Esa química colombiana
Dites-vous bien que le destin est féroce lorsqu’il décide à votre place.
(Tarik
Noui « Le Treille des négriers »)
En medio de
la actual proliferación de información y desinformación,
frente a los visibles esfuerzos por meter en cintura la información que
incomoda a la política, Mama Coca propone
unas sencillas aunque nutridas bases de datos cronológicas y su propuesta de investigación
con la convicción de que sigue siendo imperativo dejar constancia para prevenir el
olvido y luchar por encontrar eco frente a una de las problemáticas químicas y
bélicas más apremiantes de nuestra era: La Guerra de la Droga.
El nuevo
formato de mamacoca contiene nueve bases de datos de información propia y
recopilada principalmente de sitios académicos en Internet y algunos escans de
impresos de referencia. Estas bases de datos buscan facilitar los procesos de
investigación exhaustiva que
esperamos poder acompañar con nuestro propio trabajo,
“El Papel de la Coca”.
La investigación
El Papel de la Coca
es una investigación en curso sobre un proceso productivo (socionegocio)
cuya vocación es impulsar la articulación y desarrollo de un diagnóstico e
informe pluridisciplinario multinacional sobre los aspectos sociales,
ambientales y comerciales de los procesos químicos colombianos: narcotráfico,
producción, consumo, cultivo y erradicación.
Las
5 bases de datos: “Aspersión
aérea”; “Cultivos
proscritos y narcotráfico”, “Consumo:
uso y abuso”,
“Legislación:
ambiente estupefaciente” y “Debate
sobre políticas de plantas y drogas” referencian los ejes de la problemática
de las drogas para Colombia. Las bases de datos “Bibliografía”
y “Repositorio
de autores en el tema” (en construcción)
proponen una lista detallada mas no exhaustiva de los estudiosos
nacionales e internacionales más
destacadas y perseverantes en las investigaciones sobre el tema.
La breve
“Cronología
de la Guerra
de la Droga”
reseña los derroteros de esta guerra de más de 170 años plagada de fracasos e
información ignorada al momento de diseñar las políticas. Una guerra de tramas
hollywoodenses pero, sobre todo, de la sangre y sin salida del infierno químico
de consumidores, campesinos, narcotraficantes y
políticas.
La Droga, la cocaína, está al centro de
cuanta serie policiaca hay. Está, sobre todo, al corazón de la cotidianidad de
nosotros los colombianos. La reseña
Representación
Social -el Narcotráfico en el Imaginario Popular
hace referencia a aquellas expresiones culturales que permiten al imaginario
popular conciliar la contradicción entre sus vivencias y sueños de superación de
la injusticia social, las leyendas y episodios de historia patria originadas por
La Prohibición y el dictamen oficial de que Las Drogas son en mal en sí.
El trabajo de compilación de
la información que constituye estas bases de datos revela que esta guerra,
—que
se declaró en 1839 a nombre del libre comercio, se prosiguió bajo el impulso de
la industria farmacéutica y a nombre la salud y se sostiene actualmente en
defensa de las tesis de Seguridad Nacional/Terrorismo—,
ha dado el dudoso triunfo y grandes beneficios a quienes la declararon y siguen
alimentando su razón de ser: las políticas de mercado y la industria química. De esta guerra,
muchas somos las víctimas; y muchos, y cada vez más, los países que la sufren.
Sin embargo, fuerza es de admitir, que
el emblema de las drogas la lleva Colombia. Colombia es el
laboratorio químico por excelencia de
todos los procesos: cultivos químicos, procesamiento químico, erradicación
química y, más recientemente, si creemos las cifras oficiales,
gran consumidora de drogas químicas importadas.
Esta medida, el bombardeo químico -que Colombia permite y de la que hace alarde- es tan
ilegitima que ni siquiera en el invadido y sometido Afganistán se han atrevido a
aplicarla abiertamente como política estatal.
La negación insubstancial y de plano de parte del
Estado colombiano de todas las
exhortaciones de científicos, comunidades locales y organizaciones sociales
nacionales e internacionales, en
un intento por desgastar (cuando no desvirtuar) las protestas e intentos por
obtener causa en los tribunales, es diciente del peso que tiene la
oposición social en Colombia y los argumentos de la política por las armas.
Ya
en 1978, la sola idea de que se fuese a fumigar suscitó múltiples reacciones adversas.
Las primeras fumigaciones no contaron con
el concepto jurídico favorable y anteceden
la entrada en vigencia de la ley 99 de 1993 y del decreto 1793 de 1994. La
primera condena que declaró
administrativamente responsable a
la Nación a la Policía Nacional por los perjuicios materiales
causados con ocasión de las fumigaciones efectuadas en
la Sierra Nevada de Santa Marta con el herbicida Glifosato en
el mes de junio de 1986 fue proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena el 19 de junio de 1992.
Posteriormente, ha habido otras condenas que siempre terminan dirimidas por el
Consejo de Estado a favor del Gobierno colombiano escudado tras la
fórmula de política de control de orden público y la aplicación de un régimen de
transición en materia de licencia ambiental para eludir la ley; para seguir fumigando en total
ignorancia de las repercusiones, o no, a nivel sanitario y ambiental.
Lo cierto es que la ausencia de daños no se decreta y la patente
de corso que se acomodó el Estado colombiano no altera las potenciales (y ya visibles si oímos las quejas
de las comunidades locales) repercusiones de las
aspersiones químicas. No altera los aspectos éticos y objeciones jurídicas.
La lógica
dicta que no hay químicos inocuos. Ni los que se usan en los cultivos, ni los
que se usan en el procesamiento, y menos aún los cócteles que se fumigan en
grandes cantidades desde el aire. Los ataques de destrucción masiva sin margen
de error no existen. En Colombia, las
aspersiones aéreas
son masivas,
indiscriminadas y no se fumiga con Glifosato sino con un cóctel de químicos cuyo
principio activo es el Glifosato potencializado por los otros químicos. Ese mismo químico,
el Glifosato, es el que se utiliza para que,
esta mata que busca matar el Estado, crezca y prolifere al margen de la economía
formal.
Nos dicen
que el uso de precursores químicos; de Glifosato en la agricultura “tradicional”;
y la cocaína consumida que pasa en los orines y ríos de Estados Unidos, razona
la aplicación masiva de químicos por parte del Estado colombiano. Se asevera que
el conflicto interno colombiano ahora se alimenta de la Guerra de
la Droga. La historia
sostiene que la política armada colombiana existía antes de la entrada en escena
de la droga y, si no se resuelve por la justicia social, seguirá existiendo así
algún día logremos erradicar la droga; cosa poco probable. La pregunta que
debería estar al centro de la toma de decisiones es: ¿Cuáles son las bondades,
así sea económicas y morales, de esta química colombiana? ¿De qué conocimientos
científicos disponemos para así investirnos?
En lo inmediato,
la falta
de elementos probatorios de los daños o
inocuidad de las aspersiones aéreas —justamente por no contar apenas sino con
información y estudios fragmentarios— no exime la culpa de no haber aún acatado
la
exigencia de monitoreo sanitario y ambiental,
formulada desde que se anunció la intención de fumigar.
No exime al Estado de la obligación de responder por unos costos exorbitantes de
erradicación que han sido una carga más de guerra para el pueblo colombiano que
bien se podrían haber invertido en subsanar la necesidad del recurso a lo
ilícito.
Los vacíos de, y desdén con el que se acogió,
la propuesta de erradicar comprando la coca sumado al
tardío reconocimiento del repudio que suscitan las fumigaciones aéreas a
nivel internacional lleva desde el 2005 a la implementación de la erradicación
manual forzada. El poco valor que tiene la vida en Colombia, el menosprecio de
sus soldados y campesinos y la incapacidad de conciliar sobre la necesidad de
acabar con el monocultivo de coca han dado al traste con este costoso programa.
Las consecuencias del programa de erradicación manual forzada han
sido desastrosas por las muertes ocasionadas por las minas antipersonales
y los ataques armados. Igual, las fumigaciones aéreas siguen
siendo el absurdo medio privilegiado e incrementado año a año; aunque los logros por ese lado
no han sido nunca
alentadores pues, si bien actualmente se afirma que el área cultivada en
Colombia ha disminuido, también se afirma que la coca se ha desplazado nuevamente a los otros países andinos.
Así los únicos beneficiados son los usuarios de drogas que seguirán siendo los
mismos pero consumiendo drogas con menos químicos. Por lo demás, trasladar el
problemita a los vecinos equivale a hundir al otro para salvarse uno. Ese
sí que es el efecto globo, que llaman.
Lo
cierto es que
los colombianos nos debemos un examen riguroso del
pasado-presente y futuro sanitario, alimentario, ambiental y comercial del
territorio que compartimos. Requerimos investigaciones ‘de amplio espectro’,
variadas, minuciosas, rigurosas e independientes que sustenten o desvirtúen las
repercusiones o inofensividad de las fumigaciones. Treinta años de experimentación química da
con que. Si dichas investigaciones
rigurosas (independientes de las políticas de drogas) nos revelan el temido
desastre sanitario y ambiental que presagia el uso intensivo e indiscriminado de
químicos, tendremos -todos, gobierno y sociedad civil- la obligación de abogar
por alternativas a nombre del pueblo colombiano. Si, por el contrario, las
fumigaciones son tan inocuas como lo proclaman instancias antidrogas como la
CICAD, el gobierno colombiano habrá
mostrado que en Colombia no sólo las armas tienen eco.
¿Qué se
tiene y qué se requiere?
Una revisión
de la literatura existente, revela que las fuentes primarias, oficiales, de
campo, clínicas, imágenes y satelitales son nulas. Sabemos y no sabemos de lo que estamos
hablando. Los documentos oficiales se citan entre sí con base en estimativos y
escasa información de campo, y las cifras y datos de los estudios de la sociedad
civil vienen de sus capacitaciones en los temas y la dispersa información de
campo que logran desentrañar acá y allá; de las quejas de la comunidades desde
que se efectuaron las primeras fumigaciones. Todos actuamos desde el temor y el
vacío. Las advertencias a los sucesivos gobiernos colombianos por parte de
entidades públicas y ciudadanas sobre su falta de fundamentos y
constitucionalidad para efectuar las fumigaciones es base suficiente para
cuestionar y propender por alternativas. Da de que dudar la falta de un seguimiento
sistemático a una de las medidas estatales más controvertidas en Colombia y a
nivel internacional. ¿Cuándo, dónde, cuánto y exactamente con qué se ha fumigado
en Colombia desde la primera fumigación en junio de 1978?
Ninguna política de control se puede perpetuar, ni defender,
desde el desconocimiento. La información precisa y soportes de rigor sobre las fumigaciones y el seguimiento de las mismas
responde a las exigencias de investigaciones ambientales y sanitarias que se
vienen haciendo al Estado colombiano- Entre otras, por parte del
Inderena, cuya oposición
a la medida al seno del CNE fue manifestada desde antes de que se
efectuara la primera fumigación [Carta
del Inderena al Consejo Nacional de Estupefacintes el 18 de junio 1978]. En ese entonces se fumigó con el
altamente tóxico Paraquat cuyo uso
aéreo está ahora prohibido a nivel internacional.
Los estudios, declaraciones y auditorías de
seguimiento del impacto ambiental y sanitario de las aspersiones y la
información subsiguiente a los
parámetros enunciados en la resolución 001 del 11 de febrero de 1994 son el
primer paso para adelantar las investigaciones del caso; investigaciones
sin sesgo de drogas si se quieren resultados fiables sobre el tema objeto de
estudio. El daño que puede ocasionar el consumo nasal y/o intravenoso de cocaína
o heroína y el daño ocasionado por el uso de precursores químicos y agroquímicos
en la agricultura son variables independientes del daño que, como muchos
sostenemos, ha ocasionado y sigue ocasionando el Estado colombiano con sus
aspersiones aéreas. El consumo de los químicos asperjados por el Gobierno
colombiano no sólo lo sufren los campesinos y erradicadores, lo sufrimos todos
los colombianos que nos alimentamos del agro; lo sufren los proyectos de
desarrollo alternativos y de cultivos supuestamente orgánicos y lo sufrirán
ineluctablemente las exportaciones colombianas si no tomamos las
previsiones del caso. Es poco probable que la causa de drogas sirva de argumento
para que a Colombia se le otorgue una excepción al comercio sus productos
saturados de químicos y el hecho es que, aunque el perfil de manejo de las
fumigaciones no es el mismo, se sigue fumigando y ahora sí que el silencio al
respecto es opresivo, ofensivo e imperdonable. !Fácil: las fumigaciones (ya) no
hacen daño, son las FARC las que promueven las protestas en su contra!
Bien haría
el actual Gobierno en otorgar el beneficio de la duda —del
Principio de Precaución— (así sea, incongruentemente,
a posteriori) comenzando el desfase
de esta medida y facilitando la
información e investigaciones que permitan los conocimientos y el desarrollo de proyectos en
armonía con un mundo en el que priman las consideraciones ambientales. El
Gobierno de Juan Manuel Santos debe entrar a considerar que el mayor servicio que le puede prestar a
Colombia, y Colombia a la Comunidad Internacional, es contribuir a superar el
jaque químico en el que se encuentra el país. Las alternativas para acabar con
esta química colombiana existen y Colombia merece más que el mito de los
herbicidas inocuos y la conversión de su gran biodiversidad en otra leyenda de
“El Dorado”.
María
Mercedes Moreno
Enero 2011