María Mercedes Moreno
¿Paz con las drogas? Imposible. Mientras se persista en la ignorancia del abismo que media entre la Hoja de Coca y la cocaína (clorhidrato de cocaína); entre uso y abuso; y entre enriquecimiento a plomo y la búsqueda de medios de subsistencia, no nos podremos entender pues no estamos hablando el mismo lenguaje. Cuando realmente caigan 10 toneladas de coca en Estados Unidos podemos esperar grandes cambios, el traslado del negocio de la cocaína siguiendo los pasos de la marihuana a USA. En Bolivia se consume más coca que cocaína. En los Estados Unidos, las únicas toneladas de coca son las de la Coca-Cola y esas no caen puesto que la Convención Única de 1961 se encargó de únicamente proteger sus intereses.
La coca es un arbusto, una planta. Contiene 15 alkaloides, uno de los cuales al ser procesado químicamente produce básicamente dos sustancias: la pasta base o sales y el clorhidrato de cocaína o cristales. La Hoja de Coca no sólo es sagrada e intocable para muchos de nuestros pueblos sino que de ella se producen alimentos y otros productos con cientos de bondades y su negación es justamente lo que nos ha traído a este patinadero. Los Pueblos Indígenas merecen un mínimo de respeto y consideración en este debate. La ignorancia de la coca popularizó su uso en cocaína. Los intentos por derrumbar el comercio de cocaína conllevaron a su comercialización como pasta base. Los indígenas dicen que la base de coca (bazuko) es el demonio de la coca. Estoy segura de que muchas personas que a ella son adictas, coincidirían con esta apreciación, sin desconocer que habrá quienes buscan voluntariamente el estado de obnubilación que les produce. Dicen los indios que las plantas y sustancias no son malas en sí y su nocividad depende de la dosis y del efecto que tenga en cada cual pero, tanto indígenas como campesinos, le tienen recelo (por negación, incorporación del imaginario oscurantista o por la razón que sea) al consumo no tradicional de plantas y a las “drogas” en general.
Los efectos de la hoja de coca, de la cocaína inhalada o inyectada y del bazuko fumado son diametralmente diferentes. De eso se trata y eso es justamente lo que buscan quienes las usan. En el mundo somos 7 mil millones de habitantes de los cuales menos de 250 millones consumen (o han consumido una sola vez) “drogas” proscritas y, entre esos usuarios, puede haber unos 20 millones en dificultades. Mucho tilín, lo que sí es enorme es el negocio cuyas mayores ganancias se quedan en la extradiciones, los paraísos fiscales y de consumo. Las plantas y drogas existen desde siempre; el “flagelo” es que los intentos por condicionar el comercio de las plantas y su principio activo se le convirtió al capitalismo en una guerra que se diversificó en tráficos de todo tipo que amenazan con derrumbar hasta su ‘alma’.
La humanidad tuvo una coexistencia pacífica paliativa y recreativa con las planta y drogas sicoactivas básicamente hasta que el imaginario monoteísta, principalmente el cristianismo occidental, asumió la cruzada en su contra. Escohotado sostiene, a groso modo, que la persecución de los ‘fármacos’ nace de rigidez del cristianismo y su exigencia de fé y acatamiento ciego de una sola doctrina universal y la amenaza que representa para esta univisión la diversidad y comparativa intensidad de las experiencias místicas que se logran con estas sustancias. Por el camino de la satanización de la mística y los rituales de consumo, no sólo desapareció la verdad. La universalización en la normatividad internacional de esta negación de intereses ajenos consolida, con argumentos moralistas, los intereses comerciales de los Estados Unidos; inicialmente sobre el comercio de opio de los ingleses. Según Francis Caballero, la Convención de Shanghái de 1909, el primer texto de derecho de la droga de real alcance internacional aunque sin obligación jurídica, consagra por primera vez la noción de que los Estados deben reducir sus exportaciones para proteger el bienestar de otros Estados. A partir de ese momento, las convenciones e imposiciones de drogas abarcan todo cuanto las respectivas coyunturas permitan a los intereses dominantes para su expansión comercial y la de sus gremios. Las convenciones y normatividad de drogas no responden a la “pandemia” de drogas, la preceden y construyen a su paso.
La ignorancia, carencia de razones científicas e imaginario incorporado que tanto han condicionado la historia colombiana se alimentan con discursos que confunden coca con cocaína y equiparan droga ilícita con drogadicción. La Hoja de Coca es un alimento. La cocaína puede ser anestésica y en sus usos recreativos es un estimulante y no un estupefaciente. Este estimulante se inhala por la nariz o se inyecta y sus riesgos se podrán discutir pero con ciencia y conciencia y a cada cual de decidir ante la disyuntiva que nos han impuesto entre un pase voluntario por algunos, una dosis personal forzada de glifosato o unirnos a la gran cruzada y mandar a nuestros hijos a morir y matar con tal de que no corran el riesgo de consumir drogas. Los usuarios del mundo dicen “Nada sobre Nosotros sin Nosotros”. Exigen que, ya que se dice que esta guerra, esta prohibición, se hace para proteger al usuario, que se escuche lo que tienen que decir y cómo quieren verse realmente protegidos. Básicamente, lo que subleva a los usuarios es la guerra que se libra falsamente en su nombre, las peripecias que a las que se ven obligadas y la basura que les venden para protegerlos de sí mismos. Les preocupa la desinformación que reina y la forma como debaten sobre ellos, sus realidades y necesidades como si fuese natural que las políticas las formulen quienes pretenden hablar a nombre de los usuarios sin ser usuarios. Las instancias antinarcóticos se pretenden asociaciones de defensa del consumidor pero sin consumidores.
Recientemente, se “descubrió”, yo diría más bien “concientizó” a la opinión pública, que la cocaína que se consume en Colombia está totalmente adulterada. En esto, al igual que en todo lo que tiene que ver con el oscurantismo sobre las “drogas”, inmediatamente se publicitó que la cocaína colombiana era impura. El hecho de que la cocaína que se vende en el mercado interno esté requete cortada y adulterada y que lo que se vende como cocaína en las calles de otros países no sea sino corte o pasta base no significa necesariamente que la cocaína colombiana sea adulterada de fábrica. Para afirmar esto, habría que poder asegurar que las muestras a las que se refiere el estudio son muestras de cocaína a la exportación y no muestras de lo que se expende a los consumidores. Sin embargo, todo parece indicar que, efectivamente, los narcos colombianos, por aquello de la poca rentabilidad del negocio, adulteran por principio. Cuando los narcos colombianos exportaban marihuana, llegaron a rendirla con boñiga y las fumigaciones no fueron la única razón por la que la marihuana se trasladó a USA y los consumidores han optado por el auto cultivo. Ahora, todo parece indicar que esta nueva generación de narcos colombianos adultera su cocaína, y no sólo con el peligroso antiparasitario veterinario Levamisole. Como a los narcos tampoco parece interesar la calidad y salud de sus clientes -su negocio-, mientras el Departamento de Agricultura estudia la huella genética de la coca colombiana, el mercado interno está siendo inundado con sustancias importadas de todo calibre cada una más peligrosa que la anterior. Entretanto, el control internacional de los precursores no ha hecho mella en la producción pero si ha repercutido en la calidad y mayores riesgos para el consumidor. Por extraño que parezca a algunos, la penalización debe ser acorde con el crimen y no es lo mismo vender heroína peligrosamente adulterada que una heroína cuya calidad y concentración responda a una serie de criterios de calidad para el consumo humano y el riesgo de sobredosis no sea por grados de concentración variable del principio activo y/o un principio activo basura.. El que adultera una botella de whisky, pone en riesgo la salud y seguridad y no, porque se desapruebe el consumo de alcohol, se puede cohonestar su adulteración.
Dentro del tan tergiversado debate sobre la saludable propuesta de reglamentar la dosis personal, habría que tener muy presente que no es lo mismo 1 gramo de cocaína compuesto por medio gramo de cafeína o lactosa, talco, bórax, Manitol/ Levamisol, que un gramo de cocaína puro. Lo mismo se aplica naturalmente a las demás sustancias que se pretende por fin regular y sacar de manos de las redes criminales. El principio activo del basuko y del clorhidrato de cocaína es el alkaloide de la cocaína y estas dos sustancias se distinguen por su grado de procesamiento y concentración del principio activo. Los fármacos se clasifican por su principio activo y la concentración del mismo. De tal forma, la despenalización se debe reglamentar asimismo con consideración del principio activo y la protección necesaria de los consumidores. El primer paso sanitario consiste en permitir, propiciar, un control de calidad de lo que se vende en el mercado con análisis en los sitios de rumba como hacen los jóvenes en acción y de los cargamentos a la exportación que caen y cuyo decomiso debe ser claramente protocolizado y custodiado. Entre otras, para evitar que sean las redes criminales las que acaben comercializando los decomisos mezclándola con otras sustancias triplemente dañinas para su venta al menudeo.
¿Cómo pretenderán sustraer el mercado de manos de las redes armadas? ¿Limitando el número de porte de hojas de coca a las 2 matas/200 gramos de hoja (que dicen equivale a 1 gramo) que cultivará el usuario de cocaína para procesar él mismo sus dosis personal? El reconocimiento del mercado de consumo es un paso al que se ha visto forzado el Estado por las costumbres sociales. Pero nada saca con darlo en el vacío. Mientras no se descriminalice el cultivo de coca, por ejemplo como propuesto bajo el Principio de Oportunidad, no será posible reglamentar el mercado de la cocaína. La propuesta de las FARC de legalizar los cultivos también es coherente con la necesidad de desmantelar el narcotráfico. Más preocupante sería que las FARC se aferrara, como sí lo hacen otros sectores, a la ilegalidad y guerra de la coca-cocaína. Querer legalizar o descriminalizar es justamente todo lo opuesto de querer seguir delinquiendo. Lo que se vislumbra de las dos propuestas —Principio de Oportunidad y legalización es la búsqueda de alternativas que permitan al campesinado, y desmovilizados, vinculados al cultivo desarrollar a la mayor brevedad sus propios medios de subsistencia y evitar que se reciclen en un fenómeno estilo Bacrim paramilitar por falta de claridad, previsión y el debido marco jurídico. Ambas partes en la Mesa están haciendo lo posible porque así sea.
Es inevitable que, al permitir los cultivos de coca, una parte de ésta acabe (legal o ilegalmente dependiendo de cómo lo enmarquen) surtiendo ese mercado de cocaína que, por mucho que algunos lo quieran negar o utilizar para sus fines personales, existe. Una alternativa es que, mientras se aprovecha la voluntad de dar usos alternativos a la coca para erradicar de forma productiva el monocultivo de coca cultivada y fumigada con agroquímicos, el Estado estudie las formas de reglamentar este mercado de cocaína. Se podrán utilizar bajo estrictos controles los decomisos de las drogas no adulteradas para evitar que sean las redes criminales las que surtan y se lucren con este mercado. Dentro un marco de corresponsabilidad y el derecho autónomo de cada país de definir y enfrentar sus necesidades, Colombia puede diseñar un proceso piloto con el mercado interno sin cambiar las reglas de juego impuestas para los escenarios de la Comunidad Internacional. Posteriormente, se podrá seguir el ejemplo de Estados Unidos con las propuestas federales recientes sobre la marihuana, de exención de impuestos a nivel doméstico y gravámenes a la exportación.
Aprovechando los conocimientos y mediciones que se pueden obtener al sacar el mercado de la clandestinidad, las campañas educativas (“preventivas”) y las normas deben ir dirigidas a informar y obrar con ciencia y no brujería para que nuestros hijos conozcan los riegos reales y tengan el derecho a la debida protección (y no abandono y persecución) del Estado. El Estatuto de Drogas debe dar la mayor consideración a normas que penalicen severamente la corrupción y vínculos entre la economía legal y la economía ilegal y atacarse prioritariamente a todo tipo de abuso y mercadeo violento. Los políticos narcotraficantes tienen que entender que, no porque sus ventas sean a kilo y no por gramo, van a poder seguir escudándose en la persecución del consumo y cultivo para no desmantelarse. La descriminalización, legalización (o como la quieran llamar y reglamentar) acabará ineluctablemente por obligar al macro y microtráfico a ajustarse a las normas y condiciones de competencia abierta o a desaparecer. Sus pretensiones de reconvertirse al crimen del saqueo de los recursos e imponer los intereses de las grandes empresa se enfrenta a la férrea resistencia de las mayorías y la sociedad civil tarde o temprano obligará a un cambio de paradigma en defensa de la soberanía alimentaria internacional y un mundo sostenible. Así, por ejemplo, la proliferación del autocultivo de marihuana y la industrialización campesina de la coca se prepara para resistir la embestida de las multinacionales en previsión de la legalización. La iniciativa del Frente Amplio de Uruguay para la Regulación del Cánnabis para su consumo es ejemplar en este sentido.