del campesinado

 

La violencia que vive el país desde los años 50 del presente siglo es responsable del desalojo de un gran número de campesinos en las regiones andinas e interandinas, que fueron expulsados a centros urbanos o proyectados hacia la frontera de la selva. De esta manera se generaron o ampliaron los frentes de colonización en la Amazonia y en la Orinoquia con población proveniente del Cauca y Nariño en el caso del Putumayo, del Huila y Tolima en el caso del Meta y Caquetá, de Cundinamarca, Boyacá y Santander hacia el Meta (Ariari), Guaviare y Vichada.

 

Estas tendencias de colonización y asentamientos fueron fortalecidas por el Estado, dada la ausencia de una reforma agraria en las tierras agrícolas que estableciera la equidad en la propiedad de la tierra y frenara la descomposición de la economía campesina. Reforma que fue sustituida por una política de colonización y ampliación de la frontera agrícola, en tierras baldías de la nación. Por obra de una estructura agraria inequitativa, les fue negada la posibilidad de acceder a la tierra en las zonas agrícolas del país y se los presionó hacia las tierras menos aptas para las actividades agrícolas y pecuarias. Pero en estos lugares también tienden a ser desplazado por el latifundio, especialmente por la ganadería extensiva.

 

A esta estructura agraria inequitativa se sumó en los últimos años el incremento de tierras en manos de una burguesía emergente mafiosa, que contribuye a estimular y financiar el paramilitarismo, con lo cual creció el número de campesinos desplazados.

 

La concentración de la propiedad de la tierra, la expulsión de campesinos y colonos por parte de comerciantes y latifundistas ganaderos, la violencia con la cual el Estado enfrentó la protesta, la carencia en el país de una reforma agraria a favor de los campesinos, generaron en Colombia las condiciones para la sublevación armada y los cultivos ilícitos.

 

Conflictos de uso del suelo y de propiedad

 

Las tradiciones culturales de las poblaciones asentadas en estas áreas, con algunas excepciones, fueron ajenas a una utilización y manejo sostenible de los bosques que les dieron abrigo. Se reprodujeron aquí los modelos y prácticas de las actividades agropecuarias predominantes en las regiones andinas e interandinas del país de las cuales procedían originariamente.

 

Dadas las características de los suelos amazónicos, los rendimientos en las áreas de colonización de esta región son muy bajos si la producción se realiza con base en los modelos convencionales agrícolas, como los dominantes hasta ahora.

 

Producción regional (en zonas de colonización) frente a la nacional
	Promedio nacional Tonelada/ha.	Promedio regional Tonelada/ha.
Maíz	4.50	1.1
Arroz secano	5.25	1.4
Plátano	20.0	5.5
Yuca	18.5	0.8
Fuente : Minagricultura - Corpes Amazonia - Proyecto Inversión 1991. (Tomado de: CORPES AMAZONIA. Hacia el desarrollo de la Amazonia, Publiprensa, 1991).

 

El piedemonte amazónico, en estas zonas transicionales con influencias andinas, se caracteriza hoy por la existencia de asentamientos humanos sobre ecosistemas frágiles, en general con modelos de explotación incompatibles con la vocación de los suelos, cultivos límpios y ganadería extensiva, que se suman a los conflictos sociales derivados de la presión del latifundio sobre los pequeños productores.

 

El espejismo de la coca

 

La producción agropecuaria que fue la base de la economía regional, empezó a ser afectada desde hace más de 20 años con la introducción de la hoja de coca, que se sumó a la ganadería extensiva en la expansión de la frontera agrícola y en la presión sobre los bosques. La economía del narcotráfico alteró la paz social en la región, contribuyó a la descomposición social, a la pérdida de valores y al incremento de los índices de violencia.

 

El "boom" de los llamados narcocultivos creó en un sector del campesinado la ilusión de la redención de sus dificultades económicas bajo el supuesto de una alta rentabilidad de los cultivos ilícitos.

 

Pero la rentabilidad no puede ser medida solamente en términos económicos (inversión versus ganancia), sino también en términos ecológicos, culturales y sociales[2].

 

Los sistemas de producción propios del modelo de colonización dominante producen impactos sociales y ambientales negativos. Por otra parte, sostener que "no hay nada más rentable que los cultivos de coca o de amapola", con base en simples cálculos económicos, es una falacia. La "rentabilidad" de los cultivos ilícitos es un espejismo.

 

A parte de que, entre los eslabones de la cadena, el cultivador es quien menor excedente se apropia, no siempre un mayor ingreso económico determina mayor bienestar, como ha ocurrido en relación con el “boom” de la coca y otras “bonanzas”. Este fenómeno de los cultivos ilícitos está vinculado con una subcultura caracterizada por una mentalidad de búsqueda de “enriquecimiento e ingresos rápidos” a cualquier costo, más aún en los individuos de origen urbano que llegaron a la Amazonia con la nueva “bonanza”. Ésta generó en las áreas coqueras una economía ultra monetizada, un consumismo desaforado de todo tipo y el despilfarro en bares y prostíbulos; redujo la autosuficiencia alimentaria de las regiones narcocultivadoras; incrementó la dependencia de alimentos importados de otras regiones; produjo inflación incluso en los precios de los alimentos; modificó aún más en sentido negativo los hábitos alimentarios; aumentó los niveles de desnutrición especialmente infantil; se sumó a la ganadería extensiva en el  incremento de la destrucción del bosque y de los ecosistemas; determinó más pérdidas en la biodiversidad y la cultura; generó más pobreza en los frentes de colonización y en los poblados; elevó los niveles de violencia; produjo más dinero y más mercado en ocasiones, pero menos desarrollo a escala humana[3].

 

 

EN PROCURA DE ALTERNATIVAS

 

La oportunidad de la paz

 

Un problema central desde todo punto de vista es la destrucción de formas de vida, incluso humanas, que es inherente a la manera colonizadora actual en la Amazonia. No es posible el bienestar social sin la defensa de la biodiversidad y de la vida: antes que el dinero, o los ingresos fáciles, tiene que estar la vida.

 

En la Amazonia, como en todas las demás regiones, la búsqueda de alternativas de solución tiene una oportunidad en la construcción de la paz. Incluso la posibilidad de sistemas de producción armoniosos con el entorno natural, en una perspectiva de Ordenamiento Territorial con criterios ambientales y sociales, está directamente relacionada en primer lugar con la construcción de escenarios para la convivencia y la solidaridad humana, que incentiven una construcción social de las regiones basada en la capacidad y el poder de las comunidades locales.

 

Modelos alternativos de producción

 

Este no es un problema simplemente "tecnico" o económico, aunque también es técnico. Desde el punto de vista del Ordenamiento Territorial, es decir del reordenamiento ambiental y de la planificación regional y territorial, una de las necesidades más urgentes en estas zonas es la transformación de los sistemas y modalidades de producción. Ante la pobreza de los productores campesinos y el serio deterioro de los ecosistemas causado por la deforestación para el establecimiento de sistemas de producción no apropiados al medio natural - ganadería extensiva y cultivos limpios (incluidos los cultivos ilícitos)- se ha iniciado una toma de conciencia que busca alternativas para mitigar los problemas sociales y la deforestación, a través de la implantación de arreglos agroforestales y silvopastoriles, de acuerdo con la vocación de los suelos, que sean viables desde el punto de vista económico, social y ambiental, nuevas formas de ganadería, el potrero arborizado, los forrajes alternativos con estabulación, porcicultura con forrajes locales en confinamiento, así como la acuicultura, la fruticultura, diversas formas de zoocría. Entre otros modelos alternativos.

 

¿Coca por vacas?

 

No podemos ser indiferentes frente a la potrerización de la Amazonia. En la biodiversidad está su riqueza. De allí lo absurdo de algunas propuestas como las que tienen curso actualmente para la sustitución de cultivos, basadas en la reproducción de los modelos obsoletos y depredadores del bosque como la ganadería extensiva y que tanto entusiasmo producen en algunas esferas.

 

El 17 de noviembre de 1998 una columna de opinión en EL ESPECTADOR anunciaba:

 

"La inusual propuesta para intentar que en Colombia –especialmente en el departamento del Guaviare– los campesinos dejen a un lado los cultivos ilícitos de hoja de coca y se dediquen a la comercialización de ganado va por buen camino".

 

"El presidente Andrés Pastrana Arango tiene en las manos el proyecto y está interesado en concretarlo y en hacerlo realidad para el bien del país. El plan de coca por vacas necesita de US $158 millones que serán invertidos en la compra de ganado para cambiarlo por la coca y sus derivados que producen los campesinos a lo largo y ancho del Guaviare".

 

"Estados Unidos parece también estar interesado en el nuevo programa de sustitución de cultivos, el cual fue revivido y planteado esta semana por las autoridades del departamento del Guaviare y que ya tiene tanto contradictores como seguidores".

 

De acuerdo con el comentario de Alfredo Molano, "Desde hace muchos años se ha denunciado la posibilidad de convertir las selvas en potreros para ganadería, y luego los potreros en desiertos. Pues bien, la amenaza ha comenzado a volverse una realidad tangible" (EL ESPECTADOR, 27 de septiembre de 1998).

 

No pretendemos en el presente texto establecer ninguna conclusión definitiva, simplemente queremos hacer algunas sugerencias para la reflexión. Sin embargo, un aspecto que sí requiere una denuncia especial y una oposición decidida, es este de las coca por vacas La idea de que los Fondos Ganaderos regionales se conviertan en intermediarios financieros de recursos de capital para sustituir la coca por vacas usurparía para su exclusivo beneficio parte del proyectado "fondo para la paz". No contribuiría a la paz y a la postre no solo reproduciría los efectos ambientales y sociales negativos que hemos comentado, relacionados con las modalidades dominantes de la ocupación de la Amazonia, sino que además ayudaría a mantener y agravar el conflicto.

 

Una opción diferente, con base en criterios sociales y ambientales, son proyectos ganaderos familiares, como los desarrollados con campesinos por Monseñor Belarmino Correa, Obispo de San José del Guaviare, mediante sistemas intensivos, basados en cultivos rotativos, preservación de la selva, cuidado de las aguas y autosuficiencia alimentaria.

 

 

 

Responsabilidad internacional compartida

 

El “Foro Regional de la Amazonia y la Orinoquia Gestión Gubernamental Frente a la Crisis” (1996)[4], en su Declaración Final propuso a la Comunidad Internacional “que asuma una responsabilidad compartida frente al problema mundial de la droga, en el  contexto del diálogo Norte - Sur, lo cual implica el desarrollo de políticas preventivas frente al consumo y la contención de los delitos asociados al tráfico de drogas que se produce en esos países”.

 

También expresó que “Con el propósito de sustentar alternativas viables como políticas de disminución de riesgo frente a las drogas, se deben propiciar análisis serios y rigurosos sobre los efectos de la legislación vigente, lo que  incluye considerar la despenalización de la hoja de coca”.

 

Esa Declaración también expresa que “la estrategia es la paz”: “El sur oriente de Colombia ha sido tradicionalmente  un territorio de grandes retos y de búsqueda de nuevos paradigmas de vida y de convivencia pacífica. Las comunidades de la Amazonia mayoritariamente aspiran a que la solución de la crisis no pase por una guerra de aniquilamiento que además de absurda e ineficaz implica costos inmensos  para la población civil. Por esto el Foro respalda las iniciativas de diálogo y  distensión, vinculados a las experiencias de municipios y comunidades en defensa de la vida y la paz, para que se llegue a acuerdos con los cultivadores de la región”.

 

Por otra parte, diversos sectores en el país y en el mundo han propuesto promover el debate internacional sobre la legalización de la droga, como única estrategia con posibilidades de éxito en la lucha contra el tráfico de narcóticos, que parte de la premisa de que a las organizaciones criminales que actúan alrededor del fenómeno de las drogas sólo logrará derrotárselas cuando se les desvertebre su estructura financiera, edificada sobre los inmensos rendimientos que produce el prohibicionismo.

 

 

Necesidad de una reforma agraria democrática en el país

 

Una prioridad en nuestro país es la puesta en práctica de un programa nacional de reforma agraria, que tenga por objetivo optimizar ambiental, económica y culturalmente el aprovechamiento de las tierras con vocación productiva, en lugar de ampliar arbitrariamente la llamada "frontera agrícola" sobre ecosistemas frágiles y estratégicos. Algunos componentes prioritarios de esta política son:

 

-          Replanteamiento del modelo de desarrollo en el país;

-          Redistribución de la propiedad agraria;

-          Eliminación y prevención de la acumulación de tierras, extinción del dominio y expropiación por vía administrativa;

-          Restablecimiento de la propiedad y la territorialidad a los campesinos desplazados por la violencia;

-          Protección de la territorialidad de las comunidades étnicas indígenas y negras;

-          Respeto de los derechos de los campesinos y comunidades locales;

-          Poder a las mujeres que las constituya en ciudadanas sujetas de derechos;

-          Fortalecimiento de la política de las Zonas de Reserva Campesina y de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil;

-          Desarrollo regional y territorial con autonomía y autogestión de las comunidades locales;

-          Incentivo Forestal;

-          Asistencia técnica basada en modalidades para el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, la agroforestería, la silvicultura, nuevas formas de ganadería, la acuicultura, la zoocría controlada, etcétera;

-          Sustitución del modelo de revolución verde de utilización de insumos agroquímicos por tecnologías alternativas "limpias";

-          Seguridad ambiental; Moratoria a la introducción de alimentos y semillas transgénicas; Legislación integral sobre bioseguridad;

-          Financiación, mercados, comercialización;

-          Recomposición del campesinado libre con el propósito de garantizar la Soberanía alimentaria;

-          Seguridad alimentaria, concebida como un derecho humano básico;

-          Acuerdos nacionales e internacionales para la protección de la producción campesina colombiana.

 

Obviamente, lo anterior demanda movilización social y política, concertación y acuerdos, que modifiquen en Colombia las relaciones de poder en beneficio de la equidad y de la paz.

 

 

¿Cuál es el alcance de la propuesta de zonas de reserva campesina?

 

En relación con los problemas de posesión y propiedad de la tierra, las Zonas de Reserva Campesina, según la ley, son regiones donde se debe eliminar o prevenir la concentración y acaparamiento de tierras, ésta es la idea básica; también se conciben como medio para estabilizar los procesos de colonización y mejorar el nivel de vida de los campesinos (Ley 160/94, Decreto 1777/96).

 

Las reservas campesinas pueden ser útiles para afrontar la cuestión agraria en zonas de conflicto, tanto de usos del suelo como de propiedad, y como parte de una reforma agraria históricamente pendiente en el conjunto del país.

 

Pero mientras a escala nacional se mantenga el actual patrón de concentración de la propiedad, continuarán migraciones campesinas hacia regiones como la Amazonia. Por lo tanto, sería un error pretender sustituir la necesaria reforma agraria integral en el conjunto del país, en las tierras agrícolas, por la realización de políticas limitadas a zonas de colonización y tierras baldías, a menudo en ecosistemas frágiles y cuyas condiciones de productividad agrícola como ocurre en el caso de la Amazonia son bajas.

 

Además, es indispensable establecer reservas campesinas en todas las regiones del país, con prioridad en las regiones de conflicto donde se genera mayor expulsión del campesinado. En lo inmediato, es necesario apoyar la propuesta presentada en la Instalación de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, 30 de julio de 1998: "Solicitar al Consejo Nacional de Estupefacientes y a la Fiscalía la publicación del inventario de bienes rurales incautados por extinción de dominio y acelerar su expropiación para que sean declarados Zonas de Reserva Campesina y escriturados a campesinos desplazados por el terror paramilitar"[5].

 

 

Ordenamiento territorial y desarrollo regional

 

El ordenamiento territorial y los planes de desarrollo regional, deben ser antes que todo procesos de acuerdos concertados y adoptados libremente por las comunidades de manera sucesiva y no el resultado simple de una decisión institucional "desde arriba".

 

La metodología de trabajo en las regiones debe tener un componente esencial: la participación de la comunidad como actor fundamental de la planeación territorial y la búsqueda de la concertación de los diferentes actores en el manejo de las diferencias y los conflictos. Este componente debe ser asegurado en todas las fases. Las comunidades no pueden ser extrañas a los estudios o a las decisiones conducentes a la propuesta de establecimiento de cualquier plan, comprendida la idea de selección de su territorio por ejemplo para la configuración de una Zona de Reserva Campesina. Ni el Estado, ni las ONG, ni ningún otro actor, pueden arrogarse estos derechos.

 

Una propuesta de desarrollo integral regional puede contribuir a la construcción de espacios de convivencia pacífica, lo cual requiere la consolidación de sociedades regionales autónomas. Este desarrollo solo puede ser un proceso desde dentro de los actores sociales mismos. Un aspecto fundamental es el de la inversión del Estado para contribuir al desarrollo regional: el esquema actual en general no permite excedentes económicos a los campesinos, muchos recursos de inversión tienen que ser aportados desde fuera. Sin embargo, es necesario advertir que aunque necesario esto no es lo primordial, ni suficiente en sí mismo, pues para producir el desarrollo en el sentido aquí expresado es indispensable en primer lugar la consolidación y fortalecimiento de sociedades regionales autónomas, con sólidas organizaciones de base, con capacidad de concertar y ejecutar proyectos culturales, proyectos políticos y planes de desarrollo.

 

 

IMPORTANCIA DE UNA CULTURA DE VIDA Y DE  PAZ

 

Para la superación de los problemas y para avanzar en la mejora de la calidad de vida, es necesaria la realización de acciones como las antes mencionadas, entre ellas la adopción de medidas de equidad en la política agraria. Pero esto no basta. Es indispensable un profundo cambio de tipo cultural[6]. Lo primero son los valores, antes que, por ejemplo, la "sustitución de cultivos" o la famosa “transferencia de tecnología”.

 

Hace falta en primer término una cultura de no violencia. Esto es lo esencial. No se pueden transformar linealmente relaciones y sistemas de producción inadecuados al bienestar social y al entorno natural, sin una gran transformación cultural y sin valores. En estos valores convergen varios horizontes: los horizontes sociales, los horizontes ambientales y los horizontes mentales. Porque "la agresividad humana contra la naturaleza y contra su prójimo se anida en sus ansiedades mentales: solo mentes armoniosas podrán generar sistemas de producción armoniosos y relaciones de producción ecuánimes". Una sociedad ausente de solidaridad, que no respeta la vida humana, es incapaz de realizar un pacto de paz con la naturaleza [7].

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ANEXO No. 1:

 

Impactos del petróleo y  de la  coca en los sistemas productivos[8]

 

El caso del Putumayo:

 

En la investigación realizada por Nelly Stella Donosso, se documenta que a partir de los años 60s hasta la fecha, dos fenómenos han determinado la colonización de esta región: las exploraciones y explotación petrolera y el cultivo y comercialización de la coca; estos hechos crearon flujos económicos y condiciones que propiciaron inmigraciones, que desencadenaron todo un proceso de colonización y poblamiento bastante diferente al modelo imperante en el resto del territorio.

 

La presencia de las compañías petroleras con todo su despliegue en la búsqueda del petróleo –dice el estudio antes citado- permitieron la instalación de infraestructura de diferente orden, la cual articula todo un aparataje productivo y económico que atrae inmigrantes, campesinos, obreros, trabajadores, comerciantes; los que al vincularse a la región desarrollan formas de ocupación y colonización de esos espacios, configurando centros urbanos y espacios rurales cercanos a la infraestructura vial que instalan, los cuales se dan en forma caótica y de dimensiones nunca vistas en el Putumayo. Durante este período el colono combinaba el trabajo asalariado, bajo la modalidad de enganche eventual en las compañías ejecutoras de las obras con la propia colonización agraria. Después de este “boom” migratorio le sigue un período de letargo y una migración de retorno. La inmigración  se vuelve a reactivar en el decenio de los 80S con el auge de la economía coquera.[9]

 

Según el estudio de Silvio Aristizabal[10], la explotación petrolera desde la perforación del primer pozo en el Putumayo, en 1963, por parte de la Texas Petroleum Co., provocó el arribo de numerosos inmigrantes y produjo efectos nocivos sobre loas asentamientos indígenas, debido a la construcción de trochas y caminos, la perforación de pozos, la construcción de campamentos, oleoductos y estaciones de bombeo y la quema de gases. Estos factores contribuyeron a la pérdida de biodiversidad.

 

Muchos de los diez mil obreros contratados para la perforación de pozos y construcción del oleoducto transandino Orito-Tumaco penetraron a los territorios indígenas por las trochas y caminos abiertos para la explotación petrolera. Como consecuencia, los indígenas de la región se vieron despojados de parte de sus territorios.

 

Luego vino el cultivo de la coca que obedece a las leyes de los mercados internacionales y “sustituyó casi en su totalidad los cultivos tradicionales”.

 

A manera de síntesis -dice igualmente Aristizabal- se pueden señalar los impactos principales de la coca en la región:

 

·       Destrucción de la biodiversidad, al talar el bosque para la siembra de cultivos.

 

·       Pérdida de los bancos de semillas. “Algunas comunidades indígenas, y aún los campesinos, cuentan que hasta hace pocos años tenían entre siete y diez variedades de yuca, pero hoy sólo les queda una o dos. En época de bonanza (de la coca), hacia el año 89, por ejemplo, en Puerto Asís y La Hormiga se consumía plátano llevado desde Tumaco (Litoral Pacifico sur colombiano)”.

 

·       Envenenamiento de suelos, aguas y atmósfera. Para limpiar los terrenos donde se siembra la coca, el herbicida más utilizado es el Gramoxone, cuyo componente activo es el Paraquat, el cual produce intoxicación aguda en personas y animales. Este ingrediente es considerado un agrotóxico de los más peligrosos en el mundo. Otro insumo químico es el Tiodán, utilizado para fumigar la planta de coca para evitar los hongos después de cada cosecha.

 

·       Impacto en la salud humana. Intoxicaciones, enfermedades respiratorias y afecciones de la piel, en las personas por causa de los agrotóxicos mencionados.

 

·       Destrucción de peces y demás fauna acuática como consecuencia del envenenamiento de ríos y quebradas, en los cuales se depositan los residuos de los laboratorios de procesamiento de la coca o son lavados los recipientes utilizados para manipular los insumos químicos.

 

·       Modificación del mercado, de las relaciones de poder, de los patrones culturales y demográficos.

 

·       Consumismo. Al aumentar los ingresos se desata una ola consumista, alcoholismo, prostitución, compra de comidas enlatadas, electrodomésticos, ropas caras.

 

·       Conflictos y violencia. Incremento de la mortalidad por homicidio. Viudas y huérfanos.

 

·       Descomposición familiar.

 

·       Individualismo. Pérdida de los valores de solidaridad social.

 

·       Grupos armados. Delincuencia común, paramilitares, guerrilla.

 

·       Ausencia del estado. “La mayoría de las veces el Estado no existe y la gente tiene que recurrir  la guerrilla para que les resuelva los problemas. En otras ocasiones, el estado se hace presente a través de funcionarios corruptos”.

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ANEXO No. 2:

 

Coca por vacas [11]

 

 

Por: Alfredo Molano Bravo

 

 

Desde hace muchos años se ha denunciado la posibilidad de convertir las selvas en potreros para ganadería, y luego los potreros en desiertos. Pues bien, la amenaza ha comenzado a volverse una realidad tangible: en Guaviare, donde hace apenas 25 años había tigres mariposos, hoy los ganaderos están construyendo reservorios de agua porque los caños y quebradas se están secando. La Amazonia, pulmón del mundo, está siendo devorada por la potrerización.

 

El Programa de Desarrollo Alternativo –Plante–, creado por Samper y dirigido por Héctor Moreno Reyes, adoptó como estrategia bandera la sustitución de la coca y la amapola por vacas. El programa fracasó, para fortuna de la Amazonia, y Juan Carlos Palau, el siguiente director, no alcanzó en el poco tiempo que estuvo al frente del programa a que el oportuno timonazo que dio surtiera efecto. El gobierno de Pastrana anunció una nueva política de sustitución de cultivos ilícitos articulada a la política de paz. Taca por donde es. La guerrilla está dispuesta a contribuir a la sustitución pacífica, pero se equivoca quien espera que los insurgentes se transformen en policías antinarcóticos. El llamado “plan Marshall” ha caído bien en principio y los campesinos cocaleros –cansados de ser tratados como bandidos por el mismo sistema que los ha obligado a la ilegalidad– están esperanzados en la nueva promesa.

 

No obstante, rondan por ahí propuestas “inapropiadas”, como diría Clinton. Una de ellas –sin duda la más preocupante– es la de convertir los fondos ganaderos regionales en intermediarios financieros entre el Fondo para la Paz y los cocaleros dispuestos a sustituir coca por vacas. Es razonable que el gerente de los fondos ganaderos, un dirigente progresista, quiera montarse en el bus de la paz, y que además lo haga en momentos en que la Caja Agraria está quebrada y las tasas de interés andan por las nubes. Más aún, es razonable pensar en el fomento de la ganadería campesina –intensiva y sostenible– como alternativa. Los colonos, el mercado nacional y hasta la calidad de la tierra hacen causa común con la iniciativa del gerente de los fondos ganaderos.

 

El plan consiste en que el Fondo para la Paz les dé la plata barata a los fondos ganaderos para que éstos –cobrando sus servicios financieros– la pongan en manos de los cocaleros para ganaderizar sus chagras de coca. Los fondos ganaderos son prósperas empresas que dan ganado al aumento. Las reses las evalúan los fondos a la entrega y luego de dos años, por ejemplo, las reciben evaluándolas de nuevo: la diferencia se la reparten entre la entidad y el ganadero. Bien. El negocio parece sonarles a los fondos. Los campesinos se entusiasman. En general los ganaderos grandes se benefician porque influyen en los avalúos; pero el pequeño se ve obligado por las circunstancias a recibir y entregar el ganado al precio impuesto por los fondos. Y ahí está el secreto del negocio. El campesino, estrangulado entre los dos precios, se convierte en un cuidandero del ganado, con la ilusión de ser su propietario viéndolo en el potrero, pero a la hora de la verdad difícilmente saca del trabajo el valor de sus jornales.

 

Para resolver el problema, monseñor Belarmino Correa, obispo de San José del Guaviare, les da y les recibe a los colonos el ganado al peso y no al valor, reduciendo así la arbitrariedad de los ventajistas evaluadores. Si el Fondo para la Paz no quiere ser un nuevo espejismo y los fondos ganaderos –en esta época de vacas flacas– quieren contribuir al entendimiento –aun haciendo negocios– deben estudiar la fórmula de Belarmino.

 

Pero incluso así subsisten muchas prevenciones. Primera, sustituir la coca por vacas será una buena estrategia para calmar a los gringos, pero es un crimen ecológico, salvo que se saque adelante una ganadería campesina, intensiva, autosostenible. Hay modelos exitosos, como el de El Dovio, Valle, desarrollado por Cipav, que vale la pena estudiar a conciencia. Segunda, la pequeña ganadería puede devenir en ganadería extensiva si el Estado no interviene para impedirlo. Es la ley del valor. ¿Cómo? Por medio de las reservas campesinas, figura adoptada por la ley 160 y ya reglamentada. Las reservas campesinas son una talanquera legal contra la concentración de tierras; una manera de preservar ciertas áreas del país en manos de los productores directos; una forma de impedir que todo programa de desarrollo, al valorizar la tierra, termine beneficiando a los terratenientes.

 

De manera que el Fondo para la Paz debe resistir a los cantos de sirena de los fondos ganaderos, porque va y le pasa lo de Caperucita Roja: que se la come el lobo con todo y vacas. El Fondo para la Paz debe ser un instrumento para ayudar a resolver el conflicto y no una maniobra para, dando una vuelta, agravarlo. La paz será un buen negocio político para todo el país si no se deja convertir en un buen negocio para algunos, los de siempre. Hay fórmulas para evitarlo.

 

 

Bogotá, febrero de 1999

 

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