18001-23-31-000-1999-00397-01(22219)
PRUEBA - Copia auténtica de diligencia de inspección judicial / COPIA AUTENTICA
DE DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL - Valor probatorio. Valoración probatoria
La parte actora aportó al proceso copia auténtica de una diligencia de
inspección judicial anticipada, practicada en el predio afectado el 31 de agosto
de 1998 por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de La Montañita, Departamento
del Caquetá, con la intervención de peritos, que podrá valorarse en el sub
judice no obstante que en ella no intervino la demandada, a la cual se le
notificó personalmente su realización, pues, mediante auto de 15 de septiembre
de 1998, el citado Juzgado le corrió traslado del dictamen pericial que contiene
las conclusiones de la inspección judicial y ésta lo objetó por error grave, de
lo cual se infiere que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de
contradicción y defensa.
DAÑO ANTIJURIDICO - Daño de cultivos no ilícitos por fumigación de predio con
glifosato / DAÑO ANTIJURIDICO - Configuración / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
DEL ESTADO - Imputación del daño antijurídico / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
DEL ESTADO - Configuración
Las pruebas hasta aquí reveladas indican que el predio “La Esperanza”, de
propiedad de la señora Luz Helena del Perpetuo Socorro Serrano Díaz, resultó
afectado como consecuencia de fumigaciones aéreas realizadas en el mes de
noviembre de 1997 por aeronaves de la Policía Antinarcóticos, tal como lo
relataron los testigos que declararon en el proceso, cuyo dicho merece plena
credibilidad para la Sala, por su claridad, espontaneidad y coherencia y porque
no se evidencia ánimo alguno de sacar provecho o de favorecer a alguien en
particular; además, lo manifestado por ellos, se encuentra debidamente
respaldado con otros medios de prueba aportados al plenario. (…) Si bien el
informe del Jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección
de la Policía Nacional señaló que no existían registros de operaciones de
fumigaciones aéreas sobre el predio “La Esperanza”, lo cierto es que la prueba
testimonial y documental a la que se hizo referencia anteriormente indica lo
contrario; es decir, que sí existieron tales fumigaciones aéreas, al punto que
un área del predio mencionado resultó afectada con herbicidas esparcidos desde
el aire por aeronaves de la Policía Antinarcóticos. El material probatorio
también reveló que en el predio “La Esperanza” no existían cultivos ilícitos,
según se desprende de la inspección judicial anticipada, practicada en el lugar
de los hechos por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de La Montañita, Caquetá,
y del dictamen pericial, del cual se corrió traslado a la demandada, así como de
las declaraciones rendidas en el proceso. La Sala no comparte los argumentos
esgrimidos por la entidad demandada, en torno a que no se practicaron pruebas de
laboratorio para determinar la clase de herbicida que afectó el predio “La
Esperanza”, pues lo cierto es que se acreditó en el plenario que, en la segunda
semana de noviembre de 1997, aeronaves de la Policía Antinarcóticos esparcieron
herbicidas sobre dicho predio y que ello causó daños en 22,85 hectáreas
aproximadamente, lo cual hace irrelevante precisar cuál fue ese herbicida. No
obstante, al respecto, es menester señalar que, si bien no se practicaron las
pruebas de laboratorio que echa de menos la demandada, lo cierto es que todo
indica que se trató de glifosato (…) Establecido como está que, en la segunda
semana de noviembre de 1997, la Policía Antinarcóticos realizó fumigaciones
aéreas en varias veredas del Departamento del Caquetá, entre ellas en la Vereda
La Nutria, jurisdicción del Municipio La Montañita, lugar en el que está ubicado
el predio “La Esperanza”, no hay duda que la demandada le causó un daño a la
actora, quien no tenía por qué soportarlo, si se tiene en cuenta que en el
predio afectado no existían cultivos ilícitos de ninguna naturaleza, tal como se
encuentra acreditado en el proceso, de modo que aquélla tendrá que indemnizar
los perjuicios que dicha situación produjo.
INDEMNIZACION DEL PERJUICIO MATERIAL - Daño de cultivos no ilícitos por
fumigación de predio con glifosato / INDEMNIZACION DEL PERJUICIO MATERIAL - Daño
emergente / DAÑO EMERGENTE - Actualización. Cálculo. Fórmula para actualizar la
renta
La actora solicitó que se condenara a la demandada a pagarle, por dicho
concepto, la suma de $21’396.500. A su turno, el Tribunal la condenó al pago de
$14’379.339, por concepto de daño emergente (…) Teniendo en cuenta que, según el
dictamen anterior, 22,85 hectáreas del predio “La Esperanza” resultaron
afectadas como consecuencia de las fumigaciones aéreas realizadas por la Policía
Antinarcóticos, con un costo de reposición del pasto y de los árboles de
$490.000, por hectárea, el Tribunal condenó a la demandada a pagar la suma de
$11’196.500, a título de daño emergente, suma que, una vez actualizada, arrojó
un total de $14’379.339. Dado que la demandada no formuló reparo alguno en el
recurso de apelación en torno a la condena anterior, la Sala la confirmará y
procederá a actualizarla. Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la
renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica
(suma señalada por el Tribunal) multiplicada por la suma resultante de dividir
el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el
índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual el Tribunal
profirió la de primera instancia.
INDEMNIZACION DEL PERJUICIO MATERIAL - Daño de cultivos no ilícitos por
fumigación de predio con glifosato / INDEMNIZACION DEL PERJUICIO MATERIAL -
Lucro cesante / LUCRO CESANTE - No se acreditó el perjuicio reclamado. No se
probó
Por concepto de lucro cesante, el Tribunal condenó a la demandada a pagar la
suma de $9’405.000, con fundamento en el precitado dictamen pericial, pues
consideró que: “en cada hectárea de terreno se pueden sostener 2.5 cabezas de
ganado y el precio que se paga por el pastaje de cada cabeza de ganado es la
suma de $12.000 y como la reposición del cultivo demoraría 11 meses, al
multiplicar dichos factores se obtiene un lucro cesante por pastaje de
$9’405.000”. Por su parte, la entidad demandada se opuso, en el recurso de
apelación, a la condena anterior, por estimar que no se demostró en el proceso
la propiedad y la existencia de las cabezas de ganado, de modo que, según dijo,
no entendía “cómo los Honorables Magistrados que fallaron en contra de la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional pudieron hacer para establecer
cuál era el producido que arrojaría el pastaje de ese número de cabezas de
ganado durante el tiempo que supuestamente quedó improductivo el predio”. Si
bien el dictamen pericial aportado al proceso concluyó que se encontraba
acreditada la existencia de 50 cabezas de ganado en el predio “La Esperanza”,
con fundamento en el informe rendido por el señor Juan Vergel Ortiz, tecnólogo
de control y vigilancia de Corpoamazonía, Regional Caquetá, quien aseguró que en
el predio afectado se encontraban pastando 50 cabezas de ganado, lo cierto es
que no está demostrado en el proceso que la actora hubiese realizado pago alguno
de dinero para el alquiler de otros pastizales, a fin de alimentar los
semovientes que habrían resultado perjudicados con las fumigaciones áreas
realizadas por la Policía Antinarcóticos; por lo tanto, la Sala considera que no
se acreditó el perjuicio que dijo haber sufrido la demandante como consecuencia
de dicha situación, de modo que revocará la condena impuesta por el Tribunal en
ese aspecto.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION A
Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012)
Radicación número: 18001-23-31-000-1999-00397-01(22219)
Actor: LUZ HELENA DEL PERPETUO SOCORRO SERRANO DE DIAZ
Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL
Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la demandada contra la
sentencia de 15 de noviembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, en cuanto en ella se decidió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial y administrativa de la
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, por el daño antijurídico
ocasionado a LUZ HELENA DEL PERPETUO SOCORRO SERRANO DE DÍAZ, con los perjuicios
que se causaron a los cultivos de pastos y especies arbóreas que existían en el
predio La Esperanza, sobre 22,85 hectáreas ubicadas en la vereda La Nutria del
Municipio de La Montañita, con ocasión de la aspersión que de los mismos se
hiciera en las condiciones de modo, tiempo y lugar que se analizaron en los
considerandos.
“SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL a pagar a
la actora LUZ ELENA DEL PERPETUO SOCORRO SERRANO DE DÍAZ las siguientes sumas de
dinero:
“A) La suma de CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
($14’379.339,00), por concepto de daño emergente.
“B) La suma de DOCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
($12’078.568,00) por concepto de lucro cesante.
“Tercero: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
“CUARTO: ORDENAR que se expida a la parte actora y a su costa, copia de esta
decisión en los términos del artículo 115 del C.P.C con el fin de obtener su
cumplimiento.
“QUINTO: ORDENAR la devolución del remanente de los gastos ordinarios del
proceso, si lo hubiere.
“SEXTO: ORDENAR el archivo del expediente una vez ejecutoriada esta decisión y
dejadas las respectivas constancias en los libros de control” (folios 190 a 206,
cuaderno 4).
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
El 14 de octubre de 1999, la señora Luz Helena del Perpetuo Socorro Serrano de
Díaz, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación
directa, solicitó que se declarara responsable a la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional por los daños causados al predio de su propiedad,
denominado “La Esperanza”, ubicado entre las Veredas Maquencal y La Nutria,
jurisdicción del Municipio de La Montañita, Departamento del Caquetá, debido a
fumigaciones aéreas, con herbicidas químicos, realizadas por la Policía
Antinarcóticos en la segunda semana de noviembre de 1997 (folios 142 a 151,
cuaderno 1).
Manifestó que, a pesar de no existir en el predio afectado cultivos ilícitos,
aviones y helicópteros adscritos a la Policía Nacional esparcieron un químico de
características similares al herbicida conocido comercialmente con el nombre de
gramaxone, lo que produjo la quema y secamiento de 22,85 hectáreas cultivadas
con pastos de grama dulce, guaudilla, trenza y brachiaria de cumbe; la
desfoliación de varias especies arbóreas, entre ellas, gualanday, yarumos,
balsos, limón, naranjos, palma guajo y mango, al igual que resultaron afectados
yacimientos de agua, y 50 semovientes que pastaban en el lugar debieron ser
evacuados y trasladados a otro lugar.
Aseguró que el Juzgado Único Promiscuo Municipal de La Montañita, Caquetá,
practicó una inspección judicial anticipada al terreno afectado, con la
intervención de peritos, previa notificación que se le hiciera al Comandante del
Departamento de Policía del Caquetá, quien no compareció a la diligencia, en la
que se constató la magnitud de los
daños causados al predio “La Esperanza”, los cuales fueron estimados en
$21’396.500, que deberán ser indemnizados por la demandada, en aplicación del
artículo 90 de la Constitución Política.
1.2
La contestación de la demanda
La demanda fue admitida el 28 de octubre de 1999 y el auto respectivo fue
notificado a la enjuiciada, la cual se opuso a las pretensiones de los actores,
por estimar que no se encontraban acreditados los elementos que configuran la
responsabilidad del Estado (folios 153 a 155, cuaderno 1).
1.3 Alegatos en primera instancia
Vencido el período probatorio, el 12 de octubre de 2000 se corrió traslado a las
partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera
concepto (folios 165 a 167, 178, cuaderno 1).
1.3.1 La parte actora guardó silencio.
1.3.2 La entidad demandada manifestó que no se aportó al proceso prueba técnica
alguna que demostrara que los cultivos fueron destruidos como consecuencia de
fumigaciones aéreas realizadas con herbicidas. Cuestionó los resultados de la
inspección judicial anticipada al lugar de los hechos, toda vez que ésta fue
practicada 5 meses después de la supuesta fumigación al predio “La Esperanza”.
Calificó como apresurado el informe de Corpoamazonía, Regional Caquetá, ya que
éste fue proferido con fundamento en una inspección visual practicada al lugar
de los hechos. Agregó que las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos,
que adelanta la Policía Antinarcóticos, se realizan con la debida planeación,
con personal idóneo y equipo adecuado y con el cumplimiento de los parámetros
técnicos y ambientales exigidos por las autoridades competentes (folios 179,
180, cuaderno 1).
1.3.3. El Ministerio Público solicitó
que se accediera a las pretensiones de la demanda, en consideración a que se
demostró en el proceso que aeronaves de la Policía Antinarcóticos del Caquetá
fumigaron con herbicidas químicos el predio de la actora y que ello le produjo
un daño que debe repararse (folios 182 a 188, cuaderno 1).
1.4
La sentencia recurrida
Mediante sentencia de 15 de noviembre de
2001, el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró la responsabilidad de la
entidad demandada y la condenó en los términos citados
ab initio, por estimar que las
pruebas valoradas en el proceso demostraron que aeronaves de la Policía
Antinarcóticos fumigaron con herbicidas el predio de la actora, afectando
cultivos de pastos, árboles de sombrío, frutales y yacimientos de agua.
A juicio del Tribunal, el material probatorio mostró que fueron 22.85 hectáreas
las afectadas con la fumigación aérea y que la recuperación del terreno costaría
$14’379.339. Asimismo, el Tribunal estimó que la actora habría tenido que pagar
la suma de $12’078.568 por el alquiler de pastizales para 50 cabezas de ganado,
durante 11 meses, tiempo que habría durado la recuperación del terreno afectado
en el predio “La Esperanza”; en cambio, no encontró probadas las sumas que se
habrían pagado por el traslado a otro lugar de las 50 cabezas de ganado (folios
190 a 207, cuaderno 4).
Uno de los Magistrados del Tribunal salvó parcialmente el voto, en cuanto señaló
que no se estableció en el proceso, a través de una prueba técnica, que el
herbicida esparcido sobre el predio afectado era glifosato y, además, porque no
se demostró la existencia de las 50 cabezas de ganado a las que aludió el
Tribunal (folios 208, 209, cuaderno 4).
1.5 El recurso de apelación
Dentro de la oportunidad legal, las partes formularon recurso de apelación
contra la sentencia anterior (folios 214 a 238, cuaderno 4).
1.5.1. La parte actora no sustentó el recurso.
1.5.2. El apoderado de la entidad demandada deprecó del juez que se revocara la
sentencia y se negaran las pretensiones de la demanda, por estimar que no
existen en el plenario pruebas técnicas ni científicas que permitan establecer
que el terreno de la actora fue fumigado con glifosato, como lo sostuvieron
algunos de los testigos que declararon en el proceso, los cuales calificó de
sospechosos, debido a los vínculos de amistad y vecindad con los demandantes.
Agregó que algunos campesinos utilizan fungicidas de características similares
al glifosato, circunstancia que puede explicar, en cierta medida, la presencia
de dicho herbicida en el predio “La Esperanza”.
Aseguró que el programa de erradicación de cultivos ilícitos, a cargo de la
Dirección de Antinarcóticos, cuenta con mecanismos de control y seguimiento y
una auditoría contratada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuyo
objetivo es vigilar, a través de procedimientos técnicos, la correcta aplicación
del herbicida conocido como glifosato, bajo unos parámetros de estricto
cumplimiento, que garantizan la
destrucción de los cultivos ilícitos, con una efectividad del 90% y en
condiciones máximas de seguridad.
Por último, manifestó que no obra prueba alguna en el plenario que acredite la
existencia de las cabezas de ganado en el predio afectado (folios 214 a 237,
cuaderno 4).
Mediante auto de 6 de diciembre de 2001, el Tribunal Administrativo del Caquetá
concedió los recursos de apelación interpuestos por las partes y, mediante auto
de 25 de abril de 2002, el Consejo de Estado admitió el recurso de la demandada
y declaró desierto el interpuesto por la parte actora (folios 239, 249, 250,
cuaderno 4).
1.6 Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 5 de julio de 2002, el Despacho corrió traslado a las partes, para que
presentaran alegatos de conclusión y al Agente del Ministerio Público, para que
rindiera concepto (folio 256, cuaderno 4).
1.6.1 La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (folio 269,
cuaderno 4).
1.6.2 La enjuiciada deprecó del juez que se negaran las pretensiones de la
demanda, con fundamento en que no se acreditaron los elementos que configuran la
responsabilidad del Estado. Cuestionó que el Tribunal hubiese otorgado pleno
valor probatorio a unos testigos que manifestaron que aviones y helicópteros de
la Policía Antinarcóticos fumigaron el predio de la actora, cuando lo cierto es
que la prueba documental oficial allegada al proceso indica que no existe
registro alguno sobre dicha fumigación. Insistió en la falta de una prueba
técnica que acreditara el daño que dijeron haber sufrido los demandantes. Por
último, la demandada se opuso al reconocimiento de perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante, pues, según dijo, en ninguna parte del proceso obra
prueba que demuestre la existencia y propiedad de las cabezas de ganado en el
predio afectado (folios 265 a 268, cuaderno 4).
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia de la Sala
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de 15 de noviembre de 2001, proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se declaró la
responsabilidad de la Administración, por los daños causados al predio “La
Esperanza” como consecuencia de las fumigaciones áreas realizadas por la Policía
Antinarcóticos, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la
pretensión mayor de la demanda fue establecida en $21’396.500, por concepto de
perjuicios materiales, y la cuantía fijada por la ley, para la época de
presentación de la demanda, esto es, 14 de octubre de 1999, para que un proceso
fuese de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $18’850.000[1].
2.2 Caducidad de la acción
De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la
acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra
causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron en la segunda semana del mes
de noviembre de 1997 y la demanda fue instaurada el 14 de octubre de 1999, es
decir, dentro del término que contempla el ordenamiento legal.
2.3 Caso concreto y análisis probatorio.
Con fundamento en las pruebas practicadas válidamente en el proceso, se tiene lo
siguiente:
Los predios denominados La Irlanda, Filadelfia, La Porfia y La Florida,
limítrofes entre sí, ubicados en la Vereda La Nutria, jurisdicción del Municipio
de La Montañita, Departamento del Caquetá, fueron englobados en uno solo, que
pasó a denominarse “La Esperanza”, con una extensión aproximada de 209
hectáreas, cuya propietaria es la señora Luz Elena del Perpetuo Socorro Serrano
de Díaz, tal como lo acredita la copia auténtica de la Escritura Pública 0559 de
16 de junio de 1992 de la Notaría Segunda del Círculo de Florencia, Caquetá,
debidamente registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 420-46941, según lo
indica el certificado de tradición y libertad de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Florencia, documentos que obran en copia auténtica (folios 6 a 11,
cuaderno 1).
El 9 de diciembre de 1997, el señor Juan Vergel Ortiz, Tecnólogo de Control y
Vigilancia de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la
Amazonía, Corpoamazonía, Regional Caquetá, rindió el siguiente informe, el cual
obra en copia auténtica y fue allegado al proceso el 3 de marzo de 2000, por
solicitud que hizo el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante oficio 0398
de 23 de febrero de 2000:
“OBJETIVO: Verificar daños ocasionados por fumigaciones mediante aspersiones
aéreas, por parte de la sección ANTINARCÓTICOS, en la finca La Irlanda, ubicada
en la vereda La Nutria, Inspección de Policía del Triunfo, Municipio de La
Montañita, según denuncia efectuada el día 28 de Noviembre (…)
“ACTIVIDAD: Atendiendo la instrucción dada por el Director Regional, me desplacé
en compañía del señor GERMÁN DÍAZ CRUZ y del mayordomo de la finca, se adelantó
recorrido por toda el área afectada, encontrando que efectivamente los pastos se
encuentran con un avanzado estado de deterioro por efecto de contacto con el
herbicida y los árboles presentan una defoliación severa que en algunos casos ha
causado la muerte de varios individuos.
“Es de señalar que estos herbicidas tienen un alto grado de toxicidad con
grandes efectos a largo plazo sobre el hombre, la fauna, la flora y las aguas,
constatando el alto poder residual, presentándose en el ambiente un olor
característico de este tipo de sustancias.
“La parte del herbicida quema totalmente la parte foliar y con efectos sobre el
suelo, lo que ocasiona daños irreversibles al sistema radicular de las plantas,
causándoles la muerte lentamente; el cuadro encontrado en la inspección técnica
coincidió con los efectos descritos anteriormente y en consecuencia los costos
ambientales y económicos para el propietario de la Finca La Irlanda han sido
altos, agrabándose (sic) con el daño producido sobre 50 ejemplares de ganado
vacuno que pastaban en el área afectada por el insumo químico.
“Algunos nacimientos de agua se encuentran involucrados dentro del globo
(aproximadamente 50 Has.) del terreno objeto de la fumigación, en forma directa
se alteran las condiciones bióticas para el recurso ictico presente en estas
corrientes de agua, este daño es irreparable y contribuirá a la escaces (sic) de
las especies tradicionales presentes en estos afluentes.
“Según el recorrido efectuado, los pastos encontrados con alto grado de
deterioro, son las (sic) siguientes:
“Pastos:
“Grama dulce (Paspalum spp)
“Guaudilla
(Homolepis aturensis)
“Trenza
(Axonopus compresus)
“Brachiaria
(Brachiaria decumbens)
“Dentro las especies arbóreas se pueden identificar unas 10 especies que
presentan un avanzado estado de defoliación entre las cuales tenemos:
“Ojiancho (Hieronyma
alchorneodides)
“Gualanday (Jacaranda copala)
“Yarumos (Cecropia sp)
“Balsos (Ochroma lagopus)
“Limón (Citrus aurantium)
“Naranjos (Citrus sp)
“Palma Guajo (Atalea sp)
“Palma Cumare (Astrocaryum chambira)
“Mango (Manguifera indica)” (folios 9 a 11, cuaderno 2).
El 14 de marzo de 2000, Corpoamazonía, Regional Caquetá, complementó el informe
anterior en los siguientes aspectos:
“a. Los daños que se determinaron fueron causados por herbicidas, ya que este
(sic) tiene la característica de que cuando se hace la aspersión y cae sobre las
hojas de las plantas las quema, y empieza su marchitamiento (…)
“b. La capacidad de carga es de 2.5 U.G.G/Ha.
“c. Las fuentes de agua que observamos en el terreno afectado por la fumigación
disminuyó (sic) el caudal ya que los árboles que estaban a su alrededor se
secaron y las especies tradicionales presentes en estos afluentes comienzan a
escasear” (folios 11, cuaderno 3).
La parte actora aportó al proceso copia auténtica de una diligencia de
inspección judicial anticipada, practicada en el predio afectado el 31 de agosto
de 1998 por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de La Montañita, Departamento
del Caquetá, con la intervención de peritos (folios 78, 79, cuaderno 1), que
podrá valorarse en el sub judice no
obstante que en ella no intervino la demandada, a la cual se le notificó
personalmente su realización (folio 83, cuaderno 1), pues, mediante auto de 15
de septiembre de 1998, el citado Juzgado le corrió traslado del dictamen
pericial que contiene las conclusiones de la inspección judicial (folios 85 a
102, cuaderno 1) y ésta lo objetó por error grave, de lo cual se infiere que
tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa.
Según la inspección judicial:
“Se trata de un potrero o varios potreros, que es el límite de la finca La
Esperanza, en el cual no se observan cultivos ilícitos, no hay ganados
pastando en el mismo, predomina la vegetación en azulejo y grama dulce, se
pueden observar algunos árboles secos (…) evidencias de pasto brachiaria, que
está absorbido por la maleza y el azulejo, palmas de cananguchas secas, dentro
de la diligencia se tomaron unas placas fotográficas” (se subraya) (folios 78,
79, cuaderno 1).
El 14 de septiembre de 1998, los peritos designados por el Juzgado Único
Promiscuo Municipal de La Montañita, Caquetá, rindieron el siguiente dictamen:
“El predio antes mencionado se encuentra cultivado con pastos naturales, grama
dulce, artificiales, (Brachiaria decumbens), Guadilla, Tenza y algunos árboles
frutales como Ojiancho, Gualanday, Yarumos, Balsos, Limón, Naranjo, Palma Guajo,
Palma Cumare, Mango, cercado con alambres de púas y posteadura (sic) en madera.
“Manifestamos que habiendo recorrido el predio aludido de las referencias arriba
anotadas no se observó (sic) por ningún sitio cultivos ilícitos ni similares
(sic) en donde se extraigan sustancias alucinógenas, existiendo solamente
cultivos de pastos, rastrojeras y algunos árboles frutales y de sombrío.
(…)
“Localizado el sitio de la inspección judicial observamos el área a describir y
valorar, cerciorándose (sic) durante el recorrido hecho por dicha zona el estado
de marchitez (sic) de la vegetación, la destrucción parcial de algunos árboles
como: palmas guajo, palma cumare, mangos, gualanday, ojiancho, yarumos, balsos,
que están secos presentando una defoliación severa que en algunos casos ha
causado la muerte de varios individuos; los naranjos y mangos fueron defoliados
pero lentamente se ha (sic) ido recuperando. Como prueba de ello anexamos
fotografías que fueron tomadas en el momento de la inspección por parte de los
suscritos. Obsérvese la foto No. 4 donde se nota claramente la muerte de algunas
de estas especies.
“El pasto brachiaria decumbens, grama dulce, guaudilla, trenza, que cubría el
área afectada es de 22.85 Has., se encuentra en grave deterioro y las
posibilidades de regeneración natural son muy pocas y a su vez ha sido invadido
en forma exagerada por el azulejo (…)” (folios 85 a 90, cuaderno 1).
La demandada objetó, por error grave, el anterior dictamen pericial, con
fundamento en que éste no cuenta con respaldo técnico o científico alguno, que
permita establecer que en el predio “La Esperanza” se realizaron fumigaciones
aéreas con herbicidas químicos. Aseguró que los peritos no establecieron las
verdaderas causas de los daños que sufrió el predio, ni se demostró tampoco, a
través de análisis de laboratorio, la existencia de pastizales de brachiaria de
cumbe. Tampoco se estableció qué clase de fungicida se habría utilizado en la
supuesta fumigación, ni se practicaron pruebas de laboratorio para determinar la
presencia de químicos y el grado de contaminación en el agua, tierra, cultivos,
etc., lo cual denota la falta de fundamento científico y técnico de la prueba
pericial (folios 106 a 108, cuaderno 1).
Mediante auto de 27 de noviembre de 1998, el Juzgado Único Promiscuo Municipal
de La Montañita, Departamento del Caquetá, rechazó de plano la objeción
formulada por la demandada y dejó en firme el dictamen pericial, con fundamento
en que ésta no cumplió con la carga impuesta por el inciso 2 del artículo 239
del C.P.C., según el cual: “Antes del
vencimiento del traslado del escrito de objeciones, el objetante deberá
presentar al juzgado los títulos de los depósitos judiciales, los cuales se le
entregarán al perito sin necesidad de auto que lo ordene, una vez cumplida la
aclaración o complementación ordenada y siempre y cuando no prospere alguna
objeción que deje sin mérito el dictamen” (folio 131, cuaderno 1).
El 29 de marzo de 2000, el Ministerio del Medio Ambiente remitió al Tribunal
Administrativo del Caquetá el siguiente escrito:
“En enero de 1992, como estrategia social del Gobierno Nacional, se adoptó el
mecanismo de aspersión aérea con el herbicida Glifosato, para la erradicación de
cultivos ilícitos en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes.
“El organismo que orienta y coordina la ejecución de las decisiones del Consejo
Nacional de Estupefacientes es la Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE.
“El organismo responsable de la operación de los programas de erradicación de
cultivos ilícitos, es la Policía Antinarcóticos.
“Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente es la autoridad encargada del
seguimiento ambiental a las aplicaciones de Glifosato, para lo cual ha hecho la
exigencia de un Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a (sic) lo establecido en
el artículo 38 del Decreto 1753 de 1994 (…)” (folio 23, cuaderno 2).
El 7 de abril de 2000, el Jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de
la Dirección Nacional de la Policía Nacional dirigió el siguiente escrito al
Tribunal Administrativo del Caquetá:
“(…) Me permito informar que no se encontraron registros de operaciones sobre el
predio denominado ‘La Esperanza’, ubicado en las Veredas La Nutria y Maquencal,
Municipio La Montañita (Caquetá). Las operaciones de Erradicación de Cultivos
Ilícitos responden a una serie de procesos de detección en que se recopila
información de nivel nacional, se obtienen imágenes de los cultivos de tipo
satelital, se planean y elaboran unas directivas, se efectúan reconocimientos
fotográficos, para finalmente ordenar la fumigación en el área. Es necesario que
el Honorable Tribunal Administrativo del Caquetá establezca si las Coordenadas
Geográficas del predio coinciden con las coordenadas reportadas en la fumigación
del 181197, si no es así, se daría por descartada la fumigación para la finca
denominada ‘La Esperanza’” (folios 15 a 17, cuaderno 3).
En el proceso rindieron declaración las siguientes personas:
El señor José Germán Díaz Cruz, quien manifestó:
“(…) Eso fue en el año 97, por allá en noviembre, estaban fumigando ese sector
(…) para mí por un error fumigaron un sector de la finca de la sociedad
conyugal, hecho que puse en conocimiento del Defensor del Pueblo, de la misma
Policía Antinarcóticos, del Personero Municipal de Montañita, de la Secretaría
de Agricultura. Esa fumigación la hizo la Policía Antinarcóticos, lo sé porque
fuimos con una comisión del Medio Ambiente de la División de Antinarcóticos de
Santafé de Bogotá, fuimos a la finca a una inspección ocular, esa comisión llegó
porque con el Mayor que había aquí en la Policía la pedimos, entonces ellos
dijeron pues si es cierto camine, y montamos en unos helicópteros y nos fuimos,
se verificó, ellos presentaron un informe ante el Mayor de la Policía de
Antinarcóticos, después hicimos varias reuniones con el piloto que había
fumigado, aceptando su error (…) eso había transcurrido por ahí un mes desde la
fumigación, todavía olían las matas a veneno y pues en un principio llegamos a
un acuerdo con la Policía en el sentido de que yo les pedía que me hicieran dos
kilómetros de carretera para toda la vereda y ellos aceptaron,
desafortunadamente cambiaron al Mayor de Antinarcóticos y quedó todo en nada, la
construcción de los dos kilómetros era para yo no poner demanda, como una
compensación por el daño que me habían hecho. Esa visita las (sic) hicimos con
dos oficiales de la Oficina Antinarcóticos –Sección del Medio Ambiente llamados
JAMES ROA y LUIS ALEJANDRO GÓMEZ, agotada esa vía, antes de esta visita ocular,
Corpoamazonía por medio de un representante había hecho la visita a la finca,
también por solicitud nuestra. PREGUNTADO: Díganos si supo las causas para que
en el sector del Triunfo se estuvieran realizando fumigaciones aéreas por parte
de la Policía Nacional en aquella época? CONTESTO: En ese sector siempre ha
habido coca, pero quiero de una vez aclarar aquí que yo no he tenido nunca un
plante allá de coca, como la Policía antinarcóticos lo comprobó (…) Díganos por
qué asegura que fue un error del piloto lo que ocurrió con su predio? CONTESTÓ:
Porque los dos oficiales que fuimos a la finca (sic) me dijeron que se habían
salido de las coordenadas de las cuales tenían que botar el veneno, el piloto
dijo que fue un error, con él hablamos también (…) La primera secuela fue con el
ganado, un gran porcentaje se murió y el otro se fue enflaqueciendo y por esa
razón vendí yo esos animales que le había caído el veneno, aproximadamente
murieron 28 reces, en cuanto a los pastos todos murieron, muy poca cantidad
volvió a retoñar, saliendo en su gran mayoría maleza, las aguas se estancaron
porque una cantidad de árboles murieron, se recalientan. La finca en esas
condiciones duró aproximadamente un año
sin poder utilizar ese pedazo de tierra, sin meterle ganado (…)” (folios
20, 21, cuaderno 2).
La señora Gladys Lugo Murillo, esposa de quien para la época de los hechos se
desempeñaba como mayordomo del predio “La Esperanza”, de propiedad de la actora,
hizo las siguientes revelaciones:
“(…) Nosotros estábamos trabajando ahí cuando las avionetas fumigaron los
potreros, eso ocurrió en noviembre de 1997, fumigaron como siete potreros, iban
acompañadas de tres o cuatro helicópteros (…) como a los ocho días se miraba el
potrero y el pasto bien quemado, los árboles también se quemaron y el agua se
empezó a secar, porque los árboles
que estaban a la orilla se empezaron a secar, un ganado y unas bestias se
enfermaron y algunos se murieron, no sé la cantidad (…) No está lo mismo que
antes, está muy feo, ha salido maleza (…) PREGUNTADO: Sabe usted si en la finca
La Esperanza existen cultivos ilícitos como coca u otro. CONTESTÓ: No existe
nada de eso (…)” (folios 29, 30, cuaderno 2).
El señor Olegario Urriago Romero sostuvo:
“(…) Como yo trabajaba en la finca de enseguida, no le sé decir el nombre, ese
día yo estaba ayudando a arriar un ganado cuando pasaron dos (2) avionetas y
fumigaron toda la grama, se murieron árboles frutales, habían palos de limones,
naranjos, y todos los árboles de los nacimientos del agua y unos animales
también murieron porque comieron de esa grama, como eso huele a gramason, tiene
un olor a feo, al mayordomo le tocó desocupar el potrero (…) Se secó toda la
yerba de que come el ganado, todos los árboles, todo quedó como pura tierra,
duró un tiempo desocupado, ahora es que ha nacido un poco de grama (…)” (folios
33, 34, cuaderno 2).
Por su parte, José Vicente Figueroa Rojas, Aníbal Muñoz Oyola, Blanca Doris
Garzón, Ernesto Hernández Calderón, Ramiro Lugo Cabezas y Hermid Murillo
Sánchez, quienes para la época de los hechos habitaban en la misma vereda en la
cual está ubicado el predio “La Esperanza”, manifestaron que, en el mes de
noviembre de 1997, observaron que avionetas, escoltadas por helicópteros,
fumigaron el predio de la señora Socorro Serrano de Díaz, a pesar de que allí no
existían cultivos ilícitos, afectando pastos, cultivos y ganado (folios 28 a 32,
cuaderno 2).
Las pruebas hasta aquí reveladas indican que el predio “La Esperanza”, de
propiedad de la señora Luz Helena del Perpetuo Socorro Serrano Díaz, resultó
afectado como consecuencia de fumigaciones aéreas realizadas en el mes de
noviembre de 1997 por aeronaves de la Policía Antinarcóticos, tal como lo
relataron los testigos que declararon en el proceso, cuyo dicho merece plena
credibilidad para la Sala, por su claridad, espontaneidad y coherencia y porque
no se evidencia ánimo alguno de sacar provecho o de favorecer a alguien en
particular; además, lo manifestado por ellos, se encuentra debidamente
respaldado con otros medios de prueba aportados al plenario.
Por ejemplo, el informe de Corpoamazonía, Regional Caquetá, rendido un mes
después de los hechos, señaló que un área del predio “La Esperanza” resultó
afectada como consecuencia de fumigaciones aéreas, con herbicidas, que realizó
la Policía de Antinarcóticos, pues varios pastos de grama dulce, guaudilla,
trenza y brachiaria evidenciaron un avanzado estado de deterioro, al igual que
varias especies de árboles resultaron afectadas, entre ellas las denominadas
ojiancho, gualanday, yarumos, balsos, limón, naranjos, palma guajo, palma cumare
y mango. La misma suerte corrieron algunos yacimientos de agua y las especies
que habitaban en ellos.
Por su parte, la Auditoría Ambiental de Erradicación de Cultivos Ilícitos
sostuvo que, en la segunda semana de noviembre de 1997, fueron fumigados varios
predios localizados en distintas veredas y municipios del Departamento del
Caquetá, entre ellos, la Vereda La Nutria, jurisdicción del Municipio de La
Montañita, lugar en el cual se encuentra ubicado el predio “La Esperanza”, de
propiedad de la actora, tal como se deduce de la respuesta emitida por dicha
entidad al Tribunal Administrativo del Caquetá, el 31 de marzo de 2000:
“(…) Con base en los archivos de Auditoría Ambiental, se tiene la siguiente
relación de las actividades ejecutadas en la segunda semana del mes de Noviembre
de 1999, en el Departamento del Caquetá.
“FECHA
MUNICIPIO
VEREDA
“10/11/1991
Solano
La Brisas
“10/11/1997
Valparaíso
Maticurú
“12/11/1997
Milán
San Antonio de Getucha
“13/11/1997
Solano
Las Brisas
“13/11/1997 Montañita
La
Nutria
“14/11/1997
Cartagena del Chairá
Los Patos
“17/11/1997
Belén de los Andaquíes Los
Angeles (se subraya).
“(…)
“La Auditoría Ambiental tiene la siguiente información: El programa de
Erradicación de cultivos Ilícitos utiliza únicamente el herbicida Glifosato como
lo ordena la Resolución 0001 del 11 de Febrero de 1994 del Consejo Nacional de
Estupefacientes.
“El componente químico, el modo de acción y la sintomatología de los efectos
sobre las plantas se describen en la siguiente ficha.
“(…)
“Nombre comercial: Roundup SL.
“Nombre común: Glifosato.
“(…)
“Usos: Es un herbicida sistémico, no residual, para el control postemergente de
la mayoría de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, tanto anuales
como perennes.
“Toxicidad: Ligeramente tóxico (categoría IV según ICA), es la categoría más
baja, es decir, de menor riesgo.
“Selectividad: El herbicida Glifosato no es selectivo cuando toca el follaje o
las partes verdes de cualquier planta. La muerte efectiva depende de la cantidad
de producto herbicida que asimile la planta y del volumen o masa
vegetal-biomasa- de las plantas afectadas.
“Síntomas: La aparición de los síntomas es lenta. En las malezas anuales ocurre
entre los dos y cuatro días después del tratamiento, y en las malezas perennes
se manifiesta de los cinco a siete días después.
“Los síntomas se manifiestan por:
“Clorosis o amarillamiento progresivo
“Necrosis o muerte de la parte aérea y subterránea de las plantas, a los 15 a 20
días después del tratamiento.
“Dosis subletales causan síntomas fitóxicos característicos, como aumento del
macollamiento, proliferación de yemas, derrame de frutos y hojas bajeras,
clorosis y deformación de las hojas e inhibición de las síntesis de pigmentos.
(…)
“De conformidad con lo previsto por la Ley 30 de 1986 ‘Estatuto Nacional de
Estupefacientes’, corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes –artículo
91 del literal g)- ‘disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca y
demás plantaciones de las cuales se pueden extraer sustancias que produzcan
dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo concepto favorable de
los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la
preservación y equilibrio del ecosistema del país’.
“En desarrollo de dicha competencia legal y ante el incremento de las
actividades ilícitas relacionadas con la producción de sustancias básicas para
la elaboración de estupefacientes, el Consejo Nacional de Estupefacientes,
organismo rector de la Política de Drogas en Colombia, autorizó, desde el año de
1992, la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión área con el agente
químico denominado Glifosato.
“A la determinación se llegó luego de evaluar el nocivo impacto que para el
ambiente y la salud humana representa el auge de las actividades relacionadas
con la producción de cultivos ilícitos. De igual manera, debe tenerse claridad
en el sentido de que tal decisión estuvo precedida de las autorizaciones legales
y reglamentarias contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, así como de los
estudios técnicos sobre la naturaleza y condiciones particulares del herbicida
en mención (…)” (folios 39 a 42, cuaderno 2).
Si bien el informe del Jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la
Dirección de la Policía Nacional señaló que no existían registros de operaciones
de fumigaciones aéreas sobre el predio “La Esperanza”, lo cierto es que la
prueba testimonial y documental a la que se hizo referencia anteriormente indica
lo contrario; es decir, que sí existieron tales fumigaciones aéreas, al punto
que un área del predio mencionado resultó afectada con herbicidas esparcidos
desde el aire por aeronaves de la Policía Antinarcóticos.
El material probatorio también reveló que en el predio “La Esperanza” no
existían cultivos ilícitos, según se desprende de la inspección judicial
anticipada, practicada en el lugar de los hechos por el Juzgado Único Promiscuo
Municipal de La Montañita, Caquetá, y del dictamen pericial, del cual se corrió
traslado a la demandada, así como de las declaraciones rendidas en el proceso.
La Sala no comparte los argumentos esgrimidos por la entidad demandada, en torno
a que no se practicaron pruebas de laboratorio para determinar la clase de
herbicida que afectó el predio “La Esperanza”, pues lo cierto es que se acreditó
en el plenario que, en la segunda semana de noviembre de 1997, aeronaves de la
Policía Antinarcóticos esparcieron herbicidas sobre dicho predio y que ello
causó daños en 22,85 hectáreas aproximadamente, lo cual hace irrelevante
precisar cuál fue ese herbicida.
No obstante, al respecto, es menester señalar que, si bien no se practicaron las
pruebas de laboratorio que echa de menos la demandada, lo cierto es que todo
indica que se trató de glifosato, pues, según el Ministerio del Medio Ambiente,
desde enero de 1992 y en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes, el
Gobierno Nacional adoptó como estrategia social el mecanismo de aspersión aérea
con ese herbicida, para la erradicación de cultivos ilícitos. Adicionalmente,
según ya se vió, la Auditoría Ambiental de Erradicación de Cultivos Ilícitos
sostuvo que el Programa de Erradicación de dichos cultivos utiliza únicamente el
herbicida glifosato, como lo ordena la Resolución 0001 de 11 de febrero de 1994,
proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Cabe agregar que, según el
Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección de la Policía
Nacional, en las fumigaciones aéreas se utiliza el herbicida “GLIFOSATO” (folios
76 a 79, cuaderno 2).
Establecido como está que, en la segunda semana de noviembre de 1997, la Policía
Antinarcóticos realizó fumigaciones aéreas en varias veredas del Departamento
del Caquetá, entre ellas en la Vereda La Nutria, jurisdicción del Municipio La
Montañita, lugar en el que está ubicado el predio “La Esperanza”, no hay duda
que la demandada le causó un daño a la actora, quien no tenía por qué
soportarlo, si se tiene en cuenta que en el predio afectado no existían cultivos
ilícitos de ninguna naturaleza, tal como se encuentra acreditado en el proceso,
de modo que aquélla tendrá que indemnizar los perjuicios que dicha situación
produjo.
La Sala no comparte las aseveraciones de la demandada, según las cuales
campesinos de la región donde está ubicado el predio “La Esperanza” habrían
utilizado fungicidas de características similares al glifosato, lo que
explicaría su presencia en los cultivos y pastos del predio afectado, pues lo
cierto es que no obra prueba alguna en el plenario que las respalde.
Tampoco participa de los cuestionamientos realizados sobre los resultados
obtenidos en la inspección judicial anticipada practicada en el predio “La
Esperanza”, con fundamento en que dicha diligencia se llevó a cabo 5 meses
después de las supuestas fumigaciones, pues la verdad es que los resultados de
la inspección judicial fueron corroborados y ratificados con otros medios de
prueba que obran en el proceso, a través de los cuales se demostraron las
fumigaciones aéreas realizadas en la segunda semana de noviembre de 1997 por la
Policía Antinarcóticos sobre el predio “La Esperanza” y los daños que ello causó
en los pastos, árboles y yacimientos de agua.
Hechas las anteriores precisiones, la Sala confirmará la sentencia de de 15 de
noviembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá,
mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada como
consecuencia de los daños causados al predio “La Esperanza”, de propiedad de la
señora Luz Helena del Perpetuo Socorro.
III INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
3.1 Apelante único
Previo a establecer el monto de la indemnización correspondiente, es menester
resaltar que la entidad demandada fue la única que terminó recurriendo la
decisión anterior, habida cuenta que la apelación de la actora se declaró
desierta, lo que le confiere a la demandada la calidad de apelante único e
impide que se le agrave la condena, de conformidad con artículo 31 de la
constitución, según el cual: “El superior
no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.
3.2 Perjuicios materiales
La actora solicitó que se condenara a la demandada a pagarle, por dicho
concepto, la suma de $21’396.500. A su turno, el Tribunal la condenó al pago de
$14’379.339, por concepto de daño emergente y de $12’078.568, por concepto de
lucro cesante.
Tales sumas de dinero fueron calculadas por el Tribunal con fundamento en el
dictamen pericial de 14 de septiembre de 1998, al que se hizo alusión
anteriormente, cuya parte pertinente se transcribe a continuación:
“CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO ECONÓMICO.
“MORALES: Valor tasado por el Juzgado.
“MATERIALES: El área afectada del predio antes mencionado lesiona económicamente
el valor patrimonial de su propietario, cuyo soporte probatorio reposa en el
expediente correspondiente, como la Inspección Judicial e informe de Comisión de
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía,
CORPOAMAZONIA, Regional Caquetá, de fecha diciembre 9 de 1997 y las indirectas
como las pruebas testimoniales aportadas.
(…)
“VALOR DEL DAÑO EMERGENTE:
“Causado a cultivos de pasturas de Brachiaria decumbens, guaudilla y otros ya
mencionados, este lo cuantificamos de acuerdo al deterioro sufrido en el área
afectada sobre una zona del predio rural denominado La Irlanda, dedicada en su
gran extensión a la explotación del cultivo de pasturas para la actividad
económica de cría de ganadería.
“La pérdida agrícola por daño ocasionado en cultivos y cuya resiembra con
corrector del suelo para pasturas de brachiaria decumbens en zona de mesón sin
incluir su mantenimiento cubre los siguientes costos por Hectárea.
“Los costos pueden variar de acuerdo al (sic) valor de mano de obra, tiempo de
recuperación, semilla, cantidad de semilla a utilizar, si el establecimiento se
hace con graminea y leguminosa (…) este precio es en el presente año de 1998.
“COSTOS DE RESTABLECIMIENTO POR HECTÁREA DE PASTURAS BRACHIARIA DECUMBENS EN
ZONA DE MESON:
Etapa de siembra |
Cantidad |
Costo
|
Preparación del terreno |
tres pases de
rastrillo |
10x12.000=120.000
|
Semilla brachiaria
|
6 kg
|
6x20.000=120.00
|
Semilla de leguminosa
(Araquis)
|
3 kg
|
3x40.000=120.000
|
Fertilizante |
200 kg
|
40.000
|
Aplicación fertilizante y siembra |
5 jornales |
5x12.000=60.000 |
Costos indirectos de producción: materiales y mano de obra indirecta,
otros elementos |
|
30.000 |
TOTAL |
|
$490.000 |
“Número total de hectáreas a restablecer: 22.85 Has.
“TOTAL= 22.85 Has x
490.000=$11.196.500
“El valor de restablecimiento del área afectada es de ONCE MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($11.196.500).
“En vista de que dentro del proceso no existe contrato o constancia que indique
el pago de arrendamiento en otros predios para pastaje de vacunos y teniendo en
cuenta que en el momento se encontraban pastando 50 ejemplares de ganado vacuno
según lo atestigua el Sr. JUAN VERGEL ORTIZ, Tecnólogo en Control y vigilancia
adscrito a Corpoamazonía, Regional Caquetá, en su informe del 9 de septiembre de
1997 que reposa en el expediente, tomamos como referencia esta cantidad de
ganado para cría, a un valor de DOCE MIL PESOS ($12.000) por cabeza, por
concepto de arrendamiento en pastaje alterno, configurando el perjuicio
económico en rendimiento de cría de ganado correspondiente al período inicial de
secamiento de los pastos y demás especies naturales y la del presente dictamen
pericial (11 meses) arrojando el siguiente resultado:
“50 cabezas de ganado vacuno x $12.000 x 11 meses = $6.600.000
VALOR TOTAL DAÑO EMERGENTE:
“1. COSTO TOTAL DE REESTABLECIMIENTO DE 22.85 HAS. DE PASTURA BRACHIARIA
DECUMBENS EN ZONA DE MESON:
$11.196.000
“2. COSTO TOTAL DE SOSTENIMIENTO DE GANADO DE CRÍA DURANTE 11 MESES: $6.600.000
“TOTAL DAÑO EMERGENTE: $17’796.500
“La determinación del daño emergente la hemos cuantificado con base a costos
actualizados para la vigencia de 1998.
“LUCRO CESANTE:
“Los perjuicios materiales en su manifestación de lucro cesante, es decir la
suma de dinero que no ingresa al patrimonio del perjudicado como consecuencia
del daño causado, no se puede calcular porque no existe en el proceso constancia
alguna sobre producción de leche u otros derivados o artículos del predio
afectado generando su comercialización y utilidad respectiva (folios 85 a 90,
cuaderno 1).
Por solicitud de la parte demandante (folios 112, cuaderno 1), los peritos
complementaron y aclararon el dictamen pericial en los siguientes aspectos:
“(…) Valor de los costos de restablecimiento de la pradera: $11’196.500.
“El costo de sostenimiento de ganado durante el periodo de la fumigación a la
fecha de la diligencia (11 meses).
“12.000 por cabeza x 11 meses = $6.600.000
“Tiempo de restablecimiento de la pradera 6 meses
Entonces:
$12.000 x 50 reses x 6 meses =
$3.600.000
TOTAL
$21.396.500
“SON: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS” (folios
118, 119, cuaderno 1).
Teniendo en cuenta que, según el dictamen anterior, 22,85 hectáreas del predio
“La Esperanza” resultaron afectadas como consecuencia de las fumigaciones aéreas
realizadas por la Policía Antinarcóticos, con un costo de reposición del pasto y
de los árboles de $490.000, por hectárea, el Tribunal condenó a la demandada a
pagar la suma de $11’196.500, a título de daño emergente, suma que, una vez
actualizada, arrojó un total de $14’379.339.
Dado que la demandada no formuló reparo alguno en el recurso de apelación en
torno a la condena anterior, la Sala la confirmará y procederá a actualizarla.
Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta
actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (suma señalada por el Tribunal)
multiplicada por la suma resultante de dividir el índice de precios al
consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al
consumidor vigente en el mes en el cual el Tribunal profirió la de primera
instancia.
índice final – diciembre / 2011 (109,16)
Ra = $14’379.339
--------------------------------------------------------- =
índice inicial – noviembre / 2001 (66,50)
Ra = $23’603.739
Por concepto de lucro cesante, el Tribunal condenó a la demandada a pagar la
suma de $9’405.000, con fundamento en el precitado dictamen pericial, pues
consideró que: “en cada hectárea de
terreno se pueden sostener 2.5 cabezas de ganado y el precio que se paga por el
pastaje de cada cabeza de ganado es la suma de $12.000 y como la reposición del
cultivo demoraría 11 meses, al multiplicar dichos factores se obtiene un lucro
cesante por pastaje de $9’405.000” (folio 205, cuaderno 4).
Por su parte, la entidad demandada se opuso, en el recurso de apelación, a la
condena anterior, por estimar que no se demostró en el proceso la propiedad y la
existencia de las cabezas de ganado, de modo que, según dijo, no entendía “cómo
los Honorables Magistrados que fallaron en contra de la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional pudieron hacer para establecer cuál era el producido
que arrojaría el pastaje de ese número de cabezas de ganado durante el tiempo
que supuestamente quedó improductivo el predio” (folio 237, cuaderno 4).
Si bien el dictamen pericial aportado al proceso concluyó que se encontraba
acreditada la existencia de 50 cabezas de ganado en el predio “La Esperanza”,
con fundamento en el informe rendido por el señor Juan Vergel Ortiz, tecnólogo
de control y vigilancia de Corpoamazonía, Regional Caquetá, quien aseguró que en
el predio afectado se encontraban pastando 50 cabezas de ganado (folio 10,
cuaderno 2), lo cierto es que no está demostrado en el proceso que la actora
hubiese realizado pago alguno de dinero para el alquiler de otros pastizales, a
fin de alimentar los semovientes que habrían resultado perjudicados con las
fumigaciones áreas realizadas por la Policía Antinarcóticos; por lo tanto, la
Sala considera que no se acreditó el perjuicio que dijo haber sufrido la
demandante como consecuencia de dicha situación, de modo que revocará la condena
impuesta por el Tribunal en ese aspecto.
3.2 Condena en costas
Toda vez
que, para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las
partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, resulta que ninguna
procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1. MODIFÍCASE
la sentencia de 15 de noviembre de 2001, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá; en su lugar:
a) DECLÁRASE
responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los
daños causados al predio “La Esperanza”, de propiedad de la señora Luz Helena
del Perpetuo Socorro Serrano de Díaz, como consecuencia de las fumigaciones
aéreas realizadas por la Policía Antinarcóticos, la segunda semana de noviembre
de 1997.
b) CONDÉNASE
a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, a la señora
Luz Helena del Perpetuo Socorro Serrano
de Díaz, la suma de veintitrés millones seiscientos tres mil setecientos treinta
y nueve pesos ($23’603.739)
m/cte., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño
emergente.
c) NIÉGANSE
las demás pretensiones de la demanda.
2. ABSTIÉNESE
de condenar en costas a la demandada.
3.
Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
4.
Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de
segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Caquetá,
cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE
HERNÁN ANDRADE RINCÓN
MAURICIO FAJARDO GÓMEZ CARLOS
ALBERTO ZAMBRANO BARRERA