Artículos El Mundo

 

Glifosato: un debate sesgado

Sábado 4 de junio

 

 

El 22 de abril pasado se presentó oficialmente un estudio independiente, es decir, sin intervención del Gobierno nacional, sobre los "Efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos,  mediante la aspersión aérea con herbicida Glifosato de los Cultivos  Ilícitos en la Salud Humana y en el medio ambiente en Colombia". El  informe se preparó para la Comisión Interamericana para el Control del  Abuso de Drogas (Cicad), división de la Organización de Estados  Americanos (OEA), en respuesta a la solicitud formulada por los  gobiernos de Colombia, los Estados Unidos y el Reino Unido, por parte de cinco científicos, encabezados por el doctor Keith R. Solomon, del Centro del Toxicología y del Departamento de Biología  Ambiental de la Universidad de Guelph, Canadá.

 

La conclusión del estudio fue, en síntesis, que el herbicida Glifosato,  componente de la mezcla que se utiliza en el programa de erradicación  de cultivos ilícitos en Colombia, no presenta riesgo significativo para  la salud humana, y en cambio es mucho mayor el daño ecológico generado  por el cultivo y producción de narcóticos, debido a la tala y quema de  bosque y selva nativa, así como por el uso de plaguicidas, pesticidas y  otras sustancias y precursores químicos utilizados en el procesamiento  de drogas ilícitas. Antes de que cualquiera se tomara el trabajo de  leer atentamente el contenido del denso estudio, se levantó una ola de  reacciones emotivas y demagógicas contra el informe, bajo el supuesto  de que era el soporte que estaba esperando el Gobierno para hacer  efectiva la Resolución 0013 de junio del 2003, que autoriza fumigar  cualquier parte del territorio nacional con presencia de cultivos  ilícitos, incluidos los Parques Nacionales Naturales.

 

Según los protestantes, se quería arremeter contra el Sistema Nacional  de Parques Nacionales Naturales, una superficie de 10 millones de  hectáreas repartidas entre 51 parques, nueve santuarios de flora y  fauna, dos reservas naturales, un área natural única y una vía de  parques. Mejor dicho, que se pretendía prácticamente fumigar el "banco  genético de la nación". Una falacia absoluta porque, realmente y por  fortuna para Colombia, el cáncer de los cultivos ilícitos apenas está  llegando a esas reservas, pero lo está haciendo de una manera tan  agresiva que el Gobierno, como es su obligación, está tratando de  hacerle frente de la manera más eficaz y con los menores daños para la  biodiversidad. Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos,  Simci, en el 2003 se había 3.790 hectáreas de coca en 18 Parques, lo  que frente a las 6.057 detectadas en el 2001, representa una notable  reducción del 38%. Los datos consolidados del 2004 no se conocen  oficialmente, pero se ha detectado un preocupante incremento de 1.152 a  2.630 hectáreas en la Sierra de La Macarena. Los datos de la CIA son  más escabrosos: las hectáreas cultivadas en los parques superarían  hasta en un 300% los cálculos del Simci y asegura que en el 2004 había  6.550 hectáreas en solo 6 reservas naturales, con la Sierra de la  Macarena en el primer lugar, seguida de Nukak, Catatumbo-Barí, Tinigua, La Paya y la Sierra Nevada de Santa Marta.

 

En ayuda de los demagogos apareció el 11 de mayo un documento titulado  Observaciones al "Estudio de los efectos del programa de Erradicación  de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida  Glifosato y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio  ambiente", preparado por seis profesores del Instituto de Estudios  Ambientales, Idea, de la Universidad Nacional de Colombia, encabezados  por el agrólogo Tomás León Sicard, quien a propósito publicó el 22 de  mayo un resumen del mismo en el periódico UN, de la Nacional, y había  participado el 17 del mismo mes en el sonado debate a la ministra del  Medio Ambiente en la Comisión Quinta del Senado, como invitado especial del senador Robledo.

 

Nosotros leímos atentamente los dos documentos y no vemos cómo - en  palabras de Daniel Samper - "el análisis de la UN pulveriza el trabajo  de la OEA", a no ser que él entienda por pulverizar el uso y el abuso  de frases descalificadoras contra los autores del estudio y, lo que es  más grave, la deformación de sus conclusiones, atribuyéndoles lo que no  dijeron. Por ejemplo, se afirma que en el estudio ".palabras más  palabras menos, se concluye que el glifosato . no genera impactos ni  ambientales ni sobre la salud humana. Para sustentar esta descabellada  tesis, los autores apelan a muchos malabarismos que son aceptados en el  ejercicio de la investigación científica.", cuando, como ya lo  señalamos, lo que se concluye del estudio es que "los riesgos  adicionales asociados con el programa de aspersión son pequeños". Lo  que sí dice el estudio y que los profesores de la Nacional dejan de  lado, es que el glifosato se utiliza ampliamente en la agricultura y  para fines totalmente diferentes a la erradicación de la coca y la  amapola y que sólo entre el 10% y el 14% del uso total en Colombia es  para el programa de erradicación. Además, que la aspersión aérea en  nuestro país se realiza con modernas aeronaves y equipo de aspersión de  última generación, similar al utilizado en la aspersión de bosques en  otras partes del mundo, con el que se identifican con gran precisión  los cultivos blanco u objetivo y la documentación electrónica de los  sitios y áreas que se van a asperjar. De modo que "la probabilidad de  asperjar accidentalmente sitios que no estaban en la mira es poca y se estima que es menos del 1% del total de la superficie asperjada".

 

Definitivamente, quien quiera formarse una idea cabal del trabajo del equipo del Dr. Solomon - integrado además por un profesor de la  Complutense de Madrid; un investigador del Ministerio de Agricultura  brasileño; el director del Marshall Agroecology Limited, del Reino  Unido, y una profesora del Departamento de Ciencias de la Salud Pública  de la Universidad de Toronto, Canadá - y a su vez justipreciar las  críticas de los profesores de la Nacional, tiene que despojarse de  prejuicios y examinarlos cuidadosamente. Por nuestra parte, creemos que  la insinuación que descalifica a los primeros como simples  "contratistas", fletados para producir un estudio a gusto de quienes  les estaban pagando, es simplemente una infamia que no se compadece con  el prestigio de la Universidad Nacional y menos con la gravedad del tema en cuestión.

 

La principal diferencia entre los dos enfoques es que el del profesor  Solomon "excluye los aspectos sociales, políticos y económicos" y "se  basa en la ciencia", al paso que el de los profesores de la UN se funda  esencialmente en esos aspectos, lo que quedó más patente por el hecho  de que fue presentado en el Senado, en debate cuyo principal impulsor  fue el senador Robledo, ampliamente conocido por su virulento  antinorteamericanismo y antiuribismo. En esta oportunidad nosotros le  creemos al grupo multinacional.

 

 

Martes 7 de junio

La SAI alerta sobre abusos desde la U. En pronunciamiento que merece cuidadoso análisis, la Sociedad  Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos ha puesto el dedo en la llaga de  los abusos que, aprovechando las ventajas que concede la Ley 80 a las  universidades, se vienen dando en actividades de investigación,  consultoría y asesoría, y en algunos casos en ejecución de obras, para  entidades públicas, principalmente. Al gremio le preocupan tanto la  competencia desleal a las firmas consultoras como el aprovechamiento  indebido del prestigio de las universidades. En su denuncia deja  entender que al poder eludir las licitaciones, los universitarios  pueden trabajar con estudiantes mal pagados y profesores inexpertos,  que no tienen que responder por los resultados de su trabajo, pues  están cubiertos por el buen nombre de las instituciones que los avalan, así no los controlen.

 

Recogemos con el mayor interés la preocupación del organismo que  actualmente preside el ingeniero Alvaro Villegas Moreno, pues viene  como anillo al dedo para otro de los desbalances entre el denso  análisis resultante del estudio "Efectos del programa de erradicación  de los cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con herbicida  glifosato en la salud humana y en el medio ambiente", realizado por un  grupo de investigadores de varias instituciones internacionales, de  cinco países, para el Cicad de la OEA, y el documento de Observaciones  a ese estudio, elaborado por el profesor Tomás León SIcard, director  del Instituto de Estudios Ambientales, Idea, de la Universidad  Nacional, sede Bogotá y cinco de sus auxiliares.

 

El equipo que el Cicad de la OEA reunió para la realización de este  estudio está integrado por expertos de las universidades Complutense de  Madrid, y Guelph y Toronto, de Canadá; un representante del Ministerio  de Agricultura de Brasil; un agrólogo de un instituto de  investigaciones especializado del Reino Unido, y representantes del  Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Autónoma de  Chihuahua de México. Ellos concurrieron a este trabajo con su  trayectoria profesional y en representación de las universidades y  centros de investigación a los que pertenecen y que avalan sus  conclusiones. Entre el febrero de 2004 y abril de 2005, este equipo  trabajó en campo y laboratorio, recopilando las pruebas científicas y  realizando los análisis que sustentaron sus importantes conclusiones,  que comentamos a espacio en nuestro editorial "Glifosato: un debate sesgado", del pasado sábado.

 

El estudio de la Universidad Nacional fue dirigido por el docente Tomás  León Sicard, quien además de su título de Ph. D. en Agrología ostenta  una amplia trayectoria de militancia coincidente en temas y enfoques  con el senador del Polo Democrático Independiente, Jorge Robledo, y es  director del Programa que realizó el estudio. En este trabajo tuvo el  apoyo de dos estudiantes candidatos a doctores; un zootecnista, un  topógrafo y una ingeniera civil, subalternos del profesor Sicard. Este  grupo de trabajo entregó sus Observaciones cuando apenas habían pasado  veinte días de la divulgación del estudio del Cicad y de inmediato,  como recordamos el sábado, el mencionado documento se utilizó para  fines políticos contra el programa de fumigación y sus posibles usos en  el combate a los cultivos ilícitos en los parques nacionales.

 

Casos como este que, como ya hemos señalado, compromete la seriedad de  la Universidad Nacional, le dan razón a la SAI en su temor de que las  universidades colombianas, y muy especialmente las que, como la  Nacional, tienen el mayor número de centros de investigación, pueden  terminar avalando con su buen nombre estudios que se han realizado por  grupos de precaria idoneidad, sospechosos de sesgo político,  enfrentadas, con pretensiones de descalificarlos, a trabajos que tienen  el respaldo de universidades con reconocido prestigio internacional.  Aunque el estudio no se encuentra en el sitio web oficial de la  Universidad, sí lleva su nombre y reclama ser fruto de uno de sus  centros de estudio, razones que han de motivar la preocupación de los  directivos universitarios, a quienes les queda difícil permitir que, so  capa de la defensa de la libertad de pensamiento y expresión en las  universidades públicas, se esté manipulando la trayectoria  investigativa del claustro, para darle disfraz científico a lo que es una forma de hacer política.

 

Bienvenida, pues, la intervención de la SAI que llama a las  Universidades a concentrarse en la investigación para la innovación,  allí donde pueda desarrollar nuevos métodos que pueden conducir al  mejoramiento de su docencia, y en la producción científica, que  fundamenta el prestigio de los principales centros académicos del país.  Con el gremio antioqueño compartimos la preocupación porque se  preserven las universidades como centros de conocimiento, no de  politiquería y otras mañas que contrarían el ser académico. Por ahora,  centramos nuestro interés en la atención que las directivas de la  Universidad Nacional presten a un seudo estudio que no sólo fue  divulgado utilizando el nombre del prestigioso centro sino que se hizo  público a través del periódico oficial del centro docente. Este intento  de defraudación a la opinión pública nacional no tiene por qué pasar desapercibido.