DECLARACION DE PUERTO ASIS

8 y 9 de septiembre de 2000

Las 325 participantes en el Foro El Sur Responde al Plan Colombia, en representación de las comunidades, líderes sociales, indígenas, mujeres, niños, niñas, autoridades locales y departamentales de Valle, Cauca, Caquetá, Nariño y Putumayo; junto con una delegación del Ecuador y varias organizaciones sociales, ONG de derechos humanos, medio ambiente, desarrollo y paz de Colombia, convocadas por PAZ COLOMBIA, la alcaldía, y la gobernación del Putumayo, nos reunimos en Puerto Asis el 8 y 9 de Septiembre de 2000 para analizar y proponer alternativas al Plan Colombia.

El diseño y las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos que contiene el Plan Colombia adelantado por el Gobierno Nacional, desconoció las realidades locales y las iniciativas de las comunidades afectadas, las autoridades locales y regionales.

El Plan Colombia es una estrategia encaminada a desestabilizar y revertir los procesos de transición democrática en la región andina y aplicar medidas represivas contra las protestas sociales, económicas y políticas, generadas por los procesos de globalización y la aplicación del modelo neoliberal.

El Plan Colombia se constituye en un instrumento de lucha contrainsurgente el cual contribuirá de manera negativa al escalamiento y expansión de la guerra que se libra en Colombia desde hace 30 años.

El componente de lucha contra el narcotráfico del Plan Colombia, se inscribe dentro de la política de los Estados Unidos de "tolerancia cero" frente a esta problemática. Por ello, el Plan enfatiza los instrumentos de represión que afectan el eslabón más débil de la producción de la economía cocalera que son los pequeños cultivadores de coca y los recolectores o raspachines. La erradicación forzada contra los cultivos ilícitos no toca sustancialmente las diferentes etapas de la economía cocalera, aquellas que representan las grandes ganancias del negocio, y por el contrario implica el traslado de los cultivos con el consecuente impacto ambiental.

La aplicación del Plan Colombia y su fuerte componente militar, se constituye en un factor adicional de agravamiento de la persistente crisis humanitaria, de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que se desarrolla en el país.

El Plan Colombia tiene implicaciones negativas en el actual proceso de paz que se desarrolla con las Farc en la zona de distensión y en los posibles escenarios de negociación con el ELN .

Una de las expresiones del Plan Colombia para las zonas con cultivos ilícitos es la intensificación de las fumigaciones, el incremento de las acciones militares como parte de los operativos de erradicación forzosa por vía fluvial, aérea y terrestre. Las fumigaciones son la repetición de una política fracasada que en nada contribuye a resolver este problema y sí promueve el desplazamiento de los cultivos hacia zonas no intervenidas agravando los impactos ambientales.

Las fumigaciones afectan la salud de los habitantes de las zonas con economías ilícitas, afecta el medio ambiente, acaba con economías lícitas, promueve desplazamientos y socava derechos fundamentales, económicos, sociales y ambientales.

Por las anteriores razones exigimos la suspensión inmediata de las fumigaciones como condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el Eestado y las comunidades y poder así desarrollar acuerdos para la implementación de alternativas legales a los cultivos ilícitos.

Frente a las fumigaciones químicas y biológicas se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades, de carácter gradual y condicionada a la sostenibilidad de inversiones económicas en lo social y cultural. Se requieren acciones que contribuyan a generar tejido social, una ética de la tolerancia, del respeto por la vida y plenas garantías para la aplicación de una eficaz justicia. Para el análisis de esta propuesta se deben recoger experiencias desarrolladas en Puerto Leguízamo y en Guambía.

El problema de los cultivos ilícitos se origina en la crisis del sector rural colombiano, en la ausencia de condiciones para garantizar la competitividad del sector frente a los impactos de la apertura económica adelantada, sin considerar condiciones mínimas que hiciesen sostenible actividades desarrolladas en el campo. Esta crisis se profundizó con la contrarreforma agraria adelantada con inversiones del capital producto del narcotráfico que significó la concentración en pocas manos de más de cuatro millones de hectáreas de tierras aptas para actividades agropecuarias, dedicadas casi en su totalidad a la ganadería extensiva en detrimento de actividades productivas generadoras de excedentes para el campo.

Así mismo, el atraso de las instituciones del Estado que atienden el sector rural, la ausencia de políticas crediticias que lleguen efectivamente al campesino, la ausencia de programas de investigación y transferencias de tecnología para el sector rural, el desfavorecimiento de los procesos organizativos de las comunidades, todos son factores que tienden a generar un escenario de agravamiento de la crisis del sector. Por eso es indispensable una reforma agraria integral, una transformación de las instituciones estatales relacionadas con la problemática rural y del medio ambiente, que faciliten las condiciones para hacer competitivo al campo en un entorno global que conspira contra la productividad, la autosuficiencia alimentaria y la protección del medio ambiente.

Por su parte, los planes alternativos deben ser considerados bajo la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalación de alternativas viables en el mediano y largo plazo.

En la elaboración de propuestas alternativas se debe reconocer que los cultivos ilícitos se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental, tanto en las zonas de bosque húmedo como en áreas de bosques andinos y altoandinos. Normalmente estas áreas se caracterizan por su biodiversidad y la presencia de ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental. Sobre estas zonas se deben desarrollar políticas acordes con estas características, y decisiones que den garantía al reconocimiento del saber tradicional de las comunidades indígenas sobre el manejo de ese entorno, protección a su saber tradicional, usos alternativos de orden medicinal y cultural, ante la amenaza que se cierne por los intereses de multinacionales que buscan una apropiación de esa riqueza para satisfacer una demanda sobre recursos biogenéticos.

El Estado debe promover políticas de investigación básica, protección de los derechos colectivos de las comunidades, el comercio de estos recursos estratégicos y búsqueda de un retorno de beneficios para las comunidades asentadas en estos territorios.

Así mismo se reconoce la necesidad de establecer diferencias claras entre los pequeños y grandes productores de cultivos ilícitos, entendiendo que para los primeros debe haber una propuesta de descriminalización, políticas de desarrollo alternativo y soluciones pacíficas de consenso. Igualmente, el desarrollo de veedurías ciudadanas para el cumplimiento de los programas.

Propuestas de Acción

1. Desarrollar un proceso de descentralización del debate sobre el Plan Colombia de modo que se involucren veredas, municipios, resguardos que a pesar de no tener cultivos ilícitos van a resultar gravemente afectados por la aplicación de la ofensiva del Plan.

2. Crear un proceso de organización de las comunidades a nivel municipal y departamental para generar respuestas locales que reconozcan la diversidad social, política y cultural de las regiones. Desarrollar un proceso de divulgación, análisis y organización en el nivel local recogiendo propuestas que hagan realidad una respuesta del sur desde el ámbito de las comunidades.

3. Desarrollar acciones hacia la creación de una Comisión Latinoamericana de Paz sobre la base del reconocimiento y respuestas a los impactos en la región andinoamazónica del Plan Colombia. Dicho proceso debe desarrollar actividades a nivel internacional para una respuesta de apoyo a la paz en Colombia y de rechazo a los impactos contra la población civil por la ofensiva de guerra y contra los efectos ambientales por la intensificación de las fumigaciones con métodos biológicos que afectarán la biodiversidad.

DERECHOS HUMANOS, DIH Y REFUGIO 

El actual panorama de derechos humanos presenta niveles de violencia que se inscriben en las expectativas del gran capital para desarrollar inversiones en megaproyectos, fenómeno que está incrementando políticas de desalojo, expropiación violenta de campesinos, comunidades indígenas y negras como condición necesaria para garantizar la seguridad de las grandes inversiones.

En ese sentido el país asiste a dinámicas de agravamiento de la estabilidad y seguridad del campo, todo lo cual contribuye a un volcamiento de masas importantes de población hacia las zonas de cultivos ilícitos en busca de ingreso y seguridad para sus familias. Se observa un desconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por parte de la población. Así mismo existen altos índices de impunidad frente a las constantes infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos cometidos por la guerrilla, fuerza pública y grupos paramilitares.

A este diagnóstico se suma el hecho de que los actores armados controlan los territorios con cultivos ilícitos y que los excedentes apropiados por la hegemonía que se ejerce sobre el territorio, está llevando a que las comunidades resulten insertas en el conflicto y sean también objeto de las medidas de fuerza que contiene el Plan Colombia. En esa dirección, se hace indispensable que el tema del narcotráfico y los cultivos ilícitos se inscriba en los escenarios de diálogo y negociación del conflicto armado sobre la base de una participación autónoma de las comunidades en la búsqueda de las soluciones.

De modo particular se debe velar por la situación que viven las mujeres y los niños que están soportando violaciones a sus derechos y soportando en sus hombros los efectos de la guerra al afectar la unidad familiar, la estabilidad de los hogares todo lo cual incide sobre el debilitamiento del tejido social y cultural. La discriminación de la mujer, la violencia intrafamiliar, la asunción de funciones como cabeza de familia, el maltrato infantil, en general la ausencia de futuro deben ser reconocidas como realidades que demandan políticas sociales y asistencia legal para proteger sus derechos y su seguridad.

Hay una incapacidad institucional para implementar la Ley 387 para la prevención del desplazamiento y protección de la población desplazada por el conflicto armado, y faltan directrices claras para atender a los desplazados, afectados por la erradicación de cultivos ilícitos.

El problema de desplazamiento trasciende a los países vecinos. En Ecuador las fuerzas militares junto con el gobierno han diseñado un plan de contingencia, que desconoce el derecho humanitario de los refugiados y al contrario ve a los colombianos como un riesgo para su seguridad nacional.

Hay un acoso y persecución permanente a los líderes sociales, sindicales, campesinos, indígenas y a los defensores de derechos humanos por parte de los organismos de inteligencia del Estado.

Propuestas de acción

1. Como pasos inmediatos se debe partir de un acuerdo humanitario que proteja los derechos básicos de la población civil en un entorno de conflicto y guerra, en el marco de la implementación de una política de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

2. Promover la educación en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, de manera integral a la población, a los funcionarios públicos y los actores armados.

3. Crear y fortalecer redes de protección de derechos humanos, del orden local, regional, nacional e internacional que promueva movilizaciones contra el Plan Colombia y realice actos de solidaridad con los desplazados y los refugiados.

4. Exigir al Estado el cumplimiento de la Ley 387 sobre desplazamiento y la inclusión de los desplazados por fumigaciones para brindarles atención integral.

5. Crear veedurías comunitarias de los recursos del Plan Colombia y sobre los efectos que éste va a producir.

6. Exigir el desmonte de los centros de investigación de Estados Unidos en Colombia y de sus bases militares en la región, Colombia y países vecinos.

7. Construir una agenda para el desarrollo sostenible, que incluya la participación ciudadana, las organizaciones sociales y las ONG en su diseño e implementación.

8. Exigir a los organismos de control y fiscalización del Estado colombiano el cumplimiento de su mandato, para investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos y los delitos de corrupción, cometidos en los departamentos del sur de Colombia.

9. Exigir el cumplimiento de las recomendaciones que la comunidad internacional ha hecho reiteradamente al Estado colombiano, en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

10. Exigir el respeto por la autonomía de las comunidades indígenas, por parte de los actores armados.

11. En el marco del derecho internacional humanitario, exigir garantías por parte del Estado para las comunidades desplazadas del Valle del Cauca que deseen voluntariamente retornar a su territorio.

12. Exigir a los actores armados que no involucren a los niños y jóvenes en su filas.

13. Crear comités de vigilancia integrado por ONG nacionales y ecuatorianas en la frontera, para prevenir y denunciar posibles violaciones del derecho al refugio.

14. Integrar una comisión entre las organizaciones sociales y ONG de Colombia y Ecuador para hacer vigilancia a los acuerdos de las cancillerías y embajadas de los dos países para la reglamentación del Plan Colombia.

15. Crear comités de apoyo en información sobre derechos de los desplazados y los refugiados y obligaciones de los Estados.

16. Implementar programas de capacitación en el sector salud, para la atención integral a la población desplazada por las fumigaciones.

17. Exigir del Estado y el gobierno nacional medidas efectivas contra los grupos paramilitares que se van fortalecer con el modelo agroindustrial promovido por el Plan Colombia.

El Plan Colombia se inscribe dentro de las políticas globales de los Estados Unidos frente a América Latina y el área andina: así como el foco de la política de intervención en los años 70 por parte de los Estados Unidos fue el cono sur, en la década de los 80 fue Centroamérica, en los momentos actuales lo constituyen los países de la región andina.

Con esta finalidad se esta organizando y orquestando una campaña, según la cual el conflicto colombiano amenaza la estabilidad de los países limítrofes, que busca crear las condiciones para organizar un Ejército multinacional andino como mecanismo indirecto de intervención de los Estados Unidos.

Por lo anterior, es necesario no seguir insistiendo sobre las posibles y futuras implicaciones del Plan Colombia en la región Andina, sino que su aplicación es un hecho cumplido, no de otra manera se puede interpretar el establecimiento de las bases militares norteamericanas en Manta (Ecuador) y la base militar de Curazao en el Caribe.

Dicho Plan contiene una doble mentira, según la cual al atacar el narcotráfico, se acaba con una de las principales fuentes de desestabilización de la nación y financiación de los actores armados.

Reiteramos la necesidad de que en las mesas de negociación con la insurgencia armada y en general en la agenda nacional, se discuta y se concerte, mediante mecanismos participativos, con las regiones, las comunidades y los sectores sociales, directamente afectados por el denominado Plan Colombia.

Por lo anterior insistimos en que es necesario construir escenarios, dinámicas y procesos de discusión sobre el Plan Colombia, interrelacionados y coordinados con las agendas de diálogo y negociación que actualmente se desarrollan con las FARC en el Caguán y en el marco de la Convención Nacional planteada por el ELN.

Es importante tener en cuenta la urgencia de la acción, la solidaridad y el monitoreo sobre el sur del país y en particular sobre los departamentos de Nariño y Putumayo, en cuanto son las únicas regiones explícitas en las políticas de represión y fumigación contempladas en el Plan Colombia y donde se aplicarán las primeras fases.

En síntesis el Plan Colombia, en cuanto contiene una estrategia militar contrainsurgente y mecanismos represivos de erradicación de los cultivos ilícitos agrava la crisis humanitaria de la región del sur del país y afecta sustancialmente el derecho a la paz, al desarrollo, la soberanía y la libre determinación de los pueblos.

1. A partir de este Foro, durante la preparación de la Conferencia de Costa Rica y en el desarrollo de la misma, se hace necesario crear espacios de acción, coordinación y concertación que denuncien ante la comunidad internacional los efectos negativos sociales, políticos y ambientales que tiene la aplicación del Plan Colombia.

2. Crear mecanismos de coordinación entre los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos de la región andina para diseñar un plan de acción conjunta contra la política de las Estados Unidos en la región y en particular contra el Plan Colombia.

3. Exigir de manera inmediata la suspensión de la aplicación del Plan Colombia y el levantamiento de las bases militares norteamericanas de Manta (Ecuador) y de Curazao en el Caribe, e igualmente de la base militar de Tres Esquinas en el departamento del Caquetá, anunciado por los mismos mandos militares como el eje de operaciones del componente militar del Plan Colombia.

4. Llamamos a la necesidad de una mayor participación de la comunidad internacional y al aumento de la cooperación internacional, siempre y cuando estén enmarcadas dentro de un Plan alternativo de desarrollo y paz.

5. Crear una instancia organizativa, cuya composición refleje todas las regiones y sectores sociales que participaron en el Foro.

6. Diseñar un plan de acción cuyas tareas iniciales son: preparar la jornada binacional contra el Plan Colombia el 12 de Octubre, preparar y concertar la participación de la región sur en la conferencia de San José de Costa Rica, e impulsar el próximo encuentro regional del sur que se realizará el resguardo indígena de la Maria en el departamento Cauca.

7. La plenaria insiste en la necesidad de una salida negociada al conflicto armado y en la participación amplia de los sectores sociales en la negociación con los grupos insurgentes.

8. Ante el proceso de militarización de las fronteras en la región andina y en los países limítrofes con Colombia, proponemos que estas sean declaradas territorios de paz, concertación, convivencia y solidaridad entre los pueblos vecinos.

9. Se hace necesario fortalecer la capacidad de autonomía y resistencia de las comunidades y sectores populares frente al Plan Colombia .

10. Hacer un llamamiento al gobierno Ecuatoriano para que le explique a su pueblo y al colombiano a qué tipo de acuerdo llegó en términos de la cooperación internacional con Estados Unidos.

Puerto Asís, Putumayo, septiembre 8 y 9 de 2000.