El glifosato con drones no nos escurre

El Ministro de Defensa Villegas del Gobierno Santos informó que Colombia fumigará con drones; cargados con glifosato a pesar, o en desacato de, las Sentencias T-236/17 y T-080/17 de la Corte Constitucional. Inmediatamente, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó y el gobierno entrante, en particular su Ministro de Defensa, Guillermo Botero, se abanderó de los drones y el glifosato.

Habría que preguntar, a quienes creen pertinente revivir las fumigaciones a cualquier costo, si el glifosato dejó de ser potencialmente cancerigeno desde que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS así lo clasificó en el 2015 y si las autoridades han tenido en cuenta las exigencias de las diversas  sentencia sentencias de la Corte Constitucional al respecto.

Habría asimismo que peguntar a las autoridades: 

• Cómo se compara el costo aproximado de $600,000/hora para fumigar las especuladas 46,000 hectáreas de coca frente a los costos financieros de invertir en las comunidades para incentivar la no (re)siembra de coca.
• Si el glifosato que utilizarán es el chino Cúspide 480SL® cuyos riesgos contra la vida acuática parecen ser gravísimos. Con qué aditivos y que concentración y veces?
• Si ya efectuaron la Consulta Previa obligatoria con las comunidades en Nariño, Putumayo, Meta y Guaviare o si ¿arrancaron/arrancarán sin más con estas comunidades de conejillos?
• ¿Ya tienen listo el Plan de Manejo Ambiental específicamente con drones? 0, como tanto en Colombia, improvisemos que después veremos?

Improvisar es ignorar el Principio de Precaución; someter a las comunidades a riesgos ilegítimos; supeditar los recursos naturales (tan alardeados en la arena internacional) al repudiado glifosato (u otros agrotóxicos) que sí escurren de manera difusa generalizada y concentrada en las fuentes de agua así sea con drones. Es arriesgar al Erario (la Nación, nosotros) a correr con el pago por nuevas demandas multimillonarias, ahora por escurrimiento.  

Indudablemente, hay que erradicar la cantidad de coca excedentaria existente. No obstante, el método químico, sea el químico que sea, sigue siendo la peor, más facilista, de las respuestas. Pese a que Colombia (y únicamente Colombia) se ha atacado a la coca con químicos desde 1978, es obvio que sigue siendo sistemáticamente su mayor cultivador porque hay otros factores tan o más significativos que la mata misma.  

Entre otros, los señalados por la UNODC en su informe de monitoreo 2017: “Los cambios en la estructura del control del territorio en algunas zonas afectadas por cultivos de coca promueven una dinamización de los mercados…” y un transito “hacia un modelo de muchos vendedores a muchos compradores en el cual el precio se ajusta cada vez más a las condiciones del mercado y genera nuevos incentivos para la actividad ilegal”. La UNODC conmina al Estado a concertar con las comunidades y fortalecer adecuadamente sus liderazgos con miras a transformar los territorios para buscar “la sostenibilidad de las acciones contra la producción de drogas”.  

Otro riesgo que advierte la UNODC es una ascendiente coerción por parte de grupos armados ilegales y una relación cada vez mayor de los cultivadores con etapas de transformación y comercialización. Se observa que 39% de los cultivadores son procesadores de pasta base de cocaína (PBC) pero, ahora, 1% de los cultivadores accede al permanganato de potasio y transforma la hoja de coca hasta obtener base de cocaína.  

No es a punto de glifosato (o un nuevo y milagroso químico) que el Estado podrá corregir esta situación. Urge buscar liberar a los cultivadores de las garras armadas promoviendo su independencia económica, con proyectos productivos autosostenibles integrados al comercio nacional e internacional. Urge responder a los requerimientos del campesinado de asistencia técnica y el desarrollo de abonos y herbicidas orgánicos para salir de la toxicidad.  

Los indígenas proponen alternativas productivas con la coca propia, afro y campesina.  Aunque, por falta de voluntad e interés real en liberar la coca, en todos estos años no ha habido quién promueva la investigación y la fabricación  de un produto (abonos, biomasa, pesticida) que permita erradicar esa coca química excendentaria de manera productiva, rentable, sostenible y pacífica  ¿por qué no el  gobierno de Iván Duque  en alianza con las comunidades y fondos europeos, fondos para la Naturaleza? 

Tras 40 años de medidas químicas, es hora de que agricultores, campesinos y Estado lleguen a un acuerdo sobre una Política de Estado para eliminar los agrotóxicos de la dieta de los colombianos y así, de paso, dejen de abonar la coca química y sopesen el peso que tiene preservar los recursos naturales.

Para el país en sí y a nivel del comercio internacional, Colombia tiene que entender lo que implican los agrotóxicos. Sin distinción de origen/usuario, estos químicos son “venenos”, como bien lo dice el Ministro, y están siendo desfasados de la agricultura y sujetando productos de valor agregado a barreras comerciales.  

La Corte Constitucional, los expertos, las comunidades locales, la Comunidad Internacional, los relatores de las Naciones Unidas y miles de otros han conminado al Estado colombiano a dejar él mismo de aplicar estos químicos. 

La codicia del narco; los cultivos declarados ilícitos como medio de subsistencia de cultivadores; y la obligación del Estado de erradicar (y voluntariamente con agrotóxicos desde 1978) son condiciones ‘objetivas’ que vivimos los colombianos desde aproximadamente 1920 con la aparición de los primeros cultivos comerciales de marihuana. Ahora, nos piden esperar la efectividad del 99% con los drones y que, efectivamente, no haya más erradicadores mutilados/asesinados por minas antipersonas.

junio-septiembre 2018