"No más diagnósticos"

"Propietarios de tierras y campesinos serán socios"

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Carlos Murgas

Ministro de Agricultura

(Entrevista en EL TIEMPO, Bogotá, 19 de noviembre de 1998)

 

 

El gobierno lanza proyecto para recuperar el campo: campesinos que se asocian con dueños de tierra, beneficios para quienes inviertan en zonas rojas, créditos especiales y facilidades para compra de maquinaria.

 

El campo, dice el ministro de Agricultura, Carlos Murgas, vivió la misma “borrachera” de la apertura.  Experimentó ocho años de `guayabo`.  En ese período se dejaron de cultivar 700.000 hectáreas, las importaciones pasaron de 800.000 a 5.8 millones de toneladas, los hatos se empezaron a manejar por teléfono y se volvió a fracasar en la reforma agraria.

 

Por eso el Ministro de Agricultura, que tiene tierras y que conoce de cerca la problemática del campo, no quiere más diagnósticos.

 

Dice que va a actuar. Su gran proyecto es convertir en socios a campesinos y propietarios de tierra.  Y también a actores del conflicto armado.

 

Otro objetivo:  vincular a inversionistas nacionales y extranjeros a proyectos de desarrollo en zonas `rojas`.  Empresarios de Malasia, donde se vivió una situación similar a la colombiana, ya estuvieron acá.  Quieren hacer parte del plan. Y para ello no se necesita reforma agraria.  Por eso, dice, no perderá tiempo en el Congreso reformando la ley actual.

 

¿Cuál es la visión que usted tiene del campo colombiano?

 

Como usted sabe, yo vengo del campo y entonces el diagnóstico no son las cifras frías que encontré aquí.  Son las realidades que he vivido.

 

¿Y qué es lo que ha vivido?

 

Aquí hay varias Colombias. Está la Colombia andina, que tiene algunos problemas pero que ha logrado una organización interesante con el apoyo de la Federación de Cafeteros. Ahí hay escuelas, carreteras y un desarrollo social importante.

 

Hay otras Colombias con graves problemas de pobreza, que alimentan la desesperanza y la zozobra.  Es el caso de la Costa Atlántica, donde por muchas razones ya no se siembra, no existe infraestructura y las condiciones sociales son precarias.

 

¿Cuáles son las causas que han provocado esa situación?

 

Varias. Pero imagínese que en Colombia se han dejado de cultivar 700 mil hectáreas de productos como algodón, sorgo y maíz. De ese total, unas 280.000 están en dos departamentos: Cesar y Magdalena.  Y algo en el sur de la Guajira.  Eso explica, en gran parte, esa absoluta pobreza.

 

¿Cuál va a ser su labor para recuperar el campo?

 

En principio creí que me trajeron aquí para reivindicar mi región. Pero ya dije que no, que soy el Ministro de Agricultura de Colombia y he encontrado un país, agrícolamente hablando, muy maltrecho.

 

El Valle del Cauca, que se dedicó prácticamente al monocultivo de la caña está atravesando momentos críticos. Y así sucesivamente pasa en gran parte del país.

 

¿Pero eso es problema de política económica o de la misma inseguridad?

 

Es un conjunto de factores. No ha existido políticas claras de los gobiernos. El campo estuvo en los últimos años desprotegido y eso ha traído pobreza, desplazamientos, guerrilla y paramilitarismo.

 

Mucha gente al no encontrar nada que hacer en el campo, al no tener qué comer, de qué vivir, emigró.  Esa es Colombia hoy.

 

¿Fue salvaje la apertura?

 

Tiene mucho que ver en la crisis del campo. Aquí se eliminaron de un momento a otro los subsidios y nos expusieron a una competencia irracional. Fíjese que hace dos semanas Estados Unidos destinó 5.600 millones de dólares para subsidiar los cultivos de soya y maíz. Nosotros, en cambio, fuimos aventados al libre mercado sin ningún apoyo y así hemos seguido en los últimos años.

 

¿Entonces es partidario de retornar a la protección?

 

Ahora tenemos unos organismos externos que nos controlan como la OMC y en este momento estamos `desbrevándonos` para que en el Mercosur nos vaya bien. Ya no es hora de quejarnos, sino de actuar y volvernos competitivos a través de mecanismos diferentes a la protección a ultranza.

 

¿Qué está pensando el Gobierno?

 

Hay que utilizar la imaginación para hacer competitivos los cultivos en regiones específicas.  Es necesario dar señales claras, por ejemplo al Valle, para que vuelva a las pepas (soya) y maíz. En este departamento se pueden recuperar entre 50.000 y 100.000 hectáreas. En Córdoba, que tiene ventajas comparativas frente a otras latitudes, podemos recuperar en maíz 100 200  mil hectáreas y aprovechar el segundo semestre para cultivar el algodón en ese mismo terreno.

 

¿Cómo se va a materializar esa opción?

 

Vamos a ponerles gerente a los temas soya, maíz y algodón. Serán gerentes para productos específicos en zonas específicas. La falta de gerencia es uno de los problemas del campo.

 

Sí, pero hay gran problema que es la financiación.

 

Estamos contemplando varias estrategias.  Se van a dar facilidades para la adquisición de maquinaria a un costo razonable, de pronto sin impuestos y a largo plazo.  Aquí hace diez años no importamos maquinaria para el campo.  ¿Entonces cómo podemos competir?  Tenemos ventajas en climas y suelos pero nos falta el recurso capital, la nueva tecnología.

 

Eso para la agricultura comercial. ¿Y para el pequeño productor?

 

A los pequeños los estamos invitando a que se asocien. A que tumben las cercas y entre seis o cinco compren un tractor y lo pongan a trabajar mancomunadamente. Con Finagro estamos estudiando la creación de créditos asociativos y a través de otros instrumentos de política vamos a unir la cadena productiva.

 

¿Cómo?

 

No basta producir, Hay que distribuir, comercializar.  Tengo ejemplos:  Papas Margarita, que tiene tecnología de punta, el gobierno con sus instituciones Corpoica e Ica, y los agricultores, están formando un pool.  Ellos producen la papa con las especificaciones exigidas y Margarita la compra a precios absolutamente transparentes.  Este proyecto puede elevar la producción de papa a 50 toneladas por hectárea cada trimestre.  Eso es lo que hay que hacer.

 

Pero hay que facilitar las cosas. Aquí en Cundinamarca hay una empresa privada -Ecocampo- que lleva dos años tratando de importar semillas mejoradas de papa y no ha podido. Eso es inaudito y demuestra la falta de apoyo estatal a los grandes proyectos.

 

¿Es posible que la agricultura vuelva a ser negocio?

 

La agricultura ya afrontó la borrachera de la apertura y estamos pasando el guayabo. Estoy aquí para dar facilidades y para que saquemos esto adelante. Por eso también vamos a impulsar el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), que en los últimos años ha tenido recursos por 50.000 millones de pesos. Vía presupuesto le estamos inyectando una cifra similar para 1999.

 

Pero el apoyo va más allá. El Certificado de Incentivo Forestal (ICF) contará con 16.000 millones de pesos el año entrante. En toda su historia el ICF solo ha dispuesto de 7.000 millones. La idea es iniciar un gran plan inmediato de reforestación. Con estos recursos podemos reforestar en el 99 entre 35.000 y 45.000 hectáreas.

 

¿De dónde va a salir la plata?

 

Estos recursos están contemplados en el presupuesto. Son cosas que vamos a hacer con los poquitos recursos que tenemos. Aquí ya se repartió el sancocho y de verdad la olla está raspada, pero lo importante es ejecutar con lo que hay que dar señales claras.

 

¿Cómo se va a redistribuir la propiedad rural?

 

Yo no me voy a desgastar haciendo más reformas agrarias. La Ley 160 tiene falencias pero es una pendejada gastar dos legislaturas en el Congreso. Todo está diagnosticado. Lo que falta es acción y por eso he propuesto el 80-20.

 

¿Quién entiende eso?

 

Es fácil. En una visita a la Costa muchos propietarios expresaron que estaban quebrados, que el Gobierno tenía que ayudarles y yo les pregunté: ¿a cambio de qué? Me dijeron que estaban dispuestos a ceder parte de sus tierras.

 

Entonces les propuse que para poderlas trabajar tenían que asociarse con los campesinos, que en el caso de la Costa no tienen más alternativas que la guerrilla y el paramilitarismo, o irse a vender trapos a las esquinas de las capitales.

 

Los campesinos asociados y los dueños de la tierra conforman una empresa. A los dos les conviene. Los primeros se vuelven propietarios y los segundos pueden producir una tierra que está inactiva.

 

¿Y quién tumba a quién?

 

Ninguno. Ellos de común acuerdo nombran un gerente y el Estado, a través de sus organismos especializados, vigila, sirve de interventor.

 

¿Quién compra al propietario de la finca la parte de los asociados?

 

El Incora. En cualquier lugar de la Costa hay fincas que tienen 200 hectáreas. El Instituto perfectamente puede comprar 100 para construir la empresa.

 

¿Y qué sigue?

 

Irían a un Banco, que vamos a fortalecer -de pronto es la Caja Agraria- y pedirán un crédito para un proyecto productivo, que ha sido previamente estudiado. Es necesario que sea viable.

 

 

¿Quién va a pagar el Crédito?

 

Los socios, los 20 campesinos y el que vende la tierra. Ellos como tienen un gerente, disponen de un representante. Este a su vez, se encargará de buscar canales de comercialización, que con el esquema propuesto están plenamente identificados.

 

¿El crédito solo partirá de la Caja Agraria?

 

No, estamos creando condiciones para que el sector privado vuelva a prestarles a los trabajadores del campo. Se está pensando en avales, en enriquecimiento del Fondo de Garantías. Creo que uno asociado tiene muchas más posibilidades de crédito.

 

¿Qué papel va a jugar Finagro?

 

Un papel muy importante. Inclusive, estamos pensando en que los créditos del Fondo no tengan como eje central al individuo, sino a las empresas asociativas.

 

¿Esto es una realidad o un proyecto?

 

Esperamos tener el documento listo antes de 30 días para arrancar el primero de enero.

 

¿Es un programa a nivel nacional?

 

En principio, no. Hay regiones donde no se necesita. Por eso vamos a empezar en la Costa Atlántica, que tiene necesidades muy sentidas. Hay propietarios que están ofreciendo grandes extensiones de tierra al Incora.