Campesinos de Tarazá no soportan el glifosato

Medellín, jul. 15 (IPC) Pasadas las cuatro de la tarde del sábado 12 de julio, el labriego Marco Fidel Echavarria Uribe, poblador de la vereda Ocó Alto, dejó de escuchar el ruido de las tres avionetas que durante varios minutos le fumigaron sus 12 hectáreas de tierra con el herbicida glifosato, aplicado para acabar con los cultivos de hoja de coca.

El relato reposa hoy en la oficina de la Personería del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, hasta donde llegó Marco Fidel en la mañana de este martes para instaurar una queja por los daños provocados por la aspersión aérea a sus cultivos de maíz, yuca y cacao. En su denuncia, afirma que en su propiedad no hay cultivos de uso ilícito. “¿Por qué me fumigaron si yo no tengo coca?”, se quejó ante el Personero Alberto Blanquiceth.

Denuncias como las del labriego Marco Fidel se vienen multiplicando no sólo en las dependencias estatales de Tarazá; también hay sendas quejas en el municipio de Valdivia. En ambas localidades, los campesinos han resultado afectados por la fumigación aérea de amplias zonas rurales por parte de avionetas de la Policía Antinarcóticos, con la cual se pretenden erradicar amplias plantaciones de hoja de coca.

El asunto es que, según los pobladores, los fumigadores se están equivocado de blanco y están acabando con los productos agrícolas lícitos, precisamente aquellos que están sembrando en reemplazo de la hoja de coca. Incluso, según dijo Marco Fidel en la Personería, cerca a su finca hay una escuela y es muy probable que hasta allá haya llegado el veneno.

No obstante la suspensión de la aspersión aérea anunciada este martes por el Secretario de Gobierno Departamental, Andrés Julián Rendón, un amplio sector de campesinos afectados por las fumigaciones y que sienten con fuerza el incumplimiento del Gobierno, están siendo presionados por la guerrilla de las Farc para que protagonicen un nuevo paro, que se sumaría a los ocurridos en los meses de febrero y mayo de este año.

Inconformidad

La aspersión aérea con glifosato deja en el ambiente un mal sabor para los campesinos, tanto para aquellos que buscan erradicar sus cultivos de uso ilícito como para los que nada tienen que ver en este negocio: “La gente está muy desanimada”, reconoce el Personero. “Las autoridades los invitan a que siembren comida y luego la fumigan. Los campesinos no se oponen a que haya erradicación, pero que sea manual, no aérea”, agrega.

El concejal Oscar Sánchez, que representa a las comunidades del corregimiento La Caucana, lamenta que se haya fumigado en la zona, pues es una acción que había sido descartada en los acuerdos alcanzados por los campesinos con el Presidente de la República el pasado 3 de mayo, que puso fin a una protesta de más de siete mil campesinos que paralizaron el casco urbano de la localidad por más de tres semanas.

“Los campesinos se sienten engañados. El propio gobierno abortó el programa de sustitución de cultivos, los programas de erradicación no se han visto, todo es muy demorado”, afirma Sánchez, quien no vacila al resaltar que la solución del Estado sólo ha sido la represión.

“¿Sabe cuál es el único apoyo que tienen los campesinos? El del comprador de la base de coca. Ese es el único que viene por acá y trae plata”, asevera el concejal.

Si bien los esfuerzos del Gobierno nacional se han concentrado en erradicar los cultivos de uso ilícito que se encuentran en esa subregión, el problema no parece acabarse, pues ante la fumigación de los sembradíos de maiz, yuca, cacao, ají y plátano, las comunidades afectadas no tienen más remedio que continuar en las actividades ilícitas.

“Si ellos intentan sembrar comida y se la fumigan, entonces qué les queda, seguir sembrando coca porque es más rentable”, sentencia Sánchez, quien cuenta que a la gente le da risa cuando las autoridades dicen que están acabando con la coca, “eso es mentirle al pueblo, aquí se sigue sembrando cada vez más”.

Estimativos extraoficiales señalan que en Tarazá habría por lo menos 6.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, el mayor centro de cultivo de Antioquia, y se dice en la localidad que sus 42 mil habitantes, de una u otra forma, tienen que ver con el negocio de la coca. Circunstancia que se ve agravada por la población flotante, en particular de los llamados raspachines, que provienen de distintas zonas del departamento, incluidos de algunos barrios populares de Medellín.

Las versiones de los campesinos son negadas por funcionarios de la Gobernación de Antioquia, entre ellos el secretario de Agricultura,  Edgar Arrubla Cano: “Yo solamente le puedo dar crédito a la versión del Gobierno nacional”, responde al ser consultado sobre las razones de la fumigación aérea, cuando se había acordado que se erradicaría manualmente en mayo pasado.

“Le recuerdo que el Presidente de la República, en su visita a Tarazá el 3 de mayo, dijo que se fumigaría en aquellos sitios donde se continuara agrediendo a la fuerza pública. Y justamente en esa zona han muerto ocho policías, otros han sido agredidos por los cultivadores ilícitos y por las minas antipersonas”, indica el funcionario.

Arrubla Cano también rechazó la versión sobre los incumplimientos en relación con los proyectos productivos de sustitución de cultivos: “Tengo en mis manos las actas que dan fe del asunto. La semana pasada estuvimos con Naciones Unidas, Acción Social y los alcalde de Tarazá y Valdivia concertando el tema; igualmente, abogados de Naciones Unidas han hecho presencia en la zona con el propósito de adelantar acciones para legalizar las tierras que carecen de títulos de propiedad”.

Rumores de paro

Los comentarios sobre una nueva marcha campesina son tan fuertes que por lo menos 16 personas se habían acercado este martes a la Personería para cerciorarse. “Yo no tengo conocimiento claro del asunto, me vienen y me dicen, pero no hay nada confirmado”, explica el Personero.

De acuerdo con las versiones recogidas entre labriegos, se pudo establecer que la nueva protesta se originaría en los corregimientos El Doce, de Tarazá, y Puerto Valdivia, ubicados en la troncal a la Costa Norte.

El concejal Antonio Trejos, del corregimiento El Doce, reconoce que hay rumores que indican que los campesinos de las veredas de esta zona estarían saliendo a la carretera este miércoles, “todo debido a los incumplimientos del Presidente”, dice. “Además, hemos enviado cartas a las autoridades para que cumplan con los pactos y aún no tenemos respuestas”.

De acuerdo con líderes campesinos consultados, la guerrilla habría hecho una reunión con los labriegos de ambos corregimientos para presionar un nuevo paro; al parecer, sólo citaron a los cultivadores de El Doce y Puerto Valdivia.

“Aquí a La Caucana no vinieron, pero de todas formas no vamos a salir, nos vamos a quedar quietos. Ya van dos paros y no se soluciona nada. El Gobierno no ayuda en nada. Lo que hemos dicho es que cada cual tome la decisión”, explica un líder agrario.

Para el Secretario de Agricultura de Antioquia sería un paro injustificado, “puesto que hemos venido cumpliendo con los compromisos y la aspersión tiene completa justificación porque es en aquellos sitios donde la fuerza publica ha sido agredida”.

Pero la situación no es tan simple. Por lo menos así lo siente Damián Villadiego, líder de la vereda La Cidra, donde las aspersiones dañaron numerosas hectáreas de maíz, yuca, arroz y cacao.

“La solución no es el paro. Aquí vienen los del Gobierno y prometen soluciones, pero luego no responden y nos fumigan la poca comida que sembramos”, se lamenta Villadiego y advierte que lo mejor es buscar que los atiendan las autoridades en Medellín o en Bogotá, aunque lo dice sin estar muy convencido de su iniciativa.

“Me siento totalmente desamparado, no me siento con fuerza para hablar con los campesinos de mi vereda, no sé a dónde ir, no tengo nada claro”, expresa el líder de la vereda La Cidra, sin dejar de pensar en los estragos provocados por las fumigaciones aéreas, en el sonido de los motores de avionetas y helicópteros, que durante estos días han pasado rasantes por sus casas, como asustándolos, y en el cansancio que les está provocando el glifosato.

Agencia de Prensa IPC

Medellín, Colombia

(57 4) 284 90 35

www.ipc.org.co