Fumigaciones y política de drogas en Colombia:
¿Fin del círculo vicioso o un fracaso estratégico? [1]

Ricardo Vargas M. [2]

Las zonas productoras de hoja de coca en Colombia han venido experimentando un proceso continuo de fumigaciones aéreas desde 1994. Durante esos diez años se ha esparcido la formulación comercial round up pero con importantes modificaciones en su dosificación (litros por hectárea) concentración (gramos de glifosato por litro de la formulación) así como en la composición de los aditivos y surfactantes que acompañan el ingrediente activo glifosato, buscando incrementar su efectividad. Estos cambios se han adelantado sin ninguna transparencia frente a la legislación y procedimientos existentes en Colombia para regular el uso de herbicidas. Mucho menos se han adelantado investigaciones independientes y serias metodológicamente para medir exactamente los impactos ambientales y de salud de esta extraña formulación.[3] Esto, a pesar de existir serios pronunciamientos de instancias de control de las decisiones del ejecutivo como han sido los casos de la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y de manera más reciente una decisión judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En todos los casos se ha esgrimido la defensa del principio de precaución como el fundamento para suspender las fumigaciones mientras se hace claridad sobre esos impactos. Mientras tanto las fumigaciones continúan con fuertes impulsos propiciados por los recursos suministrados para el Plan Colombia (2000 – 2005) cuya vigencia se busca extender a una segunda fase (2006 – 2010).  A la radicalidad de la decisión ha contribuido el diagnóstico de los cultivos ilícitos como base financiera de las guerrillas, que ha tomado fuerza bajo la actual administración Uribe Vélez (2002 – 2006).

En el marco de este escenario las autoridades colombianas desarrollaron  una aspersión aérea mucho más radical durante el 2003, alcanzando la cifra de 130.000 hectáreas es decir,  superando el número de hectáreas existentes en el 2002 de acuerdo con los datos de SIMCI. En otras palabras y de acuerdo con el gráfico No.1, la idea es superar el poco espacio que presenta la relación entre número de hectáreas de coca y el nivel de la fumigación en el 2002.

 Gráfico No. 1

Fuente: U.S. Department of State y Policía Antinarcóticos

El interés del gobierno colombiano también buscaba afianzar su imagen frente a la administración de EEUU y el mismo Congreso en Capitol Hill, en el sentido de ser la autoridad latinoamericana que más firmemente está apoyando las definiciones de Washington tanto para el hemisferio como a nivel global (si tenemos en cuenta su apoyo a la cuestionada intervención norteamericana en Irak) y de modo particular, frente a la lucha antidrogas. Así mismo se busca  afianzar la utilidad de la ayuda de EEUU en el marco del Plan Colombia, mientras se continúa avanzando en su incorporación en la guerra interna colombiana, que es en última instancia, el propósito estratégico de Bogotá.

Dentro de esta estrategia también en el caso colombiano se afianza un proceso de privatización de la seguridad, característica de la actual tendencia de la ayuda de Estados Unidos a nivel global. De este modo en Colombia, en relación con las acciones antidrogas y el complemento en nombre de lucha antiterrorista, está participando no sólo la empresa Dyncorp sino que también lo hace la Military Professionals Resourses Inc. (MPRI), (Recursos Militares Profesionales, Inc.)

En la lista de beneficiarios de este tipo de empresas  se incluyen generales como Carl E. Vuono, Jefe Adjunto del staff que lideró la guerra del Golfo y la invasión a Panamá así como el General Crosbie E. Saint, excomandante de las FFAA de EEUU en Europa. Pero no son los únicos, en esta modalidad de contrataciones hay una docena de generales del más alto grado y 10.000 ex militares listos para enrolarse. Esta privatización permite además otras ventajas estratégicas, como sobrepasar los eventuales obstáculos políticos que se colocan al discutir la presencia directa de tropas oficiales. Así lo deja entrever la afirmación de uno de los directivos de estas empresas:

“Estamos en capacidad de poner 20 expertos en temas militares en la frontera de Serbia en 24 horas…Las FFAA no pueden hacer lo que si pueden hacer contratistas privados”[4]

Estas empresas pagan salarios dos o tres veces por encima de lo que paga el Pentágono y sus ganancias superan anualmente los 100 millones de dólares. La ventaja radica en que se paga cuando se necesita de ellos en los conflictos, es decir, no se necesita asumir un gasto permanente como si se requiere cuando no hay conflictos y se deben mantener tropas normales. Sale más barato contratar privadamente y no se está en la picota del debate público cuando se requiere un número mayor de tropas en algún sitio.[5]

En síntesis, la guerra colombiana – como tantas otras – bien sea contra las drogas como contra los grupos alzados en armas, representa buenos dividendos políticos y económicos en el nivel de quienes están tomando las decisiones.

Pero, surge la pregunta: ¿Qué está sucediendo y qué se puede prever sucederá en otros niveles de estas definiciones?

Tomando como base los indicadores arrojados por Bolivia como la “muestra” del éxito de la estrategia antidrogas en la región, es decir la espectacular reducción de sus áreas de coca a lo largo de la segunda mitad de los noventa, surgen muchas inquietudes para un escenario similar en Colombia. Lo que vino después de la gran reducción boliviana fue el ingreso de los ex cultivadores de coca en los programas de desarrollo alternativo, los cuales luego del primer año, entraron en una profunda crisis al no hacerse viable la comercialización de los productos bandera (piña, palmito, café, plátano, maracuyá, entre otros) ni la sostenibilidad del mismo programa. A partir de allí se inician fuertes protestas y enfrentamientos que luego fueron capitalizados políticamente por la organización cocalera, la cual revertió esa frustración frente a las alternativas sociales y económicas, en la conquista de nuevos espacios político, incluyendo algunas alcaldías. También en el escenario nacional, lograron configurar una fuerza que se posicionó en las elecciones para la presidencia de la república.

Sin embargo, la las expresiones de rechazo continuaron y las protestas violentas se multiplicaron casi semanalmente desde entonces, siendo las entidades y programas de desarrollo alternativo uno de los fines de las acciones de rechazo de los cocaleros. La tendencia a un nuevo incremento de las áreas de coca y la defensa del cato para cada familia, reflejan de manera óptima la dimensión de la crisis de los programas de desarrollo alternativo en el país andino. Surge entonces la pregunta: ¿Fue válido proclamar el “éxito boliviano” cuando no existían (ni existen aún) las condiciones para hacer sostenibles los resultados en materia de erradicación forzosa?

Volviendo al caso colombiano, se está aún en la fase del uso de la fuerza contra los cultivos, por parte del gobierno nacional. El año 2003, si se cumplen los pronósticos gubernamentales, vendría a ser el año del quiebre definitivo del comportamiento ascendente de las áreas cocaleras. Sin embargo vale reiterar algunas de las profundas diferencias de los escenarios de Colombia frente al reseñado de Bolivia:

En Colombia la coca hace parte intrínseca de la guerra interna y crece en áreas  controladas por los actores armados. Es decir, en Colombia es muy escasa la posibilidad de que una frustración en los programas de desarrollo alternativo sea canalizada por un proceso político de los cocaleros de manera autónoma. El desfase entre los propósitos presentados por el gobierno nacional en su plan de desarrollo frente al tema de los cultivos ilícitos y la realidad de la política manejada por la cooperación de EEUU buscando simplemente “reducir áreas”, es no menos que sorprendente. En ese sentido, el impacto de las consecuencias puede ser muy diferentes a las de Bolivia teniendo en cuenta que en el marco de la actual política no existen espacios claros de concertación ni políticas inscritas en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, puentes necesarios para mantener la confianza y credibilidad en las políticas de Bogotá.

En la medida en que la guerra y las fumigaciones conducen la política en materia de drogas para la producción, los programas de desarrollo alternativo se vienen ”ideologizando” como parte de la seguridad que promueve el Estado colombiano, contribuyendo a la polarización de la sociedad alrededor de soluciones no distintas a la confrontación total, lo que presiona hacia una mayor injerencia militar de los EEUU. Visto ese contexto, en Colombia son irrepetibles las marchas campesinas o las protestas a la boliviana y los actores principales de la guerra buscarán articular a los campesinos al lado de su estrategia.

Al incorporar plenamente la relación entre drogas y terrorismo a nivel de las decisiones estatales, se borra la especificidad de la sociedad de estas zonas y el Estado y las guerrillas terminan incrementando la incorporación de esas comunidades en la guerra.[6]

¿Dónde se concentra la fumigación?

Como se aprecia en el cuadro No. 1, la dinámica de la fumigación cobra una fuerza importante a partir del año 2000 generando una estela adicional de impactos en los ecosistemas ya afectados por la instalación de monocultivos ilegales de hoja de coca, con lo cual se agrava los daños ambientales en razón a la fuerte presión que se ejerce para el traslado de los cultivos hacia zonas en donde no se concentra aún la fumigación.

Cuadro No.1

Fumigaciones en Colombia 1994 - 2003

Fuente: International Narcotics Control Strategy report – INCSR. Datos de 2003 cubren hasta marzo.

Una de las características de los cultivos de coca en Colombia ha sido su alta concentración, producida por la continuidad espacial del conjunto de los predios dedicados a esa actividad ilícita. Pero esta es una tendencia que empieza a variar justamente a raíz de las fumigaciones adelantadas durante la aplicación del Plan Colombia. En efecto, como se aprecia en el cuadro No. 2, mientras en el 2000 tan sólo cinco departamentos concentraban el 80% de las áreas cocaleras, a finales del 2002 el 76% del área nacional lo conforman siete departamentos.

 Cuadro No.2

Concentración de áreas (núcleos principales) de coca

Fuente: Con base en UNODC: Colombia, coca survey for 2002, March 2003.

Vale recordar que sobre los cinco departamentos de más alta concentración de cultivos de coca recayó la fumigación pero con una alta condensación en el caso de Putumayo,

que llegó a tener más del 40% del área nacional. Para todos estos “núcleos mayores” se reitera la decisión de fumigar sobre todo en el lapso 2000 – 2003, con una tendencia en los últimos dos años a concentrarse en las áreas  de sólo tres departamentos que han experimentado el efecto de traslado, al fortalecerse los núcleos iniciales allí existentes y que ya contenían una dinámica ascendente desde el año 2000. (Véase cuadro No.3)

Cuadro No.3

Departamentos donde se concentró la fumigación en Colombia 2000 - 2003

En efecto, mientras la fumigación se ha concentrado altamente en tres departamentos durante 2002 (Putumayo, Caquetá y Nariño con un 83.15% de las áreas asperjadas) y 2003[8] (Guaviare, Nariño y Norte de Santander con un 92.73% de lo fumigado en todo el país) la tendencia de los cultivos es a su atomización.

Gráfico No. 2

Departamentos con mayor fumigación en Colombia (Miles de Has)

   Esta situación también se observa en la ampliación del número de los nuevos departamentos hacia donde tienden las áreas de coca:

Cuadro No.4

Nuevos departamentos con cultivos ilícitos en Colombia 2000 - 2002

Fuente: UNODC: Colombia, coca survey for 2002, March 2003.

Las cifras que arroja el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos (SIMCI) de la United Nation Office on Drugs and Crime UNODC, muestran en el caso de los nuevos departamentos cocaleros una no despreciable proporción frente al total en el 2002 (6.72%). Dinámica que muestra incrementos para el 2003, como en el caso del departamento de Amazonas. El efecto global del período de la fumigación concentrada en los núcleos mayores, (2.000 – 2.003) es la emergencia de nuevos espacios que se sitúan principal aunque no exclusivamente en la frontera con Brasil, instalación de nuevas variedades de coca con mayor resistencia a la fumigación y desarrollo de siembras evitando grandes concentraciones. Con ello se neutralizará, temporalmente, la caída del volumen global de cocaína elaborada con materia prima suministrada en Colombia.

Con todo, existe un alto subregistro del SIMCI sobre las nuevas áreas, al no contemplarse cifras de la región andina (Cauca por ejemplo, con ocho nuevos municipios cocaleros), ni la zona cafetera del viejo Caldas, sobre la cual prácticamente no se han presentado datos oficiales.

Fumigaciones y desplazamiento

El esfuerzo por demostrar la relación de causalidad entre fumigaciones y desplazamiento es casi imposible en algunas zonas donde coinciden el conflicto armado y las erradicaciones forzosas.  En efecto, desde finales de la década de los noventa y a lo largo del nuevo milenio las zonas de mayor concentración de áreas han mantenido una dinámica elevada del conflicto armado, hecho que se refleja en las altas cifras de desplazamiento forzoso en los últimos tres años. Visto en el contexto nacional del desplazamiento estas zonas se perciben así:

Cuadro No.5

Desplazamiento forzoso en Colombia por departamentos entre 1995 y 2003[9]
y sitios donde se concentró la fumigación en ese lapso

Fuente: Sistema Único de Registro SUR – Red de Solidaridad

Como se observa, sólo cuatro departamentos cocaleros aparecen en la lista de los 18 primeros expulsores de población, guardando cierta consistencia con el resto en donde el conflicto armado y la disputa por el control del territorio, los procesos de expropiación violenta de vastas zonas sobre todo de la costa norte, el afianzamiento del poder emergente del narcotráfico a nivel regional, configuran una explicación más sólida.

En el caso de los cuatro departamentos cocaleros señalados en el cuadro, la dinámica de la guerra gira más alrededor del control violento de puntos de comercio de pasta básica, el aseguramiento de las rutas que comunican la amazonia con el Pacífico, aunque de hecho hay dinámicas más particulares pero que en general se corresponden con aquellas características de la guerra. Entre las dinámicas más visibles del conflicto en las zonas cocaleras del sur pueden señalarse:

-          Un fuerte protagonismo de los grupos paramilitares, que buscan incidir en un cambio del control territorial en el sur de Colombia luego de las alarmas que prenden las marchas campesinas de 1996 contra las fumigaciones y del incremento de la capacidad de combate de las FARC en esta zona entre 1996 y 1998. Esta ofensiva se inicia en los municipios del bajo Putumayo y en las áreas aledañas al río Guaviare, en hechos ocurridos en jurisdicción del departamento del Meta (masacres en Puerto Alvira y Mapiripán).

-          Sin embargo el desplazamiento ocasionado en primer lugar por la nueva dinámica de la guerra en el sur de Colombia, empieza a experimentarse significativamente a partir del 2000. En ese contexto, la simultaneidad de las fumigaciones resulta agravando las condiciones económicas y sociales de estas zonas, generando un proceso de salida de personas y familias que buscan refugio en otras áreas.

Veamos:

Cuadro No.6

Comparativo entre períodos más críticos del conflicto y mayor intensidad de fumigaciones

Elaborado con base en International Narcotics Control Strategy report – INCSR y Sistema Único de Registro SUR Fecha de reporte: marzo 04 de 2003

Como se puede observar, existe una intersección clara entre fumigaciones y guerra en todos los casos excepto en Guaviare, en donde se observa una separación de los dos fenómenos.

-          En todos los casos, se experimenta un salto significativo del impacto humanitario en el 2002, como uno de los efectos más evidentes principalmente en el sur, asociado a la respuesta armada por la ruptura de conversaciones de paz con el gobierno Pastrana en febrero de ese año, lo que agravó una tendencia que se observaba desde el 2000. A modo de ejemplo, en el caso de Caquetá, se dio un salto de 19 acciones bélicas en el 2001 a 306 en el 2002, hecho que contrastado con la dinámica del desplazamiento forzoso muestra una clara incidencia de esa coyuntura de guerra.[11]

-          Al relacionar este hecho con las fumigaciones, es claro que no se puede establecer la condición monocausal de las aspersiones frente al desplazamiento forzoso. Las fumigaciones son pues, un factor agravante de los impactos de la guerra en la población civil y que contribuye a incrementar las razones de la diáspora de las poblaciones que sufren las dos dinámicas, presentes en los escenarios de la confrontación armada.

Características comunes de las zonas más fumigadas en relación con el conflicto armado: una mirada local

-          En el caso de Putumayo, se constata la coincidencia entre los dos fenómenos señalados. En efecto, la ofensiva paramilitar que se inicia hacia 1998, buscó desalojar a las FARC de sus áreas de influencia y control, mientras simultáneamente se intensificaron las fumigaciones.

-           De modo particular en ese departamento es coincidente la ecuación: guerra degradada – fumigación – desplazamiento forzoso. Al cruzar las cifras sobre los dos fenómenos su tendencia general guarda coincidencias:

Cuadro No.7

Fumigaciones (hectáreas) y personas expulsadas en el Putumayo 1997 - 2003

Fuente: International Narcotics Control Strategy report – INCSR y Sistema Único de Registro SUR

Fecha de reporte: marzo 04 de 2003

Como se observa, el registro oficial de personas expulsadas del Putumayo es perceptible a partir del 2000, siendo sostenido este comportamiento a lo largo del nuevo milenio. Sin embargo vale señalar el alto porcentaje de expulsados no registrados y que pueden asociarse en su gran mayoría a personas y familias que se mantienen en la economía ilegal y que siguen asumiendo por su propia cuenta y riesgo, la búsqueda de alternativas económicas y de seguridad ante la emergencia provocada por la guerra y la fumigación.

Efectos sociales: Salir de las zonas o permanecer con un alto costo

La fuerza de la degradación de la guerra y la intensidad de la fumigación convirtieron rápidamente al Putumayo en un epicentro de expulsión de población en el sur de Colombia con múltiples impactos regionales. En sólo 15 meses fueron expulsadas 6.203 personas, arrojando un crecimiento del 119% en el lapso 2000 a 2001. A ello también contribuyó el paro armado decretado por la guerrilla como mecanismo de contención de la arremetida paramilitar contra sus zonas de influencia.

Entre las características sociales más significativas de la gente desplazada por fumigaciones están:

1. Jornaleros (raspachines): Es en este sector donde se inicia el desplazamiento, principalmente hacia las nuevas regiones cocaleras del pacífico nariñense, áreas que empiezan a demandar mano de obra para la cosecha de la hoja de coca.

2. Dueños de cultivos extensivos y que normalmente ya tenían un plante de coca en Nariño o en otros sitios. Los cultivos fumigados en el Putumayo son abandonados y su labor se traslada hacia las zonas previstas como alternas a su pérdida.

3. Personal involucrado en laboratorios de procesamiento como en el caso de veredas como Las Brisas en Valle del Guamuez, en donde se asentaban instalaciones para tal fin y que debido a la nueva situación, deciden prácticamente desocupar la región. Estos también siguen el rastro de los nuevos cultivos.

4. Personal beneficiario o vinculado a la venta de gasolina, insumos y agroquímicos que siguen la misma tendencia anterior.

Desde el punto de vista de las zonas hacia donde se dirigieron los desplazados, a grandes rasgos son tres dinámicas las que se dieron a lo largo de los últimos tres años en el caso de Putumayo:

1. Huir hacia la cabecera municipal de la zona rural donde fueron expulsado: 24%
2. Salir hacia otros municipios del mismo departamento: 11%
3. Desplazarse hacia los municipios de los departamentos vecinos y en primer lugar hacia Nariño de donde provenía la mayor parte de los colonos, siguiendo una ruta directa o bien saliendo a través de Lago Agrio en Ecuador. La salida hacia otros departamentos fue la decisión del 65% de los desplazados.

Observemos un caso representativo de lo qué pasó con el grupo de personas registrado oficialmente como desplazado.  Una encuesta adelantada en Pasto capital del departamento de Nariño como uno de los lugares hacia donde se han producido  los desplazamientos desde Putumayo, muestra las siguientes características acerca de los oficios desempeñados por las familias que fueron consultadas:

Cuadro No.8

Fuente de ingreso anterior y actual de los desplazados hacia Pasto (No. de personas)

Fuente:ACNUR, Corporación Opción Legal,Alcaldía M/pal de Pasto
“Caracterización población desplazada municipio de Pasto (Nariño) Carolina [12]Cortés (cons.) Diciembre 16, 02, San Juan de Pasto.

La diferencia entre la coca como fuente de ingreso y la condición de jornalero en el Putumayo es difícil de establecer. En otras palabras, vivir del jornal en Putumayo se asocia principalmente a tenr ingresos de la recolección de la hoja de coca. Visto en ese contexto, la coca como fuente de ingreso implicó a un 50.3% las personas encuestadas. Debido justamente a la pérdida de la principal fuente de ingreso en más de la mitad de los desplazados. La encuesta refleja a su vez la manera como se incrementa la ocupación en oficios propios del “rebusque” (servicios, servicio doméstico, conducción u oficios varios).

Esta nueva condición ha implicado una pérdida significativa del tamaño de los ingresos. En efecto la misma encuesta presenta la situación de ingresos familiares antes como ilegal y actualmente como desplazado de la siguiente manera:

Cuadro No.9

Ingreso mensual (pesos y US dólar) por familia anterior al desplazamiento y actualmente

Fuente:ACNUR, Corporación Opción Legal,Alcaldía M/pal de Pasto
“Caracterización población desplazada municipio de Pasto (Nariño) Carolina [13]Cortés (cons.) Diciembre 16, 02, San Juan de Pasto.

El acceso al ingreso mínimo de US $43 dólares mensuales se incrementó bajo la condición de desplazamiento en un 160% a costa de una disminución muy significativa de los ingresos que van desde US 86 dólares hasta los US $214 dólares mensuales. Es decir el comportamiento general es de un empobrecimiento de más del 63% de los desplazados que respondieron la encuesta.

Esto se refleja entre otros, en el debilitamiento del acceso a los servicios de salud, la tenencia de la vivienda y en la pobre perspectiva de un futuro con un mínimo de seguridad para el conjunto de la familia. En efecto, mientras en la condición de productores ilegales las familias que no accedían a salud era un 4.75%, bajo la nueva condición de desplazado un 31.22 % manifestó no tener ningún tipo de acceso al sistema.[14]

Por su  parte en el caso de la tenencia de vivienda, como productores ilegales un 61.31% eran propietarios mientras como desplazados sólo lo son un 4.38%, siendo en su gran mayoría (61.34%) arrendatarios.[15]

Sin embargo, desde el punto de vista de los estándares del nivel de vida, es evidente que como ilegales los productores incorporaron una racionalidad cultural típica de las economías extractivas, denotando una baja calidad en la vivienda en cuanto al acceso al agua potable,  alcantarillado, disposición de excretas, etc. haciendo mucho más vulnerable su salud a enfermedades en un medio de por sí difícil. La expectativa se centraba entonces en el acceso a la liquidez de los recursos reportados por su oficio alrededor de la economía de la coca, con una muy baja cultura de ahorro e incorporando expectativas de consumo propias de esas economías. Este contexto cultural puede representar una mayor desarraigo social en condiciones de pobreza bajo la condición de desplazados, incrementando la desmembración familiar sobre todo en el rango de los jóvenes, la responsabilidad para el sostenimiento de los hogares por parte de la mujer cabeza de familia y en general, incrementando los factores de riesgo de violencia, consumo adictivo de drogas, prostitución y deterioro de la calida de vida.

La violencia y la ausencia de ingreso por la destrucción de la principal fuente de recursos de las zonas de colonización, genera una disuasión muy lesiva que cada familia busca resolver ahora bajo condiciones de mayor exclusión y desarraigo en un escenario con muy escasas posibilidades de obtención de ingresos. Como se puede inferir, este panorama presiona hacia una decisión de continuidad del involucramiento en la economía ilegal de la PBC.

En ese sentido, se calcula que la población total del Putumayo se redujo aproximadamente en 50.000 personas hacia el 2003. Hemos aludido a un registro de 21.700 personas como desplazadas, lo cual quiere decir que cerca de 30.000  siguen sus expectativas de vida en la ilegalidad es decir, se vinculan a diferentes fases y actividades de la producción de materia  prima para procesar cocaína. Los principales sitios hacia donde se trasladó la población flotante del Putumayo articulada a los cultivos ilícitos y actividades ilícitas asociadas son:

Fuente: Trabajo de campo en el Bajo Putumayo

Fumigaciones y tratamiento de las quejas

Las comunidades que han decidido permanecer en la zona a pesar de los daños ocasionados por las fumigaciones han recurrido a la normatividad vigente para el tratamiento de las quejas. Sin embargo la debilidad institucional del Estado se pone de presente también en la nula atención y manejo de las demandas por los efectos nocivos de las fumigaciones aéreas. En efecto, el proceso de denuncia por los daños ocasionados a los cultivos lícitos, pastos, estanques de peces y en la salud de las personas por el carácter indiscriminado de la erradicación, ha tenido un comportamiento bruscamente descendente. Tal situación se atribuye a la baja receptividad por parte del Estado, al pobre desempeño del trámite el cual es endosado a las personerías municipales y Umatas locales como receptores y verificadores de las quejas, al modelo de formulario y el nivel técnico de las preguntas que conjugan en general, un traslado de la prueba al supuesto afectado, abstrayéndose el Estado de asumir diligentemente la investigación rigurosa de esta serie de anomalías.

Al no prosperar el trámite los afectados después de la primera fumigación se han visto menguados al considerar que es “una pérdida de tiempo y recursos” denunciar los daños de las fumigaciones.

Como se puede observar en el caso de Valle del Guamuez mientras en la primera fumigación hubo 2.400 quejas en el siguiente año pasó a tan sólo 300 y terminando con un insignificante número de 7 casos en el 2003, justo cuando se experimenta una situación de alarmante pobreza y hambruna en razón a la ausencia de alimentos por la fumigación indiscriminada de los cultivos de pancoger.

Cuadro No.10

Quejas ante la personería de San Miguel, Valle del Guamuez y Orito por fumigaciones aéreas 2000 - 2003

Fuente: Elaborado con base en informes de las Personería Municipales

Gráficamente la situación de las demandas se percibe así:

Gráfico No.3

Quejas ante la personería de San Miguel, Valle del Guamuez y Orito por fumigaciones aéreas 2000 - 2003

Fuente: Personería Municipales

De este modo el Estado continúa asumiendo un comportamiento distante y de subvaloración de las causas sociales de esta problemática, hecho que se ve agravado bajo la actual administración al disminuir dramáticamente la ayuda de emergencia alimentaría que en otras épocas suministraba la Red de Solidaridad por ese hecho. En efecto, las ayudas (de la Red a través de alcaldías, personerías, etc.) sólo fue posible desarrollarlas hasta el 2001. Para el 2002 se suspendió y esto agravó la crisis alimentaria en la zona,[16] sobre todo cuando se ha fumigado indiscriminadamente.

De otro lado, los formatos de verificación de las quejas son tan poco funcionales que en la práctica terminan contribuyendo a que las demandas no prosperen (por ejemplo, preguntas sobre la velocidad del viento en el momento de la fumigación, etc.). Mientras tanto el personero municipal es quien recibe la queja, resultando en la práctica asumiendo la representación estatal frente a los afectados que le presionan, por ser la figura más cercana. Sin embargo, como se puede inferir fácilmente poco puede hacer para hacer avanzar el proceso de queja. Igual sucede para las Umatas que son las que verifican los daños. Interrogantes de orden técnico se quedan sin poder ser respondidos o se carece de la información e instrumentos sólidos para el análisis, contribuyendo a hacer improcedentes las demandas, amén de los obstáculos formales a lo largo del proceso y la misma situación de orden público.

A ello se suma la situación de baja titulación en que están la mayoría de los predios tal y como lo exige la resolución 0017 del Consejo Nacional de Estupefacientes. La eventualidad de nuevas y sorpresivas aspersiones debilita la confianza en el Estado y en general la estabilidad y seguridad mínimas que se requiere para los programas de desarrollo alternativo. El carácter indiscriminado de las mismas desestabiliza la credibilidad en los proyectos que puedan soportar una economía alternativa en las zonas.

Sin embargo el problema de la política deberá evaluarse al final de cuentas sobre indicadores que muestren el nivel de intereferencia sobre el mercado internacional de drogas ilícitas. Es aquí donde debe verse la estrategia de contención de la oferta y que busca desde ese escenario,  su erradicación definitiva. En ese sentido indicadores como el tamaño de la disponibilidad de las drogas  en los  mercados de mayor demanda, su pureza y el comportamiento de los precios seguirán siendo fundamentales así como la presencia de drogas sintéticas sustitutas ante un eventual disminución de drogas de origen natural.

En ese sentido y dando sólo unos pocos datos, de acuerdo con cifras oficiales durante el año 2000, se presentó casi un millón de nuevos usuarios de cocaína en los Estados Unidos. El 12.3% de los estadounidenses (27.8 millones) ha usado cocaína alguna vez en su vida y 4.2 millones lo hicieron en el último año.[17] Así mismo, dentro del 2002 Monitoring the Future Study, 22.5% de los estudiantes de octavo grado, 31.8% de décimo grado y 41.6% de 12º grado, reportaron en el sondeo que era “bastante” o “muy fácil” obtener cocaína. [18]

Resulta pues paradójico que se argumente como exitosa una estrategia que si bien puede mostrar temporalmente disminuciones de áreas en una región en donde se concentró cerca de un 45% de la producción colombiana como Putumayo, no está en condiciones de mostrar capacidad de control de una eventual metástasis de las siembras en cuya nueva configuración se dé una dispersión y mimetización de los nuevos cultivos ilícitos.

Así mismo ya en el nivel doméstico el desconocimiento o indiferencia ante las causas socioeconómicas que están en la base de los cultivos ilícitos y la concomitante actitud simplificadora de fumigar compulsivamente puede llegar a revertirse finalmente, como un nuevo combustible para el conflicto armado. Es decir, el Estado con el apoyo financiero y político de Washington seguramente podrá garantizar la continuidad de una fumigación indiscriminada con serios impactos ambientales, socio económicos y de salud con un alto costo político institucional. Pero lo que no se percibe hasta ahora, es la capacidad para asumir el problema económico, social y de gobernabilidad de las zonas dependientes de esta economía y que junto con la fumigación, se constituye en uno de los principales escenarios de una guerra degradada con un alto costo humanitario.

Por esta vía, el Estado está facilitando a la insurgencia una población que no encuentra en esa actitud compulsiva de las erradicaciones, un puente de diálogo y concertación: sencillamente, no hay reglas de juego claras para los cultivadores que quieran erradicar manualmente sus cultivos ilícitos, más allá de obligarlos a abandonar inmediatamente su producción ilegal sin que por otra lado esté en condiciones de crear una economía alternativa en el corto plazo.

De este modo la satisfacción del Congreso de los EEUU por las cifras de hectáreas erradicadas, los “reconocimientos” a la labor de las autoridades colombianas y el afianzamiento consiguiente de las relaciones bilaterales, tendrá su contrapartida en la frustración campesina dependiente de los cultivos ilícitos en un complejo escenario como el colombiano.

En ese contexto la represión de la protesta social – en nombre de la instauración de la autoridad - será el principal instrumento para seguir garantizando “el éxito” de una estrategia que sigue deslegitimando al Estado y llenando de argumentos sociales a la indeseable salida armada en el marco del conflicto.

Una mirada acerca de los impactos ambientales provocados por la política de erradicación compulsiva de los cultivos ilícitos complementa peligrosamente el escenario de crisis social. Allí se pone de presente también la peligrosa frontera entre querer “solucionar” un problema y las nefastas consecuencias que,  lejos de “resolver”, están contribuyendo a generar nuevos factores de conflicto.

Un Balance Ambiental[19]

En efecto, las políticas gubernamentales para el control de los cultivos ilícitos implementadas hasta el momento se basan particularmente en fumigaciones con formulaciones que contienen glifosato. Dentro del proceso de aspersión aérea, se ha carecido de evaluaciones encaminadas a determinar el impacto ambiental directo e indirecto sobre los ecosistemas en donde se están realizando las aplicaciones . A pesar de que es evidente que existen daños ambientales, sociales y culturales causados por la deforestación y el uso de sustancias químicas en el cultivo y procesamiento de la coca, queremos destacar el efecto ambiental de la política gubernamental, dado que esta culmina e inicia un círculo de destrucción. Nadie tiene derecho a contaminar y menoscabar el patrimonio colombiano (ambiental, económico y cultural), incluyendo al mismo Estado. Es más, las autoridades estatales son los agentes más importantes en el diseño de políticas y desarrollo de acciones tendientes a salvaguardar el medio ambiente. Recordemos que Colombia suscribió el acuerdo de Rio de Janeiro con lo cual se comprometió a no generar acciones que impacten negativamente su medio ambiente ni el de sus países vecinos.

Los cultivos ilicitos

Veamos, algunos de los efectos que de por sí los cultivos ilícitos producen sobre los ecosistemas. De una parte la tala indiscriminada de bosques conduce a la perdida de biodiversidad no solo de tipo vegetal sino consecuentemente de todos los organismos entrelazados en tales nichos ecológicos como los microorganismos del suelo, aves e insectos polinizadores, reptiles, pequeños mamíferos y carnívoros, entre otros. El daño ambiental significa que las cadenas tróficas se interrumpen y los ciclos vitales son mutilados.

De otro lado los monocultivos impactan también la biodiversidad al propiciar el mantenimiento de tan solo pocas especies de las muchas que podrían existir previamente, bajo condiciones de mayor complejidad. Sin embargo, el impacto no se limita a estas prácticas sino que se ve magnificado con los requerimientos de agroquímicos para el sostenimiento del cultivo. El uso de fertilizantes y plaguicidas modifican las características estructurales físico-químicas y bioquímicas, así como las poblaciones de microorganismos e insectos en los suelos.

Mas aún, el uso inadecuado de precursores químicos en el procesamiento de la hoja de coca ocasiona daños ambientales irreversibles, que a pesar de no estar apropiadamente evaluados, podrían ser de muy graves proporciones, máxime cuando tales sustancias son vertidas directamente sobre suelos y fuentes de agua en áreas reconocidas en el mundo como de gran biodiversidad. En este sentido vale la pena anotar que especialistas en acuicultura han registrado la aparente desaparición de especies piscícolas consideradas endógenas de ciertos ríos, es decir de peces que tan solo habían sido observados allí.

Con la política compulsiva de fumigar los cultivos se cierra e inicia al mismo tiempo un ciclo continuo de daños ambientales, con consecuencias sociales, culturales y económicas, cuyas características  se podrían resumir con el esquema expuesto a continuación.

Datos tomados de Policía Naciona l- Dirección Antinarcóticos Erradicación de Cultivos. Julio 2001-

Es importante recalcar que no se han hecho investigaciones sobre los efectos ambientales de las varias formulaciones que se han estado utilizando sobre los ecosistemas en donde se encuentran los mayores cultivos ilícitos en Colombia. Existe, sin embargo, una amplia gama de trabajos de investigación reportados en la literatura científica internacional con respecto a la alta toxicidad de ALGUNOS de los compuestos presentes en las formulaciones que se afirma se están utilizando.

El glifosato

El glifosato, un organofosfato, conocido como Rodeo, Accord, Vision, Roundup, entre otros, es un herbicida de amplio espectro producido y comercializado por la compañía Monsanto.

Se ubica según el Ministerio de Salud de Colombia en la categoría de media toxicidad para humanos, esto es claro está sin considerar la alta toxicidad ambiental, dada su baja especificidad como herbicida, en otras palabras no es selectivo, afecta de diversas maneras, muchos tipos de plantas simultáneamente: gramíneas, leguminosas y leñosas entre otros. Aquí resulta valida una observación,  si el glifosato es tóxico para plancton y algas, situados en la base de las cadenas alimenticias, ¿qué esta pasando entonces en las fuentes de agua que drenan las zonas de fumigación? La respuesta podría parecer alarmista. Sin alimento los peces herbívoros mueren por inanición, aunque antes el efecto de excesos de materia orgánica en descomposición (algas muertas) podría tener las mismas consecuencias. De allí hacia arriba todos los animales que se favorecen de la presencia y mantenimiento de  los eslabones de la cadena  alimentaria se verían afectados en la medida del daño inicial ocasionado y de su temporalidad.

Efectos en aguas.

Es un hecho que algunas formulaciones comerciales preparadas con base en glifosato, que también contienen un surfactante, como "Roundup" son más peligrosas que el glifosato en sí para sistemas acuáticos. La compañía Monsanto productora del Roundup prohíbe su uso cerca o sobre cuerpos de agua.  El efecto de estas formulaciones sobre la vida acuática cubre el espectro completo de la cadena alimenticia iniciando en las algas y el plancton, siguiendo con los invertebrados (incluyendo crustáceos), peces, anfibios, insectos, y sin duda a otros grupos de animales de estos ecosistemas y otras fuentes de agua. ^{1, 2, 3, 4} 

Algunas investigaciones realizadas en países localizados en zonas templadas han demostrado en peces, distintos grados de vulnerabilidad a glifosato así como a los diferentes aditivos⁵ y que dicha susceptibilidad está relacionada con factores ambientales que pueden incrementar la toxicidad entre los cuales están la cantidad de minerales disueltos en el agua ⁶ y la temperatura⁷.

Efectos en suelos.

Los efectos del glifosato, los surfactantes, otros aditivos y las formulaciones, utilizados hasta el momento, no han sido sometidos a investigados exhaustivamente sobre la fauna del suelo, (menos aun de bosques tropicales), sin embargo, existen algunos estudios que muestran el efecto del glifosato sobre algunas poblaciones de microorganismos y artropodos. Entre los resultados mas relevantes cabe destacar: i. Disminución de poblaciones de invertebrados benéficos. ii. Incremento en las poblaciones de hongos patógenos. iii. Disrupción del equilibrio entre asociaciones micorrizales hongos-plantas-nutrientes y iv. Efectos deletéreos sobre poblaciones de microorganismos benéficos.

El glifosato afecta negativamente el crecimiento y sobrevivencia de lombrices comunes del suelo^8,9, disminuye también las poblaciones de ácaros depredadores, parasitoides y polinizadores^10,11. Por otra parte se ha establecido que el glifosato incrementa las poblaciones de hongos patogénos, quienes a su vez liberan toxinas (micotoxinas) que afectan muchas de las otras formas de vida cercanas, incluyendo mamíferos y humanos.^{12, 13, 14}

Las asociaciones entre micorrizas y raíces son ampliamente conocidas como benéficas (simbióticas) para ambos miembros del sistema y generalmente involucran optimización del intercambio de nutrientes y agua.  La interferencia de glifosato sobre las relaciones micorrizales fue publicada recientemente (1998),¹⁵  analizando el caso específico del efecto nocivo de glifosato en el sistema Glomus intraradices (hongo simbiótico) - zanahoria, el glifosato resultó ser altamente tóxico para ambos miembros, casi tanto como el ya prohibido fungicida benomyl.

El manejo de las  concentraciones de glifosato

Un aspecto verdaderamente alarmante en el proceso de las fumigaciones se encuentra representado por la forma como han venido manejándose los criterios de concentración del producto comercial. Mientras que Monsanto, casa productora del glifosato empleado en las fumigaciones, recomienda la aplicación de 2,5 l/ha de un producto con una concentración de 2,5 g/l, es decir, se aplicarían, de acuerdo con las recomendaciones emanadas del laboratorio productor 7,5 g/ha. USD por su parte habla de un producto con una concentración de 147 g/l y la Policía Nacional menciona un producto con una concentración de 158 g/l y  dice aplicar 23,65 l/ha. Esto significa la aplicación de 3.700 g (3,7 kilos) por hectárea fumigada. La cifra corresponde a casi 500 veces la dosis recomendada por el laboratorio. Que vale esperar de los efectos tóxicos de tales concentraciones?^16,17,18

Propuestas para un manejo con menos daños.

Aún cuando es evidente que las políticas de control de los cultivos ilícitos utilizados hasta la fecha en Colombia centran su actividad en la destrucción del cultivo a través de la aplicación de herbicidas  de acción inespecífica que impactan negativamente el ambiente y no se han tenido en cuenta aspectos históricos, sociales y económicos que estarían en la base de la problemática general de la producción y consumo de drogas y en donde seguramente se alcanzarían mayores y mejores logros, los autores consideran oportuno sugerir la implementación de algunos mecanismos para evaluar el verdadero impacto de las fumigaciones en aspectos sociales, sanitarios, culturales, económicos y ambientales.

Monitoreo y análisis químico:

Se requiere al menos un monitoreo permanente de los lugares que se encuentran en fumigación, estableciendo protocolos adecuados para este fin, existen varias metodologías para la recolección de muestras y análisis de algunos de los componentes de las formulaciones que están siendo asperjadas, en agua dulce y suelos, sin embargo todas requieren equipos científicos relativamente avanzados en combinación con personal bien entrenado. Entre los organismos blanco ("indicadores") para ser evaluados se pueden considerar: Plantas acuáticas, (algas verdes), invertebrados acuáticos (chinches de agua), peces, (Tilapia o Siluro), anfibios (ranas), bacterias del suelo (fijadoras de nitrógeno), invertebrados del suelo (lombrices), arvenses, aves y mamíferos pequeños. 

Monitoreo y análisis social y sanitario.

Es indispensable conocer el impacto en la salud pública de las aspersiones aéreas y la incidencia en el agravamiento de la crisis por el desplazamiento forzoso en algunas regiones dependientes de esta economía. Para ello se deben monitorear los lugares hacia donde se dirigen los desplazados afectados por las fumigaciones y el conflicto, y adelantar allí indagaciones sobre el comportamiento del ingreso, empleo, acceso a salud y educación entre otros, antes y después de la causa que originó su desplazamiento.

Estos elementos de base deberían inscribirse en un balance integral a fondo de los verdaderos impactos de la política estatal de erradicaciones forzosas. No tiene mucho sentido proclamar un “éxito”en las fumigaciones sin antes conocer la realidad de su impacto y sus perspectivas en la real solución al problema de la economía ilegal.

A modo de epílogo: Centrar el trasfondo del problema

En la base de esta serie de consecuencias que está asumiendo el país, está la implementación de una política sobre drogas cuyos resultados en términos de costo-beneficio son desalentadores. Se requiere la apertura de un espacio serio de discusión y evaluación, fundamentado y sin el peligro de estigmatizar a quienes no comparten esta política o son críticos de sus resultados. Sólo de esa manera  el país podrá recuperar un escenario propio en donde se redefina, a la luz de los intereses nacionales, la conveniencia o no de la continuidad de la actual política de drogas.

No es claro cómo el Estado colombiano acompañado por organismos internacionales como las Naciones Unidas^19,20, dan un parte de éxito a la sociedad y a la comunidad internacional esgrimiendo el argumento único de la cantidad de hectáreas fumigadas y erradicadas, cuando no se han evaluado las consecuencias de esa política sobre aspectos tan importantes como el ambiente, la biodiversidad y la salud del hombre y los animales, amén de la disminución del consumo de droga por parte de los países compradores, aspectos por demás en donde los índices podrían estar señalando un rotundo fracaso.

BIBLIOGRAFÍA CITADA EN EL BALANCE AMBIENTAL

1.      Abdelghani, A.A., 1997, Toxicity evaluation of single and chemical mixtures of Roundup, Garlon-3A, 2,4-D, and Syndets surfactant to channel catfish (Ictalurus punctatus), bluegill sunfish (Lepomis michochirus), and crawfish (Procambarus spp.).   Environmental toxicology and water quality. v. 12 (3) p. 237-243. 

2.      Bidwell, J. R. y Gorrie, J.R. 1995 Acute toxicity of a herbicide to selected frog species: final report. Technical series  no. 79. Perth [W.A]: Western Australian Dept. of Environmental Protection, 9 p.

3.      Cox, C.  1995 Glyphosate. 2. Human Exposure and ecological effects. Journal of pesticide reform: a publication of the Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides. v. 15 (4) p. 14-20.

4.      Folmar, L.C., Sander, H.O., y Julin, A.M. 1979, Toxicity of the herbicide Glyphosate and several of its formulations on fish and aquatic invertebrates.  Arch.  Environ.  Contam.  Toxicol.  8, 269-278

5.       Wan, M.T. 1989 Effects of different dilution water types on the acute toxicity to juvenile Pacific salmonids and rainbow trout of glyphosate and its formulated products.  Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Sept. v. 43 (3)  p. 378-385.

6.      Folmar, L.C., Sander, H.O., and Julin, A.M. 1979 Toxicity of the herbicide Glyphosate and several of its formulations on fish and aquatic invertebrates.  Arch.  Environ.  Contam.  Toxicol.  8.  269-278

7.      Hartman, W.A. y Martin, D.B. 1984, Effect of suspended bentonite clay on the acute toxicity of glyphosate to Daphnia pulex and Lemna minor.  Bull.  Environ.  Contam.  Toxicol.  33  pp.  355-361

8.      Dewar,A.M., Haylock, L.A., May, M.J. Beane,J. Perry,R.N.,  2000 Glyphosate applied to genetically modified herbicide-tolerant sugar beet and 'volunteer' potatoes reduces populations of potato cyst nematodes and the number and size daughter tubers. Ann-Appl-Biol. Warwick: Association of Applied Biologists.. v. 136 (3) p. 179-187.

9.      Sanderson, J.B., MacLeod, J.A., Kimpinski, J.1999 Glyphosate application and timing of tillage of red clover affects potato response to N, soil N profile, and root and soil nematodes. Can-j-soil-sci. Ottawa : Agricultural Institute of Canada,. v. 79 (1) p. 65-72.

10. Cox, C., 1995 Glyphosate. Human Exposure and ecological effects.   Journal of pesticide reform: a publication of the Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides. Winter. v. 15 (4) p. 14-20.

11. Springett, J.A. y Gray, R.A.J., 1992 Effect of repeated low doses of biocides on the earthworm Aporrectodea caliginosa in laboratory culture.  Soil.  Biol.  Biochem, 24 (12) pp. 1739-1744.

12. Levesque, C.A., Rahe, J.E., Eaves, D.M.,1992  The effect of soil heat treatment and microflora on the efficacy of glyphosate in seedlings. Weed-Res. Oxford : Blackwell Scientific Publications. v. 32 (5) p. 363-373.

13. Johal, G.S., Rahe, J.E.,  Effect of soilborne plant-pathogenic fungi on the herbicidal action of glyphosate on bean seedlings.  Phytopathology. St. Paul, Minn.: American Phytopathological Society.  v. 74 (8) p. 950-955. ill.

14. Haney, R.L., Senseman, S.A., Hons, F.M., Zuberer, D.A.1999. Effect of glyphosate on soil microbial activity.  Proc-S-Weed-Sci-Soc. Raleigh, N.C., etc. Southern Weed Science Society. v. 52 p. 215.

15. Wong, P.K.  Effects of 2,4-D, glyphosate and paraquat on growth, photosynthesis and chlorophyll-a synthesis of Scenedesmus quadricauda Berb 614.   Chemosphere July 2000. v. 41 (1/2)p. 177-182.

16. Carrizosa J., 1998, Orinoquía y Amazonía, una visión ambiental, en Revista Acción Andina No.2, CINEP, Bogotá.

17. Bureau for international narcotics and law enforcement affairs, U.S. Department of State, "Fact sheet: Eradication of illicit crops: frequently asked questions". November 30,  2001

18. http://www.cdms.net/ldat/mpl78020.pdf

19. Departamento de Estado (EEUU) - 28 February 2003
Texto: ONDCP informa reducción cultivo coca en Colombia (Area se
redujo substancialmente en 2002) (690).

20. The New York Times US - Feb 28, 2003 White House Reports A Decline In Colombia's Coca Author: Christopher Marquis

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y DE REFERENCIA

TEXTOS E INFORMES DE INVESTIGACIÓN:

ACNUR, Corporación Opción Legal, Alcaldía Municipal de Pasto “Caracterización población desplazada municipio de Pasto (Nariño) Carolina [20] Cortés (cons.) Diciembre 16, 02, San Juan de Pasto.

Grupo Interdisciplinario Política y Ambiente  “Fumigación en Colombia: los éxitos del desacierto” Documentos de Reflexión y Propuestas Año. 1, No.1, Acción Andina Colombia, septiembre de 2003.

IDEAM, “Elementos para el ordenamiento ambiental del territorio”, 1999, Bogotá.

IGAC Diccionario Geográfico de Colombia, 1998, Bogotá

United Nations Office Drugs and Crime UNODC: Colombia, coca survey for 2002, March 2003.

5. Ricardo Vargas M.,“Drogas, Máscaras y Juegos” TM-TNI- Acción Andina, Bogotá, 1999

Ricardo Vargas M., “Drogas, Conflicto Armado y Desarrollo Alternativo: una perspectiva desde el sur de Colombia”, Acción Andina Colombia, junio de 2003, Bogotá.

INFORMES Y PRONUNCIAMIENTOS DE AUTORIDADES LOCALES DEL PUTUMAYO Y DE LA REGIÓN ADYACENTE

Alcaldía de Puerto Asís, “Plan de Contingencia para la Prevención y Atención Integral del Desplazamiento Forzoso en el Municipio de Puerto Asís”, (s.f.), Puerto Asís.

________, “Plan de Ordenamiento Territorial”, julio de 2002, Puerto Asís.

Concejo Municipal Municipio de San Miguel, CSM-013, “Carta a Gonzalo de Francisco”, enero 12 de 2.001, San Miguel, Putumayo.

Pacto Social de Desarrollo Alternativo y Erradicación Voluntaria con las comunidades Kofan, Awa, Embera, Paez, Quechua y Pastos, que forman parte del Plan de Vida del Pueblo Kofán y Cabildos indígenas del Valle del Guamuez, San Miguel, Departamento del Putumayo, 12 de enero del 2.001.

Alianza de ONG´s para la región de los Andes del Norte del Ecuador Territorial Surandina, UAESPNN Colombia,  “Memorias del  Taller Binacional Ecuador – Colombia sobre el Manejo  Integral de Áreas Naturales Transfronterizas en los Andes”, julio 12 y 13 de 2002, (s.f.),  Ecuador.

DISPOSICIONES, INFORMES Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

República de Colombia - Contraloría General de la República, “Colombia entre la Exclusión y el Desarrollo”, julio de 2002, Bogotá.

________, “Plan Colombia Tercer Informe de Evaluación”, agosto 2002, Bogotá.

________, “Plan Colombia Segundo Informe de Evaluación”, 2001, Bogotá.

________, “Plan Colombia  Primer Informe de Evaluación”, 2001, Bogotá.

INFORMES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y DE LA POLICÍA ANTINARCÓTICOS

Dirección Nacional De Estupefacientes  - DNE, “La lucha de Colombia contra las Drogas Ilícitas. Acciones y Resultados 2001”, marzo de 2002, Bogotá.

Policía Nacional Dirección Antinarcóticos, “Situación del Narcotráfico en Colombia”, (mimeo), marzo del 2000, Bogotá.

DOCUMENTOS DE PRESIDENCIA

República de Colombia, Presidencia de la República, Red de Solidaridad “Sistema Único de Registro SUR”  marzo 04 de 2003, Bogotá.

NORMAS

República de Colombia, Consejo Nacional de Estupefacientes Resolución 00017 de octubre 4 de 2001.

DISPOSICIONES, INFORMES Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Defensoría  del Pueblo, “Las fumigaciones y los derechos humanos”, abril de 2002,  Bogotá.

________, “Informe sobre desplazamiento y conflicto armado”,  agosto  de 2002, Bogotá.

________, “Resolución Defensorial Nacional 026, Derechos Humanos y DIH en el marco del conflicto armado y de las fumigaciones de los cultivos de coca en el Departamento del Putumayo”, octubre 9 de 2002, Bogotá.

________,  “Informe Defensorial Putumayo”, octubre de 2002, Bogotá.

________,  “Informe Defensorial sobre Desplazamiento Forzado por la Violencia en Colombia”, 2002, Bogotá.

________,  Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, “Informe Defensorial No.1 Fumigaciones y Proyectos de Desarrollo Alternativo en el Putumayo”, febrero 9 del 2.001, Bogotá.

________,  “Resolución Defensorial No. 4  del 12 de Febrero de 2001”, (s.f.),  Bogotá.

________, “Informe Defensorial No. 2: Seguimiento a la Resolución Defensorial No.4 del 12 de Febrero de 2001”, abril 16 de 2001, Bogotá.

________,  “Respuesta al cuestionario Foro Parlamentario sobre el Plan Colombia - Senado de la República – Presidencia”, julio 18 de 2001, Bogotá.

________, “Noveno Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, enero – diciembre de 2001”, (s.f.), Bogotá.

DOCUMENTOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

United States General Accounting Office – GAO, “Drug Control: Coca Cultivation and Eradication Estimates in Colombia”, (http://www.gao.gov) January 8 2003, Washington.

________, “Drug Control:  Efforts to Develop Alternatives to Cultivating Illicit Crops in Colombia Have Made Little Progress and Faces Serious Obstacles”, February 2002, Washington.

U.S. Department of State, International Narcotics Control Strategy, “Report 2001”, (http://www.state.gov/g/inl/rls/nrcrp/2001/rpt/8477.htm), (s.f.), Washington.

U.S. Department of State, “Report to Congress – Colombia: New Authority”, Submitted to the Congress by the Secretary of State, Persuant to Section 601 (b) of the 2002 Supplemental Appropriations Act P.L. 107 – 206, october 28 2002, Washington.

USAID, Asistencia de los Estados Unidos a Colombia y a la Región Andina, “Testimonio de Adolfo Franco, Sub-Administrador para América Latina y el Caribe”, (s.f.), (s.l.).

________, “Audit of the USAID/Colombia – Financed Coca Alternative Development Program under the Plan Colombia Supplemental Appropriation”, Audit Report No. 1-514-02-005-P, January 16 2002, San Salvador, El Salvador.

U.S International Narcotics Control Strategy report – INCSR

ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS

El Espectador, La Revista “Las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Colombia” , noviembre 4 de 2001, Bogotá.