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Glifosato: un debate sesgado
Sábado 4 de
junio
El 22 de
abril pasado se presentó oficialmente un estudio independiente, es decir, sin
intervención del Gobierno nacional, sobre los "Efectos del Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos, mediante
la aspersión aérea con herbicida Glifosato de los Cultivos
Ilícitos en la Salud Humana y en el
medio ambiente en Colombia". El informe
se preparó para la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (Cicad), división de la
Organización de Estados Americanos
(OEA), en respuesta a la solicitud formulada por los
gobiernos de Colombia, los Estados
Unidos y el Reino Unido, por parte de cinco científicos, encabezados por el
doctor Keith R. Solomon, del Centro del Toxicología y del Departamento de
Biología Ambiental de la Universidad de
Guelph, Canadá.
La conclusión
del estudio fue, en síntesis, que el herbicida Glifosato,
componente de la mezcla que se utiliza
en el programa de erradicación de
cultivos ilícitos en Colombia, no presenta riesgo significativo para
la salud humana, y en cambio es mucho
mayor el daño ecológico generado por el
cultivo y producción de narcóticos, debido a la tala y quema de
bosque y selva nativa, así como por el
uso de plaguicidas, pesticidas y otras
sustancias y precursores químicos utilizados en el procesamiento
de drogas ilícitas. Antes de que
cualquiera se tomara el trabajo de leer
atentamente el contenido del denso estudio, se levantó una ola de
reacciones emotivas y demagógicas contra
el informe, bajo el supuesto de que era
el soporte que estaba esperando el Gobierno para hacer
efectiva la Resolución 0013 de junio del
2003, que autoriza fumigar cualquier
parte del territorio nacional con presencia de cultivos
ilícitos, incluidos los Parques
Nacionales Naturales.
Según los
protestantes, se quería arremeter contra el Sistema Nacional
de Parques Nacionales Naturales, una
superficie de 10 millones de hectáreas
repartidas entre 51 parques, nueve santuarios de flora y
fauna, dos reservas naturales, un área
natural única y una vía de parques.
Mejor dicho, que se pretendía prácticamente fumigar el "banco
genético de la nación". Una falacia
absoluta porque, realmente y por fortuna
para Colombia, el cáncer de los cultivos ilícitos apenas está
llegando a esas reservas, pero lo está
haciendo de una manera tan agresiva que
el Gobierno, como es su obligación, está tratando de
hacerle frente de la manera más eficaz y
con los menores daños para la biodiversidad.
Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos,
Simci, en el 2003 se había 3.790
hectáreas de coca en 18 Parques, lo que
frente a las 6.057 detectadas en el 2001, representa una notable
reducción del 38%. Los datos
consolidados del 2004 no se conocen oficialmente,
pero se ha detectado un preocupante incremento de 1.152 a
2.630 hectáreas en la Sierra de La
Macarena. Los datos de la CIA son más
escabrosos: las hectáreas cultivadas en los parques superarían
hasta en un 300% los cálculos del Simci
y asegura que en el 2004 había 6.550
hectáreas en solo 6 reservas naturales, con la Sierra de la
Macarena en el primer lugar, seguida de
Nukak, Catatumbo-Barí, Tinigua, La Paya y la Sierra Nevada de Santa Marta.
En ayuda de
los demagogos apareció el 11 de mayo un documento titulado
Observaciones al "Estudio de los efectos
del programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida
Glifosato y de los cultivos ilícitos en
la salud humana y en el medio ambiente",
preparado por seis profesores del Instituto de Estudios
Ambientales, Idea, de la Universidad
Nacional de Colombia, encabezados por el
agrólogo Tomás León Sicard, quien a propósito publicó el 22 de
mayo un resumen del mismo en el
periódico UN, de la Nacional, y había participado
el 17 del mismo mes en el sonado debate a la ministra del
Medio Ambiente en la Comisión Quinta del
Senado, como invitado especial del senador Robledo.
Nosotros
leímos atentamente los dos documentos y no vemos cómo - en
palabras de Daniel Samper - "el análisis
de la UN pulveriza el trabajo de la
OEA", a no ser que él entienda por pulverizar el uso y el abuso
de frases descalificadoras contra los
autores del estudio y, lo que es más
grave, la deformación de sus conclusiones, atribuyéndoles lo que no
dijeron. Por ejemplo, se afirma que en
el estudio ".palabras más palabras
menos, se concluye que el glifosato . no genera impactos ni
ambientales ni sobre la salud humana.
Para sustentar esta descabellada tesis,
los autores apelan a muchos malabarismos que son aceptados en el
ejercicio de la investigación
científica.", cuando, como ya lo señalamos,
lo que se concluye del estudio es que "los riesgos
adicionales asociados con el programa de
aspersión son pequeños". Lo que sí dice
el estudio y que los profesores de la Nacional dejan de
lado, es que el glifosato se utiliza
ampliamente en la agricultura y para
fines totalmente diferentes a la erradicación de la coca y la
amapola y que sólo entre el 10% y el 14%
del uso total en Colombia es para el
programa de erradicación. Además, que la aspersión aérea en
nuestro país se realiza con modernas
aeronaves y equipo de aspersión de última
generación, similar al utilizado en la aspersión de bosques en
otras partes del mundo, con el que se
identifican con gran precisión los
cultivos blanco u objetivo y la documentación electrónica de los
sitios y áreas que se van a asperjar. De
modo que "la probabilidad de asperjar
accidentalmente sitios que no estaban en la mira es poca y se estima que es
menos del 1% del total de la superficie asperjada".
Definitivamente, quien quiera formarse una idea cabal del trabajo del equipo del
Dr. Solomon - integrado además por un profesor de la
Complutense de Madrid; un investigador
del Ministerio de Agricultura brasileño;
el director del Marshall Agroecology Limited, del Reino
Unido, y una profesora del Departamento
de Ciencias de la Salud Pública de la
Universidad de Toronto, Canadá - y a su vez justipreciar las
críticas de los profesores de la
Nacional, tiene que despojarse de prejuicios
y examinarlos cuidadosamente. Por nuestra parte, creemos que
la insinuación que descalifica a los
primeros como simples "contratistas",
fletados para producir un estudio a gusto de quienes
les estaban pagando, es simplemente una
infamia que no se compadece con el
prestigio de la Universidad Nacional y menos con la gravedad del tema en
cuestión.
La principal
diferencia entre los dos enfoques es que el del profesor
Solomon "excluye los aspectos sociales,
políticos y económicos" y "se basa en la
ciencia", al paso que el de los profesores de la UN se funda
esencialmente en esos aspectos, lo que
quedó más patente por el hecho de que
fue presentado en el Senado, en debate cuyo principal impulsor
fue el senador Robledo, ampliamente
conocido por su virulento antinorteamericanismo
y antiuribismo. En esta oportunidad nosotros le
creemos al grupo multinacional.
Martes 7 de
junio
La SAI alerta
sobre abusos desde la U. En pronunciamiento que merece cuidadoso análisis, la
Sociedad Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos ha puesto el dedo en la llaga de los
abusos que, aprovechando las ventajas que concede la Ley 80 a las
universidades, se vienen dando en
actividades de investigación, consultoría
y asesoría, y en algunos casos en ejecución de obras, para
entidades públicas, principalmente. Al
gremio le preocupan tanto la competencia
desleal a las firmas consultoras como el aprovechamiento
indebido del prestigio de las
universidades. En su denuncia deja entender
que al poder eludir las licitaciones, los universitarios
pueden trabajar con estudiantes mal
pagados y profesores inexpertos, que no
tienen que responder por los resultados de su trabajo, pues
están cubiertos por el buen nombre de
las instituciones que los avalan, así no los controlen.
Recogemos con
el mayor interés la preocupación del organismo que
actualmente preside el ingeniero Alvaro
Villegas Moreno, pues viene como anillo
al dedo para otro de los desbalances entre el denso
análisis resultante del estudio "Efectos
del programa de erradicación de los
cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con herbicida
glifosato en la salud humana y en el
medio ambiente", realizado por un grupo
de investigadores de varias instituciones internacionales, de
cinco países, para el Cicad de la OEA, y
el documento de Observaciones a ese
estudio, elaborado por el profesor Tomás León SIcard, director
del Instituto de Estudios Ambientales,
Idea, de la Universidad Nacional, sede
Bogotá y cinco de sus auxiliares.
El equipo que
el Cicad de la OEA reunió para la realización de este
estudio está integrado por expertos de
las universidades Complutense de Madrid,
y Guelph y Toronto, de Canadá; un representante del Ministerio
de Agricultura de Brasil; un agrólogo de
un instituto de investigaciones
especializado del Reino Unido, y representantes del
Instituto Nacional de Salud Pública y la
Universidad Autónoma de Chihuahua de
México. Ellos concurrieron a este trabajo con su
trayectoria profesional y en representación de las universidades y
centros de investigación a los que
pertenecen y que avalan sus conclusiones.
Entre el febrero de 2004 y abril de 2005, este equipo
trabajó en campo y laboratorio,
recopilando las pruebas científicas y realizando
los análisis que sustentaron sus importantes conclusiones,
que comentamos a espacio en nuestro
editorial "Glifosato: un debate sesgado", del pasado sábado.
El estudio de
la Universidad Nacional fue dirigido por el docente Tomás
León Sicard, quien además de su título
de Ph. D. en Agrología ostenta una
amplia trayectoria de militancia coincidente en temas y enfoques
con el senador del Polo Democrático
Independiente, Jorge Robledo, y es director
del Programa que realizó el estudio. En este trabajo tuvo el
apoyo de dos estudiantes candidatos a
doctores; un zootecnista, un topógrafo y
una ingeniera civil, subalternos del profesor Sicard. Este
grupo de trabajo entregó sus
Observaciones cuando apenas habían pasado veinte
días de la divulgación del estudio del Cicad y de inmediato,
como recordamos el sábado, el mencionado
documento se utilizó para fines
políticos contra el programa de fumigación y sus posibles usos en
el combate a los cultivos ilícitos en
los parques nacionales.
Casos como
este que, como ya hemos señalado, compromete la seriedad de
la Universidad Nacional, le dan razón a
la SAI en su temor de que las universidades
colombianas, y muy especialmente las que, como la
Nacional, tienen el mayor número de
centros de investigación, pueden terminar
avalando con su buen nombre estudios que se han realizado por
grupos de precaria idoneidad,
sospechosos de sesgo político, enfrentadas,
con pretensiones de descalificarlos, a trabajos que tienen
el respaldo de universidades con
reconocido prestigio internacional. Aunque
el estudio no se encuentra en el sitio web oficial de la
Universidad, sí lleva su nombre y
reclama ser fruto de uno de sus centros
de estudio, razones que han de motivar la preocupación de los
directivos universitarios, a quienes les
queda difícil permitir que, so capa de
la defensa de la libertad de pensamiento y expresión en las
universidades públicas, se esté
manipulando la trayectoria investigativa
del claustro, para darle disfraz científico a lo que es una forma de hacer
política.
Bienvenida,
pues, la intervención de la SAI que llama a las
Universidades a concentrarse en la investigación para la innovación,
allí donde pueda desarrollar nuevos
métodos que pueden conducir al mejoramiento
de su docencia, y en la producción científica, que
fundamenta el prestigio de los
principales centros académicos del país. Con
el gremio antioqueño compartimos la preocupación porque se
preserven las universidades como centros
de conocimiento, no de politiquería y
otras mañas que contrarían el ser académico. Por ahora,
centramos nuestro interés en la atención
que las directivas de la Universidad
Nacional presten a un seudo estudio que no sólo fue
divulgado utilizando el nombre del
prestigioso centro sino que se hizo público
a través del periódico oficial del centro docente. Este intento
de defraudación a la opinión pública
nacional no tiene por qué pasar desapercibido.