1-  [1988-1993] La primera demanda conocida contra las fumigaciones estatales en Colombia Referencia: Expediente No. 7719. (CE-SEC3-EXP1993-7719) Falla en el servicio// Actor: Jaime González Rubio. - Demandado: la Nación - Policía Nacional. – ante el Tribunal Administrativo del Magdalena. Se radica por  daños a cultivos de frutales, hortalizas y potreros ocasionados entre el 1 y 23 de junio de 1986 en el corregimiento de Gaira, Municipio de Santa Marta sector noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta Departamento del Magdalena a raíz de las fumigaciones para erradicar y destruir plantíos de Marihuana; fumigaciones que no fueron realizadas directamente sobre los cultivos que resultaron afectados en la finca Ojo de Agua sino que el veneno llegó a esa finca por la acción de los vientos y por el efecto de deriva, en consecuencia, sólo cuando se detectó que el cultivo estaba dañado, se pudo concluir que ese daño provenía de las fumigaciones que se estaban realizando en la Sierra Nevada, eso ocurrió en agosto de 1986 cuando se perdieron las cosechas y el suelo dejó de ser óptimo para convertirse en deteriorado terreno incapaz de producir las cosechas acostumbradas, situación que se presentó debido a la proximidad de los campos fumigados. Los daños fueron constatados por visita efectuada por el Inderena al predio el 7 de agosto de 1986. 

Demanda: Declarar a través de sentencia que la Nación colombiana Policía Nacional de Colombia Ministerio de Defensa es administrativamente responsable de los perjuicios materiales causados en la Hacienda Ojo de Agua de propiedad de Jaime González Rubio Burgos, debido a la presencia en dicho inmueble del herbicida denominado GLIFOSATO, utilizado por la Policía Nacional de Colombia en la erradicación y destrucción de los plantíos de marihuana localizados en la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro de la lucha contra el narcotráfico que se desarrolla en el país" [….] Hacer las comparaciones de rigor entre las declaraciones de renta que se adjuntan a esta demanda (1984, 1985, 1986)".

Actuaciones procesales: Admitida la demanda, fue notificado el Ministro de Defensa, el Secretario General del Ministerio de Defensa y el Director de la Policía Nacional. A través de apoderado judicial y dentro del término de fijación en lista se pidió la práctica de pruebas y se impugnó la demanda porque la quema de pastos que presentaba la finca fue en línea de rumbo de vuelo que sólo se presenta en fumigaciones directas sobre una zona y sobre esa finca no se hicieron fumigaciones con glifosato, esas fumigaciones se hicieron a muchas leguas de distancia, en consecuencia el daño debió ser producido con un herbicida usado por el mismo demandante o en una finca vecina.

La parte demandada, por medio del escrito que obra a folios 162 y ss alega como elemento nuevo dentro del proceso que la demanda debió dirigirse en contra del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Defensa ni de la Policía Nacional, porque es al Consejo Nacional de Estupefacientes creado por la Ley 30 / 86 adscrito al Ministerio de Justicia, a quien corresponde disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia. Al realizar la fumigación la Policía Nacional lo único que hizo fue cumplir con la decisión tomada por el Ministerio de Justicia. Por último insiste en que no se probó la existencia del glifosato en la finca Ojo de Agua ni se determinó cuantas hectáreas comprendía el cultivo que se dice afectado.

La parte actora presentó el memoria que obra a folios 166 y ss, en él recalca que así como lo dijo en la demanda, si el daño no fue producido por glífosato, pudo ser otro el tóxico utilizado, también con efectos arrasadores. Aclaró que en la demanda nunca se dijo que hubo fumigaciones en el corregimiento de Gaira sino en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que fue por la cercanía a la finca, la acción de los vientos y el efecto de deriva, que llegó el veneno a los cultivos de la finca Ojo de Agua.

El señor fiscal ante el a  quo, pide que se profiera un fallo inhibitorio porque acoge el argumento que la parte demandada presentó en el alegato de conclusión en el sentido de que la demanda debió dirigirse en contra del Ministerio de Justicia, concluyó que como la demanda se dirigió contra el Ministerio de Defensa no fue posible notificarla al representante legal de la entidad que debió ser vinculada y en consecuencia no se cumplió con uno de los requisitos contemplados en el art. 137 del C.C.A., lo que impide un pronunciamiento de mérito.

El Tribunal Administrativo del Magdalena declara administrativamente responsable a la Nación - Policía Nacional por los perjuicios materiales causados al señor Jaime González Rubio Burgos con ocasión de las fumigaciones efectuadas … "2. - En consecuencia condenase a la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en abstracto al pago de los perjuicios materiales dé que da cuenta el libelo demandatorio".

Actuaciones ante el Consejo de Estado

Consejo Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández.

El Ministro de Defensa, el Secretario General del Ministerio de Defensa y el Director de la Policía Nacional impugnaron la demanda porque el fallo debió ser inhibitorio porque quien dió la orden fue el Consejo Nacional de Estupefacientes adscrito al Ministerio de Justicia (y no de Defensa)

Porque la quema de pastos que presentaba la finca fue en línea de rumbo de vuelo que sólo se presenta en fumigaciones directas sobre una zona y sobre esa finca no se hicieron fumigaciones con glifosato.

Porque ya se había operado la caducidad de la acción, por cuanto las fumigaciones fueron efectuadas entre el 1 y el 23 de junio de 1986 y la demandada fue presentada el 25 de junio de 1988

Que no hubo falla en el servicio porque el Estado realizó una actividad en beneficio de la colectividad y en caso de que con ella se hubiera causado un daño, éste constituiría el sacrificio que el común de los ciudadanos deben normalmente soportar.  

Que en el informe que rindió el Inderena regional Magdalena sobre la visita practicada el 7 de agosto de 1986 a la Hacienda que se dice afectada, el funcionario visitador dió cuenta de que observó afectación en potreros y cultivos de hortalizas con síntomas de aplicación de cultivos tóxicos, pero allí no se determinó cual era ese tóxico de tal manera que en esta sentencia pudiera concluirse que fue la fumigación realizada por la Policía la que ocasionó el daño.

Que los dictámenes logrados en el plenario fueron rendidos 4 años después de realizadas las fumigaciones, cuando las condiciones existentes habían variado de tal manera que los peritos conceptuaran que era imposible determinar si en alguna época se vieron afectados por glifosato. Los peritos realmente se limitaron a exponer sus conclusiones sobre los perjuicios que puede ocasionar el uso inadecuado del herbicida, pero con esos dictámenes no se establece que efectivamente los cultivos de la hacienda Ojo de Agua se vieron afectados, o cuales y en qué extensión fueron los cultivos afectados o que ese deterioro sufrido hubiera sido por elementos tóxicos usados por la Policía Nacional en las fumigaciones.

Consejo de Estado. Como no se demostró la falla en el servicio, se revocará la sentencia apelada y en su lugar se negarán las súplicas de la demanda. 11 de junio 1993

2- [1997-2012] 18001-23-31-000-1999-00397-01 (22219) Acción de Reparación Directa

prueba - copia auténtica de diligencia de inspección judicial /- valor probatorio //Daño antijuridico - daño de cultivos no ilícitos por fumigación de predio con glifosato //configuración / Responsabilidad extracontractual del Estado –

Afectado como consecuencia de fumigaciones aéreas realizadas en el mes de noviembre de 1997 por aeronaves de la Policía Antinarcóticos, tal como lo relataron los testigos que declararon en el proceso, cuyo dicho merece plena credibilidad para la Sala, por su claridad, espontaneidad y coherencia y porque no se evidencia ánimo alguno de sacar provecho o de favorecer a alguien en particular; además, lo manifestado por ellos, se encuentra debidamente respaldado con otros medios de prueba aportados al plenario.

La parte actora aportó al proceso copia auténtica de una diligencia de inspección judicial anticipada, practicada en el predio afectado el 31 de agosto de 1998 por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de La Montañita, Departamento del Caquetá, con la intervención de peritos, que podrá valorarse en el sub judice no obstante que en ella no intervino la demandada, a la cual se le notificó personalmente su realización, pues, mediante auto de 15 de septiembre de 1998, el citado Juzgado le corrió traslado del dictamen pericial que contiene las conclusiones de la inspección judicial y ésta lo objetó por error grave, de lo cual se infiere que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa. Aseguró que el Juzgado Único Promiscuo Municipal de La Montañita, Caquetá, practicó una inspección judicial anticipada al terreno afectado, con la intervención de peritos, previa notificación que se le hiciera al Comandante del Departamento de Policía del Caquetá, quien no compareció a la diligencia.

Manifestó que, a pesar de no existir en el predio afectado cultivos ilícitos, aviones y helicópteros adscritos a la Policía Nacional esparcieron un químico de características similares al herbicida conocido comercialmente con el nombre de gramaxone, lo que produjo la quema y secamiento de 22,85 hectáreas cultivadas con pastos de grama dulce, guaudilla, trenza y brachiaria de cumbe; la desfoliación de varias especies arbóreas, entre ellas, gualanday, yarumos, balsos, limón, naranjos, palma guajo y mango, al igual que resultaron afectados yacimientos de agua, y 50 semovientes que pastaban en el lugar debieron ser evacuados y trasladados a otro lugar. 

(…) Si bien el informe del Jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección de la Policía Nacional señaló que no existían registros de operaciones de fumigaciones aéreas sobre el predio “La Esperanza”, lo cierto es que la prueba testimonial y documental a la que se hizo referencia anteriormente indica lo contrario; es decir, que sí existieron tales fumigaciones aéreas, al punto que un área del predio mencionado resultó afectada con herbicidas esparcidos desde el aire por aeronaves de la Policía Antinarcóticos.

El material probatorio también reveló que en el predio “La Esperanza” no existían cultivos ilícitos, según se desprende de la inspección judicial anticipada, practicada en el lugar de los hechos por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de La Montañita, Caquetá, y del dictamen pericial, del cual se corrió traslado a la demandada, así como de las declaraciones rendidas en el proceso. La Sala no comparte los argumentos esgrimidos por la entidad demandada, en torno a que no se practicaron pruebas de laboratorio para determinar la clase de herbicida que afectó el predio “La Esperanza”, pues lo cierto es que se acreditó en el plenario que, en la segunda semana de noviembre de 1997, aeronaves de la Policía Antinarcóticos esparcieron herbicidas sobre dicho predio y que ello causó daños en 22,85 hectáreas aproximadamente, lo cual hace irrelevante precisar cuál fue ese herbicida. No obstante, al respecto, es menester señalar que, si bien no se practicaron las pruebas de laboratorio que echa de menos la demandada, lo cierto es que todo indica que se trató de glifosato (…) Establecido como está que, en la segunda semana de noviembre de 1997, la Policía Antinarcóticos realizó fumigaciones aéreas en varias veredas del Departamento del Caquetá, entre ellas en la Vereda La Nutria, jurisdicción del Municipio La Montañita, lugar en el que está ubicado el predio “La Esperanza”, no hay duda que la demandada le causó un daño a la actora, quien no tenía por qué soportarlo, si se tiene en cuenta que en el predio afectado no existían cultivos ilícitos de ninguna naturaleza, tal como se encuentra acreditado en el proceso, de modo que aquélla tendrá que indemnizar los perjuicios que dicha situación produjo.

En sentencia de, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en cuanto en ella se decidió lo siguiente: Declarar la responsabilidad patrimonial y administrativa de la Nación-Ministerio De Defensa-Policía Nacional, por el daño antijurídico ocasionado a Luz Helena Del Perpetuo Socorro Serrano de Díaz, con los perjuicios que se causaron a los cultivos de pastos y especies arbóreas que existían en el predio La Esperanza, sobre 22,85 hectáreas ubicadas en la vereda La Nutria del Municipio de La Montañita, con ocasión de la aspersión que de los mismos se hiciera en las condiciones de modo, tiempo y lugar que se analizaron en los considerandos. 15 de noviembre de 2001

Consejo de Estado Consejero Ponente : Carlos Alberto Zambrano Barrera

La demanda fue admitida el 28 de octubre de 1999 y el auto respectivo fue notificado a la enjuiciada, la cual se opuso a las pretensiones de los actores, por estimar que no se encontraban acreditados los elementos que configuran la responsabilidad del Estado (folios 153 a 155, cuaderno 1).

La entidad demandada manifestó que no se aportó al proceso prueba técnica alguna que demostrara que los cultivos fueron destruidos como consecuencia de fumigaciones aéreas realizadas con herbicidas. Cuestionó los resultados de la inspección judicial anticipada al lugar de los hechos, toda vez que ésta fue practicada 5 meses después de la supuesta fumigación al predio “La Esperanza”. Calificó como apresurado el informe de Corpoamazonía, Regional Caquetá, ya que éste fue proferido con fundamento en una inspección visual practicada al lugar de los hechos. Agregó que las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, que adelanta la Policía Antinarcóticos, se realizan con la debida planeación, con personal idóneo y equipo adecuado y con el cumplimiento de los parámetros técnicos y ambientales exigidos por las autoridades competentes (folios 179, 180, cuaderno 1). 

 1.3.3. El Ministerio Público solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda, en consideración a que se demostró en el proceso que aeronaves de la Policía Antinarcóticos del Caquetá fumigaron con herbicidas químicos el predio de la actora y que ello le produjo un daño que debe repararse (folios 182 a 188, cuaderno 1).    

El apoderado de la entidad demandada deprecó del juez que se revocara la sentencia y se negaran las pretensiones de la demanda, por estimar que no existen en el plenario pruebas técnicas ni científicas que permitan establecer que el terreno de la actora fue fumigado con glifosato, como lo sostuvieron algunos de los testigos que declararon en el proceso, los cuales calificó de sospechosos, debido a los vínculos de amistad y vecindad con los demandantes. Agregó que algunos campesinos utilizan fungicidas de características similares al glifosato, circunstancia que puede explicar, en cierta medida, la presencia de dicho herbicida en el predio “La Esperanza”.  

Aseguró que el programa de erradicación de cultivos ilícitos, a cargo de la Dirección de Antinarcóticos, cuenta con mecanismos de control y seguimiento y una auditoría contratada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuyo objetivo es vigilar, a través de procedimientos técnicos, la correcta aplicación del herbicida conocido como glifosato, bajo unos parámetros de estricto cumplimiento, que garantizan la  destrucción de los cultivos ilícitos, con una efectividad del 90% y en condiciones máximas de seguridad.    

Alegatos de conclusión en segunda instancia

 El 5 de julio de 2002, el Despacho corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de conclusión y al Agente del Ministerio Público, para que rindiera concepto (folio 256, cuaderno 4). 

1.6.1 La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (folio 269, cuaderno 4). 1.6.2 La enjuiciada deprecó del juez que se negaran las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se acreditaron los elementos que configuran la responsabilidad del Estado. Cuestionó que el Tribunal hubiese otorgado pleno valor probatorio a unos testigos que manifestaron que aviones y helicópteros de la Policía Antinarcóticos fumigaron el predio de la actora, cuando lo cierto es que la prueba documental oficial allegada al proceso indica que no existe registro alguno sobre dicha fumigación. Insistió en la falta de una prueba técnica que acreditara el daño que dijeron haber sufrido los demandantes..

Caso concreto : Los predios denominados La Irlanda, Filadelfia, La Porfia y La Florida, limítrofes entre sí, ubicados en la Vereda La Nutria, jurisdicción del Municipio de La Montañita, Departamento del Caquetá, fueron englobados en uno solo, que pasó a denominarse “La Esperanza”, con una extensión aproximada de 209 hectáreas, cuya propietaria es la señora Luz Elena del Perpetuo Socorro Serrano de Díaz.

El 29 de marzo de 2000, el Ministerio del Medio Ambiente remitió al Tribunal Administrativo del Caquetá el siguiente escrito: “En enero de 1992, como estrategia social del Gobierno Nacional, se adoptó el mecanismo de aspersión aérea con el herbicida Glifosato, para la erradicación de cultivos ilícitos en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes.“El organismo que orienta y coordina la ejecución de las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes es la Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE.. “El organismo responsable de la operación de los programas de erradicación de cultivos ilícitos, es la Policía Antinarcóticos. “Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente es la autoridad encargada del seguimiento ambiental a las aplicaciones de Glifosato, para lo cual ha hecho la exigencia de un Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a (sic) lo establecido en el artículo 38 del Decreto 1753 de 1994 (…)” (folio 23, cuaderno 2).

El 7 de abril de 2000, el Jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección Nacional de la Policía Nacional dirigió el siguiente escrito al Tribunal Administrativo del Caquetá: “(…) Me permito informar que no se encontraron registros de operaciones sobre el predio denominado ‘La Esperanza’, ubicado en las Veredas La Nutria y Maquencal, Municipio La Montañita (Caquetá). Las operaciones de Erradicación de Cultivos Ilícitos responden a una serie de procesos de detección en que se recopila información de nivel nacional, se obtienen imágenes de los cultivos de tipo satelital, se planean y elaboran unas directivas, se efectúan reconocimientos fotográficos, para finalmente ordenar la fumigación en el área. Es necesario que el Honorable Tribunal Administrativo del Caquetá establezca si las Coordenadas Geográficas del predio coinciden con las coordenadas reportadas en la fumigación del 181197, si no es así, se daría por descartada la fumigación para la finca denominada ‘La Esperanza’” (folios 15 a 17, cuaderno 3).       

El señor José Germán Díaz Cruz, quien manifestó:“(…) Eso fue en el año 97, por allá en noviembre, estaban fumigando ese sector (…) para mí por un error fumigaron un sector de la finca de la sociedad conyugal, hecho que puse en conocimiento del Defensor del Pueblo, de la misma Policía Antinarcóticos, del Personero Municipal de Montañita, de la Secretaría de Agricultura. Esa fumigación la hizo la Policía Antinarcóticos, lo sé porque fuimos con una comisión del Medio Ambiente de la División de Antinarcóticos de Santafé de Bogotá, fuimos a la finca a una inspección ocular, esa comisión llegó porque con el Mayor que había aquí en la Policía la pedimos, entonces ellos dijeron pues si es cierto camine, y montamos en unos helicópteros y nos fuimos, se verificó, ellos presentaron un informe ante el Mayor de la Policía de Antinarcóticos, después hicimos varias reuniones con el piloto que había fumigado, aceptando su error (…) eso había transcurrido por ahí un mes desde la fumigación, todavía olían las matas a veneno y pues en un principio llegamos a un acuerdo con la Policía en el sentido de que yo les pedía que me hicieran dos kilómetros de carretera para toda la vereda y ellos aceptaron, desafortunadamente cambiaron al Mayor de Antinarcóticos y quedó todo en nada, la construcción de los dos kilómetros era para yo no poner demanda, como una compensación por el daño que me habían hecho. […] Díganos por qué asegura que fue un error del piloto lo que ocurrió con su predio? CONTESTÓ: Porque los dos oficiales que fuimos a la finca (sic) me dijeron que se habían salido de las coordenadas de las cuales tenían que botar el veneno, el piloto dijo que fue un error, con él hablamos también (…) La primera secuela fue con el ganado, un gran porcentaje se murió y el otro se fue enflaqueciendo y por esa razón vendí yo esos animales que le había caído el veneno, aproximadamente murieron 28 reces, en cuanto a los pastos todos murieron, muy poca cantidad volvió a retoñar, saliendo en su gran mayoría maleza, las aguas se estancaron porque una cantidad de árboles murieron, se recalientan. La finca en esas condiciones duró aproximadamente un año  sin poder utilizar ese pedazo de tierra, sin meterle ganado (…)” (folios 20, 21, cuaderno 2)..

La señora Gladys Lugo Murillo, esposa de quien para la época de los hechos se desempeñaba como mayordomo del predio “La Esperanza”, de propiedad de la actora, hizo las siguientes revelaciones: “(…) Nosotros estábamos trabajando ahí cuando las avionetas fumigaron los potreros, eso ocurrió en noviembre de 1997, fumigaron como siete potreros, iban acompañadas de tres o cuatro helicópteros (…) como a los ocho días se miraba el potrero y el pasto bien quemado, los árboles también se quemaron y el agua se empezó a secar, porque  los árboles que estaban a la orilla se empezaron a secar, un ganado y unas bestias se enfermaron y algunos se murieron, no sé la cantidad (…) No está lo mismo que antes, está muy feo, ha salido maleza (…) PREGUNTADO: Sabe usted si en la finca La Esperanza existen cultivos ilícitos como coca u otro. CONTESTÓ: No existe nada de eso (…)” (folios 29, 30, cuaderno 2).

 El señor Olegario Urriago Romero sostuvo: “(…) Como yo trabajaba en la finca de enseguida, no le sé decir el nombre, ese día yo estaba ayudando a arriar un ganado cuando pasaron dos (2) avionetas y fumigaron toda la grama, se murieron árboles frutales, habían palos de limones, naranjos, y todos los árboles de los nacimientos del agua y unos animales también murieron porque comieron de esa grama, como eso huele a gramason, tiene un olor a feo, al mayordomo le tocó desocupar el potrero (…) Se secó toda la yerba de que come el ganado, todos los árboles, todo quedó como pura tierra, duró un tiempo desocupado, ahora es que ha nacido un poco de grama (…)” (folios 33, 34, cuaderno

Por ejemplo, el informe de Corpoamazonía, Regional Caquetá, rendido un mes después de los hechos, señaló que un área del predio “La Esperanza” resultó afectada como consecuencia de fumigaciones aéreas, con herbicidas, que realizó la Policía de Antinarcóticos, pues varios pastos de grama dulce, guaudilla, trenza y brachiaria evidenciaron un avanzado estado de deterioro, al igual que varias especies de árboles resultaron afectadas, entre ellas las denominadas ojiancho, gualanday, yarumos, balsos, limón, naranjos, palma guajo, palma cumare y mango. La misma suerte corrieron algunos yacimientos de agua y las especies que habitaban en ellos.    

Por su parte, la Auditoría Ambiental de Erradicación de Cultivos Ilícitos sostuvo que, en la segunda semana de noviembre de 1997, fueron fumigados varios predios localizados en distintas veredas y municipios del Departamento del Caquetá, entre ellos, la Vereda La Nutria, jurisdicción del Municipio de La Montañita, lugar en el cual se encuentra ubicado el predio “La Esperanza”, de propiedad de la actora, tal como se deduce de la respuesta emitida por dicha entidad al Tribunal Administrativo del Caquetá, el 31 de marzo de 2000:

[…]Si bien el informe del Jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección de la Policía Nacional señaló que no existían registros de operaciones de fumigaciones aéreas sobre el predio “La Esperanza”, lo cierto es que la prueba testimonial y documental a la que se hizo referencia anteriormente indica lo contrario; es decir, que sí existieron tales fumigaciones aéreas, al punto que un área del predio mencionado resultó afectada con herbicidas esparcidos desde el aire por aeronaves de la Policía Antinarcóticos.

La Sala no comparte los argumentos esgrimidos por la entidad demandada, en torno a que no se practicaron pruebas de laboratorio para determinar la clase de herbicida que afectó el predio “La Esperanza”, pues lo cierto es que se acreditó en el plenario que, en la segunda semana de noviembre de 1997, aeronaves de la Policía Antinarcóticos esparcieron herbicidas sobre dicho predio y que ello causó daños en 22,85 hectáreas aproximadamente, lo cual hace irrelevante precisar cuál fue ese herbicida. No obstante, al respecto, es menester señalar que, si bien no se practicaron las pruebas de laboratorio que echa de menos la demandada, lo cierto es que todo indica que se trató de glifosato, pues, según el Ministerio del Medio Ambiente, desde enero de 1992 y en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes, el Gobierno Nacional adoptó como estrategia social el mecanismo de aspersión aérea con ese herbicida, para la erradicación de cultivos ilícitos.

La Sala no comparte las aseveraciones de la demandada, según las cuales campesinos de la región donde está ubicado el predio “La Esperanza” habrían utilizado fungicidas de características similares al glifosato, lo que explicaría su presencia en los cultivos y pastos del predio afectado, pues lo cierto es que no obra prueba alguna en el plenario que las respalde.  

Tampoco participa de los cuestionamientos realizados sobre los resultados obtenidos en la inspección judicial anticipada practicada en el predio “La Esperanza”, con fundamento en que dicha diligencia se llevó a cabo 5 meses después de las supuestas fumigaciones, pues la verdad es que los resultados de la inspección judicial fueron corroborados y ratificados con otros medios de prueba que obran en el proceso, a través de los cuales se demostraron las fumigaciones aéreas realizadas en la segunda semana de noviembre de 1997 por la Policía Antinarcóticos sobre el predio “La Esperanza” y los daños que ello causó en los pastos, árboles y yacimientos de agua. 

Hechas las anteriores precisiones, la Sala confirmará la sentencia de de 15 de noviembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada como consecuencia de los daños causados al predio “La Esperanza”, de propiedad de la señora Luz Helena del Perpetuo Socorro. // Por concepto de lucro cesante, el Tribunal condenó a la demandada a pagar la suma de $9’405.000, con fundamento en el precitado dictamen pericial, pues consideró que: “en cada hectárea de terreno se pueden sostener 2.5 cabezas de ganado y el precio que se paga por el pastaje de cada cabeza de ganado es la suma de $12.000 y como la reposición del cultivo demoraría 11 meses, al multiplicar dichos factores se obtiene un lucro cesante por pastaje de $9’405.000” (folio 205, cuaderno 4).  

Por su parte, la entidad demandada se opuso, en el recurso de apelación, a la condena anterior, por estimar que no se demostró en el proceso la propiedad y la existencia de las cabezas de ganado, de modo que, según dijo, no entendía “cómo los Honorables Magistrados que fallaron en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional pudieron hacer para establecer cuál era el producido que arrojaría el pastaje de ese número de cabezas de ganado durante el tiempo que supuestamente quedó improductivo el predio” (folio 237, cuaderno 4). 

Si bien el dictamen pericial aportado al proceso concluyó que se encontraba acreditada la existencia de 50 cabezas de ganado en el predio “La Esperanza”, con fundamento en el informe rendido por el señor Juan Vergel Ortiz, tecnólogo de control y vigilancia de Corpoamazonía, Regional Caquetá, quien aseguró que en el predio afectado se encontraban pastando 50 cabezas de ganado (folio 10, cuaderno 2), lo cierto es que no está demostrado en el proceso que la actora hubiese realizado pago alguno de dinero para el alquiler de otros pastizales, a fin de alimentar los semovientes que habrían resultado perjudicados con las fumigaciones áreas realizadas por la Policía Antinarcóticos; por lo tanto, la Sala considera que no se acreditó el perjuicio que dijo haber sufrido la demandante como consecuencia de dicha situación, de modo que revocará la condena impuesta por el Tribunal en ese aspecto.

MODIFÍCASE la sentencia de 15 de noviembre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá; en su lugar: //a) DECLÁRASE responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los daños causados al predio “La Esperanza”, de propiedad de la señora Luz Helena del Perpetuo Socorro Serrano de Díaz, como consecuencia de las fumigaciones aéreas realizadas por la Policía Antinarcóticos, la segunda semana de noviembre de 1997.// b) CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, a la señora Luz Helena del Perpetuo Socorro Serrano de Díaz, la suma de veintitrés millones seiscientos tres mil setecientos treinta y nueve pesos ($23’603.739) m/cte., por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente. //c) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. //2. ABSTIÉNESE de condenar en costas a la demandada. 27 de enero 2012

3-  [1998/2018] Comisión Interamericana de Derechos Humanos   Informe No. 76 /18 Petición 1453 -08  Informe de Admisibilidad Petición de daños por aspersiones aéreas efectuadas por el gobierno colombiano

Refiere  que el 28  de septiembre  de 1998  tres avionetas y cuatro helicópteros de la Policía Nacional sobrevolaron y fumigaron varios terrenos de la región, incluyendo el predio familia r, rociando sustancias químicas identificadas por los campesinos como  herbicida químico causando el aborto y posterior muerte de la madre. Municipio de Solitá, Departamento de Caquetá . Petición aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 21 días del mes de junio de 2018. 

4- [1999-2013] 18-001-23-31-000-1999-00278-01 (22060) (pdf) Acción de Reparación Directa Demandantes:: José Antonio Cárdenas Rojas y Otros Demandados: Nación-Mindefensa-Policía Nacional.  

Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo

Se adujo en la demanda que el 26 de abril de 1999, a las 12:30 p.m., la sección Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó una fumigación con herbicidas químicos sin identificar, lo cual afectó -causando “daños graves e irreversibles”- 14 has. de cultivo de caucho, 8 has. de cultivo de yuca, 3 has. sembradas de pasto “brachiaria” y 5 has. de bosque virgen o de reserva.

Se puso de presente que, en diligencia de inspección judicial con intervención de peritos solicitada como prueba anticipada con la vinculación de la Policía Nacional, se dejó constancia de la afectación del terreno en razón de haber sido objeto de fumigaciones

Se pretende que, previa la declaratoria de responsabilidad patrimonial a cargo de la demandada por la fumigación de cultivos lícitos realizada el mes de abril de 1999 sobre el predio “PARCELA n.° 15”, se acceda a las indemnizaciones solicitadas.

 La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 117-118, ib.). Manifestó no constarle los hechos y en consecuencia dijo atenerse “a lo legal y oportunamente probado en el proceso”.  Como razones de defensa expuso que los elementos estructurales de la responsabilidad estatal (falla, daño y nexo causal) sólo son afirmados en la demanda, “pero no se vislumbra su certeza”.

ALEGATOS: La entidad pública demandada (fls. 139-140, ib.) inicialmente resaltó las aptitudes del grupo Antinarcóticos, puntualmente la planeación óptima que se cumple para las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. Seguidamente expuso que no hay prueba científica de que los daños sufridos en los cultivos del demandante se hayan causado por herbicidas, para lo cual discutió el valor probatorio de los conceptos emitidos por el UMATA, así como las apreciaciones del Juez que adelantó la diligencia previa de inspección judicial, pues -en su sentir- constituyen  conjeturas apresuradas.

Advirtió el demandado que “[e]s imposible que después de haberse practicado la nobulización, con el sólo golpe de vista se pueda detectar que la muerte se produjo por la inoculación de un determinado producto químico” como -sugiere- lo hicieron quienes realizaron los dictámenes en que se apoya la demanda. Así las cosas, estima que deben negarse las pretensiones por cuanto no se encuentra prueba científica ni técnica del daño sufrido por los demandantes..

A su turno, la parte demandante explicó que los testimonios recibidos en el proceso dan cuenta de la fumigación que afectó al predio de los demandantes y, posteriormente, consideró que las valoraciones de las inspecciones judiciales y dictámenes periciales practicados dentro del proceso deben tener en cuenta el paso del tiempo y, por tanto, se habrán de preferir en la valoración probatoria los medios prejudiciales que se cumplieron a tiempo de los hechos (fls. 141-150, ib.). 

Finalmente, analizó los diferentes conceptos técnicos para mostrar que los efectos del glifosato que se detallaron coinciden con las apreciaciones realizadas perjudicialmente, de allí que pueda inferirse la causa del daño.

Mediante sentencia del 22 de octubre de 2001, el Tribunal Administrativo del Caquetá resolvió declarar patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional (fls. 154-171, C.4°). Inicialmente el a quo reconoció legitimación en la causa por activa únicamente al propietario del bien y a su esposa,..

Acreditados los daños al predio, a partir de los diferentes conceptos e inspecciones que se llevaron a cabo en el mismo, el tribunal de primera instancia estimó probado el hecho de la fumigación, fundado en las declaraciones de los vecinos de los demandantes y confirmadas por la demandada, pues sus informes dan cuenta de las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, las cuales -se conoce- fueron realizadas en el mes de abril de 1999 en el municipio Belén de los Andaquíes, entre otros. 

Seguidamente el a quo halló demostrado el nexo causal, por cuanto los daños sufridos en los cultivos del predio de los demandantes Cárdenas Rojas y Vega Ortíz resultaron compatibles con los que causa el herbicida glifosato, utilizado por la Policía Nacional para la erradicación de cultivos ilícitos. De allí prosiguió con el análisis de la falla en la prestación del servicio que encontró probada por cuanto la demandada no verificó la existencia de cultivos ilícitos en el predio fumigado y tampoco realizó el trámite previsto en el art. 77 de la Ley 30 de 1986.

 Tribunal Administrativo del Caquetá  Sentencia  Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar los perjuicios materiales,  26 de octubre de 2001.

RECURSO DE APELACIÓN: Inconforme con la sentencia proferida en su contra, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional impugnó la decisión para que se revoque y en su lugar se nieguen las pretensiones (fls. 179-187, ib.). Inicialmente la censora reitera el cuidado y la planificación con que realiza las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos y luego detalla las características y propiedades del glifosato utilizado para dichas labores.

También la entidad discute la validez de las declaraciones de los vecinos de los demandantes, al paso que resalta el desconocimiento de la buena fe de su parte y reitera que no existe prueba técnica o científica que demuestre que los daños ocasionados al cultivo del actor fueron causados por sus labores de erradicación de cultivos ilícitos.

La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, en su oficio n.° 133 del 15 de febrero de 2000 (fls. 13-21, C.2°), informó que en el mes de abril de 1999, “se asperjó en las regiones de Belén de los Andaquíes y San José del Fragua”. En el mismo escrito -en el cual niegan rotundamente haber fumigado puntualmente el predio de los demandantes- la entidad explica que en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos se utiliza exclusivamente el herbicida glifosato.

El día 3 de mayo siguiente, los señores José Antonio Cárdenas Rojas y Adolfo Mosquera Benavidez acudieron a la Personería Municipal de Belén de los Andquíes para elevar queja formal,

Así las cosas, el 31 de mayo de 1999, la Defensora Seccional del Pueblo de Florencia le trasladó al Procurador Departamental el informe del Personero Municipal de Belén de los Andaquíes sobre las fumigaciones realizadas por la Policía Nacional en cultivos lícitos de caucho, yuca, plátano y pastos (fls. 59 y 60, ib.).

Parcela de Caucho n.° 15, el cual forma parte del globo de mayor extensión conocido con el nombre de Colonización De La Mono, , cuya extensión aproximada es de 29 hectáreas, (fls. 4 a 8, ib.), predio conocido como “La Trinidad”.

El 3 de mayo de 1999, el mismo día que el señor Cárdenas Rojas presentó la queja en la Personería Municipal de Belén de los Andaquíes por la fumigación sufrida, por solicitud del mismo, el Técnico en y el Jefe (E) de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -en adelante UMATA- de esa localidad, se trasladaron al predio con el fin de constatar lo ocurrido en razón de las informaciones del señor Cárdenas Rojas y rindieron concepto técnico del que se extrae lo siguiente (fls. 18-19, ib.):

Por solicitud del actor como prueba anticipada con citación del Ministerio de Defensa, el 4 de junio de 1999 el Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de los Andaquíes practicó la inspección judicial al predio la Trinidad (fls. 49 y 53, ib.)[1][4]. En la referida inspección se anotó:  (…) Que hay dos cultivos de caucho uno de aproximadamente 6 Hectáreas y otro de 8 hectáreas, con una edad aproximada de unos veintidós (22) años los cuales presentan una defoliación sistemática por efectos al parecer de la fumigación aérea con químicos utilizados para la erradicación de cultivos ilícitos, al recorrer el área se nota un resecamiento de los árboles al igual que los pastos y vegetales plantados en el área objeto de la inspección Judicial. De otra parte se observó aproximadamente tres 3 hectáreas sembradas de pasto brehiaria seco por el efecto de la referida fumigación efectuada según los interesados, por el equipo de fumigaciones de la Policía Nacional el día 26 de abril del año en curso a la hora de las 12:30 del día, aproximadamente, igualmente se observó que un cultivo de yuca de aproximadamente una hectárea, y de ocho (8) meses de edad, está totalmente desfoliado y en la actualidad está retoñando. Se arrancaron unas matas de madera gruesa o palo grueso y se observó que la yuca o futo está afectada o deteriorada o dañada por el efecto de la fumigación antes citada. Es de anotar que rayaron varios árboles de caucho y después de esperar unos minutos no sangraron es decir no produjeron látex, respecto de los animales o semovientes se observaron que aproximadamente de veintiocho (28) animales veinte (20) presentan afectación o secamiento como consecuencia de haber consumido agua y pasto contaminado con los químicos utilizados para la realización de la fumigación. Se deja constancia que las personas que se encontraban el día de la fumigación manifestaron no presentar aflicción o enfermedad corporal a consecuencia de la misma (…).

En la referida diligencia se ordenó un dictamen pericial a cargo de un tecnólogo en producción agropecuaria, un zootecnista y un profesional especializado de Corpoamazonía Regional Caquetá (fls. 58-65 y 77-80, ib.). Los expertos son uniformes al conceptuar lo siguiente (se destaca): Desde el punto de vista agronómico el estado en que podemos observar se encuentra la plantación es irreversible; si se tiene en cuenta que el tiempo que ha transcurrido desde su fumigación (26 de Abril de 1999), al estado encontrado 39 días después de la fumigación (4-06-99), Respecto de los daños ocasionados en los bosques primario y secundario, el más afectado por las fumigaciones con herbicidas, fue el bosque secundario (rastrojo), que sufrió quemazón en la parte foliar y en gran parte del mismo la muerte, cuya recuperación la podemos observar en el crecimiento de plantas denominada malezas como la zarza, bejucos y liana (plantas trepadoras).[…] Los daños ocasionados en este tipo de bosque, hacen que su cuantificación económica sea compleja, ya que el daño ocurrido es de tipo ecológico, por tal razón, consideramos que la mejor manera de revertir estos daños es impulsado un proyecto de reforestación con especies maderables propias de la región, como el cedro, achapo, nogal, balso, carbonero, ahumado etc. (negrillas fuera de texto)

MARCO JURÍDICO: 

El Convenio sobre Biodiversidad Biológica, suscrito en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y aprobado por la Ley 165 de 1994, dispone en sus artículos 6, 8 y 10 que, dada la responsabilidad de los Estados de conservar su diversidad biológica, (i) integraran la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales, (ii) promoverán la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales y (iii) adoptarán medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica..

A su vez, nuestra Constitución Política le dio dimensión positiva a la protección del ambiente, lo cual se proyecta en los siguientes aspectos: (i) deber[2][6] abstracto de protección en cabeza del Estado y de los particulares; (ii) derecho a gozar del mismo a favor de todo ciudadano; (iii) deber concreto a cargo del Estado en la existencia y prestación del servicio público de saneamiento ambiental, o desde la protección del ambiente como servicio público propiamente dicho y (iv) deber concreto que impone al Estado ejercer una función precautoria, preventiva, represora y de limitación, especialmente de la propiedad y de la libertad económica. Tales dimensiones se hallan en los siguientes artículos: Art. 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación […]Art. 58. (…) La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Art. 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.[…] Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. (negrillas fuera de texto) […] Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. […]Art. 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Así las cosas, el art. 1 de la Ley 99 de 1993 -mediante la cual, entre otras cosas, se creó el Ministerio del Medio Ambiente- establece los siguientes principios generales que enriquecen y dan contenido al deber positivo de protección del ambiente: 2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. […] 3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. […] 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. […]7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.

El anterior marco jurídico puede definirse como el desarrollo del postulado establecido en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) según el cual “[e]l ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social” (art. 1°).

Este código, además de precisar que la ejecución de la política ambiental es función -delegable- del gobierno nacional (art. 6), al tiempo que relaciona los principios que regulan el uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables (art. 9), señala reglas a las que debe ajustarse la actividad administrativa en relación con el manejo de dichos recursos (art. 45).

Ahora bien, no puede perderse de vista que en la Ley 23 de 1973, que facultó al Presidente para la expedición de la codificación en comento, en su art. 16 prevé una cláusula general de responsabilidad ambiental en los siguientes términos:

El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que generan contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado (negrillas fuera de texto).

El anterior marco jurídico puede definirse como el desarrollo del postulado establecido en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) según el cual “[e]l ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social” (art. 1°). 

Este código, además de precisar que la ejecución de la política ambiental es función -delegable- del gobierno nacional (art. 6), al tiempo que relaciona los principios que regulan el uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables (art. 9), señala reglas a las que debe ajustarse la actividad administrativa en relación con el manejo de dichos recursos (art. 45). 

Ahora bien, no puede perderse de vista que en la Ley 23 de 1973[3], que facultó al Presidente para la expedición de la codificación en comento, en su art. 16 prevé una cláusula general de responsabilidad ambiental en los siguientes términos: El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que generan contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado.

En este sentido, el “daño al ecosistema”  así se configure en desarrollo de una explotación lícita, desde el punto de vista constitucional, tiene el carácter de conducta antijurídica (C.P. arts., 80 y 95-8) y en consecuencia generadora de responsabilidad al punto que la previa obtención del permiso, autorización o concesión del Estado, no comporta impunidad de cara a los daños al ambiente. Es que, en relación con este y el aprovechamiento y explotación de recursos naturales, la Carta, además de sancionar los comportamientos que infrinjan las normas legales vigentes, ordena al Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y exigir la reparación de los daños causados.

IMPUTACIÓN. NEXO CAUSAL : La parte demandada -que a la postre es la única apelante- insiste en la falta de prueba técnica o científica que demuestre que los daños causados al predio del señor Cárdenas Rojas fueron ocasionados por las fumigaciones de glifosato realizadas el 26 de abril de 1999 por la Policía Nacional en el municipio Belén de los Andaquíes. […] A este respecto, la Sala echa de menos la prueba directa de la responsabilidad invocada en la demanda, no obstante las evidencias acreditan el nexo de casualidad, tal y como lo consideró el tribunal a quo, pues en el expediente reposan elementos de juicio que permiten inferir razonablemente que la aspersión aérea de glifosato generó daño en el predio de los demandantes y afectó el medio ambiente.

Por tanto, acreditado que ese día fue fumigado por aspersión aérea de glifosato y que las secuelas en los cultivos, plantaciones y pastizales sembrados en el predio La Trinidad coinciden con las que genera el herbicida utilizado por la demandada, no cabe duda de la responsabilidad de la accionada y así habrá de resolverse.

Reparación in natura: Como lo refiere destacada doctrina[4][20], la denominada reparación in natura constituye una de las manifestaciones más relevantes de la indemnización de los daños producidos en el ámbito forestal, puesto que frente a un daño ambiental lo más importante es conseguir la restauración y recuperación del medio natural afectado.

Es por esto que la Sala, acogiendo el principio orientador de la reparación integral[5][21] previsto en el art. 16 de la Ley 446 de 1998, en la presente valoración no puede ignorar el daño de tipo “ecológico” que, en palabras de los propios peritos, sufrieron los bosques del predio del demandante Cárdenas Rojas  (fls. 62 y 63, ib.).

Así las cosas, se acogerá la vista experta de estos especialistas en temas ambientales, como sin duda lo es el funcionario de Corpoamazonía (fl. 80, C.1°); por tanto, dado lo complejo que resulta la cuantificación económica según los mismos expertos, se ordenará a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el apoyo técnico de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía -con jurisdicción en el Departamento del Caquetá-, financiar con su patrimonio “un proyecto de reforestación con especies maderables propias de la región, como el cedro, achapo, nogal, balso, carbonero, ahumado, etc.

El incumplimiento de la función de vigilancia ambiental por parte de las entidades oficiales que tienen a su cargo el cuidado y la preservación del medio ambiente propicia los abusos de particulares en la explotación de los recursos naturales. Esta situación puede verse agravada si luego de ocasionado un daño forestal el Estado no actúa oportunamente para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (CP art. 80). La omisión de la función estatal de restauración del medio ambiente gravemente alterado mantiene la amenaza de vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo es materia de la presente acción de tutela.

Así las cosas, debe la Sala disponer la reparación in natura porque (i) normas internacionales y constitucionales imponen la reparación integral de los daños ambientales y (ii) en este caso los sufridos por los bosques primarios y secundarios que se encuentran dentro del predio La Trinidad, no son susceptibles de apreciación económica, debiendo la Sala, con esta medida sugerida por la misma autoridad ambiental, garantizar la protección objetiva al medio ambiente cuyo contenido de interés social y de utilidad pública según el desarrollo legal citado ut supra, debe primar sobre cualquier otra consideración de estirpe subjetiva o individual[6][23].

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de octubre de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

SEGUNDO. ADICIONAR la sentencia apelada para incluir como reparación in natura la siguiente resolución: ORDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, que dentro del improrrogable término de UN (1) AÑO contado a partir de la notificación del presente fallo, y con el propósito de obtener una reparación integral a los bosques afectados, ejecute con cargo a su patrimonio -y con el apoyo técnico de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - “un proyecto de reforestación con especies maderables propias de la región, como el cedro, achapo, nogal, balso, carbonero, ahumado, etc.”. 30 de enero 2013

5- [2000-2014] Radicación número: 41001-23-31-000-2000-02956-01 (29028) Demandante: Luis Elí Medina Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional Referencia: Acción de Reparación Directa

Consejero ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero

Mediante escrito presentado el 5 de mayo de 2000 ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila (f l, 3 a 11, c.1), el señor Luis Elí Medina , mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Algeciras (Huila), actuando en nombre propio y mediante apoderado debidamente constituido (fl, 2, c.1), en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el art. 86 del C.C. A., formuló demanda contra LA Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimonial es que se produjeron sobre el cultivo de lulo –aproximadamente dos hectáreas - de su propiedad por la fumigación de plantaciones de amapola ubicadas en cercanías a su predio en la vía Algeciras – Balsillas, vereda Toscana, Departamento del Huila..

Como consecuencia de lo anterior, solicita se hagan las siguientes declaraciones y condenas: PRIMERO: se declare responsable a la entidad Policía Na cional – Dirección de Antinarcóticos por los daños patrimoniales causados a la parte demandante, derivados de los hechos ocurridos el día 15 de enero de 1999 entre el municipio de Algeciras, Balsil las, vereda Toscana en la que se vio afectado y destruido el cultivo de lulo por la imprudencia o negligencia de alguno o algunos de los funcionarios de la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos. SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración de responsabilidad extracontractual condénese a la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos a pagar como indemnización a favor del demandante por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados las suma anotadas.

El día 20 de enero de 1999, el asistente técnico del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -PNDA-, señor Jose Yovanny Vargas Peña, certificó que todas las plantas (cerca de 7.000) presentaban amarillamiento de hojas y brotes nuevos, caída de frutos, maduración prematura de frutos, caída de flores y plantas totalmente muertas; síntomas caracterís ticos de intoxicaciones fitopatológicas causadas por herbicidas (fl, 47, c.2). 1.2.3.

El día 19 de marzo de 1999, como consecuencia de lo anterior, el señor Luis Elí Medina puso en conocimiento de la Personería Municipal de Algeciras las afectaciones ocasionadas sobre su predio 1 y solicitó la visita técnica de las autoridades competentes. 1.2.4. El día 8 de abril de 1999, la Personera municipal de Algeciras, señora Martha Lucía Trujillo y el Director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -en adelante UMATA-, señor Héctor Hernando Trejos, realizaron inspección ocular y dejaron la siguiente constancia: i) no se encontró cultivos ilícitos ni vestigio de ellos; ii) 7000 mata s de lulo estaban en estado necrótico, quemadas por herbicidas y con evidencias de amarillamiento en extensión de dos hectáreas; iii) se identificó en cercanías del predio del señor Luis Elí Medina rastros de fumigación de cultivos ilícitos (fl, 115, c.2).

El día 5 de mayo de 1999, el ingeniero agrónomo, señor Nelson Rojas Imbachi, emitió un “concepto técnico”, en el que se relató el estado en el que se encontraba el cultivo de lulo (fl, 34 a 39, c.2).

 En el mes de junio de 1999, el señor Luis Elí Medina puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo la afectación ambiental desencadenada por la aspersión aérea de glifosato, con ocasión de la cual se habían producido perjuicios concreto s sobre su predio rural; entidades que le recomendaron informar de esta situación al Director de Antinarcóticos de la Policía Nacional con el fin de que se llegare a un acuerdo sobre la indemnización de los perjuicios; además, sugirieron que en el caso de no llegar a una solución en equidad, acudiera ante la jurisdicción contencioso administrativa para formular acción de reparación directa.

En atención a las anteriores recomendaciones del Ministerio Público, el señor Luis Elí Medina en agosto de 1999 elevó una queja en contra de los funcionarios de la sección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. La oficina de Control Interno Disciplinario de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en diligencias preliminares n°. 0076/99 DIRA N – R-008/99, confirmó que, en efecto, según los archivos de la ARECI-DIRAN, el día 15 de enero de 1999 se realizó la fumigación aérea del cultivo de amapola identificado en el área de Algeciras; sin embargo, cerró la investigación disciplinaria por considerar que no existía certeza sobre la causa que originó la pérdida del cultivo de lulo de propiedad del señor Luis Elí Medina.

Las pruebas aportadas al proceso demuestran con certeza la responsabilidad de la Policía Nacional por los daños y perjuicios ocasionados al cultivo de lulo de propiedad del demandante. El Estado debe asumir la responsabilidad por el daño producido en las operaciones que ejecutó la Policía Nacional de Antinarcóticos al momento que decidió erradicar cultivos de origen ilícito. Pese a la legalidad de sus actuaciones, cuando el Estado causa un daño especial, anormal y considerable, tiene la obligación de repararlo integralmente con lo cual se evita un empobrecimiento sin justa causa del perjudicado […

La DEFENSA DEL ESTADO : Mediante escrito presentado el 13 de agosto del 2001, la parte demandada, por intermedio de apoderado debidamente constituido, contestó la demanda en los siguientes términos que se resumen a continuación (fl, 69 a 72, c.1): Sí hubo destrucción de l cultivo de lulo; sin embargo, aludió que no existió prueba de que ello se haya producido como consecuencia de la aspersión o fumigación con glifosato llevada a cabo por las aeronaves de la Policía Antinarcóticos

Los daños ocasionados al cultivo fueron verificados en diligencia de inspección ocular practicada por la Personería Municipal de Algeciras y Director de la UMATA; sin embargo, dicha actuación se llevó a cabo tres meses después de la fumigación de cultivos ilícitos. Se debe probar científicamente que la muerte o desaparición del cultivo del lulo obedeció a la acción y toxicidad del glifosato, por lo cual, en la inspección ocular que adelantó la Personería Municipal de Algeciras y el Director del UMATA, se debieron recoger las muestras de las plantaciones afectadas y remitirlas para el análisis de laboratorio correspondiente; como no se efectuaron los referidos análisis de laboratorio, alude la entidad dem andada que no es posible endilgarle responsabilidad patrimonial por las consecuencias derivadas de las lesiones ambientales.

Solicitó se nieguen la totalidad de las pretensiones de la demanda y se proceda a exonerar de toda responsabilidad a la Policía Nacional [….]

 […]Formuló petición de nulidad de lo actuado, con el argumento de que aunque el predio del señor Luis Elí Medina se encontraba cerca del municipio de Algeciras, por factor territorial correspondía el conocimiento del proceso a la jurisdicción del departamento del Caquetá, razón por la cual, era el Tribunal Administrativo de Caquetá la autoridad judicial que debía asumir y dirimir el presente conflicto.

Las razones por las cuales el Tribunal resolvió no acceder a la demanda son las siguientes:

Las pruebas arrimadas al proceso se presentaron en copia simple y no estuvieron ajustadas al rigor de las exigencias establecidas por el artículo 254 del C.P.C., razón por la cual, carecen de valor probatorio y, en consecuencia, no ofrecen ningún grado de certeza frente a los hechos que se pretenden acreditar. Las pruebas aportadas al proceso y tendientes a establecer con exactitud la extensión de terreno de propiedad del señor Luis Elí Medina y el número de plantas sembradas en el cultivo de lulo no son idóneas porque fueron aportadas en copia simple, razón ésta que impide al juzgador determinar la concreción de la lesión ambiental y la cuantificación del perjuicio. Infiere que no es posible sostener que la aspersión aérea del glifosato sea la causa eficiente de la lesión ambiental, en la medida en que no obra en el proceso prueba idónea que inequívocamente así lo demuestre.

Consejo de Estado  Sala de lo Contencioso Administrativo  Sección Tercera  Subsección B  Fuente Formal: Ley 1437 De 2011 - Articulo 140 / Ley 1437 De 2011 -Articulo 145 / Ley 472 De 1998 - Articulo 1 Acción de Reparación Directa - Régimen aplicable por afectación de bienes y cultivos por fumigación con glifosato. Actividad peligrosas /- Daño ambiental a bienes, cultivos y personas procede reclamación por acción de reparación directa.

Consejero Ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero 

20 de febrero 2014.

Análisis de la Sala 8. Antes de entrar a resolver el problema jurídico, es necesario remitirse a las fuentes constitucionales, legales e internacionales de la responsabilidad del Estado en materia ambiental (1) y los daños antijurídicos que se pueden presentarse en el marco de la responsabilidad del Estado por las afectaciones ambientales (2).

La Constitución Política de 1991, en el art. 79 9 , prescribe que todas las  personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, garan tía de protección que  ya estaba presente en el C ódigo de Recursos Naturales 10 y que ha sido  reproducida por la Ley 472 de 1998 11 . En esa medida, aunque no se cuenta desde  el punto de vista del derecho positivo con  una definición exacta de ambiente, al  titular de esta garantía se le reconoce la  posibilidad de exigir  el mantenimiento de  las condiciones de equilibr io del ambiente y oponerse a las causas, factores o  circunstancias que lo alteren. Se pres enta entonces el ambiente en una doble  faceta, como un derecho y como un deber:  en el primer supuesto, se trata de un  derecho reconocido a todas las personas de disfrutar o gozar de los beneficios del  ambiente; mientras que en el segundo, impone un deber, mandato o encargo de  protección en cabeza tanto de los particulares como de las autoridades públicas. Al respecto, precisó el alto tribunal:  [M]ientras por una parte se acepta el medio ambiente sano como un  derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas  para participar en las decisiones que  puedan afectarlo y deben colaborar en  su conservación-, por la otra se le imponen al Estado los  deberes correlativos

[…]Particularmente, en cuanto a la cláusula de responsabilidad civil ambiental, la  Ley 23 de 1973 (art. 16) –Código de Re cursos Naturales- constituye el  fundamento normativo preconstitucional de la responsabilidad civil ambiental, cuyo  tenor es el siguiente:  El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al  hombre o  a los recursos naturales de propiedad privada como  consecuencia de acciones que generan  contaminación o detrimento del  medio ambiente . Los particulares lo serán por  las mismas razones y por el  daño o uso inadecuado de los recursos  naturales de propiedad del Estado  (se destaca).  […]Por su parte, el ambiente, de  acuerdo con el ordenamiento jurídico , “[...] está  constituido por la atmósfera y lo s recursos naturales renovables” (art. 2º de la Ley  23 de 1973), y la afectación o contaminación ambiental se entiende como  “la  alteración del medio ambiente por sustancia s o formas de energía puestas allí por  la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concent aciones o niveles  capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la  flora y la fauna, degradar la calidad del me dio ambiente o afectar los recursos de  la Nación o de particulares” (art. 4°, Ley 23 de 1973). Igualmente, se señala por  parte del Decreto  2811 de 1974 que  los recursos naturales renovables no se  pueden utilizar por encima de los límites permisibles, es to es, más allá de niveles  que puedan alterar las calidades físicas,  químicas o biológicas naturales, que  produzcan el agotamiento o el deterioro gr ave de esos recursos o que perturbe el  derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público  (art. 9º); y  daño ambiental es “ el que afecta el normal funcionamiento de los ecosistemas o la  renovabilidad de sus recursos y componentes ” (artículo 42 de la Ley 99 de  1993

[…]Las formas más características de lesionar el ambiente, que no excluyen otras  y que coinciden con lo dispuesto por el ar t. 8º del Código de Recursos Naturales,  son “la actividad contaminadora, el incumplimiento de deberes y de obligaciones  de hacer, el abuso en el ejercicio de los derechos individuales (actuar por fuera de  lo permitido en una licencia ambiental) y la ejecución de conductas prohibidas” 15 […]En lo relativo a los instrumentos internacionales, los cuales constituyen fuente  internacional de responsabilidad para Colombia en materia ambiental, se pueden  mencionar, entre los más importantes y pertinentes, los siguientes El Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, suscrito en Río de Janeiro el 5  de junio de 1992, aprobado por la Ley 165 de 1994y declarado exequible por la  Corte Constitucional mediant e sentencia C-519 de 1994,  […]La Convención Marco de las Naciones  Unidas sobre el Cambio Climático,  suscrita en Nueva York el 9 de mayo de 1992, ratificada por la Ley 164 de 1994 y  revisada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-073 de 1995, consagra  el principio de precaución.

 […]Estas disposiciones de orden interno e internacional constituyen el  fundamento jurídico de la responsabilidad por daño ambiental, del que surge la  obligación para el Estado y para los particulares de evitar lesiones a derechos de  prosapia colectiva que tiene n el carácter de fundamental  y no derechos de  tercera generación, por ende, no inferiores a otro tipo de derechos En el ámbito de la responsabilidad del Estado por afectaciones ambientales existe  una tipología de daños antijurídicos, a sa ber: dañosa un interés colectivo como el  ambiente, y daños particulares y concreto s que nacen como consecuencia de la  lesión ambiental.    En cuanto a los daños colectivos sobre el ambiente.  Según la Corte  Suprema de Justicia  en este caso se trata del perjuicio que recae sobre el  ambiente, esto es, un valor, interés o derecho público colectivo, supraindividual,  cuyo titular es la humanidad o la colectividad en general, no un particular ni sujeto  determinado, esto es, el quebranto afecta , no a una sino a toda s las personas, y  “ exclusivamente el medio natural en sí mismo considerado, es decir, las 'cosas  comunes' que en ocasiones hemos designado  como 'bienes ambientales' tales  como el agua, el aire, la flora y la fauna salvaje. Se trata entonces de aquello que  se ha convenido llamar 'perjuicios ecológicos puros'  “(Geneviève Viney y Patrice  Jourdain.,  Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité , L.G.D.J., Paris,  1998, p. 55; a la locución, "daño ambiental puro” refiere la Ley 491 de 1999, art.  2º, inciso 2º, respecto del “seguro ecológico)”

11.1. Así las cosas, los daños irrogados a un interés colectivo afectan a la  comunidad, pues el menoscabo se materializa sobre derechos de corte inmaterial  cuya titularidad pertenece a toda la colectividad  … al de toda la comunidad, así en forma indirecta afecte a  cada uno de sus integrantes.  Contrario sensu, cuando el daño ambiental, ocasiona también un daño a  intereses singulares, particulares y concretos de un sujeto determinado o  determinable, el menoscabo  atañe y afecta estos derechos, a su titular y su  reparación versa sobre los mismos, o se a, mira al interés particular y no  colectivo. En este supuesto, no se trata de daño ambiental, sino del  detrimento de otros derechos, es decir , la conducta a más de quebrantar  bienes ambientales, lesiona la esfera jurídica individual de una persona o  grupo de personas, ya determinadas, ora determinables. 

12.2. Así las cosas, el  daño ambiental puro es cualquier alteración, degradación,  deterioro, modificación o destrucción del  ambiente (agua, aire, flora), causados por  cualquier actividad u omisión, que supera  los niveles permitidos y la capacidad de  asimilación y transformación de los bienes, recursos, paisajes y ecosistema,  afectando en suma el entorno del ser humano ; mientras que el  daño ambiental  impuro se define como la consecuencia de  la afectación ambiental que repercute  en el entorno de los seres humanos, y supera los límites de asimilación y de  nocividad que pueda soportar cada uno de estos .  1

2.3. Los daños ambientales puros que se  producen sobre los intereses colectivos  son perjuicios especiales, que se concretan  en el menoscabo de un bien jurídico  inmaterial, unitario y autónomo 24 como es el ambiente;  así, las condiciones de la  declaratoria de responsabilidad no so n las mismas que se contemplan  clásicamente para el instituto de la responsabilidad civil, sino que por ser un  perjuicio colectivo: i) las connotaciones del daño ambiental puro conducen a una  transformación del concepto clásico de derecho subjetivo, puesto que no es  menester probar la afectación de un interés particular y concreto, ser la “persona  interesada” sino que, por tratarse  de un derecho colectivo, “cualquier persona” puede ser titular de este derecho  subjetivo supraindividual; ii) el presupuesto de carácter cierto del daño puede no estar presente y el juez contencioso podrá en  sede de acción popular evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la  amenaza, la vulneración de auellos o la restitución del  statu quo anti

Así las  cosas, en materia de daños ambientales puros, el riesgo desplaza la noción de  certidumbre de los “daños consecutivos”,  pues es irrelevante la exigencia de la  lesión efectiva y necesita simplemente la presencia de una señal objetivamente  razonada de amenaza, peligro o riesgo  del derecho colectivo al ambiente.  Por tal razón, cuando se trata de  un daño ambiental puro sin pretensiones  indemnizatorias, que pone en cuestión los derechos colectivos, la acción popular  es la vía procesal idónea para su protección, mientras que en lo relativo a los  daños ambientales impuros, daños que se  suscitan como consecuencia de las  repercusiones de las lesiones ambientales , la acción de grupo y la ordinaria de  reparación directa (medio de control de conformidad con el art. 140 de la Ley 1437  de 2011) son los mecanismos procesal es idóneos para que un individuo o un  sujeto colectivo los ejercite en aras de instaurar sus pretensiones de  indemnización  

Acá he de notar que, aunque las pretensiones con esta tutela no son indemnizatorias y  efectivamente, se trataría de un daño ambiental puro que pone en cuestión los derechos colectivos. No obstante, lo que se reclama es que estos daños ambientales puros tienen conexidad con la vida misma de las generaciones por nacer. . 

Consejo de Estado: - Se exhorta a la Dirección de  Antinarcóticos de la Policía Nacional para que identifique y delimite las áreas  geográficas de aspersión y  erradicación de cultivos  ilícitos y mitigue daños  antijurídicos colaterales a bienes, personas y cultivos cercanos / Exhorto al Gobierno Nacional para  que se aplique principio de precaución / - Se  exhorta a que se estudie la viabilidad  de otras formas de destrucción de  cultivos ilícitos. Por otra, como reparación se parte de establecer una serie de garantías de no repetición.

En el ámbito de la responsabilidad del Estado por afectaciones ambientales existe una tipología de daños antijurídicos, a saber: dañosa un interés colectivo como el ambiente, y daños particulares y concretos que nacen como consecuencia de la lesión ambiental. (…). En cuanto a los daños colectivos sobre el ambiente. Según la Corte Suprema de Justicia en este caso se trata del perjuicio que recae sobre el ambiente, esto es, un valor, interés o derecho público colectivo, supraindividual, cuyo titular es la humanidad o la colectividad en general, no un particular ni sujeto determinado, esto es, el quebranto afecta, no a una sino a todas las personas, y “exclusivamente el medio natural en sí mismo considerado, es decir, las 'cosas comunes' que en ocasiones hemos designado como 'bienes ambientales' tales como el agua, el aire, la flora y la fauna salvaje. Se trata entonces de aquello que se ha convenido llamar 'perjuicios ecológicos puros. (…). Así las cosas, los daños irrogados a un interés colectivo afectan a la comunidad, pues el menoscabo se materializa sobre derechos de corte inmaterial cuya titularidad pertenece a toda la colectividad. (…).

FALLO -REVOCAR  la sentencia proferida el 9 de  agosto de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda, y  en su lugar, decide:  PRIMERO. DECLARAR patrimonialmente responsable  a la Nación - Ministerio de  Defensa – Policía Nacional por los perjuicio s materiales que padeció el señor Luis  Elí Medina, por la destrucción del cultivo  de lulo sembrado en  su propiedad como  consecuencia de las fumigaciones aéreas con  glifosato realizadas por la Policía  Antinarcóticos, la tercera semana de enero de 1999.  

20 de febrero 2014     

Universidad del Rosario: Efectos de la aplicación del daño antijurídico en el marco de la responsabilidad  patrimonial del Estado,

6-  [200-2015]  Pasos de los actos  y el proceso que llevó a la condena de Colombia por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por daños ocasionados en Ecuador

7-  [2003] Tribunal administrativo de Nariño 2003-0645 Como señalado en Carta de la Personera Cabrera (el expediente no está en línea) Radicación de la demanda: Tribunal administrativo de Nariño 2003-0645,. Entidades demandadas: DNE y Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos.//Accionante: Mariana Lucy Cabrera Cabrera, Se vieron afectadas: unas 500 familias pertenecientes a las veredas de Santa Fe, San Miguel, La Palma, La Represa, El Tambillo, Risaralda, Palacinoy, La lnmaculada, San Bosco, Hatillo Buenos Aires, Hatillo Guadalupe, Rosal del Monte, La Sacha, San Ignacio, Granadillo de Lunas y de Chavez entre otras quienes realizaron la evaluación de daños (los perjuicios fueron tasados en 9.368 millones de pesos) con base en la información suministrada por la comunidad y la cuantificación está basada en el Consolidado agropecuario de Nariño para el año 2002 época en la cual se registraron las fumigaciones en Buesaco.

Magistrado Ponente Dr. Hugo Burbano Tajumbina

En marzo 3 de 2003, la Personera Municipal de Buesaco, departamento de Nariño formuló una demanda de grupo contra la DNE y la DIRAN, en la que se solicita condenar a la Nación a cancelar las sumas que se mencionan a continuación, a las familias afectadas por las aspersiones realizadas entre los días 16 a 25 de noviembre de 2002, en el citado municipio y en 25 veredas del mismo. Las respectivas denuncias fueron acopiadas por los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas.

Se indica en la demanda que las fumigaciones se realizaron de manera indiscriminada, afectando con ello 1.169.25 has. en las que se constató que no había plantaciones de uso ilícito. Se agrega que los químicos empleados ocasionaron daños en los cultivos de maíz, café, fríjol, yuca, arracacha, papa, entre otros, los cuales se destinan tanto para autoconsumo como para la comercialización y autoabastecimiento de las poblaciones urbanas del departamento.

Las entidades demandadas en respuesta a la reclamación inicial administrativa rechazan las queja sustentados en que en el Municipio de Buesaco no se presentaron fumigaciones, en at escrito de contestación de la demanda que lo suscribe únicamente la DNE. manifiesta que la demanda es mentirosa y el único móvil de la Personera Municipal es de obtener beneficios económicos.

Para efectos de verificar las quejas se conformó una comisión integrada por la personería, el coordinador de la UMATA y funcionarios de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del Departamento, quienes visitaron las zonas asperjadas y evaluaron los daños producidos. De otra parte, se tuvieron en cuenta los reportes estadísticos de la Secretaria de Salud, en los que se imputa a las aspersiones aéreas las siguientes afectaciones en la salud: “21 casos de dermatitis (crónica y aguda), 12 casos de conjuntivitis, 6 casos de laringitis, 2 casos de reacción tóxica (…)”.niño fumigado

Muy en contra de lo que expresan las demandadas los datos registrados según lo manifestado no fueron un invento de la Personera tal como pretenden hacerlo ver ante el Tribunal.Cabe resaltar que las pruebas que sustentan la demanda que fueron anexadas y solicitadas corresponden a informes oficiales presentados por funcionarios de la Secretaria de Agricultura del Departamento de Nariño, declaraciones extraproceso juramentadas por algunos afectados, y en fin toda la información allí recogida proviene de datos verificados a través de un equipo técnico conformado por la UMATA, Personería, Secretaria de Agricultura Departamental, quienes realizaron la evaluación de danos con base en la información suministrada por la comunidad y la cuantificación esta basada en el Consolidado agropecuario de Nariño para el ano 2002 época en la cual se registraron las fumigaciones en Buesaco.

El Tribunal  Administrativo de Nariño ordenó a la Nación – Ministerio de Justicia y de Derecho – DNE y al Ministerio de Defensa – DIRAN abstenerse de adelantar las fumigaciones en los municipios mencionados; sin atender las previsiones del Ministerio del Medio Ambiente impuestas en el Plan de Manejo Ambiental del 2002. “Fallo  confirmada por el Consejo de Estado en Sentencia de octubre 10 del 2003, y cuyo objeto era suspender las fumigaciones para evitar perjuicios mayores a los moradores de la zona de Nariño se ordena por el Consejo de Estado la erradicación de cultivos de forma manual.” 10 de octubre de 2003

8-  [2003-2016] Acción de Reparación Directa  destrucción total de Granja piscícola – Condena  Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera  Subsección B Radicación Número: 52001 -23 -31 -000 -2003 -01063 -01 (36357)   Actor: Leonardo Fabio Jaramillo Arango y otra  Demandado: Nación - Ministerio De Defensa Nacional - Policía  Nacional y otro.

Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth 

El señor Leonardo Fabio Jaramillo A rango era propietario de una granja piscícola

ubicada en el predio Las Dos Juntas, municipio de Barbacoas - Nariño - , en la cual criaba cincuenta mil (50 000) alevinos de Cachama Negra y Roja, que se encontraban en desarrollo. No obstante, en el mes de abril del año 2003, a raíz de la aspersión aérea de glifosato que realizó la Policía Nacional, fallecieron la totalidad de los peces de la explotación del ahora demandante.

Pretensiones: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ministerio del Medio Ambiente, son responsables administrativamente de todos los daños y perjuicios de tipo moral y material causados a los actores, propietarios del establecimiento comercial reconocido como “Piscícola 3 quebradas” con ocasión de las fumigaciones realizadas en el área rural del Municipio de Barbacoas- Nariño el pasado 10 de abril de 2003 por parte de funcionarios de dichos ministerios. 

Para los actores, “ (...) en el presente caso se presenta un típico caso de DAÑO ESPECIAL, en consideración a que en el caso sub-exámine el daño causado a mis mandantes, resulta antijurídico, porque un grupo de personas, o una sola de éstas, no tiene por qué soportar los daños que se generan con motivo de la defensa del orden institucional, frente a las fuerzas de la subversión. Si bien es cierto el actuar de la administración, en estos casos es LÍCITO, pero ella no libera del deber jurídico de indemnizar los daños que cause tal motivo. En efecto los demandantes Leonardo Fabio Jaramillo Arango y Adriana García Chavarría, no tienen porque (sic) soportar los daños generados a raíz de las fumigaciones adelantadas por el Gobierno Nacional tal como lo consagró el legislador en la ley 104 de 1.993 (...) ”

La demanda fue admitida mediante auto del 6 de agosto de 2003 proferido  por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el cual se ordenó notificar  personalmente a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y a la  Nación-Ministerio del Medio Ambiente (f. 55-57, c. 1). 

El 19 de noviembre de 2004 el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial contestó la demanda y se opuso a las pretensiones allí contenidas (f. 65-71, c. 1). Al respecto, la entidad solicitó que se declarara la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que ninguno de sus funcionarios participó de las fumigaciones, comoquiera que entre sus competencias no se encuentra radicada alguna referente a la erradicación de los cultivos ilícitos del país. Por ello, en su opinión, no se encontraban configurados los supuestos necesarios para declarar su responsabilidad por el daño alegado por los demandantes.

La Policía Nacional también solicitó que se denegaran las pretensiones deprecadas en la demanda (f. 79-84, c. 1). Para el efecto adujo que para configurar la responsabilidad del Estado era preciso que se demostrara que la administración incurrió en un mal funcionamiento en la prestación del servicio, que se causó un perjuicio y que existe una relación entre la actividad del Estado y el daño producido, circunstancia que no aconteció en el presente evento, comoquiera que no se acreditaron los elementos referidos con anterioridad. En ese sentido indicó: “En los procesos de reparación directa, cuando la parte demandante infiere falla en el servicio, y éste es el fundamento para la causación del daño, está en la obligación de probar en qué consintió (sic) la falla originaria del daño y para ello es menester que dentro del proceso se establezca cual es el contenido obligacional del ente demandado para que con base en ello se determine en forma clara mediante prueba conducente a la mencionada falla en el servicio en el libelo demandatorio la que puede tener origen en actividad administrativa, en la no actividad; en la actividad deficiente tardía”.

Durante la oportunidad prevista para el efecto, la parte demandada Nación- Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional presentó sus alegatos de conclusión , mediante escrito en el que reiteró los argumentos que había expuesto al contestar la demanda. Adicionalmente, adujo que “ (...) existen procedimientos que fueron determinados por la ley para establecer si la aspersión aérea de cultivos ilícitos causó daño a la granja piscícola del demandante, situación que deberá probarse con estudios técnicos mas no sólo con simples afirmaciones” (f. 220-223, c. 1). 10.

El Tribunal Administrativo de Nariño emitió sentencia de primera instancia el 18 de julio de 2008, en la que decidió acceder parcialmente a las súplicas de la demanda (f. 226-244, c. ppl.):

PRIMERO.- Declarar probada la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. SEGUNDO.- Declarar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, patrimonialmente responsable por el daño antijurídico causado a Leonardo Fabio Jaramillo Arango consistente en la muerte de los peces que cultivaba en cinco estanques de la granja piscícola de su propiedad ubicada en la quebrada denominada “Las Dos Juntas” del Municipio de Barbacoas-Nariño, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en la parte motiva de este fallo.

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios materiales, a favor del señor Leonardo Fabio Jaramillo Arango-

En primer lugar, a quo consideró que estaba llamada a prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, comoquiera que su objetivo es “ (...) promover el desarrollo sostenible a través de la formulación de políticas, planes y programas ambientales y de recursos naturales renovables, y entre las funciones que le atribuye la ley, no se encuentra la de realizar aspersiones aéreas con glifosato en el País, como medio para erradicar cultivos ilícitos.

En cuanto a la responsabilidad del Estado, adujo el a quo que se había acreditado debidamente que el señor Leonardo Fabio Jaramillo Arango tenía u na granja piscícola en la cual mantenía 50 000 alevinos y que la totalidad de ellos resultaron muertos por envenenamiento, con ocasión de la fumigación aérea con glifosato que la Policía Nacional llevó a cabo el 10 de abril de 200 3. Por ese motivo, consideró que “ (...) están legalmente demostradas las exigencias reclamadas por el artículo 90 de la Constitución para deducir la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Policía Nacional en la causación del daño antijurídico cuya reparación demanda la parte actora. Luego, tiene derecho a la indemnización consiguiente (...) ”

Ahora bien, al no haber prueba del monto de los perjuicios, comoq uiera que no estaba debidamente fundamento el dictamen pericial allegado al expediente, consideró necesario condenar en abstracto

Recurso de apelación (f. 250-253, c. ppl.), en el cual solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se negaran las súplicas consignadas en el libelo introductorio. En su opinión, el Tribunal de primera instancia desconoció el material probatorio obrante en el expediente, pues no tuvo en cuenta que en el informe rendido por la personería de Barbacoas se indicó que no se pudo determinar si el 9 o 10 de abril de 20 03 se llevó a cabo aspersión con glifosato en el área, puesto que, por el contrario, tal actividad se desarrolló en los días 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 16, 17 y 18 del mismo mes y año. Así, concluyó que el hecho dañoso invocado nunca existió, motivo por el cual era improcedente condenar a la Policía Nacional. En su opinión, “[l] a pretensión hubiese tal vez prosperado, si el actor hubiere manifestado que los perjuicios se ocasionaran con las fumigaciones realizadas en el mes de abril” .

Se advierte que las fotos aludidas carecen de valor probatorio toda vez que con éstas sólo se demuestra que dichas imágenes fueron registradas, pero no existe certeza de que las mismas correspondan a los hechos que se presentaron en el libelo introductorio y que hacen parte del conflicto judicial, toda vez que n o es posible determinar cuál es su origen, ni el lugar y época de su registro, en adición a que no fueron reconocidas o ratificadas en testimonios, o confrontadas con otros medios de prueba. . Se prueba la obra y la existencia de la granja piscícola.

TESTIMONIO: preguntado. Manifieste el testigo si tiene conocimiento de quién realizó las fumigaciones en el Municipio de Barbacoas y cuándo se realizaron dichas fumigaciones? contestó. Esas fumigaciones es (sic) por el Gobierno, y allá en ese año, en el 2003, comenzaron a fumigar desde enero, yo me fui de aquí el 06 de enero y a los días de haber llegado comenzaron a fumigar, allá comienzan fumigando Satinga, van subiendo de para arriba hasta que llegan a Barbacoas, y de Barbacoas pasan a Payán. Y en la granja fumigaron el 14 de abril del 2003 a las doce del día. (...) preguntado. Tiene usted conocimiento [de] por qué razón murieron los peces de la granja del señor Leonardo Jaramillo? contestó. Sí, por el veneno que le echaron los de las avionetas” .

Efectos adversos. Tiempo transcurrido entre la aplicación del plaguicida y la aparición del daño: media hora. No. de hectáreas afectadas (por daño cultivo/tallos): 5 estanques piscícolas de 30 mts largo, 10 de ancho y 1,20 fondo. (...) Evaluación del problema por parte del investigador: piscinas envenenadas con glifosato con 50.000 alevinos en proceso de cría.

Acta de Bioma de muestras de agua para aplicación (...) fuente: quebrada x. observaciones: Visita realizada 4 días después de la fecha de las fumigaciones; el propietario liberó las especies moribundas de las piscinas para evitar un alto grado de contaminación en el lugar; también se encontraron restos de alevinos en proceso de descomposición.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de julio de 2008, proferida por el Tribunal  Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, que accedió parcialmente a  las pretensiones de la demanda, la cual será modificada .

Le corresponde a la Sala determinar si la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional es extracontractualmente responsable por los perjuicios causados al demandante Leonardo Fabio Jaramillo con ocasión de la destrucción de los alevinos de cachama que criaba en una explotación piscícola. Para ese efecto, deberá establecerse si el daño se produjo con ocasión de la aspersión aérea que desplegó la entidad demandada en el área con el objeto de destruir cultivos ilícitos. De encontrarse acreditada la responsabilidad del Estado, es preciso liquidar los perjuicios causados, para lo cual se debe tener en cuenta que la parte demandante no apeló la condena en abstracto dictada por el Tribunal a quo .

… según se hable de la legitimación del demandante o del demandado, estamos en presencia de la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, respectivamente. La legitimación en la causa por pasiva, en el proceso contencioso administrativo, necesariamente debe entenderse a la luz del concepto de capacidad para ser parte. En otros términos, la falta de legitimación por pasiva sólo puede predicarse de las personas que tienen capacidad para ser parte en el proceso, y no de los órganos o de los representantes de éstos que acuden al proceso en nombre de la persona jurídica de derecho público. Así, es claro que en los casos en los que se demanda a la Nación, pero ésta no estuvo representada por el órgano que profirió el acto o produjo el hecho, sino por otra entidad carente de personería jurídica, no se está en presencia de falta de legitimación en la causa, sino de un problema de representación judicial

Desde esta perspectiva, por el contrario, estamos ante un problema de falta de legitimación en la causa, cuando se demanda a una persona de derecho público en particular, verbigracia la Nación, y quién debió ser demandado era otra persona, entiéndase un Municipio, un Departamento u otra entidad pública con personería jurídica.

Por ese motivo, se encuentra pertinente señalar que la sentencia impugnada erró al declarar la ausencia de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en consideración a que dicha figura se relaciona necesariamente con la capacidad para ser sujeto del litigio. Así, se advierte que en el sub lite la entidad demandada es la Nación, quien también compareció al proceso a través de la Policía Nacional, dependencia respecto de la cual sí se encontró un vínculo con los hechos que dieron origen a la presentación de la demanda. Por eso, en lo que a ella atañe, no se configuró una falta de nexo jurídico sustancial con el proceso, motivo por el cual de ninguna manera cabría declarar la configuración de la excepción propuesta. 

Superada dicha discusión, recuerda la Sala que el daño antijurídico es aquél que sufre una persona que no se encuentra en el deber legal de soportarlo. La doctrina autorizada se ha pronunciado sobre el concepto del daño, en los siguientes términos:. Concepto del daño; lesión de un derecho; interés legítimo. Daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor crédito, afectos, creencias, etc. El daño supone la destrucción o disminución, por insignificante que sea, de las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo. Su cuantía y la mayor o menor dificultad para acreditarlo y apreciarlo son indiferentes; la ley no las considera.

En resumen, hay daño cada vez que un individuo sufre una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo en su persona o bienes o en las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que gozaba, siempre que estos sean lícitos, aunque esa pérdida, disminución, detrimento o menoscabo no recaiga sobre un derecho de que la víctima sea dueña o poseedora y aunque su cuantía sea insignificante o de difícil apreciación

Ordenamiento jurídico: …el artículo 80 de la Constitución Política consagró que el Estado “(...) deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados ” y, antes de ello, el artículo 16 de la Ley 23 de 1973 había estipulado que: El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que generan contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado.

En este orden de ideas se ha sostenido que los daños al medio ambiente constituyen daños antijurídicos. En palabras de la Subsección: ( ...) el “daño al ecosistema”  , así se configure en desarrollo de una explotación lícita, desde el punto de vista constitucional, tiene el carácter de conducta antijurídica (C.P. arts., 80 y 95-8) y en consecuencia generadora de responsabilidad al punto que la previa obtención del permiso, autorización o concesión del Estado, no comporta impunidad de cara a los daños al ambiente.

Es que, en relación con este y el aprovechamiento y explotación de recursos naturales, la Carta, además de sancionar los comportamientos que infrinjan las normas legales vigentes, ordena al Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y exigir la reparación de los daños causados. Es por lo anterior que la Constitución Política exige al legislador asegurar la efectiva protección del ambiente, mediante la prevención del daño ambiental, esto es, prohibiendo la exploración o explotación ilícita y la efectiva sanción de conductas que generen, en todo caso, daño ecológico daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado.

No obstante, es indispensable distinguir entre el daño causado al medio ambiente como derecho colectivo y aquel de carácter particular y concreto que puede sufrir una persona, natural o jurídica, como consecuencia de la lesión ambiental, pues, se recuerda, sólo este último es susceptible de ser indemnizado por la vía de la acción de reparación directa o de la acción de grupo desarrolla da en la Ley 472 de 1998. Por ello, al demandante en acción de reparación directa - o de grupo- no le basta con acreditar la producción de un daño ambiental, sino que debe demostrar el perjuicio individual que se derivó de aquel, presupuesto fundamental para que prospere su pretensión pues, como se sabe, el daño es el primer elemento necesario para que se estructure la responsabilidad.

[…] 37. En cuanto al régimen de responsabilidad , la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias fácticas acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación.

[…] 38. Pues bien, en asuntos en los que el daño causado deriva de una afección de carácter ambiental y, específicamente, cuando el mismo se produce por la aspersión aérea de glifosato, esta Corporación ha considerado pertinente estudiar la responsabilidad del Estado a partir de distintos títulos de imputación. 

[…] 39. Así, en algunos eventos, cuando de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente es posible determinar que la entidad demandada incumplió , por acción u omisión, alguno de los deberes de cuidado que le eran exigibles al momento de realizar la aspersión aérea del pesticida, se ha preferido acudir al título de imputación de la falla de servicio, teniendo en cuenta que de este modo se cumple una función de diagnóstico de la actuación de la administración, se contribuye a prevenir el acaecimiento del daño antijurídico y se facilita el eventual ejercicio de la acción de repetición. Al respecto, se ha pronunciado esta Corporación en los siguientes términos  [.] La ubicación preponderante del régimen subjetivo de responsabilidad del Estado obedece a que: (i) “... la forma más frecuente de inferir daños a terceros, se da precisamente por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que recaen sobre las autoridades estatales y la violación o desconocimiento de la normatividad legal y los reglamentos que establecen el marco de sus actuaciones” 21 ; (ii) la declaración judicial de que ha habido en un caso concreto una falla del servicio cumple una función de diagnóstico acerca de lo que fue la actuación de la administración; (iii) como consecuencia del reproche y de la sanción a la específica actuación estudiada, en atención a la función pedagógica que compete a las autoridades judiciales, el título de imputación de falla del servicio constituye una admonición para que hacia el futuro se eviten actuaciones que sean susceptibles de condena por parte de las autoridades judiciales; (iv) para efectos de la acción de repetición que se podría ejercer con posterioridad en relación con los funcionarios comprometidos, la falla del servicio constituye el título de imputación que mayor claridad brinda acerca de la actuación que se habrá de juzgar 

[…] Por ejemplo, en un caso análogo al presente, esta Corporación determinó que la Policía Nacional había incurrido en una falla de servicio, en la medida en que incumplió el deber previsto en el artículo 77 de la Ley 30 de 1986 . Se dijo que si bien es cierto que la situación de orden público constituye una circunstancia que justifica que no se adelanten visitas a los predios a fin determinar sus linderos, así como la presencia de cultivos ilícitos, este hecho no significa que el Estado pueda proceder a realizar la aspersión sin antes verificar estos hechos, puesto que para ello cuenta con otros medios, como las fotografías satelitales o las imágenes tomadas desde una aeronave.

[…]Sin embargo, la Sala itera que a partir del marco jurídico que protege al medio ambiente, reglamentación que integra tratados internacionales, normas constitucionales, leyes y decretos sobre la materia, aunque el agente realice una actividad lícita o legítima, al causar un daño ambiental se genera la obligación de reparar.  […]Con todo, aunque la Sala acepta la situación de orden público como una fuerza mayor que impide la visita al predio, lo cierto es que la norma comentada que se acaba de transcribir exige genéricamente “identificar” tanto los linderos del predio como los cultivos ilícitos, tarea que con los medios tecnológicos con los que ahora se cuenta, puede cumplirse sin la necesidad de hacer presencia física en el predio, por ejemplo, con imágenes satelitales o tomadas desde una aeronave.  […]Entonces, más allá de la responsabilidad patrimonial de la demandada que en este caso se configura al haber causado con su actuar los daños ambientales referidos, lo cierto es que al Estado no le está permitido proceder a fumigar un cultivo sin haberlo identificado previamente como ilícito.

[…]Debe, por consiguiente, ilustrarse, desde un punto de vista técnico- científico, si la aspersión aérea representa, o no, peligro real o contingente o agravia el ambiente.

[…]15.12. El Consejo de Estado en providencia del 19 de octubre de 2004 decidió negar una acción popular en la que se solicitaba suspender transitoriamente las fumigaciones aéreas, por considerar que la fumigación de cultivos ilícitos con el herbicida Round - Up Ultra no vulneraba ni amenazaba los derechos colectivos al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y a la conservación de las especies animales y vegetales. (...)

[…]15.14. De esta manera, para el Consejo de Estado obraron pruebas dentro del expediente que permitieron inferir que la fumigación con glifosato, particularmente con Round-Up Ultra, no afectaba los derechos colectivos, pero al mismo tiempo acepta “ que de todos modos hay afecciones que se causan, pero que no alcanzan la gravedad que señala la parte actora ” (eiusdem)

[…]5.15. La decisión de la referida acción popular se apoyó en varios documentos arrimados al proceso, en relación con las cuales podría concluirse que las erradicaciones aéreas con glifosato no causan un daño notable al ambiente ni a la salud humana. Entre los más destacados, se pueden mencionar los siguientes: i) “ El informe de Especificaciones y Evaluaciones de la Fao para productos de protección vegetal”, en el que se concluye que los componentes del glifosato, respecto de ciertos animales de laboratorio, posee toxicidad baja en estos, y que no hay prueba de efectos cancerígenos en los humanos; ii) el trabajo “Criterios de Salud Ambiental para Glifosato”; iii) el estudio “Evaluación de la seguridad y el riesgo para humanos del herbicida Round - up y su ingrediente activo glifosato”; iv) la investigación elaborada por la Clínica Toxicológica Uribe Cualla, trabajo titulado “Estudio retrospectivo acerca de los posibles efectos sobre la salud humana por exposición a glifosato en la aspersión aérea del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos y/o por exposición de plaguicidas empleados en el desarrollo del cultivo de la coca en el Departamento del Putumayo en los Municipios de Orito, la Hormiga y San Miguel” ¿Significa esto que con el informe del IARC 2015 en el que se señalan PUREBAS CONVINCENTES de cáncer en animales cambia la perspectiva del derecho frente a este daño? 

[…]Una vez se precisa la incertidumbre científica del riesgo es menester confirmar si existen estudios científicos que permitan arrojar una duda razonable, una hipótesis que verifique la existencia del riesgo que representa la aplicación de la tecnología en el medio ambiente o en la salud.  […]Esta evaluación del riesgo supone que “existen evidencias científica s de que un fenómeno, un producto o un proceso presentan riesgos potenciales a la salud o al medio ambiente, pero es as evaluaciones científicas no son suficientes para establecer con precisión ese riesgo. Y es que si no hay evidencias básicas de un riesgo potencial, no puede arbitrariamente invocarse el principio de precaución para inhibir el desarrollo de ciertas prácticas comerciales o investigativas”.

[…]En ese orden de ideas no es suficiente con que exista incertidumbre sobre la ocurrencia del daño, a ello debe sumarse que el riesgo sea evaluado científicamente y no sea producto de simples conjeturas, para lo cual habrán de identificarse las posibles consecuencias negativas. No basta con señalar que la aplicación de un producto, proceso, actividad o tecnología pueden causar graves daños ambientales, ello debe acompañarse de una descripción de los eventuales daños, descripción a la que se llega luego de la correspondiente investiga ión.

[…]El Instituto Colombiano Agropecuario señaló que el glifosato aplicado sobre cualquier tipo de material vegetal causa su efecto herbicida (Folios 657 a 659 del cuaderno No. 2) esto es, no sólo afecta el cultivo ilícito, también las plantas y demás especies vegetales con las que haga contacto [...] […]Según lo expuesto, se encuentra plenamente establecido que existen evaluaciones científicas del riesgo de daño s por la aspersión con glifosato en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, acaeciendo el segundo presupuesto exigido para establecer si la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes contradice el principio de precaución.  […]15.17.1.1. En cuanto a la identificación de un riesgo grave e irreversible por aspersión aérea con glifosato, la Sección Primera resaltó: Se trata de cualificar los posibles daños que pueda causar la actividad antrópica, esto es, si el riesgo reviste el carácter de grave o irresistible según lo manifestaron quienes encontraron riesgos para la salud y el medio ambiente, debido a la fumigación aérea con glifosato en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, en ese sentido la defensoría del pueblo subrayó: “En consecuencia, este programa amenaza los derechos de miles de habitantes de las zonas fumigadas a gozar de un ambiente sano, a la salud y a la vida, así como los derechos de los niños”

[…]Todo lo anterior demuestra que de concretarse el riesgo los daños serían graves, esto es, su intensidad haría que el menoscabo del medio ambiente fuera significativo y en consecuencia irreversible dadas las especiales características ambientales de estas zonas de tanta importancia, en otras palabras, el bien jurídico que se busca tutelar se vería menguado hasta el punto de que sería improbable que volviera a ser el mismo o alcanzara en algún grado el estado anterior luego de sufrir el perjuicio.

[…]5.17.1.2. En suma, en las conclusiones, la Sección Primera sostuvo lo siguiente: se pudo verificar que la actividad de aspersión aérea con glifosato en el Sistema de Parques Nacionales Naturales conlleva un riesgo potencial al medio ambiente, riesgo sobre el cual existe incertidumbre científica cuya potencialidad ha sido evaluada científicamente, de tal forma que puede cualificarse como grave e irreversible [...] En artículo reciente sobre estudios adelantados en la República de Ecuador 15.18.2.1. En lo relativo a las afectaciones ambientales por glifosato, el estudio confirmó: (...) No obstante, aunque estos mecanismos de degradación evitan la acumulación eventual del glifosato en el ambiente, existen otros factores de riesgo asociados al proceso de aplicación de la formulación. En primer lugar, en el caso de la aspersión aérea, desde el punto de vista ambiental puede darse una imprecisión del área objetivo.

[….]Adicionalmente puede presentarse deriva en la aspersión, principalmente a causa del viento, haciendo que ésta afecte también organismos que no son blanco de fumigación. Es así como, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo y de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), se han reportado cerca de 8.000 quejas, de las cuales el 87% corresponde a daños en la vegetación Las otras, referentes a problemas de salud humana y animal atribuidos por sus denunciantes a la aplicación del glifosato, requieren una justificación científica que aún no se tiene [...] [se destaca]

[…]5.18.2.2. Finalmente, en el asunto relativo a la toxicidad se dijo: De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, según sus siglas en inglés), el glifosato se encuentra clasificado en el grupo D, es decir que “no es considerado un carcinógeno para el hombre” 34 . Es así como, según los resultados obtenidos en varios ensayos de mutación en bacterias in vitro, el glifosato técnico no es mutagénico. Igualmente, se ha probado que en ensayos realizados in vivo en células de médula ósea, no existen eventos genotóxicos cuando éstas se exponen al glifosato. Sin embargo, investigaciones adelantadas por Bolognesi 35 y Lioi indican que tanto el glifosato como las formulaciones que lo contienen pueden causar alteraciones citogenéticas – cambios en las células o sus cromosomas – . Es así como se ha visto un aumento en los niveles de daño del ADN y un incremento en las alteraciones cromosómicas en células de ratón, al exponerlo a diferentes concentraciones de glifosato y de la formulación Roundup. Adicionalmente, trabajos realizados en linfocitos de origen animal dan evidencia de un aumento en el porcentaje de células aberrantes, así como en la frecuencia de rupturas en los cromosomas, después de la exposición al compuesto. 

[….]15.18.3. La Universidad Nacional en un estudio titulado “Observaciones al Estudio de los efectos del programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente” 38 , que se publicó el 11 de mayo de 2005, concluyó: Una de las principales críticas en este sentido se relaciona con el hecho de que, de acuerdo con los resultados de Solomon y colaboradores, el glifosato afectaría de manera específica únicamente a los cultivos de coca y de ninguna manera a otras especies vegetales. Sin embargo, hasta donde se sabe, el principio activo del glifosato (la isopropilamina) no tiene efectos especie-específicos, como se desprende de los resultados del trabajo mencionado. Incluso, en el documento: “Informe de Temas Relacionados con la Erradicación Aérea de Coca Ilícita en Colombia” publicado por la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley (INL) del Departamento de Estado (septiembre de 2002.), se re conoce que “el glifosato es un herbicida efectivo de amplio espectro, y por lo tanto se espera un riesgo para las plantas no objetivo fuera de la zona de aplicación.

[…]15.18.3.1. Jeremy Bígwood, Asesor Técnico para el Ministerio del Ambiente de l Ecuador, en un “Resumen breve de la literatura científica con respeto a los efectos nocivos de formulaciones que contienen glifosato en biotas acuáticas y suelos” 40 , publicado en 2005 por la Universidad Nacional, concluyó: [E]s muy probable que por lo menos algunos de los ingredientes de las formulaciones utilizadas en Colombia causen efectos nocivos en las biotas acuáticas, incluyendo peces, anfibios e insectos, así como en el contenido y función de los suelos [...] la fumigación fácilmente puede eliminar toda una nueva especie sin darnos cuenta siquiera de que han existido. Este hecho claramente puede amenazar la futura explotación del Ecuador de su propio patrimonio, en biota y biodiversidad. (...) .

[…]15.19. De acuerdo con los anteriores estudios científicos referenciados, tenemos que la fumigación aérea con glifosato es una actividad que engendra un riesgo para el ambiente, por lo cual al Estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo de sustancias que opera, obligación que se origina del poder de instrucción, dirección y control del cual está investido; en consecuencia, es pertinente analizar el sub lite a partir del título de imputación del riesgo excepcional, el cual se enmarca en la responsabilidad objetiva del Estado.

 […]Los antecedes expuestos le permiten a la Sala determinar, sin lugar a dudas, que el empleo del glifosato como medio policivo para erradicar cultivos ilícitos constituye una actividad riesgosa, comoquiera que, por sí misma, tiene la potencialidad de producir daños ambientales indiscriminados, susceptibles de causar también perjuicios individuales, así como de eventualmente dañar la integridad física de los habitantes del territorio nacional. 

[…]. Por ese motivo, a la entidad creadora de la actividad peligrosa le corresponde reparar los daños antijurídicos causados por la configuración del riesgo excepcional que ésta entraña, sin que sea necesario acreditar dentro de l plenario que incumplió los deberes de cuidado que le eran exigibles

[…]. En el caso concreto, advierte la Sala que en el plenario no hay elementos suficientes para estudiar la responsabilidad del Estado con base en el título de imputación de la falla de servicio. En esa circunstancia, se considera prudente aplicar un régimen de responsabilidad de carácter objetivo, bajo el título d e imputación de riesgo excepcional, según los parámetros antedichos.

[…]…considera la Sala que con el fin de establecer la responsabilidad del Estado es irrelevante la fecha exacta en la cual se produjo la operación de aspersión del glifosato, pues lo cierto es que el 14 de abril de 2003, con la visita a la granja piscícola de los funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, se pudo comprobar, sin asomo de dudas, que esta sustancia fue efectivamente esparcida en la explotación agrícola del señor Jaramillo y que ella fue la causante de la mortandad de los peces, sin que pa ra este efecto importe que la operación aérea se hubiera adelantado el mismo día, o cuatro días antes.  […]59. En ese orden de ideas, concluye la Sala que a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional le es imputable el daño antijurídico que sufrió el demandante como consecuencia de la ejecución de una operación aérea de aspersión de glifosato, teniendo en cuenta que se pudo determinar que dicha actividad comporta un riesgo excepcional que debe ser reparado. Por ese motivo, se procederán a liquidar los perjuicios causados.  […] es preciso confirmar la condena en abstracto en los términos descritos en la sentencia de segunda instancia. 

El daño antijurídico es aquél que sufre una persona que no se encuentra en el  deber legal de soportarlo. […] Concluye la Sala que a la Nación-Ministerio de  Defensa Nacional-Policía Nacional le es imputable el daño antijurídico que sufrió  el demandante como consecuencia de la ejecución de una operación aérea de  aspersión de glifosato, teniendo en cuenta que se pudo determinar que dicha  actividad comporta un riesgo excepcional que debe ser reparado

[…]FALLA PRIMERO: DENEGAR la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación-Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR por las razones expuestas en la presente providencia la sentencia del 18 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.     

9-  [2004-2017] Radicación número: 52001-23-31-000-2006-00435-01(38040) Acción de Reparación Directa  Actor: Luis Carlos Marulanda Lotero - Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Otros

Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

El señor Luis Carlos Marulanda Lotero desde el 31 de mayo de 2000 es propietario del predio “El Yarumo” de la vereda Las Acacias, del municipio de Orito (Putumayo), Es así como, trimestralmente se producían aproximadamente 10.000 plántulas, las cuales eran utilizadas por el demandante para la venta con el fin de fomentar el cultivo de pimienta en la región, el cual se ejercía a través de la Asociación ACPIGAPIA y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – CORPOAMAZONIA.

El 20 de mayo de 2004, la Policía Antinarcóticos fumigó el cultivo de pimienta de propiedad del señor Luis Carlos Marulanda Lotero, razón por la cual presentó el 3 de junio del mismo año, una queja por los daños causados a su plantación por la aspersión aérea con el herbicida glifosato. Es así como, el 4 de junio del mismo año, funcionarios del ICA – UMATA hicieron la verificación preliminar de los daños presuntamente causados al cultivo de pimienta por la aspersión aérea con el herbicida glifosato.

Finalmente, por medio de oficio del 9 de septiembre de 2004 la Dirección Antinarcóticos – Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos le comunicó al señor Marulanda Lotero de la admisión de la queja por la aspersión realizada a la plantación de pimienta de su propiedad

En escrito radicado el 10 de marzo de 2006, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A. a través de apoderado el señor Luis Carlos Marulanda Lotero, presentó demanda para que se declarara responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos – Dirección Nacional de Estupefacientes, como consecuencia de la aspersión con el herbicida - glifosato efectuada el 20 de mayo de 2004 en el cultivo de pimienta del demandante.

Mediante auto del 16 de marzo de 2006 el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la demanda, dispuso que se notificara a la parte demandada y fijó en lista el asunto.

Así pues, a través de escrito del 4 de septiembre de 2006 la apoderada de la Dirección Nacional de Estupefacientes contestó la demanda, en la que propuso como excepciones, el hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, y la innominada.

Por su parte, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, dio contestación al escrito demadatorio el 19 de septiembre de 2006 en donde manifestó que para endilgarle responsabilidad al Estado se deben demostrar los tres elementos que para el efecto ha establecido la jurisprudencia constitucional y que en el presente caso “pretenden comprometer la responsabilidad de miembros de la Policía Nacional, en los hechos de la demanda. Pero deberá probarse de manera fehaciente la responsabilidad del accionar de los miembros de la Policía en el resultado dañoso, ya que de no ser así, no se podrá condenar”.

El 29 de octubre de 2008 el apoderado de la Dirección Nacional de Estupefacientes presentó sus alegaciones finales en donde reiteró los motivos, fundamentos y soporte normativo expuestos en la contestación de la demanda y además precisó, que la entidad demandada no había ejecutado directamente la labor de aspersión del herbicida, y por el contrario, solo era el encargado de establecer las políticas al respecto. Finalmente, mencionó que en caso de que se considerara que se le había causado un daño al demandante, este no había logrado demostrar el monto del perjuicio causado.

[…]Copia del informe de visita técnica del 18 de julio de 2005, realizada por el Técnico de Familias Guardabosques – Acompañamiento Técnico Ambiental – CORPOAMAZONIA al cultivo de pimienta del señor Luis Carlos Marulanda Lotero, en el que se indicó que en el mes de mayo de 2004 se habían realizado fumigaciones aéreas de la vereda Las Acacias del municipio de Orito (Putumayo), que el cultivo de pimienta beneficiaba directamente a 6 familias y que el 8 de julio de 2005 se realizó una inspección ocular al cultivo de pimienta del demandante al ser beneficiario del programa Familias Guardabosques.

Fotografías de un cultivo de pimienta, respecto de las cuales no se tiene certeza de su procedencia o ubicación, y se encontran completamente descontextualizadas de los hechos que originan la demanda y testimonios varios.

En sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño  el 30 de octubre de 2009 declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo Nacional de Estupefacientes, declaró a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos patrimonialmente responsable del daño antijurídico causado al demandante por la afectación del cultivo de pimienta de su propiedad y en consecuencia, condenó a la demandada al pago de los perjuicios materiales que resultaran probados de la liquidación incidental que se efectuara. 

Problema jurídico: El problema jurídico que se plantea la Sala consiste en determinar si hay lugar a imputarle responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos – Dirección Nacional de Estupefacientes, por los daños ocasionados al demandante como consecuencia de la aspersión aérea efectuada el 20 de mayo de 2004 con el herbicida glifosato al cultivo de pimienta de su propiedad

4. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración. El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración […]La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, el régimen común de la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

4.1. Responsabilidad del Estado por daños ambientales y ecológicos. Se trata de un régimen de responsabilidad que tiene su fundamento en una norma pre-constitucional como es el artículo 16 de la Ley 23 de 1973, y cuyo sustento en la Carta Constitucional se encuentra en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 90 y 334. Se trata de encuadrar la responsabilidad patrimonial del Estado tanto por los daños ambientales, como por los daños ecológicos que se produzcan por la acción, actividad, omisión o inactividad. 

El Magistrado Ponente desarrolla de forma exhaustiva los conceptos de  daños ambientales y ecológicos y las actuaciones de la Corte que los fundamenta.  Se trata de un régimen de responsabilidad que tiene su fundamento en una norma pre-constitucional como es el artículo 16 de la Ley 23 de 1973, y cuyo sustento en la Carta Constitucional se encuentra en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 90 y 334. Se trata de encuadrar la responsabilidad patrimonial del Estado tanto por los daños ambientales, como por los daños ecológicos que se produzcan por la acción, actividad, omisión o inactividad.

Cuando se trata de la responsabilidad por daños ambientales y ecológicos debe precisarse:

(1) La contaminación como fenómeno es el supuesto fáctico del que se hace desprender la concreción dañosa en derechos, bienes e intereses jurídicos;

(2) La contaminación en sí misma no es asimilable al daño ambiental y ecológico, ya que se comprende que en la sociedad moderna a toda actividad le es inherente e intrínseca la producción de uno o varios fenómenos de contaminación, al ser objeto de autorización administrativa y técnica en el ordenamiento jurídico;

(3) La contaminación desencadena un daño ambiental cuando produce un deterioro, detrimento, afectación o aminoración en la esfera persona o patrimonial de un sujeto o sujetos determinables;

(4) Se produce dicho daño ambiental cuando los derechos, bienes e intereses resultan cercenados o negados absolutamente [destrucción de un predio o de un bien mueble como consecuencia de una contaminación hídrica o atmosférica], o limitados indebidamente (v.gr., se obliga a una destinación natural y productiva diferente al uso del suelo de un predio, o las limitaciones a sus propiedades para poder seguir desarrollando una actividad productiva o agrícola en el mismo volumen o proporción), o cuando se condiciona el ejercicio [v.gr., cuando sujeta el uso y goce de un predio a una descontaminación o a un proceso de recuperación ambiental antes de retomar o seguir su uso natural y ordinario];

(5) Cuando se trata de la realización o ejecución de obras públicas o la construcción de infraestructuras el daño ambiental puede concretarse en la afectación del uso normal de los bienes patrimoniales, o en la vulneración de un bien ambiental, de los recursos naturales, del ecosistema, de la biodiversidad o de la naturaleza;

(6) De un mismo fenómeno de contaminación, o de la concurrencia de varios de ellos se pueden producir tanto daños ambientales, como daños ecológicos, esto es, aquellos que afectan a bien (es) ambiental (es), recurso (s) natural (es), ecosistema (s), biodiversidad o la naturaleza;

(7) La concreción de los daños ambientales y ecológicos puede ser histórica, instantánea, permanente, sucesiva o continuada, diferida.

Legalmente, el artículo 4 de la Ley 23 de 1973 entiende “por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o particulares” [en similares términos el artículo 8.a, inciso segundo del Decreto 2811 de 1974].

Por lo anterior, es necesario examinar qué daños ambientales y ecológicos se produjeron como consecuencia de la contaminación, [v.gr., por el desarrollo de obras o infraestructuras hidráulicas, de la insuficiencia de estas, o del indebido funcionamiento de las mismas, supuestos que deberán ser examinados al interior del análisis procesal que se curse ante el juez de primera instancia]. La determinación de los daños ambientales y ecológicos, como sustrato mínimo para el cómputo de la caducidad es también compleja, por lo que se exige una delimitación inicial de cada una de estas modalidades de daños.

En ese sentido, el daño ambiental se define como “las alteraciones, efectos nocivos o molestias causadas a los bienes materiales o de recursos, a la salud e integridad de la personas, así como a las condiciones mínimas para el desarrollo y calidad de vida, y que pueden limitar el ejercicio de determinados derechos [vgr. derecho de propiedad]”. Se comprende, también, que el daño ambiental es “toda agresión derivada de la actividad humana en el medio natural, que causa como consecuencia la modificación o alteración en los bienes y recursos disponibles, o efectos nocivos en la salud e integridad de las personas”

En tanto que el daño ecológico se define como la “degradación, deterioro o modificación del medio natural causada como consecuencia de cualquier tipo de actividad. La nota distintiva de esta definición se encuentra en que no esta referida a interés individual o humano alguno, sino que se enfoca hacia la tutela del medio natural en su conjunto, como interés independiente de aquel”. Dicho daño, para complementar su definición, comprende la “destrucción de especies, la degradación de los recursos naturales (agua, aire, flora), la alteración de las condiciones de los suelos, el deterioro y la modificación de los sistemas ambientales en la que se integran”.

Con referneica al caso del Relleno Doña Juana  señala que “adecua la falla del servicio por haber faltado al principio de prevención, “porque el carácter experimental del sistema bajo el cual se operaba el relleno, requería por este motivo una atención mayor del operador y una supervisión intensa por parte de la autoridad administrativa

 Hace referencia el Magistrado Santofimio a dos sentencias [Consejo de Estado, Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 22060 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, expediente 29028.]  y refiere que “Con relación a la imputación, las anteriores sentencias son dispares porque en la primera se conjuga una especie de adecuación en un daño especial, con una falla en el servicio por no haber determinado que la zona donde se asperjó el herbicida había cultivos lícitos, en tanto que en la segunda se apeló al riesgo excepcional al considerarse la erradicación de cultivos ilícitos como una actividad riesgosa o peligrosa”. 

4.2. Responsabilidad del Estado en los casos de aspersión con herbicidas – Glifosato Haciendo referencia a los derechos y obligaciones del CNE frente a la fumigaciones, refiere que, “la Sala considera necesario referirse a la capacidad, vocación o potencialidad de daños y efectos nocivos del “glifosato” empleado en las actividades de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos, para lo cual, trae a colación en primer lugar, una providencia de Sala Plena de fecha 19 de octubre de 2004 [2001-0022-02 (AP ] en la que se consideró que: sintetizando, “para ese momento se juzgó que no existía “peligro de daño irreversible y grave”, por el contrario se invitó a las autoridades competentes a cumplir el Plan de Manejo Ambiental y a seguir los estudios para precisar los efectos derivados de la aspersión”.  Hace un compendio de las acciones de reparación instauradas por daños ocasionados por las operaciones de fumigación. 

Con base en los razonamientos expuestos, la Sala con arreglo al criterio jurisprudencial descrito encuentra acreditada la falla del servicio así:

(i) Que el daño antijurídico se hizo consistir en la aminoración, detrimento y deterioro de los cultivos, suelos y predio del demandante, con vulneración del derecho de propiedad tanto en su función social, como ecológica, y en la indebida restricción a la libertad de la actividad productiva amparada convencional y constitucionalmente, así como a la tutela eficaz del ambiente en la esfera de la calidad que debe proveerse para el disfrute de los bienes. Se trató, por lo tanto, de la concreción de un típico daño ambiental;

(ii) Dicho daño es imputable con base en el fundamento de la falla en el servicio, puesto que se demostró que se incumplieron, omitieron y fue inactivo el Estado al momento de sujetarse a los estándares, criterios y exigencias técnicas y legales previstas en la Ley 30 de 1986, en los reglamentos expedidos para la realización de las aspersiones con herbicidas [dentro del “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos], y en las exigencias convencionales, concretadas (a) en la indebida, insuficiente e inexistente identificación y delimitación de las áreas de aspersión; (b) la inobservancia del Plan de Manejo Ambiental; (c) el incumplimiento de las medidas de contingencia y de revisión posterior de las áreas colateralmente afectadas con la aspersión para la realización las tareas de restauración o recuperación, entre otras; (iii) Se reconocieron los perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, ordenándose su liquidación en abstracto mediante incidente teniendo en cuenta criterios como el del área cultivada, el valor de la descontaminación del mismo, los valores de producción certificados para la época de los hechos, entre otros.

4.3. Consideraciones convencionales y constitucionales respecto a la política de erradicación de los cultivos ilícitos en Colombia.

La Corte Constitucional en su jurisprudencia plantea a debate la tensión entre la prohibición, restricción por un lado, o la autorización del uso del método de aspersión aérea con empleo del herbicida glifosato.

La Corte plantea, inicialmente, que la “utilización de sustancias químicas potencialmente tóxicas como única forma de combatir los cultivos ilícitos” demuestra que “la política de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión con glifosato no solo puede llegar a afectar la salud de las comunidades y sus formas de producción agrícola tradicionales sino que las condena a la pobreza, a la violencia y a la marginalidad, al dejarlas sin opciones de etno-desarrollo y con afectación del medio ambiente.. Siguiendo el anterior argumento, la Corte Constitucional considera que la tensión entre el riesgo de combatir el narcotráfico justicia el uso del anterior método durante dos décadas, con lo que se amenaza “la salud humana y el medio ambiente de las comunidades”, pese a que no se cuenta con la delimitación clara de las zonas donde debe aplicarse “cuyos efectos no puede ser controlados y tampoco han sido estudiados con rigor en el país”

Para la Corte Constitucional se han podido constatar una serie de irregularidades, omisiones e incumplimientos por parte de la administración pública competente, en especial por las imprecisiones en el proceso de georeferenciación, “por la dificultad de controlar dónde cae exactamente el herbicida asperjado por el avión, o por la cercanía y, en muchas ocasiones, mezcla de cultivos lícitos con cultivos ilícitos”, afectándose los predios, cultivos y animales de comunidades en diferentes lugares del país, e incluso generando el “desplazamiento silencioso” expresado en dos ámbitos: “(a) en primer lugar, está el impacto directo sobre los cultivos ilícitos que constituye el soporte de la subsistencia de los pueblos indígenas. Producto del daño sobre sus cultivos, algunas comunidades se han visto obligadas a desplazarse para buscar otros lugares en los cuales puedan cultivar o encontrar otras fuentes de empleo para garantizar su alimentación; (b) en segundo lugar, las comunidades también denuncian que hay una desconexión evidente entre las políticas de fumigación y los procesos de sustitución voluntaria de cultivos”

Por lo tanto, el problema no es la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato que voluntariamente determinó el Gobierno Nacional, sino que, es necesario dar cumplimiento a las exigencias, obligaciones, deberes, procedimientos y especificaciones técnicas fijadas desde la Ley 30 de 1986, en las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, y en las Resoluciones 1065 de 2001 y 1054 de 2003 que regulan el Plan de Manejo Ambiental exigible durante este tipo de operaciones. Según la Corte Constitucional, la administración pública debe evaluar “la forma en que viene diseñando y ejecutando la política pública de fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos conforme a los últimos hallazgos científicos en la materia”, ya que en las normas y reglamentaciones señaladas se determina que se puede emplear el método más adecuado científicamente.

Por lo tanto, siguiendo el discurso de la Corte Constitucional, “resulta necesario explorar y encontrar formas alternativas de erradicación y sustitución de cultivos, y que tal tarea se ejecute en zonas claramente delimitadas y con realización de consulta previa cuando dichas actividades se desarrollen en territorios de comunidades étnicas, ya sean indígenas, afrocolombianas o campesinas, en todo caso con respeto de los Tratados Internacionales, la Carta Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

La suspensión en criterio de la Corte Constitucional adoptada por el Gobierno Nacional desde 2015 en aplicación del principio de precaución y con base en el informe de la OMS, “impone la implementación de una nueva política pública respetuosa de los derechos humanos, del medio ambiente y su entorno, así como del principio de diversidad étnica y cultural, que le corresponde observar en primer lugar al Gobierno nacional a la hora de diseñar la política antidrogas, máxime cuando la suspensión de las aspersiones aéreas fue impulsada y avalada tanto por el Ministerio de Salud como por la ANLA, en beneficio de los derechos fundamentales de todos los colombianos”.

En la reciente sentencia de la Corte Constitucional T-236 de 2017 se considera necesario limitar la aplicación del principio de precaución cuando se rata de determina si la aspersión con el herbicida glifosato entraña una amenaza de producir un daño:

(i) En primer lugar, sostiene que este “principio requiere la consideración de varios factores relacionados no solo con la existencia de un riesgo, sino con el grado de certidumbre del mismo, su magnitud, la confiabilidad de la evidencia científica asociada, la respuesta regulatoria ya adoptada por las autoridades, el cumplimiento de las regulaciones existentes y otras consideraciones de relevancia constitucional”;

(ii) Este principio, además, “no equivale a una presunción iuris tantum de que la actividad es dañina y por lo tanto debe prohibirse”;

(iii) Por el contrario, dicho principio “tiene una complejidad considerable, que debe ser tenida en cuenta al momento de aplicarlo a un caso concreto que […] tiene graves implicaciones no solo para la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, sino también la seguridad nacional y la lucha contra las drogas ilícitas”

A lo que se agrega que la forma en que se ha reglamentado la política pública de erradicación de los cultivos ilícitos se ha degradado desde su base al desarrollarse normativamente mediante resoluciones, cuando debía haberse regulado mediante leyes ordinarias, que doten de seguridad jurídica y se sujeten a los estándares convencionales y constitucionales, por lo que no puede creerse que con la aplicación del principio de precaución se vaya a resolver una problemática que ya ha desencadenado efectos nocivos, pero sobre los que persiste una serie de situaciones o hechos que implican una incertidumbre al momento de su tratamiento, de su anticipación y de su gestión por parte de la administración pública competente, en este caso para monitorear, seguir, vigilar y ejecutar el “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos” aplicando el método de la aspersión con el herbicida glifosato.

Luego, el papel del juez, constitucional, administrativo u ordinario, no puede ser orientarse por regla general a la prohibición o suspensión de una actividad de este tipo, sino de establecer proporcional y razonablemente si hay lugar a exigir una evaluación del riesgo y la adopción de medidas de gestión ante la incertidumbre, o suspender para recabar la información científica y técnica que dote a la administración pública de más elementos de sustento para la decisión que deba adoptarse, para que en todo caso entender que las medidas que se decidan por parte del juez sean provisionales y no permanentes, ya que de nada sería útil inhibir el desarrollo de soluciones, o la operatividad de las evoluciones de la ciencia y de la técnica..

Es esencial, según la Corte Constitucional, que la implementación y ejecución del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos no puede sobrepasar como límite permisible o tolerable socialmente que afecte o condicione el disfrute y aprovechamiento de los cultivos de alimentos, de las explotaciones económicas de animales, o de otros provechos de los que se haga depender la subsistencia de comunidades o personas en las áreas en donde se realicen las operaciones aéreas de aspersión, especialmente con el herbicida glifosato. Esto tiene sustento convencional en lo consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tutela el derecho de propiedad en su dimensión comunal, de arraigo, tradición y subsistencia, como de los artículos 10 y 11 del Pacto Adicional a la Convención Americana de San Salvador de 1977, que comprenden la tutela del derecho a la salud y a la protección del ambiente en donde puedan vivir y desarrollarse las mismas comunidades y personas. Lo anterior se corresponde, además, con el derecho convencional a la seguridad alimentaria que ha sido reconocido por las Naciones Unidas en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Lo anterior implica que convencional y constitucionalmente la erradicación de los cultivos ilícitos no se agota en una dimensión policiva, exigiéndose una comprensión social “en donde se contemplen soluciones sociales que amparen los derechos de las comunidades étnicas, sus medios de subsistencia y sus tradiciones, y sean respetuosas y favorables con el medio ambiente”, o con cualquier persona o comunidad que pueda ver cercenada o indebidamente limitada su seguridad alimentaria, su pleno ejercicio del derecho de propiedad, la calidad de vida y el derecho a la salud..

Se encuentra probado que el demandante tenía en el predio de su propiedad un cultivo de pimienta. Así mismo, se encuentra acreditado que el día 20 de mayo de 2004 se efectuó una aspersión aérea con glifosato por parte de la entidad demandada. Consecuentemente a la realización de la fumigación con el herbicida glifosato, se evidenció que el cultivo de pimienta de propiedad del señor Marulanda de una extensión de hectárea y cuarto, ubicada en la jurisdicción del municipio de Orito (Putumayo), vereda Las Acacias, se había afectado en su totalidad. //Por lo antedicho, la Sala considera que en los hechos ocurridos el 20 de mayo de 2004 se produjo un daño antijurídico que el demandante no estaba llamado a soportar como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria, en atención a que vio afectado su derecho al trabajo. // De ahí que, le corresponde a Sala establecer si el daño antijurídico causado al demandante con ocasión de la pérdida del cultivo de pimienta del señor Luis Carlos Marulanda como consecuencia de la aspersión aérea con glifosato realizada por parte de la Policía Nacional el 20 de mayo de 2004, le es imputable a la entidad demandada, o si por el contrario, se le debe exonerar de toda responsabilidad. 

Según testimonio del Presidente de la Junta de Acción Comunal de La Vereda las Acacias al Personero Municipal de Orito, También doy a conocer que este cultivo en mención fue fumigado en su totalidad, es de aclarar que a los alrededores no hay presencia de cultivos ilícitos y que esta información era de pleno conocimiento de las autoridades competentes, de lo cual el propietario tiene constancia basadas en fotografías y videos, porque este cultivo se sembró inicialmente con el animo (sic) de que fuese una alternativa para los cultivos ilícitos y ha sido un espejo para las comunidades de la región. (…)”

Asimismo Que el día 8 de julio de 2005 se realiza visita de inspección ocular por parte de un técnico del Programa Familias Guardabosques CORPOAMAZONIA oficina  Orito, con el fin de georeferenciar, verificar y evaluar el estado fitosanitario cultivo de pimienta, ya que el señor Luis Carlos Marulanda Lotero es beneficiario del Programa Familias Guardabosques y solicitó visita de inspección técnica al coordinador de Acompañamiento Técnico Ambiental. Que de la visita de inspección técnica se obtiene la siguiente información:  (…) En el área se observan algunos tutores, aun en pie, que sostienen plantas relicto de cultivo de la pimienta, las cuales presentan estado de marchitamiento y necrosis (Punto de Marchites Aparente – PMA y Puntos de Marchites Permanentes).  En la zona existen proyectos productivos lícitos y no se observan cultivos de ilícitos en sus proximidades.

Lo que antecede permite concluir, que en el presente caso la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos efectuó un operativo para asperjar cultivos ilícitos y como resultado de esta actividad se afectó el cultivo de pimienta de propiedad del demandante con el herbicida glifosato, siendo relevante señalar, que no se llevó con el pleno de los requisitos legales señalados para el efecto, lo que per se evidencia la falla en el servicio en que incurrió la entidad demandada, al incumplir los deberes normativos que le imponían la obligación de verificar previamente que de manera efectiva el terreno a fumigar tenia plantaciones ilícitas; de tal forma que, al no probar que desplegó esta acción debe asumir las consecuencias de su inactividad.

Se reitera las mínimas exigencias para poder asperjar potentes cócteles de tóxicos químicos sobre el preciado legado ambiental colombiano, eternamente incumplidas.

6. Costas De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

falla :  Modifíquese la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 30 de octubre de 2009, y en su lugar Dispóngase: primero: Declárese administrativa y extracontractualmente responsable a la nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos  y al Ministerio de Justicia como sucesor procesal de la  Dirección Nacional de Estupefacientes, por los daños causados al señor Luis Carlos Marulanda Lotero con la fumigación aérea con el herbicida glifosato, realizada el 20 de mayo de 2004 al cultivo de pimienta de su propiedad.  segundo: como consecuencia de lo anterior, Condénase a la nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección antinarcóticos y al ministerio de justicia como sucesor procesal de la  Dirección Nacional d Estupefacientes, a pagar por concepto de perjuicios materiales, a favor del señor Luis Carlos Marulanda Lotero o de quien sus derechos represente, la suma que resulte de la liquidación incidental que se hará conforme a los parámetros establecidos en la parte considerativa de esta providencia.

8 de septiembre 2017

10- [2006-2009]  Procuraduría Primera Delegada ante El Consejo de Estado Concepto No. 073 / 2014 - Francisco Manuel Salazar Gómez

Expediente No 48.494 (2006-03139) Acción de Reparación Directa -Responsabilidad por perjuicios causados con ocasión a operaciones de aspersión a cultivos ilícitos. Actor: Luis Emilio Sánchez Quintero y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y de Justicia para que se les declare administrativamente responsables de los perjuicios que les fueron  causados como consecuencia de las operaciones de aspersión efectuadas a cultivos ilícitos en el Municipio de Bolívar – Departamento de Santander, lo que afectó los cultivos de papaya que tenían en la jurisdicción del municipio en comento.

Como soporte fáctico se adujo que los días 17 y 18 de julio de 2004, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, realizaron operaciones de aspersión con el herbicida glifosato. Que como consecuencia de tales aspersiones se afectaron los cultivos de papaya, variedad maradol, de los demandantes. //

Los actores presentaron queja ante el Jefe de Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y el Subdirector de Asuntos Regionales y Erradicación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Admitida el 7 de enero de 2005 se ordena visita de campo, comisionando a la Personera del Municipio de Bolívar, quien encontró que las áreas cultivadas por los quejosos se encontraban afectadas por la aspersión de glifosato.

Que mediante autos Nos 095-097 y 097 de 20 de febrero de 2006, las autoridades antes citadas rechazaron las quejas, argumentando que en dichos predios habían remanentes de cultivos de coca, así como deforestación y quemas, de acuerdo a la visita aérea realizada el 13 de octubre de 2005 por el grupo de quejas.

Que de acuerdo a la visita terrestre que hiciera la Personería Municipal están demostrados los daños ocasionados por la aspersión realizada en dichas áreas, en las que además no ha existido ni existen cultivos ilícitos.

•                     El Ministerio del Interior y de Justicia2 propuso como excepción indebida legitimación por pasiva, pues advierte que según los hechos de la demanda, se ha debido demandar exclusivamente a la Dirección Nacional de Estupefacientes.

•                     • La Dirección Nacional de Estupefacientes3 propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues dentro de sus funciones no se encuentra la erradicación de cultivos ilícitos, la cual se encuentra asignada a la Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos.

•                     • El Ministerio de Defensa-Policía Nacional4, alega que los hechos narrados por la parte actora carecen de verdad, pues durante los días 17 y 18 de julio de 2004 no se efectuaron fumigaciones o aspersión aérea con glifosato en el municipio de Bolívar. Que los procesos de erradicación que se han presentado en Santander corresponden al año 2006 y son ejecutados por el procedimiento de erradicación  manual.

Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Santander9, denegó las pretensiones de la demanda.  Para el a-quo, “no se demuestra el rompimiento del principio de igualdad de los demandantes frente a las cargas públicas, en tanto no se evidencia que por causa directa de la aspersión del área con glifosato realizada por la Policía Nacional para los días 17 y 18 de julio de 2004, se hubieran deñado los cultivos de papaya de los demandantes, pues sólo obra como prueba de la verificación de los daños ocasionados, la visita realizada por el personal del ICA y/o UMATA el día 2 de septiembre de 2004 a los cultivos de los demandantes Luis Emidio y Nelson, informe que no hace referencia directa y con certeza de que la aspersión área con glifosato realizada en el municipio de Bolívar (s), fuera la causante del deterioro de estos cultivos lícitos, por esta razón en el presente caso el daño ocasionado no es antijurídico e imputable a las entidades demandadas”

De conformidad con las consideraciones señaladas en dicho concepto, el Ministerio Público solicita a la H. Sala Consejo de Estado revocar la sentencia desestimatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y en su lugar declarar prosperas parcialmente las suplicas de la demanda, de conformidad con las argumentaciones que se dejan expuestas en el presente concepto.

11- [2010- 2018] Acción de Reparación Directa Radicación número: 19001-23-31-000-2010-00350-01 (54756)A 

Actor: Alcides Sinisterra Angulo, a través de apoderado,  demandó el reconocimiento y pago de los perjuicios  que se le causaron como consecuencia de la fumigación aérea con glifosato  llevada a cabo por el Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Policía  Nacional, sobre la finca la Nelicia ubicada en el corregimiento de San José de  Guare,  municipio de Guapi, Departamento del Cauca los días 28 de agosto de 2008 y 13 de septiembre de  2009 y que ocasionó la pérdida total de los cultivos de pan coger y árboles frutales.

Manifestó el Sr. Sinisterra que realizó todas las gestiones ante la Alcaldía del municipio de Guapi, y envió toda la documentación a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional – Área de Erradicación de Cultivos, para que el Estado le reparara los perjuicios causados, sin que, a pesar de cumplir con todos los requerimientos se obtuviera respuesta alguna a la queja que quedó radicada, en la citada oficina, al número 8565

La Policía Nacional responde: En cuanto a las pruebas aportadas con la demanda consideró que no son determinantes para deducir la responsabilidad del Estado, pues no se aportó prueba de la calidad de propietario, ni de la existencia de los predios rurales en los que asegura el demandante tenía sembrados cultivos de pan coger y árboles frutales.  //Propuso como excepciones: i) falta de legitimación por activa que sustenta afirmando que no se prueba la supuesta propiedad en cabeza del demandante “sobre los terrenos y/o cultivos que supuestamente fueron dañados por el efecto de la aspersión con glifosato”7; ii) la genérica o innominada que se encuentre probada.

El demandante afirmó que la demanda es clara, y en ella no se está discutiendo la titularidad del terreno sino el pago de la indemnización por los perjuicios que con las fumigaciones reiteradas e indiscriminadas, en los cultivos de pan coger y árboles frutales, causó la Policía Nacional al señor Alcides Sinisterra Angulo. // Insistió el demandante en que la titularidad del terreno en el que estaban los cultivos, no se está discutiendo, pero considera relevante informar que “por idiosincrasia en la costa pacífica caucana (sic) los terrenos de la zona rural, se heredan de generación en generación sin título traslaticio de dominio, (…). En el caso que nos ocupa los terrenos cultivados por el señor Alcides Sinisterrra, fueron heredados de su abuelo José Danilo sin título alguno, por cuanto no lo poseía”.

La entidad demandada reafirmó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda para que se desestimen las pretensiones, y agregó que, según estudios realizados por organismos internacionales no se ha logrado comprobar que el herbicida denominado glifosato sea nocivo para los cultivos o para la salud, que además no existe certeza de que se haya realizado fumigación donde se encontraban los cultivos, y afirmó que la parte actora no demostró, mediante prueba técnica, el monto de los perjuicios causados

La entidad no acepta expresamente y cuestiona por la ausencia de prueba  técnica, si se encuentra demostrado con otros medios de prueba (...).

Por su parte el Ministerio Público al rendir concepto de fondo11 concluyó que el título de imputación que resulta aplicable al presente evento, es el objetivo por daño especial y no por falla del servicio como lo aduce el demandante. Destacó que las pruebas relacionadas a lo largo del proceso constituyen indicios que deben ser analizados de manera integral y sistemática y son suficientes para determinar, dentro de criterios de razonabilidad y con un alto grado de probabilidad, que el daño a los cultivos lícitos de propiedad del actor, fueron ocasionados por las operaciones de aspersión aérea del herbicida glifosato en virtud del programa de erradicación de cultivos ilícitos del Gobierno Nacional. Actividad lícita pero que no desliga de responsabilidad al Estado por los daños que pueda ocasionar por la imprecisión en la fumigación.  /Con fundamento en lo anterior solicitó se declare la responsabilidad administrativa y patrimonial y se condene en abstracto por los perjuicios causados.

La Sala a  manera de conclusión puede afirmar que el demandante no tenía la obligación  jurídica de soportar el daño antijurídico causado por la entidad demandada por lo  que a ésta le asiste el deber de repararlo integralmente. Quien crea un riesgo con la ejecución de una actividad lícita, debe reparar los daños antijurídicos que cause  sin que sea necesario acreditar que incumplió con los deberes de cuidado que le  eran exigibles.

La sentencia proferida el 12 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca – Sala de Decisión No. 1, declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos, por los perjuicios causados al señor Alcides Sinisterra Angulo con las fumigaciones aéreas realizadas.

En el transcurso de este proceso se ordenó en mayo del 2015 suspender las fumigaciones aéreas.  Señala el expediente que  [L]a jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que cuando se demuestre que durante la aspersión se afectaron cultivos lícitos que no tenía relación con los cultivos ilícitos, y que esta afectación obedeció a que la entidad no cumplió con los deberes de precaución y cuidado que le eran exigibles, deberá ser condenada a resarcir los daños causados por incumplimiento de sus obligaciones (…) Pero de igual manera cuando a pesar de cumplir la entidad los protocolos y requisitos necesarios para proceder a la fumigación por aspersión aérea de cultivos ilícitos, causa un daño por cuenta de esta aspersión, el Consejo de Estado ha señalado que dado el riesgo que produce o que puede producir, es obligación del Estado reparar el daño causado (…) Teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales que se acaban de exponer, concluye la Sala que en los eventos en que se pretenda atribuir responsabilidad al Estado por la fumigación aérea con glifosato, puede ocurrir, de acuerdo a lo que resulte probado, que dicha responsabilidad se analice bajo el título de imputación de falla del servicio si se demuestra que la entidad incumplió por acción u omisión alguno de los deberes de cuidado que le eran exigibles al momento de realizar la aspersión. Y en otros eventos, en los que no se demuestra esta falla, pero se causa un daño, la conducta y la consecuente responsabilidad estatal deviene analizarla bajo el título de riesgo excepcional, tal y como se hará en el presente evento, partiendo del presupuesto de que el uso del herbicida glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos constituye el ejercicio de una actividad peligrosa que implica, que cuando se generen daños antijurídicos, se responderá sin que sea relevante acreditar que se cumplió con los deberes de cuidado.

Para la Sala, el estudio de la responsabilidad se hará bajo el régimen objetivo de responsabilidad, bajo el título de imputación de riesgo excepcional en la medida en que a la demandada le es atribuible el daño antijurídico que sufrió el demandante como consecuencia de la ejecución de una operación aérea de aspersión con glifosato.

En punto a la falta de legitimación por activa, concluyó que si bien no existe en el plenario prueba que acredite la titularidad del demandante sobre la finca la Nelicia, las declaraciones recibidas, dan cuenta de su condición de comodatario, y por ende está legitimado por activa para demandar el pago de los perjuicios causados por la aspersión que generó la pérdida de los cultivos

El Tribunal al continuar con el análisis de la responsabilidad precisó que el régimen bajo el cual se analizará la controversia, es el “objetivo bajo la teoría del riesgo excepcional”, porque la aspersión aérea con glifosato es considerada como una actividad peligrosa en tanto puede llegar a generar amenaza para la salud o para los bienes de una persona. Así mismo encontró que con el material probatorio recaudado se demostró el daño que sufrió el demandante con ocasión de las fumigaciones aéreas sobre la vereda San José de Guare donde se encuentra ubicada la Finca la Nelicia que explotaba el actor.

Demostrado el daño, se procedió al análisis del segundo elemento, el de la imputación, que también se encontró probado. Finalmente y en cuanto a los perjuicios morales reclamados, para el tribunal no fueron demostrados y en cuanto al perjuicio material, se condenó in genere para que a través del trámite incidental con apoyo de un dictamen pericial y prueba documental, se demuestre su monto

La parte actora interpuso, mediante escrito radicado en la secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca el 19 de marzo de 2015, recurso de apelación contra la anterior decisión, con el fin que se adicione el numeral segundo en el sentido de condenar en concreto a la entidad al pago de los perjuicios demostrados en el curso del proceso, y se  conceden las demás pretensiones de la demanda.

La parte demandada consideró que la sentencia de primera instancia carece de sustento jurídico, pues con tan solo la prueba testimonial tuvo por probado el nexo causal entre el daño y la acción de la Policía Nacional, cuando solo la prueba técnica –dictamen pericial-, es la idónea para determinar con precisión la existencia de cultivos y si éstos se perdieron como consecuencia de la fumigación aérea.  //En su criterio, la prueba testimonial y documental carece de elementos mínimos que permitan ubicar al despacho y a la defensa en un espacio, tiempo y lugar, pues no existen detalles del predio analizado, de su dirección o de su jurisdicción. //Agregó que la primera instancia no tuvo en cuenta el procedimiento adoptado por la Policía Nacional para atender la queja del señor Alcides Sinisterra, ni mucho menos le dio el valor correspondiente a la decisión de rechazo de la queja emitida por el Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección Antinarcóticos y la Subdirectora de Asuntos Regionales y Erradicación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. //Con fundamento en lo anterior solicitó se revoque la sentencia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

Actuación en el Consejo de Estado –Magistrado Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 12 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca –

La apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al descorrer el traslado19 solicitó que se revoque la sentencia porque, en su criterio, no se probó “el nexo de causalidad entre los hechos invocados por el demandante y alguna actividad negligente, omisión u operación administrativa que constituya daño antijurídico”. Afirmó que la decisión del a quo carece de sentido porque “consideró como prueba idónea una serie de declaraciones –tenidas como pruebas indiciarias- siendo que ninguna de ellas contienen un criterio técnico basado en la experticia sino la mera apreciación subjetiva de los declarantes. Para la demanda la ausencia de prueba idónea, esto es dictamen pericial, con la cual demostrar la existencia del daño y del perjuicio que se reclama, impide que las pretensiones tengan vocación de prosperidad.

Para el caso el demandante está legitimado en la causa por activa en cuanto sufrió la pérdida de los cultivos como consecuencia de la fumigación con glifosato realizada por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Para el presente evento, la entidad demandada con el objeto de cumplir con la erradicación de los cultivos ilícitos, hace uso de las aspersiones aéreas con glifosato y a ésta es que el demandante le atribuye la pérdida de sus cultivos, por tanto, se encuentra legitimada por pasiva.

Marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad extracontractual del Estado por la aspersión con glifosato

El artículo 90 de la Constitución Política constituye el fundamento de la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico // El daño como primer elemento de la responsabilidad, es el menoscabo del interés tutelado y es antijurídico en la medida en que el administrado no está obligado a soportarlo. El segundo elemento, esto es, la imputabilidad, es la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado. // la responsabilidad del Estado por aspersión aérea con glifosato tiene fundamento en la Ley 30 de 1986. Antes de la expedición de esta Ley 30 de 1986 , aplica la Convención Única de 1961 aprobada mediante la Ley 13 de 1974, la Convención de Viena sobre sustancias Sicotrópicas de 1971, aprobada mediante la Ley 43 de 1980, En cumplimiento de estos compromisos se puede decir que el origen de la política pública en materia de drogas en Colombia, lo constituye el Decreto 1206 de 1973 a través del cual se creó el Consejo Nacional de Estupefacientes como un órgano asesor del gobierno para formular las políticas, los planes, los programas que las entidades públicas y privadas debían adelantar para la lucha contra la producción, comercio y uso de drogas.

También es importante citar el Decreto 1188 de 1974 que reglamentó el Estatuto de Estupefacientes. En procura de lograr este objetivo, se puso en marcha en 1988 por el Consejo Nacional Electoral, el denominado “Macroplan Colombiano frente al problema de las Drogas” que autorizó la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato a cargo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos -PECIG como estrategia para el control y la eliminación de las plantaciones de coca y amapola. El conjunto normativo que se acaba de describir, tuvo que armonizarse con el contenido de la Ley 99 de 199323, que exigió para el cumplimiento de los programas de erradicación de cultivos ilícitos, la expedición de la correspondiente licencia ambiental, por el Ministerio de Salud y el extinto INDERENA. 

A su turno el Ministerio de Ambiente mediante Resolución núm. 1065 de 2001 modificada por la Resolución 1054 de 2003, impuso a la Dirección Nacional de Estupefacientes –en liquidación-, la obligación de establecer un plan de manejo ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos ilícitos mediante la aspersión con glifosato para minimizar los potenciales daños sobre la salud humana y el medio ambiente. Este plan de manejo ambiental PMA actualmente está bajo la supervisión de la ANLA según el Decreto 3573 de 2011 y para su aplicación se deben seguir criterios técnicos de manera tal que su riego sea mínimo, que se cumpla con el objetivo final cual es el de la erradicación de los cultivos ilícitos, implementando y diseñando mecanismos para atención de las quejas por las posibles afectaciones que el programa pueda generar.

El 25 de mayo de 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes expidió la Resolución núm. 006 ordenando la suspensión en todo el territorio nacional del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea autorizadas en el artículo 1º de la Resolución núm. 0013 de 2003. Finalmente y con fundamento en varios informes especialmente del Ministerio de Defensa sobre el aumento de cultivos ilícitos como consecuencia de la suspensión del PECIG, el Consejo Nacional de Estupefacientes a través de la Resolución núm. 09 de 2016 autorizó la ejecución del programa mediante aspersión terrestre con glifosato –PECAT—

Por su parte la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que cuando se demuestre que durante la aspersión se afectaron cultivos lícitos que no tenía relación con los cultivos ilícitos, y que esta afectación obedeció a que la entidad no cumplió con los deberes de precaución y cuidado que le eran exigibles, deberá ser condenada a resarcir los daños causados por incumplimiento de sus obligaciones.

En este sentido puede citarse la sentencia del 30 de enero de 2013 en la que el Consejo de Estado determinó que se incumplió lo previsto en el artículo 77 de la Ley 30 de 1986, pues se demostró que la entidad para llevar a cabo la fumigación aérea no adelantó de manera previa visita a los predios objeto de la medida, a fin de determinar sus linderos y establecer con ello la presencia de cultivos lícitos.

Pero de igual manera cuando a pesar de cumplir la entidad los protocolos y requisitos necesarios para proceder a la fumigación por aspersión aérea de cultivos ilícitos, causa un daño por cuenta de esta aspersión, el Consejo de Estado ha señalado que dado el riesgo que produce o que puede producir, es obligación del Estado reparar el daño causado. En este sentido puede citarse la sentencia del 20 de febrero de 2014

Cncluye la Sala que en los eventos en que se pretenda atribuir responsabilidad al Estado por la fumigación aérea con glifosato, puede ocurrir, de acuerdo a lo que resulte probado, que dicha responsabilidad se analice bajo el título de imputación de falla del servicio si se demuestra que la entidad incumplió por acción u omisión alguno de los deberes de cuidado que le eran exigibles al momento de realizar la aspersión. Y en otros eventos, en los que no se demuestra esta falla, pero se causa un daño, la conducta y la consecuente responsabilidad estatal deviene analizarla bajo el título de riesgo excepcional, tal y como se hará en el presente evento, partiendo del presupuesto de que el uso del herbicida glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos constituye el ejercicio de una actividad peligrosa que implica, que cuando se generen daños antijurídicos, se responderá sin que sea relevante acreditar que se cumplió con los deberes de cuidado.

La Sala a manera de conclusión puede afirmar que el demandante no tenía la obligación jurídica de soportar el daño antijurídico causado por la entidad demandada por lo que a ésta le asiste el deber de repararlo integralmente. Quien crea un riesgo con la ejecución de una actividad lícita, debe reparar los daños antijurídicos que cause sin que sea necesario acreditar que incumplió con los deberes de cuidado que le eran exigibles. No reconoce los perjucios morales reclamados al no encontrarlos demostrados

FALLA_ PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el fallo apelado proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca el 12 de marzo de 2015 dentro del proceso adelantado por Alcides Sinisterra Angulo contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional- Dirección de Antinarcóticos Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos.

Salvamento de Voto - Guillermo Sánchez Luque Daño- No es atribuible a la entidad demandada por falta de prueba. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio, reiteración aclaración de voto 26.984/2015.  Me aparto de la decisión que se adoptó en la providencia del 17 de septiembre de 2018, que accedió a las pretensiones de la demanda. 1. A mi juicio, la prueba testimonial no da cuenta del daño que se le atribuyó a la entidad demandada. Aún más, la condena en abstracto que determinó la mayoría, pues los perjuicios reclamados no se demostraron, confirma que no había lugar a declarar responsabilidad alguna por falta de elementos probatorios que así lo sustentaran.

12- [2014] Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Sala de decisión de Tutelas Nº  STP13026-2014  Radicación n° 75615

Acta No. 319 25 de septiembre 2014

ASUNTO Impugnación  -Resolver la impugnación presentada por el representante de los cabildos indígenas Kiwe Ukwe  y otros del Municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, respecto del fallo proferido el 22 de julio del año en curso, 2014, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del cual declaró improcedente la acción de tutela interpuesta contra la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional, los ministerios del Interior, Salud y Protección Social, Justicia y del derecho y de Ambiente y desarrollo Sostenible.

Magistrado Ponente Luis Guillermo Salazar Otero

Impugnación del fallo proferido el 22 de julio del año en curso por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través del cual declaró improcedente la acción de tutela interpuesta contra la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional, los ministerios del Interior, Salud y Protección Social, Justicia y del Derecho y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El actor informó que la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía entre el año 2011 y 2013 está ejecutando las operaciones de fumigación aérea con glifosato en el municipio de Puerto Caicedo-Putumayo.

En punto de las afecciones a los cultivos, prados, zonas de conservación forestal y cuerpos de aguas producto de las aspersiones aéreas con glifosato adelantada por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, puntualizó que se trata de bienes colectivos pertenecientes a la comunidad y por tanto carecen de contenido individual o subjetivo, de ahí que la acción de tutela no resulta procedente para la protección de ese tipo de derechos, ya que existen acciones judiciales propias, específicas e igualmente idóneas para deprecar el amparo de las garantías de tipo colectivo o para solicitar el resarcimiento de los perjuicios causados, que son precisamente las acciones populares y de grupo previstas en el artículo 88 de la Norma Superior.

Respecto de la consulta previa indicó que de conformidad con la jurisprudencia Constitucional, este es un derecho fundamental y por ende de obligatorio cumplimiento. En ese orden, el Gobierno Nacional dispuso que el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia y del Derecho determinan el plan de acción para la erradicación de cultivos ilícitos, el cual debe contar con la licencia expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-

2.1. En este punto, señaló que en los años 2011 y 2013 la Dirección Antinarcóticos adelantó las operaciones DIOSAS DE CHAIRA y ONIX XIII sin que se hubiese consultado con las comunidades indígenas aquí accionantes a pesar de haberse certificado su existencia,  no obraba constancia en el sentido de haberse efectuado el proceso pertinente, conforme lo señalo el Ministerio del Interior.

2.2. Al expediente se allegaron las órdenes de prestación de servicios de la Dirección Antinarcóticos para el cumplimiento de las operaciones DIOSA DE CHAIRA y ONIX XIII, lo cual acredita la ejecución de las fumigaciones aludidas por el actor efectuadas en abril de 2011 y primer semestre del 2013, sin que obre constancia en el sentido que actualmente se estén ejecutados tales operaciones en la zona de las comunidades demandantes.

2.3. En vista de ello, adujo que la tutela hizo alusión a hechos pasados generaron menoscabo a ese grupo poblacional, en el presente la afectación no existe, luego la vulneración del derecho a la consulta previa ha cesado al haberse configurado una carencia actual de objeto por hecho consumado, conclusión que soportó con la sentencia T-200 del 10 de abril de 2013

Agregó que la violación a ese derecho a la Consulta Previa se inició con la expedición de las órdenes de operación de servicios y se mantiene durante su vigencia, las cuales nunca fueron consultadas con los grupos étnicos, de manera que para evitar nuevos hechos, el juez constitucional debe suspender provisionalmente las operaciones de fumigación aérea con glifosato.

Toda persona tiene la potestad de promover acción de tutela en los términos del artículo 86 de la Constitución Política con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

Señala la improcedencia de la acción de tutela incoada para considerar el restablecimiento de los derechos esgrimidos por las comunidades indígenas, toda vez que se trata de asuntos de carácter colectivo y que por lo mismo el mecanismo idóneo son las acciones populares.  //No es que se hubiese dejado de analizar la situación puesta de presente, sino que en aras de garantizar de manera efectiva el derecho de contradicción de las partes, el cual no se ejercita de manera plena en el trámite de la acción de tutela dadas sus especiales características, se consideran la acciones populares como el mecanismo idóneo para el restablecimiento de los derechos que se demandan.

En conclusión, por la existencia de otro medio de defensa, la acción de tutela se torna improcedente, circunstancia que deja sin fundamento el planteamiento del impugnante al respecto.

3.2. Un segundo cuestionamiento gira en rededor del derecho a la consulta previa, el cual tampoco tiene vocación de prosperar. También surge diáfano las actividades de fumigación para la erradicación de cultivos ilícitos ejecutadas por la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional sobre el territorio donde están asentadas las comunidades accionantes, procedimiento que se desarrolló sin que previamente se hubiese consultado a dicha población, lo cual indiscutiblemente cercenó dicha garantía.

No obstante, se tiene que dicha actividad se desarrolló en el mes de abril de 2011 y el primer semestre de 2013, sin que se tenga conocimiento que actualmente se esté ejecutando. se tiene que dicha actividad se desarrolló en el mes de abril de 2011 y el primer semestre de 2013, sin que se tenga conocimiento que actualmente se esté ejecutando.

En esa medida, la vulneración del derecho fundamental generada por la omisión de la autoridad en el trámite de la consulta previa y que se pretendía amparar con la presente acción constitucional, ya no es posible hacerla cesar, circunstancia que indiscutiblemente da lugar a una carencia actual de objeto por hecho consumado.

4. Así las cosas, habrá de confirmarse el fallo impugnado, sin que esta decisión impida requerir a la Dirección  Antinarcóticos para que en el futuro se abstenga de realizar tales procedimientos sin el cumplimiento de los requisitos de orden legal, dentro de ellos la consulta previa de las comunidades que puedan verse afectadas con las fumigaciones que se realizan para la erradicación o destrucción de cultivos ilícitos.

En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión en Tutela, RESUELVE Primero-.  CONFIRMAR el fallo recurrido. 25 de septiembre 2014

Tribunal Administrativo De Antioquia Sala Segunda De Oralidad Radicado: 05001.33.33.010.2012.00481.01 : Reparación Directa

Magistrada Ponente: Beatriz Elena Jaramillo Muñoz

Demandante: Hugo De Jesús Jiménez Ossa y otros // Demandado: Nación Ministerio De Defensa – Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Instancia: Segunda Procedencia: Juzgado Décimo Administrativo Oral de Medellín

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto en contra del auto del Juzgado Décimo Administrativo Oral del Cir cuito de Medellín, que rechazó la demanda por caducidad. Antecedentes. Mediante escrito el señor Hugo De Jesús Jiménez Ossa y Maria Celmira Arroyave Tapias, en nombre propio y en representación de sus hijos menores Anderson Y Hugo Arbey Jiménez Arroyave, actuando a través de apoderado judicial .

Con el fin de que se declare que la entidad demandada es administrativamente responsable de los daños y perjuicios, ocasionados a los demandantes, con la aspersión aérea con el herbicida glifosato a la finca las Margaritas, Lote Las Palmas, de la Vereda el Cántaro, jurisdicción del Municipio de Toledo, Antioquia de la cual el demandante tiene en arriendo 15 hectáreas destinadas a la explotación agrícola.

Mediante auto del 04 de febrero de 2013, el juzgado décimo administrativo oral de circuito de Medellín, rechazó la demanda por considerar que de los hechos de la demanda la parte demandante manifiesta haber puesto en conocimiento de la alcaldía Municipal de Toledo- Antioquia, los daños causados a los cultivos plantados por ellos, a lo que dicha entidad procedió a hacer los trámites correspondientes de queja ante la Dirección de Antinarcóticos. En el hecho número doce de la demanda, el demandante expresa que mediante el auto N° S-2011-012073 ARECI -GRUAQ-44 del 14 de septiembre de 2011, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, declara la no procedencia de la compensación económica solicitada por el demandante, acto contra el cual el interesado manifiesta haber interpuesto el recurso de reposición del cual no aporta copia con la constancia de recibido, el cual según el accionante no le fue resuelto.

Ante la expedición del acto administrativo anterior mente mencionado, el demandante agotó el procedimiento administrativo para atención de quejas ante la Policía Nacional-Dirección de Antinarcóticos, quien contestó de fondo la queja, y negó su solicitud de compensación económica por los daños ocasionados a sus cultivos por la aspersión d e glifosato sobre los mismos, lo que generó la obligación al interesado d e demandar dicho acto administrativo mediante el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, pretendiendo la reparación por los daños ocasionados.  

Por lo anterior consideró el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que la parte demandante debió interponer demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho dentro de lo s cuatro (4) meses siguientes a la notificación o comunicación del auto N° S-2011-012073 ARECI- GRUAQ-44 del 14 de septiembre de 2011 y no el medio de control de Reparación Directa.

En tal sentido consideró los términos de caducidad para el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del derecho, entre el momento de la ocurrencia de los hechos que originaron el perjuicio que alega el demandante y la presentación de la demanda, donde d edujo que transcurrieron más de los cuatro (4) meses de que t rata el artículo 164 numeral 2, literal d del CPACA, por lo tanto la dem anda no puede admitirse, por caducidad, en tanto determinó dar aplicación al canon 169 numeral 1 a cuyo tenor: “... Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos (...) cuando hubiere operado la caducidad (... )”.

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda y como soporte de su inconformidad manifestó que se reitera la demanda e n ejercicio del medio de control REPARACION DIRECTA, y no como el despacho la quiere cambiar a NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, por considerar que en el cuerpo de la demanda, en el acápite de pretensiones no aparece la nulidad de algún acto administrativo, pues lo que a parece en dicho acápite es la petición de condena por los perjuicios causad os y la indemnización de dicho perjuicio.

Indicó que lo manifestado anteriormente, no es por capricho del profesional del derecho, sino por que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha dictado una serie de sentencias sobre el tema de fumigaciones, en tal sentido transcribe una relación de dos sentencias d el Consejo de Estado donde se ha condenado a la Nación por fumigaciones con Glifosato que afectaron cultivos lícitos en ejercicio del Medio d e control de Reparación Directa, con lo cual pretende el demandante que se proceda a la aceptación de la demanda en este sentido, solicitó se ordene la admisión de la presente demanda.

La Sala deberá determinar si efectivamente el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho al que hizo referencia el Juez de primera instancia es el correspondiente, o si por el contra rio, se debe tramitar en el medio de control de reparación directa, inicialmente indicado por la parte demandante.

Sobre el particular es de anotar que la reparación directa es una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, orientada a indemnizar integralmente el perjuicio ocasionado a las personas en razón de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble con la ejecución de un trabajo público o por cualquier otra causa imputable al Estado.

De igual manera, la nulidad y restablecimiento del derecho es una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, sólo que a través de ésta la persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, como efecto de la vigencia d e un acto administrativo viciado de nulidad, puede solicitar que se declare la nulidad del mismo, y como consecuencia se le restablezca su derecho o se repare el daño.

Es decir que estas dos acciones comparten la pretensión indemnizatoria, pues con ellas se busca el resarcimiento de los perjuicios inferidos por el Estado, pero lo que las diferencias principalmente es la causa del daño , como quiera que la reparación directa procede cuando el origen del mismo es un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble con la ejecución de un trabajo público mientras que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho deviene cuando el daño es causado por un acto administrativo viciado de nulidad.

El Consejo de Estado ha establecido que es potestativo del juez de conocimiento adecuar la demanda al medio de control procedente, siempre y cuando no se presente la caducidad para uno de los medios de control, así mismo determinó la diferencia entre un a demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y la de Reparación Directa, en el sentido de indicar que la diferencia principal es la causa del daño…

Para descender al caso concreto, teniendo en cuanta la línea jurisprudencial anteriormente referenciada, se deberá determinar si el medio de control de reparación directa para la indemnización de perjuicios ocasionados por la aspersión de glifosato, por parte del Estado constituye un hecho atribuible a la administración, o si como lo manifestó el Juez de Primera instancia, estamos frente a un acto administrativo recurrible mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del Derecho, para lo cual se analizaran los hechos de la demanda y las pretensiones.

Tenemos entonces que de los hechos de la demanda se concretan a referir que mediante la fumigación de cultivos ilícitos a c argo de la dirección de antinarcóticos, el día 31 de enero de 2011 se afectaron cultivos lícitos de propiedad del demandante, por los efectos colateral es de la fumigación, y generó la pérdida de los cultivos de su propiedad.

Advierte la demanda que los hechos dañinos en los cultivos lícitos se pusieron en conocimiento de las autoridades correspondientes, las cuales mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2011, la Dirección de Antinarcóticos, de la Policía Nacional, comunica al Alcalde de Tole do Antioquia, que no procede la compensación económica, por lo cual el demandante interpuso recurso de reposición el cual a la fecha de presentación de la demando no conoce el contenido de la decisión final.

La pretensión La parte demandante pretende que se declare que la Nación Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos es solidaria y administrativamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios por la aspersión con el herbicida “glifosato” en la finca donde tenia cultivos de su propiedad, que le afectó los cultivos de maracuyá, maíz, frijol montes nativos y corteza terrestre, por las fumigaciones d e una avioneta adscrita a la dirección de antinarcóticos de la policía nacional .

La respuesta de Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que negó la compensación económica solicitada en el medio de Control de Reparación Directa, sin embargo no puede tenerse esta manifestación de la administración como un acto administrativo para controvertir ante la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que el hecho originador del daño es una actuación del Estado a través de una fumigación con glifosato, que derivó la pérdida total de los cultivos cuya indemnización reclama, cosa diferente hubiere sido, que el daño lo cause un acto administrativo-.

En este sentido la Sala considera que la caducidad se predica cuando respecto de la misma no exista duda sobre su acaecimiento, de lo contrario el proceso deber tramitarse y decidir la misma en l a sentencia cuando de las pruebas arrimadas al proceso sin lugar a dudas el juez se forme la convicción de que la caducidad se probó durante el tramite del proceso, con las pruebas correspondientes.   // La demanda es del 13 de diciembre de 2012, -la caducidad para el medio de control es de dos años y para la fecha de presentación de la demanda dicho termino no había vencido.

En tal sentido se revocará la decisión del Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en cuanto declaró la caducidad del Respectivo Medio de Control y se ordenara devolver el expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia. 

Decisión:  Resuelve recurso de apelación- Revoca auto que rechazó demanda por caducidad  //Interlocutorio

21  de mayo de 2013

14- Magistrada María Victoria Calle Correa Solicitud de insistencia para la selección del expediente No. T-5120337 correspondiente a la acción de tutela instaurada por Martín Narváez Gómez y Jairo Augusto Murcia Archila en representación del resguardo indígena Puerto Nare (Guaviare) contra la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, la Dirección Nacional de Estupefacientes y otros 

Manifiestan los accionantes que la comunidad indígena de Puerto Nare se encuentra en peligro de extinción, incluso, el número de sus integrantes viene disminuyendo dramáticamente desde hace diez (10) años, a tal punto que de ciento cuarenta y seis (146) familias originariamente asentadas en el territorio, a la fecha, solo quedan cuarenta y dos (42) en él. 

Aseguran que desde hace algunos años, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Policía Antinarcóticos Colombiana vienen llevando a cabo operaciones de aspersión aérea del herbicida glifosato con la finalidad de erradicar cultivos ilícitos de marihuana, amapola y coca ubicados en cercanías a su lugar de asentamiento.

Indican que dicha actividad se ha desarrollado de manera rutinaria, indiscriminada, sin ningún patrón de precisión incidiendo en consecuencia sobre sus cultivos agrícolas, los bosques tropicales de donde extraen plantas para uso medicinal, artesanal, cultural y ritualístico, las fuentes hídricas e incluso, en muchas ocasiones sobre sus viviendas habitadas en su mayoría por personas de la tercera edad y especialmente por niños.

Este hecho, ha generado que se afecte, entre otros aspectos (i) la seguridad alimentaria en la región como quiera que las fumigaciones contaminan la tierra, dejándola improductiva por varios años; (ii) los nacederos de agua y las quebradas de donde extraen el líquido para bañarse e hidratarse; (iii) la calidad de vida de la población en tanto la aplicación del glifosato les ha causado problemas serios de salud materializados en dolores de cabeza y de estómago, problemas de visión y epidérmicos, entre otras patologías y, (iv) constantes desplazamientos conforme se desprende de las Investigaciones académicas realizadas por entidades como el Journal oí Latín American Studies.

Relatan que no obstante lo anterior, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior y de Medio Ambiente no ha realizado una consulta previa en materia de erradicación de cultivos ilícitos sobre la zona que habitan. Afirman que ninguno de sus pobladores ha participado en un proceso de esta naturaleza en el que se indague sobre el impacto cultural, social y económico que las fumigaciones podrían tener al interior de su comunidad indígena. Con fundamento en lo anterior, los accionantes en representación del resguardo indígena Puerto Nare presentaron acción de tutela invocando la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, salud y el derecho a la consulta previa.

En única instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante providencia del veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015), negó el amparo invocado tras considerar que no existía vulneración a los derechos fundamentales en tanto no había conocimiento cierto sobre la realización de una actividad de erradicación aérea de cultivos ilícitos en el resguardo de Puerto Nare. 

Se sugiere a la Sala la selección del presente asunto para su eventual revisión, en tanto se trata de un caso que reviste especial relevancia constitucional por el impacto que las operaciones de aspersión han causado en la comunidad. Señalan que en la sentencia T-049 de 2013 la Sala Novena de Revisión indicó que "el  Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y de promover su autonomía, preservar su existencia e impulsar su desarrollo y fortalecimiento cultural".

Corresponde determinar además, si en efecto las autoridades accionadas desconocieron (i) el carácter de sujetos de especial protección constitucional que tienen los pueblos indígenas, respecto de los cuales se deben adoptar medidas especiales y diferenciales a través de acciones afirmativas que permitan garantizar oportuna y efectivamente la materialización de sus derechos constitucionales.

(iii) Finalmente, debe establecerse si las operaciones generalizadas de aspersión de glifosato están ocasionando serias afecciones sobre los derechos a la salud, integridad e incluso vida digna de la comunidad indígena. Lo anterior, considerando particularmente que la población afectada se encuentra integrada, entre otros, por menores de edad y personas de la tercera edad, y como consecuencia de las fumigaciones ya no cuentan con gran parte de sus recursos básicos de subsistencia.

15 de octubre 2015

15- [2004- 2016] Expediente: 2006-00395   34797   //Apelación sentencia – Reparación directa

Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón //Actor: Inversiones Concepción Ltda.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2007 por el Tribunal Administrativo de Nariño

Responsabilidad estatal. La fumigación con glifosato es una actividad que engendra un riesgo para el ambiente, por lo cual al estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo de sustancias. Así, tratándose de la producción de daños originados en el despliegue, por parte del Estado, de actividades peligrosas, es aquel a quien corresponda jurídicamente la guarda de la actividad calificada de peligrosa quien estará llamado a responder por los perjuicios que se ocasionen al concretarse el riesgo creado. De otro lado, en cuanto al reparto de la carga de la prueba, al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. En este caso, de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla, pues para exonerarse deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

En dicho documento se observa que el 12 de abril de 2004 el señor Mario Ernesto González Roa indicó que el viernes 19 de marzo de 2004 a las 2:00 p.m., aproximadamente, varias avionetas fumigaron el predio “La Concepción”, ubicado en el kilómetro 52 del corregimiento Pulgandé, del municipio de Tumaco, lo cual produjo que veinte (20) hectáreas de palma africana y kudzu que se encontraban sembradas en ese predio se perdieran, así como también resultaron afectadas 1.200 palmas que se encontraban en un vivero listas para sembrar, motivo por el cual solicitó “la reparación e indemnización de los perjuicios causados”

2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que esta se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A., toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es, la fumigación de los cultivos de palma africana de la demandante, se produjo entre el día 19 de marzo de 2004, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 6 de marzo de 2006, se impone concluir que lo fue oportunamente.

Así las cosas, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

2.2. Las pruebas allegadas al proceso.

“El día lunes 26 de abril de 2004, en compañía del representante legal de la empresa palmicultura, se realizó una visita de inspección fitosanitaria a un cultivo de palma africana en la cual se observó lo siguiente:

El lote, siembra (mayo de 2002), material Tenera-Corpoica, se observó quemazón en los foliolos y flecha de la palma podrida en un área de aproximadamente 60% de los cultivos de 20 hectáreas. Cobertura kudzu totalmente quemada.

En la zona de la casa donde se encuentra un vivero de 1.200 plántulas se encuentran el 80% con los síntomas anteriormente descritos.

“Teniendo en cuenta que la coordinación del grupo de aspersión del área de erradicación de cultivos ilícitos concluyó que se había asperjado en el sitio reportado por el quejoso se dispuso por parte del grupo de quejas realizar visita de verificación con el propósito de conocer los fundamentos de la reclamación presentada atendiendo lo dispuesto en el artículo octavo de la resolución en comento.

Que a través de la visita de campo 12/05 realizada el 27 de junio de 2005 en el municipio de Tumaco, Nariño, el grupo de quejas conformado para tal efecto, con base en los conceptos técnico científicos, dispuso mediante acta 15 de fecha 29 de agosto de 2005 que una vez analizada la queja se debe rechazar por haberse encontrado en el momento en que se realizó la visita presencia de remanentes de plantaciones de coca mezclado con cultivos de pancoger lo que justifica la realización de operaciones de aspersión con base en lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución 13 de junio de 2013.

16- [2006-2016] Acción de reparación directa Radicación número: 23001 - 23 - 31 - 000 - 2008 - 00107 - 01 Expediente 41467.

Actor: Eduardo Diomedes Sánchez Vargas Y Otro Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero

El día 6 de septiembre de 2006, la Policía Nacional fumigó con glifosato plantaciones de coca en el corregimiento de Crucito - Municipio de Tierralta (Córdoba), hecho que produjo daños en los cultivos de propiedad del señor Eduardo Diomedes Sánchez Vargas, cuyo predio se encontraba ubicado en cercanías a la zona objeto de erradicación.

Mediante demanda presentada el 27 de marzo de 2008 ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba ( f. 12, c. ppal 1 ), los señores Eduardo Diomedes Sánchez Vargas y Stella María Sánchez Mendoza, actuando en nombre propio y mediante apoderado debidamente constituido ( f. 53 - 54, c. ppal 1 ), en ejercicio de la acción de reparación directa por daños ocasionados la fumigación área con glifosato el día 3 de septiembre del pasado año 2006, de la finca “La Tranquilidad” de propiedad del demandante Sánchez Vargas, con área superficiaria de 76 hectáreas, ubicada en el corregimiento de Crucito - Municipio de Tierralta - Córdoba - quien por la acción del herbicida perdió sus cultivos de yuca, arroz, maíz, pastos, frutales, maderables en plena producción y pequeña actividad ganadera.

Los daños causados a los cultivos fueron constatados por la doctora Yohana Yepes Negrete, funcionaria de la UMATA del Municipio de Tierralta, quien el 16 de noviembre de 2006 dejó constancia en el formato de verificación preliminar sobre las pérdidas, consignando que los árboles frutales se encontraban en estado de pudrición, los cultivos de maíz, arroz y yuca estaban secos y que, los costos de producción se incrementaban debido a que el predio se encontraba muy alejado de la cabecera municipal.

Como consecuencia de lo anterior, el señor Eduardo Sánchez en cumplimiento de las Resoluciones 00017 del 4 de octubre de 2001 y No. 008 de marzo de 2007 proferidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, presentó la queja No. 6577 ante la División Antinarcóticos de la Policía Nacional solicitando el pago de los perjuicios causados, sin embargo, pese a las diferentes peticiones y comunicaciones elevadas, el aquí actor no obtuvo ninguna respuesta por parte de la Policía Nacional.

La pérdida de los cultivos luego de la fumigación, aunado a la violencia de la que fueron objeto, llevaron al señor Eduardo Sánchez y a su hija Stella María a abandonar su finca y en la actualidad se encuentran viviendo como desplazados en un barrio marginal de la ciudad de Montería.

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la demanda dentro de la oportunidad legal y se opuso a las pretensiones por considerar que no le asistía responsabilidad en los hechos, los cuales manifestó no le constaban ( f. 63 - 67 y 70 - 73, c. ppal 1 ). Indicó que de lo expuesto por la parte actora no se vislumbraba los elementos de la responsabilidad del Estado y, en todo caso, lo cierto es que de haberse producido la fumigación, ello obedeció a la existencia de cultivos ilícitos; por tanto, propuso la excepción que denominó falta de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño.

El Tr ibunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia del 17 de marzo de 2011 ( f. 352 - 374, c. ppal 2 ) declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así RIMERO: Declárase no probada la excepción de falta de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, propuesta por el apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. SEGUNDO: Declárase responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por los daños causados a la finca la Tranquilidad de propiedad del demandante señor Eduardo Diomedes Sánchez Vargas, como consecuencia de la fumigación con glifosato que afectó dicho predio y que fuera realizada en el municipio de Tierralta el día cuatro (4) de septiembre de 2006

Una comparación a las coordenadas en las que se hizo la fumigación con glifosato con las de la ubicación del predio del cual el señor Sánchez es dueño, da cuenta de la cercanía del lugar y por la cual, en razón de los vientos y la volatilidad que caracteriza la diseminación de los químicos utilizados, cayeron en el bien del aquí demandante, siendo imputable la pérdida de los cultivos a la accionada, pues si bien aquella estaba desarrollando una actividad legítima – esto es, de erradicación de cultivos ilícitos - lo cierto es que causó un daño que el señor Eduardo Sánchez no estaba llamado a soportar.

Parte demandada Mediante memorial presentado el 30 de marzo de 2011 ( f. 377 - 380, c. ppal 1 ), la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:

1.1.1 Del acervo probatorio no se estructuran los elementos de la falta o falla del servicio de la administración endilgada a la Policía Nacional.

1.1.2 Los hechos de la demanda y las pruebas practicadas dentro del proceso son suficientes para exonerar de responsabilidad a la entidad, pues no se demostró que las fumigaciones se realizaron en el predio de propiedad del señor Eduardo Sánchez y, en todo caso, las coordenadas de fumigación no concuerdan con las del predio del actor.

1.1.3 Los testimonios rendidos en el proceso son sospechosos, pues de los mismos no se vislumbra un proceder contrario por parte de la entidad.

1.1.4 Las fumigaciones realizadas por la entidad se llevaron a cabo porque en efecto, había presencia de cultivos ilícitos. Los miembros de la Policía Antinarcóticos han hecho previamente los estudios y labores pertinentes para la localización de dichos cultivos

 1.1.5 En varias acciones populares, de las cuales cita los extractos que considera importantes, se tiene que no se prohibió la supresión de las fumigaciones con glifosato al inexistir pruebas sobre los daños al medio ambiente

2.2 La parte accionada, por su parte, en sus alegatos de conclusión ( f. 430 - 431, c. ppal 1 ) reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e indicó que en el sublite se configuró la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, pues los cultivos ilícitos se encontraban colindantes al predio del afectado, quien tenía la obligación de denunciar la existencia de los mismos.

 ACTUACIÓN EN EL CONSEJO DE ESTADO: Sin que se observe nulidad de lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por las partes contra la sentencia del 17 de marzo de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba ( f. 352 - 374, c. ppal 2 ) que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Consideró que las copias simples tendrá n mérito probatorio en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no hubiere sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

PROBLEMA JURÍDICO Conforme a los recursos de apelación presentados y la acción incoada, corresponde a la Sala determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es extracontractualmente responsable por la pérdida de los cultivos de propiedad del señor Eduardo Diomedes Sánchez o, si por el contrario, no se encuentra demostrada la responsabilidad de la entidad pública demandada, por verificarse una causal eximente de responsabilidad.

LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 4.1. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado 6 , de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial de los actores que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

El 25 de julio de 2006, la Dirección Antinarcóticos mediante la Orden de Servicios No. 124 dio inicio a la operación “Mercurio I” con el objeto de realizar operaciones de erradicación de cultivos ilícitos por el método de aspersión aérea en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba y, para ello se emplearían, entre otros, 83 unidades entre oficiales, suboficiales, patrulleros y agentes, 1 helicóptero SAR, 1 helicóptero pesado, 3 helicópteros medianos, 7 aviones AT - 802, 2 aviones DC - 3TP, 900 canecas del herbicida Glifosato, 1.100 galones de coadyuvante Cosmoflux, 2 tanques de Glifosato y 2 mezcladoras de herbicida ( Orden de servicio No. 124 “Operación Mercurio 1 f. 121 - 131, c. ppal 1 ).

El 3 de septiembre de 2006, se reali zó la aspersión con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos ubicados en la jurisdicción del departamento de Antioquia y, en la cual se consumieron un total de 787 galones de glifosato y 17.90 galones de cosmo - flux ( Acta No. 036 del 3 de septiem bre de 2006 Dirección de Policía Antinarcóticos – Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos – Base Móvil de Aspersión Caucasia f. 125 - 126 y f. 259 - 262, c. ppal 1 ).

El 4 de septiembre de 2006, la aspersión con glifosato se llevó a cabo en el departamento de Córdoba, tal y como consta en el acta No. 037 de dicha fecha, así ( f. 263 - 266, c. ppal 1 ) Tierralalta Córdoba

Se realizó diligencia de destrucción de plantaciones de 392.89 hectáreas de coca, previa identificación, ubicadas en las coordenadas anteriormente descritas, no se establece el propietario de los inmuebles donde se localizaron los cultivos. Por tal razón, no se pudo dar cumplimiento al art. 77 de la Ley 30 de 1986, por tratarse de una zona de alto riesgo. Se consumieron 1084 galones de glifosato y 24.65 galones de Cosmo - flux -

En todos los formularios de la UMATA se indicó que a los cultivos no se les había aplicado por parte del actor fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, ni otros agroquímicos que pudieran afectarlos y llevarlos al estado en que se encontraban. Así mismo, se señaló que no se les detectó enfermedades ( hongos, bacterias, virus, deficiencias nutricionales, etc.), plagas (insectos, aves, etc.), ni daños por antrópicos, fuego, inundaciones, vientos, heladas, etc.).

En el curso del presente juicio contencioso, declararon vecinos de la finca “Tranquilidad”, Verificado por parte de la UMATA los daños causados a la propiedad del señor Eduardo Diomedes, la personería municipal de T ierralta, mediante oficio No. 141 PMT del 1 de diciembre de 2006 dio traslado de la queja a la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional .

Mediante oficio No. 0048 ARECI - GRUVE/QUEJAS del 10 de enero de 2007, el Coordinador del Grupo de Quejas de la Dirección Antinarcóticos – Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos, le informó a la personera municipal de Tierralta que las coordenadas de los predios afectados suministradas en los formatos de verificación de la UMATA no correspondían al sector donde se reportaron los daños, por lo que debían verificarse las coordenadas a fin de ubicar con exactitud los predios afectados // El 25 de abril de 2007, el señor Eduardo Diomedes radicó una petición ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía solicitando información respecto de los avances de su queja. En las que dice entre otros, admiró del señor Presidente de la República, como paisano que soy de él, en su lucha contra ese maldito narcotráfico. Soy un anciano de 82 años de edad, natural de Venecia, campesino paisa de pura cepa, quien nunca ha estado de acuerdo con este maldito negocio, pero por circunstancias de la vida y de los grupos terroristas AUC y guerrilla, invadieron a sangre y fuego estas tierras, sembrando la semilla de coca. ..

Mediante oficio No. 0680 ARECI - GRUVE/QUEJAS del 1 de mayo de 2007, el Coordinador d el Grupo de Quejas de la Dirección Antinarcóticos del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos, le informó al señor Eduardo Diomedes que no se había podido avanzar en el estudio de la queja, toda vez que no se contaba con la ubicación cartográfica del predio, lo cual debía ser diligenciado por la personería municipal y por ello, le solicitaba allegar las coordenadas del predio afectado o en su defecto la cartografía georeferenciada revisada por un funcionario de la UMATA, pues las coordenadas que la entidad había enviado no correspondían a la ubicación del país .

El Señor Diomedes solcitó a la personería municipal de Tierralta enviar las coordenadas La personera municipal de Tierralta, en oficio del 23 de mayo de 2007 8 le informó al señor Sánchez que no se había podido tomar antes las coordena das del predio, toda vez que no se contaba con GPS para dicha labor y hasta que este no se obtuvo y la situación de orden público se restableció, no se pudo llevar a cabo la toma de coordenadas.

El 26 de julio de 2007, diez meses después de haberse presentado la fumigación por glifosato, el Jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícito s de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional dictó auto de admisión de la queja presentada por el señor Sánchez Vargas y mediante oficio de la misma fecha, solicitó al alcalde de Tierralta notificar el mentado proveído al señor Eduardo Diomedes Sánchez, sin embargo, mediante oficio del 7 de septiembre de 2007, el alcalde municipal devolvió la documentación debido a que no había podido notificar al señor Sánchez, en razón a la situación de orden público que el municipio presentaba.

El 19 de mayo de 2008, cuando ya se había presentado la demanda de reparación directa, el Jefe del Área de erradicación de cultivos ilícitos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional profirió el auto No. 1523 ARECI - GRAQUA por el cual rechazaba la queja presentada por el señor Eduardo Diomedes, toda vez que luego de una visita de campo realizada el 11 de diciembre de 200 7 no se observó afectación sobre cultivos lícitos ( f. 206 - 209 y f. 313 - 315, c. ppal 1 ). Cabe decir que de este auto no obra constancia de que fue notificado al aquí demandante.