|
|
Armas químicas y biológicas en
el Plan Colombia
Interrogantes sobre la
“estrategia
antinarcóticos”[*]
Darío González Posso[**]
Septiembre-Octubre de 2001
Hoy, cuando el tema de las armas biológicas adquiere gran notoriedad en el Mundo, es indispensable recordar la guerra química y las amenazas de guerra biológica presentes en la “estrategia antinarcóticos” del Plan Colombia diseñada por los Estados Unidos. La presente ponencia también interroga sobre el significado de esa estrategia que, lejos de una auténtica “lucha contra el narcotráfico”, está orientada en realidad a imponer intereses de dominación económica, control militar y político sobre la estratégica región andino-amazónica. Las alternativas aquí planteadas recogen aportes del proceso colectivo de debate y construcción de una agenda para la paz.
El impacto del terrorismo nuclear perpetrado por los Estados Unidos, que dejó centenares de miles de víctimas civiles en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, y la carrera armamentista que siguió a la Segunda Guerra Mundial, quizás influyeron para que durante los años 50 y 60 del siglo XX se hablara mucho de la amenaza atómica y menos de la ‘guerra química y biológica’. Esta parecía ciencia ficción, lejana a las preocupaciones inmediatas de los ciudadanos. Sin embargo, fue durante esos años que las grandes potencias de la llamada ‘Guerra fría’ desarrollaron considerables arsenales de armas químicas y biológicas antes de firmar, en 1972, la Convención internacional sobre armas biológicas y toxínicas. Pero esta Convención no canceló realmente el desarrollo de tales armas, pues no estaba en capacidad de prever suficientes medidas de control. Varios Estados, entre ellos los Estados Unidos, la Unión Soviética y la Gran Bretaña, continuaron de manera secreta el desarrollo de armas químicas y biológicas, baratas y fáciles de ocultar, con la intención de usarlas en las zonas de conflicto, aunque en los medios de comunicación fueron presentadas, contra toda evidencia, solamente como un recurso de ‘grupos terroristas’ o de otros Estados señalados como ‘parias’.
En 1978 entró en vigencia el Convenio para la prohibición del Uso Militar o Cualquier Otro Uso Hostil de Técnicas de Modificación del Medio Ambiente. Este convenio es un resultado político directo del uso del ‘Agente Naranja’ y de otros conocidos como Agentes Azul y Blanco, utilizados por los Estados Unidos en la guerra de Vietnam para atacar sus cultivos[1].
Desde 1961 hasta 1972, Vietnam fue víctima de una guerra química de grandes proporciones; los aviones norteamericanos fumigaron alrededor de 2,5 millones de hectáreas de bosques, con el llamado Agente Naranja, que produjo graves daños en el entorno natural y en los seres humanos: 500 mil niños nacidos desde la década de 1960 han sufrido malformaciones relacionadas con las dioxinas, un subproducto de la elaboración del Agente Naranja[2].
Ahora, en la “guerra contra las drogas”, además de armas químicas el gobierno de Estados Unidos propone y prepara el uso de agentes biológicos. La amenaza de utilización masiva del Fusarium oxysporum, “Agente Verde”, hace parte de sus nuevos aportes contra la biodiversidad y los derechos humanos.
La Convención Única de Naciones Unidas de 1961 declara “ilícitas” las plantas que contienen sustancias para la producción de drogas ‘estupefacientes’ o ‘psicotrópicas’ y establece un marco jurídico multilateral para la erradicación de estas plantas. La “lista” de sustancias prohibidas no sólo contiene la cocaína, sino que llega al absurdo de incluir allí la hoja de coca, una planta sagrada para muchas culturas aborígenes andinas y amazónicas.
La Convención de Viena de 1988 establece la obligación de las partes de “tomar medidas apropiadas para prevenir los cultivos ilícitos y la erradicación de plantas que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas, como la amapola, el arbusto de coca y el cannabis, que se cultiven ilícitamente dentro de su territorio”.
En 1990 se creó el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (UNDCP por su sigla en inglés), encargado de adelantar los proyectos que permitan lograr los objetivos de las convenciones.
Sin embargo, las convenciones antes citadas no establecen los medios para la erradicación de las plantas cultivadas de manera “ilícita”, aunque la Convención de Viena de 1988 incorpora una precaución: “La medidas adoptadas deberán respetar los derechos humanos fundamentales, y deberán tener en cuenta las costumbres tradicionales lícitas, donde exista evidencia histórica de estas, así como la protección del medio ambiente”.
Por su parte, el presidente Nixon de los Estados Unidos declaró la “guerra contra las drogas” y en 1975 se iniciaron las primeras fumigaciones aéreas contra la marihuana (cannabis) en México, con el herbicida Paraquat. En este país aun se fumiga amapola y marihuana con Paraquat y Roundup (nombre comercial de una mezcla química de Monsanto, que contiene Glifosato) y, durante determinado período con el herbicida 2,4-D, uno de los dos ingredientes del ‘Agente Naranja’ utilizado en Vietnam. En los Estados Unidos se fumigó marihuana con Paraquat desde 1981. En Birmania se realizó de 1986 a 1988 fumigación aérea contra amapola, en Guatemala entre 1989 y 1992 con 2,4-D y Roundup y en Colombia a partir de 1992 hasta la actualidad con Roundup.
En Colombia la historia de la guerra química se inicia con la utilización experimental secreta del Roundup durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978 – 1982) a raíz del auge de las plantaciones de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Belisario Betancur (1982 – 1986) lo autorizó oficialmente en reemplazo del Paraquat. Desde 1994 se usa en Colombia Roundup a gran escala. “Todos estos programas son impulsados y financiados exclusivamente por los Estados Unidos, y se ejecutan en todos los países con apoyo operativo en lo referente a aviones, inteligencia, pilotos y herbicidas”[3].
Durante la década de 1980, las instancias antidroga de las Naciones Unidas estuvieron alejadas de la participación directa en la guerra química contra los cultivos declarados ‘ilícitos’. Por esa época, en tales instancias se reconocía que la crisis agraria en los ‘países en desarrollo’ era una de las causas de la extensión de dichos cultivos y también por estos mismos años surgió el discurso de la “responsabilidad internacional compartida”. Por tanto, cuando se fundó UNDCP se dedicó básicamente a la reducción de la demanda y al desarrollo alternativo[4].
Sin embargo, desde la década de 1970 y en especial desde finales de la década de 1980, Estados Unidos y la agencia antidrogas de Naciones Unidas (UNDCP) se dieron a la tarea de buscar ‘agentes biológicos’ para la erradicación de los cultivos tipificados como ‘ilícitos’[5]. Se sabe que una investigación del gobierno de los Estados Unidos iniciada en la década de 1960 identificó en la isla de Kauai (Hawai) una forma especial del Fusarium oxysporum denominada Erythroxyli, que en 1987 aislaron sus componentes químicos y confirmaron su potencial como “micoherbicida"[6]. Además, aunque no hay información completa sobre los procedimientos desarrollados en laboratorio, muchos afirman que este microorganismo fue modificado genéticamente para hacerlo más agresivo[7].
Con la consigna “un mundo libre de drogas”, la agencia antidrogas de Naciones Unidas (UNDCP), en 1998 dio un viraje significativo en su política contra la demanda, para pasar al énfasis contra la oferta, y elaboró una Estrategia para la Eliminación de Coca y Amapola en el 2008, con la intención de que fuera aprobada durante la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de la ONU. Dicha estrategia consiste en una combinación de erradicación forzada y desarrollo alternativo, para eliminar la coca y la amapola en los países donde se concentran los cultivos: Colombia, Bolivia, Perú, Birmania, Laos, Vietnam, Afganistán y Pakistán.
Entre tanto, en los Estados Unidos un sector de congresistas diseñó un plan denominado “Proyecto de Eliminación de la Droga en el Hemisferio Occidental”, que en algunos análisis se considera “el preludio de ayuda del Plan Colombia” que sería aprobado dos años más tarde[8]. El Congreso de los Estados Unidos aprobó en octubre de 1998 un versión de este proyecto que incluye helicópteros, otras armas y entrenamiento, un fondo de 23 millones de dólares para mejorar la eficacia de la fumigación aérea con químicos y 13 millones para el desarrollo de micoherbicidas (hongos) para la erradicación de cultivos ‘ilícitos’. “El Departamento de Estado le ha proporcionado estos fondos al UNDCP para que continúe las investigaciones y el desarrollo de los micoherbicidas”[9]. De este mismo año es la firma del contrato entre UNDCP y Uzbekistán, financiado por la Gran Bretaña y los Estados Unidos para el desarrollo de agentes biológicos con fines de guerra biológica que -en instalaciones que pertenecieron a los programas de armas biológicas de la antigua Unión Soviética-, experimenta con el hongo Ploespora papaveraceae, para utilizarlo como patógeno de la amapola en Afganistán[10].
En marzo de 1998, la revista “Christian Science Monitor” de los Estados Unidos, informó sobre el proyecto. En junio de 1998 el periódico británico “The Sunday Times” reveló que “Gran Bretaña está involucrada en un esfuerzo secreto para eliminar el comercio mundial de heroína con una guerra biológica”. Se describe al Instituto encargado del proyecto en Uzbekistán como un centro utilizado por el antiguo Estado Soviético para “la investigación de armas genéticas” y se menciona que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña están comprometidos en la planificación de la empresa y en el propósito de dispersar el hongo[11]. ¿Son Estados Unidos y Gran Bretaña ‘Estados parias’?
En la primavera de 1998, la revista “Covert Action Quarterly” de Estados Unidos descubrió que el servicio de investigación agrícola del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos está empeñado en la manipulación del código genético de un hongo, a fin de utilizarlo en la destrucción de cultivos de amapola y coca en la región andina[12].
La intención de utilizar armas biológicas contra la coca en Colombia es evidente en la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de 1.300 millones de dólares, destinados al ‘Plan Colombia’. Este Plan establece, como uno de sus ejes de acción, la erradicación de cultivos tipificados como ilícitos. Bajo el argumento de la ineficacia de los métodos químicos utilizados, propone el uso de agentes biológicos, ‘micoherbicidas’, más efectivos y baratos que la aspersión con químicos[13].
En el punto titulado ‘Erradicación de cultivos’ el ‘Plan Colombia’ traza como orientación: “Apoyar las nuevas estrategias del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en las pruebas y desarrollo de agentes de control biológico ambientalmente seguros y confiables, con el fin de encontrar nuevas tecnologías de erradicación”.
El Congreso norteamericano plantea la erradicación de los cultivos ilícitos, en especial de coca, “a través de una combinación de programas de desarrollo alternativo; erradicación manual; aspersión aérea de herbicidas químicos; pruebas de micoherbicidas ambientalmente seguros y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de narcóticos ilegales en territorio colombiano”[14].
Así, el Plan Colombia enfatiza como nunca antes la erradicación forzada de cultivos declarados ilícitos a través de medios que, además de proyectos para pruebas de ‘agentes biológicos’, incluyen fumigación química y ‘pactos’ de erradicación manual que los campesinos deberán aceptar bajo la amenaza de la fumigación con plazos perentorios para la “sustitución de cultivos”. Con tales estrategias este Plan conduce al Estado a agudizar la violación de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente. Además, se violan principios del Derecho Internacional Humanitario, al colocar a la población civil como objetivo de acciones de guerra.
El Fusarium oxysporum. La primera discusión sobre la utilización de ‘micoherbicidas’ en la aplicación de la ‘estrategia antinarcóticos’ del Plan Colombia tuvo como objeto un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNDCP), dirigido a probar y usar agentes como el hongo Fusarium oxysporum, titulado “Pruebas Experimentales y Futuro Desarrollo de un Agente Controlador Biológico, Ambientalmente Seguro para la Erradicación de la coca”. Naciones Unidas, al contrario de lo que sucede con el Gobierno norteamericano, no está obligada por la Ley de Libertad de Información, la cual garantizaría el acceso a documentos oficiales por parte de terceras personas. Así, Estados Unidos buscaba encubrir sus propósitos.
Algunas características del Fusarium oxysporum son las siguientes:
Si el uso masivo en ambientes rurales del Fusarium oxysporum puede causar un grave daño sobre el entorno natural, la flora, la fauna y la salud humana, ¿qué puede esperarse de una forma especial que quizás ha sido modificada genéticamente para hacerla más agresiva?.
Desde la segunda Guerra Mundial, existe una asociación estrecha entre Fusarium y la guerra química. Jeremy Bigwood, microbiólogo norteamericano y especialista en la materia, sostiene que en este caso no se debe hablar de “agentes biológicos”, sino de “agentes bioquímicos”, pues los micoherbicidas entran en los organismos objetivo y los matan por medio de las toxinas que ellos producen; la forma química clásica sintetiza las toxinas en una fábrica de químicos que puede estar lejos del organismo objetivo, el micoherbicida es una fábrica de químicos sobre el organismo objetivo y en este caso los químicos tóxicos producidos se llaman ‘micotoxinas’[18].
Una historia ilustrativa sobre Fusarium, relata Jeremy Bigwood, ocurrió en la Unión Soviética: Durante los últimos años de la segunda guerra mundial se produjo una infestación de cereales almacenados por alguna especie de Fusarium; miles de personas murieron, después de haber comido el pan contaminado; más tarde, una serie de micotoxinas del hongo fueron aisladas, como las “trichothecenas”, que han sido encontradas también en Fusarium oxysporum; los soviéticos se dieron cuenta que algunas de estas toxinas no se disuelven con el agua y que permanecen por años en el suelo impidiendo el desarrollo normal de nuevos cultivos hasta que se degradan.
“Algunos países -informa Jeremy Bigwood- han hecho investigaciones de las trichothecenas aisladas de Fusarium como agentes de guerra química, ya que algunas trichothecenas tienen la habilidad de matar a mucha gente con una dosis de 4 a 5 miligramos por persona. La mayoría de estas investigaciones fueron hechas clandestinamente por el gobierno de los Estados Unidos, para evaluar la posibilidad de utilizar las trichothecenas como armas de guerra, o la necesidad de aprender cómo protegerse de ellas. Otros países como Gran Bretaña, Israel, Francia, la Unión Soviética e Irak trabajaron también en esto”.
Aunque no existe información completa sobre manipulaciones genéticas realizadas a la cepa de Fusarium a ser usada, se debe tomar en cuenta que al introducirle genes para hacerla más agresiva se multiplica su potencial patógeno, se incrementa su sobrevivencia, su rango de huéspedes, la toxicidad de sus metabolitos y su capacidad de producir infecciones sistémicas en los seres humanos[19].
A la gravedad de la situación causada por la fumigación con armas químicas, el Plan Colombia suma la amenaza de la liberación masiva de hongos, cuyas toxinas deben ser consideradas armas químicas o bioquímicas, cuyo uso viola la Convención internacional sobre armas biológicas y toxínicas, que prohíbe su desarrollo, producción, uso y almacenamiento para propósitos hostiles o en un conflicto armado.
Ante posibles ‘pruebas experimentales’ y la eventual utilización masiva de este hongo en Colombia, surgió una oposición enérgica de sectores académicos, investigadores, algunos congresistas, organizaciones sociales y de Pueblos indígenas. En el debate se mencionó, además, que el Protocolo sobre Bioseguridad del Convenio de Diversidad Biológica reconoce que los organismos vivos modificados genéticamente (transgénicos) poseen potenciales impactos negativos sobre la biodiversidad y la salud humana, por lo cual su introducción a los países requiere una estructura reguladora diferenciada: "La falta de certeza científica debida a la información y conocimiento científicos relevantes insuficientes en relación con la extensión del potencial de un organismo vivo modificado (OVM) de causar efectos adversos en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en la Parte importadora, tenidos también en cuenta los riesgos para la salud humana, no puede impedir a esa Parte tomar una decisión, como fuera apropiado, en relación con la importación del OVM en cuestión... para evitar o minimizar esos efectos adversos potenciales".
Por no existir certeza científica sobre las consecuencias que traería su aplicación, también se recordó al gobierno colombiano el principio de precaución, señalado en el Convenio de Diversidad Biológica, en el Protocolo sobre Bioseguridad y en la legislación nacional, como un deber de quienes tienen que tomar determinaciones en lo ambiental.
En la discusión se aclaró que la utilización de este hongo contra la coca no sería control biológico legítimo, sino dispersión de plagas y enfermedades con capacidad de atacar plantas, animales y seres humanos, que su aplicación afectaría la biodiversidad y la producción de alimentos, al tiempo que violaría los convenios internacionales antes mencionados ratificados por Colombia y la propia Constitución Nacional cuyo artículo 81 prohíbe “la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares”. La Constitución también establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, que el Estado debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas, que también serían afectados.
La ejecución de la “estrategia antinarcóticos” del Plan Colombia alarmó a los países vecinos por el desplazamiento forzado de personas que llegan a estos en calidad de refugiados, y por la amenaza del uso de agentes biológicos sobre la selva húmeda tropical compartida.
Otro hecho que causó gran preocupación por el uso del Fusarium oxysporum es la negativa del Estado de la Florida en 1999 de ejecutar un programa de experimentación con este microorganismo para atacar cultivos de marihuana. Según los mismos norteamericanos no existe certeza de que el hongo no cause daños graves al medio ambiente[20]. ¿Porqué si Estados Unidos admite que el llamado ‘agente verde’ es un arma biológica y se niega a utilizarlo en su territorio, quiere aplicarlo en Colombia? ¿Porqué es aplicable el principio de precaución -carencia de certeza- en Estados Unidos, pero no en Colombia?
Con base en un análisis sobre los posibles impactos que generaría la aplicación masiva del hongo Fusarium oxysporum f. sp. Erythrocyli, sobre la biodiversidad y la salud humana y la posibilidad de vulnerar los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, la Defensoría del Pueblo[21], en comunicado de prensa del 10 de julio de 2000, recomienda a las autoridades nacionales competentes no permitir el ingreso al país de este hongo, aun para ser utilizado en proyectos de simple experimentación.
En un escenario de oposición y de protestas nacionales e internacionales, en julio de 2000, el Ministerio del Medio Ambiente no tuvo otra alternativa que rechazar públicamente el uso de este hongo “por carecer de certeza sobre sus impactos en el medio ambiente y la salud humana”.
No obstante, el gobierno anunció en su lugar un proyecto de investigación para identificar “a partir de la biodiversidad nativa, especies que puedan emplearse como controles biológicos para la erradicación de cultivos ilícitos”, que acompañó con el discurso falaz de que tales controladores no pondrían en riesgo “el medio ambiente ni la salud humana”[22]. Proyecto que en enero de 2001 también se verá obligado a cancelar, una vez más como resultado de las denuncias y protestas nacionales e internacionales.
Se trataba del Proyecto titulado“Formas alternativas, integrales y productivas de protección de la biodiversidad en las zonas afectadas por cultivos de coca y su erradicación”, formulado por el Ministerio del Medio Ambiente con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt[23], como una manera de sortear la crisis y al mismo tiempo mantener los compromisos con Estados Unidos.
La iniciativa fue presentada como una “contrapropuesta”, pretendidamente nacionalista, para ser desarrollada por científicos e instituciones colombianas, con pruebas de campo en la Amazonia y con apoyo financiero de la comunidad internacional. Pero el Sinchi como entidad ejecutora –decía el proyecto- podía “subcontratar” con empresas nacionales o internacionales. El inicio del proyecto estaba previsto para agosto del 2000, con una duración de 3 años y por un valor de 7 millones de dólares[24].
La mayor parte de los argumentos contra el proyecto de los “controladores biológicos nativos” de la coca son iguales a los expuestos para rechazar las pruebas y eventual utilización masiva del Fusarium oxysporum, porque en esencia de lo se trata es del rechazo al uso de armas biológicas[25].
En los debates desarrollados por organizaciones sociales, sectores académicos y organizaciones indígenas, en primer término se recordó que con base en principios éticos la investigación científica debe estar al servicio de la vida, la justicia social, la solidaridad, la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz.
Este proyecto no se integra a una agenda de paz y solución negociada de los conflictos y desconoce la posibilidad de sustitución gradual y concertada con las comunidades campesinas. Aunque la propuesta se presenta como solución ‘tecnológica’ pura y aséptica, se ubica en un contexto de guerra y se suma a las soluciones violentas del conflicto Colombiano.
Bajo el sofisma de un “control biológico” inofensivo, se propone realmente la identificación y posterior empleo de armas biológicas que incrementarían el desplazamiento forzado de poblaciones y la crisis humanitaria en el país, además de los potenciales daños sobre flora y fauna de la Amazonia colombiana y de países vecinos.
Estimularía la utilización de más tóxicos químicos por parte de los cultivadores para “defender” sus plantíos de coca y repercutiría en una mayor demanda de “controladores biológicos”, lucrando a productores y mercaderes de agroquímicos y agentes biológicos, inscritos en alternativas de guerra.
Significaría más guerra contra los campesinos y contra la selva. Los microorganismos patógenos de la coca utilizados como armas biológicas pueden llegar a infectar y matar diversas especies de plantas, amenazar la biodiversidad y la seguridad alimentaria. El rechazo ya no es solo a la manipulación y uso del Fusarium oxysporum, que como ya se mencionó no se puede considerar un hongo patógeno foráneo y es posible encontrarlo en la biodiversidad amazónica.
Además, la biología y la ecología básicas indican que no es cierto que la manipulación y uso de hongos supuestamente "nativos" como micoherbicidas no conlleva ningún peligro. Al respecto afirma el investigador Germán Alonso Vélez: “En un ecosistema donde las condiciones ambientales y de la flora y fauna presentan una tendencia hacia el equilibrio, la presencia en el ambiente de un organismo patógeno o plaga que sea nativa en general no causa daños grandes, aunque puede afectar puntualmente la producción de un cultivo, además el organismo tiene menor probabilidad de mutar o adquirir resistencia a su control, porque no existe una presión externa fuerte para que esto suceda. No es lo mismo tener en un frágil y complejo ecosistema amazónico por ejemplo diez mil esporas de Fusarium por hectárea, que tener cien millones de esporas en esta misma área, puesto que la presión y correlación numérica sobre este patógeno y sobre la microflora nativa es totalmente desproporcionada. Esto nos lleva a la conclusión que el problema y la discusión de fondo no es si se utiliza el Fusarium oxysporum u hongos "nativos", puesto que la pregunta de fondo es si ¿debemos utilizar o no armas biológicas para el control de los cultivos de coca?”[26].
Además de postulados de la Constitución Nacional y su carta de derechos, estos proyectos incluida su versión “criolla”, contradicen convenios internacionales ratificados por el país, entre ellos la Convención sobre armas biológicas, el Convenio de la Diversidad Biológica y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT que obliga a los gobiernos a respetar las culturas y valores de los pueblos indígenas, su relación con los territorios que ocupan o utilizan y en particular los aspectos colectivos de esa relación. El gobierno también tiene la obligación de consultar cualquier actividad que se proponga o se desarrolle en los territorios indígenas o que pueda afectarlos, cosa que no hizo.
Otro aspecto menos evidente, pero muy preocupante, es el asalto que el proyecto de las “alternativas criollas” pretendía facilitar sobre los recursos genéticos en general y sobre el conocimiento asociado desarrollado durante milenios por las culturas amazónicas. El proyecto definía como “Problemática a solucionar” el establecimiento creciente de los cultivos ilícitos de Erythroxylum coca. Pero, más allá de los propósitos declarados de mecanismos de “control biológico” y “alternativas productivas sostenibles” para erradicar los cultivos de coca, el Proyecto manifestaba interés sobre un ámbito mucho más amplio de la diversidad biológica amazónica y de los recursos genéticos, bajo los propósitos de un tipo de bioprospección que vulnera los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
La bioprospección busca acortar el camino y los costos en la identificación de recursos genéticos, o de principios activos en los organismos vivos para transformarlos, por ejemplo, en fármacos. Para ello utiliza el conocimiento colectivo de las comunidades locales y pueblos indígenas. El problema surge cuando estos conocimientos y recursos genéticos, que deberían ser respetados como inalienables, son expropiados mediante patentes, inclusive sobre organismos vivos y hasta “colecciones biológicas”, o a través de dudosas “retribuciones económicas”, como proponía el proyecto mencionado, transformándose la bioprospección en piratería, en este caso sobre el conjunto de los recursos de la diversidad biológica y cultural de la región amazónica colombiana[27].
Al respecto es elocuente en el texto del proyecto citado lo relacionado con los derechos de propiedad: “Los derechos patrimoniales de autor, como información, datos, metodologías, protocolos, colecciones biológicas, patentes y cualquier otra información científica o técnica que se genere en el desarrollo del proyecto, pertenecerán exclusivamente al Ministerio del Medio Ambiente y al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi como entidades responsables de la ejecución del proyecto, en caso de utilización de la información para publicaciones de carácter científico, se darán los créditos correspondientes a los investigadores y a las entidades públicas o privadas que participen en la ejecución del mismo...”
El Anexo No. 6 del Proyecto explica la bioprospección, como una estrategia “que asesora y ayuda a los empresarios en el desarrollo de sus ideas, diseño de planes de negocios y a la creación y consolidación de sus empresas, mediante una Red de Apoyo en Bionegocios”.
Por ello, para la defensa de los derechos y conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, en diferentes eventos[28] se ha propuesto como medida transitoria una moratoria de la bioprospección en los términos del “Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad”, realizado en Nairobi, en mayo de 2000: “Nuestra preocupación por la violación, el saqueo y el robo de nuestra Madre Tierra exige que pidamos una moratoria a la bioprospección y al acceso y uso del conocimiento tradicional hasta que llegue el momento en que nuestra herencia cultural esté totalmente protegida por las leyes nacionales e internacionales”.
Perú, mediante Decreto Ejecutivo 0042-2000-AG de marzo del 2000, prohíbe el uso de agentes biológicos para erradicación de la coca. Ecuador, mediante Acuerdo Ministerial No. 162 del 14 de agosto del 2000, prohíbe el ingreso y la utilización del patógeno Fusarium oxysporum, en todo el territorio nacional, con el fin de preservar la salud pública, la fauna y el ecosistema. En septiembre de 2000, el Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM) rechaza la utilización de Fusarium oxysporum para la erradicación de cultivos “ilícitos” en el territorio de los países miembros de la Comunidad Andina.
En memorando del 22 de agosto del 2000, el presidente Bill Clinton admite que el plan de Estados Unidos de usar agentes microbiológicos para erradicar cultivos ‘ilícitos’ puede tener impacto en la proliferación de armas biológicas y declara que los Estados Unidos no usarán ‘Agente Verde’ hasta tanto "una evaluación más amplia de seguridad nacional, que incluya consideraciones sobre el impacto potencial sobre proliferación de armas biológicas y terrorismo, proporcione una base sólida para concluir que el uso de esta herramienta en particular para el control de drogas está dentro de nuestro interés nacional"[29].
La agencia antidrogas de Naciones Unidas (UNDCP) se retiró de proyectos de “control biológico” contra cultivos declarados ilícitos en Colombia y la región andina. En carta del 2 de noviembre de 2000, dirigida a organizaciones no gubernamentales, UNDCP confirma que no está ejecutando, ni planea ejecutar, ni está discutiendo la posibilidad de ejecutar un proyecto de control biológico en Colombia ni en ningún otro lugar de los Andes[30].
El Ministerio del Medio Ambiente se vio obligado en julio del 2000 a rechazar la utilización del hongo Fusarium oxysporum y en enero del 2001 canceló el proyecto para la identificación de los llamados “controladores biológicos nativos” de la coca, siguiendo los pasos de la agencia antidrogas de Naciones Unidas, UNDCP.
La Resolución del Parlamento Europeo, del 1 de febrero del 2001, sobre el Plan Colombia y en apoyo al proceso de paz colombiano, expresa que la Unión Europea “debe hacer lo necesario para que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se impida la introducción de agentes biológicos como el Fusarium oxysporum, dados los riesgos que su uso entraña tanto para la salud como para el medio ambiente”.
Todas estas son victorias importantes, aunque parciales, de la movilización nacional e internacional de ciudadanos, parlamentarios, académicos, organizaciones sociales y de pueblos indígenas.
Sin embargo, los peligros persisten. Hay programas activos de armas biológicas contra las drogas en Asia y los Estados Unidos. El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas UNDCP, con el auspicio de los Estados Unidos y Gran Bretaña, tiene el compromiso de desarrollar agentes biológicos contra cultivos declarados ilícitos. UNDCP continúa apoyando un proyecto de investigación en Uzbekistán de un hongo para eliminar la amapola.
En reportaje de la BBC de Londres, al señor Rand Beers -‘Subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para asuntos internacionales y de narcotráfico’-, le preguntaron: si Colombia continúa negando el consentimiento informado para la prueba de campo del hongo Fusarium oxysporum, variedad Erythroxyli, ¿el juego se termina?. Él respondió: “Sería muy difícil recuperarse, pero no estoy dispuesto a admitir que se acabó”. El señor David Sands, científico y comerciante norteamericano, según el mismo reportaje “poseedor de los derechos sobre el hongo”, declaró de manera categórica: “entraremos sin permiso”[31].
La administración Bush ratificó al señor Beers en su cargo. El señor Sands, a diferencia de Rand Beers, no es un funcionario del gobierno, pero como menciona el mismo video reportaje de la BBC de Londres, tiene excelentes conexiones en el Congreso y en las esferas gubernamentales de los Estados Unidos. Estos hechos también hacen pensar que “el juego” aun no terminó, que no ha concluido el debate y que hace falta no sólo escribir artículos y realizar ejercicios académicos, sino ante todo mantener la movilización.
En lo internacional, es necesaria una prohibición global. No basta desmantelar los programas existentes de investigación, es indispensable una prohibición sobre cualquier trabajo, presente o futuro, en armas biológicas para erradicar cultivos. A la Comisión de Estupefacientes de la ONU y a la Conferencia de las Partes de la Convención Internacional sobre Armas Biológicas y Toxínicas, se debe solicitar la prohibición global del uso de agentes biológicos contra cultivos como la coca, la amapola o la marihuana.
Pero resulta preocupante la línea oficial de los Estados Unidos, que ahora profundiza la Administración del Presidente Bush. Con apenas poco más de un semestre en la Casa Blanca, el Presidente Bush ha dado suficientes muestras de desprecio hacia negociación y la cooperación en las relaciones internacionales. Esta actitud quedó clara, por ejemplo, en su negativa frente al Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático, o en el bloqueo al Tribunal Penal Internacional.
En relación con las armas biológicas, en julio de 2001 Estados Unidos se negó a firmar un Protocolo de verificación del cumplimiento del compromiso de no fabricar armas biológicas establecido en la Convención internacional sobre armas biológicas y toxínicas de 1972. Dijo la Administración Bush que el acuerdo pondría en peligro la confidencialidad de su industria farmacéutica y de la investigación biológica, y que además no crea un instrumental para evitar que algunos países violen los acuerdos.
En la actualidad, después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, la paranoia se apoderó de Estados Unidos y de otros países como Gran Bretaña, pues como indica inclusive la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Gro Harlem Brundtland, deben prepararse “ante la posibilidad de ataques con agentes químicos o biológicos”. Muchos ciudadanos corren a comprar máscaras antigás y antibióticos, que para poco les servirían en esas circunstancias.
Algunas voces más sensatas, advirtieron que “La prevención del terrorismo biológico comienza con los EEUU”[32]: “La decisión de EEUU de responder militarmente a los ataques terroristas de Nueva York y Washington –dijo la organización no gubernamental Sunshine Project- podría desestabilizar los controles de armas biológicas y desencadenar una guerra química y biológica. Para evitar el derrumbamiento en una cuesta resbalosa y peligrosa, es necesario corregir los cuatro errores recientes de EEUU en control de armas biológicas”. Según Sunshine Project, esos errores críticos y sus medidas correctivas son:
A esto se debe agregar que es indispensable fortalecer alternativas pacíficas con base en los tratados internacionales y democratizar las relaciones internacionales, en lugar de la arrogancia unipolar inaugurada al final del Siglo XX. ¿Una utopía en medio de la actual euforia guerrerista?
La llamada “estrategia antinarcóticos” del Plan Colombia, plan que ahora se extiende como “Iniciativa Regional Andina”, hace parte de más de 25 años de “guerra contra las drogas” que también es necesario revisar en la política de los Estados Unidos y en las relaciones internacionales.
En función de este propósito se ha propuesto una “COMISIÓN MUNDIAL de alto nivel para evaluación de 25 años de ‘política antidrogas’ en Colombia (y en la región andina) y pronunciamiento sobre las opciones alternativas al problema de los cultivos con fines ilícitos en el marco de construcción de paz”[33].
Esta propuesta, cuyo antecedente es el “Encuentro Internacional sobre Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia” (Costa Rica, octubre 2000) fue presentada y acogida en el II Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz, Mesa Cultivos “ilícitos y Agenda de Paz (Bogotá, 30 de marzo de 2001), en el III Plenario de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (Rionegro, julio 2001) y en el “Conversatorio sobre la Iniciativa Regional Andina, la Estrategia Antinarcóticos y los Movimientos Cocaleros del Área Andina” (Bogotá, agosto 2001).
Esta Comisión sería conformada con personas independientes de los gobiernos y de los organismos multilaterales de Estados; rendiría su informe y recomendaciones a las Naciones Unidas, a los gobiernos y organizaciones sociales de la región andino amazónica; y estaría apoyada por comisiones técnicas nacionales y foros participativos ciudadanos.
En esta perspectiva, la “estrategia antinarcóticos” del Plan Colombia suscita un conjunto de interrogantes orientados a develar su naturaleza y a sugerir alternativas.
El Plan Colombia tiene varios componentes articulados alrededor de una “estrategia antinarcóticos”, concentrada en la “reducción de la oferta” en “su fuente”: los cultivos tipificados como “ilícitos”. Pero, ¿tal estrategia está realmente dirigida a combatir al narcotráfico? Todo indica que no.
Esa política fue diseñada para atacar en primer término a campesinos, colonos e indígenas, cualquiera que sea la técnica que se escoja para destruir las plantas: fumigación química, armas biológicas o erradicación manual. Cada vez es menor la cantidad de hectáreas de cultivos de los narcotraficantes y dominan ahora los cultivos campesinos, donde se concentran los mayores riesgos y se obtienen las menores ganancias. El valor pagado por el consumidor final en los EE.UU. se estima que se distribuye aproximadamente así: 5% para los países productores -con 1% para los campesinos y 4% para los procesadores locales-, 20% para los traficantes internacionales –los carteles de la droga- y un 75% para las redes de distribución y expendio en los países consumidores[34].
Al golpear sobre el primer eslabón de la oferta -los campesinos cultivadores-, la “estrategia antinarcóticos” mantiene altos los precios de la pasta básica de cocaína en los mercados locales de Colombia, lo cual estimula la extensión de los cultivos de hoja de coca a pesar de las fumigaciones, o más bien gracias a ellas.
Sin embargo, la represión sobre los cultivos en los países productores no se reflejó hasta ahora en una elevación de los precios de la cocaína para el consumidor de los Estados Unidos. Por el contrario, los precios para el consumidor de la cocaína y de la heroína tendieron a bajar por la sobreoferta de estas sustancias de origen natural y por la modificación relativa del consumo cuando los consumidores más jóvenes se orientan hacia las drogas sintéticas o químicas, como el llamado “éxtasis”. La venta al detalle de cocaína en los Estados Unidos pasó de aproximadamente US $250 por gramo en 1990 a US $ 110 en 2000[35]; lo que totalizaría 110 mil dólares el kilo, sin tomar en cuenta aún que para la venta al detalle los expendedores ‘rinden’ la sustancia y reducen su pureza al 70%; la heroína pasó de US $2.165 por gramo en 1990 a US $1.798, en 1998[36].
Por supuesto, la tendencia a la baja de los precios al detalle de la cocaína en los mercados de Estados Unidos no redujo la rentabilidad del negocio, que se mantuvo muy ‘atractivo’ por la abismal diferencia de precios entre los dos mercados mayoristas: mientras un Kilo de pasta básica de cocaína en Colombia vale alrededor de mil dólares, en Estados Unidos un Kilo de clorhidrato de cocaína en el mercado mayoritario valía el año pasado alrededor de 37.500 mil dólares y en Europa 70 mil[37]; esto seguramente también influyó para que, entre 1990 y el 2000, Colombia cuadruplicara su capacidad potencial de refinamiento de cocaína, al punto de contribuir a una sobreproducción.
Los estrategas de la represión sobre el primer eslabón de la oferta afirman que con este medio se induciría una elevación del precio al consumidor, lo cual inhibiría la demanda de estas drogas de origen natural. Esta política resultó una falacia, los precios al detalle no subieron, pero los cultivos se expandieron. Además una hipotética subida de los precios al detalle de la cocaína o de la heroína quizás contribuiría al mayor incremento del consumo de las drogas sintéticas, ¿será este uno de los objetivos implícitos?
Se sabe que los lucros del negocio de las drogas ilícitas finalmente los concentra de manera dominante el capital financiero norteamericano e internacional que se nutre con el ‘lavado’ de los dólares, las mafias de narcotraficantes, de suministradores de ‘precursores químicos’ y de armas. Se estima que los bancos norteamericanos, entre ellos los más grandes, como el Citibank, el Bank of América y los principales bancos de Miami “lavan” entre 250 y 500 mil millones de dólares al año[38]. Se afirma que el 85% de los beneficios del tráfico de drogas se “lava” en los bancos norteamericanos. Ni al capital financiero, ni a las mafias perjudican las acciones punitivas contra los campesinos. En Colombia, hacia finales de la década de 1970, antes de la expansión de los cultivos de coca para usos ilícitos ya había narcotráfico; en un comienzo, los narcotraficantes importaban la pasta básica de cocaína de Perú y Bolivia, con esta materia prima producían el clorhidrato de cocaína y exportaban.
Contrario a los pocos efectos de la “estrategia” del Plan Colombia sobre el tráfico de narcóticos, los campesinos de las zonas con presencia de cultivos tipificados como “ilícitos”, posean o no estos cultivos, mediante las fumigaciones con armas químicas son víctimas de la violación por parte del Estado de derechos humanos, como los derechos a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a la seguridad alimentaria.
A los efectos devastadores, entre otros, sobre ecosistemas de selva húmeda en el caso de la coca y de bosques alto-andinos y de niebla en el caso de la amapola -generados por el establecimiento de cultivos y por los procesos de obtención de las drogas ilícitas-, se suman los daños incalculables causados por la fumigación aérea con un herbicida de amplio espectro para forzar la erradicación, afectando el entorno natural y a los seres humanos.
“Con el argumento de combatir la oferta de drogas ilegales y golpear las finanzas de mafias y grupos irregulares se coloca a la población civil como objetivo militar”[39]. Al perjudicar con las fumigaciones inclusive los cultivos que producen alimentos, se utiliza el hambre y la manipulación del medio ambiente como armas de esta guerra y se desplaza población, parte de la cual busca refugio en países vecinos. Además de la propia Constitución Nacional, entre otros instrumentos del derecho internacional, se violan también disposiciones del Protocolo II de 1977 (adicional de los Convenios de Ginebra de 1949), donde se señala expresamente que “la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”, “se prohíbe atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil tales como cosechas, ganados, las instalaciones de reserva de agua potable y las obras de riego” y se prohíbe “Forzar a personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto” .
En la perspectiva de la promoción y protección de los derechos humanos y de otros sistemas normativos del derecho internacional, que resultan vulneradas por el Estado, las siguientes son medidas urgentes:
Como parte de las medidas estructurales, se requiere una Reforma Agraria y una política que contribuyan a reconstruir y proteger la economía campesina y que fortalezcan la soberanía alimentaria del país afectada por las políticas neoliberales. Para dar inicio parcial a una política orientada a democratizar la estructura agraria al interior de la frontera agrícola, se ha propuesto afectar las propiedades adquiridas por narcotraficantes, para lo cual se podría aplicar la Ley 333 de 1996, que prevé la extinción de dominio de bienes producto de enriquecimiento ilícito y entregar a campesinos pobres las tierras intervenidas.
Muchos análisis, incluso algunos que denuncian la “estrategia antinarcóticos” del Plan Colombia, indican como principio de corresponsabilidad internacional el combate contra la demanda de estas sustancias naturales declaradas ilícitas. Proponen, por ejemplo, “modificar la política antinarcóticos pasando del esquema represivo controlador sólo de la oferta, a otro que asumiendo el principio de corresponsabilidad combata también la demanda”[41].
Pero tales análisis desconocen que el origen del problema que padecen Colombia y otros países productores no es en primer término la demanda de estas sustancias psicoactivas por parte de los países ricos del norte, aunque esta demanda esté determinada por un consumo de proporciones considerables. Tampoco el origen del problema es la existencia de dichas sustancias, o de los cultivos de coca, amapola y marihuana.
El origen del problema es el prohibicionismo y las políticas punitivas ejecutadas contra los consumidores y contra los campesinos vinculados con estos cultivos, primeros eslabones de la demanda y de la oferta. Por esto, el resumen de propuestas de la Mesa sobre “cultivos ilícitos” del “II Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz” (marzo de 2001) señala: “Es urgente un nuevo concepto de responsabilidad internacional compartida, que repare no solo los efectos negativos que la demanda de drogas tiene sobre los países productores, sino también los que se generan por las políticas punitivas que se imponen para su control”[42].
El propósito central de la responsabilidad internacional compartida no debe ser “combatir también la demanda”. Es necesario un real esfuerzo nacional e internacional por debatir y superar mancomunadamente el oscurantismo, y llegar de manera consensual a una revisión de las políticas prohibicionistas y guerreristas. Esto también es más importante que la cooperación internacional para un “desarrollo alternativo” de dudosos resultados y, en muchos casos, complementario de las políticas punitivas contra el campesinado, como los actuales ‘pactos de erradicación manual’ propuestos por el gobierno con la presión y la amenaza de la fumigación química.
Se debe aceptar que no es deseable, ni posible, erradicar las drogas naturales, con las cuales la humanidad ha convivido y continuará necesariamente conviviendo; prohibirlas es inútil y contraproducente: el proceso de represión ha contribuido al auge de drogas químicas, al desarrollo de estrategias cada vez más delictivas y a un creciente armamentismo. Las políticas prohibicionistas lejos de evitar la drogadicción contribuyen a incrementarla, con el agravante de la venta clandestina de sustancias alteradas o de mala calidad y mayores riesgos para la salud. Frente a los daños que produce el prohibicionismo es mejor opción tratar todo tipo de drogodependencia como un asunto de salud mediante programas terapéuticos y preventivos.
El debate está abierto aunque cuenta con muchos obstáculos y poderosos opositores, entre ellos los Estados Unidos y el sistema financiero internacional. El resumen de propuestas de la Mesa sobre cultivos “ilícitos” del “II Encuentro Nacional de Mesas Ciudadanas para una Agenda de Paz” recuerda que “conocidos intelectuales promueven el debate internacional sobre la legalización de la droga, argumentan sobre la despenalización e insisten en que las organizaciones criminales que actúan alrededor del fenómeno de las drogas sólo serán derrotadas cuando se desvertebre su estructura financiera, edificada sobre los inmensos rendimientos que produce el prohibicionismo”. Ya en los Estados Unidos hubo una experiencia negativa con la prohibición de las bebidas alcohólicas que derivó en tráfico clandestino, violencia y mafias famosas como la de Al Capone.
El debate sobre la legalización de la droga y la
corresponsabilidad internacional debe comenzar también por un
cuestionamiento sobre la doble moral de la “guerra antidrogas”, pues
las actividades encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados
Unidos CIA han estado vinculadas a menudo con el tráfico ilegal de drogas
en varias regiones del Mundo. Por ejemplo, las operaciones de ayuda a los
“contras” de Nicaragua estaban ligadas con el tráfico
de cocaína. Durante la guerra en Afganistán contra la
ocupación de la URSS, Estados Unidos apoyó la Jihad
(guerra santa) islámica y buena parte del financiamiento provino del
comercio de la heroína, que la CIA controlaba indirectamente a
través de los servicios de inteligencia de
Pakistán[43].
La intervención
norteamericana en Colombia, con el pretexto de la lucha “contra el
narcotráfico”, pone en riesgo las alternativas de solución
política negociada del conflicto. Esta intervención se extiende
ahora como amenaza regional con el nombre de “Iniciativa
Andina” dirigida en particular a Colombia, Perú, Ecuador,
Bolivia, Venezuela, Brasil y Panamá, con una “ayuda” de 567
millones de dólares durante el año 2002, de los cuales más
de la mitad para Colombia, en su mayor parte para material militar y
entrenamiento de tropas. Ahora se anuncia, además, que “Estados
Unidos prepara una estrategia antiterrorista para Colombia” y los
demás países de la región
andina[44]. El resultado previsible de estas
políticas es el incremento de población desplaza, más
violación de derechos humanos, más violencia y amenazas de
violencia contra la población civil.
Keith Morris, Embajador del Reino Unido en Bogotá entre 1990 y 1994, en The Guardian (julio 4 de 2001) pide “legalizar la droga para aliviar el drama que padece Colombia”. Según él, la guerra contra las drogas que libra el mundo en suelo colombiano “no se puede ganar, es costosa y contraproducente”. “Ha sido difícil para mí –dice- abogar por la legalización, porque significa decir a aquellos con quienes trabajé, y a los familiares de quienes murieron, que ésta fue una guerra innecesaria, pero el imperativo debe ser intentar detener los perjuicios de esa guerra”. Morris afirma que Colombia se ha visto presionada por los Estados Unidos a una guerra de 30 años, primero contra la marihuana y luego contra la cocaína y la heroína. Sostiene que el conflicto que ahora afronta este país es alimentado no por la ideología sino por el dinero del tráfico ilícito de drogas. La “despenalización” del consumo, dice Morris, es un camino intermedio insatisfactorio y lo que hoy se ve como imposible, mañana será un imperativo político.
Es legítimo estimular en el ámbito internacional y nacional el debate sobre la legalización de la droga y sobre diferentes opciones: ¿libre mercado, o legalización regulada por el Estado?, por ejemplo.
En especial, es necesario desarrollar la acción contra una guerra que, detrás del pretexto de la “lucha antinarcóticos”, no logra ocultar los propósitos de dominación imperial en América Latina y el propósito de incrementar la presencia militar de los Estados Unidos en la región andino-amazónica por intereses geopolíticos, por sus riquezas naturales, para tratar de controlar las protestas sociales que resultan de la aplicación de los modelos neoliberales y con el fin de garantizar la subordinación económica y política del continente.
EPÍLOGO. Diciembre 20 de 2001
Con posterioridad al Seminario Internacional (septiembre de 2001), han ocurrido nuevos hechos vinculados con la política de los Estados Unidos sobre las armas biológicas: En diciembre de 2001 la Administración del Presidente Bus hizo fracasar la Quinta Conferencia de Examen de la Convención de Armas Biológicas, que fue levantada hasta el 11 de noviembre de 2002, sin aprobar ninguna resolución.
El Embajador estadounidense en Ginebra, Donald Mahley, dijo a la reunión que su país no aceptará que lo limiten en el uso de armas biológicas en la guerra contra las drogas porque quiere usarlas en Colombia.
Ya en julio de 2001 Estados Unidos se había opuesto a un Protocolo para la verificación del cumplimiento de la Convención Internacional sobre Armas Biológicas y Toxínicas, argumentando que el acuerdo pondría en peligro la confidencialidad de su industria farmacéutica y de investigación biológica.
Su intención de violar la Convención es ahora más mucho más evidente. Además, Colombia queda notificada de la amenaza de utilización masiva de armas biológicas que puede extenderse a la región andina y a toda la cuenca amazónica; plan que fue contenido hasta el momento por la denuncia en Colombia y a escala internacional, pero que resurge con mayor fuerza en las condiciones actuales.
| Mama Coca Home | Contra la Guerra Química y Biológica | Enlaces | Contáctenos |