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Abril 28 de 2003
Revisión de una tutela hace tambalear fumigación en
territorios indígenas
Si la Corte Constitucional concede la razón al
demandante, la administración del presidente, Álvaro Uribe, quedaría impedida
para fumigar cultivos ilícitos en los 597 resguardos indígenas del país.
Dichos cultivos tienen una extensión superior a los 30
millones de hectáreas, casi el 28 por ciento del territorio nacional.
A pesar de que hasta octubre del año pasado se
estimaba en 11.790 las hectáreas de coca sembradas en 105 resguardos, y buena
parte de ella fue erradicada mediante aspersión aérea durante la ofensiva que
desató el Gobierno en los últimos cuatro meses, la posibilidad que se ventila
en la Corte puso al ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, a jugar a
dos bandas con el fin de impedir una decisión en contra de la fumigación.
Por un lado, en un hecho poco usual para la
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), el ministro de Interior invitó el martes pasado a
los líderes de este organismo a una reunión en su despacho. Dos horas demoró el
encuentro en el que el jefe de esa cartera se mostró conciliador y dispuesto a
atender las propuestas indígenas para tener mayor autonomía, generar proyectos
alternativos en sus territorios y revisar los programas del Plan Colombia.
¿La razón? La Opiac, una
organización que representa a unas 300 mil personas de 56 pueblos indígenas de
esa olvidada región, es la autora de la Tutela, interpuesta en julio del 2001,
y que en esa oportunidad la justicia fallo en contra de los indígenas, al
tiempo que dio luz verde a la erradicación mediante aspersión aérea en zonas de
resguardo.
Las fumigaciones, sin embargo, estuvieron paralizadas
durante quince días, mientras el juez quince civil del circuito de Bogotá
tomaba una decisión.
Ahora las fumigaciones podrían suspenderse en forma
definitiva en caso de que la Corte acepte los argumentos de la Opiac y de la Defensoría del Pueblo, organismo que solicitó
la revisión del fallo en noviembre del año pasado.
El afán del Gobierno por el tema parece estar motivado
por la proximidad de una decisión en la Corte Constitucional. La Tutela, que
fue seleccionada junto con otras para su revisión, entre más de dos mil solicitudes
que llegan a la semana, ya ha estado tres veces en el orden del día de la sala
plena, pero ha debido ser aplazada por falta de tiempo.
Un magistrado de la Corte Constitucional que pidió
reserva de su nombre explicó que inicialmente este tema iba a ser tratado por
uno de los magistrados, pero que, debido a la trascendencia para el país, se
decidió que fuera la sala plena, máximo organismo de ese tribunal, la encargada
de asumirlo.
Pero el ministro no solo intentó suavizar la posición
de los indígenas respecto a la fumigación. Casi 24 horas después de la cita con
los líderes del Amazonas, el miércoles a las 5:30 de la tarde, el ministro
Londoño Hoyos envió una carta a cada uno de los nueve magistrados de la Corte
Constitucional, señalando la inconveniencia de suspender la fumigación.
Algunos términos usados por el Ministro, sin embargo,
causaron escozor entre los magistrados. Es desobligante
le dijo un magistrado al Canal Caracol el viernes pasado. Otro miembro de ese
alto tribunal le manifestó ayer a EL TIEMPO que existe "inconformidad,
malestar e indignación" entre los magistrados pues la carta trata de poner
a la corte en un dilema: es buena si falla en favor de la fumigación y es mala
si falla en contra.
Uno de los párrafos que causó mayor molestia entre los
magistrados dice: "Con una tutela semejante, las mafias de Colombia y de
los Estados Unidos, las Farc, el Eln
y las autodefensas ilegales, celebrarían grandes festejos; la nación quedaría
sumida en la perplejidad y condenada a verse destruida por los grupos
terroristas".
"No vamos a contestar la carta. Ahora lo
importante es que se falle en forma serena y cuando llegue el momento de
fallarla, pues la fallamos", agregó el magistrado.
En su carta, el ministro califica de sorprendente el
hecho de que el proceso siga vigente después de dos años, y argumenta que
carece por completo de sentido que pueda tener lugar la Tutela ya que este es
un mecanismo diseñado para conseguir la protección inmediata de derechos
fundamentales amenazados.
Defensoría del Pueblo, con los indígenas
En la solicitud de revisión, la Defensoría del Pueblo
afirma que la fumigación ha afectado territorios de pueblos indígenas del Guaviare, Putumayo, Caquetá, Vaupés,
Guainía y Amazonas.
Agrega que las fumigaciones amenazan el derecho de las
comunidades de gozar de un ambiente sano. El organismo cita como ejemplo cuatro
casos de caseríos indígenas del Putumayo donde, dice, las avionetas fumigadoras
acabaron con la totalidad de cultivos tradicionales, jardines medicinales,
frutales, estanques piscícolas y potreros.
Asimismo, afirma que las aspersiones aéreas con glifosato amenazan el derecho a la salud, en conexión con
el derecho a la vida. Añade que falta implementar medidas preventivas para
evitar el daño al medio ambiente y que existe incumplimiento de la normatividad
relativa a la prevención, control y vigilancia de factores de riesgo para la
salud.
En diversas oportunidades, este diario ha publicado
quejas de comunidades indígenas de distintas regiones del país por los daños
causados por las fumigaciones a sus cultivos. Esto, según las denuncias, ha
ocasionado hambre y desplazamiento.
Ese fue uno de los puntos que los indígenas de la Opiac discutieron con el ministro del Interior en la
reunión del martes pasado.
Un directivo de la Opiac
precisó que como resultado de esa cita y de otra realizada con la Dirección de
Etnias de esa cartera, se creo una mesa regional para debatir los temas
relacionados con las comunidades indígenas de la Amazonía y de la Orinoquía, donde hay unos 25 millones de hectáreas de
resguardos.
Los indígenas han formulado duras críticas a los
programas de erradicación creados dentro del Plan Colombia. Dicen que la mitad
del dinero se queda en las ONG que administran esos programas, y por lo tanto
deben revisarse.
Un vocero de la Opiac señaló
que en la mesa regional se discutirá con el Gobierno el tema de las entidades
territoriales indígenas, con cuya creación se le
entregaría a las comunidades autonomía para ejercer control en su territorio y
administrar la educación, la salud y los recursos naturales, de acuerdo con sus
usos y costumbres.
"El Congreso lleva diez años discutiendo sobre
este tema y no ha podido revolverlo", dice el dirigente de la Opiac, quien prefiere omitir su nombre debido a que, según
dice, esa organización solo se pronunciará en forma oficial después de que se
conozca el fallo de la Corte Constitucional.
Añade que aunque los ofrecimientos del ministro hacen
prever que Gobierno e indígenas podrán trabajará unidos en la erradicación de
los cultivos ilícitos, no retirarán la solicitud de la Corte pues eso sería ir
en contra sus comunidades.
José Navia
Editor de Reportajes
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